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#Fallos Jubilaciones: Inviabilidad de la acción colectiva interpuesta por una persona que reclama descuentos indebidos en las cuentas de jubilados y pensionados

Partes: Díaz María Carlota c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires S.A. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes

Sala/Juzgado: I

Fecha: 14-jul-2021

Cita: MJ-JU-M-133810-AR | MJJ133810 | MJJ133810

Inviabilidad de la acción colectiva interpuesta por una persona que reclama descuentos indebidos en las cuentas de jubilados y pensionados.

Sumario:

1.-El amparo colectivo es inviable, ya que no surge del todo claro un hecho o causa común, pues no cualquier vulneración masiva de derechos divisibles es pasible de ser traída a la justicia en forma colectiva, sino sólo aquéllas que provienen de una fuente causal unívoca o que comparten los fundamentos jurídicos centrales que determinarán su mérito; en el caso, se reclama por supuestos descuentos indebidos o ilícitos por parte de la codemandada en cuentas de jubilados o pensionados, ello sin mayores precisiones sobre la operatoria, las cuentas que estarían afectadas ni sobre sus titulares, tampoco se trata de un descuento único y uniforme determinado con exactitud, ni siquiera surge que se trata de una operatoria idéntica en todos los casos.

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2.-Corresponde desestimar el amparo colectivo, dado que no se llega a visualizar que la cuestión común prevalezca sobre la particular de manera tal que la solución colectiva constituya el instrumento más adecuado y eficiente para resolver la contienda.

3.-No se justifica en manera alguna la acción colectiva, dado que no se trata en el caso ni de la inconstitucionalidad de una norma, o de cláusulas insertas en contratos tipos o de cobro de conceptos uniformes; debe agregarse que se pretende no solo la devolución de montos ilícitamente descontados sino también la reparación del daño moral para cada uno de los individuos afectados, daño que como es sabido es personalísimo y puede variar según cada damnificado.

4.-El colectivo cuya representación se intenta no se encuentra identificado, ya que se pretende la representación de todas las personas integrantes del sistema de jubilaciones argentino al que se le hayan efectuado descuentos que no correspondan; tal es la generalidad e imprecisión con la que se intenta llevar adelante la representación colectiva invocada.

Fallo:

En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Julio de 2021, se reúnen en Acuerdo continuo (Res. SCBA 480/20 y complementarias sobre COVID-19 y Res. del Presidente de esta Sala nro. 28/4/2020) los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y TOMAS MARTIN ETCHEGARAY, en virtud de lo resuelto en el Ac. Extraordinario del 05/07/2021, con la intervención de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-118432, en los autos: «DIAZ MARIA CARLOTA C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)».-

La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-

1ª.) ¿Es justa la resolución apelada?

2ª.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar? Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio A. ibarlucía y Tomás M. Etchegaray.

VOTACION

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:

I.- Vienen estos autos a consideración de esta Sala para resolver el recurso interpuesto contra la resolución del 15/9/2020 mediante la cual se rechaza la pretensión de accionar colectivamente, sin costas por no haber mediado sustanciación.

II.- Antecedentes:

1.- La sra. María Carlota Díaz inicia la presente demanda de daños y perjuicios contra Smart Cash S.A. y contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Aclara que contra Smart Cash S.A. promueve la acción por su propio derecho y también en representación de todo un colectivo afectado.Dice que dicho colectivo está constituido por todos los jubilados y/o pensionados del régimen SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino, ley 26.425, que dispuso la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público SIPA, financiado a través de un sistema solidario de reparto y eliminó el régimen de capitalización) a los que la codemandada SMART CASH S.A. les haya realizado débitos en forma indebida.

Dice que la demanda se entabla en el marco de protección a los derechos de los consumidores y usuarios en los términos de los arts. 42 y 43 C.N., art. 38 Const. Pcial., arts. 52 y 54 ley 24.240 (L.D.C.) y arts. 24, 25 y 26 de la ley provincial 13.133.

Destaca que procura proteger derechos de incidencia colectiva y que se encuentran cumplidos en el caso los tres recaudos exigidos por la C.S.J.N en el precedente «Halabi» (Fallos 332:111), cuyos conceptos fueron reiterados en el precedente «PADEC» del 21/8/2013.

