fbpx

#Fallos Sin tutela: Se admite una demanda de exclusión de tutela sindical interpuesta contra un empleado público que protagonizó un hecho de violencia física y de género en su ámbito de trabajo

Partes: Municipalidad de Villa Regina c/ M. F. M. s/ Sumarísimo

Tribunal: Cámara del Trabajo de Río Negro

Fecha: 2-jul-2021

Cita: MJ-JU-M-133619-AR | MJJ133619 | MJJ133619

Se admite una demanda de exclusión de tutela sindical interpuesta contra un empleado público que protagonizó un hecho de violencia física y de género en su ámbito de trabajo.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la exclusión de tutela sindical, ya que el demandado no ha ingresado al proceso ninguna prueba tendiente a tal fin, sino que negó la ocurrencia de los hechos de violencia física tal y como fueran sostenidos -y corroborados mediante prueba testimonial- por la actora en su demanda; debe agregarse que la demanda no se funda en un avasallamiento sobre su calidad de representante gremial, ni en el ejercicio de sus actividades sindicales.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

Fallo:

General Roca, 02 de julio de 2021.

Y VISTOS: Para dictar sentencia en estos autos caratulados: «MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA C/ M. F. M. S/ SUMARISIMO (L) (EXCLUSION DE TUTELA SINDICAL)» RO-13532-L-0000; previa discusión de la temática del fallo a dictar con la presencia personal de los jueces votantes, de lo que da fe la Actuaria, corresponde votar en primer término al Dr. Juan A. Huenumilla, quien dijo:

I. RESULTANDO: 1. Que se inician las presentes actuaciones con la demanda presentada por la Municipalidad de Villa Regina el 16-12-2020, mediante el apoderamiento y representación del Dr. Juan Carlos Giménez, con el patrocinio letrado de la Dra. Carolina Cailly, solicitando la exclusión de la garantía sindical del Sr. M. F. M. para poder ejercer sus facultades disciplinarias a su respecto.

Relata que el Sr. M. F. M. ingresó a trabajar para su mandante el 14-01-2015, como «placero» en el marco de un contrato de empleo público transitorio.

Manifiesta que el 08-06-2016 la Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.), mediante Nota N° 456/16AVE le informó al municipio que el demandado había sido elegido como delegado sindical en su ámbito de trabajo, para el período comprendido entre el 06-06-2016 al 05-06-2018.

Sostiene que a partir del 03-07-2017 el trabajador pasó a desempeñar tareas como «sereno» en el «Centro de Promoción de la Producción y Turismo Municipal».

Informa que la misma asociación sindical notificó el 14-08-2018 mediante Nota 612/18VR, que el Sr. M. F. M. había sido electo delegado sindical, con mandato para el período comprendido entre el 10-08-2018 al 09-08-2020. Posteriormente, el 24-09-2018, la Central de Trabajadores de la Argentina (C.T.A.) anotició a la actora que el demandado había sido elegido como Secretario Administrativo y de Actas y Congresal Titular de la Comisión Ejecutiva Local de Villa Regina, con mandato desde el 01-10-2018 hasta el 30-09-2022.Finalmente, el 04-11-2019 A.T.E. notificó que el trabajador fue electo como Vocal Suplente 1° de la Comisión Directiva de la Seccional Villa Regina de su organización, por el período 06-11-2019 al 05-11-2023.

Como antecedentes laborales obrantes en el legajo personal del demandado, manifiesta que contabilizada numerosas llegas tarde y ausencias injustificadas, ha usufructuado 74 días de licencias por enfermedad y 85 días de licencia por actividad sindical.

Describe que el 26-11-2019 la Sra. Soledad Alveal, por entonces a cargo de la Oficina de Turismo e Informes, elevó nota a la Junta de Calificación y Disciplina informando un hecho de violencia física ocurrido el 25-11-2019 en su lugar de trabajo. Detalla que se suscitó un conflicto entre el demandado y la Sra. Fiama Soledad Vergara, alrededor de las 7,15hs. cuando ésta ingresa a trabajar, saluda a sus compañeros de trabajo y se inicia una discusión con el Sr. M. F. M. quien, luego de propinarle una serie de insultos, le da un golpe en la cabeza, utilizando su rodilla y tirando de su pelo. La Sra. Alveal intervino para poner fin a la agresión física y acompañó a la Sra. Vergara al nosocomio para ser atendida por la crisis nerviosa que padecía.

