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#Fallos La violencia se paga: Los padres de un menor deberán abonar por haber ejercido violencia sobre su hijo el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles

Partes: U. G. O. c/ C. G. N. s/ cuidado personal

Tribunal: Juzgado de Familia de Cipolletti

Sala/Juzgado: V

Fecha: 13-abr-2021

Cita: MJ-JU-M-133841-AR | MJJ133841 | MJJ133841

Se ordena a los progenitores abonar en concepto de sanción dos salarios mínimos vital y móvil, por la violencia ejercida respecto de su hijo menor de edad.

Sumario:

1.-Se ordena a los padres -en concepto de sanción- el pago de dos salarios mínimos vital y móvil, por la violencia ejercida respecto de su hijo, por cuanto no sólo es un hecho prohibido por la ley -art. 647 del CCivCom.-, en tanto es ejercida sobre una persona que en atención a su corta edad, no ha alcanzado aún el desarrollo madurativo necesario para poder ‘defenderse’ de dicho ataque a su integridad, tanto física como psíquica, y en segundo lugar, porque esa violencia ha sido ejercida por quienes tienen la función indelegable de proveer todo lo necesario para su protección, desarrollo y formación integral.

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Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Cipolletti, 13 de abril de 2021.

VISTOS: Estos autos caratulados «U. G. O. c/C. G. N. s/Cuidado Personal» (Expt. Nro. 15966); de los que, RESULTA:

I.- Que en resolución de fecha 21 de octubre de 2020 dispuse hacer saber a los Sres. G.O.U y G.C. que una vez recepcionado el informe requerido al Ruca Quimei, se procedería a sancionar la violencia ejercida respecto de I., en los términos de la Ley de Violencia Familia.

Ello por cuanto la violencia ejercida sobre el mismo por sus progenitores no sólo es un hecho prohibido por la ley (art. 647 del Código Civil y Comercial), sino que es un hecho que le resulta repugnante a la ley, en tanto es ejercida sobre una persona que en atención a su corta edad, no ha alcanzado aún el desarrollo madurativo necesario para poder «defenderse» de dicho ataque a su integridad, tanto física como psíquica, y en segundo lugar, porque esa violencia ha sido ejercida por quienes tienen la función indelegable de proveer todo lo necesario para su protección, desarrollo y formación integral (art. 638 del Código Civil y Comercial).

Surgen de los informes profesionales agregados a la causa, que a pesar del tiempo transcurrido desde que se diera intervención al Equipo Interdisciplinario, la Senaf y el Ruca Quimei, en el niño aún persisten conductas disruptivas y demandas hacia los adultos de características sintomáticas (informe del Eti de fecha 12/3/21), expresando las profesionales intervinientes que «.el proceso de intervención permitió exponer como centralidad la vulneración ejercida tanto por el Sr. U. como por la Sra. C.respecto a su hijo.» Del informe elaborado en fecha 3 de Diciembre de 2020, surge que al momento de entrevistar al niño por parte del equipo interdisciplinario, el mismo manifestó que «su papá le dijo muchas mentiras y que lo obligaba a que vigilara a su mamá todo lo que hacía» y que «su mamá le prometió que no le iba a pegar más, porque me pegó con un cable y a veces me tiraba del pelo o me pegaba en la cabeza».

Continúa informando el Equipo Interdisciplinario que «de su relato se infiere un niño expuesto a una suerte de triangulación de los conflictos pasrentales, con limitada posibilidades en los adultos en simbolizar su mundo circundante, arrojándolo a un real que ha producido sintomatologías de crisis, desbordes emocionales, monstruos que lo rodean, como muestra de su sufrimiento psíquico». De las entrevistas establecidas con las partes y del dircurso del niño, surge que I. ha estado expuesto a situaciones de MALTRATO INFANTIL.».

Y CONSIDERANDO:

III.- Se ha dicho que «En el derecho de familia existen hechos que requieren de una atención especial para dar cumplimiento al mandato constitucional que hace referencia a una protección diferenciada de situaciones o personas que por su vulnerabilidad o necesidad la requieren (art. 75 inc. 23), mandato que ha receptado expresamente el Código Civil y Comercial de la Nación en los arts. 706 inc. a y 709» (Guahnon, Silvia V., en Cura, José María (dirc), Código Civil., T. II, comentario a los arts. 706 y 709).

No cabe duda alguna que los niños conforman un grupo de personas que deben ser objeto de tal atención diferenciada, atento su calidad de personas en estado de vulnerabilidad.Es sabido que existen razones que afectan, alteran o interfieren en el desarrollo y la integridad psíquica y física de los miembros de una familia, tales como el maltrato, la violencia física o psíquica, el alcoholismo y la adicción a las drogas, entre otras.

