fbpx

#Fallos Interés superior del niño: Se concede la prisión domiciliaria al padre de tres niños, ya que su presencia permitiría asegurar el bienestar integral de los menores, además del acatamiento del régimen carcelario

Partes: U. F. J. s/ cpo. de ejecución de pena privativa de libertad

Tribunal: Juzgado de Ejecución Penal de Córdoba

Fecha: 18-jun-2021

Cita: MJ-JU-M-133571-AR | MJJ133571 | MJJ133571

Interés superior del niño: se concede el beneficio de la prisión domiciliaria al padre de tres menores, teniendo en cuenta que tal presencia permitiría asegurar su bienestar integral tanto en lo material como en lo afectivo, a lo que se añade el acatamiento por el progenitor del régimen carcelario y la adecuada forma en la que está llevando su tratamiento penitenciario.

Sumario:

1.-Corresponde conceder el beneficio de prisión domiciliaria al padre de tres niños menores que residen junto a su abuelo paterno y un tío, gozan de buena salud y cuentan con el apoyo de su tía y la Municipalidad, en lo que hace a su educación, si el interés superior de aquéllos, que se asienta sobre su bienestar integral, estaría resguardado con la presencia y cuidado de su progenitor, no sólo desde lo material, sino y principalmente desde lo afectivo, teniendo en cuenta que junto a su madre y abuelos no han tenido un centro de vida estable ni, esencialmente, un referente a identificar, que han demostrado interés en comunicarse con su padre en forma cotidiana y que tal presencia les permitirá estar acompañados, contenidos y cuidados por quien identifican como único progenitor, a lo que se añade el acatamiento por este último de la normativa carcelaria vigente y su modo adecuado de llevar adelante el tratamiento penitenciario.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

2.-Si bien los arts. 10, inc. f) del CPen. y 32, inc. f) de la Ley de Ejecución Penal 24.660 -conforme Ley 26.472 – disponen que el juez de ejecución puede acordar la prisión domiciliaria a la madre de un niño menor de cinco años, la concesión de dicho beneficio también es viable, con carácter excepcional, respecto del padre -en el caso, de tres menores-, cuando esté comprometido el interés superior del niño, lo que ocurre si, en razón de la situación concreta del niño o niña, la presencia del progenitor es indispensable para resguardar su salud física o psíquica y, por lo tanto, para su normal desarrollo, ya que cualquier interpretación restrictiva entraría en colisión con principios de raigambre constitucional y supranacional como el de igualdad, la perspectiva de género,. la Convención sobre los Derechos del Niño y el interés superior del niño, niña o adolescente -arts. 16 y 75, inc. 22 , CN.-, cuya jerarquía máxima en el ordenamiento jurídico los pone por encima de las leyes de aplicación al caso.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

RIO CUARTO, 18/06/2021.

Y VISTOS: «U., F. J. -CPO. DE EJECUCIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD-«, (Expte. S.A.C. Nº 9637197), que se tramitan por ante este Juzgado de Ejecución Penal, traídos a fin de resolver el pedido de prisión domiciliaria formulado por la defensa técnica del condenado F. J. U.; Dr. Rolbi Valdivieso.- DE LOS QUE RESULTA:

I) Que por Sentencia N° 208 de fecha 04/09/2020, la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación esta ciudad, resolvió en lo que aquí interesa: «.2. Declarar a F. J. U., de condiciones personales ya relacionadas, coautor material y penalmente responsable del delito de Robo calificado por el resultado lesivo y Robo calificado por el uso de arma en grado de Tentativa, en concurso ideal -hecho nominado quinto- (arts. 45, 54 y 166, inc. 1º e inc. 2º -primer supuesto, en función de los arts. 42 y 90-, del CP) -relativo al requerimiento fiscal de citación a juicio de fs. 239/256- e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de cinco años de prisión, accesorias de ley y las costas del proceso (arts. 5, 9, 12, 26 -a contrario sensu-, 29, inc. 3º, 40 y 41 del CP; y arts. 412, 550 y 551 del CPP).». Que de acuerdo a constancias de autos (fs. 39), dicho resolutorio condenatorio no se encuentra firme, por haberse interpuesto recurso de casación. Que, según cómputo de pena practicado por el Tribunal de Juicio (fs. 40), la fecha íntegra de cumplimiento de la pena privativa de libertad del penado F. J. U., es el día catorce de octubre del año dos mil veinticuatro (14/10/2024).

