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#Fallos Violencia de género y familiar: Prisión preventiva para quien desobedeció la prohibición de acercamiento a favor de su pareja e hijos, y por existir indicios sobre el peligro de sustracción al proceso y entorpecimiento probatorio

Partes: (ED) T. R. M. A. s/ prisión preventiva

Tribunal: Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro

Sala/Juzgado: III

Fecha: 17-ago-2021

Cita: MJ-JU-M-134261-AR | MJJ134261 | MJJ134261

Violencia de género y familiar: prisión preventiva ante la existencia de indicios serios sobre el peligro de sustracción al proceso y entorpecimiento probatorio por parte del imputado, además de desobedecer la prohibición de acercamiento dictada a favor de su pareja e hijos menores comunes.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el recurso de apelación incoado contra el auto que convirtió en prisión preventiva la detención del imputado como autor de los delitos de amenazas y lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en perjuicio de su pareja, y desobediencia por haber violado una prohibición de acercamiento dispuesta por el Fuero de Familia con respecto a aquélla y los hijos comunes -arts. 89 en función del 92 y 80, incs. 1° y 11, 149 Bis y 239 , CPen.-, en concurso real, si dicha medida de coerción resulta proporcional y necesaria para garantizar la realización del juicio y la aplicación de la ley material, al verificarse indicadores ciertos de peligro de fuga, a partir de la falta de constatación de un domicilio fijo, la eventual reacción sancionatoria y la actitud de desapego demostrada por la citada transgresión -art. 148, párr. 2º, incs. 1°, 2° y 4° , respectivamente, Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-.

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2.-La pena esperada como resultado del procedimiento resulta -entre otros- un fundamento de entidad suficiente para justificar el encierro cautelar, toda vez que dicha circunstancia se erige como presunción de que el sujeto sometido a proceso podría llegar a sustraerse del mismo y, por ello, el mantenimiento de la privación de su libertad previo al dictado de la sentencia se encuentra justificado, a lo que se suma que la presunción de riesgo procesal, a partir de la pena en expectativa -art. 148, párr. 2º, Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires- encuentra sustento en el Informe N° 2/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos parámetros deben ser utilizados como guía interpretativa de las normas de Derecho interno.

3.-Si bien al imputado por los delitos de amenazas y lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en perjuicio de su pareja, y desobediencia por haber violado una prohibición de acercamiento dispuesta por el Fuero de Familia con respecto a aquélla y los hijos comunes -arts. 89 en función del 92 y 80, incs. 1° y 11, 149 Bis y 239, CPen.-, le correspondería la excarcelación en los términos del art. 169, inc. 2° del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires; debe rehusarse dicho beneficio si el imputado posee una condena firme por robo agravado por su comisión mediante arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada -art. 166, inc. 2°, párr. 3º , CPen.-, a lo que se suma que una hipotética condena no sería pasible de ejecución condicional -art. 26 , plexo legal citado- y que el imputado podría ser declarado reincidente -art. 50 – y, tratándose de un concurso de delitos -art. 55 -, el reproche penal se alejaría del mínimo de la escala; todo lo cual robustece el peligro procesal invocado.

4.-Debe confirmarse el auto que convirtió en prisión preventiva la detención del imputado como autor de los delitos de amenazas y lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en perjuicio de su pareja, y desobediencia por haber violado una prohibición de acercamiento dispuesta por el Fuero de Familia con respecto a aquélla y los hijos comunes -arts. 89 en función del 92 y 80, incs. 1° y 11, 149 Bis y 239, CPen.-, si los eventos acontecieron en un marco de conflicto preexistente, teniendo el agresor y la víctima dos hijos menores de edad en común, por lo que la solución contraria contradiría el interés superior del niño -art. 3º, Convención sobre los Derechos del Niño-, máxime si se tiene en cuenta que la presunta desobediencia demuestra la falta de voluntad de cumplir las condiciones y directivas impartidas por las autoridades -art. 148, párr. 2º, inc. 4°, Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, además de advertirse indicadores ciertos de peligro de entorpecimiento probatorio; en lo esencial, con base en el vínculo existente entre víctima e imputado -art. 148, párr. 3º, incs. 2° y 3°, cuerpo legal citado-

5.-Habiéndose dispuesto la conversión de la detención del imputado que se encuentra alojado en una comisaría en prisión preventiva, sin que el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires haya otorgado plaza para el alojamiento del encausado, corresponde que el Juez de Garantías interviniente requiera del Jefe de esa dependencia que, en el término de cuarenta y ocho horas, otorgue el correspondiente cupo e informe las condiciones concretas en las que se cumplirá el encierro preventivo impuesto -características de las celdas, cantidad de camas, condiciones de higiene, acceso a sanitarios, etcétera-, las cuales, de no ajustarse a las condiciones de encarcelamiento previstas en el art. 18 de la Constitución Nacional, justificarán que el magistrado referido, previa realización de las diligencias que considere adecuadas, de oficio y/o a pedido de los imputados o su Defensa, adopte las medidas que impidan modos de encarcelamiento prohibidos por la Ley Suprema de la Nación, hasta el momento en que el Estado dé cumplimiento a las obligaciones a su cargo en materia de detención de personas.

