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#Doctrina Los requisitos de admisibilidad y la sustanciación de los recursos de apelación que tramitan ante las Cámaras de Familia de Córdoba Capital. Un análisis comparativo de las leyes 8465, 10305, 9944, 9283, 10401 y 9459

Autor: Lighuen Bergandi, Anahí – Dannae Bressan, Solange – Constantino, Noelia –

Fecha: 25-may-2021

Cita: MJ-DOC-15848-AR | MJD15848

Sumario:

I. Introducción. II. Las normas de aplicación supletoria según la materia y la sede. II.1. Las remisiones normativas en materia familiar. II.2. Las remisiones normativas en violencia familiar. II.3. Las remisiones normativas en materia de Protección Integral a las Víctimas de Violencia, a la Mujer por Cuestión de Género. II.4. Las remisiones normativas en materia de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba. III. Legitimación activa para recurrir. IV. El plazo y la fundamentación de la apelación según la materia y la sede. IV.1. La interposición de la apelación en materia familiar. IV.2. La interposición de la apelación en violencia familiar. IV.3. La interposición de la apelación en materia de Protección Integral a las Víctimas de Violencia, a la Mujer por Cuestión de Género. IV.4. La interposición de la apelación en materia de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba. IV.5. La interposición de la apelación en materia de honorarios profesionales. V. Del traslado del recurso de apelación. V.1. Del traslado del recurso de apelación en materia familiar. V.2. Del traslado del recurso de apelación en materia de violencia familiar, violencia de género, niñez y adolescencia. V.3. Del traslado del recurso de apelación en materia de honorarios profesionales. VI. Reposición con apelación en subsidio. VII. Conclusión.

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Doctrina:

Por Anahí Lighuen Bergandi (*), Solange Dannae Bressan (**) y Noelia Constantino (***)

Resumen

El presente se centrará en analizar los requisitos de admisibilidad formal y el modo de sustanciación de los recursos de apelación que se tramitan ante las Cámaras de Familia de la primera circunscripción judicial. La diversidad de normas procesales aplicables según la sede y ciudad en que haya sido iniciado el proceso de familia, niñez, adolescencia, violencia familiar y de género, determina que la tramitación de los recursos de apelación en la alzada no sea uniforme. Ello justifica el estudio comparativo de la instancia recursiva ordinaria, según cada ley aplicable, lo que se aborda a continuación.

I. INTRODUCCIÓN

Para comenzar con el análisis propuesto, es necesario tener en consideración que, en la provincia de Córdoba, coexisten distintas normativas que regulan materias asociadas a cuestiones de familia, de violencia familiar y de género y los derechos de niños, niñas y adolescentes. Todas las cuales tienen una estrecha vinculación y se caracterizan por la sensibilidad de la temática. En materia procesal, son de aplicación el Código de Procedimiento de Familia (ley 10305 -CPF-) y el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia (ley 8465 -CPCC-). Asimismo, existen un conjunto de leyes relacionadas a la materia en análisis que contienen disposiciones tanto sobre derecho de fondo como de naturaleza procesal, tales como: la ley 9944 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; la ley 9283 de Violencia Familiar (modif.por ley 10400 ); y la ley 10401 de Protección Integral a las Víctimas de Violencia, a la Mujer por Cuestión de Género, en el marco procesal, administrativo y jurisdiccional.

A partir de la sanción de la ley 10305, el procedimiento de familia se volvió de doble instancia, y en consecuencia se modificó la competencia de las Cámaras de Familia con asiento en Córdoba Capital (1). Así, dejaron de ser tribunal de sentencia, para transformarse en tribunal de alzada. Actualmente, las dos Cámaras de Familia de la ciudad de Córdoba son competentes para conocer los recursos de apelación deducidos en contra de las resoluciones dictadas por los jueces con competencia en materia familiar de la primera circunscripción judicial, atento lo dispuesto por el art. 18 de la ley 10305 (2). Por lo tanto, la competencia territorial incluye no solo los recursos deducidos en la ciudad de Córdoba, sino también en las sedes de Río Segundo, Carlos Paz, Jesús María y Alta Gracia, que integran dicha división geográfica.

Asimismo, las Cámaras de Familia de la ciudad de Córdoba también son competentes para resolver los recursos de apelación interpuestos en contra de las resoluciones de los Juzgados con jurisdicción en cuestiones de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género, de la primera circunscripción judicial. Ello surge de los arts. 122 ley 9944 (3) y 9 de la ley 10402 (4) (ley de creación de Juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia familiar y de Género), por cuanto hasta la fecha no se ha creado el Tribunal de Alzada con competencia exclusiva en esa materia.

También recae sobre las Cámaras de Familia de la ciudad de Córdoba, la competencia de para entender los recursos de apelación que se susciten en materia de honorarios profesionales de los letrados intervinientes en la tramitación de las causas de las materias mencionadas.Ello, de conformidad al procedimiento establecido por el Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba (ley 9459 ).

De todo lo expuesto, resulta claro que la competencia para resolver las apelaciones en las materias mencionadas es de las Cámaras de Familia de la primera circunscripción. En este punto, se advierte que según la materia que se trate y la sede de la cual provenga el recurso, el Tribunal de alzada deberá aplicar diversas leyes procesales para tramitar la impugnación. Ello en tanto cada norma, establece un trámite procesal particular, que se adapta a los requerimientos de la materia que regula.