II) Que obra en autos, escrito presentado por el Dr. Rolbi Valdivieso, mediante el cual solicitó la concesión del beneficio de prisión domiciliaria del interno F. J. U., en base a lo regulado en el art. 32 inc. «f» de la Ley 24.660 y art. 10 inc.»f» del Código Penal (según redacción de la Ley N° 26.472). En dicho libelo, expresó la defensa que F. J. U. era padre de dos hijos menores (F.V.U. y A.D.U), de uno y dos años de edad respectivamente, los cuales a la fecha se encontraban en guarda de M. R. U. (progenitor del condenado y abuelo de los menores), la cual había sido concedida por el Juzgado de Violencia Familiar de esta Sede Judicial, en Expte. S.A.C. 9781505. Refirió asimismo la defensa; que no se conocía el paradero de la madre de los menores (F. S.), la cual se había ausentado de _, Pcia. de Córdoba, localidad en la que residían los menores junto a su abuelo en la actualidad. Señaló el letrado, que si bien la ley contemplaba la posibilidad de concesión de la prisión domiciliaria a la madre de menores de cinco años que hayan sido condenadas; ya existía jurisprudencia que había hecho extensivo el beneficio impetrado, a quien fuera padre de un menor. Finalmente, expresó la defensa que el Sr. M. R. U., asumiría el rol de tercero responsable para el caso de hacerse lugar al instituto peticionado y que el domicilio propuesto era el sito en calle _ N° _ de la localidad de _, Pcia. de Córdoba y presentó la documental a fin de acreditar los extremos invocados.