Fallo:

AUTOS Y VISTOS:

Para decidir el recurso de apelación interpuesto «in pauperis forma», fundamentado por la Sra. Defensora Oficial, Dra. Graciela Mazzone, oportunamente concedido. Practicado el sorteo de ley resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Jueces Carlos Fabián Blanco, y Gustavo Adrián Herbel (conf. art. 440 del CPP). Y CONSIDERANDO:

El Juez Carlos Fabián Blanco dijo:

I. El recurso de apelación interpuesto «in pauperis forma», fundado por la Defensora Oficial, Dra. Graciela Mazzone, fue presentado en término y observadas las formas requeridas para su interposición, poseyendo el impugnante legitimación personal, y tratándose de un caso para el cual se otorga esta vía recursiva. Por ello, propicio declarar su admisibilidad (arts. 164, 421, 439, 442, 443 del C.P.P.).

II. Viene apelado el auto de fecha 14/07/21 por medio del cual el Magistrado a cargo del Juzgado de Garantías Nº 7 Departamental, Dr. Walter Saettone convirtió en prisión preventiva la actual detención de T. R. M. Á. -cuyas demás circunstancias personales obran en autos- tras considerar suficientemente acreditado, con el nivel de conocimiento exigido para esta etapa del proceso, los eventos descriptos por la acusadora pública Dra. Carolina Carballido Catayud, en los siguientes términos: Hechos: » El día 12 de junio de 2021, siendo las 19 horas aproximadamente, en el domicilio de calle N. xxxx de la localidad de Del Viso, Partido de Pilar, el aquí imputado R. M. A. T., tras mantener una discusión con su pareja, Y. S. D., la agredió verbalmente, refiriéndole que la prendería fuego con un bidón de nafta, provocando con ello fundado temor en la víctima, para luego efectuarle golpes de puño en la cabeza, más precisamente en la sien izquierda y en la nuca, provocándole lesiones que se presumen de carácter leve, las que fueron instadas por la víctima. Todo ello en un claro contexto de violencia de género».

HECHO 2: «El día 13 de junio de 2021, siendo las 02:00 horas aproximadamente, el aquí imputado, R.M. A. T., se hizo presente en el domicilio de la víctima, Y. S. D., sito en la calle N. xxxx de la localidad de Del Viso, Partido de Pilar, y saltando el portón de ingreso a la propiedad se apersonó en la puerta de acceso a la vivienda con el pretexto de querer ver a sus hijos, desobedeciendo así la orden de prohibición de acercamiento vigente dictada por la Sra. Juez a cargo del Juzgado de Familia nro. 1 de Pilar, quien decretó en igual fecha a las 00:24 hs. la prohibición de acercamiento recíproca del Sr. T. R. M. A. respecto de la persona de la Sra. Y. S. D., y exclusión del domicilio de esta sito en la arteria N. xxxx de la localidad de Del Viso, partido de Pilar, a 300 mts. a la redonda por el plazo de sesenta (60) días, encontrándose debidamente notificado. En dichas circunstancias, se hizo presente en la propiedad personal policial convocado al efecto, quienes procedieron a la aprehensión de urgencia del imputado». En su decisorio, el Magistrado Garante valoró, principalmente, los siguientes elementos de prueba, agregados al expediente, a saber: actas de procedimientos de fs. 1/4Vta. y 30vta.; declaración testimonial de la Sra. Y. S. D. de fs. 6 y 49/vta.; precario médico de fs. 7/8; examen físico obrante a fs. 19/Vta.; y constancias de fs. 58/vta. respecto de la medida de protección dispuesta por el Juzgado de Familia N° 1 de Pilar. Los hechos fueron «prima facie» calificados por el Juez «a quo» como constitutivos de los delitos de amenazas, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y desobediencia, previstos y reprimidos en los arts. 89 en función del 92 y 80 inc. 1° y 11°, 149 bis y 239, respectivamente, del Código Penal.

