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#Fallos Ya conocía al atacante: Responsabilidad del club y de la AFA por el fallecimiento de un espectador a raíz de una herida punzo cortante momentos previos al inicio de la competición

Partes: Saucedo Miguel Ángel y otro c/ Soria Matías Ezequiel y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 18-jun-2021

Cita: MJ-JU-M-133197-AR | MJJ133197 | MJJ133197

Responsabilidad de un club en el cual se celebraba un partido de fútbol y del organizador -AFA- por el fallecimiento de un espectador a raíz de una herida punzo cortante momentos previos al inicio de la competición. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-La responsabilidad del club demandado por el homicidio de un espectador instantes previos a un partido de fútbol resulta básicamente de que tenía a su cargo la obligación tácita de seguridad, ya sea porque recibió algún provecho de la realización del encuentro de fútbol, o bien, porque pudieron prevenir el daño; esta responsabilidad se extiende a la AFA, dado que el organizador de un espectáculo deportivo también asume frente al espectador una obligación de seguridad.

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2.-En los espectáculos públicos, se está en presencia de un supuesto de responsabilidad contractual cualquiera sea su finalidad, dado que el organizador asumió un resultado -deber de seguridad- respecto de la incolumidad de los asistentes mientras éstos permanezcan en el lugar, y por ello, está obligado a responder ante el incumplimiento de las obligaciones que pone a su cargo el contrato que celebra con los espectadores o asistentes.

3.-La Ley 23.184 es mucho más rigurosa que el art. 1113 del CC., ya que la misma no consagra como eximente el hecho de un tercero; tal circunstancia no es desacertada, ya que en la mayoría de los casos es el hecho de un tercero lo que produce el daño, y lo que fundamenta la responsabilidad de la entidad participante, es que además de permitirle el ingreso, es la que tiene a su cargo la seguridad del espectáculo.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 18 días del mes de junio de dos mil veintiuno reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala «D», para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: » SAUCEDO MIGUEL ANGEL Y OTRO C/SORIA MATIAS EZEQUIEL Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS» , el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores: Gabriel Gerardo Rolleri, Gastón Matías Polo Olivera, Patricia Barbieri.

A la cuestión propuesta el Dr. Gabriel G. Rolleri dijo:

I) Apelación:

Contra la sentencia dictada por ante la anterior instancia de fecha 18 de julio de 2019, apelaron la parte actora, El Surco Compañía de Seguros S.A, el Club Atlético River Plate y la Asociación de Futbol Argentino, quienes expresaron agravios a fs. 603/609, 611/618, 619 y 624/636 respectivamente A fs. 627, 646 y 656 se tuvo por contestado los respectivos traslados.

Con el consentimiento del llamado de autos a sentencia de fs. 658 las actuaciones se encuentran en condiciones para que sea dictado un pronunciamiento definitivo.

II) La Sentencia.

La sentencia dictada por ante la anterior instancia, hizo lugar a la demanda promovida por el Sr. Miguel Ángel Saucedo y la Sra. Juana Dominga Banegas contra Matías Ezequiel Soria, el Club Atlético River Plate y la Asociación del Fútbol Argentino, con costas.En su virtud, condenó a todos ellos para que en el plazo de 10 días y en forma solidaria, paguen a Miguel Ángel Saucedo la suma de $786.150 (setecientos ochenta y seis mil ciento cincuenta pesos) y a Juana Dominga Banegas la suma de $766.150 (setecientos sesenta y seis mil ciento cincuenta pesos), con más los intereses dispuestos en el considerando respectivo y costas del proceso.

Por último, hizo extensiva la sentencia en forma concurrente a la citada en garantía «El Surco Compañía de Seguros SA», con costas y se regularon los honorarios de los profesionales intervinientes.

III) Agravios:

a)La parte actora se alza en primer lugar por encontrarse disconforme con la suma concedida a cada uno de los progenitores de la víctima bajo el rubro daño moral.

Luego de realizar un análisis minucioso de los hechos acontecidos en autos, requieren no sólo la modificación de los términos de la sentencia en este punto, sino el dictado de una indemnización ejemplar, elevándola tantas veces como se estime procedente.

Posteriormente, y en el mismo sentido, critican las cantidades reconocidas en concepto de daño psicológico y su tratamiento y el monto establecido en el rubro valor vida a favor de cada uno de los actores, por lo que pretenden su ostensible aumento dado la magnitud y trascendencia del hecho acaecido, la prueba producida y lo reclamado en autos.b)La citada en garantía, EL SURCO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., se agravia, al sostener que la sentencia dictada por ante la anterior instancia se aparta de las normas legales de aplicación al caso concreto, destacando sobre dicho particular, y al respecto, que el hecho sucedido no encuadra estrictamente en el marco legal propuesto por el Señor Juez de Grado, ya que no se trató de un hecho de violencia derivado, o sucedido en razón de un espectáculo deportivo, sino de un homicidio doloso en riña, cometido por un conocido del actor.

Aduce que tanto víctima como victimario, habían protagonizado violentos episodios previos de enfrentamientos en locales bailables, y en otros ámbitos, días previos al hecho en el que perdió la vida el Señor Gonzalo Miguel Ángel Saucedo, extremos éstos que se encuentran plenamente acreditados conforme surge de la causa penal promovida con motivo del homicidio citado.

Asimismo, y de manera supletoria, alega que la sentencia dictada por el Señor Juez es excesiva en cuanto a los montos concedidos a los padres del occiso, vulnerando el principio de congruencia.

Sostiene, por último, que la tasa de interés establecida en el fallo criticado resulta excesiva y distorsiva, por lo que debe reducirse. c)Posteriormente, el Club Atlético River Plate también se queja por entender desacertada la sentencia de grado en cuanto atribuyó responsabilidad a su parte en el hecho que diera origen a estas actuaciones.

Alega el hecho de un tercero por quien no debiera responder y hasta propia culpa de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad.

Luego de ello, y de manera subsidiaria, se alza por encontrarse disconforme con los montos de condena concedidos por ante la anterior instancia al considerarlos excesivos e injustificados. d)Por último, la A.F.A.sostiene la inexistencia de responsabilidad atribuida a su parte, destacando el hecho de un tercero por quien no debiera responder y la culpa de la víctima como causa de exoneración de responsabilidad.

