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#Fallos Ciberdelito y competencia: La Justicia Nacional es quien debe investigar una supuesta defraudación mediante la utilización de medios informáticos que culminó en la transferencia de dinero de una cuenta bancaria de la denunciante

Partes: NN Dte. O. C. s/ competencia – defraudación manipulación informática

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 11-jun-2021

Cita: MJ-JU-M-133155-AR | MJJ133155 | MJJ133155

Compete a la Justicia Nacional investigar una supuesta defraudación mediante la utilización de medios informáticos que culminó en la transferencia de dinero de una cuenta bancaria de la denunciante.

Sumario:

1.-Es competente la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y no la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para tramitar la causa en la cual el hecho ha sido calificado en los términos del art. 173, inc. 16° , del CPen., al sostenerse que es posible inferir que se defraudó a la denunciante mediante la utilización de medios informáticos que provocaron una variación en el funcionamiento de un sistema bancario y afectaron el patrimonio de la nombrada por la transferencia de su dinero, porque se trata de un tipo especial de defraudación cuya competencia genérica le corresponde a la justicia nacional, motivo por el que luce pertinente que su tipo penal especial se investigue en la misma órbita.

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Fallo:

Buenos Aires, 11 de junio de 2021.

Y VISTOS:

La fiscalía apeló el auto fecha el pasado 19 de mayo, en cuanto se declaró la incompetencia en razón de la materia y se dispuso la remisión de las actuaciones a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, se incorporó el respectivo memorial al sistema integral de expedientes judiciales «LEX 100», de modo que me encuentro en condiciones de resolver.

Surge de lo denunciado por C. O. que, aproximadamente a las 9:30 del 31 de marzo último, recibió un correo electrónico con motivo de una transferencia por la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000) de su cuenta N° 366523/9 del «Banco .» hacia una empresa de electrodomésticos denominada «C. S. A.», por la supuesta adquisición de cuatro televisores de cincuenta pulgadas y una licuadora.

Luego, la denunciante intentó acceder a su cuenta bancaria de forma digital sin resultado alguno, pues al ingresar sus datos les surgían como erróneos, circunstancia por la que tomó contacto con la entidad aludida, donde le confirmaron el mencionado traspaso y le bloquearon su cuenta.

Finalmente, mencionó que logró comunicarse con dicha sociedad y pudo determinar, con la ayuda de un empleado, que habían recibido la suma referida mediante de la operación bancaria, y además le informaron que en la sucursal sita en la calle . de la localidad de ., provincia de Buenos Aires, recibieron un mensaje del abonado . por la red social «WhatsApp», en el que se solicitaba la entrega de varios electrodomésticos a nombre de la víctima.

Al respecto, en la instancia anterior se calificaron los eventos denunciados en los términos del artículo 173, inciso 16°, del Código Penal, al sostenerse que es posible inferir que se defraudó a O. mediante la utilización de medios informáticos que provocaron una variación en el funcionamiento de un sistema bancario y afectaron el patrimonio de la nombrada por la transferencia de su dinero.

En efecto, el magistrado consideró que, teniendo en cuenta que tal tipo penal fue creado -Ley 26.388 del 4 de junio de 2008- con posterioridad a la sanción de la norma que garantizó los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires -Ley N° 24588, del 8 de noviembre 1995-, corresponde su investigación a la justicia local.

Por el contrario, de conformidad con lo expuesto por la parte recurrente, entiendo que el conocimiento de la causa debe continuar bajo la órbita de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.

En esa dirección, se pondera que a través de estos últimos años se llevaron a cabo, por medio de convenios entre esta ciudad y el Estado Nacional, distintas transferencias que especifican puntualmente que delitos pasaron a ser de competencia local, entre los que no se encuentra la figura investigada.

Siguiendo esa línea, cabe ponderar lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de su remisión a los fundamentos del señor Procurador en el caso «Zanni» (Fallos 333:589), en cuanto expuso que «no resulta admisible considerar inserta dentro de la competencia local a cada conducta ilícita que, con posterioridad a la ley 24.588, sea catalogada como delito en el sentido señalado por el juez correccional en su resolución sino que, contrariamente, los nuevos tipos penales que, eventualmente, se sancionen en el futuro, a menos que contengan disposiciones expresas, deben ser sometidos a un nuevo convenio de partes y posterior ratificación legislativa, para integrar la jurisdicción local» (dictamen del Sr. Procurador del 6 de agosto de 2009, S.C. Comp.83 L. XLV).

De tal modo, en sintonía con lo sostenido por el juez Ricardo M.Pinto, «no fue la voluntad del legislador la conclusión a la que arriba el tribunal local» y destaca que «la conclusión descripta no ha sido modificada por ningún otro precedente del Máximo Tribunal, de manera que las decisiones que pudiera haber tomado en sentido opuesto el Superior Tribunal de Justicia local en nada modifican el estado de la cuestión» (Sala V, causa número 26896/2020, «NN denunciante P., E. J.», del 28 de agosto de 2020).

A ello se agrega, conforme a lo resaltado por la fiscalía de Cámara, que la figura en estudio se trata de un tipo especial de defraudación, cuya competencia genérica le corresponde a la justicia nacional, motivo por el que luce pertinente que su tipo penal especial, que regula el artículo 173, se investigue en la misma órbita.

Por lo demás, es dable sen?alar que, tal como fuera descripto, la conducta denunciada tendría efectos en distintas jurisdicciones, de modo que, de momento, no es posible descartar otros ámbitos territoriales.

En función de lo expuesto y más allá de la significación jurídica que en definitiva corresponda, habrá de revocarse el auto impugnado y mantener la competencia de este fuero para continuar investigando, por lo que RESUELVO:

REVOCAR el auto dictado el 19 de mayo de 2021, en todo cuanto fuera materia de recurso.

Notifíquese y efectúese el pase electrónico al juzgado de origen, sirviendo lo proveído de atenta nota de remisión.

Mariano A. Scotto

Ante mí:

Maximiliano A. Sposetti

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