Con relación a los elementos establecidos por la doctrina emanada del fallo «Halabi» afirma que el primer elemento (existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales) está configurado dado que existen una serie de hechos complejos susceptibles de ocasionar una lesión a los derechos de una pluralidad de sujetos. Expresa que dichos hechos han sido llevados deliberadamente a cabo por SMART CASH S.A. y consisten, fundamentalmente, en debitar de las cuentas de los jubilados y/o pensionados sumas de dinero sin autorización ni contrato alguno con los titulares de las cuentas.Continúa diciendo que resulta dudosa la forma en que se han obtenido los datos del CBU de las cuentas.

Con respecto al segundo elemento (la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar, como ocurre en los casos en que hay hechos que dañan a dos o más personas y que pueden motivar acciones individuales, de manera que la existencia de causa no se configura con el daño diferenciado de cada sujeto sino con los elementos homogénos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho.), también considera que está presente.

Dice que el hecho complejo ya mencionado provoca efectos comunes y una afectación análoga en todos los jubilados y pensionados del régimen SIPA que han sido afectados por las maniobras desplegadas por SMART CASH S.A. en todo el país.

Por último, dice que el tercer elemento se encuentra cumplido porque se trata de un supuesto de protección de los derechos de defensa del consumidor y de los adultos mayores jubilados y/o pensionados, lo que pone en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección. Recuerda que la Resolución 139/2020 considera consumidores hipervulnerables a las personas mayores de 70 años y a las personas en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Concluye que estamos en presencia de un supuesto de legitimación expandida y solicita que la sentencia que se dicte goce de una fuerza expansiva subjetiva.

Cita la causa «Lopez» (C 91.756) de la S.C.B.A.y resalta que el caso aquí planteado -restitución de débitos indebidos- concierne de modo individual o divisible a una pluralidad relevante de sujetos; que la lesión denunciada proviene de un origen común -la realización de débitos unilaterales por conceptos ilegales que no fueron autorizados ni contratados-, y que las características del caso demuestran la imposibilidad práctica o manifiestamente inconveniente de tramitar la controversia a través de un proceso clásico.

Entiende que el rechazo de la legitimación colectiva de esta controversia podría ocasionar multiplicidad de reclamos, indefensión de afectados, peligro de sentencias contradictorias respecto de una misma serie de causas.

Por otra parte, dice que este proceso no es de amparo sino de conocimiento (solicita que se tramite como sumarísimo) y vuelve a citar el caso de la S.C.B.A «López» a fin de justificar que la extensión de la legitimación grupal no se acota al estrecho margen de la acción de amparo sino que es pasible de ser aplicada a otros procesos. Agrega que el criterio amplio en cuanto a los alcances de la legitimación colectiva (es decir, entendiéndola como no ceñida exclusivamente a la órbita del amparo) ha sido reconocido incluso por la Corte Federal (v. Fallos: 320:690, en el ámbito de la acción declarativa; y Fallos: 328:1146 , habilitando que la garantía de habeas corpus sea ejercida de modo grupal).

Refiere que existen multiplicidad de casos similares al presente. Solicita que se admita la representación colectiva y que se ordene la inscripción de la presente en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva en los términos de la Acordada de la S.C.B.A. 3660/2017.- Finalmente, respecto de la correcta identificación del grupo colectivo afectado, (conforme se señala en «Halabi» y en «Padec»), expresa que como la clase es tan numerosa, en este estado del proceso resulta prácticamente imposible determinar fehacientemente y de manera certera a los sujetos que la integran.Sin embargo, considera que el colectivo será identificable luego de producida la prueba y en este orden de ideas, recuerda lo previsto por el art. 53 L.D.C. y dice que la prueba debe ser aportada por la demandada

A su vez indica cómo, a su criterio, debería ponerse en conocimiento la presente acción a todos los que eventualmente pudieran formar el colectivo.