Agrega que la resolución recurrida encuentra civilmente responsable a la AFA por el incumplimiento de una obligación que le es totalmente ajena, en tanto la misma carece de facultades de contralor en lo que a la seguridad del evento deportivo respecta, toda vez que dicha facultad es atribuida al Ministerio de Seguridad, por lo que mal puede atribuirse responsabilidad a la AFA por el incumplimiento a una obligación de seguridad derivada de un control sobre la organización que en ninguna forma detenta.

De manera idéntica que las demás demandadas, y subsidiariamente, se alza por entender que los montos reconocidos por ante la anterior instancia resultan excesivos e infundados y por considerar elevada la tasa de interés aplicada en el sublite.

IV. Corresponde recordar que no me encuentro obligado a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso a estudio (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.).

Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el mismo (CSJN, Fallos: 274:113; 280:320; 144:611).

V. Responsabilidad:

a)Primeramente, quiero dejar en claro que la revisión que proponen los agravios debe ser sometida al plexo normativo del derogado código civil, dada la fecha en que sucedieron los hechos (10/06/12) ya que en esa ocasión se reúnen los presupuestos de la responsabilidad civil. Ello es así toda vez que menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art.7° del código civil y comercial sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (conf. ROUBIER, PAUL, Le droit transitoire (Conflicts des lois dans le temps), 2ª ed. Pariz, ed. Dalloz et Sirey, 1960, nro. 42, p. 198 y nro. 68, p. 334, citado por KEMELMAJER DE CARLUCCI, AIDA «El artículo 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme» La Ley Online AR/DOC/1330/2015 y de la misma autora «La Aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes», ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fé 2015). b) Ahora bien, recuérdese que con motivo del hecho que diera origen a estas actuaciones tramitó la causa penal N° 4258.

El Tribunal Oral en lo Criminal nº2 de la Capital Federal, el día 23/08/2013, condenó a Ezequiel Matías Soria a doce (12) años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio simple del que fuera víctima Gonzalo Miguel Ángel Saucedo, hijo de los aquí reclamantes.

Es dable destacar que ese pronunciamiento quedó firme y pasado en autoridad de cosa juzgada al rechazar, a fs. 1150/1160, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, el recurso interpuesto por la defensa del imputado.

También resulta oportuno recalcar que en ese fallo de fs. 996/1022, se tuvo por demostrado que el 10 de junio de 2012 en el estadio del Club Atlético River Plate, en la tribuna Sívori alta, en momentos previos al partido de fútbol que allí disputaría el anfitrión, el Sr.Ezequiel Matías Soria agredió con un elemento corto punzante a Gonzalo Miguel Ángel Saucedo quien, como consecuencia de ese ataque, pereció horas más tarde en el Hospital Pirovano a donde fue conducido para su atención (fs.1017). De la prueba reseñada en la sentencia de fs. 996/1022 , y al graduarse la sanción, se ponderó el estado eufórico de Soria a causa de la ingesta de bebidas alcohólicas sin que se haya alterado su grado de conciencia y coordinación.

Ahora bien, como es sabido, la cuestión de la prejudicialidad penal que emana del artículo 1101 del Código Civil vigente al momento del hecho es de orden público (cfr. BelluscioZannoni, Código Civil y Leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, T. 5, pág. 304 y sus citas, Ed. Astrea., 3ra. reimp., Buenos Aires, 2002) y, como tal, debe ser abordada aun sin petición de las partes (cfr. CifuentesSagarna, Código Civil Comentado y Anotado, 2da. ed. actualizada y ampliada, T. II., pág. 463, ed. La Ley, Buenos Aires, 2008).

El fundamento de la norma citada y sus artículos consecuentes (1102 y 1103 del mismo código) es el de evitar el dictado de sentencias contradictorias, en desmedro de la cosa juzgada y con el consiguiente escándalo jurídico.

En cuanto al concepto de «existencia del hecho principal», que emana de la norma citada, autorizadas opiniones doctrinarias consideran que con ello se comprende lo que los penalistas caracterizan como «imputación objetiva», que incluye dentro de sí «el hecho propiamente dicho», es decir, su materialidad, la autoría, la tipicidad y la antijuricidad. Para el profesor Bustamante Alsina, la determinación del hecho principal consiste en establecer la autorí a material en relación al imputado y el resultado de su obrar; es decir, este elemento se integraría con la «acción o conducta de una persona», como causa de un resultado, que consiste en la violación del derecho protegido por la ley penal.Borda dice que el «hecho principal» comprende a las circunstancias de hecho que fueron esenciales para la fundamentación del fallo (cfr. Compagnucci de Caso, Ruben H., «Relación entre la sentencia penal y la sentencia civil», LL 1990D55).

En la jurisprudencia de la Suprema Corte de Buenos Aires se advierten fallos relativos a la interpretación que cabe asignársele al «hecho principal», que obliga a los jueces civiles; en una primera interpretación, lo circunscribe a la mera existencia u ocurrencia del hecho; en una segunda, lo extiende a las circunstancias fácticas que el juez penal dio por probadas, o sea, no solo que el hecho ocurrió, sino cómo ocurrió (cfr. Kiper, Claudio M., Proceso de daños, Tomo I, pág., 25 y fallos citados).

Este mismo Tribunal ha sostenido que «.si en los estrados penales se ha resuelto que el hecho principal, motivo de la instrucción, se ha producido de una determinada manera y se definen y precisan las circunstancias fácticas que rodean y entornan el hecho que constituye el delito, esa sentencia tiene alcance de cosa juzgada en sede civil y el magistrado no podrá afirmar que el hecho ocurrió de manera diferente a lo que se resolvió en el fuero penal.» (cfr. CNCiv., Sala «K», «Kincaid, Santiago y ot. c/M.C.B.A. s/ daños y perjuicios», 13701, Rec. K023309, publicado en elDial.com AE1826).

Cierto es que el régimen de prejudicialidad que adoptó el codificador otorga al juzgador civil un margen discrecional para decidir acerca de determinadas cuestiones, pero aquellas deben ser evaluadas en cada caso en concreto y no pueden, de ningún modo, modificar las referentes al hecho principal, que ya recibió una decisión penal firme.