A partir de lo descripto anteriormente, el presente trabajo se centrará en analizar los requisitos de admisibilidad formal y de sustanciación de los recursos de apelación que se tramitan ante las Cámaras de Familia de la ciudad de Córdoba, según cada ley aplicable. En este sentido, se abordará la legitimación para recurrir, la formalidad del acto y la temporalidad, para lo cual será necesario previamente determinar qué ley es de aplicación supletoria en cada caso. Se aclara que, si bien el carácter de recurrible de la resolución integra el control de admisibilidad formal, por su extensión no será abordado en el presente.

Atento a que la materia recursiva es de orden público, el ad quem tiene la obligación de realizar un examen de admisibilidad formal del recurso previo a darle trámite (arts. 126 y 146 CPF y art. 355 CPCC). La importancia del tema radica en que en la práctica se presentan una serie de particularidades, que requieren del conocimiento no solo de la ley, sino también de la jurisprudencia, que determinan la procedencia formal del medio impugnativo. A través de un estudio crítico documental de la normativa, jurisprudencia y doctrina sobre la materia, se pretenderá alcanzar el objetivo plasmado.

II. LAS NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA SEGÚN LA MATERIA Y LA SEDE

II.1.LAS REMISIONES NORMATIVAS EN MATERIA FAMILIAR

Las relaciones familiares se encuentran reguladas en el Libro Segundo del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), que en el Título VIII incluye disposiciones de índole procesal. Dentro de los procesos que pueden originarse como consecuencia de las relaciones familiares, se incluyen los vinculados a: matrimonio, divorcio, uniones convivenciales, parentesco, filiación, adopción integradora, responsabilidad parental, tutela, sustracción y restitución internacional de menores, e inscripción de documentación y sentencias extranjeras relativas a la materia.

En la ciudad de Córdoba, en materia familiar resulta aplicable la ley 10305 (CPF), que en el art. 16 (5) especifica la competencia material de los Tribunales de Familia. La sección IV del título III del CPF regula el trámite del recurso de apelación, donde dispone lo relativo a su procedencia, interposición, forma, plazo, concesión, entre otros. Por lo que las apelaciones de resoluciones dictadas por los Juzgados de Familia de la Capital deberán tramitarse a la luz de dicha ley. A su vez, y en el supuesto de que sea necesario, para cualquier cuestión que haya quedado sin prever, será aplicable por remisión el CPCC (art. 177 CPF (6)).

Por otro lado, en las demás sedes de la primera circunscripción, el proceso familiar queda alcanzado por la ley 8465 (CPCC); ya que la ley 10305 no se aplica en estas sedes (art.

1 del CPF). Esto determina que todo el proceso, tanto en primera como en segunda instancia, e inclusive los recursos extraordinarios, se encuentren alcanzados por el CPCC (art.361 y ss.). Así, en caso de que se deduzca un recurso de apelación en contra de una resolución dictada, por ejemplo, por el Juzgado de Río Segundo, los requisitos de admisibilidad de la impugnación, sustanciación, plazos y resolución se encuentran determinados por la ley 8465.

De todo lo expuesto, se deriva que, en materia familiar, las Cámaras, al momento de resolver una apelación, aplican dos normas procesales distintas (CPF o CPCC), según la sede de la cual provenga el recurso.

II.2. LAS REMISIONES NORMATIVAS EN VIOLENCIA FAMILIAR

El art. 3 de la ley 9283 (modificada por ley 10400 -LVF-) define qué se entiende por violencia familiar, con el siguiente alcance «toda acción, omisión o abuso dirigido a dominar, someter, controlar o agredir la integridad física, psíquica, moral, psicoemocional, sexual y/o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque esa actitud no configure delito». Así, se incluye la violencia física, psicológica, sexual y económica (art. 5 LVF). A su vez, la norma delimita su ámbito de actuación especificando los alcances del grupo familiar en el art. 4.

Dado que la ley de Violencia Familiar no regula de manera acabada el procedimiento atinente al recurso de apelación, es necesario acudir a otras normas que la complementen. En este sentido, el art. 34 (7) establece una serie de remisiones normativas. Por un lado, dispone expresamente y en términos generales, la aplicación del CPCC. Por el otro, aclara que para la ciudad de Córdoba Capital, será de aplicación la ley de procedimiento de familia 7676 (que fue derogada y reemplazada por la ley 10305).

En base a ello, se concluye que el sistema de remisiones previsto por la norma no suscita mayores inconvenientes. Así, en todos los casos de Violencia Familiar es de aplicación supletoria del CPCC, a excepción de la ciudad de Córdoba, que será de aplicación supletoria la ley 10305.En este sentido, se considera coherente el sistema de remisiones, ya que en materia familiar en la ciudad de Córdoba existe un procedimiento específico, que por su naturaleza (plazos más breves) es el que mejor se adapta a los casos de violencia familiar.