Solicita que al dictar sentencia: 1) se ordene a las demandadas que se abstengan de realizar y/o permitir la realización de débitos por parte de la firma SMART CASH S.A., por cualquier causa o concepto, sobre la cuenta que posee en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal General Rodriguez; 2) se ordene a la demandada SMART CASH S.A. que se abstenga de realizar y/o permitir la realización de débitos, por cualquier causa o concepto, sobre las cuentas donde perciben sus jubilaciones y/o pensiones todos los jubilados y/o pensionados del régimen SIPA que no hayan contratado con la demandada ni tampoco hayan prestado su expresa voluntad para ello; 3) se condene a la demandada SMART CASH S.A. a restituir a su parte y a todos los jubilados y/o pensionados del régimen SIPA a los que alcance la presente acción, todas las sumas que ilegal e indebidamente hayan sido debitadas de sus cuentas bancarias donde perciben sus jubilaciones y/o pensiones, las cuales serán determinadas en la etapa probatoria, con más los intereses calculados desde que se haya efectuado cada débito, teniendo en cuenta la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia para sus operaciones de descuento a 30 días, capitalizables trimestralmente desde la fecha de notificación de la demanda; en el caso particular de su parte, solicita que se condene solidariamente al BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S.A.; 4) se condene a la demandada SMART CASH S.A.a abonar en concepto de daño moral ocasionado a su parte y a cada uno de los jubilados y/o pensionados del régimen SIPA a los que alcance la presente acción, la suma de $ 100.000 para cada uno o lo que en más o en menos surja de la prueba a rendirse, con más los intereses conforme tasa activa; en el caso particular de su parte, solicita que se condene solidariamente al BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S.A.; 5) se condene a la accionada SMART CASH S.A. a abonar a su parte y a cada uno de los jubilados y/o pensionados del régimen SIPA a los que alcance la presente acción, la multa civil establecida en el art. 52 bis L.D.C. (la estima en la suma de $ 200.000) para cada uno o lo que en más o en menos surja de la prueba a rendirse, con más los intereses conforme tasa activa; en el caso particular de su parte, solicita que se condene solidariamente al BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S.A.; 6) se apliquen las costas a las demandadas.

Solicita el beneficio de gratuidad establecido en el art. 53 L.D.C y art. 25 la ley provincial 13.331. Pide la intervención del Ministerio Público en los términos del art. 27 de la ley provincial antes citada. Ofrece prueba, entre otras, solicita la remisión de la denuncia penal iniciada contra la demandada por parte de la Subsecretaría de Acciones para la De fensa de las y los Consumidores dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

2.- Previo a decidir, el juez confiere vista al Ministerio Público Fiscal.La agente fiscal expresa que el vínculo que se establece entre las partes constituye una típica relación de consumo y que se impone otorgar a los sujetos consumidores y usuarios intervinientes todas las facultades y oportunidades procesales, de conformidad con lo normado en el C.P.C.C. y con los principios y estándares rectores previstos en la L.D.C., el C.C.C. y la C.N.

3.- Como se dijo antes, el magistrado, rechaza la pretensión de accionar colectivamente. Para decidir de esta manera, fundamentalmente, se refiere al objeto de este juicio. Luego, dice que, a partir de la causa «Halabi», la C.S.J.N. deja establecida la plena operatividad de los procesos colectivos a pesar de la falta de reglamentación; se refiere a los requisitos de procedencia o admisibilidad que la Corte Federal establece para la acción colectiva en el fallo mencionado y en otros que cita.

A su vez, el juez expresa que la C.S.J.N. en ejercicio de su competencia administrativa refleja requisitos y pautas de trámite previamente definidos jurisprudencialmente en distintos reglamentos de alcance general como las Acordadas Nro. 32/2014, y Nro. 12/2016.Dice que si bien dicha reglamentación administrativa no tiene aplicabilidad directa en la provincia, la misma exige a los jueces resolver la admisibilidad del proceso colectivo antes de anotarlos en el Registro y, por lo tanto, antes de comenzar a sustanciar la discusión de fondo.

Sentado lo anterior, puntualiza que se requiere que el accionante identifique en forma precisa al colectivo afectado y que en estos autos se pretende representar una clase global que comprende a todos los jubilados dentro del régimen SIPA que hayan sufrido descuentos indebidos en sus cuentas bancarias por motivo de servicios no contratados; que la definición de la clase es crítica para que las acciones colectivas puedan cumplir adecuadamente con su objetivo y que ello no surge claro de la demanda, circunstancia que lo pone en una situación de tener que escrutar el universo de los pensionados y jubilados que integran el régimen SIPA y el volumen y cantidad de las operaciones que podrían haber sido realizadas en el marco del abuso denunciado.Considera que dicho universo resulta excesivamente vasto y heterogéneo y, además, presenta singularidades que impiden resolver la cuestión de la competencia planteada útilmente y con efecto expansivo, en el marco de un único proceso que tramite por ante un Juzgado de la Provincia de Buenos Aires, con competencia en Moreno y General Rodríguez.