Transcriben el relato de la Sra. Vergara, quien sostuvo que el demandado le dijo «GORDA DE MIERDA, HIJA DE PUTA, QUE TE HACES LA LINDA», que ella le manifestó que la cortara o le iba a meter un cachetazo, M. F. M. se levanta, la agarra de la cabeza, le pega un rodillazo y le agarra los pelos arrastrándola por el piso hasta que se interpone la Sra.Alveal.

Sostiene que la Junta de Calificación y Disciplina inició sumario administrativo al demandado por presunta infracción al artículo 17 inciso e) de la Ley 811, por resultar inconducta notoria.

En forma preventiva, y con conformidad del trabajador, fue trasladado a cumplir funciones como sereno en el Concejo Deliberante a partir del 28-11-2019.

Así, y luego de tramitado el sumario conforme los dispositivos legales, el 12-08-2020 se determinó la existencia de responsabilidad del demandado, revolviéndose aplicarle la sanción de cesantía, para lo cual el Intendente dispuso se promueva la acción de exclusión de tutela sindical, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 23.551 (L.A.S.) y poder efectivizar la sanción determinada.

Estima que el demandado, no obstante su designación como delegado sindical, incurrió en una inconducta notoria, violentando deberes fundamentales, con la gravedad que implica ejercer violencia sobre una compañera de trabajo, a lo que suma que el Sr. M. en instancia sumarial no negó el hecho, sino que lo minimizó.

Manifiesta que el hecho ocurrido no se relaciona con la labor sindical del trabajador, es una acción violenta que encuadra en la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Por ello solicita la exclusión de la tutela sindical del demandado, para cumplir con los deberes impuestos en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, y en la Ley 26.485.

Adentrándose en la L.A.S.explica que aquella requiere la verificación de que la exclusión de la garantía se funda en una causa ajena a la actividad sindical, lo que funda en doctrina y jurisprudencia.

Entiende configurada una justa causa para la procedencia de la imposición de la sanción que propicia, en base a considerar al demandado como autor de una falta gravísima que no se vincula con la actividad sindical del demandado, a quien se le ha asegurado su derecho de defensa en el trámite administrativo.

Funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.

2. Corrido el traslado de la demanda, el 17-02-2021 se presenta a responder el Sr. M. F. M., mediante el apoderamiento de la Dra. Ailen Roca, solicitando el rechazo de la demanda.

Inicia su responde negando todos y cada uno de los hechos articulados en la demanda, y especialmente que su mandante: hubiera incurrido en numerosas llegadas tardes e inasistencias injustificadas desde el inicio de la relación laboral con la actora; hubiera hecho uso de 74 días de licencia por enfermedad y 85 días por licencia para representación gremial; se haya desempeñado como placero bajo contrato de empleo público transitorio para la actora desde el 14-01-2015; haya cumplido tareas como sereno para la actora en el Centro de Promoción de la Producción y Turismo Municipal; haya agravado su conducta disciplinaria el 25-11-2019; tuviera un conflicto que se suscitara en las dependencias de la Oficina de Turismo de Villa Regina, con la agente Fiama Soledad Vergara, alrededor de las 7:15 hs., al momento de ingresar la Sra. Vergara a laborar, ésta comenzara a discutir con el Sr M. F. M.; le hubiera propiciado una serie de insultos a la Sra. Vergara; haya agredido físicamente a la Sra. Vergara con un golpe en la cabeza, utilizando la rodilla y tirando de su pelo; insultara a la Sra. Vergara diciéndole:»GORDA DE MIERDA, HIJA DE PUTA, QUE TE HACES LA LINDA» y muchas palabras más; se hubieran cumplimentado con todas las diligencias propias del proceso sumarial iniciado.

En su visión, los hechos son diferentes, denunciando carencia de buena fe en la actora. Sostiene que su mandante, no obstante la negativa detallada anteriormente, ingresó a trabajar para la Municipalidad de Villa Regina el 14/01/2015, desempeñándose en primer lugar como placero, luego y por el término de un año, en recolección domiciliaria; después como sereno y finalmente como placero.

Manifiesta que durante todos estos años no ha tenido apercibimiento y/o sanción alguna, desempeñándose con eficacia, diligencia, decoro y respeto hacia sus superiores, compañeras y compañeros, velando por la seguridad y cuidado de los instrumentos de trabajo y bienes de la municipalidad.

Informa que la relación laboral se desenvolvió con total normalidad hasta que el 11-02-2020 le informan del inicio de un sumario administrativo en su contra, por un hecho ocurrido en fecha 25-11-2019, con la Sra. Fiama Soledad Vergara.

