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#Fallos Burn out: La provincia de Río Negro es responsable civilmente por el estrés padecido por una jueza como consecuencia de las situaciones a las que se vio sometida en su ámbito laboral

Partes: G. G. M. del C. c/ Provincia de Río Negro s/ Ordinario

Tribunal: Cámara del Trabajo de Cipolletti

Fecha: 20-may-2021

Cita: MJ-JU-M-133613-AR | MJJ133613 | MJJ133613

Responsabilidad civil de la provincia de Río Negro por el estrés padecido por una jueza como consecuencia de las situaciones a las que se vio sometida en su ámbito laboral. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-La exposición por largo tiempo -más de ocho años- a situaciones de estrés laboral agudo y sobreexigencias inusuales de demandas a las que estuviera sometida la actora en su condición de primera Jueza de Instrucción Penal, aunado ello a los extensos períodos en que debió de estar de turno en forma permanente como así también la acreditada circunstancia de que a partir de la creación de los dos nuevos Juzgados Penales, debió no solo atender el Juzgado bajo su titularidad sino también ejercer durante considerable tiempo la subrogancia de alguno de los otros tribunales y en algún tiempo incluso de los tres Tribunales existentes, tuvieron entidad suficiente para provocar paulatinamente en la misma un cuadro compatible con un desgaste profesional, con graves efectos incapacitantes que terminaron con su destitución del cargo que desempeñaba por incapacidad sobreviviente.

2.-Se encuentra debidamente acreditado que las excesivas demandas laborales y las perjudiciales condiciones internas y externas en que la actora debió desempeñar sus tareas, tienen una relación de causalidad directa con el padecimiento del síndrome de desgaste profesional que la afectara, toda vez que se visibiliza un nexo causal directo entre esas circunstancias laborales patógenas y el daño físico y psíquico sufrido, lo cual provocó una grave alteración patológica de su personalidad y disminución de sus capacidades funcionales con claro detrimento en su comportamiento, equilibrio emocional y resistencia física-mental para continuar en el desempeño del importantísimo cargo para el que fuera investida.

3.-La sobreexigencia de demandas y situaciones nocivas derivadas de las condiciones internas y externas en que la actora desempeñara en exclusividad sus funciones como Magistrada Judicial de la Provincia accionada, generaron un indudable desgaste en su integridad psico-física y emocional, que derivó a su vez en la eclosión y agravamiento a través del tiempo de su afección incapacitante, sin que existieran antecedentes patológicos anteriores al tiempo del examen preocupacional y sin que surja de autos que se le hayan efectuado examen médico periódico alguno ni que la demandada hubiera adoptado alguna medida cierta y eficaz para atenuar y/o disminuir las consecuencias dañosas emergentes del trabajo cumplido.

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4.-Debe tenerse por acreditada la existencia de relación de causalidad entre el trabajo cumplido y el daño padecido por la actora y por la tanto corresponde reconocer su derecho al resarcimiento debido, teniendo presente que ante la existencia de una discapacidad, cabe su debida reparación, toda vez que es claro que esa minusvalía no solo repercutirá en la esfera económica de la víctima, sino también en diversos aspectos de su personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural y social, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida.

5.-El art. 46 inc. 1° de la LRT ha producido dos consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional al impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia, y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado ‘de fuero común’.

6.-Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 39 LRT, en tanto veda la promoción de toda acción judicial tendiente a demostrar la existencia y verdadera dimensión de los daños sufridos por el trabajador y dispone, además, la exención de responsabilidad civil del empleador, cercenando de manera intolerable su derecho a obtener una reparación integral y el amparo de los derechos que le aseguran la Ley Fundamental y los pactos internacionales de igual jerarquía que le acceden.

7.-Es inconstitucional el listado cerrado de enfermedades profesionales, por ser incompatible con el orden constitucional y supra legal vigente en nuestro país por negar la reparación debida al trabajador víctima de una enfermedad profesional por el solo hecho de que aquella no esté calificada como tal.

8.-Aunque una enfermedad laboral no esté incluida en el listado de enfermedades de la LRT, confeccionado por el PEN, si se demuestra que dicha enfermedad está vinculada causalmente a la actividad laborativa, corresponde la indemnización sobre la base de las disposiciones del derecho civil

10.-La circunstancia de que la actora haya percibido oportunamente un pago de la A.R.T. -conforme los términos del Acuerdo Conciliatorio concertado con la misma-, no obsta ni impide que reclame por la inconstitucionalidad del art. 39 LRT por la veda de acción civil contra el empleador.

11.-El factor laboral debe ser eficaz para la generación del resultado dañoso, operando como causa eficiente o condición determinante de la dolencia, siendo claro que si se logra demostrar la actividad desgastante y nociva y su incidencia paulatina en la salud del/la trabajador/a, resulta razonable presumir la existencia de esa relación de causalidad, salvo prueba en contrario.

12.-Atento su condición de empleadora, se configura la responsabilidad objetiva de la demandada por el riesgo de la actividad y también concurre con ello una responsabilidad por omisión ante la desatención de los deberes de prevención, cabiendo tener presente que el art. 4.1 de la LRT impone no solo a la ART, sino también al empleador la obligación de realizar una prevención eficaz de los riesgos del trabajo, sumado ello, la acreditada falta de atención y debida respuesta a los reiterados pedidos de asistencia efectuados por la actora tanto en forma verbal como escritos.

13.-Además de la incapacidad física resarcible, la actora ha padecido un importante daño extrapatrimonial que debe ser reparado a fin de que la reparación sea realmente plena e integral, cabiendo puntualizar que ante la afección que produjo su destitución de su cargo de Magistrado, resulta inescindible a ello la frustración de todo un proyecto de vida con una inevitable lesión de los sentimientos de la demandante.

Fallo:

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 20 días del mes de Mayo del año 2021, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Cámara del Trabajo de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento de funciones en esta ciudad, para dictar sentencia en autos caratulados «G. G. M. DEL C. C/ PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ ORDINARIO» (Expte. CI-09230-L-0000).-

Previa discusión de la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la actuaria, se decide votar en el orden del sorteo previamente practicado, correspondiendo hacerlo en primer término al Dr. Luis Francisco Méndez, quién dijo:

I.- Que viene a mi voto el Expediente de marras, en el que a fs. 01/33 vta. se presenta mediante Apoderado la Sra. M. DEL C. G. G., promoviendo demanda contra HORIZONTE A.R.T. S.A. y la PROVINCIA DE RIO NEGRO, por la suma de $ 5.785.434,00, en concepto de Indemnización por enfermedad profesional -burn out-, daño material y psicológico, solicitando se reconozca la misma en los términos de la ley 24557 y se otorguen prestaciones de ley, en atención al 73% de incapacidad que denuncia.-

Aclara preliminarmente que su mandante reclama en razón de una enfermedad profesional no listada cuya primera manifestación invalidante se produjo con la sentencia dictada en el mes de agosto del año 2012 por el Consejo de la Magistratura, que decidió su remoción por incapacidad sobreviniente. Teniendo en consideración que la ley 26.773 fue publicada en el B.O. en fecha 26/10/12 con vigencia desde el 4/11/12, sostiene que su aplicación retroactiva solo resulta en lo atinente a las prestaciones en dinero por incapacidad permanente que se ajustarán mediante índice RIPTE con base al 1/01/2010.-

Entiende que el Tribunal resulta competente para entender en la presente conforme art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, Constitución Provincial y ley 1.504. Por ello plantea la inconstitucionalidad del art. 46 de la ley 24557.Fundamenta y cita jurisprudencia que avala su posición.-

Plantea también la inconstitucionalidad del art. 6 ap. 2 de la ley 24557 por considerar que excluir la patología de la actora en las contingencias previstas en el listado de enfermedades profesionales, resulta irrazonable en tanto viola el principio universal de que quien causa un daño tiene la obligación de repararlo. Argumenta y cita el fallo «Maldonado» del STJRN en respaldo de su planteo.-

Manifiesta que la actora ingresó a trabajar al poder judicial por concurso, asumiendo como secretaria del Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de la ciudad de General Roca el 22/04/94. El 10/12/01 también mediante concurso es designada Jueza de Instrucción Penal en el Juzgado N° 21 de la ciudad de Cipolletti, tomando juramento recién el 5/06/03. Aclara que durante los meses de junio y julio de 2003 organizó administrativamente el organismo, desde prever registros, adecuar instalaciones, hasta recorrer unidades policiales y llenar o adecuar computadoras y equipos informáticos. Propuso al STJ alternativas para paliar las características del juzgado, ya que el mismo tenía una jurisdicción mas amplia que los 6 juzgados de General Roca, no contaba con organismos de apelación y juicio cercanos y tampoco tenía fiscal y defensor oficial del fuero. Inmersa en esa situación y desde agosto de 2003 hasta febrero de 2005 la actora estuvo permanentemente de turno, disponible las 24 horas, todos los días del año. El juzgado colapsó a poco de empezar y ello motivó la renuncia de uno de los secretarios designados a cuatro meses de iniciar funciones. Aún con conocimiento del STJ se demoró incluso la subrogación del mismo y posteriormente la secretaria designada ganó otro concurso y dejó nuevamente vacante el cargo. Desde el 28/11/06 el Juzgado de Instrucción N° 25 queda vacante por la designación del Dr. Baquero Lazcano como Juez de Cámara. La subrogante legal era la Dra. Berenguer pero por razones personales decide no asumir en forma permanente.En este contexto se produce la desaparición de la menor Otoño Uriarte y la causa queda radicada en el juzgado a cargo de la actora. El caso trajo aparejada una insoportable presión política, social y judicial, ya que la actora no era permeable a las órdenes que se le pretendían impartir, por lo que comenzó a ser objeto de pedidos de informes, auditorías y sumarios por mal desempeño, instados desde el STJ, el Poder Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura, que inclusive se realizaron investigaciones paralelas del caso «Otoño», debiendo la actora informar en todo momento que medida ordenaba en el curso de la investigación.-

Sostiene que la condición de juez imparcial que hizo valer la actora le generó un ataque frontal por parte de sus superiores ya que mientras tramitaba la causa por la desaparición de la menor Otoño, el Consejo de la Magistratura, violentando los principios de Bangalore, le inicia un sumario y comenzó a instar su juicio político, imputándole mal desempeño de su cargo.-

Reitera que, en ese contexto, a partir del 1/02/07 y hasta el 1/10/07 la actora se hizo cargo de los dos juzgados -el 21 y el 25- en forma completa, generando falta de descanso personal, agotamiento físico y psíquico. Durante ese período es designada la Dra.Berenguer como subrogante en el Juzgado 25, lo que duró hasta diciembre de 2007 cuando pide licencia psicológica por agotamiento, por lo que a partir de dicho mes la actora tuvo 3 juzgados a su cargo, el 21, 23 y 25.-

Asegura que el cúmulo de tareas, sumado al ensañamiento del mismo poder judicial en contra de la independencia con la que la actora pretendía ejercer su cargo, provocó un deterioro cada vez más notorio en su salud.-

Siguiendo el derrotero de la presente, transcribe partes de comunicaciones telefónicas de los padres de Otoño Uriarte con otras personas, destacando que el mismo Presidente del STJ en funciones se comunicaba directamente con los padres de la menor desaparecida y le informaba las medidas que se iban tomando por detrás de la jueza a cargo. Al mismo tiempo el STJ enviaba emisarios para pedirle a la actora que renuncie porque sino le iban a hacer imposible su trabajo diario.-

Informa que en marzo de 2007, en el marco de la Acordada 1/07 y de las Reglas de Bangalore la actora se presentó junto al secretario Dr. Marquez Gauna en la sede de la Auditoria Judicial General en Viedma y prestó amplia declaración ante el Dr. Gustavo Martinez. Igualmente durante los años 2008/09 continuaron su curso los procesos suM.les o preliminares iniciados, por lo que constantemente debía encontrarse atenta por los requerimientos, designar abogado, defenderse, etc.-

Durante este periodo sostiene que sufrió en el juzgado disminución de personal administrativo, reclamando reiteradamente recursos humanos para prestar servicio.-

En 2009 continúa el juicio político en su contra, se agudizan sus problemas de salud, con cefaleas permanentes, alto nivel de angustia, sensación de cansancio y ganas de llorar desde el momento de levantarse para ir a trabajar. En diciembre de 2009 solicita licencia psiquiátrica con certificado médico del 7/12/09 de Carolina Ravassi quien diagnostica gran presencia de angustia y síntomas depresivos, reactivos a una situación de estrés laboral, indicándole 15 días de reposo.Pese al diagnóstico, el empleador no efectuó denuncia correspondiente a la A.R.T. para que se ocupe del tratamiento y contención de la actora, sino que resolvió remitir al Cuerpo Médico Forense para que se integre una Junta Médica. Dicha Junta, le diagnostica reacción mixta de ansiedad y depresión, haciendo ya la salvedad que probablemente debía continuar con su licencia médica atento la severidad del cuadro que presentaba. Por otro lado, la Lic. Patricia Martinez Llenas, quien atendía a la actora desde el 3/12/09, luego de tres meses de tratamiento, diagnosticó evidencia de un cuadro de Burnout.-

En este período tuvo otras Juntas Médicas y finalmente el 1/03/11 le diagnostican «trastorno depresion mayor – sindrome Burnout» (fs. 27 autos RH-10-1078) y mediante acta del Consejo de la Magistratura N° 13/12 de fecha 12/08/12 se decide la remoción del cargo de juez, en tanto carecía de la idoneidad para poder seguir desempeñando su tarea, producto de la incapacidad psíquica sobreviniente que le causaran las funciones a su cargo.-

La denuncia efectuada ante la aseguradora el 13/05/11 fue rechazada por la misma, por lo que acciona judicialmente.-

Detalla información sobre el síndrome del Burn-out, la existencia de la enfermedad y el nexo causal con el trabajo.-

Practica liquidación correspondiente, solicitando la inconstitucionalidad de los arts. 12, 14 y 15 de la LRT, dando fundamentos de su planteo.-

Menciona que la empleadora resulta responsable de las consecuencias incapacitantes sufridas por la actora en el ejercicio de su función, en tanto debió adoptar medidas positivas que procurasen mitigar o evitar las consecuencias nocivas a las que pudiera encontrarse expuesta la trabajadora en el desempeño de sus tareas.-

A su criterio, con la posición asumida por la patronal, existió de su parte una omisión de las diligencias que exigía la naturaleza de la obligación y que correspondía a las circunstancias de tiempo y lugar (art.512 C.C.), con atribución subjetiva de responsabilidad en los términos previstos por el art. 1109 del C.C.-

Reclama de la Provincia de Rio Negro el daño material que cuantifica siguiendo los lineamientos del STJ determinados en autos Perez Barrientos. Asimismo reclama el daño moral producido conforme art. 1078 del C.C., destacando que la actora se encuentra bajo tratamiento psicológico por lo que también solicita el pago del costo del mismo, por un mínimo de 36 meses.-

Formula Liquidación correspondiente por la suma de $ 4.086.334,10 a cargo de la empleadora, funda el derecho que le asiste, ofrece Prueba, formula Reserva de Caso Federal y peticiona en consecuencia.-

II.- A fs. 34/51 contesta demanda la Provincia de Río Negro, mediante letrado apoderado, constituyendo domicilio y solicitando el rechaz o de la acción, con costas.-

De manera preliminar niega todos y cada uno de los hechos invocados en la demanda, en particular, niega que la actora hubiera organizado administrativamente el organismo donde trabajara, niega que hubiera estado permanentemente de turno, que hubiera tenido una sobrecarga de tareas, que se hubiera intentado impartir algún tipo de orden a la actora, que fuera objeto de pedidos de informes, auditorias y sumarios por mal desempeño, que la actora tuviera una crisis gravísima de su salud psíquica, que su parte tenga legitimación pasiva para responder por el padecimiento invocado y rechaza la procedencia de los reclamos de autos.-