III) a) Que en virtud a la solicitud efectuada y con fundamento en lo dispuesto por nuestro máximo Tribunal Provincial en autos: «Salguero», (Sent. N° 344 del 22/12/2009); esta judicatura resolvió solicitar los informes criminológicos correspondientes al establecimiento penitenciario local, a fin de ponderar a través de los mismos, los indicadores positivos o no de F. J. U. ante una posible concesión del beneficio. Surge de lo informado por el Área de Seguridad, la no comisión de sanciones computables al interno F. J.U., habiendo obtenido siempre en sus calificaciones trimestrales de evaluación de Conducta, el máximo guarismo susceptible de ser alcanzado, destacándose un buen trato con el personal de guardia y siendo calificado como «Bueno» el juicio por parte de dicha área. El Área de Salud, informó la falta de antecedentes patológicos de relevancia en F. J. U.; sí antecedentes de consumo y que a la fecha se encontraba clínica y hemodinámicamente compensado. Por su parte, desde el Área Social, surge que el interno solicitó la autorización del domicilio de su progenitor, para la concesión del beneficio, mencionando a los profesionales que la persona que asumiría como tercera responsable ante la posible concesión del beneficio, sería su hermana, la Sra. R. G. A. Asimismo, se informó sobre la relación de pareja que el interno F. J. U. habría mantenido con la Srta. F. S., de la cual fueron fruto los dos menores involucrados y puestos de resalto en el instituto hoy solicitado (A.D.U. y F.V.U.) de 3 y 1 año y medio de edad respectivamente. Relacionado con ello, se develó en el informe, la preocupación del condenado por sus hijos menores, ya que a la fecha se desconocía el paradero de su ex pareja y que por esta circunstancia los mismos estarían a cargo de la Sra. S. M., madre de su ex pareja. Se estableció por parte del área, contacto con la hermana del interno, quien ratificó su voluntad y compromiso de asumir el cuidado de su hermano como tercera responsable, como así también el domicilio propuesto por la defensa técnica. Asimismo, surge de este último contacto y también plasmado en el informe, que en el domicilio residiría el interno junto a sus dos hijos menores, su hermana y el progenitor de ambos, quien fue identificado como sustento económico del hogar. Finalmente, el Área Psicología, a través del Lic. Santiago Martín, expresó que el interno F. J. U.ante el abordaje practicado, había empleado un discurso organizado y fluido, que giró en torno a su situación de prisionalización; variables contextuales que pudieron converger en su detención y los problemas en su ámbito familiar (principalmente los asociados a sus hijos), lo cual le generó momentos de angustia y expectativas en poder acceder al beneficio de la libertad condicional. b) Asimismo, ordenó este Tribunal la realización de una encuesta Socioambiental por parte del Equipo Técnico de esta sede Judicial, en el domicilio indicado para un posible acceso al beneficio instado. La medida ordenada, fue realizada por la Trabajadora Social, Lic. Gabriela Geymonat, surgiendo de las conclusiones a las que arribara la misma, que la Sra. R. G. A. confirmó el rol como tercera responsable que asumiría de su hermano, refiriendo además que contaba con los medios económicos para satisfacer las necesidades, contando también con la ayuda que le brindaría el municipio de la localidad de _, Pcia. de Córdoba. Se describe en el informe por otro costado, las condiciones de habitabilidad de la vivienda sito en calle _ N° _ de la referida localidad, surgiendo precisiones de donde residiría F. J. U. junto a los menores. En otro contexto, refirió la entrevistada que antes de la detención de su hermano, los menores F. y A. se encontraban a cargo de su madre (F. S. – 24). Que luego de la detención de F. J. U.; ayudaba a F. S. con el cuidado de los niños. Trajo a colación R. G. A., que la relación entre F. S. y F. J. U. era conflictiva y que a veces retiraba los niños del hogar para que no presenciaran las peleas. Agregó que cuando F. S. quedó sola con los niños, empezó a organizar juntadas que duraban desde las 19:00 hs., hasta las 08:00 