No puede haber hechos diferentes, es uno solo; el hecho principal no puede ser controvertido, o explicado o interpretado de una manera diferente -en cuanto a su caracterización principal, esencial en sede civil- que la que se realizó en sede penal. (cfr. Miguel A.Piedecasas, «Incidencia de la sentencia penal en relación con la sentencia civil», en Revista de derecho de daños, 20023, pág. 59, ed. Rubinzal Culzoni), criterio que fue seguido por nuestro más alto Tribunal (LL 1997D249).

c) Habiendo dejado aclarado todo ello, es oportuno señalar que el sistema de responsabilidad civil de las entidades mencionadas por daños producidos con motivo de la celebración de espectáculos deportivos en estadios de concurrencia masiva, encuentra su fundamento, según las distintas interpretaciones, tanto en las normas del Código Civil (arts. 512, 1109, 1113, párrafo 2º, parte 2ª, 1198) o en lo estatuido por leyes especiales (vgr: arts. 1º y 33 de la Ley 23.184; 51 de la Ley 24.192 y en las disposiciones de la legislación tuitiva del consumidor, Ley 24.240 y sus modificatorias).

Contrariamente de lo que ocurre con otros regímenes, la aplicación de leyes especiales (N°s. 23.184, 24.192, 24.240, entre otras) no excluye la aplicación de las normas generales del Código Civil, normativa que rige además este caso como ya lo anticipará anteriormente.

En los espectáculos públicos, se está en presencia de un supuesto de responsabilidad contractual cualquiera sea su finalidad, deportiva, artística, cultural, etc. Su fundamento se halla en la asunción de una obligación de resultado (deber de seguridad) por parte del organizador, respecto de la incolumidad de los asistentes mientras éstos permanezcan en el lugar, por ello está obligado a velar el empresario organizador sea a título gratuito u onerosoy debe responder ante el incumplimiento de las obligaciones que pone a su cargo el contrato que celebra con los espectadores o asistentes (CSJN in re «Zacarías, Claudio c. Gobierno de Córdoba», fallo 97.176, LA LEY, 1998C, 322; CNCiv. Sala «E» «Orellana, Ángel Roberto c. DG Entertainment SRL s/daños y perjuicios» del 16/9/2009).

Ese deber de seguridad es expresivo de la idea de que quienes asisten a un espectáculo lo hacen en la confianza de que el organizador ha disp.uesto las medidas necesarias para cuidar de ellos (cfr. CNCiv. Sala M, «Rodríguez, Mario César c/ Club Atlético Newell´s Old Boys y otros», 16/09/2015).

El contrato de espectáculos públicos genera en el organizador no sólo la obligación de adecuar su conducta a los términos de lo ofrecido, sino también de preservar la seguridad de los asistentes y participantes durante el transcurso del mismo.

En efecto, se considera que todo contrato de espectáculo público lleva implícita una cláusula de incolumidad a favor del espectador; de forma tal que el empresario asume la obligación de garantizar al público cierta seguridad (que durante el desarrollo del evento, ningún daño recaerá en la persona o eventualmente en los bienes de su cocontratante), la que se determina y precisa según los casos, por la interpretación de la voluntad expresa o presunta de las partes (cfr. Andorno, «La responsabilidad civil de las entidades deportivas», cit. en «Zeus», vol. 36, Secc. Doctr., p. 36, N° II; Borda, «Tratado.Obligaciones», T. II, pps. 500 y sigtes., N° 1668; Brebbia, «La responsabilidad en los accidentes deportivos», p. 45, N° 12; Bustamente Alsina, «Los concurrentes a los partidos de fútbol.», La Ley, 1994D428; Compagnucci de Caso, «Responsabilidad civil de los organizadores», La Ley, 1988E141, entre otros) (cfr. CNCiv, Sala M, «Ferreira, Pablo Damián c/Club Atlético San Lorenzo de Almagro y otros s/ daños y perjuiciosExp. Nro. 4.012/2015, del 7/9/2020).

A igual conclusión se llega a través de la normativa 23.184 (modificada por la ley 24.192).

En efecto, en su redacción primigenia, el art.33 de la ley 23.184 establecía que «las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo son solidariamente responsables civiles de los daños sufridos por los espectadores de los mismos, en los estadios y durante su desarrollo, si no ha mediado culpa por parte del damnificado».

Entiendo, tal como lo hizo el anterior iudicante, que resultan aplicables en el sublite las directivas del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa «Rosana Miriam Edith Di Prisco v. Club Gimnasia y Esgrima de la Plata», del 24 de marzo de 1994 (Fallos: 317: 227). En dicha oportunidad se examinó la constitucionalidad del art. 33 de la ley 23.184, que en lo que aquí interesa, no varió sustancialmente en relación al art. 51 de la ley 24.192.

Recuérdese que ley 23.184 es mucho más rigurosa que el art. 1.113, ya que la misma no consagra la mencionada eximente. Entiendo que no fue desacertado el pensamiento de los legisladores al excluirla, ya que en la mayoría de los casos es el hecho de un tercero lo que produce el daño, y concluye, que si bien todos los que concurran al espectáculo pueden ser considerados terceros, lo que fundamenta la responsabilidad de la entidad participante, es que además de permitirle el ingreso, es ella la que tiene a su cargo la seguridad del espectáculo.

Su modificatoria (24.192), introduce el art.51, el cual dispone que «las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios», no encontrándose contemplada la posibilidad de invocar como eximente des responsabilidad «la culpa o el hecho de un tercero» por el que no se deba responder, en el caso, el obrar de otro espectador.

En función de ello existe a cargo del organizador una obligación de seguridad por la cual aquel se compromete además de brindar el espectáculo deportivo a garantizar la indemnidad de la persona y bienes del espectador y demás asistentes y participantes.

Se trata de una obligación de resultado agravada cuyo incumplimiento origina una responsabilidad objetiva que únicamente es excusable probando culpa de la víctima o caso fortuito extraño a la actividad, lo que implica fracturar el nexo de causalidad (conf. CNCiv., Sala K, 25/10/2010 Expte Nº 22.543/06, «T., C. M. c/ D., H. M. s/ daños y perjuicios» y Sala «J», 29/12/2011, Expte Nº 30308/98 «Herrera Washington Alfredo C/ Malacalza Carlos Rubén y otros s/daños y perjuicios).