Consideró que en el caso se encuentran verificados los peligros procesales del art.148 C.P.P., siendo el dictado de la prisión preventiva la única forma de asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la eventual aplicación de la ley. Indicó que, en autos, se observa el riesgo procesal de fuga en los términos del art. 148 segundo párrafo inc. 2° del C.P.P., dado los antecedentes penales que detenta el imputado (condena del 27/04/2016 dictada por el TOC N° 4 del Departamento Judicial San Martin), y que en caso de recaer condena de prisión en la presente, además de ser declarado reincidente, la misma será indefectiblemente de cumplimiento efectivo. Asimismo, resaltó la desaprensión del imputado de la decisión adoptada por autoridades judiciales del Fuero de Familia (art. 148 segundo párrafo inc. 4° del mismo Cuerpo Legal). Por otro lado, advirtió el peligro de entorpecimiento de la investigación, en función de la relación de parentesco existente entre el imputado y la víctima, destacando que la misma declaró que hace años venía soportando conductas violentas de T. (art. 148 tercer párrafo inciso 2° del C.P.P). III. A su turno, la recurrente criticó el juicio de mérito formulado en el auto en crisis, negando la existencia de peligros procesales suficientes como para justificarse la medida cautelar. Al respecto, destacó que la magnitud de la pena en expectativa es el único fundamento para suponer el peligro de fuga, y que no existen condiciones excepcionales que permitan desoir el principio rector de la libertad durante el proceso. Resaltó el principio de inocencia que goza su pupilo. Basamento su postura en que su asistido posee domicilio fijo y estable circunstancias que neutralizan el peligro aludido. Solicitó, con tales argumentos, se revoque el auto en crisis, disponiendo la libertad del imputado.

IV.Con el alcance que otorgan los artículos 434 y 435 del Código ritual, respecto del conocimiento que atribuyen los recursos de apelación a este Tribunal de Alzada, deberá ceñirse el presente al tratamiento de los puntos de la resolución del Juez «a quo» abarcados por los agravios que motivaran la impugnación interpuesta, sin perjuicio de conocer más allá cuando eso permita mejorar la situación del imputado. En primer lugar, debo decir que, en lo atinente a la existencia de los eventos materia de imputación y de la autoría que «prima facie» corresponde atribuir al imputado, considero que, aunado a que resultan extremos que no vienen discutidos por la parte, no se advierte arbitrariedad alguna en la valoración que el Magistrado garante efectuó respecto de la prueba reunida preliminarmente, encontrando satisfecho los requisitos de los arts. 157 y 158 del Código Ritual. A. Previo a adentrarme en la controversia suscitada, entiendo necesario formular algunas consideraciones en punto a la temática de los hechos que en el presente se ventilan. El respeto internacional por el derecho a la integridad física encuentra su génesis en el texto de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, suscripta el 26 de junio de 1945. En su Preámbulo, los Estados Partes establecieron la necesidad de «reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres», entre otras. Además, se impuso que, uno de los objetivos de la ONU, debía ser la cooperación internacional «en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión» (art. 1 inc. 3). El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió adoptar y proclamar la Resolución 217 A (III), es decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (que actualmente goza de jerarquía constitucional; cf. art. 75 inc.22º C.N.). Allí, se dejó expresamente previsto que todo individuo «tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona» (art. 3); como así también derecho a «un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales» (art. 8). Ese mismo año también, en el marco de la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Colombia, se aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (que también goza de jerarquía constitucional; cf. art. 75, inc. 22º C.N.). Al igual que dicha Declaración Universal, reclamó que todo ser humano «tiene derecho a la vida, a la libertad, y a la seguridad de su persona» (art. 1), como así también el derecho a concurrir «a los tribunales para hacer valer sus derechos» (art. 18), entre otros. El 22 de noviembre de 1969, se suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, incorporada a nuestro ordenamiento nacional mediante la Ley N° 23.054 (B.O. del 19/03/1984). En su art. 5, específicamente se estipuló que toda persona tiene derecho «a que se respete su integridad física, psíquica y moral» (inciso. 1). También se dejó contemplado el derecho «a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales» (art.25). Con el dictado de la Resolución de la Asamblea General Nº 48/104 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denominada «Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer» (del 20 de diciembre de 1993), se impuso la obligación a los Estados Partes de «aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer» (primer párrafo del artículo 4). Para ello, los Estados deberán actuar «con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares» (art. 4 inc. «c»). Sumado a ello, deberán establecer «en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia», como así también brindarles «acceso a los mecanismos de la justicia» (art. 4 inc. «d»). Al año siguiente, se celebró la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belem do Pará (del 09/06/1994), que fue incorporada luego a nivel nacional mediante el dictado de la Ley N° 24.632 (B.O. 09/04/1996). Dicho instrumento internacional definió específicamente a la violencia contra la mujer como «cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado» (art. 1). Además, consagró el derecho de la mujer a la integridad física, psíquica y moral (art. 4 inc. «c»), como así también el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos (art. 4 inc. «g»), entre otras prerrogativas. Como correlato, estableció diversas obligaciones para los Estados Partes.Entre ellas, el compromiso de «actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer» (art. 8 inc. «b»); la obligación de «incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas» (art. 8 inc. «c»); como así también la necesidad de «establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos» (art. 8 inc. «f»). Sumado a ello, impuso la especial obligación de que los Estados Partes adopten «disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención» (art. 8 inc. «h»). Siguiendo tales premisas, nuestro legislador nacional dictó la Ley N° 26.485 (B.O. 14/04/2009), denominada «Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales». Allí, se estableció -como objetivo- la promoción y garantía del derecho de las mujeres «a vivir una vida sin violencia» y al «acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia» (art. 2 incs. «b» y «f»), entre otros. También definió a la violencia contra las mujeres como aquella «conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal» (art. 4). Todas las previsiones de este último cuerpo normativo han sido implementadas a nivel provincial, mediante el dictado de la Ley N° 14.407 (B.O.12/12/2012). En esa misma ley, también se dejó establecida la necesidad de optimizar «todos los recursos provinciales necesarios para el correcto y eficaz funcionamiento del Programa Provincial de atención a mujeres víctimas de violencia (AVM), que diseña y ejecuta políticas y acciones tendientes a garantizar la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres», debiendo además adoptarse, a través del Consejo Provincial de la Mujer y de las demás áreas competentes, aquellas medidas necesarias y urgentes para la implementación de tales previsiones (art. 1). Vale destacar que, en nuestro ámbito local, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires -sancionada en el año 1994- prevé expresamente que todas las personas gozan, en la Provincia, del derecho a que se respete su «dignidad, al honor, la integridad física, psíquica y moral» (art. 12 inc. 3), como así también el derecho a «la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia» (art. 15), entre otros. En todo este marco, resulta -a todas luces- evidente que el derecho a la integridad física ha sido motivo de interés y preocupación por los Estados modernos y, especialmente, la necesidad de erradicar cualquier tipo de acto de violencia contra la mujer, como condición indispensable para su adecuado desarrollo individual y social. En ese mismo espíritu, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al sostener que los Estados tienen la obligación de «adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres», debiendo contar «con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer» (cf.C.I.D.H., caso «González y otras -‘Campo Algodonero’- vs. México», del 16/11/2009, Serie C-205). A criterio de dicho Tribunal, «la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que trasciende todos los sectores de la sociedad» (cf. C.I.D.H., caso «Rosendo Cantú y otra Vs. México», sentencia del 31 de agosto de 2010). Por ello, considera que, «ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección» (cf. C.I.D.H., caso «Inés Fernández Ortega vs.México», sentencia del 30 de agosto del 2010, Serie C-215).