del día siguiente con los niños en la vivienda (residían en la casa de R. G.A.) y que cuando se le reclamó por sus actitudes, se enojó y se fue de la vivienda con sus hijos, mudando por diferentes localidades, hasta dejarlos con su progenitora (abuela materna). Agregó la profesional, que al momento del abordaje, los menores F.V.U, A.D.U. y P.Y.S. de 1, 2 y 6 años de edad respectivamente, se encontraban viviendo en el campo con su abuelo paterno, un tío de nombre P. U. y la pareja de éste último, encontrándose los mismos en buen estado de salud. Se especificó que P.Y.S., en las semanas de escuela presencial se vendría a vivir con su tía R. G. A., siendo ésta apoyo de la misma en el cursado, destacándose que a la sala de 5, no había podido asistir por los incumplimientos de su madre en cuanto a la asistencia de la niña y que se encontraría a la fecha cursando 1er. grado. Que, en relación a A.D.U., surge del informe que tendría que estar asistiendo a la Sala de 3 y que a la fecha se estaban llevando a cabo las gestiones (municipio de la localidad), para que pueda llevar a cabo las clases con la modalidad que la situación sanitaria había impuesto y la ayuda de materiales necesarios. Agregó también la entrevistada; que los niños se comunicaban telefónicamente todos los días con su padre; que F. S. viaja todos los fines de semana a la localidad de _, pero no solicita ver a sus hijos, desconociendo su lugar de residencia y que tiene en su poder el D.N.I. de los mismos; cobra la Asignación Universal por hijo y no transfiere a sus actuales cuidadores aporte de dinero alguno para satisfacer sus necesidades. Surgió también de los dichos de R. G. A.; que P. cuida mucho de sus hermanos y que está muy triste y enojada con su mamá por haberlos abandonado. Finalmente, surge del informe elaborado por el Equipo Técnico; que se mantuvo entrevista con la Lic.Cettour, Trabajadora Social del Municipio de _, quien se encuentra trabajando sobre la situación de los menores junto a su tía R. G. A. para que puedan acceder a sus necesidades básicas, educativas, terapéuticas, salud, etc. y que con fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se entrevistó con ésta última, la referida profesional del municipio y el Sr. M. R. U. a fin de poder conocer la situación familiar y colaborar con los mismos. Por último, adjunto la Lic. Geymonat a su propio informe; exposiciones realizadas en la Comisaría de _; informes técnicos del área de Desarrollo Social del Municipio y del Centro Educativo Carlos Vergara. c)De las exposiciones precedentes; surge en lo medular el interés del denunciante M. R. U., de poner en conocimiento la situación de abandono en la que se encontraban sus nietos y la decisión que tomó él mismo de trasladarlas a su domicilio, luego de entrevistarse con la abuela materna de los menores, quien le refirió la imposibilidad del cuidado de aquellos. Concatenado con ello, del Informe del Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de _, surge el abordaje desde hace ya un tiempo a la fecha (no menos de ocho meses) que se viene realizando por parte del municipio sobre los menores, su progenitora F. S., el entorno de ésta última y los familiares (abuelo paterno y una tía), que son quienes se encuentran a la fecha al cuidado de los niños. Al igual que lo plasmado en las denuncias ya referenciadas; surge también del informe social, la imposibilidad que tenía la abuela materna de criar a sus nietos, la carencia de condiciones económicas de poder llevarlo a cabo y las idas y vueltas de la progenitora de los menores (F.S.), quien deambulaba desde un lugar a otro, dejando a sus hijos con su abuela en algunas ocasiones, en otras llevando a alguno de ellos y dejando a los otros, minimizando la situación de riesgo al cual los expone y la preocupación de los hoy tutores -que no registran noticias de su paradero durante días-. Finalmente, se expresó en este último informe social, el interés de evaluar posibilidades para una mayor estabilidad, con el objetivo de que los niños puedan crecer en un marco más seguro y que se les garantice el derecho a la educación, salud, entre otros.