Niega, impugna y rechaza la autenticidad y contenido de los archivos contenidos en el DVD, copia de mails, notas, dictámenes de Junta Médica, expedientes administrativos, judiciales, historias clínicas, certificados médicos y recibos acompañados. Detalla cada uno de los documentos que desconoce a fs. 41/42.-

Al referir a la realidad de los hechos, expresa que la actora achaca todas sus frustraciones profesionales y padecimientos a una conducta maliciosa y deliberada en cabeza de sus superiores jerárquicos, quienes sistemáticamente confabulaban para perjudicarla.Asegura que la interpretación victimizante de la actora, resulta a todas luces intrincada y poco creíble, dado que ella realizaba sus tareas en el marco de generalidad propio en el que las realizan todos los magistrados provinciales. Las condiciones laborales en que ejercía sus funciones la actora eran las habituales del Poder Judicial en tanto que las supuestas presiones recibidas eran las que esperablemente correspondían a su cargo. Ello considerando que los jueces penales son los que mas sienten las presiones de su función, pues en dicha materia, entran valores de sustancial importancia para el ser humano como la libertad y la honra. Y es que quienes cumplen funciones en cualquiera de las reparticiones del Poder Judicial no están exentos del control y la crítica social, tanto de parte de la ciudadanía, de la prensa y hasta de los otros poderes. De todas maneras, sostiene que a su parte no le constan las presiones políticas y sociales que aduce la actora, ni que las mismas tengan relación causal con el supuesto síndrome que dice padecer, agregando que a todo evento, tales situaciones son propias del ejercicio de la judicatura penal.-

Concluye que no ha habido conducta ilícita o antijurídica en cabeza de su representada ni existencia de nexo causal alguno entre las supuestas afecciones padecidas por la actora y su trabajo.-

Rechaza la supuesta incapacidad del 73% esgrimida por la actora, en tanto continúa con tratamiento psicológico y psíquico, logrando mejorías. Cita el expte RH-10-1078. Agrega que a mayor abundamiento, resulta esclarecedora la determinación de incapacidad realizada por la Comisión Médica Central, quien otorgó un total del 10,25% de incapacidad, muy lejos del 74% pretendido por la actora.-

Impugna la liquidación efectuada, el daño moral, físico y psicológico invocado.-

Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal, efectúa autorizaciones y peticiona en consecuencia.-

A fs. 52 obra copia del acta de fecha 28/11/13 de autos «G. G. M. DEL C. C/ HORIZONTE COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A.S/ ORDINARIO (l)» (Expte. Nº 14443-CTC-13), donde se resolviera citar en los términos de los arts. 54 y 57 de la Constitución de la Provincia de Río Negro y el art. 94 del CPCC a los Señores Victor Hugo Sodero Nievas, Gustavo Adrián Martinez y Pedro Iván Lazzeri.-

A fs. 53 obra copia del acta de fecha 28/02/14 de autos «G. G. M. DEL C. C/ HORIZONTE COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. S/ ORDINARIO (l)» (Expte. Nº 14443-CTC-13), en el cual las partes acuerdan tramitar por separado las acciones deducidas en la demanda de autos, es decir por un lado el reclamo sistémico incoado contra Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A fundado en la ley especial 24.557, y por otro el reclamo deducido por vía de derecho común contra la Provincia de Río Negro.-

Por ello, a fs. 54 obra nota dejando constancia de haberse formado el presente expediente conforme lo ordenado a fs. 138 de los autos «G. G. M. DEL C. C/ HORIZONTE COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. S/ ORDINARIO (l)» (Expte. Nº 14443-CTC-13), teniendo por iniciada acción contra la Provincia de Río Negro, por contestada la demanda y por constituídos los domicilios de las partes.-

A fs. 59 se corre traslado a la accionada a fin de que se manifieste respecto a las citaciones de terceros oportunamente proveídas.-

A fs. 66 y conforme lo manifestado por la accionada a fs. 60, se libran cédulas a los terceros oportunamente solicitados.-

A fs. 76 se presenta el Dr. Victor Hugo Sodero Nievas, por derecho propio y con su propio patrocinio letrado, contestando el traslado conferido oportunamente. Plantea excepción de incompetencia e inhabilidad de la jurisdicción, como así también prescripción de la acción por daños y perjuicios que se persigue. Formula negativa de los hechos que se imputan.-

Destaca que si hubo una persecusión por mal desempeño de la Dra. G.G., durante los años mencionados, estuvo a cargo de la Dra. Liliana Piccinini, Procuradora General, cuya recusación fue rechazada. Refiere que él, sólo proveyó medidas para las actuaciones. La recusación del Sr. Ivan Lazzeri también fue rechazada, junto con los demás consejeros y se demuestra que desde el año 2007 hasta la finalización en 2012, la acusadora fue la Procuradora General de la Provincia y no el citado, como erróneamente se ha invocado en la demanda.-

Aclara que al faltar la figura del empleador acosador, directo, ya que el Juez es soberano dentro de su instancia, como los son los camaristas, se tiene que hacer responsable de lo que sale bien y de lo que sale mal. En cuanto al caso de Otoño Uriarte, sostiene que lo fundamental es que la joven apareció muerta y eso determinó una cadena de ataques de familiares, terceros y la Procuración general, no del suscripto, sin que esto implique ningún juicio crítico ni favorable.-

En el punto XI de su escrito fundamenta la defensa de prescripción opuesta, en tanto entiende que cualquier supuesto de responsabilidad extracontractual prescribe a los dos años y la actora efectuó intimaciones en 2011 en tanto recién fue citado el 19/09/2016. Entiende que es aplicable el art. 4037 del C.C. en función del art. 7 del nuevo C.C.y C.-

Ofrece prueba, solicita el rechazo de la citación decretada.-

A fs. 88/111 se presenta Gustavo Adrián Martinez, por derecho propio y con su propio patrocinio letrado, contestando el traslado conferido oportunamente.-

En primer lugar impugna la notificación que se le efectuara, en tanto no se adjuntó copia de la contestación de demanda ni del pedido de citación de terceros en base al que se habría solicitado emplazarlo. Asimismo aclara que la citación efectuada se hizo fuera del plazo previsto por el art. 94 del CPCC, correspondiendo se deje sin efecto la misma.A todo evento, solicita 10 días para contestar la citación, atento las omisiones y defectos antes señalados.-

Sostiene que cuando la actora aborda la responsabilidad de la provincia, lejos de encontrar que se funda en hechos que de algún modo pudieren involucrarlo, se vinculan con aquellos que han actuado en la administración del Poder Judicial y en el ejercicio de lo que se conoce como facultades de Superintendencia.-

Deja planteada la existencia de un flagrante vicio de competencia en razón de la materia, remarcando que la competencia laboral es especial, de interpretación restrictiva y no pasible de extensión a materias que son absolutamente ajenas, como en el caso, donde su eventual responsabilidad queda inexorablemente enmarcada en el ámbito de la responsabilidad civil por actos ilícitos.-

Opone defensa de nulidad de la citación de un juez en los términos del art. 59 de la Constitución Provincial, por carecer de fundamentación razonada y legal, apartándose asimismo de la jurisprudencia del STJ en autos «ZORIO» que cita.-

Plantea también defensas de caducidad del proceso, caducidad de la acción y prescripción.-

Ofrece prueba, solicita se decrete la nulidad de la notificación del acto de citación, hace reserva de recusar jueces, pide se declare la incompetencia material del fuero laboral para juzgar el caso de responsabilidad civil, formula reserva de ampliar su responde.-

A fs. 112/115 el tercero citado Gustavo Martinez, mediante su apoderado Dr. Miguel Angel Beteluz, adjunta poder correspondiente y denuncia nuevo domicilio electrónico.-

A fs. 116 se tienen por contestadas las citaciones de Victor Hugo Sodero Nievas y Gustavo Martinez, dando traslado de las excepciones opuestas y solicitando a la demandada acompañar copias faltantes a los efectos correspondientes.-

A fs. 119 se corre nuevo traslado a los terceros Sodero Nievas, Martinez y Lazzeri, solicitando se denuncie nuevo domicilio del último de los nombrados.-

A fs.125/135 responde el tercero citado Gustavo Martinez, ratificando su presentación anterior y solicitando al representante de la Fiscalía de Estado que explicite y exhiba las instrucciones del Fiscal de Estado para solicitar la citación, solicitando para el caso de no hacerlo, el rechazo de la misma. Hace reserva del Caso Federal y solicita se tenga presente el nuevo traslado evacuado.-

A fs. 136 se tiene por ratificada y ampliada la contestación del Dr. Martinez, dándose traslado a las partes de las defensas de incompetencia material, prescripción y caducidad de citación planteadas.-

A fs. 139/140 la parte actora contesta el traslado oportunamente ordenado respecto al tercero citado Sodero Nievas y a fs. 141/142 lo hace respecto del citado Dr. Martinez, lo que se tiene presenta a fs. 143.-

A fs. 147/148 contesta el traslado la parte demandada, lo que se tiene presente a fs. 149.-

A fs. 199, en atención al derrotero suscitado desde fs. 154/198, se cita mediante edictos al tercero Ivan Lazzeri a fi n de que tome intervención en la causa.-

A fs. 208/210 la accionada acompaña constancia de publicación de edictos en Boletín Oficial, lo que se tiene presente a fs. 211. Asimismo a fs. 230/231 la accionada acompaña constancia de publicación de edictos en el Diario Rio Negro, lo que se tiene presente a fs. 232.-

A fs. 240, se tiene por decaído el derecho que ha dejado de usar, al Sr. Pedro Iván Lazzeri, no habiendo comparecido al proceso. Asimismo, en atención a los planteos efectuados a fs. 97/111 y 125/135 se remite la causa al Fiscal en turno.-

A fs. 241 responde la vista el Fiscal Guillermo Merlo, solicitando se haga lugar a la incompetencia laboral planteada, resultando pertinente que el Tribunal decline su competencia a favor del Tribunal con competencia contenciosa administrativa civil.-

A fs.244/250 mediante interlocutorio de fecha 16/12/19 se resuelven las defensas y excepción de incompetencia opuestas por los terceros citados Sodero Nievas y Martinez.-

Analizados los argumentos de los presentantes, el Tribunal declara la incompetencia para entender respecto a la supuesta responsabilidad civil y a título personal de los terceros citados, debiendo continuar el proceso contra la demandada Provincia de Río Negro, lo cual fuera consentido por las partes, quienes no articularan recurso alguno al respecto.-

A fs. 262 se fija Audiencia en los términos del art. 12 de la Ley 1504, a llevarse a cabo mediante la aplicación Whatsapp, atento la Emergencia Sanitaria Nacional en la que se encuentra el país y el dictado de la Ac. 09/20 y 10/20 del STJ.-

A fs. 265 obra acta dando cuenta de la realización de la audiencia oportunamente fijada, manifestando las partes que no existen posibilidades de conciliación.-

A fs. 267/269 obra presentación del apoderado del actor, solicitando la apertura de la causa a prueba.-

III.- A fs. 268 se dispone la apertura de la causa a prueba y su ampliación a fs. 271, proveyéndose los medios probatorios ofrecidos por las partes.-

A fs. 273/276 se agrega informe del diario Río Negro.-

A fs. 277/280 acompaña responde oficio el Correo Argentino.-

A fs. 281/284 el Poder Judicial produce informe conforme lo solicitado por oficio oportunamente.-

Mediante providencia de fecha 3/09/20 se agregan informes presentados por Dra. Silvana Mucci, Dra. Guillermina Nervi y Dr. Sergio Barotto, poniéndose a disposición de las partes en documentos digitales del expediente virtual.-

Mediante providencia de fecha 22/03/21 se tiene presente el desistimiento de la prueba confesional por la demandada.Asimismo, atento lo peticionado por la parte actora y demandada, se deja sin efecto la Audiencia de Vista de Causa dispuesta en autos y no existiendo prueba pendiente de producir, se ponen los autos a disposición de las partes a efectos de alegar por escrito.-

Mediante providencia de fecha 9/04/21 se tiene por presentado Alegato por la parte actora y mediante providencia de fecha 28/04/21 se tiene por presentado Alegato de la parte demandada.-

Mediante providencia de fecha 30/04/21 se ordena pasar los autos al acuerdo para el dictado de sentencia definitiva, lo que así se cumplimenta mediante orden de sorteo efectuada en fecha 07/05/21.-

IV.- Conforme los términos materiales constitutivos de la litis y valorando en conciencia la prueba producida, se señalan seguidamente los hechos que deben tenerse por acreditados y que resultan relevantes para la resolución de la causa, a saber:

IV.- 01.- Que la actora ingresó a trabajar al Poder Judicial de la Provincia de Río Negro -demandada en autos- en el año 1994, asumiendo funciones como Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de la ciudad de General Roca el 22/04/94 (Hecho no controvertido).-

IV.- 02.- Que con fecha 10/12/01 fue designada mediante Concurso como Jueza de Instrucción Penal en el Juzgado N° 21 de la ciudad de Cipolletti, asumiendo efectivamente dichas funciones el 01/08/2003 (Hecho no controvertido).-

IV.- 03.- Que desde agosto de 2003 hasta diciembre de 2004 la actora estuvo permanentemente de turno, disponible las 24 horas, todos los días del año (Hecho no controvertido).-

IV.- 04.- Que las declaraciones testimoniales brindadas en autos por los Dres. Marquez Gauna, Breide Obeid y Dra.Berenguer han sido contestes y coincidentes en señalar la excesiva y desproporcionada sobrecarga de trabajo existente en el Juzgado a cargo de la actora; como así también sobre la insuficiencia de personal; la subrogación conjunta y simultánea de otros Juzgados que la actora se viera obligada a cumplir; la escasez de recursos; la formulación de reiterados reclamos que fueron desatendidos; el sobreesfuerzo que debiera desplegar en cumplimiento de la función; la disponibilidad durante las 24 hs; la imposibilidad de organizar la vida familiar; etc (vid. Declaraciones Testimoniales de los nombrados).-

IV.- 05.- Que en el mes de Octubre del año 2006 se produjo la desaparición de la menor Otoño Uriarte, quedando dicha causa radicada en el Juzgado a cargo de la actora y generando todo ello una enorme y trascendente repercusión mediática, política, social y judicial que afectó en forma directa en la faz laboral y personal de la actora (Vid. Declaraciones Testimoniales).-

IV.- 06.- Que durante el curso de la tramitación del referido Expediente por la desaparición de dicha menor, se efectuó a la actora una Auditoría en su Juzgado correspondiente a las actuaciones «S.T.J. s/ Informe situación Juzgado Nº 2 de Cipolletti» (CMD-10-006) y un posterior Sumario correspondiente a las actuaciones «Procuradora General s/ solicitud de Investigación (Dra. M. del C. G. G.)» (CMD 07-0049).-

IV.- 07.- Que en el mes de diciembre de 2009, la actora solicitó licencia psiquiátrica, conforme certificado médico del 7/12/09 expedido por la Dra. Carolina Ravassi, quien diagnostica presencia de angustia y síntomas depresivos, reactivos a una situación de estrés laboral, indicándole reposo (vid. Certificado presentado en Expte. Administrativo Nº CMD-10-0028/2010 y RH-09-0657 G. G. S/ JUNTA MEDICA).-

IV.- 08.- Que ante dicha situación se dispuso la realización de distintas Juntas Médicas, siendo la primera de ellas la realizada con fecha 29/12/2009 conformada por el Psicólogo Forense Sergio Blanes Cáceres y el Médico Forense Dr. Marcelo Uzal, quienes informaron:»La Dra. .G. G. padece Reacción Mixta de Ansiedad y Depresión.».-

IV.- 09.- Que con fecha 04/03/2010 la Lic. Patricia Martinez Llenas emitió Certificado, indicando que «.Se observa un derrumbe depresivo a nivel identitario que es reactivo a la problemática situación laboral que se encuentra atravesando, que ha devastado su psiquismo», agregando que «.pudo evidenciarse a medida del transcurso de las sesiones, la existencia de un cuadro psicopatológico severo de formación psico reactiva en relación al medio laboral denominado BORNOUT».-