Desde tal perspectiva, las normas contenidas en la Ley de Defensa del Consumidor, imponen un mismo temperamento, en tanto en la medida en que se ha configurado una relación de consumo, resulta aplicable al caso, aun cuando las partes no la hubieran invocado, por el principio «iura novit curia».

De allí, que recae sobre el proveedor una obligación de seguridad que surge de manera expresa del art.42 de la Constitución Nacional, en tanto establece que el consumidor tiene derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, así como del artículo 5 de la ley 24.240, según el cual «las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios».

Al respecto, se ha sostenido que «La seguridad en función de la normativa vigente y luego de haber adquirido estatus de derecho civil constitucional (art. 42 Const. Nacional) se constituye en una obligación principal y autónoma a diferencia del rango accesorio o secundario que como deber de conducta se entendía emanado del principio rector de buena fe previsto en el art. 1198 del Código Civil.

Es decir, en la actualidad la seguridad es una obligación central y determina una responsabilidad objetiva directa y autónoma y ésta es la tendencia que ha seguido la Corte Suprema en distintos precedentes que trasciende el marco de las meras expectativas generadas y su incumplimiento (conf. Lovece, ob. y pág. cit.)» (cfr. esta Sala, en su antigua composición en autos Ortiz, Fernando Adrián c/ Club Ateltico River Plate y otro otro s/ daños y perjuicio s» Exp. Nro.79.444/2.015, del 28/5/2020.

Ahora bien, en la especie, ha quedado acreditado que en la oportunidad de enfrentarse el Club Atlético River Plate contra el Club Atlético Boca Unidos de Corrientes el día 10/06/12 en el estadio del primero de ellos, Ezequiel Matías Soria acometió con un elemento corto punzante (cortaplumas) a Gonzalo Miguel Ángel Saucedo quien, como consecuencia de esa agresión, lamentablemente falleció.

De las circunstancias alegadas en sede represiva, se permite inferir que a pesar de haber tenido las partes enfrentamientos previos sin mucha trascendencia; ese día, lamentablemente se cruzaron al asistir ambos al partido del club que simpatizaban, habiendo sido provocada por Soria la disputa que terminará con la vida de Saucedo, por lo que coincido plenamente con el criterio sostenido por el anterior magistrado al aseverar que no aparece configurada de manera alguna la culpa de la victima como causal de exoneración de responsabilidad.

En su virtud, no se ha probado la ruptura del nexo de causalidad en función de alguna circunstancia que exima a las accionadas de su obligación de responder por el hecho de autos, tal como lo he establecido ut supra.

Así, la responsabilidad del club demandado resulta básicamente de que tenía a su cargo una obligación tácita de seguridad, ya sea porque recibió algún provecho de la realización del encuentro de fútbol, o bien, porque pudieron prevenir el daño.

Esta responsabilidad se extiende a la Asociación de Fútbol Argentino (A.F.A.) de acuerdo a lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia en el fallo «Mosca» (CSJN, «Mosca Hugo c/ Provincia de Buenos Aires (Policía Bonaerense) y otros s/ Daños y perjuicios», Fallos 330:563), dado que el organizador de un espectáculo deportivo asume frente al espectador una obligación de seguridad.

La trascendencia del mencionado fallo «Mosca» no sólo se aprecia en lo relativo a su extensión en cuanto a la noción de seguridad como valor que debe guiar la conducta, sino también, muy especialmente, enhacer extensiva la responsabilidad solidaria a la Asociación del Fútbol Argentino modificando de forma sustancial la doctrina impuesta por el fallo «Zacarías, Claudio c. Provincia de Córdoba» , (CSJN, LA LEY, 1998C, 322), dando punto final a la controversia suscitada en esta materia. (Conf. LOVECE, Graciela «Los daños deportivos y el deber de seguridad que alcanza a los organizadores de tales espectáculos» en «Revista de Derecho de Daños», Ed. Rubinzal Culzoni, 20102, «Daño deportivo» p. 291). (cfr. CNCiv., SalaM, F., G. N. c. A.F.A Asociación del Fútbol Argentino s/ daños y perjuicios, del 29/05/2014 Publicado en: RCyS2014XII, 117, La Ley online, Cita Online: AR/JUR/48129/2014)

Es que la regla que establece la responsabilidad civil de la Asociación del Fútbol Argentino derivada del control que ella ejerce sobre la organización, la prestación y los beneficios de un espectáculo que produce riesgos para quienes asisten al mismo, es razonable si se juzgan sus consecuencias (Fallos 302:1284) (ver Consid.10º del fallo «Mosca» citado).

A mayor abundamiento, fíjese asimismoque el artículo 1710 del nuevo ordenamiento legal consagra la función preventiva de la responsabilidad civil, por lo que el deber de seguridad emana implícitamente de ello y el artículo 1757 aclara que la responsabilidad es objetiva y toda persona responde por el daño causado de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización, por lo que la responsabilidad del organizador de un espectáculo deportivo se ve reglada en dicho articulado también.

Por tanto, a los accionantes le bastaban con acreditar el hecho dañoso ocurrido durante el encuentro deportivo al que asistió su hijo y mediante el cual lamentablemente falleciera, extremo que se ha cumplido acabadamente en la especie de acuerdo a lo considerado en los párrafos precedentes, razón por la cual al no haberse aportado elemento alguno que pueda contrarrestar dicha circunstancia y tornar viable la fractura del nexo causal, las entidades organizadoras del evento demandadas en autos deben responder solidariamente por el reclamo promovido en su perjuicio, cuestión que se extiende a la citada en garantía quien deberá hacer frente a la condena impuesta de acuerdo a lo normado por el art. 118 de la ley 17.418.

Por todo ello, propicio al acuerdo el rechazo de las quejas vertidas por los recurrentes en cuanto a esta punto se trata, y por ende la confirmación del fallo en cuestionado sobre el particular.

VI. Parciales indemnizatorios: a) Valor Vida:

El Sr. Juez de grado concedió la suma de $ 300.000 a favor de la Sra. Banegas y $ 200.000 para el Sr. Saucedo.

No se trata bajo este acápite de valuar la vida misma -cuyo valor es incalculable, irreductible a una expresión pecuniaria-, sino de resarcir el daño que la supresión de la vida genera indirectamente a otro sujeto. En este sentido, ha señalado el tribunal que «la vida, como núcleo no tiene valor económico.Pero, en sus diversas trascendencias se traduce también en un valor económico. (Esta Sala, «Galiano Dalmacia c/ Industrias MD S.A; s/Ordinario», Expte. 81.789/2008, 04/02/2011; «Bustamante, Omar Rubén y otro c/ Ortega, Santiago Nicolás y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)», Expte. 86.864/2004, 12/08/2011; «Transportes Almirante Brown SA c/ Petroff de Rama, Verónica Lilian y otros» s/ daños y perjuicios (acc. trán. sin lesiones)», Expte. 21.248/2000, y «Petroff, Lilian Verónica y otro c/ Surdyn, Julián y otros s/ daños y perjuicios», Expte. 26.781/2000, del 23/08/2010).

El artículo 1084 y el art.1085 del Código Civil, aplicables al caso en atención a la fecha del hecho, sientan una presunción de daño por homicidio de una persona en favor de la «viuda e hijos del muerto», por lo que los hijos menores del fallecido gozan de una presunción legal; en cambio los mayores o sus padres deberán probar la efectividad del perjuicio patrimonial cuya reparación pretenden (conf. Llambías, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, t. IV «A», pág. 61; Daray, Accidentes de Tránsito, t.2, pág.223 y jurisprudencia citada).

Cuando se trata de indemnizar la pérdida de la vida, lo que se indemniza es la «chance» o probabilidad de que en el futuro los damnificados puedan recibir apoyo del fallecido, tanto en lo material y económico como en los cuidados personales y apoyo espiritual, y si bien esa pérdida constituye una zona gris, intermedia o límite entre el daño cierto o incierto, debe reconocerse que, especialmente con relación a las familias de recursos modestos esa posibilidad encierra una fuerte dosis de probabilidad» (CNCiv., Sala G, 12/06/2006, DJ, 20071107).

A los fines de la fijación, debe tenerse en cuenta, respecto de la víctima, su sexo, edad y tiempo probable de vida útil, su educación, profesión u oficio, caudal de sus ingresos a la época del deceso, sus probabilidades de progreso y ahorro, aptitudes para el trabajo, nivel de vida y condición social; mientras que, desde el punto de vista del que reclama la indemnización, habrá de merituarse el grado de parentesco, la ayuda que recibía de la víctima, número de miembros de la familia, etc., factores todos aquellos que quedan sujetos al prudente arbitrio judicial.

No es posible aplicar pautas matemáticas a los fines de cuantificar la indemnización correspondiente al fallecimiento de la víctima de un hecho ilícito, sino que es preciso valorar las circunstancias de la causa, sin olvidar el fin de la norma aplicable que, por lo demás, deja librada «a la prudencia de los jueces fijar el monto de la indemnización» (art.1084, segunda parte, Código Civil).

En consonancia con esos criterios, el artículo 1745 del Código Civil y Comercial de la Nación, en su inciso a, prevé que para el caso de muerte la indemización debe consistir en lo necesario para alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de veintiún años de edad con derecho alimentario, de los hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente; y que la indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado indirecto.

Finalmente, dispone que el juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes. Luego, en el inciso b, agrega la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos; este derecho también compete a quien tenga la guarda del menor fallecido.

Debo recordar entonces que la víctima tenía 21 años de edad al momento del hecho, que la Sra. Juana Dominga Banegas tenía 39 años y 37 años el Sr. Miguel Ángel Saucedo, sobre la ba se del ingreso informado a fs. 10 de $2.735 como empleado.

Cabe señalar que el criterio aceptado hoy comúnmente por nuestra jurisprudencia es que la estimación provisional en cuanto al monto de los daños no implica un tope máximo al cual no se puede superar al fijar la cuantía definitiva de los perjuicios, sino que es perfectamente lícito deferir el quantum a la fórmula de estilo antes mencionada (cfr. Belluscio [dir.] – Zannoni [coord.], Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, t. 2, Astrea, Buenos Aires, 1979, pág 707).

Luego de haber rememorado la prueba producida en autos, entiendo reducidas las cantidades otorgadas por el anterior magistrado bajo el presente concepto a favor de cada uno de los accionantes, motivo por el cual propicio al cuerdo su elevación al monto de $ 400.000 a favor de cada uno de ellos (conf. art.165 CPCCN).

b)Daño Moral:

El Sr. Juez de grado concedió la suma de $ 300.000 a favor de cada uno de los accionantes bajo el presente ítem, monto por otro lado que fuera reclamado en el escrito inicial.

Al respecto destacaré que el daño moral es la lesión en los sentimientos, a las afecciones legítimas, y cuya evaluación es tarea delica da pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe hacerse de acuerdo al art. 1083 del Código Civil.

El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Tampoco para establecer su monto se deben correlacionar los daños materiales y morales, puesto que se trata de lesiones de diferente índole, y la existencia o no de daños materiales carece de influencia en la determinación del agravio moral.

En definitiva puede decirse que el daño moral en tanto configura un menoscabo a los intereses no patrimonialeses el conjunto de sinsabores, angustias, pesares, sufrimientos, etcétera, que el injusto provocó en el damnificado; más allá de las secuelas de orden psíquico que el episodio pueda o no dejar en la víctima, según su peculiar sensibilidad y circunstancias personales (ver Cammarota, Antonio, «Responsabilidad extracontractual. Hechos y actos ilícitos», ed. Depalma, Buenos Aires, 1947, p. 102; Zavala de González, Matilde, «Resarcimiento de daños, T. 2b, pág. 593 y ss.; Zannoni, Eduardo A., «El daño en la responsabilidad civil», Ed. Astrea, p. 287; CNCiv, Sala C, 22122005, «Vega Rubilan, Soria de las Mercedes c/ Transporte Automotor General Las Heras SRL», LL, online; íd., Sala E, 2652006, «Montalbetti, Carlos F.y otros c/ Microómnibus Sur SAC y otros»).

No obstante lo expuesto, la circunstancia de que nos hallemos ante supuestos de alteraciones emocionales profundamente subjetivas e inescrutables no ha de impedir la evaluación del juez, la que -necesariamentetendrá que ser objetiva y abstracta; para lo cual se considerará cuál pudo ser hipotéticamente el estado de ánimo de una persona común, colocada en las mismas condiciones concretas en que se encontró la víctima del acto lesivo (ver Bustamante Alsina, Jorge, «Teoría General de la Responsabilidad civil», p. 247, 9° edición, Abeledo Perrot, 1997).