En tal orden de situación, las personas afectadas necesitan encontrar en el poder jurisdiccional una adecuada y pronta respuesta a sus requerimientos, dado que existen situaciones en que el Estado debe intervenir y erigirse como garante, a fin de proteger la salud física y psicológica de los integrantes de dicho grupo familiar. Es que la falta de intervención oportuna y eficaz genera una debilitación gradual de las defensas físicas y psíquicas de las personas, que en definitiva se traduce luego en problemas de salud, también disminuye el rendimiento laboral y escolar (Informe del Banco Interamericano de Desarollo (BID) citado por Cadoche, Sara Noemí en «Temas especiales de violencia» (Edit. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2002, pág. 72).

Queda claro para el suscripto que la situación a la que ha sido sometido el niño es consecuencia de la separación conflictiva de sus progenitores, a los cuales fue expuesto sin medir las consecuencias. La situación a la cual fue expuesto el niño y los hechos de violencia PERPETRADOS por sus progenitores hacia el mismo, trasuntan violencia física y psicológica respecto del mismoa, y que por su gravedad y por tratarse de un niño- como así también por los efectos que dicha violencia tiene sobre la psiquis del mismo, y que tendrá efectos seguramente hacia el futuro, es considerada por la Ley 3040 de Violencia Familiar, como «violencia agravada» (art. 30 inc.a de la Ley 3040).

Abundan los informes elaborados tanto por el Equipo Interdisciplinario del Juzgado como del informe remitido por la Senaf, sobre las características y síntomas de la violencia ejercida POR AMBOS PROGENITORES respecto del hijo en común, a los que me remito en honor a la brevedad.

Ello es indicativo y suficiente para tener por probada la violencia ejercida por estos progenitores hacia el niño, violencia que es indicativa de su incapacidad para el ejercicio de la responsabilidad parental.

La sintomatología que presenta el niño es consecuencia DIRECTA Y NECESARIA de la exposición a situaciones de violencia familiar protagonizadas o llevadas a cabo por ambos progenitores, contrariando el fin primordial de la responsabilidad parental (protección, desarrollo y formación integral del niño – art. 638 del CCyC).- Estas situaciones de violencia doméstica a la cual fue expuesto el niño, han sido definidas por el Consejo de Europa como «Toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros, que menoscaba la vida, o la integridad física o psicológica, o incluso la libertad de otro de los miembros de la misma, que causa un serio daño al desarrollo de la personalidad» (ver Grosman, Cecilia – Mesterman, Silvia y Adamo María T., en «Violencia en la familia», Univ. Bs. As. 1992). Se trata, como afirma Silvia Guahnon, de «acciones u omisiones que generan en las víctimas sufrimiento, indefensión, temor, sometimiento, daño a la mente o a la psiquis, daño emocional, daño a la salud y al cuerpo, y que ponen en riesgo su integridad y, en ocasiones, su vida» (Medidas cautelares y provisionales en los procesos de familia», Edic. La Rocca, pág.140).

En este marco de situación en la cual se encuentra el niño, cabe recordar que el objeto de las leyes protectoras contra la violencia familiar apunta a la cesación del riesgo que pesa sobre las víctimas, evitándoles de tal manera el agravamiento de los perjuicios concretos derivados del maltrato que se cierne sobre ellas, y que de otro modo, podrían resultar irreparables. Es que el bien juridico protegido resulta ser la integridad psíquica, física, sexual y patrimonial de quienes resultan ser víctimas de violencia.

De los informes agregados, surge que el niño ha sido objeto de violencia tanto física como psicológica, ejercida por ambos progenitores, quienes no han medido las consecuencias que provocarían en el psiquismo del niño, actuando de modo desaprensivo, priorizando sus intereses de adultos, por sobre los de quien debían proteger, el niño. Este proceder de ambos progenitores, quienes no han encontrado los medios racionales para resolver sus problemas de adultos ó encausar sus desaveniencias por las vías legales respectivas, SIN ACUDIR A LA VIOLENCIA, ha convertido al grupo familiar que conformaron en una familia crónicamente violenta y abusiva, una de las denominadas «familias transgeneracionalmente patológicas».