En definitiva, cuando se trate de apelaciones interpuestas en las demás sedes de la primera circunscripción (a excepción de la ciudad de Córdoba), no caben dudas que la norma aplicable por remisión es el CPCC.

II.3. LAS REMISIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, A LA MUJER POR CUESTIÓN DE GÉNERO

La ley 10401 (de Protección Integral a las Víctimas de Violencia, a la Mujer por Cuestión de Género) contiene aspectos procesales y sustanciales vinculados a la aplicación de la ley nacional 26485 (8), a la que la Provincia de Córdoba adhirió por ley 10352 . La norma provincial es de aplicación para los «supuestos de violencia hacia las mujeres por cuestiones de género, conforme las previsiones del artículo 4° de la ley nacional 26485, para los tipos previstos en el artículo 5° de dicha ley, y en las modalidades de violencia institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática contra las mujeres, establecidos en el artículo 6°, incisos b), c), d), e) y f) , de la ley nacional 26485» (art. 2 de la ley 10401).

La ley 10401 regula de manera insuficiente lo relativo al trámite del recurso de apelación. Es por ello, que debe recurrirse a la remisión normativa, que se encuentra prevista en el art. 25 (9). Este establece la aplicación supletoria de aquellas normas que prevean el proceso más sumario de cada ordenamiento.No obstante, dicho artículo no especifica cuál es la regulación procesal que cumple con esa condición.

En virtud de lo ordenado por la ley 10401, se advierte que en la ciudad de Córdoba el CPF es el que prevé un trámite recursivo más abreviado que el CPCC. Razón por la cual corresponderá aplicar supletoriamente la ley 10305 (CPF) en la Capital, donde dicha ley está vigente en materia familiar, y resulta la que mejor se adapta a la naturaleza de los derechos en cuestión.

Como la ley 10305 no se aplica en las demás sedes de la primera circunscripción judicial, el proceso más sumario al que alude la ley 10401 será el juicio abreviado previsto por el CPCC (conforme surge del art. 418, inc. 6° ). Entonces, en materia recursiva, si bien sería aconsejable que el CPF rigiera en la tramitación de las impugnaciones provenientes del interior, lo cierto es que atento a que la primera instancia se tramitó conforme el CPCC, por seguridad jurídica corresponde mantener la aplicación de aquella norma.

Conforme surge de la práctica judicial, se advierte al lector que el criterio expuesto es el seguido por ambas Cámaras de Familia de la ciudad de Córdoba. Como consecuencia de ello, en relación a una misma materia se sustanciarán dos trámites recursivos distintos, según la sede de la cual provenga la apelación.

II.4. LAS REMISIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La ley 9944 tiene por objeto la «Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, mediante la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de sus derechos» (art. 1). Alcanza a toda persona menor de 18 años de edad (art.2).

Como la regulación de las vías recursivas también es incompleta en esta ley, resulta necesario acudir a la aplicación supletoria de otras normas. En este sentido, el art. 112 (10) remite «para las cuestiones de índole proteccional» al CPCC de Córdoba.

En tal contexto, cuando la causa se tramitó en la ciudad de Córdoba, es cuestionable la remisión prevista al CPCC. Ello por cuanto existe una norma procesal altamente especializada en materia de familia que puede aplicarse de forma supletoria en vez del CPCC. En este sentido, la ley 10305 (CPF) prevé plazos más acotados para resolver el recurso, y por ende una solución más ajustada a la naturaleza de los derechos en cuestión.

Si bien no surge una declaración expresa de la jurisprudencia actual en este sentido, lo cierto es que en la práctica judicial se aplica dicha norma sin cuestionamiento. El fundamento subyacente radica en que la regulación prevista por el CPF se centra en la particular naturaleza de los derechos debatidos y garantiza la seguridad jurídica de todas las causas que tramitan en la Capital al amparo de la misma norma, la economía procesal y la concentración de actos procesales. En este sentido, la doctrina especializada ha expresado: en relación a la importancia de los intereses en cuestión, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen a la protección de los derechos humanos de personas menores de edad (.) deben ser manejadas con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades (11).

Si bien sería aconsejable que el mismo criterio se aplique a las causas provenientes de la demás sede de la primera circunscripción, lo cierto es que atento a que la primera instancia se tramitó conforme al CPCC, por seguridad jurídica corresponde mantener la aplicación de dicha norma, al igual que lo analizado en el acápite anterior.Se destaca que el procedimiento además deberá ser armonizado con las disposiciones y principios procesales previstos por el Código Civil y Comercial de la Nación en la materia.

En definitiva, la complejidad de las remisiones normativas expuestas, repercute en la práctica jurídica. En lo que interesa, ello impacta principalmente en lo relativo a los plazos para interponer el recurso correspondiente y la oportunidad de su fundamentación en cada uno de los procesos aludidos, como se verá a continuación.

III. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECURRIR

Conforme lo dispuesto por el art. 354 CPCC (12), la parte que ostente un interés directo y los terceros afectados por una resolución judicial, se encuentran legitimados para interponer el recurso de apelación. Así, quienes gozan de legitimación activa son: las partes, el Asesor Letrado, el abogado del niño, el Ministerio Público Fiscal y los profesionales intervinientes en la medida de su interés.