IV.- 10.- Que con fecha 23/06/2010 se realizó nueva Junta Médica a la actora, dictaminándose que «.Presenta evitaciones conductuales relacionadas con lugares, personas y eventos relacionados con su actividad profesional».-

IV.- 11.- Que no obstante la existencia de Dictámenes y Certificaciones Médicas que vinculaba las afecciones detectadas con las funciones laborales cumplidas, la Empleadora no efectuó denuncia alguna ante la A.R.T. para que se ocupe del tratamiento y contención de la actora (Hecho no controvertido).-

IV.- 12.- Que mediante Acta Nº 7/10 del 19/08/2010 El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Río Negro, dispuso la conformación de una nueva Junta Médica para que se determinara si la actora se encontraba en condiciones de aptitud física y psíquica para ejercer el cargo que ostentaba, dándose inicio a esos efectos al Expte. RH-10-1078 Causa SECRETARÍA CONSEJO DE LA MAGISTRATURA S/ JUNTA MEDICA DRA. M. DEL C. G. G.-

IV.- 13.- Que la Junta Médica al efecto conformada -integrada por los Dres. Uzal, Battcock y Di Giacomo- dictaminó que «.la Dra. M. del C. G. G. padece Trastorno Depresivo Mayor en período de estado moderado-severo, con signología ansiosa.».-

IV.- 14.- Que con fecha 01/03/2011, el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro determinó que la actora padecía de «Trastorno Depresión Mayor-Síndrome Burn Out» (vid. autos «G. G. M. DEL C. S/ JUNTA MÉDICA», Expte.Nº CMD-10-0028).-

IV.- 15.- Que a resultas de esos antecedentes médicos y cuadros dictaminados, oportunamente se dispuso instruir Sumario conforme lo previsto en los arts. 199 y 222 de la Constitución de la Provincia y a efectos de evaluar la remoción de la actora como Jueza a resultas de la existencia de incapacidad sobreviviente.-

IV.- 16.- Que con fecha 17/10/2011 se formuló la requisitoria de enjuiciamiento contra la actora, exponiéndose en la misma -en su parte pertinente- que «.la Magistrada Dra. M. del C. G. G. padece Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión (trastorno depresión mayor-síndrome bornout).» y que «.la dolencia tiene raiz en el ámbito laboral.».-

IV.- 17.- Que de acuerdo a dicho requerimiento y mediante Acta del Consejo de la Magistratura N° 13/12 de fecha 06/08/12, se resolvió la remoción de la actora en su cargo de Jueza, por estar afectada de incapacidad física sobreviviente y consecuentemente, carecer de la idoneidad necesaria para continuar con el desempeño del mismo.-

IV.- 18.- Que la Pericia Psiquiátrica realizada por el Dr. Daniel Roberto Ambroggio que se encuentra reservada conforme lo dispuesto a fs. 205 de los autos «G. G. M. DEL C. C/ HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. S/ ORDINARIO» (Expte. 14.443-CTC-2013), ha dictaminado que la actora presenta un «Trastorno Depresivo Mayor Severo y Crónico», determinando que existe relación de causalidad entre las situaciones de su ámbito laboral y la patología que padece, asignando el Perito -de acuerdo al Baremo por Daño Neurológico y Psíquico de los Dres. Castex y Silva y encuadrando la dolencia como «Cuadro Depresivo Reactivo- una Incapacidad Total y Perma nente del 70 % del V.T.O.-

IV.- 19.- Que la Pericia Psicológica realizada por la Lic. Natalia Dirié que se encuentra reservada conforme lo dispuesto a fs. 198 de los mismos autos «G. G. M. DEL C. C/ HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. S/ ORDINARIO» (Expte.14.443-CTC-2013), ha dictaminado que la actora presenta «Episodio Depresivo Grave sin síntomas psicóticos», con diagnóstico F32.2, indicando la auxiliar que dicha patología no obedece a su personalidad de base y que corresponde realizar una terapia psicológica durante un año, con un costo por sesión de $ 300,00 y por un total de 48 sesiones, lo que totaliza la suma de $ 14.400,00 en valores vigentes a la fecha de la Pericia.-

IV.- 20.- Que ninguna de ambas Pericias fue impugnada por las partes; cabiendo señalar que resulta inoficiosa y carente de virtualidad la nota dejada a fs. 267 vta. por el Apoderado de la demandada manifestando sobre la falta de copias para traslado, toda vez que mediante auto de fs. 268/269 se notificó a las partes sobre el traslado de ambas Pericias, haciendo saber formalmente que las mismas se encontraban Reservadas en los autos caratulados «G. G. M. DEL C. C/ HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. S/ ORDINARIO» (Expte. 14.443-CTC-2013), sin que surja que el Apoderado de la accionada haya formulado presentación alguna a efectos de retirar copias en el Expte. que se le indicara, ni tampoco haber planteado el mismo ninguna reposición frente al auto que así lo dispusiera, ni incidencia nulificante alguna al respecto.-

V.- De acuerdo a los términos materiales de la litis, la primera cuestión a resolver debe circunscribirse al tratamiento del planteo de Inconstitucionalidad que formula la actora respecto al artículo 46 de la Ley 24.557. Con inherencia a ello, destácase que en la actualidad ya resulta pacífica, unánime y reiteradísima la Jurisprudencia que reconoce la Competencia de la Justicia Provincial del Trabajo, siendo claro que la norma atacada resulta susceptible de reproche Constitucional, habiendo sido el tema oportunamente definido y resuelto por la Corte Suprema de Justicia, a partir de lo fallado el 7 de septiembre de 2004 en autos «Recurso de hecho deducido por la Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.en la causa «CASTILLO, Ángel Santos c/ CERÁMICA ALBERDI S.A.» (CSJN, D. T. 2.004-B-1.280, Sentencia del 07/09/2004), cuyos principales argumentos son: 1) el art. 46 inc. 1º de la LRT ha producido dos consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional: impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia, y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado «de fuero común» (Fallos 113:263,269); 2) la competencia de la justicia federal para intervenir en los recursos deducidos contra las resoluciones de las comisiones médicas provinciales no encuentra otro fundamento que el mero arbitrio del legislador; y 3) la pretensión de otorgar naturaleza federal a normas que pertenecen al derecho común, debe ser evaluada en forma restrictiva, siendo deber del Poder Judicial impedir que se restrinjan facultades jurisdiccionales de las provincias, inherentes al concepto de autonomía provincial. Deviene claro en la directriz expuesta, que la doctrina de la CSJN implica que las controversias individuales que tengan lugar entre trabajadores, empleadores y aseguradoras de riesgos del trabajo, deben ventilarse por ante los tribunales laborales locales y regirse por los medios de prueba contemplados en la ley procesal local, sin necesidad de transitar por los organismos jurisdiccionales que determina la ley 24.557. Destácase al respecto que esta Cámara del Trabajo, desde el origen mismo de la LRT, sostuvo la competencia local ordinaria en este tipo de controversias, en fallos a los que me remito, concordantes con la doctrina al respecto sentada por la CSJN en su carácter del más alto tribunal e intérprete supremo de la constitución nacional. A modo de adenda, agrégase que en el ámbito de la Jurisdicción Provincial, el Superior Tribunal de Justicia también se ha pronunciado en conteste sentido, declarando la inconstitucionalidad tanto con relación a la cuestión relativa a la intervención de las Comisiones Médicas instituidas por la ley 24.557, como respecto a la Competencia Federal prescripta por el art. 46 inc. de la misma exégesis (conf. S.T.J.R.N.in re «DENICOLAI», Se. Nª 276/04 del 10-11-04, entre otros).- En razón de todo lo presentemente expuesto, corresponde hacer lugar al planteo que se formula en la demanda y asumir la Competencia que corresponde (conf. (Ley de Procedimiento Laboral provincial N° 1.504, arts. 1, 12 inc. 1°, 196, 209 de la Constitución de la Provincia de Río Negro; arts. 5, 75 inc. 12°, 116 y 121 de la Constitución Nacional; y Ley Orgánica del Poder Judicial).-

V.- 01.- Definida y sentada que fuera la Competencia del Tribunal, corresponde seguidamente determinar el derecho implicado en la plataforma fáctica predescripta que permita dilucidar el litigio y que sirva de fundamento al decisorio que se dicte, teniendo presente – a los fines de dejar liminarmente definido el iter contradictorio sometido a juzgamiento- que si bien inicialmente la parte actora inició una demanda conjunta -en una única y misma presentación- reclamando por vía sistémica de la Ley 24.557 contra la Aseguradora HORIZONTE y resarcimiento integral por vía del derecho común contra la Provincia aquí demandada, posteriormente las partes acordaron tramitar por separado las acciones deducidas en la demanda promovida, es decir por un lado el reclamo sistémico incoado contra Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A fundado en la ley especial 24.557, y por otro el reclamo deducido por vía de derecho común contra la Provincia de Río Negro; tramitando el reclamo sistémico en autos caratulados «G. G. M. DEL C. C/ HORIZONTE COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. S/ ORDINARIO (l)» (Expte.Nº 14443-CTC-13), en el cual con fecha 20/10/2015 se Homologó con fuerza de ley un Acuerdo Conciliatorio que puso fin a dicho Proceso y en virtud del cual la Aseguradora demandada -sin reconocer hechos ni derechos- abonó a la actora por todo concepto la suma de $ 2.700.000,00.-

Asimismo y habiendo quedado firme la Resolución de esta Cámara que declarara la Incompetencia para entender en la supuesta responsabilidad personal de los terceros citados Señores Victor Hugo Sodero Nievas, Gustavo Adrián Martinez y Pedro Iván Lazzeri, no corresponde formular en consecuencia ninguna consideración respecto a la existencia o no de eventual responsabilidad a título individual de los mismos ni tampoco con relación a las alegaciones defensistas que ellos articularan, quedando circunscripto el marco material del contradictorio al reclamo extrasistémico deducido por vía del derecho común contra la demandada PROVINCIA DE RIO NEGRO, con debido tratamiento de las pretensiones reclamatorias al respecto formuladas y consecuentes defensas argüidas, de acuerdo a lo que seguidamente se refiere.-

V.- 02.- Atento la pretensión procesal y sustantiva que resulta objeto de Juicio, cabe seguidamente conferir tratamiento al planteo de Inconstitucionalidad que formula la actora respecto al art. 39 de la Ley 24.557 y que se deduce a efectos de habilitar el reclamo resarcitorio que se promueve en base a la normativa del derecho común.- En este sentido y a modo introductorio, cabe señalar que la circunstancia de que la actora haya percibido oportunamente un pago de la A.R.T. -conforme los términos del Acuerdo Conciliatorio concertado con la misma-, no obsta ni impide que reclame -como lo hace- por la Inconstitucionalidad de dicha normativa -en el caso, por la veda de acción civil contra el empleador, que salvo dolo, impone el citado art.39 de la ley especial-, todo ello conforme regla establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa «Llosco» (12-12-07), en cuanto se señalara que «.el actor al invocar determinados preceptos no renuncia tácitamente al derecho de impugnar aquellos otros que se le opongan y que conceptúe contrarios a la Constitución o leyes nacionales o tratados con naciones extranjeras. Un código, una ley, un reglamento, pueden contener preceptos nulos que no invalidan el resto del estatuto ni inhabilitan a los interesados para amparar en estos sus pretensiones.», como así también que «No existe obstáculo para que el trabajador, por un lado, obtenga la indemnización de la ART (en el marco de lo establecido en la ley 24.557), y por otro, plantee la inconstitucionalidad del inciso 1º, artículo 39, ley 24.557, ello así, en tanto el sometimiento a las normas que rigen un supuesto, no importa hacer lo propio de las que regulan el otro» (C.S.J.N., 12-6-2007, «Llosco, Raúl c/Irmi SA», http://www.rubinzal.com.ar, Jurisprudencia de Derecho Laboral).- Formulada la observación precedente, cabe colegir que la transgresión constitucional que la actora atribuye al art.39 de la Ley 24.557, ya ha sido reiteradamente resuelta y acogida por nuestros tribunales, adquiriendo especial relevancia lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de lo resuelto -entre otros- en el caso «Aquino» y en el ya citado precedente «Llosco», en el que el máximo tribunal afirmara «Que, por otra parte, este Tribunal ha declarado la inconstitucionalidad del Artículo 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en tanto veda la promoción de toda acción judicial tendiente a demostrar la existencia y verdadera dimensión de los daños sufridos por el trabajador y dispone, además, la exención de responsabilidad civil del empleador, cercenando de manera intolerable su derecho a obtener una reparación integral y el amparo de los derechos que le aseguran la Ley Fundamental y los pactos internacionales de igual jerarquía que le acceden (causa «Aquino» Fallos: 327:3753 )».- Conforme la tesis expuesta, la Corte Suprema ratifica el derecho de los trabajadores a la promoción de la acción civil, en virtud d el principio constitucional del «alterum non laedere», infraconstitucionalmente aprehendido por -los entonces vigentes- artículos 1109, 1113 y concs. del Código Civil y para tal aseveración, el Máximo Tribunal acude a la vigencia, no sólo de la Constitución Nacional, sino de los Pactos Internacionales y especialmente del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que dimana del principio de Progresividad.- Por su parte, el citado fallo «Aquino», rescata también el principio de equidad, de colaboración y de justicia social y detalla con precisión los reclamos que tiene derecho a efectivizar un trabajador, en el orden del derecho común, comprendiendo ello el daño material, tanto el referente al daño en sí como al lucro cesante; el daño moral en los términos del art.1078 CC; daño al proyecto de vida; etc;, y señalando que las prestaciones dinerarias de la ley de riesgos del trabajo, sólo constituyen una reparación parcial e insuficiente.- A modo de adenda y sin perjuicio de la autosuficiencia y claridad conceptual de lo fallado por la Corte, cabe añadir que dentro del ya mencionado marco de progresividad que actualmente enmarca el derecho laboral, directamente importaría un retroceso la pretensión de dispensar la culpa y/o el riesgo creado que deba imputarse al empleador, toda vez que de ese modo se violenta la garantía constitucional de igualdad; amén de que la resarcibilidad integral de los daños confinada a supuestos aislados y absolutamente infrecuentes -como el de dolo del empleador- es total y absolutamente discriminatoria, por cuanto instaura una perversa diferencia de trato en la aplicación de la ley -en concreto, de las normas del Código Civil- en detrimento de los trabajadores respecto del resto de los habitantes, todo lo cual directamente resulta írrito a los derechos y garantías constitucionales establecidos por los arts. 14, 16, 17, 18 y 19 de nuestra Carta Fundamental.Adviértase al respecto, que la disposición cuestionada quebranta así no solo los artículos mencionadas, sino también principios sustentados en Declaraciones y Pactos Internacionales y en particular colisiona con el Pacto de San José de Costa Rica y contra el Convenio Nº 11 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país el 18/06/1968, en el que se asumiera el compromiso de promulgar leyes que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, sin discriminación excluyente inspirada en el origen social.- Relacionando todo lo expuesto con la situación particular del caso decidemdun, es dable tener presente que la doctrina de la Corte sentada en el caso «Aquino», presupone -en lo que refiere a la procedencia de la reparación civil- que la medida de la reparación a cargo de la ART se encuentre al menos en estado de ser debitada (lo que ya se pagó) o presupuestada y cuando el sistema resarcitorio de la ley vigente (LRT) resulte en el caso concreto manifiestamente insuficiente, puede completarse o acumularse a la reparación tarifada la proveniente de normas extrasistémicas, tomando a las primeras como pago a cuenta de la reparación civil, extremo que hoy está previsto incluso cuando el dañador es un tercero que se beneficia con los pagos hechos por una ART a la que no cotizó (art.39.4). En virtud de lo expuesto y con los alcances supra explicitados, corresponde declarar la Inconstitucionalidad del art. 39 de la L.R.T. 24.557 y tener por expedita y objetivamente proponible la Acción Civil promovida en la causa.-