IV) a) Imprimiendo a la solicitud el trámite incidental (arts. 35 bis y 502 del CPP), se corrió vista al representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Julio M. Rivero, quien luego de reseñar cronológicamente como se fueron dando los acontecimientos de abordaje sobre los menores involucrados en el incidente; la intervención de los profesionales de las áreas de desarrollo social, el Equipo Técnico de nuestra sede tribunalicia y las expresiones de los diferentes familiares implicados en el contexto social que rodea a los menores, dictaminó que se debía hacer lugar al beneficio de prisión domiciliaria en favor de F. J. U., teniendo en cuenta la premisa o principio del «Interés superior del niño», reconocido por los tratados internacionales incorporados en nuestra Constitución Nacional. Asimismo; el representante del Ministerio Público Fiscal analizó la hipótesis de que sea el padre y no la madre a quien se conceda el beneficio y la franja etaria de los menores, trayendo a colación expresamente: «.Reforzando una visión estereotipadas de roles es que asignamos a la mujer, en razón de su género, la función exclusiva de cuidado, constituyendo esto un supuesto de discriminación indirecta.Hasta la normativa civil en materia de responsabilidad parental, establece que los hijos tienen derecho a relacionarse con ambos padres por igual y de manera compartida, derogando la preferencia materna de la tenencia de los hijos menores de cinco años porque tal prioridad vulnera el principio de igualdad y reafirma roles rígidos y tradicionales según los cuales las madres son las principales y mejores cuidadoras de sus hijos. En consecuencia, la limitación etaria y de género impresa en el art. 32, inc. F de la ley 24660 debe ser entendida y aplicada según el contexto del caso en análisis y no funcionar como una denegatoria automática para quien no tipifique en género y edad, contradiciendo así nuestra Carta Magna y los tratados que nos obligan como Estado.». Expresó finalmente el representante estatal, que debía hacerse lugar al beneficio instado. b) Asimismo y en virtud a lo dispuesto en el art. 103 del Código Civil y Comercial de la Nación, oportunidad en la que prevé la determinación de dar participación complementaria al Ministerio Público (pupilar), en todos los procesos en el que se encuentren involucrados intereses de personas menores de edad; ésta Judicatura, resolvió correr vista a la Asesora de Niñez de esta sede judicial, quien luego de reseñar doctrina y jurisprudencia vinculada con la temática motivo del incidente y valorar y desmembrar la totalidad de la prueba incorporada en autos, dictaminó el Ministerio Pupilar a su cargo, entendía en su calidad de garante de los derechos de A. y F., que se encontraban dadas las condiciones para el otorgamiento de la prisión domiciliaria a su progenitor ya que los niños se encontraban en la actualidad, sin cuidados parentales por la decidía de su madre que los abandono y por la situación de encierro de su padre. Expresó asimismo la representante pupilar; que se encontraban satisfechos los requisitos previstos por la ley 24660 y C. P.para que el imputado goce del beneficio de la prisión domiciliaria, los niños se encuentran dentro del rango etareo previsto por ley para el otorgamiento del beneficio solicitado, y que si bien la ley hablaba de «madre» con el cambio existente en nuestro derecho civil fondal -que prevé el cuidado personal de los hijos de manera compartida no existiendo ya preferencia materna- se debía interpretar lo dispuesto por la menciona ley (art. 32 inc. F Ley 24660 y sus modificatorias) como «madre/padre», de acuerdo a jurisprudencia ya asentada sobre la materia. Resaltó finalmente la Asesora; que los informes acompañados daban cuenta de la necesidad de estabilidad por parte de los niños para que su interés superior no se vea vulnerado y que tal situación la llevaba a determinar que el otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria no perjudicaría los derechos de los menores de edad, muy por el contrario los complementaba. Concluyó entonces, que el interés superior del niño, niña o adolecente, debía primar por sobre el interés de los adultos involucrados y que debía hacerse lugar a lo solicitado por el Dr. Valdivieso en favor de su defendido, y en consecuencia otorgarse el beneficio de la prisión domiciliaria al Sr. F. J. U., por resultar lo más beneficioso al interés superior de sus representados.