En relación a las partes, el interés directo se traduce en que la resolución les cause un agravio. La doctrina explica que el gravamen se «deriva normalmente del vencimiento; y hay vencimiento y por lo tanto interés en impugnar; siempre que la decisión coloque al recurrente en una situación perjudicial de la que procuró obtener a través del pleito» (13). Además, dicho interés debe existir al momento de interponer el recurso y subsistir hasta su resolución. Es decir, debe ser actual (14), de lo contrario la resolución del recurso se volvería abstracta.

En virtud del art. 103 del CCCN, el Ministerio Público se encuentra legitimado para intervenir en los procesos judiciales, de manera complementaria o principal. En la provincia de Córdoba, dicha legitimación recae sobre los Asesores Letrados. Las funciones del Asesor de Familia se encuentran reguladas en el art. 56 del CPF, y las del Asesor de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Genero en el art. 67 de la ley 9944.Del análisis conjunto de las normas citadas se colige que el Asesor goza de legitimación para interponer el recurso de apelación en representación de los intereses de los NNA, ya sea de forma principal o adhesiva. En efecto, ello se justifica en las propias funciones que ejercen los Asesores Letrados, que en algunos casos se dirigen a la máxima protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes; y en otros a la defensa legal y técnica de aquellas personas carentes de recursos económicos.

En relación al Ministerio Público Fiscal, este se encuentra legitimado para interponer recursos de apelación, en la medida de las funciones que tiene asignadas en la materia que nos ocupa (art. 172, inc. 1° y 2° de la Constitución Provincial, art. 9 incs. 1°, 2°, 5° y 7° de la ley 7826). En este sentido, la Cámara de Familia de Primera Nominación ha sostenido que: si por expresas disposiciones legales, el Ministerio Público Fiscal debe intervenir en ciertas causas, emitir opinión y plantear, eventualmente, sus objeciones al procedimiento, va de suyo que está habilitado para cuestionar, en otra instancia, las medidas adoptadas por el juez cuando estas desatiendan sus observaciones sin fundamento; de otra manera, cabría concluir que la intervención de este funcionario es meramente «decorativa» (15).

La ley 10636 de la provincia de Córdoba, crea la figura del abogado de las niñas, niños, y adolescentes (NNA), aunque aún no ha sido reglamentada. Aquel tiene la función de ejercer la defensa técnica de los NNA, asistir y defender sus derechos y realizar toda otra tarea profesional necesaria para la protección de su interés superior (art.4 ). De ello se sigue, que el abogado del niño se encuentra legitimado para recurrir, en la medida de los intereses que representa.

Finalmente, en los supuestos que el recurso de apelación se dirija a cuestionar solamente una regulación de honorarios profesionales, la legitimación activa la tiene el letrado interesado. No obstante, en el caso que además se impugne la imposición de costas, la legitimación activa por este motivo es de la parte a quien la resolución le causa agravio. Por lo tanto, si el recurso pretende una revisión de la regulación de honorarios profesionales y de la imposición de costas, debe interponerse por el letrado interesado por derecho propio, y por la parte a la que la condena en costas le causa agravio.

IV. EL PLAZO Y LA FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN SEGÚN LA MATERIA Y LA SEDE

En relación a la interposición del recurso de apelación, en todos los procesos hasta aquí abordados, siempre se lleva a cabo ante quien dictó la resolución que se ataca. Luego, la causa se eleva a la Cámara de Familia, conforme las consideraciones efectuadas. El problema se suscita en relación al plazo para la interposición y la oportunidad de fundamentación de dicho recurso en cada uno de los procesos.

IV.1. LA INTERPOSICIÓN DE LA APELACIÓN EN MATERIA FAMILIAR

En la ciudad de Córdoba, la ley 10305 (CPF) establece que el recurso de apelación deberá ser interpuesto «por escrito y en forma fundada, dentro de los diez días siguientes al de la respectiva notificación» (art. 144 ib.). Se advierte que el recurso debe interponerse de forma fundada bajo pena de inadmisibilidad. En efecto, este es uno de los mecanismos previstos por la norma para favorecer la concentración de actos procesales y la economía p rocesal. Concedido el recurso por el a quo de primera instancia, el expediente será elevado a la Cámara de Familia que resulte sorteada o que previno (art.145 ib.).

En las demás sedes de la primera circunscripción judicial, como ya se expuso, rige el CPCC. En consecuencia, el plazo para interponer la apelación es de cinco días de notificada la resolución (art. 366 CPCC). Se destaca que la impugnación no debe fundarse en primera instancia, razón por la cual puede interponerse por la propia parte sin asistencia letrada (art. 81 inc. 1° ib. ) e incluso por diligencia (art. 366 ib.). Concedido el recurso, se eleva el expediente, y los agravios del apelante se expresarán en la alzada previo traslado por diez días (art. 371 ib .).

IV.2. LA INTERPOSICIÓN DE LA APELACIÓN EN VIOLENCIA FAMILIAR

La ley 9283 de Violencia Familiar por su parte, en el art. 21 in fine, establece que el recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días hábiles. Se destaca que como la norma es provincial, el plazo establecido rige independientemente de la sede en la cual se inició la apelación.

