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#Fallos Responsabilidad médica: Fallecimiento de un paciente que se encontraba internado en terapia intensiva por caer de su cama

Partes: F. S. y otros c/ Obra Social del Personal Marítimo y otros s/ daños y perjuicios – ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 17-ago-2021

Cita: MJ-JU-M-134183-AR | MJJ134183 | MJJ134183

Procedencia de una demanda de mala praxis por el fallecimiento de un paciente producido por una caída de la cama mientras se encontraba internado en terapia intensiva. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la demanda de mala praxis, ya que de acuerdo a los antecedentes del paciente, que surgen de la historia clínica elaborada por la demandada, no quedan dudas acerca de la incidencia causal de la caída de la cama en su muerte, máxime encontrándose internado en la Unidad de Cuidados Intensivos y teniendo en cuenta la su edad, circunstancias que hacían que el ente asistencial debiera extremar sus cuidados, sin que pudiera desconocerlas.

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2.-Pese a no probarse la falta de barandas de contención o su condición defectuosa, las demandadas no aportaron elemento alguno tendiente a demostrar su existencia de la baranda o eventualmente su buen estado de conservación, lo que genera una presunción en su contra.

3.-Cuando quien reclama una indemnización son los herederos del fallecido, existe una prolongación de la obligación de seguridad al ámbito extracontractual o bien que el contrato pasado en vida por el causante con la clínica, donde ésta asume -como propio- un deber médico eficiente, ha sido un medio extracontractual de perjudicar a terceras personas en los términos de los arts. 1109 y 1113 del CC..

4.-Corresponde rechazar la indemnización del valor vida, ya que no se ha acreditado que el paciente fallecido se dedicara al cuidado de sus nietos y bisnietos, ni que colaborara con ningún otro tipo de actividad.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 17 días del mes de agosto de 2021, hallándose reunidos los señores jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a los efectos de dictar sentencia en los autos: «F. S. y otros c/ Obra Social del Personal Marítimo y otros s/ daños y perjuicios – ordinario», y habiendo acordado seguir en la deliberación y votado el orden de sorteo de estudio, el Dr. Fajre dijo:

I.- La sentencia de fs. 442/461 admitió parcialmente la demandada entablada y condenó a la Obra Social del Personal Marítimo y al Instituto de Maternidad y Cirugía S.A. a abonar a los coactores S. F., E. E. F., S. E. F., J. V. F., H. H. F., C. O. F., N. B. F., R. A. F. y A. R. F. la suma de pesos cuarenta mil ($40.000) para cada uno de ellos, más intereses y costas.

Asimismo, hizo extensiva la condena contra Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. en los términos del art. 118 de la Ley de Seguros.

La decisión fue apelada por la parte actora, quien expresó agravios con fecha 30 de abril de 2021; la aseguradora fundó su apelación con fecha 12 de mayo de 2021 -a los que adhirió la demandada el 13 de mayo de 2021- y fue contestada por la actora el 9 de junio de 2021.

II.- Ante todo cabe señalar que, en cuanto al encuadre jurídico que habrá de regir esta litis, atendiendo a la fecha en que tuvo lugar el hecho que la generó, entiendo que resulta de aplicación al caso lo dispuesto en la normativa contenida en el Código Civil, hoy derogado, por aplicación de lo dispuesto en el art.7 del Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente vigente, sin perjuicio de señalar, claro está, que a idéntica solución se arribaría aplicando al caso las normas pertinentes de este último cuerpo legal.

III.- Para una mejor comprensión del caso, haré una síntesis de los hechos que se relatan en autos.

En la presentación inicial (ver fs. 17/19) y su ampliación (ver fs. 49/68) los demandantes manifestaron que eran hijos del Sr. L. F., de 81 años al momento de los hechos de autos, de los que resultó su deceso.

Relataron que el 3 de diciembre de 2008, mientras se encontraba en su vivienda junto a su familia, presentó un cuadro de cefalea intensa y falta de fuerzas.

Uno de sus hijos -S.- solicitó una ambulancia a la empresa de emergencias Ayuda Médica, que le correspondía por la Obra Social del Personal Marítimo, a la que estaba afiliado el causante. La médica que arribó en la ambulancia constató que el Sr. F. padecía arritmia y alta presión, por lo que dispuso su traslado a un nosocomio para su internación.

A las 19 horas ingresó por Guardia a la sede del Sanatorio Modelo Estrella y fue internado en la unidad de terapia intensiva. Al día siguiente -4 de diciembre de 2008- en horas del mediodía, su hijo Sr. S. F., se presentó a visitar a su padre y lo encontró en buen estado general. A las 17:30 horas del mismo día, la coactora S. E. F. -cuyo fallecimiento se acreditó a fs. 406 y fs. 413-, concurrió a visitar a su padre, pero le negaron el acceso al sector de terapia intensiva, alegando un inconveniente que no le fue explicado. Aproximadamente 40 minutos más tarde le permitieron el ingreso. En dicha oportunidad pudo advertir que su progenitor se encontraba inconsciente, con evidencia de un fuerte golpe en la cabeza, rastros de sangre y lastimaduras en los brazos.Llamó a una enfermera, quien le manifestó que se había golpeado con una baranda de la cama, lo que no condecía con la cantidad y gravedad de las marcas que presentaba, especialmente el traumatismo en su cabeza. El médico tratante dispuso el inmediato traslado del paciente a la Clínica Privada Tristán Suárez a fin de realizarle una tomografía computada de cerebro de forma urgente.

Ya en dicho nosocomio, se le realizó el estudio indicado, que arrojó como resultado un hematoma subdural fronto-temporo-occipital con gran desviamiento de la línea media con colapso ventricular. Tal resultado reveló signos de gravedad, en tanto el hematoma comprimió y desplazó estructuras del cerebro. El paciente tenía indicación quirúrgica y nuevamente fue trasladado al Instituto Médico Modelo, donde se le realizó una craneotomía para el drenaje del hematoma subdural. El cuadro del paciente no revirtió, ya que permaneció en estado de coma, sin poder recuperar nunca la conciencia desde el momento del traumatismo, hasta su fallecimiento, el 14 de diciembre de 2008.

Los accionantes sostuvieron que la causa del deceso del Sr. L. F. fue el hematoma subdural causado por el traumatismo que sufrió en la institución médica demandada.

Al contestar demanda, la representante de la Obra Social del Personal Marítimo luego de efectuar la correspondiente negativa de los hechos afirmados por su contraria, adujo que no es responsable por la actuación de los profesionales y la asistencia médica prestada. Ello, en virtud de que se pone a disposición de los afiliados, un listado de clínicas y médicos, donde puedan solicitar la prestación médica, por lo que ellos mismos tienen la libre elección de contratar y cometerse a los organismos de atención de salud que crean convenientes.

A su turno, el Instituto de Maternidad y Cirugía S.A. (Sanatorio Modelo Estrella) contestó la demanda y, luego de efectuar una negativa pormenorizada de los hechos, manifestó que el Sr. F. fue internado en el nosocomio el 3 de diciembre de 2008 a raíz de una crisis hipertensiva.Conforme lo establecido por el protocolo, se lo derivó a terapia intensiva como paciente de alto riesgo en razón de sus antecedentes de hipertensión y de su alta marca de presión arterial, por lo que fue medicado en consecuencia.