Cabe adunar que, en el año 2007, esa misma Corte Internacional elaboró el Informe denominado «Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas». Allí, se pronunció por sostener que «el Poder Judicial constituye la primera línea de defensa a nivel nacional para la protección de los derechos y las libertades individuales de las mujeres», y enfáticamente afirmó que «un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe sólo a la existencia formal de recursos judiciales, sino también a que éstos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas». A ello adunó que «una respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar estos actos, y prevenir de esta manera la impunidad». En el mismo sentido, nuestro Máximo Tribunal Federal lleva dicho que «el derecho a la integridad personal no sólo implica que el Estado deba respetarlo (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlo (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general establecido en el art. 1.1. de la Convención Americana» (cf. C.S.J.N., Fallos 328:1146, caso «Verbitsky»). En consonancia con ello, nuestra Corte provincial recientemente se ha pronunciado por sostener que, en casos en los que haya mediado violencia contra una mujer, resulta necesario «juzgar con perspectiva de género (.) teniendo en cuenta el compromiso que asumió el Estado argentino de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, y establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (arts. 4, inc. «g», 7 incs.»b» y «f» y 9, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – «Convención de Belem do Pará»-, aprobada por la ley 24.632; conf. C.S.J.N. «Sanz, A. Rafael y otro s/Estafa s/juicio s/casación», sent. de 27-II-2020, por remisión al dictamen del señor Procurador; ver también CIDH, situación de vulnerabilidad de la mujer embarazada, en Estándares y recomendaciones. Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, Anexo 1, OEA/Ser.L/V/IL, doc. 233, párr. 6)». También destaca que «El juzgar con perspectiva de género propende a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, evitando la reproducción de estereotipos que dan por supuesto el modo en que deben comportarse las personas en función de su sexo o género (conf. causa P. 125.687, cit.), sin perder de vista que el principio de amplia libertad probatoria -arts. 16.1 y 31 de la ley 26.485- no implica una flexibilización de los estándares probatorios sino que `.está destinado, en primer lugar, a desalentar el sesgo discriminatorio que tradicionalmente ha regido la valoración probatoria a través de visiones estereotipadas o prejuiciosas sobre la víctima o la persona acusada´ (Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres – femicidios- de la Procuración General de la Nación, año 2018, pto. 4.2.2.)» (cf. S.C.J.B.A., causa P. 132.936-RC, del 18/08/2020). La perspectiva de género persigue, como fin, garantizar el respeto, la igualdad real, la aceptación, la inclusión jurídica y judicial de la vida libremente elegida por las mujeres con proyección en el espacio público y privado. El principal objetivo es la consagración y la efectividad de la igualdad de derechos de las mujeres, que implican no sólo derechos colectivos, derribando las barreras de las estructuras socio-culturales imperantes.Progresivamente, las mujeres se están «empoderando», lo que significa que están tomando las riendas de sus propias vidas. Es así que, en las comis arías y fiscalías cada vez más se radican denuncias por sucesos enmarcados en un contexto de violencia por cuestión de género, pero ello no es suficiente si no hay una «tutela efectiva de sus derechos».