Asimismo, este artículo ha sido complementado por el Acuerdo Reglamentario N° 1546, Serie «A» del 11/02/2019, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Este, en su anexo 1 (16) establece que la interposición será fundada, «por ante el mismo Juez que la dictó» (por la remisión del art. 34, ley 9283 -modif. por ley 10400- y arts. 126 y 144, ley 10305).

IV.3. LA INTERPOSICIÓN DE LA APELACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, A LA MUJER POR CUESTIÓN DE GÉNERO

En relación a las apelaciones que surgen de las resoluciones que se emitan en el marco de la ley 10401 de Protección Integral a las Víctimas de Violencia, el art. 21 establece un plazo de tres días hábiles.La norma no prevé que el recurso sea interpuesto de manera fundada y tampoco existe acuerdo reglamentario alguno que así los disponga, por lo que corresponde tener en cuenta las normas aplicables por remisión a las que ya se hizo referencia previamente.

Entonces, para los juicios tramitados en la ciudad de Córdoba, si se tienen en cuenta las similitudes de esta normativa con la ley 9283 -modif. por ley 10400- y la aplicación supletoria de la 10305, se puede concluir que al momento de interponer el recurso de apelación se deben esgrimir los argumentos que hagan a su procedencia. De este modo se garantiza la celeridad y economía procesal a partir de la concentración de actos procesales.

Ahora bien, si la resolución atacada fue dictada en el interior de la primera circunscripción, la norma aplicable por remisión es el CPCC. Por lo tanto, la expresión de agravios se efectuará en la alzada, conforme lo dispone el CPCC.

IV.4. LA INTERPOSICIÓN DE LA APELACIÓN EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La ley 9944 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los NNA, establece en el art. 57 un plazo de cinco días para interponer la apelación. Asimismo, dicha disposición aclara que la presentación del recurso deberá ser fundada. Se destaca que como la norma es provincial, el plazo y el requisito de fundamentación rige independientemente de la sede en la cual se interpuso la apelación, con lo cual no se presentan mayores inconvenientes.

IV.5. LA INTERPOSICIÓN DE LA APELACIÓN EN MATERIA DE HONORARIOS PROFESIONALES

El Código Arancelario de la Provincia de Córdoba (ley 9459), regula lo atinente al proceso o incidente regulatorio de honorarios. En tal contexto, dispone que los recursos ordinarios deben articularse de forma fundada dentro de los cinco días de notificada la resolución (art.121 ).

Sin embargo, cuando la impugnación se dirige a atacar también la imposición de costas, como esta forma parte de la condena principal, excede el ámbito de aplicación del art. 121 de la ley 9459 (17). En este sentido se expidió la Cámara de Familia de Primera Nominación, al resolver un recurso directo por denegación de una apelación dirigida a impugnar la condena sobre costas y la regulación de honorarios profesionales: .a los fines de verificar la tempestividad de la apelación corresponde remitirse al plazo previsto para la interposición del recurso de apelación fijado por el art. 144 de la Ley 10.305 en 10 días.

A mayor abundamiento, adviértase que el recurso de apelación quedará sujeto al art. 121 del CA en el caso de que la discusión sobre quién es el obligado al pago de los honorarios se haya suscitado en el marco del proceso regulatorio de aquellos estipendios profesionales (art. 108 inc. 3° de la Ley 9.459) (cfr. Ferrer, ob. cit. p. 323), hipótesis que no se da en autos, y por lo tanto el artículo bajo comentario no deviene aplicable (18).

Por lo tanto, deben aplicarse los plazos previstos por la ley procesal que regula la materia que se trate en el proceso (familia, niñez, violencia de género o violencia familiar).

V. DEL TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

Elevados los autos a la Cámara de Familia de Córdoba Capital, esta se avoca previo control de admisibilidad formal de la vía impugnativa. En los casos en que la apelación debe interponerse sin expresar agravios (art. 371 CPCC), la alzada correrá un traslado al apelante para que fundamente el recurso; posteriormente, se correrá traslado al apelado. Ahora bien, si según la ley aplicable el recurso debe interponerse de forma fundada, el traslado se correrá directamente al apelado. Finalmente, en los casos que por la naturaleza de la cuestión corresponda, se dará traslado al Asesor Letrado y al Ministerio Público Fiscal.Lo expresado rige con independencia del proceso de que se trate, a excepción de la apelación en materia de honorarios profesionales, cuyo trámite es distinto, como luego se analizará.

Sin embargo, y ante la aplicación de distintas normas supletorias en cada materia, resulta necesario realizar aclaraciones respecto al plazo por el cual debe correrse traslado, según la materia que se trate.

V.1. DEL TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA FAMILIAR

En materia de familia, en la ciudad de Córdoba el art. 146 del CPF establece que se «correrá traslado de la expresión de agravios a la contraria para que los conteste o en su caso adhiera al recurso, en el plazo de diez días». Cuando se trate de recursos provenientes de las demás sedes de la primera circunscripción, el plazo que posee el apelado para contestar el traslado también es de diez días (art. 372 CPCC).

Así, se advierte que, en ambos supuestos, tanto el apelante como el apelado tienen el mismo plazo para expresar y responder los agravios, respectivamente (diez días).