Al día siguiente el paciente presentó un cuadro de excitación psicomotriz, es decir, una convulsión. Como consecuencia de ello, cayó de la cama y se produjo un traumatismo frontal izquierdo con hematoma y herida, que fue suturada. A efectos de una mejor evaluación, se lo derivó a la Clínica Tristán Suárez, para efectuarle estudios de mayor complejidad, para luego trasladarlo al Instituto Médico Modelo, donde diez días mas tarde, falleció.

Sostuvo que el paciente ingresó a la institución con un grave cuadro hipertensivo y fue tratado correctamente. Lamentablemente, a raíz de ello, convulsionó cayendo de su cama. Sin embargo, la muerte del Sr. F. no se produjo como consecuencia de la referida caída, sino a raíz de la patología que presentaba, que derivó en un cuadro de excitación psicomotriz que implica movimientos tónico-crónicos, que se producen de manera espontánea como consecuencia de un accidente cerebro vascular agudo por hipertensión arterial, que pudo haber provocado una hemorragia cerebral que, a su vez, disparara la convulsión que ocasionó que cayera de su cama. En tal sentido esgrimió que las convulsiones, son signos de ACV agudos y que, en el caso del causante, confluían diversos factores de riesgo que lo hacían una persona propicia a sufrir un ACV.

La citada en garantía -Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.- reconoció el contrato de seguro con el Instituto de Maternidad y Cirugía S.A., realizó una negativa de los hechos afirmados por su contraria y esgrimió que los dichos de la demanda no le constan por no haber tenido intervención alguna en los mismos.En tal sentido adujo que la parte actora deberá demostrar los hechos que invocó como constitutivos de su pretensión procesal, ya que ni los mismos ni la supuesta mala praxis atribuida a los demandados puede presuponerse.

El Sr. juez de la instancia de grado hizo lugar a la demanda entablada para así decidir, sostuvo que la obligación que liga al establecimiento asistencial con el paciente es de naturaleza contractual y que el deber de reparar surge de la obligación tácita de seguridad que le incumbe y que funciona en carácter accesorio del deber principal de prestar asistencia con los medios y personal adecuado.

El mismo razonamiento aplicó respecto de la obra social accionada.

IV.- Al respecto diré que en el caso la responsabilidad atribuida a las accionadas, debe ser juzgada a la luz de las reglas sobre responsabilidad extracontractual, por haberse producido el fallecimiento del paciente, Sr. L. F.

En efecto, así se ha sostenido que los herederos son ajenos al vínculo contractual que se concertó entre su antecesor y la clínica, o la obra social o la medicina prepaga. El contrato que se hubiere celebrado es «res inter alios» para los herederos, de donde éstos no pueden invocar sus cláusulas. Por lo tanto, sólo pueden demandar el pago de los daños y perjuicios que por la muerte del causante ellos han sufrido como damnificados indirectos por la «mala praxis» (Conf. Casiello, Juan J., «Responsabilidad de las clínicas y de las obras sociales por mala praxis médica», LL, 1995-E-50).

La acción derivada de la muerte de una persona se ejerce «jure proprio» y «no jure hereditatis», pues quienes se inclinan por esta segunda vía caen en el despropósito de hacer nacer antes de la muerte un derecho a la indemnización, precisamente por la muerte. El muerto no es el damnificado directo del homicidio, porque no sufre patrimonialmente por el hecho de su muerte; es sólo el sujeto pasivo o la víctima personal del homicidio (Conf. Orgaz, El daño resarcible, pág.19).

Lo cierto es que nadie puede adquirir derechos cuando está muerto, ya que la vida es requisito indispensable para esa adquisición, resultando absurdo sostener que antes de morir se adquiere el derecho a ser indemnizado por la propia muerte (Conf. Boffi Boggero, Luis, Tratado de las obligaciones, T. 5, pág. 471; Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por daños, T. II-B, pág. 156; Belluscio-Zannoni, Código Civil Comentado, T. 5, pág. 169; Bustamante Alsina, Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, pág. 435). Por lo tanto, aun cuando la víctima y el causante del daño hayan estado vinculados por un contrato, y el deceso se haya producido como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas, los herederos de la primera resultan ajenos a esa relación, de modo que la acción que intenten como damnificados indirectos, debe regirse por las reglas de la responsabilidad extracontractual (CNCiv., Sala A, 29/8/2000, elDial-AE15E8).

En idéntico sentido se ha sostenido que la acción intentada por los actores debe ser considerada como ejercida «iure proprio» y «no iure hereditatis», toda vez que la víctima fallecida no pudo transmitir el derecho a la indemnización de un daño que nació precisamente con motivo de su deceso y cuando ya no podía ser titular de derecho alguno, debiendo ser juzgada la pretensión resarcitoria de los daños derivados de esa muerte, a la luz de las normas que gobiernan la responsabilidad extracontractual o aquiliana (CNFed. Civ. y Com., Sala I, 20/4/99, Paez Balbuena R. y ot. C/ Estado Nacional Gendarmería Nacional Ministerio del Interior S/ Daños y Perjuicios elDial-AF1AB2; íd. íd., Pilar Aparicio y otro C/ Estado Nacional Gendarmería Nacional Ministerio del Interior S/ Daños y Perjuicios elDial-AF2063).

En cuanto al factor de atribución idóneo para generar responsabilidad civil en las demandadas por el daño atribuido, recordaré que fue invocada por el Sr. Juez de grado para fundar su decisión la obligación tácita de seguridad que le incumbe al establecimiento asistencial (ver fs.446 vta.).

En tal sentido, es sabido que los establecimientos asistenciales son responsables además de la atención médica, de los daños que sufrieran los pacientes por la producción de accidentes o cualquier otra circunstancia ocurrida dentro del ámbito de la institución.

Ahora bien, tal como lo he señalado precedentemente, el encuadre en el caso resulta particular, dado que se produjo el fallecimiento del paciente y el reclamo es intentado por sus hijos.

En base a ello, los fundamentos del Sr. Juez de grado para decidir del modo en que lo hizo resultan, a mi modo de ver, incompletos en virtud del razonamiento que expresaré a continuación.

Es sabido que, en materia de responsabilidad civil, ésta se presenta como un instituto único y homogéneo, lo cierto es que el sistema se divide en dos grandes ámbitos u órbitas: la contractual y la extracontractual. Así, mientras la responsabilidad contractual tiene su origen en el incumplimiento de un deber específico y determinado, la responsabilidad aquiliana nacerá ante la violación de un deber preexistente de carácter genérico común, que es el neminen laedere, cuyo origen es netamente legal y que resulta ser indeterminado respecto del elenco de legitimados pasivos, ya que todos estamos obligados a no dañar al otro. De tal modo, la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual no puede ser negada en relación a la distinta estructura en el hecho generador del deber de responder.

Sin perjuicio de lo expuesto, no dejo de reconocer que el Código Civil y Comercial de la Nación ha unificado ambas órbitas a partir de lo dispuesto en el art.1716 que da cuenta que el deber de reparar nace de la violación al alterum non laedere -fuente de la responsabilidad extracontractual- o del incumplimiento de una obligación preexistente -generador de responsabilidad contractual-. En tal sentido, la unificación de los ámbitos de responsabilidad no extingue las distintas estructuras del contrato en relación al hecho ilícito generador de responsabilidad aquiliana, sino que con la unificación se ha perseguido únicamente aunar las consecuencias de ambas órbitas, estableciendo la aplicación de las mismas reglas cualquiera fuera el deber de responder (conf. Calvo Costa, Carlos A., Derecho de las Obligaciones, pág. 586 y sgtes.).

En base a ello, lo cierto es que la obligación tácita de seguridad tiene su ámbito de aplicación exclusivo en la responsabilidad contractual.