Detalla que ese día, siendo la 7:10hs. aproximadamente, el demandado se encontraba con la encargada del Área de Turismo, Sra. Soledad Alveal, en su oficina. Ingresa allí la Sra. Vergara y el Sr. M. le ofrece para tomar un mate. La Sra. Vergara le contesta de malas maneras, insultándolo y amenazándolo con pegarle. Comienzan a discutir y esta última se le acerca y comienza a propinarle piñas al Sr. M. en el rostro, lo empuja contra el escritorio, momento en que la Sra. Alveal se pone en el medio de los dos para evitar que el Sr. M. siga siendo agredido. La Sra. Vergara insistiendo en pegarle, comienza un forcejeo con su mandante, quien buscaba retirarse de la oficina para frenar y calmar la situación. En el momento de una nueva embestida de la Sra. Vergara hacia el Sr. M., éste le baja los brazos y la empuja, para liberarse, terminando ella en el piso. Retirándose el Sr. M.escucha las amenazas que le hacía la Sra. Vergara con hacerlo despedir, entre otras.

Denuncia que la actora tergiversa la realidad a fin de lograr efectivizar la sanción de cesantía, totalmente desproporcionada resuelta mediante el sumario administrativo que se iniciara en contra de su mandante.

Sostiene que así se afecta seriamente el pleno ejercicio del derecho a trabajar, a no ser discriminado y a la estabilidad absoluta en el cargo, propio del empleado público según el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Transcribe el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como los artículos 40, 47, 48, 50 y 52 de la L.A.S. y solicita el rechazo de la acción, con costas.

Desconoce la prueba documental consistente en el legajo del demandado. Ofrece prueba. Realiza reserva de caso federal. Funda en derecho y peticiona.

3. Por providencia del 05-05-2021 se ordena la apertura a prueba, recibiéndose el 14-05-2021 la informativa de A.T.E., Seccional Villa Regina.

4. El día 14-05-2021 se realizan las audiencias de conciliación y vista de causa, compareciendo la Dra. María Carolina Cailly, apoderada de la actora y la Dra. Ailén Roca, apoderada del demandado. Las partes, luego de un intercambio de opiniones manifiestan no arribar a ningún acuerdo conciliatorio. Acto seguido prestaron declaración testimonial: FIAMA VERGARA, YASNA INGRID MUÑOZ CAMPOS, CARMEN SOLEDAD ALVEAL y ARIEL EDGARDO LEGUIZAMÓN. Las partes desistieron de las testimoniales pendientes. Habiendo presentado la Dra. Cailly la documental/instrumental requerida, subida al Sistema en numerosos archivos pdf, se le corrió traslado de TRES DÍAS hábiles a la demandada. Asimismo y de considerarlo necesario las partes tendrán dos días para formular sus alegatos por escrito, tal lo solicitado.

5. Vencido el plazo conferido a las partes, el 09-06-2021 se ordenó el pase de autos a dictar sentencia.

II. CONSIDERANDO: A. HECHOS: Corresponde a continuación fijar los hechos que considero acreditados, apreciando en conciencia las pruebas producidas, conforme lo establece el art. 53 inc.1 de la Ley 1.504, los que a mi juicio son los siguientes:

1. Tengo acreditado que las partes del proceso se encuentran vinculadas por un contrato de empleo público, habiéndose iniciado la relación laboral el día 14-01-2015 y manteniéndose vigente hasta la actualidad, cumpliendo el demandado diferentes tareas para la actora. Esto conforme las manifestaciones que cada parte introdujo en sus escritos constitutivos.

2. Resulta verificado que el Sr. M. ha sido designado como representante gremial de A.T.E. y C.T.A. desde el 10-08-2018, ocupando distintos cargos, revistiendo en la actualidad como Vocal Suplente 1° de la Comisión Directiva de la Seccional Villa Regina de A.T.E., por el período 06-11-2019 al 05-11-2023.

Este hecho, introducido y documentado por la actora, ha sido consentido por el demandado.

3. Tengo por cierto que el 25-11-2019 en el Centro de Promoción de la Producción y Turismo Municipal de Villa Regina, lugar donde laboraban la Sra. Fiama Soledad Vergara y el Sr. M. F. M., éstos protagonizaron un conflicto de índole personal familiar, que terminó con agresiones verbales y físicas.