V.2. DEL TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR, VIOLENCIA DE GÉNERO, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Como ya se hizo referencia, en Córdoba Capital en materia de procesos de violencia familiar, violencia de género, y protección integral de la niñez y adolescencia, rige de manera supletoria el CPF. Por otro lado, cuando las causas provienen de las demás sedes de la primera circunscripción judicial, rige supletoriamente el CPCC. Conforme tales normas el plazo para evacuar el traslado de la apelación es de diez días (arts. 146 CPF y 372 CPCC). Sin embargo, se considera que resulta a todas luces injusto que como consecuencia de las remisiones normativas, en las materias bajo análisis, se utilice el plazo referido.Ello, por cuanto el tiempo para apelar y expresar agravios en dichas causas ha sido de tres o cinco días.

Las leyes 9283, 9944 y 10401, tienen un plazo más breve para apelar que el CPF o el CPCC, precisamente porque las cuestiones que suscitan su aplicación son sensibles y requieren de una solución urgente. Sostener la aplicación irrestricta de las normas remitidas, no solo violaría el principio de igualdad, sino también atentaría contra el principio de celeridad que debe regir en una materia tan sensible como son las cuestiones de violencia familiar, violencia de género, niñez y adolescencia. Hace a la propia esencia de estos procesos que el plazo para el traslado de la apelación sea igual de acotado. Ello permite abreviar todos los tiempos de tramitación de las resoluciones ante la Cámara y consolidar la tutela judicial efectiva en un plazo razonable. Lo expuesto, es coherente con el principio de economía procesal enunciado en el art. 15, apdo. 6° de la ley 10305 y con el apdo. 4° que enuncia que «en el proceso de familia los plazos son fatales», todo en pos de la celeridad en la resolución de las causas.

Así, con «un criterio de interpretación coherente con el sistema normativo» (19), es que corresponde afirmar que el traslado para expresar agravios o adherir al recurso de apelación en las acciones emanadas de las leyes 9283 y 10401 debe ser de tres días hábiles. En tanto que en relación a los juicios iniciados bajo la órbita de la ley 9944, el traslado al apelado debe ser por cinco días hábiles. Todo lo cual guarda una estricta relación con el plazo de interposición del recurso de apelación que cada norma prevé y así lo ha reconocido la práctica judicial.

V.3.DEL TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA DE HONORARIOS PROFESIONALES

Cuando se trate de recursos de apelación en procesos o incidentes regulatorios de honorarios, el traslado para contestar los agravios se concreta en primera instancia, y es por un plazo de cinco días (art. 121 ley 9459). Este supuesto no suscita mayores inconvenientes, ya que los plazos se encuentran regulados de manera clara y expresa por la norma. Resulta, entonces, que el término es el mismo, tanto para apelar como para contestar el recurso.

VI. REPOSICIÓN CON APELACIÓN EN SUBSIDIO

Como ya se expuso, el recurso de apelación deducido en contra de las resoluciones dictadas por los jueces de familia o de niñez, adolescencia, violencia familiar y género de la ciudad de Córdoba, debe int erponerse de forma fundada. Pero, corresponde dilucidar qué sucede cuando la apelación se interpone en subsidio de la reposición: ¿se deben expresar nuevos agravios, o los agravios deducidos al interponer la reposición son suficientes? Se advierte que en el interior no se presenta tal interrogante, ya que la apelación se interpone sin expresar agravios.

En este sentido, el CPF contiene un vacío legal al respecto, por lo que el Tribunal de alzada tuvo que expedirse sobre ello. Así, la Cámara Primera sostuvo que si no se corre un nuevo traslado al rechazar el recurso de reposición, «se afecta la simetría que debe reinar entre las posiciones de los involucrados ya que el apelado contará con diez días para contestar los perjuicios alegados por el apelante quien debería hacerlo sólo en tres días» (20) (ya que este último es el plazo para interponer la reposición). En igual sentido, la Cámara de Familia de Segunda Nominación en un caso similar resolvió bajar las actuaciones al Juzgado, con el siguiente fundamento: Surgiendo del presente cuerpo de copias que: a) se ha omitido correr traslado al apelante a los fines de que exprese agravios (art.144 de la Ley n° 10305) con relación al recurso de apelación incoado en subsidio, que fuera concedido (.); c) el trámite del recurso es de orden público y, por ende, no es susceptible de ser modificado por las partes ni por el a-quo (21).

Por ello, cuando un recurso de apelación en subsidio de la reposición, se concede sin un nuevo traslado, las Cámaras son unánimes al disponer la devolución de las actuaciones al Juzgado. Ello, a los fines de que corra traslado al apelante para que exprese agravios.