Ahora bien, se ha sostenido que, cuando quien reclama una indemnización, como en el caso, son los hijos del paciente fallecido, la clínica es deudora de un crédito a la seguridad, cuestión indiscutible en el ámbito contractual, pero que no parece tan clara en el terreno extracontractual. Empero, bien puede sostenerse que existe una prolongación del la obligación de seguridad al ámbito extracontractual o bien que el contrato pasado en vida por el causante con la clínica, donde ésta asume -como propio- un deber médico eficiente, ha sido un medio extracontractual de perjudicar a terceras personas en los términos de los arts. 1109 y 1113 del Código Civil. (conf. Bueres, Responsabilidad civil de la clínicas y establecimientos médicos, pág.37, n 41).

V.- Delimitado el marco jurídico aplicable, por una cuestión de orden metodológico, comenzaré por analizar los agravios formulados por las condenadas respecto a la responsabilidad endilgada en la sentencia de grado.

Señalan las quejosas que corresponde a la parte actora acreditar la relación causal jurídicamente relevante que vincule la acción u omisión de la demandada por el daño que se reclama, ya que, conforme el principio objetivo de la prueba, su carga corresponde a quien reclama, sin perjuicio de la aplicación de las cargas probatorias dinámicas. Indican que la responsabilidad de los hospitales y clínicas recién surgirá cuando se acredite la culpa médica.

Ahora bien, destacan el informe médico legal realizado por la Dra. Surbano, médica forense de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, obrante a fs. 142/147 de la causa penal del que surge que el padre de los reclamantes falleció a causa de un paro cardio-respiratorio secundario a una encefalopatía hipertensiva que le ocasionó una hemorragia subdural, deterioro del sensorio y hemiplejía facio crural, entidades ellas de origen no traumático. Por ende, esgrimen que el hematoma periorbitario y frontal que presentaba la víctima no es causa directa ni indirecta de su muerte.

Si bien tienen en cuenta que, en el protocolo de la autopsia la médica Gallardo concluyó que la muerte fue producida por un mecanismo violento y a consecuencia final de un paro cardiorespiratorio traumático, aducen que no es menos cierto que no se explica cómo ese paro ocurrió recién 10 días después de la caída y no de manera inmediata a la misma. En base a ello, indican que la causa de muerte fue de origen natural, no traumático.

En cuanto al peritaje médico de autos, señalan que el experto aludió a condiciones previas del Sr. F.que pudieron motivar un hematoma subdural en una persona de avanzada edad, dados los factores predisponentes señalados.

Manifiestan que el propio perito señaló que un hematoma de esas características es a menudo el resultado de un traumatismo craneal grave y en base a ello entienden que no siempre es por ello que se produce.

Concluyen que en autos no se encuentra acreditado el nexo de causalidad adecuada entre la conducta reprochada a los médicos de la Clínica Estrella y la de la propia clínica ante el supuesto descuido por la caída de la cama. Ello, en tanto su contraria no ha logrado demostrar la existencia de imprudencia o negligencia alguna de la que nazca ese nexo causal del que pudiera establecerse una relación directa o indirecta atribuible al staff médico de la Clínica Estrella, el cuadro de salud y la progresión de la enfermedad del actor.

VI.- Son hechos no controvertidos en esta instancia que el día 3 de diciembre de 2008 el Sr. L. F. concurrió a la Guardia del Sanatorio Modelo Estrella, derivado por una ambulancia del servicio médico Ayuda Médica, dado que presentó un cuadro de arritmia y alta presión. Tampoco se cuestiona que fue internado en la unidad de terapia intensiva ni que sufrió una caída de la cama que arrojó como resultado un hematoma sub dural fronto-temporo-occipital con gran desviamiento de la línea media con colapso ventricular. El cuadro de la víctima no revirtió, hasta su fallecimiento, el 14 de diciembre de 2008.

Sentado lo anterior, diré que la cuestión que se somete a decisión en esta instancia radica, precisamente, en determinar si la atención que le cupo al Instituto de Maternidad y Cirugía S.A. (Sanatorio Modelo Estrella S.A.) fue la adecuada respecto del Sr. L. F.durante la internación que se inició el 3 de diciembre de 2008 en la referida institución.

VII.- Determinada entonces la cuestión sometida a conocimiento de este tribunal, analizaré las pruebas producidas.

Veamos entonces, tengo a la vista la causa penal nro. 07-00-900327-08 caratulada «F. L. s/ averiguación causal de muerte», que se inició a partir de la denuncia de S. E. F.

Surge de las copias de la historia clínica nro. 1870/08 del Sanatorio Modelo Estrella, obrantes en la causa penal a fs. 3/15, que el paciente ingresó a la institución por una crisis hipertensiva y síndrome ictérico con fecha 3 de diciembre de 2008. En el acápite correspondiente a enfermedad actual se consignó que el paciente fue traído de su domicilio, que se controló su presión arterial, que era de 200/100 y que refirió dolor abdominal, que cedió con la toma de analgésicos. La revisación de su cabeza y cuello arrojó como resultado que sus reflejos oculares se hallaban conservados y sin particularidades, la revisación de oído, latido venoso, latido carótida, soplo carótida tampoco presentaron particularidades. Al examinar su tensión arterial, ello arrojó como resultado 180/100. A la evaluación neuropsiquiátrica se informó que se encontraba lúcido, con pares craneanos conservados, sin signos meníngeos, con reflejos conservados y psiquismo normal.

Ya en las constancias del 4 de diciembre de 2008 a las 17:45 horas, surge que el paciente luego de un episodio de excitación psicomotriz sufrió una caída de la cama hacia el suelo con traumatismo en la región frontal izquierda, hematoma con herida cortante de aproximadamente 11 cm. y que presentó estado confusional. En base a ello, se solicitó tomografía axial computada sin contraste de forma urgente y su traslado a la Clínica Tristán Suárez a tal fin y eventual tratamiento (ver fs. 7).

La historia clínica nro. 0066478 del Instituto Médico Modelo da cuenta del ingreso del Sr. F.en la institución con fecha 5 de diciembre de 2008, con un diagnóstico de hematoma subdural, depresión del sensorio, Glasgow 7/15 y hemiplejía. La tomografía axial computada de cerebro arrojó como resultado un hematoma subdural izquierdo. En la institución se le efectuó una cirugía -craneotomía- y drenaje del referido hematoma. El 14 de diciembre de 2008 surge asentado que presentó un paro cardiorespiratorio y se produjo su fallecimiento (ver fs. 37/55 de la causa penal).

A fs. 106/110, luce agregado el Protocolo de Autopsia n° C 985/8, efectuado por la médica de la Policía Científica, Dirección Regional Sur, del que surge que, al examen traumatológico el cadáver presentó herida de tipo neuroquirúrgica, en forma de C, que abarca región parietal y temporal izquierdo, de 19 cm. de longitud; equimosis en región fronto parietal izquierda; herida contusa suturada en región frontal izquierda; equimosis bipalpebral izquierdo; equimosis en tercio superior de cara anterior de brazo izquierdo; equimosis en tercio inferior de cara anterior de brazo izquierdo; infiltración hemorrágica en tercio superior en cara interna de brazo izquierdo, entre otras.

La experta sostuvo que en la necropsia se detectó edema y congestión cerebral, infiltrado hemorrágico a predominio del hemisferio cerebral izquierdo, hematoma subdural izquierdo, hipertrofia ventricular izquierda, entre otros.