V.- 03.- Conforme lo precedentemente establecido y atento versar el reclamo deducido sobre una pretensión basada en la normativa del derecho común, resulta innecesario a mi criterio adentrar en el análisis de la transgresión constitucional que comúnmente se imputa al art. 6 de la Ley 24.557 respecto a la fijación de un listado cerrado de Enfermedades Profesionales y limitar el resarcimiento solo a las mismas.En efecto, más allá de compartir el reproche constitucional que merece dicho sistema y su consecuente invalidación por ser incompatible con el orden constitucional y supra legal vigente en nuestro país por negar la reparación debida al trabajador víctima de una enfermedad profesional por el solo hecho de que aquella no esté calificada como tal (Doctrina del voto conjunto de los Dres. Fayt y Petrachi en autos «SILVA Facundo Jesús c/ UNILEVER DE ARGENTINA S.A.», Fallo 330:5435 del 18/12/2007), lo decisivo y relevante en este caso resulta -a mi criterio- tener presente que tratándose de un reclamo extrasistémico y sustentado en la normativa del Derecho Civil, la solución debe conferirse en base a las disposiciones de este último plexo, sin ninguna limitación que pudiera resultar de la ley de riesgos del trabajo y en concordancia a la regla constitucional del art. 19 C.N. que prohibe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero -alterum non laedere- y del art. 14 bis de la misma ley fundamental, que consagra un principio de protección integral, por cuyo imperio el trabajador y el trabajo que desarrolla gozarán de pleno resguardo legal, conjugado ello en el orden internacional con el art. 8 inc. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el art. 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, conforme el cual toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental -art. 12 inc. 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-, todos con jerarquía constitucional desde 1994 en virtud de lo normado en el art. 75 inc.22 de la Constitución Nacional, todo ello teniendo presente especialmente que tal lo resuelto por la Corte en el ya mentado precedente «SILVA», quedó definitivamente zanjada la cuestión, habiéndose fijado Doctrina respecto que tratándose de un reclamo fundado en el derecho civil, resultaba inoficioso ingresar en el examen de constitucionalidad del art. 6° inc. 2° de la Ley 24557, toda vez que se perseguía la reparación de una enfermedad que no estaba comprendida en el listado que debe elaborar y revisar el Poder Ejecutivo, dentro del sistema especial, el cual resultaba incompatible con el orden constitucional y las normas de carácter supralegal -art. 75, inc. 22 de la Constitución-, en cuanto negaba todo tipo de reparación al trabajador víctima de una enfermedad que guardaba relación de causalidad adecuada con el trabajo por el sólo hecho de que aquélla no resultaba calificada de enfermedad profesional en los términos de dicha norma (según el voto de los doctores Fayt y Petracchi), como así también que aunque una enfermedad laboral no esté incluida en el listado de enfermedades de la LRT, confeccionado por el PEN, si se demuestra que dicha enfermedad está vinculada causalmente a la actividad laborativa, corresponde la indemnización sobre la base de las disposiciones del derecho civil (cfr. Horacio Schick, Riesgos del trabajo, Temas fundamentales, Segunda Edición, David Grinberg Libros Jurídicos, Buenos Aires, 2009; punto 2.10. El caso «Silva», pág.136), determinando nuestro Máximo Tribunal que para la procedencia de la acción de derecho común lo relevante es considerar si se edifican o no los presupuestos de la responsabilidad civil, de modo que si efectivamente se demuestra que una enfermedad está vinculada causalmente con un hecho antijurídico, la acción procede con independencia del listado que prevé la Ley de Riesgos del Trabajo -L.R.T.-, que obedece a un régimen especial, diferente del derecho común.-

VI.- Siguiendo con el derrotero de la causa, la cuestión medular a resolver reside en analizar la etiología de la minusvalía que presenta la actora y la existencia o no de relación de causalidad de la misma con el trabajo, como así también determinar -en su caso- si se configuran los presupuestos de responsabilidad resarcitoria que con sustento en la normativa del derecho civil se atribuyen a cargo de la demandada.-

VI.- 01.- En esta tesitura y con inherencia puntual a la patología incapacitante que presenta la actora y que la Junta Médica del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro diagnosticara como «Trastorno Depresión Mayor-Síndrome Burn Out» (vid. autos «G. G. M. DEL C. S/ JUNTA MÉDICA», Expte. Nº CMD-10-0028), cabe efectuar a modo introductoria un breve encuadramiento y conceptualización de lo que resulta dicha patología y en dicho sentido remito a las consideraciones vertidas en el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia en autos «MALDONADO LIDIA BEATRIZ C/ COMISIÓN MÉDICA Nº 9 S/ APELACION LEY 24.557 S/ INAPLICABILIDAD DE LEY» (Expte. Nº 23.183/08, Se. Nº 88 del 08/07/2010, Sec. 3, conf. Voto del Dr. Sodero Nievas), en cuanto a que «con el término burn-out se designa una patología profesional referida a cierto estrés laboral e institucional ocasionado en profesionales que mantienen directa y constante vinculación social, . es una patología derivada de cierto estrés, que nunca aparece de forma instantánea sino que responde a un proceso continuo.Es un estrés crónico experimentado en el contexto laboral. Este mal afecta, sobre todo, a aquellos cuyo trabajo tiene una repercusión directa sobre la vida de otras personas y que están en permanente contacto con los demás, desbordados por las demandas del público y controlados por la dirección. También puede desencadenarse en ambientes laborales en los que el trabajador se ve sometido a una situación de maltrato, aislamiento o menosprecio (mobbing o acoso moral). En este sentido, los estudios encuentran que las causas u orígenes del burnout están en haber experimentado anteriormente elevados niveles de estrés, debido a demandas laborales temporales inusuales, relaciones laborales inadecuadas, a trabajar con excesos de demanda, sin recursos adecuados, en aislamiento, y haber sentido temor a ser objeto de violencia (física o psicológica), o bien desempeñar roles ambiguos, o tener l as oportunidades de promoción limitadas y carecer de apoyos . De tal modo, conforme las diversas consecuencias del estrés laboral, el Síndrome de Burnout ha sido definido como «el fracaso o desgaste producido por las demandas excesivas que recibe el profesional, las cuales sobrepasan sus energías o recursos personales». Es un proceso paulatino, por el cual las personas pierden interés en su trabajo y pueden hasta llegar a profundas depresiones que llevan a la muerte (cfr. Martínez, Ernesto A.M., El síndrome de burnout, publicado en DT 2009 (agosto),853). Cabe destacar que los primeros estudios sobre el «burnout» los realiza probablemente -en el año 1974- Freudenberger, quien lo definió como «una sensación de fracaso y una experiencia agotadora que resulta de una sobrecarga por exigencia de energía, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador»., actualmente no existe una única definición que sea plenamente aceptada; por el contrario, de la gran cantidad de conceptos manejados en la literatura sobre este síndrome, se puede decir que actualmente al Síndrome de Burnout o de Quemarse por el Trabajo, se lo reconoce como una «patología moderna» derivada del estrés laboral crónico al que está expuesto un trabajador, de manera continuada, por lo menos 6 meses (límite temporal mínimo que aconsejaría a empleadores y A.R.T. efectuar chequeos psicológicos o controles de salud específicos a ciertos profesionales sometidos a ese rigor funcional)., «En efecto, según dicen los expertos, el «burnout» es el máximo exponente del stress laboral y generalmente se produce en aquellas profesiones en las que a los trabajadores que las realizan se les somete a una excesiva presión, más que excesiva en cantidad, en continuidad. Es decir, todos los días durante un largo periodo de tiempo se ven inmersos en exigencias, controles y conflictos que llevan a desbordarles y a condicionar por completo su vida diaria, no sólo laboral, sino también personal. Se calcula que esta enfermedad afecta al menos al 30% de la población en forma agravada y los casos van en aumento, por lo que resulta entonces un mal invisible que repercute directamente en la calidad de vida de los trabajadores, ya que la sobreexigencia y la tensión en el ámbito laboral generan importantes riesgos de contraer enfermedades y afectan negativamente el rendimiento y la calidad del servicio profesional (cf. Martínez, Ernesto A.M., El síndrome de burnout, publicado en DT 2009 (agosto), 853).»-

VI.- 02.- Surgiendo -claramente- de la conceptualización precedente que se trata de una dolencia cuya etiología es profesional-laboral, es dable analizar si en el caso concreto se verifica la existencia de relación de causalidad adecuada entre la enfermedad (Daño) sufrida por la actora y las actividades laborales que la misma desempeñara como Magistrada del Poder Judicial de la Provincia demandada. Al respecto, cabe tener presente -como inicial pauta de valoración- que el factor laboral debe ser eficaz para la generación del resultado dañoso, operando como causa eficiente o condición determinante de la dolencia, siendo claro -atento el orden público laboral- que si se logra demostrar la actividad desgastante y nociva y su incidencia paulatina en la salud del/la trabajador/a, resulta razonable presumir la existencia de esa relación de causalidad, salvo prueba en contrario. En esta misma orientación, es dable señalar que si bien en sus comienzos la patología denominada como born out estuvo asociada a la idea del desgaste en las respuestas emocionales de aquellos profesionales o empleados de actividades centradas en la ayuda a otras personas (fundamentalmente vinculados a los profesionales médicos, sanitarios y educadores que prestan servicio al público), con el transcurso de los años esa acepción inicialmente limitada, fue ampliándose y dejó de estar circunscripta a los profesionales de la medicina y de la docencia y el universo fue extendido más allá, dándose preeminencia entonces a la idea de todo y cualquier «estado de agotamiento mental, físico y emocional, producido por la involucración crónica en el trabajo en situaciones emocionalmente demandantes» (conf. Pines y Aronson, 1988), de manera tal que lo que adquiere especial gravitación es el análisis de las condiciones laborales a las que estuvo sometido el sujeto, señalando Gandara Martín (1998) que, en un primer momento, se ve en los casos en que las demandas laborales exceden los recursos existentes para hacer frente. Ésta sería la primera situación estresante.La segunda fase consistiría en el exceso de esfuerzo que debería prestar el trabajador para afrontar esa situación; por lo que aparecerían síntomas de fatiga y ansiedad. A continuación, el sujeto, al tener que adaptarse a dicha situación, daría lugar a la tercera fase en la que se producirían cambios de actitudes para hacer frente a esas tensiones experimentadas. Finalmente, como respuesta a una situación que la persona cree inaguantable, el burn out se manifiesta ya con su plenitud incapacitante.

De acuerdo a esta plataforma y adentrando al análisis de la casuística particular de este caso concreto, tengo por absolutamente cierto y acreditado para mi que la actora ingresó a trabajar para la demandada en perfecto y pleno estado de salud y habiendo superado sin inconveniente alguno el exámen psicofísico que se realiza previo a comenzar con el desempeño de tareas, lo cual excluye toda posibilidad de suponer la existencia de alguna preexistencia y/o de labilidad personal anterior de la actora por cualquier otra causa.-

En la tesis predescripta, adelanto desde ya que un estudio acabado de la causa me proporciona convicción sobre la configuración en el sub-lite de un cuadro de burn-out indemnizable, toda vez que resulta claro a mi criterio que la exposición por largo tiempo (más de ocho años) a situaciones de estrés laboral agudo y sobreexigencias inusuales de demandas a las que estuviera sometida la actora en su condición de primera -y única durante bastante tiempo- Jueza de Instrucción Penal de esta Cuarta Circunscripción Judicial que comprende desde Fernandez Oro hasta Catriel, aunado ello a los extensos períodos en que debió de estar de turno en forma permanente como así también la acreditada circunstancia de que a partir de la creación de los dos nuevos Juzgados Penales, debió no solo atender el Juzgado bajo su titularidad sino también ejercer durante considerable tiempo la subrogancia de alguno de los otros tribunales y en algún tiempo incluso de los tres Tribunales existentes, tuvieron entidad suficiente paraprovocar paulatinamente en la misma un cuadro compatible con un desgaste profesional, con graves efectos incapacitantes que terminaron con su destitución del cargo que desempeñaba por incapacidad sobreviviente.-

Como corroboración efectiva de lo precedentemente expuesto, reitérase -tal lo indicado al exponer los Hechos acreditados que resultan relevantes para la solución del caso- que las declaraciones prestadas en autos por los Dres. Marquez Gauna, Breide Obeid y Dra. Berenguer han sido contestes y coincidentes en señalar la excesiva y desproporcionada sobrecarga de trabajo existente en el Juzgado a cargo de la actora; como así también sobre la insuficiencia de personal; la subrogación conjunta y simultánea de otros Juzgados que la actora se viera obligada a cumplir; la escasez de recursos; la formulación de reiterados reclamos que fueron desatendidos; el sobreesfuerzo que debiera desplegar en cumplimiento de la función; la disponibilidad durante las 24 hs; la imposibilidad de organizar la vida familiar; etc (vid. Declaraciones Testimoniales de los nombrados).-

En ese escenario, resulta ilustradora la declaración del Dr. Marquez Gauna – Hoy Jefe de Fiscales y en ese entonces Secretario del Juzgado a cargo de la actora- quién entre otras cuestiones, declaró que «la 4ta circunscripción judicial significaba el 48 % del trabajo total de lo que se tramitaba en sede penal cuando este territorio correspondía a la 2da.se asignaron a un solo juzgado de instrucción para gestionar el 48 % del trabajo que antes gestionaban 6 juzgados de instrucción» (Respuesta 2); «el cúmulo de trabajo era excesivo, desproporcionado para los recursos con los que se contaba en aquel momento.Pese a que había una Acordada.donde se indicaba la cantidad de personal mínimo con el que debía contar un juzgado de instrucción, jamás logramos llegar a ese número de personas, pese a que se reiteraban los pedidos» (Respuesta 5); «En reiteradas oportunidades -la actora- debió subrogar los Juzgados 23 y 25.En una oportunidad tuvo a su cargo los tres juzgados de Instrucción» (Respuesta 6); «Estar de turno en Juzgados de Instrucción significa tener entera disponibilidad las 24 hs del día mientras uno estaba de turno» (Respuesta 8).-

En similar dirección, declaró el Dr. Breide Obeid -quién fuera en esa época Secretario del Juzgado de Instrucción 25 que se creara a posteriori del Juzgado 21 a cargo de la actora-, señalando que «.el cúmulo de trabajo era intenso, no había horarios.Y cuando hago referencia a que no hay horarios hablo de las 12 AM; 2 AM; 4AM, cualquier horario» (Respuesta 5); «El Juzgado 25 se quedó sin juez y con un secretario menos.durante el período de una año la Dra. M. del C. García García se hizo cargo de los 2 juzgados, el 21 del cual era titular y el 25 que subrogaba» (Respuesta 6); .las jornadas eran interminables y a pesar de vivir la Jueza a una cuadra del Juzgado, ella vivía más en su oficina que en su casa» (Respuesta 21).-