En consecuencia, en el caso de rechazo del recurso de reposición con apelación en subsidio, el Juzgado de Familia debe correr un nuevo traslado al apelante por diez días para que exprese agravios. Dicha solución, es coherente con el plazo establecido en las normas relativas a la apelación directa. En esta línea, también cabe destacar que como las leyes 9944, 9283 y 10401 tampoco tienen una regulación expresa al respecto, rige la misma jurisprudencia mencionada; pero se deben respetar los plazos para apelar establecidos en tales normas (tres o cinco días). Se destaca que este es el criterio seguido por las Cámaras de Familia de la ciudad de Córdoba. En este sentido, la Cámara Primera, al analizar una causa, resaltó que: se advierte que el art. 57 de la Ley 9.944 dispone que el recurso de apelación debe interponerse de manera fundada dentro de los cinco días de notificada la resolución que se pretende cuestionar. De las constancias de autos, surge que a fs. 132 vta. se concedió el recurso de apelación incoado en subsidio de la reposición y se elevaron las actuaciones. A fs. 149 este Tribunal de Alzada recibió la causa y dispuso bajarla a los fines de que se corra traslado al apelante para expresar agravios, atento el criterio sustentado en autos «G., R. c/M., G. K.- Medidas Urgentes – Recurso directo» (Auto N° 102, del 23/06/2016) (en igual sentido lo ha sostenido la Cámara de Familia de Segunda Nominación en «Cuerpo de Apelación en autos: C., M. N. c/ A., F. I. – Medidas urgentes -art. 21 inc. 4 Ley 7676»). En razón de ello, el juzgado interviniente corrió traslado a la apelante para que exprese agravios (22).

Finalmente, se reitera que en las causas que provienen de las demás sedes de la primera circunscripción se aplica supletoriamente el CPCC, por lo que la fundamentación del recurso se hará ante el Tribunal de alzada. Esto motiva que no haya necesidad de que en primera instancia se corra un nuevo traslado en caso de reposición con apelación subsidio.

VII. CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, se concluye que a los fines de identificar la norma procesal aplicable en materia de recursos de apelación que son resueltos por las Cámaras de Familia de la primera circunscripción de la provincia de Córdoba, debe distinguirse la sede en la que aquel se interpone. Si el juicio principal se inició en la ciudad de Córdoba, no caben dudas que la norma que se aplica de forma directa, para la tramitación de la apelación en materia de familia, es la ley 10305. A su vez, esta es la norma que se aplica de forma supletoria a las causas que tramiten en Capital, bajo el amparo de las leyes 9944, 9283 y 10401.

Sin embargo, si una acción de familia se tramitó en Río Segundo, Alta Gracia, Jesús María o Carlos Paz, se aplica de forma principal el CPCC, ya que la ley 10305 no rige en las demás sedes de la primera circunscripción (art. 1 CPF). Asimismo, en estas sedes, la norma de aplicación supletoria en materia de violencia familiar, violencia de género y protección de los NNA es el CPCC.Se aclara que se usa el término «supletoria», ya que las leyes 9944, 9283 y 10401 contienen algunas normas en materia recursiva, en especial relativas a los plazos que deben observarse para la interposición del recurso.

Además, cabe destacar que los principios imperantes en las materias determinan cierta particularidad en cada tipo de proceso; lo cual se refleja en la oportunidad de fundamentar el recurso de apelación como así también en el plazo en que se correrá traslado a la contraparte. Esto no surge de la aplicación irrestricta de las normas supletorias.

En síntesis, fue necesario abordar el estudio de las apelaciones que tramitan ante las Cámaras de Familia de la primera circunscripción judicial para realizar una interpretación sistemática de las normas que se aplican según la materia y la sede de la que provenga el recurso. El resultado al que se arribó fue la exposición de un panorama claro sobre cómo funciona la subsidiariedad de las leyes analizadas y cómo se aplican según la materia que se trate. El fin último fue abordar el tema como una análisis práctico y concreto, para los operadores jurídicos que se desempeñen en cualquier sede de la primera circunscripción judicial de la provincia de Córdoba en las materias aquí abordadas; en aras de que la impugnación de una resolución no sea declarada inadmisible, por incumplimiento de los requisitos de forma.

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(1) Se aclara que la ley 10305 resulta de aplicación en otras circunscripciones (conforme art. 1 , que remite a la ley 7675 y modificatorias), no obstante ello excede el estudio que se pretende abordar en el presente, centrado únicamente en la primera circunscripción de la provincia Córdoba.

(2) Ley 10305 – Art. 18 .- De las Cámaras y Jueces de Familia. La competencia de las Cámaras y Jueces de Familia comprende el territorio de la Circunscripción Judicial a que pertenezcan.Para su determinación se seguirán las reglas establecidas en las leyes sustantivas, la que será improrrogable.

(3) Ley 9944 – Art. 122 .- Continuidad. Hasta tanto se instrumente la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar en la Primera Circunscripción Judicial, así como los Juzgados de Niñez, Juventud y Violencia Familiar con competencia exclusiva y los Juzgados Penales Juveniles con competencia exclusiva en el interior provincial -con excepción de la primera circunscripción judicial-, las funciones que a aquella le asigna el art. 63 Ver Texto y la competencia en materia de violencia familiar a los demás juzgados conforme a la presente Ley, continuarán siendo ejercidas por los órganos jurisdiccionales que las desempeñen al momento de la sanción de este plexo legal

(4) Ley 10402 – Art. 9° .- Los tribunales que en el ámbito de la Provincia de Córdoba tienen competencia en materia de violencia familiar pasarán a tener también competencia en materia de violencia de género, en función de las modificaciones introducidas en la Ley N° 9283 y la adhesión a la Ley Nacional N° 26485 dispuesta por Ley N° 10352 .