Concluyó que la muerte fue producida por un mecanismo violento y a consecuencia final de un paro cardio respiratorio traumático.

Ahora bien, surge asimismo del expediente criminal el informe elaborado por la médica Forense de la Asesoría Pericial Departamental del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Gladys Cristina Surbano, del que se desprende que en base a los antecedentes de autos y consideraciones médico legales, la experta concluyó que «. quien fuera en vida L. F., fallece de un paro cardiorespiratorio, secundario a una encefalopatía hipertensiva que le ocasionó una hemorragia subdural, deterioro del sensorio y hemiplejía Facio crural; entidades de origen natural no traumático, necesarias y suficientes para producir la muerte.» (sic. Fs.147). Aclaró que el hematoma periorbitario y frontal que presentaba la víctima no son causas directas ni indirectas de su fallecimiento.

Ya en estos obrados, a fs. 287/300 obra el peritaje médico efectuado por H. Marcelo Battaglia, médico especialista en medicina legal. En dicha oportunidad efectuó una síntesis de los antecedentes obrantes en esta causa y en el expediente criminal, de importancia médico-legal para efectuar su informe.

Al contestar los puntos de pericia pedidos por la parte actora describió la atención médica recibida por el paciente y al ser consultado acerca de si en la hoja de evolución en la UTI del Sanatorio Modelo Estrella se ha registrado que el paciente sufrió un trastorno de «excitación psicomotriz», respondió que «. en la Historia Clínica del Sr. L. F. realizada en el Sanatorio Modelo Estrella por su Internación en Terapia Intensiva consta que el día 03/ 12/ 2.008 ingresa lúcido y vigil sin signos meníngeos, taxia y praxia conservada y psiquismo normal, con examen normal en cabeza y cuello, tratándose sus afecciones y el día 04/ 12/ 2.008 dice que por Excitación Psicomotriz sufre caída de la cama cayendo al suelo con Traumatismo en Región Frontal Izquierda con presencia de Hematoma y Herida Cortante de aproximadamente 16 mm, Hemorragia conjuntival; y se pide traslado para realización de Tomografía Axial Computada. (Ver folio 07 de Causa Penal).» (sic. Fs.287vta./288).

Señaló que en la Clínica Privada Tristán Suarez ingresó por Glasgow 7/15 con Hematoma Subdural Frontotemporooccipital con gran desviación de la línea media.

Al ingreso a UTI se describió Hematoma Subdural con Emergencia Hipertensiva (Tensión Arterial 220/ 120 mmHg.) con Depresión del Sensorio (Glasgow 7/ 15, Hematoma Periorbitario y Frontal Izquierda con Herida Suturada, Pupilas normoreactivas , y Hemiplejía Braquiocrural Derecha.

Al ser consultado acerca de si antes del traumatismo por caída, existió como diagnóstico cierto o presuntivo el de hematoma subdural, sostuvo que antes del traumatismo por la caída no existió tal circunstancia como diagnóstico.

Manifestó asimismo que, al momento del ingreso a la UTI, el 03/12/08, el paciente si bien tenía Hipertensión Arterial, no presentaba foco neurológico. En su historia clínica realizada en el Sanatorio Modelo Estrella consta que el día 03/ 12/ 2.008 ingresó lúcido y vigil, sin signos meníngeos, taxia y praxia conservada y psiquismo normal, con examen normal en cabeza y cuello. Aclaró que de los datos recabados no se constataron signos de sospecha de hematoma subdural, sino que la sintomatología del paciente era contraria al diagnóstico.

Considero fundamental lo aportado por el experto en lo concerniente a los recursos humanos y materiales con los que debe contar una unidad de terapia intensiva para evitar la caída de los pacientes, quien en tal sentido afirmó «.Una Unidad de Cuidado Intensiva debe contar con Camas Ortopédicas graduables con Barandas para evitar la caída de los pacientes.Además debe contar con aparatos de ventilación mecánica para asistir a la respiración mediante un tubo endotraqueal o una traqueotomía; equipos de hemofiltración para fracaso renal agudo, equipo de monitorización cardiovascular avanzados (líneas arteriales y catéteres de swan ganz); vías endovenosas para infusiones farmacológicas o para nutrición parenteral total, tubos nasogástricos, bombas de succión, drenajes y catéteres; y una amplia gama de fármacos incluyendo fármacos vasoactivos (inotrópicos por ejemplo), sedantes, antibióticos de amplio espectro y analgésicos.» (sic fs. 290).

Al punto de pericia referente al riesgo aumentado de los pacientes ancianos a sufrir caídas durante la internación, respondió que éstos cuentan con mayor riesgo en virtud de su mayor deterioro funcional. A fin de fundamentar su respuesta, citó un estudio sobre «Abordaje multidisciplinar de las caídas en un hospital», publicado en la Revista de Calidad Asistencial, Volume 25, Issue 2, Pages 106-111, realizado por los Dres. J. Minaya-Sáiz, A. Lozano-Menor, R.M. Salazar-de la Guerra.

Aclaró que, en cuanto a la actividad en el momento de la caída, se observa que el mayor porcentaje de los pacientes sufren la caída al intentar levantarse. Por otra parte, sostuvo que los cuadros de excitación y/o confusión son frecuentes en los pacientes ancianos hospitalizados y en mayor medida, en el área Crítica o de Cuidados Intensivos.

Al ser consultado acerca de las causas y consecuencias de una hemorragia subdural en un caso de crisis de hipertensión severa explicó que «. Un Hematoma Subdural es una acumulación de sangre entre la duramadre que es la membrana que cubre el cerebro y la aracnoides, una de las capas de las meninges. Un hematoma así constituido se debe a la rotura traumática de vasos venosos que atraviesan el espacio subdural, por lo tanto se produce una separación entre las capas de la aracnoides y la duramadre. Los hematomas subdurales pueden causar un aumento de la presión intracraneal, compresión y daño del tejido cerebral.Un hematoma subdural agudo tiene una mortalidad elevada, por lo que se considera una urgencia médica, es de alrededor de 60 a 80%.» (sic fs. 294).

Refirió que un hematoma subdural es a menudo el resultado de un traumatismo craneal grave, que se encuentra entre el más letal de todos los traumatismos craneales. El sangrado llena la zona cerebral rápidamente, comprimiendo su tejido. Esto a menudo ocasiona un traumatismo craneal y puede llevar a la muerte.

Con cualquier hematoma subdural, las pequeñas venas que están entre la superficie del cerebro y su cubierta externa (la duramadre) se estiran y se rompen, permitiendo que la sangre se acumule. En adultos mayores, las venas a menudo ya se han estirado debido al encogimiento cerebral (atrofia) y se lesionan mas fácilmente. Indicó que la mayor causa de hematoma subdural es traumática, la hipertensión arterial severa no es causa de hematoma subdural sino de hemorragia intracerebral. El pronóstico en personas de características y antecedentes del Sr.

F. al tener un hematoma subdural es tener una mortalidad de entre el 60 y el 80%.

Sostuvo que el paciente no sufrió un accidente cerebro vascular sino un traumatismo encéfalo craneano y a causa del mismo tuvo un hematoma subdural, por el que descompensó y falleció.

Dispone el art. 477 del Código Procesal, la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y los demás elementos de convicción que ofrezca la causa.

Si bien el juez es soberano al sentenciar, en la apreciación de los hechos dentro de los que se encuentra el dictamen, debe sin embargo, aducir razones de entidad suficiente para apartarse de las conclusiones del perito, razones muy fundadas para desvirtuarlo, pues su conocimiento es ajeno al del hombre de derecho (Conf. Fenochietto-Arazi, Código Procesal, Tomo 2, pág.524).