- Y CONSIDERANDO: I) Sabido es que la prisión domiciliaria es una de las alternativas para situaciones especiales que prevé el ordenamiento jurídico argentino (art. 10 del Código Penal, arts. 32, 33 y 34 de la ley n° 24.660), en relación a la modificación en la forma de ejecución de la pena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo, y por ende «no constituye un cese de la pena impuesta ni su suspensión (.) en las que los muros de la cárcel son sustituidos por un encierro en el domicilio fijado bajo el cuidado de otra persona o institución» (TSJ Cba, Sala Penal, sent.N° 17 del 2/4/03, «Docampo Sariego»). Debo señalar que si bien con anterioridad a la sanción de la nueva ley 26.472 (que modifica el art. 10 CP y la ley 24660), ya se expresaba tanto en doctrina como en jurisprudencia que la regulación de las causales allí establecidas no revestían una enunciación taxativa, no existen dudas que la nueva legislación al haber explicitado nuevos supuestos, y al igual que todas las hipótesis de prisión domiciliaria que se contemplaban antes de la reforma -con la salvedad actual de los incisos «e» y «f» que responden al principio rector del interés superior del niño y es la hipótesis sobre la que justamente se ahondara en la presente resolución-, se orienta a garantizar la vigencia del principio de humanidad en la ejecución de las penas privativas de la libertad, el cual tiene en el ámbito de la República, expresa consagración normativa (CN art. 75 inc. 22, Declaración Americana de los Derechos del Hombre, XXV, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, art. 5.2, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 10; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes-AG, ONU, 10/12/84, Considerandos). Por otra parte, no es nueva la discusión, en orden a si la posibilidad de disponer el cumplimiento de la pena bajo esta modalidad, constituye una facultad discrecional del tribunal («podrá» dice la norma) o bien un deber de la magistratura una vez verificadas las exigencias legales del instituto. Adhiero a la segunda tesis ya que, conforme nos señala entre otros doctrinarios Raúl E. Zaffaroni, afirmar el carácter facultativo de la incorporación a la modalidad alternativa, sería menos que dejar «abierto el camino de la arbitrariedad» (Manual de Derecho Penal, Parte General, Ed. Ediar, Bs. As., 2000, pág.908). En apoyo de tal tesitura, José Daniel Cesano nos dice que «una cosa es la mayor o menor libertad de apreciación en orden a la interpretación de cada caso en particular y algo muy distinto -que no puede confundirse- es el de un supuesto carácter facultativo del instituto que, pese a subsumirse la situación en la norma, permitiera al juez negar la alternativa. Esta última hipótesis equivale a un nítido caso de arbitrariedad que, como tal, debe descalificarse» («Estudios de Derecho Penitenciario», Ed. Ediar, Bs. As., 2003, pág. 137, transcribiendo un fallo de la Cámara Federal de San Martín.). Conforme lo referido precedentemente, con la sanción de la ley nacional N° 26.472 se han ampliado los supuestos de procedencia de la prisión domiciliaria, la que se podrá otorgar: a) al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; d) al interno mayor de setenta años; e) a la mujer embarazada y f) a la madre de un niño menor de cinco años o de una persona con discapacidad, a su cargo (arts. 10 CP y 32 ley nacional N° 24.660 -ambos según ley nacional N° 26.472-).- II) El caso concreto sometido a consideración será analizado especialmente en virtud de lo dispuesto por los arts. 32, inc. f de la Ley 24.660 y art. 10 inc. f del Código Penal (según redacción de la Ley N° 26.4 72), que establecen que el Juez de Ejecución podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: «a la madre de un niño menor de cinco años o de una persona con discapacidad, a su cargo» (arts.10 CP y 32 ley nacional N° 24.660, ambos según ley nacional N° 26.472). Sobre la base de esa normativa corresponde analizar el caso traído a resolver a la luz de las actuaciones existentes, adelantando que luego de valorar los elementos de convicción incorporados en el Legajo de ejecución que se relacionan con este extremo fáctico, considero que la pretensión de la defensa técnica debe tener acogida favorable y doy razones de ello.- Adentrándonos al estudio concreto del supuesto de procedencia invocado por la defensa como alternativa a la concesión del beneficio aquí tratado (art. 32 inc. f) Ley 24.660 y art. 10 inc. f del C.P., según Ley 26.472), si bien la ley no establece taxativamente la forma de acreditar la minoría de edad de los menores involucrados; la partida de nacimiento extendida por autoridad competente, será elemento objetivo suficiente para acreditar tanto la edad como el vínculo familiar requerido legalmente. Conforme surge entonces de las copias legalizadas de partidas de nacimiento presentadas por la defensa técnica, los menores F.V.U. y A.D.U de 2 y 3 años de edad respectivamente, son hijos de F. J. U. y F. S., encontrándose ambos dentro de la franja etaria prevista por la normativa de aplicación. Dado por cumplimentado entonces uno de los presupuestos exigidos por ley (edad de los menores) y no habiendo nada más que agregar al respecto, debemos desentrañar el restante, teniendo en cuenta que quien solicita el beneficio hoy en estudio es el «padre» y no la madre de los menores.Sobre el tópico, es necesario destacar que la doctrina no es pacífica respecto a la interpretación del «presupuesto madre», es así que algunos autores , sostienen que al admitirse la aplicación del instituto a padres u otros familiares distintos a la madre se estaría haciendo un uso abusivo del recurso de analogía in bonam partem, porque en esta situación no existe una autentica laguna axiológica sino un desacuerdo valorativo que descansa en un rechazo hacia una tesis de relevancia excluyente.- Para los autores de esta corriente, estos desacuerdos valorativos no entrañan un descuido legislativo en la formulación de la regla sino que importan una renuncia implícita del legislador a considerar relevante cualquier otra propiedad distinta de la plasmada en la ley (Cfr. Arocena, G.A.-Cesano, J.D., La prisión domiciliaria, Ed. Hammurabi, Buenos Aires -2015-, pág. 56, citado en J.D. Cesano y ots. » Ley 24.660, Ejecución de la pena privativa de la libertad, con las modificaciones de la Ley 27.375″, Ed. Alveroni, Córdoba -2020-, pág. 129).- En esa dirección De La Fuente explica que el texto legal es claro respecto a que únicamente se ha incluido a las madres privadas de la libertad y no a los padres, y explica que nos hallamos ante modalidades excepcionales de cumplimiento de la pena privativa de la libertad y es el legislador el que legítimamente debe decidir a qué supuestos se aplica, agregando finalmente, entre otras razones, que el legislador ha querido mejorar el estándar y resguardar especialmente el vínculo materno-filial, por considerar que el contacto de la madre con su hijo es fundamental en los primeros años de vida (Cfr. Salduna, M.- De la Fuente, J., » Ejecución de la Pena privativa de la Libertad- Comentario a la Ley N° 24.660 reformada por la Ley N°27.375″, Ed. Del Sur , CABA -2019-, págs.182-183-).- Por otro lado, existe otra postura, -a la que adscribo-, que sostiene que la concesión de la prisión domiciliaria -o en su caso, el arresto domiciliario-, también podría resultar viable excepcionalmente respecto del padre, cuando se encuentre comprometido el interés superior del niño, lo que ocurrirá si, en razón de la situación concreta en la que se encuentra el niño o niña, la presencia del interno resulta indispensable para resguardar su salud física o psíquica y, por lo tanto, para su normal desarrollo (Cfr. Salduna, M.- De la Fuente, J., ob. cit., pág. 183-184), situación que considero se da en las presentes actuaciones.- Es que el presupuesto, no puede constituir un límite infranqueable para la «valoración» del instituto en favor del padre de los menores, ya que cualquier interpretación restrictiva de la norma, entraría en colisión con principios de raigambre constitucional y supranacional como son el de igualdad; la perspectiva de género; la Convención sobre los Derechos del Niño y el Interés Superior del Niño, Niña o Adolescente (arts. 16 y 75 inc. 22 de la C.N.). Estos últimos revisten la jerarquía máxima en nuestro ordenamiento jurídico, encontrándose en la escala piramidal, por encima de las leyes sancionadas por nuestro Congreso Nacional y que serían de aplicación en el caso (art. 32 ley Nac. N° 24.660 y art. 10 del Código Penal). Lo expuesto reitero, denota que lo esencial y a tener cuenta, es el interés superior del niño; el rol que pueda ocupar el solicitante del beneficio en el núcleo familiar y que la privación de la libertad, no trascienda en sus efectos más allá de este último e implique colateralmente una «sanción extra» para los menores involucrados.Aclarada la cuestión sobre la procedencia del instituto y sorteada la cuestión interpretativa desarrollada supra, debo ahora analizar si el principio que otorga sustento y base a una de las posibilidades para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, se encuentra a la fecha afectado o vulnerado y como consecuencia de ello, si el caso concreto se direcciona hacia la concesión o no del instituto impetrado, y para ello debo llevar adelante una valoración conjunta de la documental incorporada en autos. En primer lugar, la encuesta social agregada a fs. 66 de autos, llevada a cabo por la Lic. en Trabajo Social Gisela Cettour y la Secretaria de Desarrollo Social, Romina Gregorat, ambas con desempeño de funciones en la Municipalidad de _, Pcia. de Córdoba; visibiliza el estado en que se encontraban los menores al realizarse un abordaje en la vivienda de la abuela materna de aquellos (durmiendo sobre un colchón tirado en el suelo y hasta vestido uno de ellos con ropa de su abuela) y el abandono en que se encontraban por parte de su progenitora F. S., quien los había dejado a cargo de su madre, sin medios económicos, ni medicación que habrían estado necesitando, mostrando además una falta de comunicación total e interés por el estado en que los mismos se encontraban en su lugar de residencia transitorio. Asimismo, pudo apreciarse del informe, que F. S. en las ocasiones que estuvo a cargo de alguno de sus hijos y ante la carencia de medios económicos para satisfacer necesidades básicas de aquellos (comida), demostró un nulo interés ante la ayuda proporcionada por la Municipalidad de la citada localidad, circunstancia en la que el abuelo paterno y la tía de los menores, tomaron intervención para satisfacer aquellas, colaborando en todo momento ante el panorama que se