Enseña Eva Giberti que «Fue necesario que los movimientos de mujeres en distintos lugares del mundo comenzaran a denunciar la destructividad de estas violencias silenciadas en la privacidad de los hogares, como a describir no sólo los golpes y las violaciones matrimoniales sino también el circuito de violencias psicológicas (insultos, humillaciones permanentes) y económicas (la privación de dinero para sobrellevar los gastos propios de la manutención de una casa y crianza de los hijos, cuando el varón dispone de ingresos económicos que restringe para obligar a la mujer a asumir deudas personales para sostener la cotidianidad) («Mujer Contra la Violencia, por los derechos humanos», coordinado por Magdalena Faillace. Bs. As, Representación especial para temas de la mujer en el ámbito internacional: UNFPA, 2008. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Presidencia de la Nación. «Violencia denominada familiar», Eva Giberti, págs. 51/52). Al respecto, tiene dicho Julieta Di Corletto que «Las políticas que promueven la persecución penal de oficio en cualquier supuesto tienen consecuencias perjudiciales para muchas mujeres a quienes el sistema se les vuelve en su contra. Como su nombre lo indica, el ciclo de la violencia es un proceso gradual plagado de sentimientos ambivalentes. Una mujer estará en condiciones de denunciar a su agresor cuando logre desnaturalizar la violencia, . El abandono de una relación violenta no es un proceso sencillo:sin contar los casos de dependencia emocional, cuando hay hijos en común o cuando la mujer carece de autosuficiencia económica, realizar una denuncia y mantenerla hasta la imposición de una pena privativa de la libertad puede ser especialmente difícil sin una red de contención económica y emocional». Seguidamente, expresó que «si bien es cierto que los maltratos pueden variar en intensidad, ello no obsta a que la denominación sea «violencia de género» para todos los casos. Esta afirmación no pretende reconocer diferentes causas y menos aún fragmentar la violencia sexista.

Por el contrario, apunta a reflexionar sobre los diferentes tipos de violencia sin banalizarla, y a establecer una sanción proporcionada a la severidad de la conducta. El uso sistemático de la violencia, las amenazas y otras tácticas utilizadas para ejercer el poder, atemorizar y controlar son una de las formas más extremas del maltrato. Por otra parte, la heterogeneidad de las víctimas y la diversidad de sus contextos exigen que se contemplen otras formas de discriminación, como las desventajas económicas, la edad, la situación migratoria o una discapacidad» («Género, Sexualidades y Derecho Humanos», Revista Electrónica Semestral del Programa Mujeres, Género y Derechos Humanos, VOL. I Nº 02 2013, Dossier: violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, «Medidas alternativas a la prisión y violencia de género», Julieta Di Corleto, págs. 10/11). B. Como se vio, a T. se le atribuyen un concurso de ilícitos «prima facie» calificados por el «a quo» como amenazas, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y desobediencia (arts. 89 en función del 92 y 80 inc. 1° y 11°, 149 bis y 239, respectivamente, del Código Penal). Dichos eventos concursan de forma material entre sí, pues los ilícitos son independientes (art.55 del C.P.), lo que significa, la existencia de una pluralidad de acciones, y consecuentemente una pluralidad de lesiones de la ley penal (en el caso, en perjuicio de los bienes «administración pública», «libertad individual», y «vida»). Sentado ello, corresponde analizar si la medida de coerción impuesta resulta proporcional y necesaria en la intensidad decidida, para garantizar la realización del juicio y la aplicación de la ley material en el presente caso (art. 146 incs. 2 y 3 del C.P.P.). Siguiendo las pautas dispuestas por el art. 148 del C.P.P, contrariamente a lo postulado por la asistente técnica de T., se observa la existencia de condiciones excepcionantes de la libertad durante el proceso que -como adelanté párrafos arriba- conducen a homologar el temperamento adoptado por el Juez de Grado en cuanto dispone la prisión preventiva del nombrado. Ello, a tenor de las consideraciones que a continuación vertiré, teniendo siempre en consideración un enfoque integrado de género -o mejor dicho, transversalidad de género-. Ahora bien, en respuesta a las alegaciones defensistas relativas a que la magnitud de la pena en expectativa no puede erigirse como una razón de entidad suficiente para sustentar el encarcelamiento preventivo dictado, corresponde recordar que el artículo 144 de nuestro rito penal establece que «El imputado permanecerá en libertad durante la sustanciación del proceso penal, siempre que no se den los supuestos de ley para decidir lo contrario». Asimismo, el artículo 171 C.P.P. prevé que «En ningún caso se concederá la excarcelación cuando hubiere indicios vehementes que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación. La eventual existencia de esos peligros procesales puede inferirse de las circunstancias previstas en el art. 148». A su vez, el referido artículo 148 C.P.P. fija que: «Peligro de fuga y de entorpecimiento.Para merituar acerca de los peligros de fuga y entorpecimiento podrá tenerse en cuenta la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, las condiciones personales del imputado, la posibilidad de la declaración de reincidencia por delitos dolosos, . que hicieren presumir fundadamente que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones. Para merituar sobre el peligro de fuga se tendrán en cuenta especialmente las siguientes circunstancias [.] 1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo. [.] 2. La pena que se espera como resultado del procedimiento [.] 4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida en que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal. Para merituar acerca del peligro de entorpecimiento en la averiguación de la verdad, se tendrá en cuenta la grave sospecha de que el imputado [.] 2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente [. ] 3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos». Así, encuentro indicadores ciertos de peligro de fuga, a partir del tenor de la falta de constatación de un domicilio fijo, la eventual reacción sancionatoria, y la actitud de desapego demostrada en el expediente del Fuero de Familia (art. 148 segundo párrafo incs. 1°, 2° y 4°, respectivamente, del C.P.P.). Explico. La recurrente indicó que T. «posee un domicilio», lo cierto es que ni siquiera consignó su ubicación, circunstancia que advierto endeble, y en razón de verdad, aunque el encartado al brindar su descargo a tenor de lo normado por el art. 308 del C.P.P. dijo que atento la exclusión del hogar, se domiciliaría en la vivienda de su hermana sita en la calle Caseros N° 4290 de la localidad y partido de San M., tampoco se cuenta con mayor información y/o diligencias socioambientales tendientes a dilucidar el nivel de contención que allí pudiera recibir.Apréciese, además, que no emergen de autos aquellos elementos de prueba que eventualmente pudieran llegar a dar cuenta de la existencia de arraigo con relación al justiciable a un determinado lugar que, llegado el caso, pudiera considerarse como apto y eficaz para ofrecer el necesario grado de acompañamiento requerido frente a los riesgos procesales verificados (art. 148 segundo párrafo inc. 1 del C.P.P.). En otro norte, el artículo 21 de nuestra Constitución provincial impone expresamente que «podrá ser excarcelada o eximida de prisión, la persona que diere caución o fianza suficiente. La ley determinará las condiciones y efectos de la fianza, atendiendo a la naturaleza del delito, su gravedad, peligrosidad del agente y demás circunstancias, y la forma y oportunidad de acordar la libertad provisional».

En función de todo ello, se verifica que el legislador provincial previó que la pena esperada como resultado del procedimiento resulta, entre otros, un fundamento de entidad suficiente para justificar el encierro cautelar. Ello así, toda vez que dicha circunstancia se erige como una presunción de una entidad tal para considerar que el sujeto sometido a proceso pueda eventualmente llegar a sustraerse del mismo, y por ello el mantenimiento de la privación de su libertad previo al dictado de la sentencia se encuentra justificado. A ello corresponde agregar que la presunción de riesgo procesal, a partir de la pena en expectativa (art. 148 segundo párrafo inc. 2 del C.P.P.), encuentra sustento en el Informe N° 2/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que los parámetros allí ofrecidos deben ser utilizados como guía interpretativa de las normas de derecho interno (cf. CSJN, Fallos: 315:1492; 318:514; 318:1877; 319:1840). Asimismo, destaco los antecedentes penales que T.posee, que se encuentran agregados digitalmente en el sistema «SIMP». De allí surge que en el marco de la Causa N° 3673 del registro del TOC N° 4 del Departamento Judicial San Martin, con fecha 27/4/2016, se lo condenó a la pena de 3 años y 6 meses, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión mediante arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada (art. 166 inc. 2° tercer párrafo del C.P.), habiendo adquirido firmeza el 5/5/2016, y cuya pena venció el 28/2/2018 (IPP N° 15-01-20270-14). Atento la calificación legal escogida para los delitos endilgados (reite ro, amenazas, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y desobediencia, conf. arts. 89 en función del 92 y 80 inc. 1° y 11°, 149 bis y 239 del Código Penal), la escala penal prevista para el concurso delictual parte de un mínimo legal de 6 meses de prisión y llega al máximo de 5 años de la misma sanción, si bien la situación del imputado encuadraría en el presupuesto excarcelatorio del art. 169 inc. 2° del C.P.P.; tal como vengo diciendo, concuerdo con el Magistrado Garante en sostener que los peligros procesales se mantienen y obstan la concesión de la excarcelación (arts. 148 y 171 del C.P.P.). Aunado que atento los antecedentes condenatorios que T. posee, una hipotética condena dictada en autos no sería pasible de la modalidad del art. 26 C.P., como también podría ser declarado nuevamente reincidente (art. 50 del C.P.), y tratándose de un concurso de delitos (art. 55 del C.P.) se estima que el reproche penal se alejaría de ese mínimo umbral; todo lo que robustece el peligro procesal invocado.A su vez, corresponde tener presente el presunto incumplimiento del imputado a la orden judicial dictada el 13/06/21 por la Titular del Juzgado de Familia N° 1 de Pilar en el expediente caratulado «Díaz Y. c/T. R. M. A. s / Protección contra la violencia familiar», estando notificado según consta en el acta de procedimiento (de esa misma fecha) agregada a la IPP N° 14-14-1747-21 (acollarada a la investigación principal, IPP N° 14-14-1745-21), consistente en la exclusión del hogar de T., y la prohibición de acercamiento a la víctima, lo que demuestra la falta de voluntad de acatar disposiciones de la justicia. Además de la reiteración de conductas similares desde hace más de tres años, mencionadas por la damnificada Díaz al prestar su testimonio en la investigación principal; todo en un contexto de violencia por cuestión de género, asumiendo que en libertad incidiría coactivamente sobre la víctima. Destaco, además, que los eventos acontecieron en un marco de conflicto preexistente, siendo que el agresor y la víctima tienen dos hijos menores de edad en común, y contradice el «interés superior del niño» (Convención sobre los Derechos del Niño): la exposición constante al desprecio por la vida del otro (peor, en el caso del padre hacia la madre), y a hechos de violencia por cuestión de género, en los que ocurre indeseadamente la naturalización de la misma como forma de expresión. En fin, lo cierto es que la presunta desobediencia a la orden impuesta por la Jueza del Fuero de Familia demuestra la falta de voluntad del imputado en cumplir con las condiciones y directivas impartidas por las autoridades (art. 148 segundo párrafo, inc. 4° del C.P.P.). Por otra parte, advierto indicadores ciertos de peligro de entorpecimiento probatorio, en lo esencial, con base en el vínculo existente entre víctima e imputado (art. 148 tercer párrafo incs.2° y 3° del C.P.P.). Asimismo, destacó la situación de vulnerabilidad y temor frente al agresor, la tendencia a la minimización, y la desigualdad sistemática, todo lo que es esperable en un contexto de violencia por cuestión de género, siendo que no existen indicadores que permitan suponer que T. no intentará acercarse nuevamente a la víctima o testigos para «influir a que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente». Recuérdese que justamente uno de los ilícitos por el que viene aquí imputado es desobediencia de una orden judicial, y no encuentro motivos para considerar que los riesgos verificados por el «a quo» se hayan de algún modo neutralizado, y que ahora sí T. respetaría las reglas de conducta que pudieran eventualmente imponerse. En base a todos los fundamentos vertidos, encuentro, por el momento, justificada la prisión preventiva dictada, a los fines de resguardar el proceso penal y en miras a la protección integral de la víctima. Además, en función del tiempo que el nombrado lleva privado de su libertad para este proceso (alrededor de dos meses, conforme se desprende del «SIMP»), se observa que éste no se encontraría en condiciones de acceder a instituto liberatorio alguno. Frente a ello, advierto que no se presentan en autos, ni tampoco fue instado por la Defensa, elementos de entidad suficiente que pudieran fundadamente justificar los extremos alegados por la recurrente, en cuanto a que -a esta altura- no se verificaría la existencia de peligros procesales (arts. 148 -en función del 171- del C.P.P.), como así tampoco circunstancias excepcionantes que permitan concluir en ese sentido (art. 170 «a contrario» C.P.P.). En este sentido, en consonancia con lo hasta aquí expuesto, tengo presente también los lineamientos establecidos por el Máximo Tribunal provincial, en la causa P.133.682-Q, caratulada «Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal s/ queja en causa N° 102.555 (habeas corpus colectivo y correctivo) y su acumulada N° 102.558 (habeas corpus colectivo y correctivo) del Tribunal de Casación Penal», donde se indica que «.Las características de la comisión del hecho, .al igual que otros elementos relacionados con la pena en expectativa o la ya establecida (.) así como la ponderación del arraigo junto con la de no entorpecimiento de la investigación (.) no pueden estar ausentes de la labor valorativa del juez.» (P-133682-Q Consid. IV.4 y V.2.c del 11/05/20). Entonces bien, no puedo más que coincidir con el «a quo» en cuanto a que en este momento es razonable mantener la detención preventiva del imputado, principalmente por las características de los sucesos, el contexto en que acaecieron, y la magnitud de la pena en expectativa, que no se ha tornado desproporcionada frente al objeto de tutela. Sin perjuicio de lo expuesto, resalto que se encuentra en pleno trámite un pedido de morigeración de la prisión preventiva en favor del encartado T., oportunidad en la que habrá de determinarse si existe una vía alternativa a la prisión preventiva que pueda neutralizar los riesgos procesales advertidos en el presente; claro está, previo recabar los informes de rigor, a los efectos de evaluar acabadamente si el aseguramiento perseguido puede lograrse mediante alguna de las modalidades previstas por el art. 163 del C.P.P. En fin, toda vez que, conforme se desprende del RUD agregado digitalmente en «AUGUSTA», T. se encuentra alojado en la Comisaria Pilar 5°, y el Servicio Penitenciario Bonaerense no habría otorgado plaza para el alojamiento del encausado, y siguiendo el criterio expuesto en la causa 22.535/IIIa, corresponde al Sr. Juez de Garantías interviniente requerir al Sr.Jefe de esa Dependencia que, en el término de 48 horas, otorgue el correspondiente cupo e informe las condiciones concretas en las que se cumple el encierro preventivo impuesto (características de las celdas, cantidad de camas, condiciones de higiene, acceso a sanitarios, etc.), las que de no ajustarse a las condiciones de encarcelamiento previstas en el art. 18 C.N., justificarán que el Magistrado referido, previa realización de las diligencias que considere adecuadas, de oficio y/o a pedido de los imputados o su Defensa, adopte las medidas que impidan modos de encarcelamiento prohibidos por la Ley Suprema de la Nación (art. 18 C.N.), de conformidad con lo resuelto el 3 de mayo de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causa «Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus» (punto dispositivo nro. 4) y el 11 de mayo de ese mismo año por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, en causa P. 83.909 (artículo 2 del fallo), hasta el momento en que el Estado dé cumplimiento a las obligaciones a su cargo en materia de detención de personas (arts. 18, 75 inc. 22 y ccdtes. de la C.N.; arts. 1, 25, 26 y ccdtes. de la D.A.D. y D.H.; arts. 3, 5, 9 y ccdtes. de la D.U.D.H; arts. 1, 5, 6, 7.6 y ccdts. De la C.A.D.H.; arts. 9, 10 y ccdtes. del P.I.D.C. y P.; arts. 16 y ccdtes. de la C.T. y T.P.C.I.D.; arts. 30 y ccdtes. de la C.P.B.A.; ley nacional 24.660 y ley provincial 12.256). En consecuencia, toda vez que el cuadro descripto impone mantener -a esta altura- el encierro cautelar de excepción que viene cumpliendo el imputado, el que resulta proporcional con el objeto de tutela, propicio rechazar el recurso de apelación deducido y confirmar la resolución impugnada en todo cuanto fuera materia de agravio (arts.18 C.N.; 26 «a contrario»; 45, 55, 89 en función del 92 y 80 inc. 1° y 11°, 149 bis y 239 del Código Penal; y 144 «a contrario», 146, 148, 157, 158, 169 «a contrario», 170 «a contrario», 209 y 210 del C.P.P.). Así lo voto (arts. 168 y 171 de la C.P.B.A. y 106 C.P.P.). El Juez Gustavo A. Herbel dijo: Adhiero al voto emitido por el Dr. Blanco, por los motivos y fundamentos que aluden al caso en estudio (punto B del interlocutorio). Así lo voto (arts. 168 y 171 de la C.P.B.A. y 106 C.P.P.). Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE:

I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto «in pauperis forma», fundado oportunamente por la Sra. Defensora Oficial, por los motivos expuestos en los considerandos (arts. 164, 421, 439, 442, 443 del C.P.P.).

II. RECHAZAR el recurso y CONFIRMAR el auto dictado el 14/7/21 mediante el cual el Magistrado a cargo del Juzgado de Garantías N° 7 Departamental resolvió convertir en prisión preventiva la actual detención de T. R. M. A. por considerarlo «prima facie» autor penalmente responsable de los delitos de amenazas, lesiones leves agravadas y desobediencia, todos en concurso real, por los motivos expuestos en los considerandos (arts. 18 C.N.; 26 «a contrario», 45, 55, 89 en función del 92 y 80 inc. 1° y 11°, 149 bis y 239 del Código Penal; y 144 -«a contrario»-, 146, 148, 157, 158, 169 -«a contrario»-, 170 «a contrario», 209 y 210 del C.P.P.).

III. Regístrese, notifíquese a la Fiscalía de Cámara, a la Defensa de intervención y, cumplido, devuélvase. Dispóngase que el Magistrado Garante requiera al Sr. Jefe del Serv icio Penitenciario Bonaerense que, en el término de 48 horas, otorgue el correspondiente cupo para el ingreso del encausado en una Unidad dependiente de esa, conforme lo expuesto en los considerandos. Sirva la presente de atenta nota de envío.

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