Así se ha dicho que el juez debe demostrar que el dictamen se halla reñido con principios lógicos o máximas de experiencia, o que existen en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos (Conf. Arazi, La prueba en el proceso civil, pág. 289 y jurisprudencia citada en notas 31 y 32).

La claridad en las conclusiones del perito es indispensable para allegar el suficiente poder convictivo al ánimo del juez (Conf. Devis Echandía, Hernando, Teoría General de la prueba judicial, Tomo II, pág. 336).

En síntesis, las conclusiones del perito deben ser convincentes, como consecuencia lógica de sus fundamentos y motivaciones, de modo que el juez, si al apreciar el dictamen entiende que presenta conclusiones poco claras y carentes de sustento, no podrá otorgarle la eficacia probatoria indispensable para formar convicción sobre los hechos controvertidos (Conf. Varela, Casimiro, Valoración de la prueba, pág. l96).

En definitiva, las pericias médicas no son vinculantes para el juez, ni imperativas, de modo que podrá apartarse de sus conclusiones cuando fueran equívocas, poco fundadas, oscuras o contradictorias. Para formar convicción el magistrado podrá requerir todo tipo de explicaciones a los peritos designados, ordenar la realización de un nuevo dictamen por otros expertos, solicitar la opinión del Cuerpo Médico Forense, a las cátedras de las Facultades de Medicina de la especialidad de que se trate, etcétera. Sin embargo, el juez ha de rastrear la verdad basado en lo que dicen los médicos; no debe interpretar los principios ni los criterios médicos, ni discutirlos bajo una óptica científica, pues ello sería muy peligroso. Si un perito no lo convence debe acudir a los arbitrios mencionados, hasta puede recurrir a presunciones judiciales y, excepcionalmente, poner la carga de la prueba en cabeza del médico, sin ingresar en el campo de la Medicina para discutir sobre lo que no sabe o para argumentar con elementos que no conoce.Siempre «.ha de aplicar criterios de orden procesal o sustancial, obviamente de raigambre jurídica, que podrán conducirlos a admitir o a desestimar la pretensión intentada por el paciente contra el médico» (Conf. Bueres, ob. cit., pág. 54).

Pues bien, como puede advertirse, las conclusiones a las que arribaron el perito médico desinsaculado en autos y la experta que efectuó la autopsia de quien en vida fuera el Sr. F., no sólo fueron coincidentes sino contundentes en cuanto a que el hematoma subdural y consiguiente la muerte del paciente se debieron al traumatismo craneal sufrido como consecuencia de la caída de cama de terapia intensiva, en donde estaba alojado.

Es conocido también que para que se impute responsabilidad debe existir un nexo de causalidad entre el obrar (positivo o negativo) del sujeto y el daño. Así se afirma generalmente que el hecho humano y la relación causal con el daño, constituyen los elementos estructurales objetivos de la reparación y su determinación debe ser «concreta». La causalidad que se exige es, según se desprende del art. 906 del Cód. Civil, una causalidad adecuada, teoría que ha sido inducida por nuestra doctrina y jurisprudencia de los arts. 901, 902, 903 y 904 del Cód. Civil. Esta ha sido descripta como aquella que parte del estudio del «efecto» hacia las «distintas condiciones» y utiliza como método selectivo la «ordinariedad» en el orden de los sucesivos acontecimientos.

Sólo es resarcible el daño causado por el hecho que se atribuye al responsable, que puede ser propio o de otros (dependientes), o de cosas que se encuentran bajo su dominio o guarda. La clave de la cuestión, en materia de responsabilidad civil, radica en la investigación del enlace causal. Más aún, la indagación en la relación causal -imputatio facti- es un paso previo al juicio de antijuricidad del acto, en su función de atribuir el daño al sujeto, para determinar que sí es el autor material del nacimiento.El nexo causal es el elemento que vincula el daño directamente con el hecho e indirectamente con el factor de imputabilidad subjetiva o de atribución objetiva del daño. Es el factor aglutinante que hace que el daño y la culpa, o en su caso, el riesgo, se integren en la unidad del acto que es fuente de la obligación de indemnizar. Es un elemento objetivo porque alude a un vínculo externo entre el daño y el hecho de la persona o de la cosa. La prueba de la relación causal es sumamente importante, ya que determina quién responde (autoría del daño) y por cuáles consecuencias. Cualquiera sea el fundamento de la responsabilidad civil, la idea de culpa o riesgo, es doctrina uniforme que para que aquélla tenga lugar, es decir para que pueda hacerse gravitar sobre una persona, el deber de resarcir el daño inferido a otra, es necesario que exista un «lazo causal» que una este daño a ciertos hechos que se imputan al responsable (cfr. Kiper, Claudio M., Proceso de daños, T. II., págs. 58/59, con cita doctrinaria y jurisprudencial, 1ra. Edición, Ed. La Ley, Bs. As., 2008).

En principio le corresponde al actor dar prueba del vínculo causal, cuando menos en su faz primaria o material y, de darse tal circunstancia, se tornará presumible la adecuación de las consecuencias. Sólo una vez probado el enlace causal en su aspecto material y constatados, llegado el caso, ciertos y determinados «indicios», podrá presumirse la adecuación de la condición. Aún en supuestos de responsabilidad objetiva, el reclamante siempre deberá acreditar la intervención activa de la cosa en el contexto perjudicial, que ella presentaba un vicio o que era riesgosa y la producción misma del daño (cfr. Kiper, Claudio M., ob. cit., T. II., págs. 59/62).

Siendo ello así, no puedo sino coincidir con las apreciaciones de los expertos.Y sobre esa línea de razonamiento, en base a las constancias de estos autos y de la causa penal, habré de señalar que en consideración a los antecedentes del paciente, que surgen de la historia clínica elaborada por la demandada, agregada en autos y con copias obrantes en la causa penal, no me quedan dudas acerca de la incidencia causal de la caída de la cama en la muerte del paciente, máxime encontrándose internado en la Unidad de Cuidados Intensivos y teniendo en cuenta la edad del Sr. F., circunstancias que hacían que el ente asistencial debiera extremar sus cuidados, sin que pudiera desconocerlas. Asimismo, habré de considerar que no existía elemento alguno al ingresar el paciente a la clínica demandada que hicieran presumir a los médicos tratantes acerca de la posibilidad de que sufriera un ACV.

VIII.- Sentado ello, si partimos de la premisa de que la obligación de seguridad era de fines, basta con destacar el hecho mismo de la caída para concluir en la responsabilidad de las demandadas; y si en cambio, partimos de que la obligación de seguridad era de medios, entonces habrá que hacer hincapié en la inobservancia de una conducta diligente por parte del ente asistencial y su personal.

Ahora bien, el caso presenta singularidades. De las constancias de autos, especialmente del informe pericial médico surge que no se trataba de un paciente psiquiátrico ni que hubiera tenido anteriormente episodios de convulsiones o exitación psicomotriz, sino que fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva por una crisis hipertensiva y síndrome ictérico.

En efecto, no se internó el paciente en una clínica para personas que padecen trastornos en su salud mental, sino en un centro asistencial común, no especializado en dolencias psiquiátricas.