Por su parte, de la declaración vertida por la Dra. Berenguer, se desprende -en los aspectos que resultan más salientes- que «.la situación de la jurisdicción penal durante la época en que la Dra. García García fue Jueza de Instrucción era muy problemática, existía mucho trabajo considerando que el juzgado se encontraba permanentemente de turno» (Respuesta 2);».la cantidad de trabajo era mucha, de alta complejidad;.la presencia del juez era requerida en los lugares de los hechos más graves, el juez era quien investigaba. La Dra. M. del C.García García participaba activamente visitando los lugares de los hechos» (Respuesta 4); «. la Dra. G. Carcia asumió tareas de Jueza Subrogante de otros Juzgados de Instrucción» (Respuesta 5); «.el Juzgado de Instrucción Nº 21 estuvo de turno en forma permanente desde agosto de 2003 hasta diciembre de 2004, lo cual significó que en ese período la Jueza estuvo de turno siempre.La jornada laboral no tenía hora de finalización podía ser después de las 22 hs. en el despacho sin ningún tipo de problema. Nada garantizaba tampoco que durante la noche se pudiera dormir puesto que si existía una urgencia que demandara la presencia del juez por ser un hecho grave o se necesitara hacer allanamientos, allí debía estar la actora» (Respuesta 6); «.En aquella época era muy habitual tener marchas, congregaciones de personas reclamando en la puerta del Tribunal, prendiendo cubiertas, haciendo pintadas, arrojando objetos, insultando a los jueces y funcionarios con cánticos y pancartas. Todo ello era una gran presión.por una cuestión de la disposición del Juzgado de Instrucción Nº 21 se llevaba la peor parte pues estaba ubicado en la planta baja con todos los ventanales a la calle, de hecho creo que se reforzó la seguridad con rejas luego de que arrojaran objetos contundentes que atravesaron los vidrios» (Respuesta 9); «.solicité en reiteradas oportunidades que se completara la plantilla o se ampliara en función de la gran cantidad de trabajo existente. No siempre teníamos la respuesta buscada y como dijera más arriba, la creación de nuevos organismos produjo que nos quitaran empleados, en general los mejor formados para las Cámaras Criminales.la falta de personal fue una constante» (Respuesta 12).-

Asimismo y a más de la plataforma precedentemente descripta, entiendo que también debe asignarse incidencia dañosa en la integridad psico-física de la actora a la enorme repercusión mediática, judicial, política, y social y consecuentes presiones que se generaran a partir del reconocido y recordado caso «Otoño Uriarte», sobre lo cual el Dr.Marquez Gauna expresó: «.la Dra. G. soportó los embates de la prensa, la inutilidad de la policía, la falta de compromiso del Fiscal y la falta de apoyo institucional, sin perder su dignidad, sin claudicar en sus principios y con toda la energía y dedicación que pudo ponerle. Pero en cierto momento el deterioro físico y psíquico se hizo aún más notorio y fue complejo trabajar» (Respuesta 12); «A la complejidad de este caso, se sumó la existencia de una comisión policial paralela que investigaba sin control judicial. Propiciada por el entonces Sub. Jefe de la Policía Victor CUFRE.Este «sujeto» fue quién fomentó la existencia de comisiones policiales de investigación paralelas, que se reunían en el Gimnasio de la localidad de Gral. Fdez Oro, con la clara intención de evadir el control judicial de dicha actividad y controlar a las masas, para de esa manera cargarle todas las culpas de la ineficiencia policial de aquel momento a la Dra. G. G.» (Respuesta 13); «Recuerdo haber escuchado personalmente en una intervención telefónica como el progenitor de Otoño, el Sr. Roberto URIARTE conversaba con el por entonces Juez del Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro, Dr. Victor SODERO NIEVAS, sobre medidas de investigación y hallazgos de indicios relevantes para la investigación, sin que nosotros tuviéramos conocimiento de ello. Vale decir, existía un contacto directo del progenitor de la joven con el Magistrado de referencia en el que se manejaban hipótesis de investigación y diligencias probatorias sin que el Juez del caso lo supiera. Recuerdo la gravedad de tal hecho y mi sorpresa al escucharlo.El mismo juez que había dispuesto la aplicación de las reglas de Bangalore, desplegando estas conductas minaron la poca confianza que podíamos tener en el apoyo institucional» (Respuesta 14); que recuerda que durante el curso del proceso se iniciaron a la actora Sumarios por mal desempeño «incumpliendo de esa manera con las mismas reglas de Bangalore que recomiendan no investigar a un funcionario a cargo de un proceso hasta que el mismo finalice» (Respuesta 17).- Asimismo y con relación al mismo hecho, la Dra. Berenguer declaró: «.A mi entender el acontecimiento que afectó la modalidad de trabajo de la Dra. García García fue la desaparición de la menor Otoño Uriarte ocurrida en el año 2006 (23/10/2006).Este hecho trastocó toda la labor que era posible llevar a cabo como titular de un Juzgado de Instrucción.». En este orden, cabe añadir -tal ya se expusiera al señalar los Hechos relevantes- que durante el curso de la tramitación del referido Expediente por la desaparición de dicha menor, se efectuó a la actora una Auditoría en su Juzgado y un posterior Sumario correspondiente a las actuaciones «Procuradora General s/ solicitud de Investigación (Dra. M. del C. G. G.)» CMD 07-0049, habiendo declarado al respecto el Dr. Breide Obeid, que «.la auditoría se centró en el Juzgado 21 y fue a raíz de la causa Otoño, el ambiente que se respiraba era malo, se sabía que la auditoría venía con una sola finalidad, encontrar algo en contra de la Dra. García,.después de ese caso hubo un antes y un después, sumado a la presión por resolver el caso se sumaron las presiones judiciales y políticas.Es extraño ver como funcionan las lógicas de la investigación.Paradójicamente en este caso la jueza fue sumariada y perseguida y la persona a cargo de la investigación (Comisario Cufré) terminó siendo Jefe de la Policía de Río Negro».-

Respecto a la existencia de relación de causalidad entre las circunstancias laborales expuestas y la aparición de la patología incapacitante, cabe tener presente que en la propia requisitoria de enjuiciamiento contra la actora, quedó establecido que «.la Magistrada Dra. M. del C. G. G. padece Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión (trastorno depresión mayor-síndrome bornout).» y que «.la dolencia tiene raiz en el ámbito laboral.»; como así también que -en sentido concordante a ello- la Pericia Psiquiátrica realizada por el Dr. Daniel Roberto Ambroggio que se encuentra reservada conforme lo dispuesto a fs. 205 de los referidos autos «G. G. M. DEL C. C/ HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. S/ ORDINARIO» (Expte.14.443-CTC-2013), ha dictaminado que la actora presenta un «Trastorno Depresivo Mayor Severo y Crónico», determinando que existe relación de causalidad entre las situaciones de su ámbito laboral y la patología que padece; aunado ello a lo indicado en la Pericia Psicológica -también reservada en los autos supra indicados- respecto a que la actora padece una «Episodio Depresivo Grave sin síntomas psicóticos», indicando que dicha patología no obedece a su personalidad de base.-

En virtud de todo lo precedentemente expuesto y de acuerdo a la concurrencia de los extremos que surgen de las declaraciones testimoniales vertidas, los antecedentes médicos del caso y la Pericial Psiquiátrica producida, se encuentra debidamente acreditado que las excesivas demandas laborales y las perjudiciales condiciones internas y externas en que la actora debió desempeñar sus tareas, tienen una relación de causalidad directa con el padecimiento del síndrome de desgaste profesional que la afectara, toda vez que se visibiliza un nexo causal directo entre esas circunstancias laborales patógenas y el daño físico y psíquico sufrido, lo cual -evidentemente- provocó una grave alteración patológica de su personalidad y disminución de sus capacidades funcionales con claro detrimento en su comportamiento, equilibrio emocional y resistencia física-mental para continuar en el desempeño del importantísimo cargo para el que fuera investida.-

Como lo expresara el S.T.J. en la precitada causa «MALDONADO», a efectos de determinar la existencia de ese síndrome de desgaste profesional y su relación de causalidad con el trabajo, carece de relevancia la existencia o no de una predisposición orgánica del trabajador para contraer enfermedades, «., por cuanto lo que determina la procedencia de la reparación es la relación de causalidad entre el hecho y el daño y no la incidencia de factores que no revisten la calidad de causa -Tribunal: Cámara de Apelaciones del Trabajo de Bariloche, 13/05/2008, «M., L.B. c/ Comisión Médica N°9», La Ley 11/11/2008,2 (cfr.Horacio Schick, Riesgos del trabajo, Temas fundamentales, Segunda Edición, David Grinberg Libros Jurídicos, Buenos Aires, 2009; punto 2.10. El caso «Silva», pgs. 162/163. Asimismo, puede confrontarse: Livellara, Silvina M., El síndrome de burnout (o de desgaste profesional) y su recepción como infortunio laboral, LA LEY 2008-F, 457, que cita también el caso bajo examen)». En la directriz supra expuesta, agrégase que aún la supuesta existencia de una condición de labilidad personal -no evidenciada en el caso dado-, resultaría incluso para excluir el derecho resarcitorio que cabe reconocer a favor de la actora, toda vez que ello no constituye la causa eficiente del padecimiento sufrido por la misma, siendo claro asimismo que la presencia de alguna predisposición -aún limitada- resulta ínsita en todo cuadro incapacitante y sin ello, potencialmente ninguna enfermedad profesional podría tenerse por configurada, amén de señalar que la aplicación de ese criterio limitativo y/o de exclusión resultaría contrario a elementales preceptos constitucionales, en cuanto establecen que el trabajo, en sus diversas formas, goza de la protección de las leyes, cabiendo tener presente -tal se destacara en el voto de los Sres. Ministros de la Corte Suprema en la causa SILVA-, que la relación indisociable entre los riesgos del trabajo y el derecho a la salud trasciende el universo laboral, habida cuenta de que la salud se erige como un verdadero «bien público», según lo ha conceptualizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos («X IMENES LOPES c. BRASIL», sentencia del 4 de julio de 2006, Serie C N° 149, parr. 89, y voto separado del juez Antonio A. Cancado Trindade, parr. 40) y enunciado por el art. 10 inc.2 del Protocolo de San Salvador; sumándose a ello que, al ser también inescindible el nexo entre el derecho a la salud y el derecho a la vida, se torna evidente que la desprotección del primero violenta el segundo, esto es, violenta el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que resulta garantizado por la Constitución Nacional, resultando clara la Jurisprudencia sentada por el Máximo Tribunal de la Nación acerca del derecho del trabajador damnificado para obtener resarcimiento por todo hecho constitutivo de contingencia laboral, tal el criterio plasmado no sólo en el ya mencionado precedente «Silva, Facundo Jesús c. Unilever de Argentina S.A.» sino también, entre otros, en los precedentes «Rivarola, Mabel A. c. Neumáticos Goodyear S.A.» (del 11-07-2006) y «Trejo, Atilio Amadeo y otro c. Gulf Oil Argentina S.A. y otro» (del 31-03-2009), siendo las sentencias judiciales -tal se dijera en el voto conjunto de los Dres. Fayt y Petracchi-, una de las «medidas» o de los «medios apropiados» para la plena efectividad de las finalidades y obligaciones establecidas por el art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 2.1. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.En este orden de ideas, reitérase que emerge claro para mi que la sobreexigencia de demandas y situaciones nocivas derivadas de las condiciones internas y externas en que la actora desempeñara en exclusividad sus funciones como Magistrada Judicial de la Provincia accionada, generaron un indudable desgaste en su integridad psico-física y emocional, que derivó a su vez en la eclosión y agravamiento a través del tiempo de su afección incapacitante, sin que existieran antecedentes patológicos anteriores al tiempo del examen preocupacional y sin que surja de autos que -durante todo el tiempo en que efectivamente cumpliera tareas- se le hayan efectuado examen médico periódico alguno ni que la demandada hubiera adoptado alguna medida cierta y eficaz para atenuar y/o disminuir las consecuencias dañosas emergentes del trabajo cumplido.-

A modo conclusivo del acápite, considero entonces que debe tenerse por acreditada la existencia de relación de causalidad entre el trabajo cumplido y el daño padecido por la actora y por la tanto corresponde reconocer su derecho al resarcimiento debido, teniendo presente que ante la existencia de una discapacidad, cabe su debida reparación, toda vez que es claro que esa minusvalía no solo repercutirá en la esfera económica de la víctima, sino también en diversos aspectos de su personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural y social, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (C.S.J.N, Fallos 315:2834,2848, considerando 12, entre muchos otros); cabiendo agregar que la relación de causalidad verificada entre el trabajo judicial y las secuelas incapacitantes derivadas de dicho ejercicio, ya ha sido reconocida incluso por el Máximo Tribunal de Justicia de la Provincia en autos «G.L.R. C/ HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. S/ RECLAMO» (STJRN, Nº 3, Sent. 105 del 17/09/202, Expte. O-2RO-3799-L2012), en los que con Voto rector del Dr. Apcarián, al que adhirieran los Dres. Mansilla, Piccinini y Barotto con la abstención de la Dra.Zaratiegui, se resolvió revocar la Sentencia de Cámara que había rechazado la demanda deducida en base a la ley especial de Accidentes del Trabajo y reconocer como Enfermedad Profesional las secuelas psicológicas y psiquiatras que sufrió un Agente Fiscal a resultas del desempeño del cargo, en el cual debiera cesar por su incapacidad sobreviviente para acogerse al Beneficio del Retiro por Invalidez, partiendo aquí nuestro S.T.J. de la premisa de que si un accidente o enfermedad es laboral, no puede afirmarse luego que el trabajo no lo ha causado y siguiendo en esa inteligencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el ya citado precedente «Silva c/ Unilever» (Fallos: 330:543), en cuanto a la confirmación del derecho del trabajador a la debida reparación de todo daño a su integridad psicofísica que guarde un nexo causal adecuado con el trabajo realizado.-

V.- 07.- Siguiendo el orden metodológico impuesto, corresponde analizar si se configuran en el caso los presupuestos de responsabilidad resarcitoria que -en base a la normativa del derecho común- se endilgan a la demandada. En este derrotero y a efectos de avanzar en dicho análisis, cabe puntualizar -tal ya lo dejara sentado al emitir mi voto en la causa «MEZI DIANA C/ PROVINCIA DE RIO NEGRO», Expte. Nº 11.019-, que conforme la originaria redacción del Código Civil, el principio general como factor de imputación de responsabilidad estaba constituido por la culpa, con solo algunos supuestos excepcionales y limitados de responsabilidad objetiva (por ej. Daños causados por animales feroces, daños provocados por dependientes o derivados de cosas inanimadas). Ahora bien, al dictarse la recordada y trascendente reforma de la Ley 17.711, a ese primitivo concepto general se le agregó la noción del Riesgo, al instituirse la responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa (art. 1113), como así también se incorporaron otras regulaciones dentro del ámbito de la responsabilidad objetiva.A partir de dicha reforma y mediante el aporte de calificada doctrina y jurisprudencia, la concepción del riesgo como factor de atribución de responsabilidad, no quedó ceñida únicamente al perjuicio generado por cosas peligrosas, sino también se extendió a aquellos casos en que aún cuando no pueda hablarse de una cosa peligrosa en si misma, se producen -o sufren- daños por el riesgo de la actividad y/o por actividades humanas riesgosas (conf. Matilde Zavala de Gonzalez, en «Responsabilidad por Riesgo», Ed. Hammurabi, pag. 27 y sgtes). En ese sentido, el principio del riesgo de las cosas previsto en el art. 1113 del anterior Código Civil que se encontraba vigente a la fecha de la causación del daño sufrido por la actora, fue extendido también al riesgo de la actividad, con prescindencia de que el daño se haya producido con o sin cosas (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge y Piedecasas, Miguel A. (directores), Código Civil Comentado, Doctrina, Jurisprudencia, Bibliografía, Responsabilidad Civil (artículos 1066 a 1136), Rubinzal Culzoni Editores, pág. 332/334). El concepto de actividad aparece así como irremediablemente ligado a la figura de la empresa y del beneficiario del resultado del trabajo que se encomienda y dentro de la concepción de dicho riesgo de la actividad, se comprende no solo el riesgo natural que resulta contínuo o permanente, sino también el riesgo circunstancial que deriva de la naturaleza y/o de las circunstancias de la actividad cumplida al momento de la producción del daño.- Destácase al respecto, que no basta simplemente que se haya producido un daño, sino que es necesario que el perjuicio derive de un riesgo -ya sea contínuo o circunstancial- que la actividad conlleve. A los fines de la debida valoración, señala con especial claridad Zavala de Gonzalez que «la cuestión pasa por el grado de previsibilidad de la producción de daños, a partir de la consideración de la naturaleza o de las circunstancias de la actividad.Cuando sobre la base de tales aspectos concurra una clara probabilidad -aunque abstracta o genérica- de eventuales perjuicios, funcionará el factor de atribución si el daño ocurre» (conf. autor cit., en «Responsabilidad por Riesgo», Ed. Hammurabi, pag. 205), debiéndose colegir que si bien es posible distinguir entre «cosa riesgosa» y actividad riesgosa», el artículo 1113 del anterior Código Civil incluía a ambas, señalándose que comprende entre tanto el medio donde se presta la tarea, como las condiciones de trabajo y todo aquello que contribuya a crear un riesgo (op. cit, pág. 343), teniendo dicho la jurisprudencia que «La diferenciación entre los daños que se producen con las cosas o por su riesgo o vicio, de los originados «a propósito de las cosas», a partir de la actividad que el hombre cumple para utilizarlas, importa introducir una distinción que excede los límites de una interpretación razonable del art. 1113 del Código Civil, desnaturalizando su significado» («IZAGUIRRE, Juan Domingo c/ MASTELLONE HERMANOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS» – Nº Sent.: C. J005991- Magistrados: BRILLA DE SERRAT. – Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J, 30/10/1997). En la línea argumental expuesta, es dable añadir que el principio de responsabilidad objetiva que se consagrara en el anterior art. 1113 del Código Civil, ha sido receptuado en el art. 1757 del actual Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto prescribe como regla que «Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización». Por su parte y con relación al principio de responsabilidad aquiliana y «deber de no dañar» contemplado en el art. 1109 del anterior Código Civil en cuanto prohibía los hechos dañosos realizados con culpa, ha tenido también acogida por su parte en actual Código Civil y Comercial, prescribiendo el art.1710 CCC que el deber de no dañar resulta vulnerado si una persona no adopta las medidas de prevención que razonablemente, de acuerdo a la buena fe y según las circunstancias, se hallaban a su cargo y estableciendo el art. 1717 el principio de que cualquier acción u omisión que causa un daño a otro, es antijurídica y debe ser reparada, salvo la existencia de causas de justificación. Conforme la télesis de las reglas normativas precitadas, entiendo que -atento su condición de empleadora- se configura aquí la responsabilidad objetiva de la demandada por el riesgo de la actividad y que también concurre con el lo una responsabilidad por omisión ante la desatención de los deberes de prevención, cabiendo tener presente que el art. 4.1 de la LRT impone no solo a la ART, sino también al empleador la obligación de realizar una prevención eficaz de los riesgos del trabajo, sumado ello -en el caso dado- a la acreditada falta de atención y debida respuesta a los reiterados pedidos de asistencia efectuados por la actora tanto en forma verbal como escritos (vid. Nota de fecha 31/07/2007 dirigida al Presidente del T.S.G. dando cuenta de la situación del Juzgado Nº 25 y de su situación Personal; Nota de fecha 25/09/2007 presentada ante la Superintendencia del Fuero Penal dando cuenta de ala situación de sobreexigencia laboral y agotamiento físico-psíquico; y Nota de fecha 23/10/2007 nuevamente dirigida a la Superintendencia del fuero denunciando la insuficiencia de recursos humanos y solicitando con urgencia mayor dotación de personal), corroborado ello por lo que al respecto surge de las testimoniales -coincidentes en el punto- rendidas por los entonces Secretarios Dres. Marquez Gauna y Breide Obeid, con respecto a la falta de respuesta ante los pedidos y reclamos que se formularan, puntualizando el Dr.Breide Obeid que «.Los juzgados de Cipolletti nunca llegaron a tener siquiera la dotación mínima si uno los comparaba con la 2da Circunscripción (Roca) la diferencia era abismal. Duplicaban la cantidad de personal y juzgados para la misma cantidad de población que atender., se hicieron innumerables reclamos, nunca fueron atendidos.». En este punto y con inherencia puntual a los deberes de prevención, comparto y remito a las medulosas consideraciones efectuadas por Horacio Schick, al efectuar su comentario al Fallo «M., G.J c/ CBA S.A. CIESA U.T.E. y Otro s/ Despido», Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala IX, 2013-07-30, Publicado en: DT2014 (enero) 147, Cita Online: AR/DOC/4519/2013, en el sentido de que «.En cuanto a las medidas de seguridad personal del trabajador, el empleador tiene la obligación genérica de tomar las medidas y prever los recursos materiales y humanos tendientes a crear y mantener condiciones y medio ambiente de trabajo que asegure la protección física y mental y el bienestar de los trabajadores, debiendo reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo y de la capacitación específica. Para ello, deberán instrumentar las acciones necesarias y suficientes para que la prevención, la higiene y la seguridad sean actividades integradas a las tareas que cada trabajador desarrolle.», añadiendo a posteriori que «La omisión de las diligencias exigibles autoriza a que se responsabilice contractualmente al empleador por incumplimiento al deber de seguridad ínsito en el contrato de trabajo. Las normas que establecen el deber de seguridad a cargo del empleador estiman la integridad del trabajador como un bien socialmente predominante frente a otros bienes y determinan, en consecuencia, cuál ha de ser la conducta del empleador a fin de que se conforme a dicha valoración, concentrándose aquéllas en deberes públicos e individuales o contractuales. Puede afirmarse que el empleador, en cumplimiento del deber de seguridad, debe adecuar su conducta a las siguientes pautas generales:a) crear condiciones de trabajo idóneas y seguras de acuerdo con los dictados de la experiencia y de la técnica. y las que sean necesarias según el tipo de trabajo y las condiciones en que se realiza, aunque no estén previstas por la ley o convenio colectivo.; b) adaptar las labores del trabajador a sus posibilidades psicofísicas; al respecto deben practicarse exámenes periódicos de salud (para determinar si la tarea es acorde con el estado del dependiente);.d) abstenerse de emplear el poder de dirección en forma que pueda atentar contra la salud del trabajador, a cuyo efecto debe actuar con la mayor diligencia; e) practicar los exámenes médicos complementarios establecidos por la Resolución SRT 37/10, los cuales permiten detectar la existencia de una predisposición orgánica del trabajador a contraer determinadas enfermedades, constituyendo un hecho previsible para el principal y la ART.».-

En el orden expuesto, cabe tener presente asimismo que tiene dicho la Corte que para la procedencia de la acción de derecho común, si efectivamente se demuestra que una enfermedad está vinculada causalmente con un hecho pueda reputarse lesivo y/o antijurídico, la acción procede con independencia del listado que prevé la Ley de Riesgos del Trabajo -L.R.T.-, que obedece a un régimen especial, diferente del derecho común, estando vinculada dicha decisión con lo resuelto en el conocido precedente «AQUINO», en cuanto allí se sostuvo que dicha ley, al excluir la tutela de los arts.1109 y 1113 del Código Civil, no se adecua a los lineamientos constitucionales a pesar de haber proclamado entre sus objetivos el de reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, habiéndose agregado posteriormente in re SILVA que no debe -ni puede- soslayarse que los lineamientos constitucionales se orientan en dirección a la protección del trabajador y no de su desamparo; por lo que es obligación del empleador, tutelar que el empleo se preste en condiciones dignas y que se garantice el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, tanto en general como en lo concerniente a las propias de cada actividad, como así también que la integridad física del trabajador es el presupuesto legítimo y básico de toda prestación de servicios y que las relaciones laborales, conforme ordena la Constitución Nacional, deben regirse por los valores de la dignidad, la justicia y la protección del trabajador, que requieren que la medida de los derechos humanos no esté dada por las leyes del mercado ni por meros intereses pecuniarios, pues el trabajo humano tiene características que imponen su consideración con criterios propios que exceden el marco del mero mercado económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia normativamente comprendidos en la Ley Fundamental (según voto de los Dres. Fayt y Petrachi). En conteste sentido, nuestro Máximo Tribunal Provincial ha revitalizado -en el ya mencionado antecedente «G.L.R. C/ HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. S/ RECLAMO» (STJRN, Nº 3, Sent. 105 del 17/09/2020), el principio de «no dañar» que encuentra fundamento en el art. 19 de la C.N. y en el art. 14 bis de la misma Carta Fundamental que adopta el «principio protectorio», según el cual el trabajo en sus diversas formas goza de la protección de las leyes, lo cual -a su vez- se encuentra plasmado con rango supralegal en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8 inc.1) y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 1), conforme los cuales toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral y también -conf. art. 12 inc. 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; normas todas estas con jerarquía constitucional desde 1994 de acuerdo a lo normado en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional (cfr. STJRN Sala 3, Se. 88/10 «MALDONADO» y Se. 28/15 «COYAMILLA»; Conf. «El Reconocimiento judicial de la patología mental como enfermedad profesional no listada», autor: Angrimán, Marcelo Antonio, Rubinzal-Culzoni, cita: RC D 254/2021).-

Agrégase en la directriz señalada, que en la actualidad resulta reiterada la jurisprudencia que ha establecido la responsabilidad civil del Empleador ante las afecciones psicológicas presentadas por el trabajador, ya sea por el riesgo de la actividad y/o por un ámbito laboral estresante y sobrecarga excesiva de tareas (C.J. c/ Liberty Art S.A. y otro s/ accidente-acción civil», CNTRAB. 16/02/2011; idem «M,M.S. c/ Berkley Internacional A.R.T. S.A. y otro s/ accidente-acción civil», CNTRAB, 09/02/2011; «O.A.V. c/ Coto C.I.C.S.A y otro», CNTRAB, 25/10/2010; «P.L.I.R. c/ Carrefur Argentina S.A. s/ accidente-acción civil», CNTRAB-30/05/2008; «C.,C.D. c/ Best Market S.A. y otros s/ accidente-accion civil», CNTRAB, 09/02/2011;»S.L.M.R. c/ Directv Argentina S.A.», CNTRAB, 30/12/2010; «R.R.G c/ Banco Santander Río S.A. s/ Accidente-Acción Civil», CNTRAB, 10/11/2010; entre muchos otros).-

Finalmente y con relación al planteo defensista de la accionada respecto a su pretendida eximición de responsabilidad por haber contratado con la A.R.T.cobertura por Seguro sistémico obligatorio que impone la ley 24.557, es dable señalar que el planteo carece de andamiento toda vez que como ya lo señalara este mismo Tribunal en otros precedentes «.por la sola contratación de un seguro tarifado, no surge una indemnidad o impunidad total del dueño o guardián de la misma, por los previsibles perjuicios que puedan causarse, puesto que la ley de riesgos del trabajo debe tender, y así lo indica en sus considerandos, a la seguridad en el trabajo, con planes de mejoramiento y eficiencia en las medidas preventivas del riesgo, pero cuando esto no se cumple y por el contrario quien tiene el deber de brindar seguridad se desentiende de las medidas paliativas del riesgo creado, no puede, ante un reclamo resarcitorio, anteponer la suficiencia indemnizatoria de la tarifa conforme la literal disposición del art. 39 de la ley 24.557 («SEPÚLVEDA, Ismael Omar c/PRODUCTOS PULPA MOLDEADA S.A. S/ ORDINARIO», Expte. Nº 12.034-CTC-09).-

VII.- Definida que quedara la responsabilidad de la demandada, cabe seguidamente analizar la procedencia de los rubros que se reclaman y en su caso establecer la cuantía y la extensión del resarcimiento que corresponda, de acuerdo a lo que infra se desarrolla:

VII.- 01.- Respecto al resarcimiento debido por la incapacitación padecida, la cuantía del mismo debe establecerse -siguiendo la Doctrina del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia- mediante la aplicación d e la fórmula establecida por el S.T.J.R.N. en «PEREZ BARRIENTOS» (Se. Nº 108 del 30/11/2009) (C=Ax (1Vn) x 1/i x % de incapacidad) y ratificada en otros precedentes posteriores (v.g. «HERNANDEZ Fabián Alejandro c/ EDERSA s/ ORDINARIO s/ CASACION»,Expte. Nº 27484/14-STS), computando a fines de calcular el capital del daño material por Incapacidad Parcial y Permanente, el ingreso mensual que le hubiera correspondido percibir a la actora al momento en que fuera destituída (conf. STJRNS1, Se.81/18 re «Albarrán»), considerando una lapso temporal de vida útil hasta los 75 años, el grado de Incapacidad determinado y un interés puro del 6 % anual. Conforme estas pautas, la remuneración a computar será $ 32.222,80 (conf. Recibo de fs. 162 e Informe de Contaduría del Poder Judicial de la Provincia de fs. 163, agregados en autos «G. G. M. DEL C. C/ HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. S/ ORDINARIO» (Expte. 14.443-CTC-2013), teniendo presente que a la fecha de consolidación del daño -teniendo por esta la fecha en que se dispusiera su destitución (06/08/2012)- la actora -nacida el 09/02/1962 según datos obrantes en la Pericia Psicológica- tenía 50 años y que la Incapacidad determinada -conforme lo dictaminado por el Perito Psiquiatra de acuerdo al Baremo de Castex y Silva- ha sido del 70 %; por lo cual el Capital del resarcimiento debido por este rubro asciende -conforme cálculo efectuado de acuerdo a la Fórmula provista como Herramienta en la página web del Poder Judicial- a la suma de $ 4.498.117,57.

De acuerdo a la operación precedente y resultando claro que el importe que la actora recibiera de la A.R.T. ($ 2.700.000,00) es significativa y notoriamente inferior e insuficiente comparado con lo que le habría correspondido por aplicación de la fórmula matemática-financiera receptuada por el Superior Tribunal de la Provincia, cabe reputar aquel pago como parcial y a cuenta y acogerse la pretensión por la diferencia existente entre la indemnización que realmente correspondería por aplicación de la Fórmula y lo que fuera ya percibido. En este sentido y a los fines de determinar esa diferencia indemnizatoria a favor de la actora, primeramente debe fijarse el valor de Capital ($ 4.498.117,57) con más sus intereses correspondientes de acuerdo a Doctrina del S.T.J.R.N.desde la fecha considerada como de ocurrencia del daño (destitución operada el 06/08/2012) y hasta la fecha en que se Homologara el Acuerdo Conciliatorio de pago entre la actora y la Aseguradora HORIZONTE (20/10/2015), lo cual representa a esta última fecha un total de $ 7.691.226,28 (Capital:$ 4.498.117,57 más Intereses:$ 3.193.108,71), al cual debe descontarse el monto de $ 2.700.000,00 percibido, resultando una diferencia de $ 4.991.226,28, que -conforme lo precedentemente señalado- constituye en definitiva el monto nominal por el que prosperará este rubro en valores expresados al 20/10/2015 y que -tratándose de una obligación demandada judicialmente y considerando la fecha de notificación de la demanda- debe tenerse por consolidada a esa fecha (conf. regla del art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación que ya se encontraba vigente a la fecha de deducción del pago a cuenta) y devengará intereses desde entonces (20/10/2015) y hasta su efectivo pago, aplicándose las tasas que infra se indican.-

VII.- 02.- Con relación al resarcimiento que se reclama en concepto de Daño Moral y conforme lo dejara sentado al emitir mi voto en la ya citada causa «MEZZI c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO», debe tenerse presente que la reparación de la lesión extrapatrimonial también forma parte del resarcimiento integral, rigiendo ello no solo para los actos ilícitos o cuasidelitos, sino también para los supuestos -como in re- en que el perjuicio resulta de la responsabilidad objetiva que dimana del Código Civil, siendo de aplicación al caso la jurisprudencia que tiene dicho que «Al haberse acreditado que el supuesto en examen encuadra en las directivas del art. 1113 del C.Civil, atento el carácter riesgoso de la cosa productora del daño verificado y la ausencia de culpa en el obrar siniestrado, ello habilita la procedencia del daño moral, por aplicación de la doctrina sentada por esta Excma Cámara in re Vieites, Eliseo c/ Ford Motor Argentina SA» (Acuerdo Plenario nº 243 del 25/10/82)» (CNAT SALA VIII EXPTE Nº 13579/91 SENT. 28901 15/5/00 «VILLANUEVA, RUBEN C/MURCHINSON S.A. ESTIBAJES Y CARGAS S/ ACCIDENTE» (B.M.-) y que «En materia de hechos ilícitos cabe la reparación integral del perjuicio experimentado por la víctima, por lo que la indemnización debe cubrir tanto el daño material derivado de la minusvalía laborativa ocasionada por un accidente de trabajo como el de índole moral» (SCJBA, Ac. 65.577, 25-11-97, «López de D’ Amore, A. c/Horacio Guisasola S.A. s/indemnizac. Por ds. y ps. (art. 1113 del C.C.)», en DJBA, 154, 154).- En el caso sometido a juzgamiento, deviene claro e insoslayable a mi criterio que además de la incapacidad física resarcible, la actora ha padecido un importante daño extrapatrimonial (moral y psíquico) que debe ser reparado a fin de que la reparación sea realmente plena e integral, cabiendo puntualizar que ante la afección que produjo su destitución de su cargo de Magistrado, resulta inescindible a ello la frustración de todo un proyecto de vida con una inevitable lesión de los sentimientos de la demandante, siendo de aplicación la jurisprudencia que tiene dicho que «El daño moral constituye toda modificación disvaliosa del espíritu, es su alteración no subsumible sólo en el dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, que exceden lo que por el sentido amplio de dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona, sobre el cual los demás no pueden avanzar; de manera que todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra configura un daño moral» (SCJBA,19-9-95, «Toledo, Noemi Elisa, c/Municipalidad de La Matanza s/enfermedad profesional»). En la plataforma predescripta y teniendo en cuenta la repercusión del daño sufrido en las esferas vitales de la actora (tanto en la faz personal, como profesional y social), considero que debe fijarse por este rubro la suma actual de $ 1.800.000,00, expresados en valores vigentes a la fecha de este pronunciamiento y que devengara intereses a partir de la sentencia y hasta su efectivo pago, todo ello de acuerdo y en observancia a la regla dispuesta por el S.T.J. de la Provincia a partir de la Doctrina establecida in re «LOZA LONGO» (Sentencia del 27/05/2010), en cuanto a que cuando se trata de obligaciones de valor, su monto debe fijarse a la fecha del pronunciamiento y consecuentemente, los intereses correrán «. a partir de la sentencia que determina el monto del resarcimiento».-

VII.- 03.- Finalmente y con respecto al reclamo articulado en concepto de Gastos para Tratamiento Psicológico, entiendo que -de acuerdo a la Prueba colectada- también corresponde su acogida, toda vez que la Pericia Psicológica realizada por la Lic. Natalia Dirié que fuera producida y se encuentra reservada en los autos «G. G. M. DEL C. C/ HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. S/ ORDINARIO» (Expte. 14.443-CTC-2013), ha dictaminado que la actora presenta «Episodio Depresivo Grave sin síntomas psicóticos» y que la misma debe realizar una terapia psicológica durante un año, con un costo por sesión de $ 300,00 y por un total de 48 sesiones, lo que totaliza la suma de $ 14.400,00 expresada en valores nominales a la fecha de presentación de la Pericia (11/12/2014 conforme fs. 198 de dicha causa), no habiendo sido impugnado ello por ninguna de las partes.En virtud de lo señalado, entiendo y así propicio al Acuerdo que debe cuantificarse el resarcimiento debido por este rubro en la suma nominal de $ 14.400,00 expresada en valores vigentes a la fecha de dicha presentación Pericial y que devengará intereses desde el 11/12/2014 y hasta su efectivo pago, de acuerdo a la tasa que infra se indica.-

VIII.- Los importes de condena, devengarán -desde las fechas de consolidación de las sumas fijadas por los distintos rubros y de acuerdo a lo que en cada caso corresponde según se expresa en los Considerandos- intereses de acuerdo a las tasas que seguidamente se indican: hasta el 30/11/2015 la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina, conforme la doctrina obligatoria ir re «LOZA LONGO, CARLOS ALBERTO C/R.J.U COMERCIO R. BENEFICIAMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS Y OTROS S/ SUMARIO S/ CASACIÓN». (EXTE.23987/9-STJ); desde el 01/12/15 y hasta el 31/08/16 la Tasa Activa establecida por el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales de libre destino (operaciones de 49 a 60 meses), conforme doctrina del Alto Tribunal Provincial a partir del resolutorio en autos «JEREZ, FABIAN ARMANDO C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY» (Expte.Nº 26.536/13-STJ); desde el 01/09/16 y hasta el 31/07/18 la Tasa vigente en el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales libre destino, en operaciones de hasta 36 cuotas mensuales, conforme lo dispuesto por el Máximo Tribunal Provincial en autos «GUICHAQUEO, EDUARDO ARIEL C/ PROVINCIA DE RÍO NEGRO (POLICÍA DE RÍO NEGRO) S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY» (Expte Nº 27.980/15-STJ); y desde el 01/08/18 en adelante la Tasa establecida por el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales libre destino hasta 72 meses o la que en el futuro se establezca como de plazo menor, conforme doctrina del Alto Tribunal Provincial a partir del resolutorio dictado en autos «FLEITAS LIDIA BEATRIZ C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY» (Expte. Nº H-2RO-2082-L2015/29826/18-STJ).-

VIII.- 01.- Atento el modo en que se resuelve, las costas del proceso deberán ser impuestas a cargo de la accionada, debiéndose tener en cuenta para la regulación de los Honorarios de los Letrados de la act ora, el capital de condena con más una estimación global de intereses (con. S.T.J.R.N.in re Paparatto), considerando los trabajos profesiona-les cumplidos y las escalas arancelarias vigentes. Por su parte y con relación a los letrados de la Fiscalía de Estado que actuaran en representación de la Provincia condenada en costas, no corresponde regular honorarios a los mismos, atento lo dispuesto por la ley 4739 que fue sancionada el 09-02-12 y promulgada el 10-02-12 (publicada en el B.O, el día 16-02-12), cuyo artículo 15 dispuso la modificación del anterior art. 20 de la ley K Nº 88, el cual ha quedado redactado de la siguiente forma: «Artículo 17:El Fiscal de Estado y los abogados dependientes de la Fiscalía en que aquél sustituya la representación del artículo 2° no pueden, bajo ningún concepto, cobrar honorarios de su representado cuando aquél es condenado en costas o las toma a su cargo en virtud de transacción judicial o extrajudicial. El derecho de percibir honorarios por parte de aquellos nace a partir de la existencia de una expresa condena judicial firme o convenio homologado, que imponga las costas a la contraparte y consecuentemente los jueces se abstienen de regular honorarios cuando no se configure tal circunstancia» (conf. S.T.J.R.N. in re «ORTEGA, ROXANA S/ ACCION DE AMPARO S/ APELACION», Expte N° 26065/12). Asimismo, déjase expresa constancia que atento no haber sido designados en estos actuados ni haber cumplido absolutamente ninguna actuación directa en los mismos, no corresponde efectuar regulación de Honorarios a los Peritos que fueran designados y realizaran sus Pericias en el Expte. Nº14.443-CTC-2013, cuya regulación de emolumentos ya se les realizara a fs. 262/263 de dicha causa.-

IX.- En definitiva y por todas las razones precedentemente expuestas, propongo el dictado del siguiente pronunciamiento:

IX.- 01.- Hacer lugar a la demanda interpuesta, condenando a la demandada PROVINCIA DE RIO NEGRO a fin de que, con ajuste a lo dispuesto en el art. 55 de la Constitución Provincial y normas reglamentarias vigentes, proceda a abonar a la actora Sra. M. DEL C. G. G. la suma de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 6.805.626,28) en concepto de Indemnización por Daño Material por Incapacidad Sobreviniente y Permanente, Daño Moral y Gastos para Tratamiento Psicológico, la que devengará -desde las fechas de consolidación de los importes fijados por los distintos rubros y de acuerdo a lo que se expresa en los Considerandos según corresponde en cada caso- intereses de acuerdo a las tasas que seguidamente se indican:hasta el 30/11/2015 la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina, conforme la doctrina obligatoria ir re «LOZA LONGO, CARLOS ALBERTO C/R.J.U COMERCIO R. BENEFICIAMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS Y OTROS S/ SUMARIO S/ CASACIÓN». (EXTE.23987/9-STJ); desde el 01/12/15 y hasta el 31/08/16 la Tasa Activa establecida por el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales de libre destino (operaciones de 49 a 60 meses), conforme doctrina del Alto Tribunal Provincial a partir del resolutorio en autos «JEREZ, FABIAN ARMANDO C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY» (Expte. Nº26.536/13-STJ); desde el 01/09/16 y hasta el 31/07/18 la Tasa vigente en el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales libre destino, en operaciones de hasta 36 cuotas mensuales, conforme lo dispuesto por el Máximo Tribunal Provincial en autos «GUICHAQUEO, EDUARDO ARIEL C/ PROVINCIA DE RÍO NEGRO (POLICÍA DE RÍO NEGRO) S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY» (Expte Nº 27.980/15-STJ); y desde el 01/08/18 en adelante la Tasa establecida por el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales libre destino hasta 72 meses o la que en el futuro se establezca como de plazo menor, conforme doctrina del Alto Tribunal Provincial a partir del resolutorio dictado en autos «FLEITAS LIDIA BEATRIZ C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY» (Expte. Nº H-2RO-2082-L2015/29826/18-STJ).-

IX.- 02.- Imponer a cargo de la demandada el pago de las costas correspondientes, regulando los Honorarios profesionales de los Letrados de la Parte Actora Dr. WALTER A. MAXWELL y Dr. ALBERTO P. RICCHERI en la suma en conjunto de $ 4.020.000,00. Para la regulación de honorarios se ha tenido presente las etapas procesales cumplidas y trabajos profesionales desarrollados, todo ello considerando como base el capital de condena y una estimación de intereses a la fecha y de acuerdo a los arts.6, 7, 9, 11 y conc. de Ley de Aranceles (M.B. $ 20.100.000,00).- Déjase constancia que no se regulan honorarios a los Letrados de la Fiscalía de Estado que actuaran por la demandada condenada en costas, atento lo dispuesto por la ley 4739 y que tampoco corresponde efectuar regulación de Honorarios a los Peritos que fueran designados y realizaran sus Pericias en el Expte. Nº Expte. 14.443-CTC-2013, debiéndose estar a la regulación de emolumentos que ya se les realizara en dicha causa. Los honorarios regulados a los Profesionales de la actora no incluyen I.V.A.-

IX.- 03.-Atento lo dispuesto en los considerandos y en virtud de la incapacidad que padece la actora, notifíquese la Sentencia a la Sra. Defensora de Menores e Incapaces.

Mi voto.-

A su turno, el Sr. Juez Dr. Luis Enrique Lavedan dijo:

I.- En principio debo destacar que adhiero en su mayor extensión al voto rector y al pronunciamiento propiciado por mi distinguido colega preopinante, Dr. Méndez, en lo atinente a la resolución del fondo de la cuestión ventilada en autos y la procedencia del reclamo actoral, con sustento en la prueba producida y derecho aplicable; no obstante lo cual, y sin perjuicio de ello, sólo y únicamente en lo que respecto al rubro Daño Moral, al que adhiero en cuanto a su procedencia, me permito disentir y discrepo respecto a su cuantía fijada en el primer voto, la que dada las particularidades del caso traído a juzgamiento, considero debe ser incrementada.-

En efecto, sabido es que en el daño moral la indemnización se decide sin ningún elemento que permita traducir la entidad de aquel en la magnitud de ésta, tratándose de una labor jurisdiccional de importancia y a su vez de apreciación ciento por ciento subjetiva del juez, en la que debe influir su prudencia en la sana crítica.Partiendo de esa premisa, deben percibirse las diferencias entre los diversos daños morales, surgiendo la natural convicción de que frente a uno grave corresponde una reparación mayor que respecto de otro más leve, y prima en su determinación la discrecionalidad judicial.-

Enseña el Dr. Jorge Mosset Iturraspe, entre otros aspectos de utilidad para cuantificar el daño moral, que la indemnización debe tener un piso flexible, no debe ser tan baja tan insignificante que aparezca como meramente simbólica, y en el otro lado un techo prudente, es decir ni tan elevada que parezca extravagante llevando a un enriquecimiento injusto, en definitiva apunta al criterio de flexibilidad al respecto, o sea, que dicha indemnización tenga piso, tenga techo, y fundamentalmente tenga razonabilidad, aunado a un criterio de justicia equitativa.-

La CSJN, in re:»Mosca» (Sent. del 6/3/2007, Fallos: 330:653), estableció que a los fines de la fijación del quantum debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste; apuntando de esta manera a la noción de que se trata de un daño autónomo.-

Se destaca la clásica postura del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, según la cual evaluar el daño moral significa medir el sufrimiento humano, cada juez pone en juego su personal sensibilidad para cuantificar la reparación, es lo que sugiere en cada caso su particular apreciación y comprensión del dolor ajeno.-

También se ha sostenido jurisprudencialmente que para fijar la extensión del daño moral corresponde considerar, entre otras circunstancias, la gravedad de la culpa, las condiciones personales tanto del autor del hecho como de la víctima, así como la extensión de los daños materiales si los hubiese, librados a la prudente apreciación judicial.-

El Dr.Ramón Daniel Pizarro -Doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y autor de numerosas Obras Jurídicas, entre las que se destacan instituciones del Derecho Privado, en particular sobre Daño Moral- señala entre alguno de los criterios que deben tenerse en cuenta a efectos de determinar el Daño Moral, los siguientes: la personalidad del damnificado (edad, sexo, condición social, su particular grado de sensibilidad); si es un damnificado directo o indirecto; la índole de las lesiones sufridas; la posible influencia en el tiempo y la personalidad de quien lo produjo, sobre todo cuando pudiere tener influencia sobre la intensidad objetiva del agravio causado a la víctima, en este caso, entiendo que la indemnización deberá incrementarse si el agente dañador tenía vinculación con la víctima y particularmente si produjo el daño abusando de la especial confianza que la víctima tenía depositada en él o abusando de una posición laboral o de mercado dominante; la mayor o menor divulgación del hecho; la gravedad del padecimiento espiritual, a lo que aquí cabe agregar que deberá considerarse la personalidad del legitimado activo de modo que la indemnización se incrementará si la misma se encuentra permanente o transitoriamente en un estado de vulnerabilidad superior al común de la gente, ya sea por la edad o por el padecimiento de alguna enfermedad mental o corporal; la realidad económica del país al tiempo de dictarse sentencia; más toda otra consideración que en el caso pudiese caber.-

Juegan un rol preponderante al respecto, el sufrimiento, la angustia, el quebranto y detrimento de la personalidad de la víctima, proyectado inclusive al futuro, todo lo cual se agrava y exacerba ante la incertidumbre de lo que irá a ser el resto de su vida, como en el caso, una magistrada destituida, incapacitada gravemente, y sin poder siquiera acceder al beneficio jubilatorio, quedando de buenas a primeras sin el ingreso económico que su cargo le aseguraba hasta el momento de su destitución, sin ningún tipo de seguimiento ni asistencia posterior de lademandada, que en dichas circunstancias se desinteresada y dejara a la actora librada a su suerte.-