Se explaya sobre eventuales abusos y sobre las dificultades que presenta una sentencia con efecto vinculante para quienes no son parte y sobre la determinación de la clase.

Por último, dice el sentenciante que de acuerdo a la demanda, en estos autos se reclama el cese de una conducta que lesiona los intereses de los usuarios pero además la reparación de los daños causados y que los daños constituyen derechos individuales y divisibles de sus titulares con pretensiones resarcitorias también individuales, que deben analizarse caso por caso conforme la situación de cada afectado.

Concluye que la actora no ha acreditado legitimación para promover una acción colectiva como la deducida.

4.- El apelante en su memorial, por las razones a las que cabe remitirse por razones de brevedad, solicita que se revoque la resolución apelada en su totalidad y que se haga lugar a la representación de todo el colectivo afectado: todos los jubilados y/o pensionados del régimen SIPA a los que la demandada SMART CASH S.A. le haya realizado débitos en forma indebida. En muy breve síntesis, dice que el colectivo afectado ha sido debidamente identificado y que se ha ofrecido prueba idónea para su determinación. Especialmente, se refiere a la prueba relativa al sumario administrativo y a la denuncia penal efectuada por la Subsecretaría de Defensa de los Consumidores. También expresa que con la documentación en poder de la demandada SMART CASH S.A. podrá identificarse el colectivo afectado. Si bien a continuación dice que no resultará sencillo la determinación fehaciente de dicho colectivo, afirma que el rechazo de la legitimación colectiva implicará la indefensión de los afectados a la vez que se fomentará la impunidad.Indica el universo de personas afectadas puede ser vasto y heterogéneo al inicio pero ello se despejará una vez producida la prueba. Insiste en que se encuentran reunidos los requisitos para la procedencia de la acción colectiva.

5.- Esta Sala da vista a la Fiscalía de Cámaras del Departamento Judicial Moreno- General Rodríguez en dos oportunidades. La segunda de ellas a fin de que se pronuncie concretamente sobre la representación colectiva pretendida dado lo previsto en el art. 27 de la ley 13.133.

En ambas oportunidades, el Ministerio público contesta de igual manera que lo ya dictaminado en primera instancia. Es decir, dictamina que el vínculo que se establece entre las partes constituye una típica relación de consumo y que se impone otorgar a los sujetos consumidores y usuarios intervinientes todas las facultades y oportunidades procesales, sin expedirse sobre la representación colectiva invocada.

III.- Se adelanta que el recurso no prospera.

Es sabido que no existe una legislación procesal que reglamente las acciones colectivas previstas para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios (arts. 42,43 C.N., arts. 54 y concs. L.D.C., art. 26 y concs. ley provincial 13.133).

No obstante, la C.S.J.N. ha dictado las Acordadas 32/2014 (Registro Público de Procesos Colectivos) y 12/2016; esta última establece reglas de actuación en procesos colectivos derivadas de los precedentes del tribunal, aplicables hasta tanto se dicte una ley que regule este tipo de procesos. En el ámbito de esta provincia, se dispone el deber de anotar en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva todos los procesos en que se debatan derechos colectivos o de incidencia colectiva en general, a excepción de los procesos de hábeas corpus (Acordada S.C.B.A. 3660/2017).

También como es sabido, en la causa más resonante, «Halabi» del 24/02/09 (Fallos: 332:111), la C.S.J.N. establece algunas precisiones y requisitos para este tipo de acciones.

El fallo de la C.S.J.N.se refiere a la legitimación procesal y, en primer lugar, delimita tres categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Sobre estos últimos, se explica que se afectan derechos individuales enteramente divisibles; sin embargo, es identificable una causa fáctica homogénea, dato que tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Para la procedencia de este tipo de acciones, el fallo puntualiza que se requiere la verificación de una causa fáctica común; una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho; y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado, con la excepción de que exista un fuerte interés estatal en su protección.

Luego, la C.S.J.N. establece más precisiones y recaudos para aplicar en acciones colectivas futuras. En este sentido, se dice que la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad tales como la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo. A su vez, se puntualiza que es esencial que se arbitre en cada caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte.Agrega que es menester que se implementen adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multi-plicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos.