La Observación General Nro. 13 del Comité de los Derechos del Niño, en referencia al art. 19 de la Convención de los Derechos del Niño, afirma que se entiende por violencia «toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluído el abuso sexual». El término violencia utilizado en esa observación abarca todas las formas de daño a los niños enumeradas en el art. 19, párrafo 1, de conformidad con la terminología del estudio de la «violencia» contra los niños realizado en 2006 por Naciones Unidas. Afirma el Comité:

«En el lenguaje corriente se suele entender por violencia únicamente el daño físico y/o el daño intencional.Sin embargo, el Comité desea dejar sentado inequívocamente que la elección del término «violencia» en la presente observación general no debe verse en modo alguno como un intento de minimizar los efectos de las formas no físicas y/o no intencionales de daño (como el descuido y los malos tratos psicológicos, entre otras), ni la necesidad de hacerles frente.

En cuanto al maltrato psicológico, afirma Cirillo Di Blasio, refiriéndose al maltrato infantil, que el mismo resulta de aquellas situaciones en que el niño es víctima de una presión psicológica tal que lo perjudica, entrando en esta última categoría todas aquellas situaciones de separación conflictiva donde los menores son abiertamente utilizados por los padres en una recíproca disputa con evidentes y graves efectos en el equilibrio emotivo del niño» («Los niños maltratados», Ed. Paidós, Bs. As.

1989). Maltrato que, en caso de resultar un sometimiento crónico, puede generar una debilitación gradual de las defensas físicas y psíquicas de la niña, la que luego habrá de traducirse en problemas de salud (véase al respecto el estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud de 1993 titulado «La violencia contra las mujeres y las niñas: análisis y propuestas desde la perspectiva de la salud pública»).

Por último, cabe mencionar que los niños que aprenden en sus hogares modelos de relaciones violentas, tienen a reproducirlos en sus futuras relaciones, perpetuándose el problema. En cuanto a los niños, resulta sabido que «.las lecciones emocionales que aprendemos de niños en casa, y en la escuela, dan forma a los circuitos emocionales haciéndonos más expertos -o ineptos- en la base de la inteligencia emocional.la infancia y la adolescencia son ventanas críticas de oportunidad para fijar hábitos esenciales que gobernarán nuestra vida» (Goleman, Daniel. «La inteligencia emocional», Ed. Vergara, Bs. As. 1995, pág.18), y en la familia, los progenitores mediante el ejercicio del poder que les da su posición de autoridad, van formando al niño en sus creencias y en sus conductas familiares. Ninguna buena conducta puede esperarse de un niño cuando arribe a la adultez, si quien debe protegerlo, lo castiga física o emocionalmente.

El Comité de los Derechos del Niño ha reafirmado el derecho de los niños al respeto de su dignidad humana y su integridad física y psicológica, y a la igualdad de protección ante la ley, como así también promueve un enforque holístico de la aplicación del art. 19 de la Convención de los Derechos del niño, basado en el designio general de la Convención de garantizar el derecho del niño a la supervivencia, la dignidad, el bienestar, la salud, el desarrollo, la participación y la no discriminación frente a la amenza de la violencia.

En cuanto a la intervención judicial, el Comité afirma que «las decisiones que se adopten deben obedecer a la finalidad principal de proteger al niño, salvaguardar su posterior desarrollo y velar por su interés superior -punto 54 de la OG Nro.13-.» En atención a la situación planteada, en aras de dotar al niño de la protección y resguardo de la cual resulta merecedora, y por encuadrar el caso en violencia familiar agravada (art. 30 incs. a y c) de la Ley 3040) por haber sido ejercida por ambos progenitores respecto de su pequeño hijo; RESUELVO:

I.- SANCIONAR A LOS SRES. G. O. U. y G. N. C. por haber ejercido violencia psicológica y física respecto de su hijo I., a abonar cada uno de ellos, una suma de dinero equivalente a DOS SALARIOS MINIMOS, VITAL Y MÓVIL.

Dicha suma de dinero deberá abonarse en el término de tres días a partir de la presente sentencia, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, DE SU CONVERSION EN ARRESTO (art. 29 Ley 4241).

II.- HAGASE SABER que la multa impuesta deberá ser depositada en la cuenta N° 251-90. – CBU N° 0340 2513 009. perteneciente a la Municipalidad de Cipolletti, correspondiente al Banco Patagonia sucursal Cipolletti, debiendo acreditar en autos en el plazo de 48 horas el depósito efectuado adjuntandose el correspondiente comprobante.

III.- DEBERAN AMBOS PROGENITORES acreditar la continuidad de los tratamientos iniciados hasta su total culminación.

IV.- REGISTRESE y NOTIFIQUESE.

Dr. Jorge A. Benatti

Juez de Familia

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