Traídos dichos lineamientos en este particular caso a resolver, luego de visto y considerado los hechos acreditados, prueba colectada, a saber, periciales producidas, testimoniales rendidas, y demás constancias obrantes en autos, todo lo cual desarrolla y fundamenta in extenso, con suma precisión y claridad el voto rector, y a lo que brevitatis causae me remito en homenaje a la brevedad de este fallo, permitiéndome sólo destacar que conforme lo acreditado, la actora ingreso en el Poder Judicial provincial por concurso de antecedentes y oposición, con apto en su examen psicofísico, es decir en un cien por ciento de su capacidad laborativa, y siendo juez de instrucción, a sus 50 años de edad, fue destituida en el cargo por una incapacidad sobreviniente peritada del 70%, como consecuencia y en el contexto de cómo ha ejercido su labor jurisdiccional con entera atribución de responsabilidad de la demandada en dicha minusvalía; en función de la entidad objetiva y subjetiva que en el caso ha tenido la lesión espiritual y el menoscabo moral sufrido por la Dra. García García, es mi sana crítica y firme convicción, justipreciar, como razonable y equitativo al caso, el resarcimiento por el Daño Moral ocasionado, en la suma de $5.000.000,00 (Pesos Cinco Millones), a la fecha de este pronunciamiento, por tratarse de una deuda de valor, cfe. doctrina de observancia obligatoria sentada por el STJRN, in re:»Loza Longo»; la que devengará intereses desde la fecha de esta sentencia y hasta su efectivo pago.-

En virtud de lo expuesto, en definitiva propicio el siguiente pronunciamiento:

1)Hacer lugar a la demanda interpuesta, condenando a la demandada PROVINCIA DE RIO NEGRO a fin de que, con ajuste a lo dispuesto en el art. 55 de la Constitución Provincial y normas reglamentarias vigentes, proceda a abonar a la actora Sra. M. DEL C. G. G.la suma de PESOS DIEZ MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 10.005.626,28), en concepto de Indemnización por Daño Material por Incapacidad sobreviniente permanente definitiva, Daño Moral y Gastos para Tratamiento Psicológico, la que devengará -desde las fechas de consolidación de los importes fijados por los distintos rubros y de acuerdo a lo que se expresa en los Considerandos según corresponde en cada caso- intereses de acuerdo a las tasas que seguidamente se indican: hasta el 30/11/2015, según la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina, conforme doctrina obligatoria del Alto Tribunal Provincial, in re:»LOZA LONGO, Carlos Alberto c/ R. J. U. COMERCIO E. BENEFICIAMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS Y OTROS s/ Sumario s/ Casación» (Expte. Nº23.987/08/STJ); desde el 01/12/15 y hasta el 31/08/16 la Tasa Activa establecida por el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales de libre destino (operaciones de 49 a 60 meses), conforme doctrina del Alto Tribunal Provincial a partir del resolutorio en autos «JEREZ, FABIAN ARMANDO C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY» (Expte. Nº26.536/13-STJ); desde el 01/09/16 y hasta el 31/07/18 la Tasa vigente en el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales libre destino, en operaciones de hasta 36 cuotas mensuales, conforme lo dispuesto por el Máximo Tribunal Provincial en autos «GUICHAQUEO, EDUARDO ARIEL C/ PROVINCIA DE RÍO NEGRO (POLICÍA DE RÍO NEGRO) S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY» (Expte Nº 27.980/15-STJ); y desde el 01/08/18 en adelante la Tasa establecida por el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales libre destino hasta 72 meses o la que en el futuro se establezca como de plazo menor, conforme doctrina del Alto Tribunal Provincial a partir del resolutorio dictado en autos «FLEITAS LIDIA BEATRIZ C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY» (Expte.Nº H-2RO-2082-L2015/29826/18-STJ).-

2) Imponer a cargo de la demandada el pago de las costas correspondientes, regulando los Honorarios profesionales de los Letrados de la Parte Actora, Dr. WALTER A. MAXWELL y Dr. ALBERTO P. RICCHERI en la suma en conjunto de $ 4.660.000,00 (Pesos Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Mil). Para la regulación de honorarios se ha tenido presente las etapas procesales cumplidas y trabajos profesionales desarrollados, todo ello considerando como base el capital de condena y una estimación de intereses a la fecha y de acuerdo a los arts. 6, 7, 9, 11 y conc. de Ley de Aranceles (M.B. $ 23.300.000,00).- Déjase constancia que no se regulan honorarios a los Letrados de la Fiscalía de Estado que actuaran por la demandada condenada en costas, atento lo dispuesto por la ley 4739 y que tampoco corresponde efectuar regulación de Honorarios a los Peritos que fueran designados y realizaran sus Pericias en el Expte. Nº14.443-CTC-2013, debiéndose estar a la regulación de emolumentos que ya se les realizara en dicha causa.-

Los honorarios regulados a los Profesionales de la parte actora no incluyen el I.V.A.-

3) Atento lo dispuesto en los considerandos y en virtud de la incapacidad que padece la actora, notifíquese la Sentencia a la Sra. Defensora de Menores e Incapaces.

Mi voto.

Correspondiendo votar en tercer término al Dr. Raúl F. Santos, éste dijo:

Discrepan mis distinguidos colegas en una sola cuestión de la causa a resolución, en la cuantía de la indemnización por daño moral (apartado VII.- 02 propuesto por el primer votante).-

He de adelantar que concuerdo y adhiero en los fundamentos vertidos en el enjundioso voto emitido en primer término por mi colega, el Dr. Luis F.Méndez, quien desarrolla bastamente todas las cuestiones planteadas, los hechos acreditados, el derecho que corresponde aplicar y su forma de resolución, aunque, en la cuestión en disidencia, propugna una indemnización de menor valor que la propuesta por mi colega, segundo en orden de voto, el Dr. Luis E. Lavedán, quien propone elevar dicha indemnización.-

En consecuencia, más allá de mi postura personal en la resolución de esta cuestión, la que esbozaré brevemente, a efectos de no nulificar -por falta de Acuerdo- el fallo en crisis, debo adoptar una u otra cuantía de la indemnización propuesta, inclinándome por la opción mayor.-

Es sabido, que el daño moral importa una lesión a las afecciones legítimas, como la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad psicofísica, etc., lesión provocada con una virtualidad tal y suficiente para producir un daño o lesión en la víctima. En consecuencia, y precisamente, por las características de estas situaciones, se verifica una afectación lisa y llana al derecho personalísimo a la integridad psicofísica que la actora posee, no solo por la dignidad que conlleva su función, sino prioritariamente por la dignidad de toda persona humana. El derecho a la integridad psicofísica de la actora deriva a su vez, en el derecho a la salud y de la necesaria tutela de la misma por su manifiesta relación con el derecho a la vida y ellos son los derechos que se vulneran en situaciones como las que le ha tocado vivenciar y fueran minuciosamente descriptas en el presente. Debiéndose tutelar y garantizar que se preserve a la Sra.Jueza de factores perturbadores o imposibilitantes de la normal ejecución de su función, tal la independencia que representa la naturaleza intrínseca de ser Juez, correspondiendo reparar los daños que se hubieren causado.-

Al analizar su cuantificación, lo mejor sería revertir la situación y colocar a la actora en condiciones morales equivalentes al estado anterior a su designación por concurso público y tras aprobar un examen psicofísico de aptitud, ello, a la luz de las pericias que se le practicaran, lo cual es un remedio inalcanzable de imposible de decisión judicial.-

En consecuencia el daño moral debe traducirse en una suma dineraria, y como sostiene Horacio de la Fuente, uno de los problemas más difíciles que plantea la reparación dineraria es el determinar la extensión del resarcimiento ya que por la índole de los bienes lesionados -insusceptibles de apreciación pecuniaria- para obtener una reparación que se aproxime al daño causado necesariamente deberá acudirse a soluciones de equidad; planteándose el interrogante, sobre que bases o que elementos o circunstancias se deberán tener en cuenta para graduar o fijar su monto reparatorio (Trabajo y Seguridad Social, 1.980-94); debiendo considerarse la situación de la víctima, la índole y magnitud de la lesión, que dependerá entre otras circunstancias, del bien personal lesionado – integridad física, honor, intimidad- en el caso integridad psíquica sobreviviente; su situación social, familiar y patrimonial, grado de formación, etc.-

Asimismo, en función de su reparación autónoma, también me inclino por la antijuridicidad y carencia de razonabilidad de fijar un porcentaje sobre el daño patrimonial, como se explayaran mis colegas preopinantes, ya que en algunos casos puede ser la reparación moral muy superior, en otros equivalente y en otros sumamente inferior, sin tener en cuenta los elementos que le permiten al juzgador establecer una indemnización justa y razonable, alejada de una fría, rígida y arbitraria formula matemática; por ello, teniendo en cuenta elementos como el honor, la dignidad, la paz y tranquilidad quemerece el cargo para juzgar, y la ausencia en el particular del principio de previsión y seguridad en su ejercicio -circunstancias perfectamente detalladas en el pri mer voto, con prolongados turnos y subrogancias corridas y paralelismos en la instrucción de un grave delito, con afectación de su independencia en la investigación, que hicieron mella en su salud y que objetivamente dieran cuenta los testigos que depusieron en la causa, por entonces Secretarios de los Juzgados a cargo de la Dra. García y hoy Jefes de Fiscales, tanto en esta Circunscripción como en otro estado provincial y que por pudoroso respeto doy por reproducidas en el presente y fueran detalladas por mi colega a cargo del voto rector-, considero, dentro de un prudente arbitrio judicial, que el daño moral debió ser ejemplificador y aún superior en su cuantificación a los propuestos por mis distinguidos colegas.-

No obstante ello, como expresara supra, mi condición de tercer votante me coloca en la inevitable disyuntiva de adherir a una u otra cuantificación propuesta, votando, por lo expuesto por la solución aportada por el Dr. Luis E. Lavedan en lo que respecta a la única discrepancia de los vigorosos fundamentos expuestos en los votos que me preceden.-

Mi voto.-

Por las razones expuestas el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:

I – Hacer lugar a la demanda interpuesta, condenando a la demandada PROVINCIA DE RIO NEGRO a fin de que, con ajuste a lo dispuesto en el art. 55 de la Constitución Provincial y normas reglamentarias vigentes, proceda a abonar a la actora Sra. M. DEL C. G. G.la suma de PESOS DIEZ MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 10.005.626,28), en concepto de Indemnización por Daño Material por Incapacidad sobreviniente permanente definitiva, Daño Moral y Gastos para Tratamiento Psicológico, correspondiendo adicionar los intereses desde las fechas de consolidación de los importes fijados por los distintos rubros a saber:

A) Daño Material asciende a la suma de $ 4.991.226,28 y debe adicionarse los intereses respectivos a partir del 20/10/2015 en adelante hasta el efectivo pago, de acuerdo a las tasas que infra se indica.

B) Daño Moral asciende a la suma de $ 5.000.000,00 a la fecha del pronunciamiento, devengando intereses a partir de la Sentencia y hasta su efectivo pago.

C) Tratamiento Psicológico asciende a la suma de $ 14.400,00 la que devengará intereses a partir del 11/12/2014 hasta su efectivo pago, de acuerdo a las tasas que indica infra.

Se deja expresamente establecido, que para los daños indicados en el punto A) y C) la tasa de interés aplicable es: hasta el 30/11/2015, según la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina, conforme doctrina obligatoria del Alto Tribunal Provincial, in re:»LOZA LONGO, Carlos Alberto c/ R. J. U. COMERCIO E. BENEFICIAMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS Y OTROS s/ Sumario s/ Casación» (Expte. Nº23.987/08/STJ); desde el 01/12/15 y hasta el 31/08/16 la Tasa Activa establecida por el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales de libre destino (operaciones de 49 a 60 meses), conforme doctrina del Alto Tribunal Provincial a partir del resolutorio en autos «JEREZ, FABIAN ARMANDO C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY» (Expte.Nº26.536/13-STJ); desde el 01/09/16 y hasta el 31/07/18 la Tasa vigente en el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales libre destino, en operaciones de hasta 36 cuotas mensuales, conforme lo dispuesto por el Máximo Tribunal Provincial en autos «GUICHAQUEO, EDUARDO ARIEL C/ PROVINCIA DE RÍO NEGRO (POLICÍA DE RÍO NEGRO) S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY» (Expte Nº 27.980/15-STJ); y desde el 01/08/18 en adelante la Tasa establecida por el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales libre destino hasta 72 meses o la que en el futuro se establezca como de plazo menor, conforme doctrina del Alto Tribunal Provincial a partir del resolutorio dictado en autos «FLEITAS LIDIA BEATRIZ C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY» (Expte. Nº H-2RO-2082-L2015/29826/18-STJ).-

II- Imponer las costas del juicio a cargo de la demandada PROVINCIA DE RIO NEGRO.-

Regular los Honorarios profesionales de los Letrados de la Parte Actora, Dr. WALTER A. MAXWELL y Dr. ALBERTO P. RICCHERI en la suma en conjunto de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL ($ 4.660.000,00). Para la regulación de honorarios se ha tenido presente las etapas procesales cumplidas y trabajos profesionales desarrollados, todo ello considerando como base el capital de condena y una estimación de intereses a la fecha y de acuerdo a los arts. 6, 7, 9, 11 y conc. de Ley de Aranceles (M.B. $ 23.300.000,00).-

Déjase constancia que no se regulan honorarios a los Letrados de la Fiscalía de Estado que actuaran por la demandada condenada en costas, en virtud de lo dispuesto por el art. 17 de la Ley K 88 -texto según art. 15 de la ley 4739 y que tampoco corresponde efectuar regulación de Honorarios a los Peritos que fueran designados y realizaran sus Pericias en el Expte.Nº14.443-CTC-2013, debiéndose estar a la regulación de emolumentos que ya se les realizara en dicha causa.-

Los honorarios regulados a los Profesionales de la parte actora no incluyen el I.V.A.-

III – Atento lo dispuesto en los considerandos y en virtud de la incapacidad que padece la actora, notifíquese la Sentencia a la Sra. Defensora de Menores e Incapaces.

IV – Atento lo dispuesto por la Resolución N° 812/16 S.T.J. que establece la obligatoriedad a partir del 01/05/2017 del uso del Sistema Patagonia e-bank para la formulación de los pagos y demás operaciones que deben ser realizadas respecto de fondos depositados en Cuentas Judiciales, hácese saber a la actora y letrados intervinientes en la causa, que previo a requerir la transferencia de fondos que en cada caso pudiera corresponder, cada uno de ellos deberá acreditar la existencia de Cuenta Bancaria Personal que en el caso de la actora deberá ser de su exclusiva y única titularidad y mantenerse en esa condición hasta la definitiva cancelación del crédito, presentando cada interesado la debida Certificación expedida por la entidad bancaria, que necesariamente deberá contener nombre del Banco, tipo y número de Cuenta, C.B.U., Titularidad, y CUIL/CUIT correspondiente y que será considerada como Declaración Jurada de quién aporte la misma, conforme lo dispuesto en el Art. 3° inciso d) de la Resolución supra indicada.-

V.- Por Secretaría liquídese la contribución al Colegio de Abogados, la que deberá ser abonada en el formulario respectivo «Liquidación de tributos» y en el plazo establecido en el mismo (Acordada 10/2003 del S.T.J., anexo 1, puntos 1 y 2, ref. por Ac. 06/2012 y Acordada 18/14 del STJ) de conformidad con lo dispuesto por la Ac. 33/20 y Disp. 8/20 de Contaduría General del Poder Judicial; bajo apercibimiento de multas y sanciones previstas en el Código Fiscal (t.o. 2003). (art. 158 L. Nº 2430, Ley de Tasas Retributivas y Ley 3234).-

Con relación a la tasa de justicia y sellado de actuación estése a lo dispuesto en el art. 32 inc. a) Ley Nº 2716 y con relación a la contribución al Sitrajur, estése a lo dispuesto en la Ac. 33/2020 del STJ y en la Disposición 08/20 de Contaduría General del Poder Judicial.-

Cúmplase con la L. Nº 869.-

VI.- Regístrese en (S).-

La presente se notificará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 inc. a) de la Acordada N° 01/21-STJ.-

Se deja constancia que el Dr. Luis F. Méndez no firma no obstante haber participado de las deliberaciones de modo virtual.-

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