Por otra parte, en la causa «PADEC c/ Swiss Medical S.A.» del 21/8/2013 (Fallos: 336:1236), la Corte Federal, remitiéndose al precedente «Halabi» reconoce que una asociación de usuarios y consumidores puede accionar judicialmente para cuestionar un hecho o acto que ocasionaría una lesión a una pluralidad de individuos. Se destaca que en el caso se impugna el contrato tipo que suscriben quienes se afilian a la empresa de medicina prepaga y el planteo se orienta a cuestionar un «efecto común» que este produce a todo el colectivo de afiliados de la demandada. Asimismo, se señala que dada la escasa significación económica individual de las sumas involucradas, no aparece justificado que cada uno de los posibles afectados promueva su propia demanda, de manera que la acción colectiva iniciada por la asociación actora permitía tutelar el interés de los afiliados.

Luego, la C.S.J.N. se pronunció en varias causas, entre otras, «Consumidores Financieros c/ Banco Itaú Buen Ayre Argentina S.A. s/ ordinario» (Fallos: 337:753) y «Consumidores Financieros c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ ordinario» (Fallos: 337:762 ), ambas de fecha 24/6/2014, en las cuales el tribunal vuelve a reconocer la posibilidad de que una asociación pueda iniciar demandas colectivas en defensa de los derechos de los usuar ios y consumidores. En la primera de las causas, la asociación cuestiona por ilegítimo un cargo que una entidad bancaria cobraba a sus clientes de cuenta-corriente. En la segunda de ellas, solicita que se ordene a una compañía aseguradora que deje de aplicar intereses sobre ciertas cuotas de la prima del seguro. En ambos supuestos, además, se reclama que se restituyan a los clientes las sumas cobradas por esos conceptos.El tribunal se refiere a los precedentes anteriormente citados y destaca que la acción colectiva es admisible cuando los costos que debe afrontar cada consumidor para promover una demanda individual resultan superiores al beneficio económico que obtendría de una sentencia favorable.

Como se dijo anteriormente, la Acordada 12/2016 de la C.S.J.N., si bien aplicable al ámbito federal, sistematiza las reglas de los precedentes judiciales y establece que «.en los términos del artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la demanda se deberá precisar:. En los procesos colectivos referentes a intereses individuales homogéneos: a) la causa fáctica o normativa común que provoca la lesión a los derechos; b) que la pretensión está focalizada en los efectos comunes y c) la afectación del derecho de acceso a la justicia de los integrantes del colectivo involucrado. Asimismo, en ambos tipos de procesos el actor deberá: a) identificar el colectivo involucrado en el caso; b) justificar la adecuada representación del colectivo; c) indicar, de corresponder, los datos de la inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores; d) denunciar, con carácter de declaración jurada, si ha iniciado otra u otras acciones cuyas pretensiones guarden una sustancial semejanza en la afectación de los derechos de incidencia colectiva y, en su caso, los datos de individualización de las causas, el tribunal donde se encuentran tramitando y su estado procesal, y e) realizar la consulta al Registro Público de Procesos Colectivos respecto de la existencia de otro proceso en trámite cuya pretensión guarde sustancial semejanza en la afectación de los derechos de incidencia colectiva e informar, con carácter de declaración jurada, su resultado.En su caso, se consignarán los datos de individualización de la causa, el tribunal donde se encuentra tramitando y su estado procesal.» Por su parte, en la provincia, la S.C.B.A., en el año 2014, dicta el fallo «López» (SCBA, LP C 91576 S, 26/03/2014) y admite la posibilidad de que un afectado por un concepto incluido en las facturas de una cooperativa eléctrica reclame colectivamente: «El usuario afectado por el cobro del rubro «Resolución 110 INAC no asociado» que articuló su pretensión de cesación, no sólo en procura de su interés particular, sino además en defensa de los restantes sujetos servidos por la demandada, ejercitó la legitimación que el art. 43 de la Constitución Nacional reconoce a los afectados para la defensa de derechos de incidencia colectiva así como en nuestra provincia, asimismo, el Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (ley 13.133) habilita la legitimación los consumidores y usuarios «en forma individual o colectiva» en casos de amenaza o afectación de sus «derechos subjetivos, de incidencia colectiva o intereses legítimos» (art. 26, inc. a), ley cit.).» La S.C.J.N. expresa que la noción «derechos de incidencia colectiva» (art. 43, Const. nac.) no se limita a la más tradicional de sus versiones (es decir, los llamados intereses «difusos»), sino que abarca otras situaciones en las que el bien tutelado pertenece de modo individual o divisible a una pluralidad relevante de sujetos, la lesión proviene de un origen común, y las características del caso demuestran la imposibilidad práctica o manifiesta inconveniencia de tramitar la controversia a través de los moldes adjetivos tradicionales (litisconsorcio, intervención de terceros, acumulación de acciones, etc.).