En este sentido, no parecería un requisito necesario la demostración por el accionante de la existencia en sí del daño moral; a tal punto que se ha sostenido que dicha prueba -de producirse sería irrelevante para el Derecho, pues lo que hay que tener en cuenta es el dolor o sufrimiento moral que el hecho en cuestión produce normalmente en los sujetos, dado que se estaría ante un efecto «previsto de antemano por la norma» (ver Brebbia, Roberto H., «El daño moral», p. 86, Ed. Orbir, 2° edición, Rosario, 1967).

De todas maneras, y en lo que hace a la magnitud y el alcance del daño moral, es verdad que podrá ser presumido por el juez por vía indirecta, tras la prueba por la víctima de determinadas situaciones por las que ella transita a raíz del injusto (ver Zabala de González, Matilde, «Resarcimiento de daños», T. 2b, p. 593 y ss.) (conf. C.Civ. Sala B, del 13/9/11, en los autos caratulados: «S. V. de N.y otros c/ OSDIC y otros s/ daños y perjuicios»).

Vale decir asimismo que no existe sufrimiento mayor que el provocado por la muerte de un hijo, hecho siempre inesperado por ser contrario al curso natural de las cosas.

En el caso, atendiendo a las constancias de autos, considero que ambos padres se encuentran en la misma seria dificultad de superar la intensidad del sufrimiento y del dolor por tan lamentable pérdida.

Ponderando las circunstancias traumáticas en que falleciera el hijo de los accionantes, de tan solo 21 años al momento de su deceso, valorando asimismo conclusiones de la pericia psicológica de autos y como ya lo adelantara la dificultad que implica valorar un sufrimiento tan inconmensurable como es la pérdida de un hijo y en base a los antecedentes próximos de esta Sala es que considero reducida la partida establecida por el «a quo», por lo que propicio la elevación del monto reconocido en la instancia de grado a la cantidad de $ 450.000 para cada uno de ellos (conf. art. 165 CPCCN).

b)Daño Psicológico:

El Sr. Juez de grado concedió la suma de $ 120.000 a favor de Juana Dominga Banegas y el monto de $ 200.000 para el Sr. Miguel Ángel Saucedo por el mismo concepto.

Entendió prudente, asimismo, otorgar el monto de $40.000 a favor de Juana Dominga Banegas y la suma de $80.000 a favor de Miguel Ángel Saucedo para afrontar los tratamientos psicoterapéuticos recomendados por la especialista que intervino en autos.

Habiendo dejado aclarado ello, resulta apropiado recordar que a fs. 297/301 obra el informe pericial psicológico presentado por la perito desasinculada de oficio, Lic. Agustina Soledad Román.

Luego de haber realizado los estudios de rigor, la experto concluyó que la coactora Banegas sufre un desarrollo reactivo por el que estima una incapacidad del 10% (ver fs. 300vta. punto d). En lo que hace al Sr. Saucedo, determinó una incapacidad del 20% atribuible a una depresión reactiva asociada a la tramitación demorada del duelo.

Sin perjuicio de ello, propuso que la Sra.Banegas realice un tratamiento de un año al menos de duración y para el Sr. Saucedo por el término de dos años (ver fs. 300vta. punto «e»).

Si bien a fs. 410/411 la Asociación del Futbol Argentino impugnó la pericia de referencia, a fs. 414 la perito psicóloga Lic. Román respondió que la terapia que se propuso tiene el objetivo de evitar el agravamiento de las secuelas descriptas en el informe, más no la remisión de ellas, por lo que ratificó en todo su presentación preliminar.

En virtud de ello, entiendo prudente estar a sus conclusiones (conf. art. 477 del CPCC).

En resumidas cuentas, entiendo procedente el reclamo del presente concepto y reducidas las sumas concedidas por ante la anterior instancia a favor de los coaccionantes de autos, por lo que propongo al acuerdo la elevación de la cantidad concedida a favor de la Sra. Banegas al monto de $165.000 y la justipreciada a favor del Sr. Saucedo a la suma de $ 270.000 (conf. art. 165 CPCCN).

Entiendo, por otro lado, ajustado a derecho las cantidades reconocidas para hacer frente a los tratamientos recomendados por la especialista de autos, por lo que propicio al acuerdo su confirmación (conf. art. 165 CPCCN). c)Gastos de sepelio:

El juzgador de grado otorgó por este rubro la suma de $12.3 00.

Sabido es que «producida la muerte de una persona, los gastos de sepelio integran el daño a resarcir (art. 1084 del Código Civil), los que se deben aunque no se haya aportado prueba de su efectivo pago, ya que se trata de erogaciones de necesaria realización. En tal concepto, tienen cabida los tributos municipales, las ofrendas florales y todos aquellos gastos que resulten acordes con la condición y fortuna de la víctima, como así también con los usos del lugar» (arts. 2307 y 3880 del mismo cuerpo legal).

Sentado ello, y sin perjuicio de destacar que los accionantes desistieron de la prueba tendiente a acreditar la legitimidad de la factura acompañada a fs.9 de estos actuados, entiendo que la suma reconocida por ante la anterior instancia resulta razonable y ajustada a derecho, por lo que propicio al acuerdo su confirmación (conf. art. 165 CPCCN).

VII) Tasa de Interés: a)El anterior magistrado dispuso que «.Desde el día del accidente y hasta el efectivo pago se adicionará al capital los intereses correspondientes a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (conf. CNCivil, en pleno, 20/4/09 en los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/daños y perjuicios»). Respecto de la suma reconocida para el tratamiento psicológico, los intereses se calcularán a partir de la fecha de esta sentencia.».

Las demandadas y citada en garantía, requieren su morigeración. b) Corresponde recordar que «los intereses correspondientes a indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos se liquidarán desde el día en que se produce cada perjuicio objeto de la reparación» (Gómez Esteban c/Empresa Nacional de Transporte»).

En este sentido cabe destacar que la deuda de responsabilidad -cuyo incumplimiento constituye la fuente de los intereses – es previa con relación a la resolución jurisdiccional que la reconoce.