En lo que aquí interesa, la Sra. Fiama Vergara dijo que es prima del Sr. M. F. M., explicando que las madres de ambos son hermanas. También informó que trabaja hace 12 años en la municipalidad y que no había tenido problemas con el demandado, con anterioridad.

4. Que el día 09-12-2019, mediante Resolución N° 908/19, la Junta de Calificación y Disciplina de la Municipalidad de Villa Regina (en adelante J.C.D.V.R.) decidió iniciar sumario al Sr. M. F. M., que tramitó en el expediente 548/19 del registro de ese organismo administrativo. Allí prestaron declaración testimonial las Sras. Carmen Soledad Alveal, Fiama Soledad Vergara y Blanca Elisa Córdoba.

Este proceso culminó el 12-08-2020 con el dictado de la Resolución N° 1068/20 de la J.C.D.V.R., determinando la responsabilidad del Sr. M. F. M.por infracción al artículo 17 inc. e) de la Ley 811, aplicándole la sanción de cesantía. Este acto administrativo fue notificado personalmente al demandado el 15-09-2020.

B. DERECHO: Corresponde a continuación expedirme sobre el derecho aplicable a fin de resolver este litigio (art. 53 inc. 2 L. 1.504).

1. La Tutela Sindical: En forma liminar, corresponde establecer el marco normativo del caso, reconociendo la importancia de las organizaciones sindicales en el quehacer social.

Una sociedad democrática requiere de la participación organizada de los distintos sectores que la componen, quienes se asocian o vinculan en personas jurídicas que libremente conforman. Y esas organizaciones también deben desenvolverse democráticamente, ya que el bloque convencional reconoce el derecho ciudadano a crear y asociarse libremente en esas instituciones; por lo tanto es una obligación que los sindicatos se desenvuelvan bajo parámetros democráticos.

Entonces la tutela sindical es una herramienta de protección de los representantes gremiales, para que ejerzan sin condicionamientos ni peligros, las actividades necesarias para alcanzar los fines asociativos establecidos en sus estatutos, y programados por sus órganos de gobierno.

Cada sector que compone la sociedad posee sus intereses, muchos de los cuales resultan opuestos, y la tensión que esa convivencia genera se resuelve mediante el diálogo social. Es aquí donde cobra importancia la asociación sindical, como herramienta para el diálogo social que encausa la relación de los sectores dentro del marco democrático.

Entonces, el ordenamiento normativo reconoce y protege esta actuación sindical, y en mérito de ello se establecen las garantías sindicales, ordenándonos en este caso que verifiquemos que la actuación sobre un representante sindical no implique un ataque a la función que desempeña.

Es una protección dirigida a ese fin, y como todas las garantías que generan una inmunidad a su titular, no lo exceptúan del cumplimiento de las normas, es decir que la inmunidad no puede transformarse en impunidad.Como dice el Comité de Libertad Sindical (C.L.S.) de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), «Un movimiento sindical realmente libre e independiente sólo puede desarrollarse dentro del respeto de los derechos humanos fundamentales» (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/publication/wcms_090634.pdf)

En palabras más precisas, el Dr. Capón Filas, sobre el Título XII de la L.A.S. decía: «El proyecto social constitucional absorbió tales derechos con las notas de libertad sindical y democracia interna; dichas notas se encuentran dialécticamente unidas porque la sociedad civil a través del Estado garantiza la libertad sindical (RS, art. 1) y las asociaciones mediante sus estatutos, aseguran la democracia interna (RS, art. 8). Se deduce que solamente una entidad democrática y democratizada se halla legitimada ética y políticamente para exigir a la sociedad civil la libertad externa. La clave de bóveda del régimen sindical se constituye por la libertad y la democracia; por lo tanto en caso de duda se ha de resolver por tales valores» (Rodolfo Capón Filas, «El nuevo Derecho Sindical Argentino», Librería Editora Platense, pág. 399).

2. Delimitación del alcance del proceso: El Dr. Capón Filas, bajo el título «Carácter limitado de la sentencia», en la obra antes citada, explicaba que «La sentencia no autoriza ninguna medida del empleador sino que se limita, por el principio de congruencia, a levantar la tutela, para que aquél, recuperadas sus facultades, resuelva respecto del trabajador garantido las medidas que estime convenientes. Siendo así, el trabajador puede en un proceso posterior discutir no sólo los hechos sino también su tipificación» (obra citada, pág. 408).