En el precedente el máximo tribunal de la provincia hace un pormenorizado análisis de los fallos de la C.S.J.N.para luego referirse a los casos «Halabi» y «Padec», entre otros.

De esa reseña de casos, la S.C.B.A llega a la conclusión de que la C.S.J.N., por mayoría, ha reconocido legitimación activa, tanto al afectado como al Defensor del Pueblo y a determinadas asociaciones, para promover acciones en defensa de los derechos de incidencia colectiva, sean estos «colectivos o difusos» (pretensión de objeto indivisible), cuanto pluriindividuales homogéneos, incluyendo -en estos últimos- los de carácter patrimonial. Ello así si no aparece justificado que cada uno de los posibles afectados del colectivo involucrado promueva su propia demanda. A su vez, destaca que la C.S.J.N. lejos de circunscribir la vía para el encauzamiento de dichos procesos al ámbito amparístico (art. 43, Const. nac.), ha considerado viable su tratamiento por medio de acciones declarativas (Fallos: 320:690), habeas corpus colectivo (Fallos: 328:1146 ) y hasta mediante un proceso ordinario («Padec»).

Al analizar el caso en cuestión, la S.C.B.A. expresamente destaca que la escasa significación económica respecto de cada usuario no justifica la promoción de procesos individuales.

Es necesario señalar que la S.C.B.A. se ha expedido posteriormente en otros procesos colectivos como, para citar uno reciente: SCBA LP A 75712 RSD-81-21 S 26/05/2021 («Marazatto») en donde ratificó que «El requisito de que el interés individual homogéneo de tipo patrimonial no debe justificar -considerado aisladamente- la promoción de demandas particulares a efectos de su reclamo colectivo tiene anclaje tanto en la jurisprudencia de este Tribunal como en precedentes de la Corte Suprema nacional e incluso, en la propia legislación local.» Dijo el Dr.Pettigiani (cuyo voto tuvo la adhesión de los otros Ministros) «.siguiendo las líneas sentadas por la Corte Suprema nacional a partir de «Halabi» del año 2009- implica sostener que para la defensa colectiva de los derechos individuales homogéneos patrimoniales es menester acreditar que la escasa significación económica con relación a cada afectado no justifica la promoción de procesos individuales. Esta línea jurisprudencial, a cuyos fundamentos me remito por razones de brevedad, ha sido sostenida por el Alto Tribunal nacional en numerosas ocasiones posteriores, como el antes mencionado caso «Padec» del año 2013; así como en los precedentes «Unión de Usuarios y Consumidores» y «Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa» del año 2015 (Fallos: 337:196 y 337:753); «Cepis» del año 2016 (Fallos: 339:1077); «Usuarios y Consumidores Unidos» y «Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga» (ambos del año 2020, Fallos: 343:637 y 1259, respectivamente). En este orden de ideas, resulta importante remarcar que también esta pauta fue receptada por la Corte Suprema nacional al aprobar el Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos aprobado por Acordada 12/2016. .Por lo demás, ya en el ámbito local, cabe reparar en que el recaudo en cuestión se encuentra plasmado en el art. 7 de la ley de amparo (ley 13.928, texto según ley 14.192) al consignar sin ambages que en aquellos promovidos para tutelar intereses individuales homogéneos, «el interés individual no debe justificar la promoción de demandas individuales», en una directiva que ha de trasladarse, a falta de previsión expresa en contrario, a cualquier otro proceso que procure defender esos derechos (arg. causa «Padec», cons.14°). En definitiva, el requisito de que el interés individual homogéneo de tipo patrimonial no debe justificar -considerado aisladamente- la promoción de demandas particulares a efectos de su reclamo colectivo tiene anclaje tanto en la jurisprudencia de este Tribunal como en los precedentes de la Corte Suprema nacional e, incluso, en la propia legislación local.» Luego de esta reseña acerca de los recaudos exigidos para este tipo de acciones, contrariamente a lo que sostiene el apelante y a pesar de sus esfuerzos de argumentación, no se advierte que en el caso se encuentren configurados.