Los daños cuya reparación se persigue por medio de esta acción judicial se han producido en forma coetánea con el hecho ilícito motivo de la litis, entonces la obligación del responsable de volver las cosas a su estado anterior y de indemnizar los restantes perjuicios sufridos ha nacido a partir del momento en que tuvo lugar el obrar antijurídico.

En efecto, a poco que se observe que los intereses tienen por finalidad compensar al acreedor la indisponibilidad del uso de su capital, se advierte que si éste es debido desde el momento en que se produjo el daño (o lo que es lo mismo, desde que el damnificado se hallaba habilitado a reclamarlo), no existe motivo alguno para computar aquellos en forma diferente.

En lo atinente a la tasa de interés aplicable cabe señalar que deconformidad con la doctrina establecida por la Cámara en pleno en los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios» en los acuerdos del 14 de octubre y 11 de noviembre de 2008 y la inteligencia atribuida a esa doctrina por mi distinguida colega de Sala Dra. Patricia Barbieri en el Expediente Nº 81.687/2004 «PEZZOLLA, Andrea Verónica c/ Empresa de Transportes Santa Fe SACEI y otros s/ daños y perjuicios» y su acumulado Expte. Nº 81.683/2004 «PEZZOLLA, José c/ Transportes Santa Fe SACI s/ daños y perjuicios» del 27/11/2017, y a la facultad que por otro lado el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación otorga a los jueces en su art. 768, comparto el criterio mantenido en cuanto a que los intereses se computen desde la fecha del hecho dañoso acaecido y hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal actual a treinta días del Banco Nación Argentina. Ello con excepción de las sumas concedidas en concepto de tratamiento psicoterapéutico, cuyos i ntereses comenzarán a correr desde la fecha del decisorio de grado por tratarse de gastos futuros.

En virtud de ello, propicio al acuerdo su confirmatoria.

VIII) Costas:

Las costas de esta Alzada deben ser soportadas por las demandadas y citada en garantía, sustancialmente vencida (conf. art. 68 CPCCN).

IX) Conclusión:

Por todas las razones que dejo expuestas y si mis distinguidos colegas compartieran mi opinión, propicio: 1) Hacer lugar parcialmente a las quejas vertidas por la parte actora, y en su virtud, elevar a la cantidad de $ 400.000 el monto concedido para cada uno de los accionantes en concepto de valor vida; a la suma de $ 450.000 para cada uno de los padres del fallecido bajo el rubro daño moral y al monto de $ 165.000 a favor de la Sra. Banegas y $ 270.000 para el Sr.Saucedo los correspondientes al daño psicológico de cada uno de ellos; 2) Se confirme la sentencia de grado en todo lo demás que ha sido motivo de agravio y apelación; 3) Se impongan las costas de alzada a las demandadas y aseguradora vencidas(conf. art. 68 CPCCN); 4) Se conozca acerca de los recursos de apelación interpuestos contra la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes y se determinen los emolumentos correspondientes a esta alzada; 5) Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida lo dispuesto por el artículo 164 párrafo segundo del ritual y articulo 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Así mi voto El Dr. Polo Olivera dijo:

Adhiero al voto de mi distinguido colega dr. Gabriel G. Rolleri en cuanto propone, sólo disiento respecto de lo expuesto con relación a la cuantificación de la partida atinente al daño moral.

En la Sala G del Tribunal -que integro como vocal titularhe participado del criterio que en la cuantificación del daño moral debe estarse al principio de congruencia, que impide al juez dar más de lo reclamado por el pretensor, quien es -en definitivael que se encuentra en mejores condiciones para cuantificar la faz afectada cuya reparación peticiona.

En relación al agravio profesado por los accionantes respecto de dicha partida indemnizatoria, cabe resaltar que en la es pecie resulta aplicable el código civil velezano, conforme la fecha del evento y lo dispuesto por el CCCN:7, lo cual excluye la aplicación del CCCN:1741 a los efectos de la cuantificación del reclamo.

Empero, más allá de ello, aún cuando puedan considerarse las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan obtenerse con las sumas otorgadas para sufragar el rubro indemnizatorio reclamado, pautas hoy receptadas explícitamente en el Código Civil y Comercial de la Nación; pondero, al igual que el juez de grado, el monto reclamado en la demanda a fin de establecer el quantum de la indemnización, por aplicación del principio de congruencia y porque no esposible soslayar la consideración de la víctima en su reclamo para delimitar las sumas necesarias para proveer tales prestaciones, sin dejar de considerar el inmenso dolor que una pérdida como la considerada en la cuestión en examen.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la suma concedida para ambos demandantes se ajusta a la reclamada en el escrito de inicio por este concepto, entiendo que corresponde confirmar este aspecto de la sentencia.

Siendo aquellas sumas establecidas a valores históricos, la actualización de ese capital resultará suficientemente provista mediante la aplicación de intereses de acuerdo con la tasa activa que aplica el BNA, operativa en la especie.

Tal mi voto.

La Señora Juez de Cámara doctora Patricia Barbieri, por análogas razones a las aducidas por el Señor Juez de Cámara doctor Gabriel Gerardo Rolleri, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto.

GABRIEL GERARDO ROLLERI

GASTON MATIAS POLO OLIVERA

PATRICIA BARBIERI.

Buenos Aires, 18 de junio de 2021.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, en virtud de todo ello, el Tribunal Resuelve: 1) Hacer lugar parcialmente a las quejas vertidas por la parte actora, y en su virtud, elevar a la cantidad de $ 400.000 el monto concedido para cada uno de los accionantes en concepto de valor vida; a la suma de $ 450.000 para cada uno de los padres del fallecido bajo el rubro daño moral (por mayoría) y al monto de $ 165.000 a favor de la Sra. Banegas y $ 270.000 para el Sr. Saucedo los correspondientes al daño psicológico de cada uno de ellos; 2) Se confirme la sentencia de grado en todo lo demás que ha sido motivo de agravio y apelación; 3) Se impongan las costas de alzada a las demandadas y aseguradora vencidas(conf. art. 68 CPCCN); 4); a) De conformidad con el presente pronunciamiento y en atención a lo dispuesto por el art.279 del Código Procesal, corresponde adecuar la regulación de honorarios contenida en la sentencia de primera instancia, debiéndose señalar a su respecto, en virtud del principio iura novit curia, que, según el criterio de la mayoría del Tribunal, la ley 27.423 debe ser aplicada a toda regulación de honorarios que no se encuentre firme a la fecha de su entrada en vigencia, aun tratándose de trabajos llevados a cabo con anterioridad (conf. esta Sala, en autos «Acquistapace, Pablo Leandro c/ Burrofato, Guillermo s/daños y perjuicios», 17 de mayo de 2021, entre otros).

Ello así, de conformidad con el principio general establecido por el art. 7 del Código Civil y Comercial, según el cual las leyes son de aplicación inmediata, aun a las consecuencias de relaciones jurídicas preexistentes o situaciones legales «en curso», sin que ello implique una indebida irretroactividad ni afecte garantías constitucionales, en tanto importa la operatividad de sus efectos inmediatos sobre situaciones jurídicas no consumadas al comienzo de su vigencia. En efecto, los hechos cumplidos se rigen por la ley vigente a la época en que se consumaron, pero las situaciones jurídicas en curso se regulan, sin retroactividad, por la ley nueva, ya sea que lo que se encuentre en curso sea su constitución o extinción o sus efectos (Belluscio, Augusto – Zannoni, Eduardo, Código Civil y leyes complementarias.

Comentado, anotado y concordado, Buenos Aires, 1979, T. 1, pág. 17) b) Por otra parte, en relación con la queja de la citada en garantía relativa a la composición de la base regulatoria, corresponde señalar que este Tribunal ha resuelto reiteradamente que los intereses sobre el capital de condena la integran, criterio éste que ha sido receptado expresamente por la ley 27.423 en su art.24.

Sentado ello, teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y extensión de los trabajos realizados en autos; las etapas cumplidas; el monto de condena más sus intereses; la proporción que deben guardar los honorarios de los peritos con los de los letrados; la incidencia de su labor en el resultado del pleito; lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 51 y 58 de la ley 27.423, el artículo 478 del Código Procesal y el valor de la UMA establecido por la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación N° 7/2021, se fijan los correspondientes a los Dres. Martín Fernando Chiappara y José Manuel Freitas, letrados apoderado y patrocinante de la parte actora, respectivamente, en .UMA, en conjunto, equivalentes al día de la fecha a pesos.($ .); los del Dr. Chiappara, por los incidentes de negligencia resueltos a fs. 360/1 con costas a la citada en garantía y a la AFA, en . UMA por cada uno de ellos, equivalentes a pesos.($ .); los de los Dres. Enrique José Quintana y Enrique Pablo Quintana Lambois, letrados apoderados de la citada en garantía, en .UMA, en conjunto, equivalentes a pesos.($ .); los de las Dras. Andrea Ruth Galeano y Verónica Andrea Galeano, letradas apoderadas de la demandada Club Atlético River Plate hasta fs. 371, en .UMA, en conjunto, equivalentes a pesos .($ .); los del Dr. Luis Ignacio Fernández Maury, por su actuación en el mismo carácter a partir de fs. 375, en .UMA, equivalentes a pesos . ($ .); los de los Dres. Hugo Mario Pasos, Adriana Beatriz Lojo y Alejandro Arceiz, letrados de la AFA hasta fs. 387, en .UMA, en conjunto, equivalentes a pesos .($ .); los de los Dres. Cinthya Julia Blandino y Hernán Martín Oriolo, por su intervención en el mismo carácter a partir de fs. 387, en .UMA, en conjunto, equivalentes a pesos .($ .); los del Dr. Diego Hernán González, letrado apoderado de la Policía Federal Argentina, por el planteo de nulidad de notificación de fs.247, en .UMA, equivalentes a pesos. ($ .), y los de la perito psicóloga Agustina Soledad Román, en .UMA, equivalentes a pesos .($ .).

Por la actuación ante esta alzada, se fija la retribución del Dr. Martín Fernando Chiappara en .UMA pesos.($ .); la del Dr. Enrique José Quintana, en .UMA pesos.($ .); la del Dr. Luis Ignacio Fernández Maury, en .UMA pesos.($ .); y la de los Dres. Cinthya Julia Blandino y Hernán Martín Oriolo, en .UMA, en conjunto pesos. ($ .)( art. 30 ley 27.423).

El Dr. Gastón M. Polo Olivera deja constancia de que, pese a entender que la ley 27.423 citada no es aplicable a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución (conf. doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos «Establecimiento Las Marías c/Misiones, Provincia d e s/acción declarativa» del 4/9/2018), atento la mayoría conformada en el Tribunal en torno a la cuestión, no se extenderá a su respecto. c) En lo que respecta a los honorarios del mediador Dr.Adrián Bustinduy, en atención a lo argumentado por la citada en garantía en su apelación contra ellos, debe recordarse que el artículo 28 del Anexo I del decreto 1467/11, tanto en su redacción original como en la nueva según el decreto 2536/15 (inciso h), dispone expresamente que el juez debe tomar como base el monto del honorario básico vigente al mome nto de dictar sentencia u homologación de la transacción.

Por otra parte, no debe obviarse que las escalas fijadas sucesivamente por los decretos reglamentarios anteriores al 2365/15 fueron producto de la necesidad de actualizarlas ante la depreciación de los montos fijos establecidos en ellas, dificultad ésta que fue subsanada a través de la creación de la Unidad de Honorarios de Mediación por parte de esta última norma.

En razón de lo expuesto, el honorario del mediador debe ajustarse a lo dispuesto por el decreto 2536/15, vigente a la fecha de la presente sentencia, por lo que se lo establece en .UHOM, equivalentes al día de la fecha a pesos .($ .) (conf. art. 2°, inciso g), del Anexo III del Decreto 1467/11, modificado por Decreto 2536/15 y valor de la UHOM del día de la fecha). d) En relación con el planteo de la citada en garantía referido a la limitación de la responsabilidad por las costas establecida en el art. 730 del actual Código Civil y Comercial, debe señalarse que los autos regulatorios sólo deciden sobre el monto de las retribuciones a fijarse, no así sobre el derecho a esos honorarios, ni anticipan la procedencia y forma de su cobro, cuestiones éstas que deberán sustanciarse y resolverse en la etapa procesal oportuna. 5) Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. Por ante mí, que doy fe. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

GABRIEL GERARDO ROLLERI

GASTON MATIAS POLO OLIVERA

PATRICIA BARBIERI

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