Sin perjuicio de lo expuesto, a raíz de lo dictaminado por el perito médico desinsaculado en autos, resultaba precedible a todas luces el riesgo del Sr. F.de sufrir la caída, en virtud de ser un paciente anciano y por ende, más propenso a padecer este tipo de lesiones durante la internación; ello, en virtud de su mayor deterioro funcional. Asimismo, indicó el experto que los cuadros de excitación y/o confusión son frecuentes en los pacientes ancianos hospitalizados y en mayor medida, en el área Crítica o de Cuidados Intensivos. En base a ello, considero que, en el caso, mediaba una obligación de seguridad de resultado, que generaba la responsabilidad objetiva de la demandada.

Tengo en cuenta que de la historia clínica no surge que se hubiera asentado el motivo de la caída del paciente, esto es: la ausencia de barandas en su cama o el estado deficiente de las mismas, circunstancias indispensables para mantener la seguridad de los pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos, y especialmente en el caso de pacientes ancianos. Tales circunstancias eran, sin dudas, conocidas por el nosocomio.

Es sabido que el sanatorio puede aducir como límite de su responsabilidad el caso fortuito, siempre que la alteración mental que acusara el paciente fuere un hecho imprevisible (Bueres, A., «La Responsabilidad de los Médicos», Bs. As. Hammurabi, 1992. T. 1, p. 452 y ss.), en tal caso se rompe el totalmente el nexo de causalidad adecuado entre el hecho del sindicado como responsable y el daño.

Ahora bien, tal como he referido precedentemente, las caídas de las camas de los adultos mayores que se encuentran internados no pueden ser consideradas imponderables. En el sub lite, la diligencia que exigía la naturaleza de la obligación y las circunstancias del caso requirieron de diligencia especial de los médicos y auxiliares tratantes, por lo que la referida obligación de seguridad se vio incumplida por el penoso suceso que provocara la caída del Sr. F.

Tampoco el hecho de la víctima desplaza la responsabilidad, ello ocurre cuando se constituye en la verdadera causa adecuada del perjuicio, es decir cuando reúne los caracteres del caso fortuito, esto es, cuando es imprevisible.Es que, como he sostenido, el previo diagnóstico de peligrosidad del paciente tornó previsible el hecho del daño acaecido, lo que exigía un deber de vigilancia y custodia para evitar la caída.

En consecuencia, no puedo soslayar que pese a no probarse la falta de barandas de contención o su condición defectuosa, las demandadas no aportaron elemento alguno tendiente a demostrar su existencia de la baranda o, eventualmente su buen estado de conservación, lo que genera una presunción en su contra.

En base a ello, en tanto las accionadas no probaron ni el hecho de la víctima ni el caso fortuito que quiebre el nexo causal establecido, propondré al acuerdo de mis distinguidos colegas el rechazo de los agravios de las demandadas y la confirmación de este aspecto del fallo apelado, por los fundamentos expresados precedentemente.

IX.- Sentado lo que antecede, corresponde analizar las partidas indemnizatorias reclamadas por el actor.

Previo a adentrarme en dicha tarea, habré de señalar que no se me escapa que, respecto de algunos rubros, la parte actora solicitó en s u demanda un importe menor al que se concederá. Sin embargo, sujetó su pedido a «.sujeto a lo que estime V.S. conforme surja de las probanzas a producirse en autos.» (sic, fs. 67 vta.), lo que habilita al tribunal -ponderando las circunstancias de la causa, y el tiempo transcurrido desde aquel momento- a conceder una suma mayor.

a.- Daño material

El Sr. Juez a quo desestimó la partida por entender que no se encuentra acreditado que los demandantes dependieran económicamente de la víctima.

La vida humana no tiene valor económico por sí misma, sino en consideración a lo que produce o puede producir.Por lo tanto, cuando nos encontramos en presencia de la muerte de la víctima, lo que debe resarcirse son los efectos económicos producidos en los damnificados por su fallecimiento, puesto que ellos fueron perjudicados por la falta o disminución de los bienes que proveía la víctima.

Debo señalar que esta indemnización contiene ambas pretensiones, a saber, valor vida y pérdida de chance, pues cuando se trata de indemnizar la pérdida de la vida, lo que se indemniza es la «chance» o probabilidad de que en el futuro los damnificados puedan recibir apoyo del fallecido, tanto en lo material y económico como en los cuidados personales y apoyo espiritual, y si bien esa pérdida constituye una zona gris, intermedia o límite entre el daño cierto o incierto, debe reconocerse que, especialmente con relación a las familias de recursos modestos esa posibilidad encierra una fuerte dosis de probabilidad» (esta cámara., Sala G, 12/06/2006, DJ, 2007-1-107).

En este orden de ideas, diré que la denominada pérdida de chance constituye un rubro sujeto a un alto grado de incertidumbre, ya que en definitiva resulta imposible establecer con precisión si la persona que alega el perjuicio, habría obtenido o no ciertas ventajas o evitado o no ciertas pérdidas, de no haber mediado el comportamiento antijurídico atribuido a otro sujeto. De todos modos, el daño puede ser resarcible, según el mayor o menor grado de probabilidad de que llegara a acontecer, aunque fuerza es aclarar que lo que habrá de resarcirse no será la totalidad de la pérdida sufrida o la ganancia dejada de percibir, pues el juez debe apreciar la proporción de ese valor que en concreto representa la frustración de la chance (Conf. Highton, Elena, «Accidentes de tránsito. Daño resarcible como lucro cesante y daño emergente en caso de lesiones a la personas desde la óptica de los jueces civiles (Justicia Nacional Civil)», Revista de Derecho de Daños, Nº II, pág.58).

Agrego a ello que se configura, cuando por la comisión de un acto ilícito, la víctima se ve privada de obtener un beneficio probable futuro o evitar un perjuicio probable. La certidumbre en la existencia del daño surge de la «oportunidad», esto es, la circunstancia cierta que torna indemnizable el perjuicio ocasionado por la pérdida de chance es que la probabilidad existía, y fue perdida por el hecho de un tercero (Bustamente Alsina, Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Ed. Abledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, págs. 173,178/179).

La pérdida de chance no puede identificarse con el lucro cesante, sino que lo resarcible es esa chance, la que debe ser apreciada judicialmente, según el mayor o menor grado de probabilidad de convertirse en cierta (Conf. esta cámara, Sala D, 10- 9-92, Jurisprudencia de la CNAC, Isis, Sum. Nº 0008460).

La indemnización por pérdida de chance no se identifica con la utilidad dejada de percibir, sino que lo resarcible es la «chance» misma, la que debe ser apreciada judicialmente según el mayor o menor grado de probabilidad de convertirse en cierta, sin que pueda nunca identificarse con el eventual beneficio perdido (CNCom., sala E, 07/10/2005, Díaz, Gisela T. c. Banco Río de la Plata, LL, 10/01/2006, 3).

En virtud de lo expuesto, es claro que la pérdida de chance, para ser indemnizable, debe tener probabilidad suficiente, debiendo valorarse y ponderarse en cada caso en particular, precisamente, de acuerdo con el mayor o menor grado de probabilidad de convertirse en cierta, desde que el daño resarcible debe ser cierto y no eventual o hipotético.

Sentado ello, he de poner de resalto que dispone el art. 1084 del Código Civil que asiste a la viuda e hijos del muerto, en caso de homicidio, el derecho de reclamar del responsable todo lo que fuere necesario para su subsistencia. Agrega la segunda parte del art.1085 que esa indemnización sólo podrá ser exigida por el cónyuge sobreviviente y por los herederos necesarios del muerto, siempre que no fueren culpados del delito como autores o cómplices, o si no lo impidieron pudiendo hacerlo.

En principio, estas dos normas constituyen una excepción al principio de que todo aquel que invoca un daño, debe probarlo, ya que la ley presume un daño cierto respecto de esos damnificados indirectos, consistente en la privación que experimentan de lo que les es necesario para la subsistencia.

Ahora bien, entiendo que esta presunción no rige cuando el reclamante es un hijo mayor capaz, quien para ser indemnizado por esta partida debe acreditar el perjuicio patrimonial que sufrió como consecuencia de la muerte de su progenitor.

Tal conclusión emerge de la circunstancia de que no resulta lógico presumir, genéricamente, que la muerte del padre o de la madre irroga o ha de irrogar al hijo mayor de edad y adulto —no incapacitado— un perjuicio consistente en la privación de lo necesario para subsistir —art. 1084 CC—; precisamente porque no es lo que acostumbra suceder según el curso natural y ordinario de las cosas (art. 901 del CC).

Es que parece lógico reputar que, con la mayoría de edad y adultez, el hijo tendrá aptitud suficiente para proveer a su propio mantenimiento, sin depender de los ingresos de su progenitor (conf., CNCiv, Sala K, «Sirni, Ricardo L. c/ Fiorito, Teresa A.», del 02/09/2006, LA LEY, 2006-F, 791).

Ello no significa que los peticionantes no puedan demostrar que su padre aportaba a su sostén económico, por lo que el fallecimiento de aquél signifique para los actores un daño cierto que deba ser reparado en los términos del art. 1079 del Código Civil.

En el caso que nos ocupa, entiendo que los reclamantes no han cumplido con dicha carga probatoria en el sentido mencionado, es decir no se ha acreditado que el Sr. L. F.se dedicara al cuidado de sus nietos y bisnietos, ni que colaborara con ningún otro tipo de actividad. Considero que no son suficientes al efecto las declaraciones de los testigos Hugo César Riquelme (fs. 244 y vta.) y Eduardo Manuel Alfonso (fs. 245 y vta.). En primer lugar, porque genéricamente indicaron que el fallecido era el sostén de los nietos y bisnietos, sin brindar al menos algún detalle al respecto más allá del hecho que, según manifestaron, los llevaba a la escuela y los iba a buscar, por lo que no tendré en cuenta sus dichos para decidir sobre este aspecto del reclamo.

Asimismo, cabe destacar que los actores, al exponer su reclamo en su escrito de demanda y su ampliación, ni siquiera expresaron de qué manera el fallecimiento de su padre importaba para ellos un perjuicio económico.

En consecuencia, considero que corresponde confirmar el rechazo de esta partida indemnizatoria, lo que así propondré al acuerdo

b.- Daño psicológico

El Sr. Juez de Grado rechazó la partida en virtud de lo dictaminado por el perito psicólogo desinsaculado en autos.

Respecto de ello se agravia la parte actora por entender que las secuelas de angustia que padecen los actores han quedado reveladas a través de otros elementos objetivos e inconscientes, entre los que se encuentran los tests psicodiagnósticos adjuntos.

Con criterio que comparto, se ha sostenido que el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños de salud y a la integridad física y psíquica (esta sala, in re «Descals, Daniel Adrián c/ PanamericanMall S.A. s/ Daños y perjuicios» Expte.N° 61.918/13, julio de 2018) Ahora bien, sabido es que cuando se trata de una incapacidad provocada por lesiones, el daño emergente no puede medirse sólo en función de la ineptitud laboral, sino que ello también debe ser ponderado a partir de toda la vida de relación de la víctima, en consideración a sus condiciones personales, como el sexo, la edad y el estado civil, entre otras. En ese orden de ideas, se decidió que la indemnización por incapacidad sobreviniente procura el resarcimiento de aquellos daños que tuvieron por efecto disminuir la capacidad vital de la persona afectada, no sólo en su faz netamente laboral o productiva, sino en toda su vida de relación y, por ello, no pueden establecerse pautas fijas por cuanto habrá de atenerse a circunstancias de hecho, variables en cada caso particular pues, para que la indemnización sea justa y equitativa deben apreciarse diversos elementos y circunstancias de la víctima, tales como edad, sexo, formación educativa, ocupación laboral y condición socioeconómica (esta sala, in re «Jara Trinidad Agustín y otro c/ Sfiligoy Adrián José Francisco y otros s/ Daños y perjuicios»Expte. N° 110.022/2009, agosto de 2015).

En función es estos parámetros analizaré las pruebas producidas.

El perito psicólogo presentó su dictamen a fs. 324/334. La experta concluyó que «El estado psíquico de cada uno de los actores responde exclusivamente a su personalidad de base. Dado el tiempo transcurrido, sería imposible de determinar cuánto del estado psíquico de cada uno correspondería al duelo por el padre, y cuánto al de su madre, anteriormente fallecida, ó a la de sus hermanos, para el caso que se hubiera encontrado correspondencia entre los indicadores invetigados y el hecho de autos. Y esto solamente respecto a la posibilidad de duelar de cada uno de los actores. Es indudable que la muerte del Sr. L. F. ha afectado a sus hijos y su familia.Por la descripción que cada uno de los actores ha hecho de su padre, cabe pensar que se ha tratado de un buen padre, con mucha presencia para cada uno de sus hijos durante el tiempo de su vejez. Se trata de una familia muy unida.

Pero también es importante y necesario de tener en cuenta que se trataba de un hombre muy grande, y que en relación a la litis, no guarda nexo causal el estado psíquico de sus hijos, quienes recuerdan a su padre cada uno en su estilo. El dolor de los hijos concierne a la pérdida, y no a cómo se produjo la misma, por lo tanto no se puede adjudicar a la lamentable forma con la que el Sr L. Suárez encontró sus últimos días de vida, con el duelo correspondiente a cada estructura y capacidad simbólica de cada uno de los hijos»(sic fs. 333/334).

A partir de lo antes expuesto, he de señalar que, a mi modo de ver, el dictamen pericial aparece como sólidamente fundado. Asimismo, el experto aclaró al contestar el pedido de explicaciones que, en el caso concreto de los actores, los parámetros aplicados a las técnicas administradas al efectuar su informe pericial refirieron a que no hay duelo patológico. Ninguno de ellos ha presentado alteraciones manifiestas en su pensamiento, necesidad de medicación psiquiátrica, alteraciones manifiestas de atención y concentración, disminución de goce en sus áreas afectivas, laborativas y vida de relación. Señaló que no es posible delimitar el efecto concreto del evento de autos respecto de otros similares ocurridos con posterioridad y recientes en el tiempo (la muerte de sus hermanos), que en todo caso producirían los mismos efectos y sería en la singularidad de cada quién el grado de dolor en que lo afecte por la pérdida de alguno de los seres queridos, sea el padre o los hermanos (ver asimismo fs.383/384).

Consideró que resulta muy difícil fragmentar y determinar con exactitud lo que corresponde, si así fuera un duelo por la muerte de su padre ocurrida en 2008 de las restantes pérdidas que han sufrido los actores y que han sido mas cercanas a la fecha del informe. Reafirmó que no se halló daño psíquico en los reclamantes.

Por lo expuesto, considero que corresponde confirmar el rechazo de esta partida indemnizatoria, lo que así propondré al acuerdo. b.- Daño moral Los accionantes reclamaron una indemnización de $ 150.000 por este rubro y el juez otorgó la suma de $ 40.000 para cada uno de ellos.

Los reclamantes se agravian por considerar exigua la suma, mientras que la citada en garantía -con adhesión de la demandada- lo hace por entender que es elevado.

De conformidad con el art. 1078 del Código Civil, considero que se trata de un daño resarcible, ya que no tiende a sancionar al autor del hecho, sino a reparar los padecimientos físicos y morales que debió soportar el damnificado como consecuencia del accidente, procurándole una satisfacción o compensación.

No es fácil traducir en una suma de dinero la valoración de los dolores, sufrimientos, molestias, angustias, incertidumbres o temores padecidos por la víctima. Sólo ella puede saber cuánto sufrió, pues están en juego sus vivencias personales.

Para estimar pecuniariamente la reparación del daño moral falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas (Conf. Orgaz, Alfredo, «El daño resarcible», pág. l87; Brebbia, Roberto, «El daño moral», Nº ll6; Mosset Iturraspe, Jorge, «Reparación del dolor: solución jurídica y de equidad», en L.L.l978-D-648).

Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar del reclamante, puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen en daño (Conf. Fischer, Hans A., «Los daños civiles y su reparación», pág. 228).

En ese orden de ideas, no tengo dudas que las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del Sr. L. F. causó en sus hijos profundos sentimientos de impotencia, angustia y desazón que deben ser resarcidos, no sólo por lo que significa la pérdida de un padre, sino, reitero, por la especial situación que tuvieron que atravesar debido a las circunstancias en que se produjo su deceso. Por ello, en atención a las facultades que me confiere el art. 165 del Código Procesal, considero que la suma otorgada debe elevarse a la de $ 80.000 para cada uno de ellos, lo que así habré de proponer al acuerdo.

X.- Las costas de alzada se imponen a la demandada y a la citada en garantía (art. 68 del C.P.C.C.).

XI.- Por todo ello, si mi voto fuera compartido, propongo al acuerdo de mis distinguidos colegas que se modifique la sentencia apelada, elevando el monto otorgado por daño moral a la suma de $80.000 para cada uno de los actores y confirmarla en todo lo demás que decide y fue objeto de apelación y agravios, con costas de Alzada conforme surge del considerando X.- El Dr. Kiper y la Dra. Abreut de Begher, por las consideraciones expuestas por el Dr. Fajre, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores jueces por ante mi, que doy fe.

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide:I.- Modificar la sentencia apelada, elevando el monto otorgado por daño moral a la suma de $80.000 para cada uno de los actores y confirmarla en todo lo demás que decide y fue objeto de apelación y agravios, con costas de Alzada conforme surge del considerando X.-

II.- En atención a lo resuelto en el presente pronunciamiento y a lo previsto por el art. 279 del CPCCN y el art. 30 segundo párrafo de la ley 27.423, corresponde adecuar de oficio los honorarios regulados en la anterior instancia de conformidad con el resultado obtenido.

En lo que se refiere al marco legal aplicable, este Tribunal considera que la ley 21.839 resulta aplicable a las dos primeras etapas del presente proceso, en atención al momento en el cual tuvieron principio de ejecución, mientras que la tercera etapa se desarrolló íntegramente bajo la vigencia de la nueva ley 27.423. En consecuencia, dichas normas serán las que regirán la presente regulación para las etapas pertinentes (cfr. CSJN, 04-09-2018, «Establecimientos Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa , cons. 3°; íd. esta Sala, «Urgel Paola Carolina c/1817 New 1817 S.A s/daños y perjuicios» del 06/06/2018; y 27/09/2018, «Pugliese, Paola Daniela c/Chouri, Liliana Beatriz y otro s/ds. y ps.»).

Por lo demás, este Tribunal ya consideraba que la base regulatoria que contempla el art. 19 de la ley 21.839 se encontraba conformada por el capital de condena y los intereses reclamados y reconocidos en la sentencia (autos «Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sumas de dinero» del 27/09/11), postura que encuentra su correlato de manera expresa en la nueva ley (art. 24). También resultan similares ambas normas en la división en etapas del proceso ordinario (arts. 37 y 38 de la ley derogada, art.29 de la vigente), al igual que las pautas subjetivas a fin de evaluar la tarea profesional en cada caso particular con la finalidad de lograr una justa retribución de la labor efectivamente desplegada por los letrados (y los auxiliares de justicia que son incluidos en la nueva norma) (art. 6 de la ley 21.839 -to. ley 24.432- y art. 16 incs. b a g) de la ley 27.423).

En definitiva, se valorará el objeto de las presentes actuaciones y el interés económicamente comprometido resultante del capital de condena y sus intereses, la naturaleza del proceso y su resultado, etapas procesales cumplidas por cada uno de los beneficiarios y el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 10, 19, 33, 37, 38 y cctes. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432, y arts. 1, 3, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 52 y cctes. de la ley 27.423-.

En consecuencia, regúlanse los honorarios de la letrada apoderada de la parte actora, Dra. María Eugenia Labombarda en la suma de pesos .($ .) por su actuación en las dos primeras etapas del proceso y en la suma de pesos .($ .) -.UMA s/ Ac. 12/21 CSJN- por las tareas realizadas en la tercera etapa.

Los de la Dra. Laura Tages letrada apoderada de Obra Social del Personal Marítimo, en la suma de pesos.($ .), por su actuación en la primera y segunda etapa del proceso.

Los del Dr. Pedro Maximiliano Chaumont, letrado apoderado del codemandado Instituto de Maternidad y Cirugía S.A., en la suma de pesos.($ .), por su actuación en las dos primeras etapas del proceso.

Los del Dr. Alejandro Alberto Camaño, letrado apoderado de la citada en garantía en la suma de pesos .($ .) por su actuación en la primera y segunda etapa del proceso.

III.En cuanto a los honorarios de los peritos, se tendrá en consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, la entidad de las cuestiones sometidas a sus dictámenes, mérito, calidad y extensión de las tareas, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 478 del CPCC).

Bajo tales pautas se fijan los emolumentos de los peritos: médico Dr. H. Marcelo Battaglia, psicólogo Lic. Juan Pablo Capdevielle y contadora María del Carmen Ristagno en la suma de pesos.($ .), para cada uno de ellos.

Respecto de la mediadora, Dra. Gabriela A. Anselmo, este Tribunal entiende, que debe aplicarse la normativa vigente al momento de la regulación (cfr. autos «Brascon, Martha Grizet Clementina c. Almafuerte S.A. s/ds. y ps.», del 25/10/2013, Exp. 6618/2007, en igual sentido, «Olivera, Sabrina Victoria c/ Suárez, Matías Daniel y otro s/daños y perjuicios», del 1/03/2016, Exp. 9.288/2015, ambos de esta Sala).

En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto 414/21, Anexo I, art. 2°, inc. g) -según valor UHOM desde el 1/6/21-, se establece el honorario en la suma de pesos.($ .).

IV. Por la actuación cumplida ante esta alzada, que culminara con el dictado del presente pronunciamiento, los honorarios se regularán bajo las disposiciones de la ley 27.423 por ser la vigente al momento que se desarrolló la tarea profesional.

En razón de ello, se regulan los honorarios de la Dra. María Eugenia Labombarda en la suma de pesos . ($ .), equivalente a la cantidad de .UMA. Los del Dr. Alejandro Alberto Camaño en la suma de pesos.($ .), equivalente a la cantidad de .UMA, (Art. 30, ley 27.423 y valor de UMA conforme Ac. 12/21 CSJN).

Se aclara que únicamente se hace referencia a la cantidad de UMA correspondientes en el caso en que resulta aplicable la nueva ley. Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (Conf. AC. 15/13), notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

José Benito Fajre

Liliana Abreut de Begher

Claudio M. Kiper.

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