En primer lugar, no surge del todo claro un hecho o causa común. En el precedente «López» antes citado se dice lo siguiente sobre el origen común: para la prosecución colectiva de un proceso en tutela de bienes esencialmente divisibles, es necesaria una cualidad extra que defina la conveniencia de este tipo de enjuiciamiento y que la distinga del tradicional proceso individual; que esta nota está dada por el aludido recaudo del «origen común» y por lo tanto, no cualquier vulneración masiva de derechos divisibles es pasible de ser traída a la justicia en forma colectiva, sino sólo aquéllas que provienen de una fuente causal unívoca o que comparten los fundamentos jurídicos centrales que determinarán su mérito.

En este caso se reclama por supuestos descuentos indebidos o ílicitos por parte de la codemandada en cuentas de jubilados o pensionados. Ello sin mayores precisiones sobre la operatoria, las cuentas que estarían afectadas ni sobre sus titulares. No se trata de un descuento único y uniforme determinado con exactitud; ni siquiera surge que se trata de una operatoria idéntica en todos los casos.Por el contrario, se hace referencia a supuestos débitos indebidos por deudas de contratos no suscriptos (sin identificar qué tipo de contratos) sobre cuentas de algunas personas que integran el sistema previsional argentino.

Por lo tanto, no podría afirmarse que las notas individuales resultan intrascendentes para la resolución de la controversia y que no se configuren particularidades relevantes que puedan pregonarse existentes en cabeza de cada uno de los jubilados y pensionados (conf. «López»).

Cabe recordar en este orden de ideas que en el caso «Marazzato», la S.C.B.A. señala con respecto al origen común: «En efecto, la amplísima definición del grupo enarbolada por los impugnantes (recuérdese que ellos aspiran a representar a la total idad de los vecinos de la ciudad de La Plata presuntamente perjudicados por un fenómeno que afectó una importante ciudad, sin distinción alguna de los barrios, localidades, zonas o sectores donde ellos habitaban o poseían bienes) a mi modo de ver conspira en forma decisiva en el apuntado recaudo de la homogeneidad fáctica imprescindible para accionar en representación de ese colectivo y me persuade del acierto de la decisión cuestionada.

Tampoco se vislumbra en forma clara que se esté demandando en función del interés homogéneo (ver el objeto del presente juicio detallado más arriba). Es decir, no se llega a visualizar que la cuestión común prevalezca sobre la particular de manera tal que la solución colectiva constituya el instrumento más adecuado y eficiente para resolver la contienda.

No se justifica en manera alguna la acción colectiva dado que no se trata en este caso ni de la inconstitucionalidad de una norma (como en el caso de la «ley espía» del fallo «Halabi»), o de cláusulas insertas en contratos tipos o de cobro de conceptos uniformes.

Adviértase que se pretende no solo la devolución de montos ilícitamente descontados sino también la reparación del daño moral para cada uno de los individuos afectados, daño que como es sabido es personalísimo ypuede variar según cada damnificado (art. 1741 C.C.C. y su doctrina). A su vez se solicita que se fije daño punitivo pero para cada una de las personas afectadas, lo cual implicaría multiplicar las sanciones lo que excede la finalidad del instituto. Por esa misma razón, en los pedidos al respecto formulados por un solo damnificado el juez evalúa si la conducta juzgada constituye una modalidad de operar reiterada por parte del demandado (art. 52 bis. L.D.C., esta Sala, causas n° 115.676 del 28/06/16; 117.024 del 18/12/18; 117.437 del 7/05/19; S.C.B.A, C 119.562 «Castelli c. Banco GA.», entre otros).

Por último el requisito ratificado por la jurisprudencia antes mencionada sobre que no se justifica una acción individual, no está cumplido en modo alguno dado los reclamos patrimoniales que se formulan por esta acción (conf. S.C.B.A., causa «Marazzato»).

Asimismo y como una cuestión de especial trascendencia, es necesario señalar que el colectivo cuya representación se intenta no se encuentra identificado. En efecto, se pretende la representación de todas las personas integrantes del sistema de jubilaciones argentino al que se le hayan efectuado descuentos que no correspondan.Tal es la generalidad e imprecisión con la que se intenta llevar adelante la representación colectiva invocada.

Como se expresó más arriba, constituye un recaudo necesario poner en conocimiento de todos los individuos a quienes la acción afecta a fin de que pudieran decidir si formar o no parte del litigio (más aún si se pretende la reparación de un daño personalísimo), lo que no sería posible en este caso dado que como se viene diciendo no hay una concreta identificación de los individuos que conformarían.

Por último, es necesario señalar que existen sumarios administrativos y una denuncia penal sobre distintos supuestos ilícitos efectuados por la codemandada (estafa, usura, violación de datos personales), denuncia incoada por el organismo administrativo pertinente (la causa se menciona en el escrito de demanda y en el memorial).

Pero dicha denuncia no solo incluye a la codemandada sino a otras «fintechs» e incluye a otras personas que serían las víctimas de los ilícitos no comprendidas en este reclamo como los beneficiarios de los AUH. (https://www.argentina.gob.ar/noticias/denuncia-penal-fintechs-porestafa-y-usura-crediticia) La página web informa que las compañías denunciadas son Smart Cash S.A., Punto Click S.A., Patagonia Cred S.A., Efectivo Urgente, Wenance S.A., Wenance Credit Argentina S.A., Wenance Inversiones AAGI S.A.

También se informa que a jubilados y beneficiarios de la AUH se les adjudica contrataciones que nunca solicitaron; que también, debido a la exposición de datos webs de venta online, muchos consumidores denunciaron ser adjudicatarios de créditos que no requirieron.

Dice la página que «estas empresas, además, realizan débitos indebidos en cajas de ahorros y cuentas corrientes, deducen «sellado», «carpetas» o «gastos administrativos» que no corresponden y aplican tasas abusivas que en muchos casos superan el 1500% + IVA de CFT; incurren en incumplimientos o en cambios unilaterales de los contratos, modifican las condiciones de pago y en su mayoría se basan en la falta de información a los consumidores relativa a los créditos, montos, intereses y el cálculo del valor de las cuotas; se presentan con el aval de organismos públicos, como la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y el BCRA, lo que es falso en casi la totalidad de los casos.» En la página a su vez se consigna un correo electrónico y una cuenta de twitter para denuncias.

Lo anterior da cuenta de distintas maniobras violatorias de los derechos de los consumidores y usuarios, efectuadas por distintas empresas a varias personas más allá del grupo que aquí se pretende representar.

Es importante destacar que lo que así se propicia no deja desprotegidas al resto de la posibles víctimas denunciadas por el apelante, toda vez que si el juez penal interviniente comprueba que existen elementos de juicio para presumir la comisión de ilícitos penales puede ordenar medidas cautelares para su protección (arts.197 a 200 del C.P.P.N.). Asimismo, los organismos administrativos pertinentes (B.C.R.A., I.G.J., de Defensa del Consumidor, etc.) pueden disponer medidas en ejercicio de sus atribuciones legales en defensa de los eventuales damnificados y de la fe pública.

Todo lo expuesto hace inviable la acción colectiva que se pretende, por lo que debe confirmarse la resolución apelada.

VOTO POR LA AFIRMATIVA.

El señor juez Dr. Tomás M. Etchegaray, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:

Visto el acuerdo logrado al votarse la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es el de confirmar la resolución apelada.

ASI LO VOTO.-

El señor juez Dr. Tomás M. Etchegaray, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA

Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la resolución apelada debe ser CONFIRMADA.

POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:

CONFIRMAR la resolución apelada.- NOTIFIQUESE por medios electrónicos (conf. Res. del Presidente de la S.C.B.A. nro. 10/20, Res. S.C.B.A 480/20 y sus sucesivas prórrogas, AC 4013/2021 y AC 4023/2021).Y DEVUELVASE.

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 14/07/2021 13:58:16 – IBARLUCIA Emilio Armando

Funcionario Firmante: 14/07/2021 15:01:51 – ETCHEGARAY Tomás Martín – JUEZ

Funcionario Firmante: 14/07/2021 16:03:09 – DELUCA Pablo – AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN

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