presentaba. Concatenado con ello, y en segundo lugar, de las exposiciones realizadas (27/04/21 y 28/04/2021) por el abuelo paterno de los menores (M. R.U.) quien además de dejar plasmada su voluntad de hacerse cargo de sus nietos atento a la situación de precariedad en que se encontraba la abuela materna, pudo también detallar el desapego evidenciado por la progenitora de los menores, dado a conocer en esa oportunidad por su propia madre, quien refirió que desconocía el paradero de F. S.; que se había retirado el día 15/04/21 y que residía junto a una nueva pareja y no había vuelto por sus hijos. El mismo escenario ya descripto, fue reforzado por la encuesta socio-ambiental llevada a cabo por el Equipo Técnico de esta sede tribunalicia. De la entrevista realizada a la Sra. R. G. A. (propuesta hoy como tercera responsable), quedó evidenciado los desajustes en los que incurría F. S. para con sus hijos, organizando juntadas en su domicilio que se prolongaban de un día hasta la mañana siguiente, mutando domicilios continuamente y abandonándolos a su suerte en la casa de su abuela materna sin que se conozca su paradero por tiempos prolongados e inclusive aportándose como dato, que en los momentos en que permanecía en el pueblo, no solicitaba verlos, lo que también surge de los informes labrados por los profesionales de las áreas de Seguridad, Social y Psicología del Establecimiento Penitenciario local, que han reafirmado en un todo las circunstancias de vida expuestas en las encuestas, dando cuenta de la preocupación y angustia puesta de manifiesto por el interno F. J. U. por la situación de sus hijos en el medio libre; el desamparo de los mismos evidenciado por su ex pareja y los inconvenientes de la madre de esta última para hacerse cargo de los menores.- Asimismo, quedó efectivamente ratificada en la encuesta, la responsabilidad que asumiría la Sra. R. G. A. como tercera responsable para el caso que se conceda el beneficio a F. J. U.; como así también, las condiciones de habitabilidad del domicilio propuesto.En consecuencia de lo analizado puedo concluir que si bien los menores, residen hoy junto a su abuelo paterno y un tío en la zona rural de _; que se encuentran en buen estado de salud, con el apoyo de su tía y futura tercera responsable (Sra. R. G. A.), como así también de la Municipalidad, en lo que respecta al aspecto educacional, no debe olvidarse que el interés superior de estos, que guía al instituto solicitado, no se asienta sobre tal extremo, sino sobre el bienestar integral de los niños, el cual en el presente caso se evidenciaría resguardado con la presencia y el cuidado de su padre, no sólo desde lo material, sino y principalmente desde lo afectivo. Y arribo a esa conclusión, porque en el transcurrir de los menores junto a su madre y abuelos, no han tenido un centro de vida estable y esencialmente, un referente a identificar en esta etapa que transitan (niñez) y el largo camino que aún les resta emprender en su vida, agregando a ello el demostrado interés de los tres menores involucrados en comunicarse telefónicamente con su padre en forma cotidiana, circunstancia no menor al momento de validar la existencia de un vínculo estrecho entre ellos. En definitiva, entiendo que la presencia de F. J. U. junto a los menores, le otorgará a estos últimos la posibilidad de encontrarse acompañados, contenidos y cuidados por quien ellos a la fecha identifican como su único progenitor (a punto tal que P.Y.S., refirió estar muy triste y enojada con su mamá por haberlos abandonado). Debo agregar a ello, que la decisión asimismo se ve respaldada por el desempeño de F. J. U. en el acatamiento de la normativa carcelaria vigente y su modo adecuado de llevar adelante el tratamiento penitenciario, lo que me permiten avizorar que para el caso de serle concedido el beneficio, dará cumplimiento a las pautas conductuales que van de la mano con el instituto y con el objetivo de ser soporte moral, ético y afectivo de sus hijos.Por todo lo expuesto, oídas las partes y normas legales citadas, RESUELVO: I) CONCEDER la incorporación al instituto de prisión domiciliaria del interno F. J. U. -Legajo S.P.C. N° 83.652-, a partir del día de la fecha; toda vez que las situaciones fácticas señaladas pueden ser subsumidas en la causal regulada en el art. 10 inc. «f» del C.P., primer supuesto y art. 32 inc. «f», primer supuesto de ley nacional N° 24.660, según redacción por ley nacional N° 26.472. y en consecuencia concederle al nombrado dicho beneficio bajo el cuidado de su hermana, Sra. R. G. A., con la obligación de residir en el domicilio sito en calle _ N° _ de la localidad de _, Pcia. de Córdoba.- II) Confiar la supervisión de la detención domiciliaria otorgada al Patronato de Liberados de esta ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba. Protocolícese y hágase saber.

Texto Firmado digitalmente por:

ECHENIQUE ESTEVE Gustavo Jose

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2021.06.18

CAMBRIA Pablo Alejandro

PROSECRETARIO/A LETRADO

A %d blogueros les gusta esto: