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#Fallos Derecho a la identidad y a ser oído: Se admitió el pedido tendiente a colocar en primer lugar el apellido materno y en segundo el paterno al ser el niño conocido así en su entorno social, amical y familiar

Partes: E. G. D. V. c/ C. E. s/ abreviado

Tribunal: Juzgado Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín

Sala/Juzgado: I

Fecha: 12-ago-2021

Cita: MJ-JU-M-134354-AR | MJJ134354 | MJJ134354

Interés superior del niño y derecho a la identidad: se admitió el pedido tendiente a colocar en primer término el apellido materno y en segundo lugar el paterno, teniendo en cuenta que el menor expresó que así era conocido en su entorno social, amical y familiar.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda tendiente a colocar el apellido materno de un niño en primer término y en segundo lugar el paterno, si el menor, ratificando lo expresado en la demanda, manifestó en la audiencia personal celebrada para escucharlo que así es conocido y reconocido en su entorno social, amical y familiar, sin sentir como propio el apellido de su padre, con quien no tiene contacto y fue declarado rebelde, por lo que tal solución es la que mejor se ajusta al interés superior del niño, al traducirse en el pleno ejercicio del derecho al nombre, máxime si se toma en consideración que se trata de un cambio en el orden de los apellidos y no de la supresión del paterno.

2.-Los niños, niñas y adolescentes tienen pleno derecho a participar y expresar su opinión libremente en los asuntos que les conciernen, así como a que el tribunal tenga en cuenta dichas opiniones conforme a su madurez y desarrollo, tratándose éste de un Derecho Humano y de raigambre constitucional, ya que el Art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño -incorporado a la Constitución Nacional en su Art. 75, Inc, 22 – ordena a los Estados Partes garantizar al niño en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión con libertad en todos los asuntos que lo afecten y a que tal opinión se tenga en cuenta en función de su edad y madurez, debiendo darse al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la Ley nacional, a lo que se añade que los arts. 2° de la Ley Nacional 26.061 y 27 de la Ley 9944 de la Provincia de Córdoba se expresan en un sentido similar.

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3.-Si bien los jueces no tienen la obligación o mandato imperativo de seguir puntillosamente las pretensiones del niño, a medida que éste crece y tiene -como sujeto de Derecho- planteamientos racionales y ajustados a la Ley; tales pretensiones deben ser tomadas como una guía válida de su accionar si se pretende actuar con equidad y Justicia.

4.-Debe admitirse la demanda ordenada a colocar el apellido materno de un niño en primer término y en segundo lugar el paterno, si en la audiencia personal tendiente a escucharlo, ratificando lo expresado en la demanda, manifestó que así es conocido y reconocido en su entorno social, amical y familiar, sin sentir como propio el apellido de su progenitor, resultando indubitable que el interés superior del niño se debe traducir en una sentencia que haga lugar al pedido formulado por tratarse, el derecho al nombre y a la identidad, de derechos inalienables -arts. 8.1 , Convención sobre los Derechos del Niño; y 11 , Ley nacional 26.061-.

5.-El principio según el cual el niño tiene derecho a una protección especial de modo que, ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de aquél tenga prioridad sobre cualquier otra circunstancia, ha sido contemplado en el art. 706, inciso c) del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto dispone que la decisión que se dicte en los procesos en que estén involucrados niños, niñas o adolescentes debe tener en cuenta su interés superior, mientras que el art. 3º de la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entiende que ese interés superior está dado por la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en ella.

6.-Tratándose de cuestiones de Derecho de familia no patrimoniales -en la especie, se solicitó el cambio en el orden de los apellidos paterno y materno de un niño-, deben imponerse las costas en el orden causado y no con fundamento en el principio objetivo de la derrota, pues la intervención del juez es una carga común necesaria para componer las diferencias entre las partes, atribuyéndoselas exclusivamente a una de las partes sólo en caso de conductas procesales reprochables.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

COSQUIN, 12/08/2021. Y VISTOS: estos autos caratulados

«E., G. D. V. c/ C., E. – ABREVIADO»,

(Expte. _) iniciados con fecha 01/08/2018, de los que resulta:

I. Que a fs. 1/2 compareció la Sra. G. D. V. E., DNI 36.356.584, con el patrocinio letrado del Dr. Javier A. Schvartzman (MP 1-35767), e inició demanda con la pretensión de cambiar el orden en el apellido de su hijo S., requiriendo que se nomine primero el apellido materno.

I.A. Relató que su hijo S. nació el 20 de Mayo de 2011 y con posterioridad el Sr. Sergio E. C. reconoció la filiación paterna mediante acto voluntario ante la oficina de Registro Civil. Adjuntó el acta de nacimiento del niño donde consta su nombre como S. E. y una anotación marginal en la que consta el citado reconocimiento del Sr. E. C. Continúa refiriendo la compareciente que al niño se lo conoce con el apellido E. porque desde un inicio fue inscripto y llamado así.

I.B. Agrega que S. hace muchos años que no tiene contacto con su padre, lo que da cuenta de ello también el inicio de las actuaciones que denuncia que tramitan en los autos caratulados: «E., G. D. V. c/C. E. – JUICIO DE ALIMENTOS – REG. COMUNICACIONAL» (Expte 7317309). Indicó que el niño S.

es reconocido por su entorno familiar, social y educativo con el apellido E. Manifestó su interés y necesidad de renovar la documentación del niño y que mantenga en primer orden el apellido materno, es decir E., en vez de C.

II. Con fecha 31/08/2018 (f. 13) el tribunal imprimió trámite de juicio abreviado.

III. A fs. 14 luce glosada la cedula de notificación del decreto de tramite debidamente diligenciada al demandado. El tribunal a fs. 15 certifica conforme al art. 509 CPCC que se ha vencido el término sin que el demandado haya comparecido y opuesto excepción alguna al progreso de la acción.

IV. A fs.16 la Sra. Asesora letrada, Dra. Laura Huberman, toma intervención y contesta traslado.

V. Con fecha 12/11/2018, el tribunal decreta la prueba ofrecida. Diligenciada la prueba a fs. 23/26 y acreditada la publicación de edictos. A f. 31 el tribunal certifica el vencimiento del periodo probatorio. Se corre vista final al Ministerio Publico Pupilar y al Registro Civil y Capacidad de las Personas.

VI. Evacuada la vista por parte de la Asesora Letrada, donde manifiesta que atento a la normativa del CCCN, art. 64 y la Convención sobre Derechos del Niño, art. 3, y por las constancias de la causa, esto es demandado rebelde, debe hacerse lugar a la demanda.

VII. A fs. 46 Toma intervención y contesta la vista el Registro Civil y Capacidad de las Personas declarando que los intereses expuestos en la causa superan la órbita de apreciación de tal institución y dejan a al criterio del juez tal valoración. Dictado el decreto de autos a f. 51, quedó la causa en estado de dictar resolución. Pasado los presentes a resolver, se dicta medida para mejor proveer con fecha 22/10/2020, fijando audiencia para escuchar al niño por decreto de fecha 22/10/2020, además de solicitar que la parte acompañe documental en original y se oficie a la institución educativa. Cumplimentado el decreto referenciado, queda la causa en condiciones de dictar sentencia. Y CONSIDERANDO:

I. Compendio de la Litis. La actora Sra. G. D. V. E., actuando en representación de su hijo S., inicia acción sumaria de cambio de orden en el apellido del niño. Requirió se otorgue el apellido materno previo al paterno, ya que necesita renovar la documentación de su hijo y que el S. es reconocido como de apellido E. El demandado no compareció, no contestó demanda, ni opuso excepciones al progreso de la acción, pese a estar debidamente notificado. En esos términos queda circunscripto el thema decidendum.

II. El trámite: La pretensión que entabla la Sra. G. D. V.E., es encuadrada bajo el procedimiento de juicio abreviado, art. 507 CPCC (ver f. 13) en consonancia con lo establecido en el art. 70 CCC, que establece que el procedimiento para cambio de prenombre y apellido deben tramitar por el procedimiento más abreviado que prevea la ley local, con las particularidades referidas en la norma de fondo. Con lo que establecido el decreto de trámite e identificado el polo pasivo es citado el demandado a comparecer, contestar y ofrecer prueba. Pese a haberlo notificado debidamente y haberse publicado edictos, el Sr. E. C. no comparece y – conforme certificado de f. 15- la causa queda en instancia de diligenciamiento de la prueba ofrecida.

III. Análisis y mérito de la prueba rendida en autos. A partir de la f. 23 constan en autos las actas correspondientes a las audiencias testimoniales, donde los testigos afirman que el niño contesta a la pregunta de «¿cómo te llamas?» con la respuesta de «S. E.». Así lo declara la Sra. Natalia Moya, quien conoce al niño y afirma que bajo aquella pregunta, él responde: «S. E.» y que todos en la escuela y en sus clases de karate lo llaman con ese apellido.

IV. El derecho de los NNA a ser oídos y su Interés Superior. El derecho a ser oído por parte de los niños en las causas en las que son parte es de raigambre constitucional. En efecto, el art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño (incorporado a nuestra Constitución Nacional con idéntica jerarquía al propio texto constitucional a partir de la sanción de su art. 75, inc. 22) expresa: «1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2.Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.». En similares términos se expresan las normas reglamentarias federal (art. 2° de la Ley Nacional n.° 26.061) y provincial (art. 27 de la Ley n.° 9944).

De tal manera, los niños, niñas y adolescentes tienen pleno derecho a participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernen y que el tribunal tenga en cuenta dichas opiniones conforme a su madurez y desarrollo. Se trata, a no dudarlo, de un Derecho Humano, de una garantía constitucional.

IV.A. En audiencia personal que tomó el suscripto con el niño en presencia de la representante del Ministerio Público Pupilar, S. manifestó con claridad y contundencia que quiere llevar el apellido «E.» por ser así conocido y reconocido por su entorno familiar, amical y social. Dijo que no siente como propio el apellido de su progenitor y que por ello él prefiere llevar el apellido de su madre.

IV.B. Si bien los jueces no tenemos la obligación o mandato imperativo de seguir puntillosamente las pretensiones del niño, a medida que crecen y tienen -como sujetos de derecho- planteamientos racionales y ajustados a la ley; deben ser tomados como una guía válida de nuestro accionar si es que pretendemos actuar con equidad y justicia. En este contexto, soy de la idea que resulta justo acceder al pedido formulado por la compareciente, más aún cuando nuestro accionar debe tener como paradigma el Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes.

IV.C. Respecto al Interés Superior de los NNA, la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho:»Que el Tribunal ha señalado en reiteradas ocasiones que la consideración del interés de los menores de edad debe orientar y condicionar toda decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos, incluyendo a esta Corte Suprema (Fallos: 318:1269 , especialmente considerando 10), a la cual, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde aplicar -en la medida de su jurisdicción- los tratados internacionales a los que nuestro país está vinculado, con la preeminencia que la Constitución les otorga (art. 75, inc. 22, Ley Fundamental). El niño tiene pues, derecho a una protección especial cuya tutela debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial, de modo que, ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de los niños debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en cada caso concreto (conf. doctrina de Fallos: 328:2870 ; 331:2047 ).

8°) Que dicho principio también ha sido contemplado en el art. 706, inc. c, del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto dispone que la decisión que se dicte en los procesos en que estén involucrados niños, niñas o adolescentes debe tener en cuenta su interés superior. A su vez, la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su art. 3°, entiende por interés superior de los niños la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías. reconocidos en ella, debiéndose respetar:a) su condición de sujeto de derecho; b) el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; c) el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; d) su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; e) el equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común; y f) su centro de vida, entendiendo por tal el lugar donde hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.» (CSJN, 27/11/2018 in re «S., M. A. s/ art. 19 de la C.I.D.N.». El destacado en negrita me pertenece. Cita on line: https://sj.csjn.gov.ar/sj/verdoc.do?method=verDocumento ).

IV.C.1. En este caso concreto, resulta indubitable que el Interés Superior de S. se debe traducir en una sentencia que haga lugar a su pedido, por tratarse el Derecho al nombre y a su identidad de der echos inalienables, del pleno ejercicio de su tutela judicial efectiva.

Esto encuadra la decisión a adoptarse dentro de la órbita de los Derechos a la Identidad y a la Vida en familia que tienen jerarquía convencional y constitucional, a más de estar consagradas en la legislación aplicable. Recordemos que el Derecho a la Identidad (que incluye el Derecho al nombre) está garantizado por el art. 8.1 de la CDN que expresa: «Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas» y por el art. 11 de la Ley nacional n.° 26.061 que reza:»Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los arts. 327 y 328 del Código Civil. Los organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información, de los padres u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley. [.]».

IV.C.2. Analizando la importancia y el valor que nuestro ordenamiento jurídico le da al nombre (en sentido amplio), concluimos que se trata de un derecho personalísimo. El nombre está compuesto de dos elementos: el primero el prenombre o nombre de pila, elemento individual que identifica a cada sujeto y el segundo el apellido, que es el elemento familiar, común a todos los miembros de un grupo familiar y que es utilizado para identificar la relación filiar. Éste tiene una faz pública en relación al individuo-Estado y la conformación del propio ser. Según surge del actual Código Civil y Comercial de la Nación toda persona tiene derecho a usar el prenombre y el apellido que le corresponda (art. 62), entendiéndose este último en función del grupo familiar.Así, en el caso sub examen, el niño fue reconocido con posterioridad a su nacimiento por el padre (nació en mayo del 2011 y fue reconocido en julio del mismo año, según acta de f. 10) y esta situación es la prevista por el CCC en su art. 64 último supuesto, cuando expresa «el hijo extramatrimonial [.] si la segunda filiación se determina después, los padres acuerdan el orden; a falta de acuerdo, el juez dispone el orden de los apellidos, según el interés superior del niño»

IV.D. Así, a modo de conclusión, el Interés Superior de S. en estos autos se debe traducir en el pleno ejercicio del derecho a elegir su apellido y por ello debe prosperar la demanda, más aún tomando en consideración que aquí se trata de un cambio en el orden de los apellidos, manteniendo el materno en primer lugar y el paterno en segundo lugar y no una supresión del paterno.

Teniendo como norte en esta decisión el interés superior del niño que me fue puesto de manifiesto tanto en la petición inicial como así también lo exteriorizó activamente en la audiencia personal dispuesta a los fines de escucharlo, entiendo que luce razonable alterar el orden de los mismos y mantener el apellido materno en primer lugar y el paterno en segundo lugar; es decir el niño debe ser inscripto y llevar el nombre de S. E. C.

V. Costas.

 

No obstante lo expuesto debo pronunciarme sobre la imposición causídica. Debido a la naturaleza de las cuestiones debatidas en autos, referidas al nombre del niño, la doctrina y jurisprudencia han considerado que no puede considerarse que existe un «triunfo» de una posición respecto la otra:»Tratándose de cuestiones de derecho de familia no patrimoniales, se observa un criterio uniforme de no imponer las costas con fundamento en el principio objetivo de la derrota, pues la intervención del juez es una carga común necesaria para componer las diferencias entre las partes» (cita a Úrsula Basset en «Costas judiciales en la Provincia de Córdoba» Dir. Maximiliano R. Calderón, Advocatus, 2019, p. 499 y ss.).

Así, debido a Entendiéndose que corresponde imponer costas exclusivamente a una de las partes en caso de conductas procesales reprochables. A mérito de lo expuesto entiendo que corresponde imponer las costas por el orden causado, atento a la naturaleza de la causa y las peculiaridades que ha demostrado.

VI. Honorarios. No se regulan honorarios profesionales, conforme lo prescrito por el art. 26 en sentido contrario de la Ley Arancelaria.

Por lo expuesto, las citas legales y jurisprudenciales reseñadas RESUELVO:1) Hacer lugar a la presente acción promovida por la Sra. G. D. V. E., DNI . en contra del Sr. Sergio E. C., DNI . 2) Ordenar la inscripción de S., anteponiendo el apellido materno y luego el paterno, en consecuencia, quedando nombrado el niño como S. E. C., DNI 50.741.852. 3) Oficiar al Registro Civil y Capacidad de las Personas a los efectos de que se emita nuevo DNI. 4) Imponer las costas por el orden causado. 5) No regular honorarios al Dr. Javier A. Schvartzman (MP 1-35767), Protocolícese, hágase saber y dese copia.

Texto Firmado digitalmente por: MACHADO Carlos Fernando

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.08.12

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