(5) Ley 10305- Art.16 .- Los Tribunales de Familia conocen las siguientes causas: 1) Matrimonio: oposición a la celebración. Disenso y dispensa. Alimentos. Autorizaciones para disponer bienes. Nulidad. Separación judicial de bienes;2) Divorcio: efectos personales. Liquidación del régimen patrimonial del matrimonio. Compensaciones económicas; 3) Uniones convivenciales: efectos personales. Pactos. Compensaciones económicas; 4) Parentesco; 5) Filiación por naturaleza y por técnicas de reproducción humana asistida; 6) Adopción integradora y de personas mayores de edad, salvo que haya prevenido otro Tribunal; 7) Responsabilidad parental; 8) Tutela; 9) Sustracción y restitución internacional de menores de edad, y 10) Inscripción de documentación extranjera (actas de matrimonio y de nacimiento) y sentencias extranjeras relativas a la materia familiar.

(6) Ley 10305- Art.177 .- En todo lo que no esté expresamente previsto en esta Ley se aplicarán las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba y las leyes que los modifiquen o complementen.

(7) Ley 9283-Art. 34.- En todo lo que no esté previsto en la presente Ley, serán de aplicación subsidiaria el Código de Procedimiento Civil y Comercial, el Código de Procedimiento Penal y para la ciudad de Córdoba, la Ley de Fuero de Familia N° 7676 y sus modificatorias.

(8) Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales

(9) Ley 10401-Art. 25 .- Son de aplicación supletoria los regímenes procesales que correspondan, según los tipos y modalidades de violencia denunciados, debiendo ser aplicadas las normas del proceso más sumario previsto en cada ordenamiento, cuando no hubiera un procedimiento específico establecido y en todo lo que no se oponga a la presente Ley.

(10) Ley 9944-Art. 112 .- Leyes supletorias. En toda norma procedimental que la presente Ley no haya regulado expresamente se aplicarán en forma supletoria la Ley N° 5350 Ver Texto de Procedimiento Administrativo – T exto Ordenado por Ley N° 6658 Ver Texto – y la Ley N° 8465 Ver Texto -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba- para las cuestiones de índole proteccional y la Ley N° 8123 Ver Texto -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba- para las de índole penal.

(11) SIMIÁM, M. y OLOCCO DE OTTO C. (2020): Las vías recursivas en el marco de las leyes de niñez, violencia familiar y violencia de género de la provincia de Córdoba. Córdoba: Alveroni, p. 19.

(12) Ley 8465- ART. 354 .- Sólo podrá recurrir la parte que tuviere un interés directo.Los terceros afectados por una resolución, o por su ejecución, podrán recurrir en las mismas condiciones y plazos que las partes, contados desde que tomaron conocimiento del hecho.

(13) LLOVERAS, N., ORLANDI, O. y FARAONI, F. (2017): Código de Procedimiento de Familia de la Provincia de Córdoba. Comentado – Concordado. Tomo II. Córdoba, editorial Mediterránea.

(14) LOVERAS, ORLANDI y FARAONI, F, ob. cit, p. 37.

(15) Como se cita en LLOVERAS, ORLANDI y FARAONI, ob. cit., p. 42.

(16) En el apartado referido como «E- Actuación por ante las Cámaras de Apelaciones» – punto 2.

(17) FERRER, L. A. (2012): Código Arancelario comentado y anotado. Ley 9459. 2da ed., Córdoba, Alveroni Ediciones, p. 323

(18) Cámara de Familia de Primera Nom., en «M., C. G. C/ F., Y. A. – Medidas urgentes (art. 21, inc. 4°- Ley 7676) – Recurso directo art. 138 Ley 10.305», Auto n° 119, del 21/11/2019. En igual sentido, en «M., M. S. C/ L., R. A. – Juicio de alimentos – Recurso directo», Auto n° 125, del 28/11/2019.

(19) Cámara de Familia de Primera Nom. en los autos «D. F, M, B, – Recurso directo», Auto N° 17 del 08/03/2018.

(20) Cámara de Familia de Primera Nom. en «G., R. C/ M., G. K. – Medidas Urgentes – Recurso Directo», Auto n° 102, del 23/06/2016.

(21) Cámara de Familia de Segunda Nom., en «C., M. N. c/ A., F. I. – Medidas urgentes (art. 21 inc. 4 ley 7676)», decreto del 02/11/2016.

(22) Cámara de Familia de Primera Nom. en «G. C., C. – Control de legalidad – Cuerpo de copias – Recurso de apelación», Auto n° 41, del 24/04/2019.

(*) Abogada, UNC. Profesora en Ciencias Jurídicas, UNC. Maestranda, Maestría Derecho Procesal, UES21. Integrante del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

(**) Abogada, UNC. Escribana UES21. Profesora en Ciencias Jurídicas, UNC. Maestranda, Maestría Derecho Procesal, UES21. Integrante del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

(***) Abogada, UNC. Escribana UES21. Profesora en Ciencias Jurídicas, UNC. Maestranda, Maestría Derecho Procesal, UES21. Integrante del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

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