Esta Cámara ha sostenido esta postura desde «EXPOFRUT S.A. c/ ROLANDELLI JUAN ANGEL s/ EXCLUSIÓN DE TUTELA SINDICAL – SUMARISIMO-» (Se.76 del 03-11-2010), donde se analizaron las distintas posturas sentada por la doctrina en el proceso de exclusión de tutela, adoptada por este Tribunal, a cuyos argumentos me remito en honor a la brevedad adhiriendo a la solución plasmada.

3. Exclusión de la garantía: En el orden de las cuestiones expuestas, llamado a verificar si la petición de la parte actora importa un ataque a la libertad sindical del demandado, o un avance discriminador por su condición de representante sindical.

En principio, el demandado no ha ingresado al proceso ninguna prueba tendiente a tal fin, sino que negó la ocurrencia de los hechos tal y como fueran sostenidos por la actora en su demanda. Su postura pasó por denunciar ser víctima de una agresión física de parte de la Sra. Vergara, lo que no fue verificado en autos.

Al momento de recibir la prueba testimonial, los interrogatorios abundaron sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos el día del conflicto, que los protagonistas reconocieron tener, así como en la personalidad del Sr. M. F. M. en su desempeño gremial, mas no se aportaron datos sobre un accionar persecutorio, discriminatorio ni antisindical de la administración actora.

A mayor abundamiento, la prueba colectada en el expediente da cuenta de la existencia de un conflicto personal entre el Sr. M. F. M. y la Sra. Vergara, cuyo origen se reconoce en su relación familiar, absolutamente escindido del vínculo laboral, resultado el lugar de trabajo una ocasión en el que se encontraron y donde se evidenció tal pelea.

Así las cosas, corresponderá hacer lugar a la exclusión de la tutela sindical que goza el Sr. M. F. M., ante la inexistencia de un avasallamiento sobre su calidad de representante gremial, ni fundado en el ejercicio de sus actividades sindicales.

4. Costas: Por último, las costas se deben imponen al demandado, aplicando el criterio objetivo de la derrota del art. 68 del CPC y C, y para regular los honorarios profesionales se considerará la importancia de los trabajos realizados, calidad y extensión de los mismos.TAL MI VOTO.-

Las Dras. Daniela A. C. Perramón y María del Carmen Vicente, adhieren al voto precedente por los mismos fundamentos fácticos y razonamientos jurídicos.

Por todo lo expuesto, LA CÁMARA SEGUNDA DEL TRABAJO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE RIO NEGRO, con asiento en esta ciudad;

III. RESUELVE: 1. HACER LUGAR a la demanda de exclusión de tutela sindical promovida por la MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA contra el accionado Sr. M. F. M., por las razones expuestas en los considerandos.

2. Costas a cargo del demandado, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales del Dr. Juan Carlos Giménez y la Dra. Carolina Cailly, en la suma conjunta de $ 34.060; y de la Dra. Ailen Roca en la suma de $ 31.140 (MB: Indeterminado- 10 y 9 Jus respectivamente- Arts., 6, 8, 9 y 37 Ley de Aranceles). Los honorarios de los profesionales se han regulado teniéndose en cuenta la importancia de los trabajos realizados, calidad y extensión de los mismos. Asimismo, que no incluyen el porcenta je correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, por lo que de corresponder deberán los profesionales dar cumplimiento con las disposiciones de la Resolución General AFIP N° 699/99.

3. Líbrese oficio al Banco Patagonia S.A. a efectos de que proceda a abrir una cuenta judicial a nombre de estos autos y a la orden del Tribunal, informando en el plazo de cuarenta y ocho horas de recibido el oficio, y al al mail oficial de este Tribunal camlabroca-s2@jusrionegro.gov.ar, el número de CBU de la cuenta. Cúmplase por Secretaría mediante oficio en formato PDF, con firma digital.

4. Regístrese, notifíquese y cúmplase con Ley 869.

DRA. DANIELA A.C. PERRAMON

-Presidenta-

DRA. MARÍA DEL CARMEN VICENTE

-Jueza-

DR. JUAN AMBROSIO HUENUMILLA

-Juez-

El instrumento que antecede ha sido firmado digitalmente en los términos y alcances de la Ley Nac. 25506 y Ley A 3997, Res. 398/05 y Ac. 12/18-STJ y se publica en el día de la fecha. Conste.

Secretaría, 01 de julio de 2021.

Ante mí: DRA. MARÍA MAGDALENA TARTAGLIA -Secretaria-

A %d blogueros les gusta esto: