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#Fallos Muerte silenciosa: El locador, el consorcio de propietarios y el distribuidor de gas son responsables por el fallecimiento de la inquilina intoxicada con monóxido de carbono proveniente del calefón

Partes: C. L. A. y otros c/ Metrogas S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: K

Fecha: 22-jun-2021

Cita: MJ-JU-M-133013-AR | MJJ133013 | MJJ133013

Responsabilidad del locador, del consorcio de propietarios y del distribuidor de gas por el fallecimiento de la inquilina intoxicada con monóxido de carbono proveniente del calefón.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la demanda de daños contra el propietario de una unidad funcional por el fallecimiento de una inquilina a raíz de la intoxicación con monóxido de carbono, ya que es un hecho que la locadora arrendó el bien con un vicio oculto como ser la conexión antirreglamentaria de salida de gases del calefón, la inexistencia de la ventilación a cuatro vientos y la ausencia de las rejillas excluidoras de aire.

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2.-Debe admitirse la demanda de daños contra el consorcio, ya que si el edificio hubiera tenido las rejillas de ventilación y la terminación a cuatro vientos -aun cuando la unidad no hubiera tenido ventanas o puertas abiertas- no hubiera sido tal la concentración de monóxido de carbono que acabó con la vida de la inquilina, pues se trata de elementos que habrían aminorado los efectos de la contaminación; debe agregarse que, también han quedado demostradas las condiciones antirreglamentarias de artefactos instalados con el peligro existente, ya que -con posterioridad al hecho de marras- fue interrumpido el servicio de gas a fin de que se efectuara el reacomodamiento de las instalaciones de 25 unidades funcionales del edificio en cuestión, clausurando artefactos, así como la instalación de las rejillas de ventilación.

3.-La responsabilidad del distribuidor de gas es propia de su actividad y cometido; es decir, de la obligación de supervisión que resulta inherente a su labor, que le exige ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que el servicio se proporciona para evitar consecuencias dañosas.

4.-Quedó demostrado que la distribuidora de gas no realizó un prudente control de la forma en que el servicio era prestado, pues el calefón se encontraba instalado en el departamento desde hace muchos años sin la supervisión periódica que las circunstancias aconsejan, conforme al deber de seguridad que surge de los arts. 5 y 6 de la Ley 24.240.

5.-No resulta atendible la postura asumida por la distribuidora de gas, quien pretende desentenderse en absoluto de lo ocurrido en un departamento, cuando no adoptó -oportuna e inexcusablemente- medidas de prevención que la prudencia y previsión imponen en casos en los que suponen riesgos para la salud y/o integridad física de los usuarios.

6.-La responsabilidad objetiva aceptada modernamente adquiere aún más fuerza en el caso del locador, desde que éste asume un costo riesgo-beneficio proveniente de la renta del inmueble, por lo que no estando acreditado que fuera el locatario el responsable, no corresponde eximir de responsabilidad al locador; máxime, aun, en el caso donde también a él le correspondía la inspección del inmueble a los fines de asegurar, incluso previo a la contratación, el uso y goce del bien en buen estado.

7.-Existe una ineficacia de las cláusulas de exención de responsabilidad del locador, si los daños se generan en vicios o defectos de la cosa locada ante la existencia de una defectuosa y antirreglamentaria instalación del artefacto, atendiendo al deber de seguridad que concierne a la persona humana, ya que tratándose de cuestión de orden público, no es susceptible de pacto de exclusión de responsabilidad, sin que obste a esa responsabilidad, el tiempo que llevaba vigente, la locación.

8.-El fallecimiento de uno de los integrantes de la pareja, acarrea normalmente repercusiones económicas disvaliosas al sobreviniente, en razón de la privación de la asistencia que el occiso brindaba por vía de aportes dinerarios o bien, a través de algún otro género de esfuerzo mancomunado para el desenvolvimiento de la existencia.

9.-La solución del art. 1078 donde quien reclama es el concubino, es disvaliosa, pues priva de la indemnización a quien, en un nexo causal con el obrar ilícito imputado a los demandados, da muestras de la existencia de un menoscabo espiritual.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de junio de 2021, hallándose reunidos los Señores Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de dictar sentencia en los autos: «C., L. A. otros c/ METROGAS S.A. y otros s/ daños y perjuicios» y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden del sorteo de estudio, el Dr. Osvaldo Onofre Alvarez dijo:

I.- Vienen estos autos al Tribunal con motivo de las apelaciones interpuestas contra la sentencia de Primera Instancia dictada a fs. 1134/1157; expresando agravios los actores en la memoria de fs. 1249/1271, cuyo traslado fue contestado a fs. 1291/1300 por los coaccionados «Metrogas S.A.», «Mapfre Argentina Seguros S.A.» y «La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.», a fs. 1301/1304 (esp. fs. 1301/1303, punto II, respectivamente), por la codemandada Consorcio de Copropietarios Edificio de la calle Darregueyra Nº 2433 de CABA y a fs. 1276/1280 (esp. 1277/1279, punto III) por la firma «QBE Seguros La Buenos Aires S.A.» -actualmente, «Zurich Aseguradora Argentina S.A.»-.

La memoria de la codemandada M. S. G., se encuentra glosada a fs. 1235/1245. Se corrió traslado y respondieron «QBE Seguros La Buenos Aires S.A.» (actualmente, «Zurich Aseguradora Argentina S.A.») a fs. 1276/1280 (esp. fs. 1279 y vta., punto IV), a fs. 1281/1290 hizo lo propio la empresa «Metrogas S.A.», «Mapfre Argentina Seguros S.A.» y «La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.» y a fs. 1301/1304 (esp. 1303/1304, punto III) la contestación del Consorcio demandado. La señora Defensora Pública de Menores de Cámara contestó los agravios a fs. 1309/1313 vta., esp. fs. 1311 vta./1313, punto VI, respectivamente).

La señora Defensora Pública de Menores de Cámara expuso sus fundamentos a fs. 1309/1313 y fueron respondidos a fs. 1322/1324 por «QBE Seguros La Buenos Aires S.A.» (actualmente Zurich Aseguradora Argentina S.A.) y a fs.1325/1326 por «Metrogas S.A.», «Mapfre Argentina Seguros S.A.» y «La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.», respectivamente.

Finalmente, funda su recurso -contra la imposición de costas- la entidad «QBE Seguros La Buenos Aires S.A» (actualmente Zurich Aseguradora Argentina S.A.) en el escrito de fs. 1246/1247 vta. y contestó el traslado de la memoria la parte actora a fs. 1273 y vta.

El señor Fiscal de Cámara dictaminó el día 2 de diciembre de 2020.

II.- Antecedentes.

El señor L. A. C. -por sí y en representación de su hijo menor de edad L. J. C.- y la señora A. M. V. -madre de M. J. C.-, promueven la presente demanda de daños y perjuicios contra «Metrogas S.A.», la señora M. S. G. y el Consorcio de Propietarios de la calle Darregueyra Nº 2.433 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solicitan citar -en garantía- a «Mapfre Argentina Seguros S.A.» y a «La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.», con motivo del lamentable fallecimiento de la señora M. J.

C. -25 de junio del año 2009- ocurrido en el departamento alquilado a la coaccionada G., de la calle Darregueyra Nº 2.433, piso 1º, departamento «B» de esta ciudad, por intoxicación aguda de monóxido de carbono proveniente del calefón, por lo que pretenden una indemnización por valor vida, daño psíquico, daño moral y gastos terapéuticos (v. fs. 53/61 vta.).

La codemandada «Metrogas S.A.», señaló que no tiene responsabilidad en el hecho de autos, al no tener obligación de llevar a cabo constatación alguna en todo el edificio, por haber inspeccionado dos (2) departamentos de dicho solar en época anterior al infortunio y, puntualmente, jamás se solicitó la realización de ningún tipo de inspección en la vivienda donde se produjo el luctuoso hecho. Sostuvo que, tampoco, le corresponde responder por el simple hecho de ser un servicio público.Agregó que no hay obligación alguna que la empresa hubiera incumplido y que no existe relación entre su actividad y la ocurrencia de los sucesos que motivaron la contienda (v. fs. 96/114).

La codemandada Consorcio de Propietarios Edificio calle Darregueyra nº 2,433 de la Ciudad de Buenos Aires, dice que no debe responder como entidad individual frente a los hechos que son de órbita exclusiva de los copropietarios y que, su espectro de control, llega solo hasta la puerta de las unidades; cediendo su contralor y responsabilidad, cuyo alcance sólo se extiende hasta los objetos que se encuentren dentro de las denominadas cosas comunes (v.fs. 188/193).

La coaccionada M. S. G., manifiesta que no existió relación contractual con el señor C. y la señora V. y que -en casi seis años y medio que llevaban alquilando el inmueble a la señora M. J. C.- nunca existió reclamo respecto al estado de la instalación y/o mantenimiento del calefón. Agrega que nadie que obre con prudencia y responsabilidad, se baña en pleno invierno con el calorífero al máximo y con todas las ventanas cerradas del departamento. En lo relativo a la responsabilidad que se le imputa en los términos del art. 1113 del C.C., considera que el infortunio se produjo por culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (V. 253/276).

Las empresas -citadas en garantía- «Mapfre Argentina Seguros S.A.» y «La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.», por su parte y en cada caso, reconocen el contrato de seguro que las vincula con la codemandada «Metrogas S.A.».

Ambas invocan la existencia de una franquicia a cargo del asegurado de U$S 50.000 por cada acontecimiento y destacan que se trata de una póliza en co-seguro, existiendo participación de «Mapfre» en un 31,74 % y de «La Meridional» en un 68,26 % (v. fs. 138/140 y fs.158/160).

La aseguradora «HSBC La Buenos Aires Seguros S.A» (cambiando, luego, su denominación a la de «QBE Seguros La Buenos Aires S.A.» y -actualmente- a «Zurich Aseguradora Argentina S.A.»), reconoce la existencia de un contrato de seguro firmado con el consorcio coaccionado. Además, refiere que su asegurado incumplió con el deber que le impone el art. 46 de la Ley n° 17.418 y que -por ello- debe aplicarse lo establecido por el art. 47 de la referida norma. Además, invoca que la cobertura por responsabilidad civil excluía riesgos derivados del vicio de la cosa, motivo por el cual, considera que no debe responder por el caso de autos y -por otra parte- manifiesta que existía un límite de cobertura de $ 1.000.000.

III.- Sentencia.

El «a quo» rechazó la demanda promovida contra «Metrogas S.A.» y el Consorcio de Propietarios Edificio Darregueyra nº 2.433 de CABA y admitió -parcialmente- la pretensión interpuesta por los actores contra M. S. G., con fundamento en que existió -en el caso- culpa concurrente de los señores M. J. C. y L. A. C.; quienes en sus condiciones de locadores y ocupantes del inmueble alquilado (departamento «B» del piso 1º de la calle Darregueyra nº 2.433 de CABA) generaron la ruptura parcial del nexo causal con su conducta desaprensiva. En cuanto a la accionada G., dado el carácter de propietaria de la unidad donde se encontraba instalado el calefón defectuoso, consideró que no era posible eximirla de responsabilidad en virtud de lo dispuesto por el art. 1113 del C.C. y que -sobre ella- también pesaba el deber de la necesaria revisación de rutina del calefón, por lo que fijó como indemnización la suma de $. 456.000 a favor del coactor L. A. C.; la de $ 1.160.000 para el niño L. J. C. y $ 150.000, a favor de la coactora A. M.V.

Con respecto a la demanda interpuesta contra Metrogas S.A., el juzgador la desestimó argumentando que no se probó la fecha en que se consumó la instalación; si la misma fue clandestina, o no; cuál era la normativa vigente en ese momento, ni el profesional que intervino; no habiéndose demostrado -tampoco- que la empresa hubiese prestado el servicio en forma deficiente, por lo que ninguna responsabilidad -entiende- puede atribuírsele por el hecho de autos. Esta decisión alcanza a las aseguradoras «Mapfre Argentina Seguros Sociedad Anónima» y «La Meridional Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima».

En idéntico sentido, consideró que el Consorcio de Propietarios Edificio Darregueyra nº 2433, no debe responder por la instalación antirreglamentaria de un caldero, que desencadenó en la desdichada muerte de una inquilina por cuanto -ese obrar- se desplegó dentro de la unidad funcional de propiedad exclusiva de la señora G.

IV. Agravios.

Contra la decisión sobre la cuestión de fondo se alzan los actores, la Defensora Pública de Menores y la codemandada S. M. G.

Por otra parte, la firma «QBE Seguros La Buenos Aires S.A.» (actualmente «Zurich Aseguradora Argentina S.A.»), recurrió la imposición de costas.

La actora se agravia al considerar que el señor Juez a-quo ha violado el principio de congruencia, porque no se remitió a los hechos invocados por las partes y -mucho menos- los confrontó con la prueba producida y la valoración de la misma a la luz de la normativa aplicable. Agrega que no se ha analizado -de manera clara y precisa- el resultado de la pericia técnica elaborada por personal de la Policía Federal y de Bomberos, que se encuentran en la causa penal, desconociéndose -también- la que presentó el perito ingeniero Díaz, designado de oficio en estos actuados.

Sostiene que el infortunado fallecimiento de la señora C., fue resultado de una compleja y entrecruzada red de co-responsabilidades, de las que resulta absolutamente ajenos la víctima y el señor C.Entiende, bajo ese orden de miras, que la responsabilidad primaria recae sobre la propietaria y locadora del inmueble, debido a la antirreglamentaria instalación de los caños de evacuación de gases y la ausencia de rejilla de ventilación.

Por otra parte, pone de manifiesto que la responsabilidad del consorcio resulta absolutamente determinante, por considerar que los conductos de evacuación de gases se encontraban instalados de manera antirreglamentaria, al igual que la ausencia de las rejillas de ventilación. Sostiene que le cabe al ente consorcial la obligación y el deber de preservar al inmueble y a las personas de cualquier amenaza o peligro por lo que deberá responder conforme al factor objetivo de atribución de responsabilidad, por la omisión en el adecuado mantenimiento de la cosa común en los términos del art. 1113 del C.C.

En relación a la sociedad «Metrogas S.A.» -también- considera equivocado el razonamiento que llevó a cabo el sentenC.te, al sostener la teoría de la antirreglamentaria instalación del calefón, cuando aquí, de lo que se trata, es del incumplimiento de normas establecidas por el ente «Enargas» que se presumen conocidas por todos y que es la forma en que debe hacerse la cañería de evacuación de los gases del calefón hacia el exterior; que -en el caso que nos ocupa- no se cumplían.

Aduce que, de haber obrado la empresa con la prudencia debida se hubiera podido determinar la necesidad de rever y controlar la totalidad de las instalaciones del suministro de gas de -cada uno- de los departamentos; particularmente de la evacuación de gases que -en anteriores oportunidades- habían sido comprobadas.

Agrega que la firma «Metrogas S.A.» debió actuar en consecuencia y aplicar las medidas preventivas y no esperar a que la señora C. fallezca, para recién allí tomar conciencia de su grado de responsabilidad y proceder -como el reglamento lo indica- a cortar el suministro de gas y obligar a los propietarios de los departamentos a adecuar los mismos a las condiciones de uso preestablecidas.Sin embargo, nada de eso produjo y hoy pretende desligarse de su responsabilidad con mentiras y malicias que deberá evaluar y -en todo caso- aplicar sanciones correctivas en los términos del Código de Procedimientos Civil y Comercial.

Consideran -por otro lado- que los guarismos establecidos para L. A. C. y L. J.

C. por los rubros «valor vida», «daño moral» e «incapacidad psíquica», son exiguos. De igual modo, que -también- resulta escaso el importe que se fijó en favor de A. M. V. por el rubro «daño moral», requiriendo que sean incrementados.

La coaccionada M. S. G., se agravia de que se haya dispuesto que la propiedad se arrendó con un vicio oculto -como sería la conexión defectuosa del calefón- pues, no se tuvo en cuenta -señala- que el departamento estaba alquilado por la señora C. desde hacía ya seis años y medio y que en ninguna de las renovaciones contractuales, se le requirió la reparación o cambio del artefacto; habiéndose ocupado la locataria y su conviviente en arreglar el mismo, prescindiendo de la dueña del inmueble. Destaca que lo convenido por las partes en el contrato que suscribieron, era que la locataria estaba obligada a comunicar a la locadora de cualquier desperfecto, vicio o defecto en la construcción o elementos de lo arrendado, en el plazo de 24 hs. de producido, a efectos de facilitarle la inmediata solución de los mismos.

Agrega que la conducta de la señora C.y de su conviviente, contribuyeron a la producción del hecho -objeto de autos- por cuanto el departamento se encontraba herméticamente cerrado al momento del siniestro y que -además- le resulta llamativo que -con el prolongado tiempo que llevaban arrendando el inmueble- no hubiesen efectuado ninguna revisión o control de la instalación del calefón; máxime cuando el coactor hizo referencia a que -en algunas oportunidades- tanto él, como la señora C., habían sentido mareos y -sin mengua de no ser muy frecuente- no sabían porque sucedía eso, aunque lo relacionaban con cansancio. Todas las acciones detalladas y omisiones referidas, entiende que son suficientes para interrumpir el nexo causal -entre la culpa del dueño o guardián o el riesgo creado por la cosa peligrosa y el daño sufrido- habiendo sido el accidente ocasionado por la culpa de la víctima y por un tercero (señor C.), por quien el dueño no debe responder.

Le causa agravio, asimismo, que el señor Juez a-quo determinara que no se encuentra demostrado que la empresa «Metrogas S.A.» hubiese prestado el servicio de forma deficiente; razón por la cual desestimó la demanda impetrada en su contra.

Agrega que el fallecimiento de la señora C. pudo haberse evitado, si la empresa hubiera actuado con la prudencia y diligencia que le exige el orden jurídico y -en especial- las disposiciones que constituyen el marco normativo que regula la industria del gas.

Asimismo, se queja que se desestimó la demanda contra el Consorcio de Copropietarios del edificio. Menciona que el art. 2 de la ley n° 13.512, establece que los muros maestros y los divisorios, los patios, etc., son considerados cosas comunes y sobre el muro que divide el departamento de la señora G. con el patio o espacio denominado «aire/luz», se encontraba la salida del calefón que -según «Metrogas»- no cumplía con sus reglamentaciones.También sobre ese muro debía haberse construido la rejilla compensadora de ventilación que -conforme surge de las pericias realizadasimpidieron que el monóxido de carbono se evadiera hacia el exterior de la vivienda.

Expone que la ubicación del tubo de salida al exterior del calefón y de la rejilla de ventilación, determina que el consorcio -como propietario de las cosas comunes- haya asumido el carácter de guardián de aquélla, que ha sido entendido -entre otras posturas doctrinarias- como la persona que tiene de hecho, un poder efectivo de vigilancia, gobierno y contralor, sobre la cosa que ha resultado dañosa.

Por otro lado, se queja de que se haya reconocido al señor C. una partida indemnizatoria por «valor vida» -con fundamento en el art. 1745 del CCCN-; como así el reclamo que justipreció por «daño moral» -basándose en lo que dispone el código citado-, cuando esa norma no estaba vigente al momento de producirse el hecho.

Destaca, también, su desacuerdo con la imposición de costas. Arguye al respecto que, del modo en que fue decidida la sentencia, debieron imponerse 50 % a su parte en lo que refiere a las originadas a la representación letrada de los actores.

Por su parte, la señora Defensora Pública de Menores de Cámara, adhirió a los fundamentos vertidos por la actora y -además- consideró muy magros o escasos los importes indemnizatorios que le otorgaron al niño por los rubros «valor vida», «daño moral», «daño psicológico» y «gastos de tratamiento psicológico».

V. Atento la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (Ley 26.994 y su modificatoria Ley 27.077), de conformidad a lo previsto en su art.7 y teniendo en cuenta la fecha de los hechos ventilados en autos, es que resultan de aplicación al caso las normas del Código Civil de Vélez.

Sentado lo expuesto, me avocaré al tratamiento de los agravios esgrimidos, siendo para ello necesario el análisis de las pruebas rendidas.

Como consecuencia del hecho de autos, se inició la causa penal caratulada «Imputado: N. N. s/ muerte dudosa», Expte. Nº 34.269/2009, que tramitó por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 11, Secretaría Nº 133 de la Capital Federal, de la cual surge que, con fecha 26 de junio del año 2009 -el día posterior al del desdoroso deceso- se hizo presente en el departamento «B» del primer piso de la calle Darregueyra nº 2.433 de la C.A.B.A., personal idóneo de la empresa «Metrogas» (señor Roberto Alejandro Agüero) y de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina (Subinspectores Horacio Sánchez y Hugo Bernardi) y procedieron a realizar la prueba de medición de concentración de monóxido de carbono. Se encendió el calefón que había en el departamento y -en un lapso de unos 12 minutos- superó el rango del aparato de medición que -según los comentarios vertidos por los expertos allí presentes- son 1000 calorías por millón, aproximadamente. A raíz de ello, se concretó la clausura del inmueble, hasta que se proceda a reparar la instalación. Personal de la firma «Metrogas», procedió a realizar una prueba de hermeticidad para evaluar si existen perdidas en algún lugar de la cañería correspondiente al inmueble, arrojando resultado positivo (v. fs. 12/13).

La aludida empresa «Metrogas S.A.», al contestar el oficio librado por el Juez penal, mencionó que -en la visita al inmueble realizada personal de la empresa el día 26 de junio de 2009- se observaron las siguientes anomalías en el departamento:

Escape en cañería interna. Falta de rejillas compensadoras de aire en ambiente cocina.Calefón con conducto de evacuación de gases de combustión deficiente. Se realizaron pruebas con polvo fumígeno con rechazo y mediciones con detector de monóxido de carbono en el ambiente cocina, observando una concentración de 1000 ppm en 12 minutos y procedieron al corte de suministro y retiro de equipo de medición (confr. fs. 68).

El señor Fiscal le tomó declaración el día 28 de agosto de 2009, a L. A. C., quien manifestó que convivió con M. J. C. desde el año 2002 hasta el fallecimiento de esta última. Vivían en el departamento donde se produjo el hecho. Que firmaron tres contratos de locación: el primero en marzo de 2003 y el último en junio de 2008 (que les fueron exhibidos y se encuentran glosados a fs. 44/55). Cuenta que, durante el tiempo que ocuparon el inmueble, únicamente cambiaron la serpentina del calefón y que -en lo relativo a la instalación de gas- nunca tocaron nada. No tenía conocimiento cuándo se instaló el calefón, pero desde el momento que se hizo estaba mal y, durante el tiempo que estuvieron ocupando el bien, el artefacto siempre fue el mismo y funcionaba medianamente bien. Sostuvo que -en algunas oportunidades- tanto él como la señora C. se sintieron mareados, pero eso no era muy frecuente y no sabían porque sucedía; lo atribuían al cansancio laboral (confr. fs. 88/89 vta.).

Asimismo, el Departamento Técnico Investigativo -División Siniestros- de la Policía Federal Argentina, realizó informe técnico el día del hecho (25 de junio de 2009), presentándose en el departamento «B» del primer piso, ubicado en el edificio de la calle Darregueyra nº 2.433.De la inspección ocular de la vivienda -«in situ et de visu»- surge que -al comprobar el funcionamiento del calefón- pudo establecerse que la mayor parte de los gases producto de la combustión -entre los que se halla el monóxido de carbono (CO)- no se evacuaban correctamente, saturando el ambiente.

Como resultado de las mediciones efectuadas, se estableció que -con el artefacto en funcionamiento y en escasos trece (13) minutos- la concentración de este gas letal, superaba las 1000 PPM (partes por millón), rebasando el rango de medición del aparato. De la inspección del artefacto, se pudo apreciar que el mismo poseía un conducto de evacuación de gases al exterior antirreglamentario, por ser del tipo corrugado y sin salida a los cuatro vientos, rematando -inmediatamente- después de la pared, donde se encontraba amurado a un hueco de aire y luz. A la inspección ocular realizada del lado exterior, se observó que el conducto remataba al filo exterior de la pared, en forma horizontal y sin sombrerete. Sobre las causales que originan dichas concentraciones, las mismas se relacionan con la deficiencia en la instalación del conducto de evacuación de gases producto de la combustión al exterior. En virtud de las deficiencias halladas, solicitaron la presencia de personal de la empresa «Metrogas», a quienes pusieron al tanto de las observaciones practicadas a efectos de que tomen las medidas preventivas del caso (v. fs. 91/99).

El señor Juez penal, encomendó a la División Siniestros de la Policía Federal Argentina, que se realice otra pericia para cotejar el funcionamiento e instalación del calefón, determinando los puntos de pericia a responder (v. fs.158).

Se requirió al experto que responda «.si el calefón allí instalado presenta rasgos de haber sido reparado recientemente o bien, que le fuera sustituido algún caño u otro elemento que lo conforma.». Indicó el distro que «.con relación al interrogante, no se puede precisar técnicamente con exactitud la sustitución o reparación de algún elemento del artefacto calentador de agua (calefón) en cuestión, pero si se puede informar que, hipotéticamente, el calefón presenta características de haber sido colocado con cierta antigüedad en función de los depósitos de residuos de la cocina y estado de los materiales componentes.conforme lo mencionado en la respuesta a la pregunta anterior y lo descripto en el informe técnico oportunamente elevado, el calefón presentaba una conexión antirreglamentaria del conducto evacuador de gases de la combustión al exterior, no respetando los que establecen los reglamentos de la empresa «Metrogas» en cuanto a los siguientes puntos: SISTEMA CON CONDUCTO INDIVIDUAL PARA ARTEFACTOS CON CÁMARA ABIERTA. Los conductos deberán ser perfectamente lisos; poseyendo en este caso de material corrugado. Punto a) no cumple con lo establecido en cuanto que a la salida del calefón deberá instalarse un tramo vertical de 0.50 mts. como mínimo; siendo en este nulo el tramo vertical. Punto d) no cumple en cuanto se deberá, en lo posible, en caso de cambio de dirección colocar curvas de 45º o menores; siendo en este caso una curva de 90º. Punto f) la terminación del conducto (sombrerete) se llevará a la parte superior del edificio y a los cuatro vientos; apreciándose en este caso el remate inmediato a la pared donde se encontraba amurado el calefón, en forma horizontal. Punto g) en la terminación del conducto se colocará un sombrerete; encontrándose este ausente en el caso que nos ocupa.Por lo aquí expuesto se deduce que la instalación del conducto evacuador de gases de la combustión es deficiente en cuanto a los reglamentos existentes en la materia y en su funcionalidad, por lo que la deficiencia es atribuible a la instalación original de este artefacto y su conducto evacuador.de la puesta en funcionamiento realizada sobre el calefón, el mismo encendió sin dificultad, pudiéndose realizar la prueba sin inconvenientes.».

También se le pidió al experto que «.establezca la principal consecuencia de ingreso de monóxido de carbono al interior de la vivienda, en consonancia con las irregularidades advertidas en los peritajes anteriores; el estado de instalación de gas en ese departamento.». Respondió el profesional actuante que «.La principal consecuencia de ingreso de monóxido de carbono al interior de la vivienda corresponde con una instalación ineficiente del conducto evacuador de gases de la combustión.Además.se apreció la inexistencia de rejillas de ventilación en la cocina, no cumpliendo con los que se exige en los reglamentos.» (confr. fs. 167/171).

Se citó a prestar declaración testimonial al señor Roberto Alejandro Agüero, Asistente de Zona de la empresa «Metrogas» expresando, entre otras disquisiciones formalizada, que «. el día 25 de junio de 2009, a las 22:54 horas y a solicitud de personal de la División Comando Radioeléctrico de la Policía, junto con el resto de personal que se encontraba de guardia en la firma «Metrogas» concurrieron al departamento ubicado en el primer piso «B», de la calle Darregueyra nº 2433 de esta ciudad .tras encender el calefón y colocar el medidor por aproximadamente unos doce minutos, advertimos que dicho aparato se saturaba, es decir que el calefón eliminaba hacia dentro del departamento mucho monóxido de carbono.Lo que marca el aparato como máximo es mil partes por millón, siendo que lo normal que debe eliminar cada calefón es cero, es decir que a mi entender el calefón funcionaba mal.

Asimismo, pude advertir que en el departamento no había rejillas compensadoras, ya que por cada artefacto a gas debe haber una rejilla y en este ambiente no había ninguna. Por más que sean varios ambientes, si en uno de ellos hay artefactos a gas en el mismo debe haber al menos una rejilla por cada artefacto, mientras este no sea tiro balanceado. Pero el calefón de este departamento no era tiro balanceado.su labor no consistió en examinar al artefacto en sí, sino la instalación de gas. Pero a simple vista también pude advertir que el conducto del calefón no era el correspondiente, ya que no es el autorizado por «Metrogas.este calefón tenía un conducto corrugado y lo que indican las normas de «Metrogas», para la instalación del mismo, es que debe ser galvanizado. Luego de ello, se cerró todo el gas del departamento por procedimiento también del edificio y se mandó a chequear departamento por departamento.al no tener el conducto correspondiente y la falta de rejilla compensadora, el calefón se encontraba fuera de reglamento de «Metrogas» por lo que fue clausurado.que el otro artefacto a gas que había era la cocina, la que también carecía de la rejilla compensadora correspondiente.todas las instalaciones deben respetar las normas mínimas de seguridad impuestas por esa firma.este calefón no cumplía con esas normas ya que faltaban las rejillas y el conducto no era el adecuado. Que estas normas existen en «Metrogas» desde siempre.» (confr. fs. 194/195).

La autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación, arrojó como resultado que la infortunada muerte de M. J. C. fue producida por «intoxicación aguda por monóxido de carbono» (confr. fs.115/120).

Por resolución del día 23 de diciembre de 2010, se ordenó en la causa penal la reserva de las actuaciones para su posterior envío a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación (confr. fs. 272/274 vta.).

En estos actuados, se designó perito Ingeniero especialista en Seguridad e Higiene y presentó su dictamen respondiendo los puntos de pericia formulados por la coaccionada «QBE Seguros La Buenos Aires S.A.» (actualmente «Zurich Aseguradora Argentina S.A.»). Además de las conclusiones extraídas de su visita al lugar del hecho, consideró los informes técnicos realizados por los otros expertos que participaron en sede represiva.

El día 15 de mayo de 2015, realizó inspección ocular en el departamento donde sucedió el lamentable episodio, dónde también estuvieron el letrado de la parte actora, el administrador del consorcio y el encargado del edificio. Mencionó que «.a la fecha del siniestro y, en base a los datos de la causa penal, considero que el calefón funcionaba correctamente.(y) que el mismo no tenía desperfectos y/o perdidas.». El experto adjuntó en su presentación fotografías actualizadas al momento de hacerse presente en el lugar y al respecto manifestó que «.el calefón a gas instalado. luce como relativamente nuevo, marca Orbis y en la cocina se observa la existencia de una rejilla de ventilación de medidas aproximadas 0,18 x 0.18 m.se tiene en la actualidad un calefón nuevo, rejilla de ventilación, protección contra el viento y cañerías nuevas.». En cuanto a cómo era el estado de situación en 2009 -al momento del hecho- se remite al análisis que realizaron los expertos del Cuerpo de Bomberos, a fs.

91/104 de la causa penal.Expone que, a partir del 1 de marzo de 2000, todos los fabricantes de artefactos a gas, deberían producirlos y comercializarlos conteniendo un dispositivo control de atmósfera, cumpliendo con el objetivo de cortar el paso del gas cuando el nivel de oxígeno en el ambiente es bajo, y al respecto agregó «.como no se puede establecer la antigüedad del calefón origen del siniestro, no es determinable si respondía o no a la normativa al momento de su adquisición y de su instalación. conclusión: la instalación no respondía a las características seguras de funcionamiento por ello se produjo el infortunio. No hay evidencia acerca que el calefón hubiera sido intervenido para modificarlo impropiamente. Las inspecciones, indudablemente, no se llevaron a cabo, porque las deficiencias encontradas, luego del hecho son advertibles a simple vista.teniendo en cuenta lo explicado extensamente ut supra, no encuentro uso incorrecto del calefón como factor de producción del accidente, sino: a) incorrecta instalación, b) ausencia de dispositivo de seguridad que apagara el calefón ante el exceso de gases de combustión en el ambiente de la cocina (escasez de oxí geno) .» (v. fs. 765/772).

Se tiene entendido en la materia que, para evaluar un dictamen pericial, debe tenerse en cuenta la competencia del experto, los principios científicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y las demás pruebas y elementos de convicción que obran en la causa, todo lo cual configura el cuadro probatorio que habrá de ser tomado en cuenta al momento de decidir, conforme al artículo 476 del CPCC.

El Juez tiene amplia facultad para apreciar el contenido del dictamen pericial, si bien dicha prerrogativa no puede ser ejercida con discrecionalidad, toda vez que, para apartarse de las conclusiones allegadas, deben tenerse razones fundadas; siendo necesario que se aquilaten probanzas de similar o mayor rango técnico que desmerezca las conclusiones arrimadas en el peritaje -conf. CNCiv. Sala E, 26.11.2008, ar/jur/14658/2008.Idem, Sala F, 11.08.2014, ar/jur/44765/2014-.

Merece destacarse especialmente que, en este tipo de procesos, la prueba pericial deviene relevante. Considero que el informe del ingeniero Raúl Díaz presenta un análisis razonado y con conocimientos técnicos (conf. CNCiv, Sala D, en autos «Yapura, Gregoria Erminda c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. s/ daños y perjuicios» expíe. libre N° 77.257/ 98, del 8/10/02; id. «Fiorito, José L. c/ Petersen José y otro s/ daños y perjuicios» expte. libre N° 105.505/ 97, del 20/09/91), cuyas conclusiones no logran ser conmovidas por las manifestaciones formuladas por las aseguradoras en su presentación de fs. 833/835 vta.

Por otro lado, a fs. 566/591, se diligenció oficio a «Metrogas S.A.», solicitando informe sobre los antecedentes técnicos de su intervención en el edificio de la calle Darregueyra Nº 2433 de C.A.B.A., en los años 2001, 2005 y 2009.

Respecto al año 2001, expresó la empresa que «.el día 17/10/2001, con reclamo 2001/080457 se atendió llamado telefónico de quien dijo llamarse señor Ramos denunC.do escape en el departamento 4º «B». Una vez en el lugar se renovó el servicio de vereda. No se pudo rehabilitar el servicio renovado al edificio por verificar escape en la prolongación interna, por lo que se dejó el servicio de gas desconectado.se consigna la necesidad de dar intervención a gasista matriculado, realizar las reparaciones y solicitar inspección. El día 31/10/2001 se aprobó inspección solicitada por el matriculado, resultando al momento de la rehabilitación del servicio al edificio: con gas habilitado, todos aquellos departamentos donde sus instalaciones estaban en condiciones reglamentarias. Con gas clausurado, todos aquellos donde se verificó falta de estanquidad en la cañería interna y falta de rejillas compensadoras de aire. Unidades Planta Baja «A», «D»; 3º «A»; 4º «A» «C»; 5º «C»; 6º «A»; 8º «D». Con gas interrumpido y aviso de visita debajo puerta, aquéllas unidades donde el cliente se encontraba ausente. Unidades:1º «A» «B»; 2º «A»; 3º «A» «D»; 4º «D»; 5º «A» «D»; 9º «A» «B». Cabe aclarar que en todos aquellos donde quedó con el suministro de gas cerrado, el cliente debe dar intervención a gasista matriculado y realizar las reparaciones en caso de corresponder.».

Sobre las inspecciones del año 2005, dijeron que «.el día 08/02/2005 se realizó colocación de medidor en la calle Darregueyra 2433 3º «B» y en la inspección se clausuró artefacto cocina por falta de válvula de seguridad. El día 19/06/2005.calle Darregueyra 2433 4º «B» .verificó falta de estanqueidad en la conexión del artefacto cocina, se clausuró dicho artefacto».

Finalmente, en relación a la inspección posterior al fatal accidente, surge que «.el día 25/06/2009.se realizó inspección solicitada por personal de Policía Federal Argentina en la calle Darregueyra 2433 1º «B» C.A.B.A. En el lugar, se realizó una inspección y se verificaron las siguientes anomalías: Rechazó prueba de emisión de concentración de monóxido carbono además rechazó prueba con polvo fumígeno.

Calefón tiro natural instalación con caño corrugado.falta rejilla compensadora de aire, falta de estanqueidad en la cañería interna.Metrogas, en ese mismo acto, clausuró el suministro de gas, retiró medidor.se inspeccionaron los departamentos resultando: suministro de gas clausurado para verificar falta de estanqueidad en cañería interna, falta de rejillas compensadoras de aire, conducto de evacuación de gases con ventilación deficiente: BJSº «B» «C» «D»; 1º «A» «C» «D»; 2º «A»; 3º «A»; 3º «D»; 4º «C» «D»; 5º «B» «C» «D»; 6º «A» «B» «D»; 7º «A» «B» «C»; 8º «A»; 9º «A» «B» «C», Portería.el día 08/07/2009 se aprobó inspección solicitada por el matriculado.donde se informó que había realizado las reparaciones (sala de medidores y prolongación interna). A medida que cada cliente fue realizando las reparaciones de su unidad y el matriculado solicitando inspección a «Metrogas», se fueron habilitando los suministros de cada departamento.» (conf. fs. 566/594).

El día 22 de mayo de 2015, prestó declaración el testigo, Fidelino Acosta (registrada en CD, reservada en soporte magnético), manifestó que conocía al señor C., a su hijo y a la señora C., debido a que era encargado del edificio de la calle Darregueyra nº 2433 desde hacía 18 años. Dijo que, en el 2001, se hicieron arreglos en 16 departamentos, se cambiaron cañerías de gas desde la vereda hacia adentro del edificio y -a raíz de ello- se cortó el suministro en los departamentos «B», sector calefón y cocina, aunque en el departamento «B» del primer piso, no se hizo en esa oportunidad. En el resto de las unidades, se trabajó sobre cañerías de calefón, cocina y estufa; que las tareas fueron encargadas por el consorcio a la empresa privada «Pugliese». Explicitó que, en esa época, los matriculados eran los que habilitaban el gas y no sabe si -en dicha ocasión- los gasistas visitaron el departamento 1º «B».

Expuso que unos meses antes del incidente de autos, el señor C. le pidió si podían arreglar el calefón porque no le funcionaba y él le indicó que llamara a la propietaria para hacer el arreglo. A los pocos días, lo vio ingresar con un repuesto, al que primero llamó «camisa» después aclaró que era la «serpentina», pero no sabe si el calefón fue arreglado y -en su caso- quién lo hizo.

Relata el testigo que -el día del luctuoso hecho- a la una de la tarde, el hermano de la señora C.le tocó el timbre y él dicente se dirigió al departamento «C» del primer piso y -desde allí- observó que estaban las luces prendidas del primero «B» y vio que una de las hornallas de la cocina estaba encendida. Reseñó que el señor C. trabajaba y no salía todos los días, realizaba changas de electricidad y le consta porque lo veía ingresar con una caja de herramientas y traía materiales de electricidad, también por comentarios del propio C. Expuso que, luego del accidente, «Metrogas» exigió hacer el cambio de calefón, cocina y cañería de gas y lo sabe porque la administración tomó nota y mandaron a la gente que iba a hacer el trabajo, que no lo hizo «Pugliese». No recuerda a quién se encomendó. Agregó que el reemplazo de las cañerías de la cocina, se hizo porque hicieron las pruebas y encontraron pérdidas y se hicieron controles en todos los departamentos. El trabajo fue encargado por el consorcio, pero había propietarios que lo pagaban particular, pero pasaban después la boleta al consorcio. Manifestó que en la cocina se añadieron las rejillas de ventilación y que la orden para ejecutar los trabajos la dio el administrador del consorcio, se hicieron arreglos en varios departamentos para poder restituir el servicio de gas.Las rejillas de ventilación se instalaron en todos los departamentos «A», «B», «C» y «D». En relación a la reparación del año 2001, dijo que esa obra se hizo porque el administrador mandó a la empresa «Pugliese» a revisar la cañería de gas y encontraron la pérdida del troncal desde la calle y no sabe si se le dio aviso a «Metrogas».

De las consideraciones formuladas por los expertos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del perito ingeniero designado de oficio en estos autos, se infiere que la presencia de monóxido de carbono en el departamento del piso 1º «B», fue a consecuencia de la deficiente evacuación de gases del calefón, que se liberó hacia el interior del ambiente por poseer un conducto antirreglamentario y – por ello- se dispersaron al interior de la unidad, complementado esa anomalía con la ausencia de terminación del conducto a los cuatro vientos y el lugar de ubicación de la salida al exterior del calefón. Específicamente, refirieron los profesionales que no se había respetado lo que establecen los reglamentos de la empresa «Metrogas» respecto de que los conductos de evacuación de gases debían ser perfectamente lisos y -en el calefón de que se trata- se utilizó uno de material corrugado; que debía instalarse un tramo vertical de 0.50 mts. -como mínimo- y -en el caso- directamente no existía; que en el supuesto de cambio de dirección (de la cañería) tenían que colocar curvas de 45º o menores, pero la que se encontraba en la instalación era una curva de 90º y la terminación del conducto (sombrerete) debía llevarse a la parte superior del edificio y a los cuatro vientos.Sin embargo, se apreciaba el remate en forma horizontal, inmediata a la pared donde se encontraba amurado el calefón y sin existencia de sombrerete.

Todos los idóneos estuvieron contestes en destacar la ausencia de la rejilla compensadora de aire -que resultaba de instalación obligatoria- como elemento de seguridad.

Por otra parte, se probó que el funcionamiento del calefón no era deficiente al momento de realizar las pericias técnicas. Por el contrario, la falla no se produce por mal funcionamiento del artefacto y que no se pudo demostrar la sustitución o reparación de algún elemento del artefacto calentador de agua.

Además, quedó demostrada la presencia de personal de la empresa «Metrogas S.A.» en dos oportunidades con anterioridad al siniestro (años 2001 y 20 05) y -particularmente- en la primera de las visitas al edificio se pudo constatar la anomalía en lo que refiere al faltante de rejillas excluidoras de gases en la mayoría de las unidades funcionales.

Discrepo con el señor juez a-quo respecto a la culpa de la víctima y/o del ocupante del departamento, a quienes se les endilga responsabilidad por su condición de guardianes de la cosa (calefón) en base al análisis que, seguidamente, se expone.

V. a) La atribuida responsabilidad concurrente a la locadora y locatario (ocupante).

Inicialmente, he de señalar que, si bien el art. 1113 del Código Civil, se ubica bajo el título de la responsabilidad por hechos ilícitos, se trata de una responsabilidad objetiva que -hoy en día- también se extiende al ámbito contractual donde pueden influir, tanto la creación del riesgo como el provecho que se obtiene de su actividad (conf. Alterini-Ameal-López Cabana, «Derecho de obligaciones», apartados 476 y 476 bis). Es que, modernamente, el derecho extiende la responsabilidad objetiva a favor de la víctima en procura de una inmarcesible función de justicia.

Esa responsabilidad objetiva es extendida a la codemandada G. -en su calidad de titular del dominio del inmueble- en tanto el «animus domini» ya -de por sí- origina responsabilidad.A más que, ya se trate de vicios de construcción como de mantenimiento, la responsabilidad recae sobre el locador; tanto por su obligación en mantener la cosa en buen estado, como por el hecho de ser propietario del inmueble constreñido por el exigente débito impuesto por el art. 1.515 del Código Civil con los alcances que precisa el art. 1.516 de ese mismo ordenamiento legal (conf. CNCiv., Sala F, Sarso, Angel Víctor y otro c/ Morrison, Gregorio y otros s/ daños y perjuicios», del 30.12.1999, elDial AE1387; esta Sala «Green, Nicolás y otros c/Colle, Alicia Catalina s/daños y perjuicios» del 13.04.2007).

La circunstancia de la transferencia de la guarda de los objetos que se encuentran instalados en el bien hacia el locatario es discutida en doctrina. Considero que desplazar la responsabilidad hacia el guardador de una cosa, implicaría que no tuviera sentido el vocablo «dueño» -expresamente contemplado en el art. 1113 del C.C.- que utiliza ambas palabras y que no significa la exclusión de una u otra calidad para ser responsable. Asimismo, es guardián la persona que tiene de hecho un poder efectivo de vigilancia, gobierno y contralor sobre la cosa que ha resultado dañosa (Llambìas, J.J. «Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T. IX-A, Nº 2585) y -tal circunstancia- no se configura sólo por ser tenedor material sino -también- por el hecho de poseer un poder fáctico de vigilancia, gobierno y control, así como un ejercicio autónomo de ese poder (conf. C.Civ.Com. Fed, Sala 2, «Martínez, Miguel Angel c/Estado Nacional – Ministerio del Interior policía Federal y otro s/ daños y perjuicios», 14.04.1999, Expte. N° 4207/94).

La Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, ha señalado que se admite una doble línea de legitimados pasivos en relación al concepto de guardián de la cosa:aquellas que tienen la dirección de hecho y los que reciben el beneficio económico (citado por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Sala Casación, Sentencia del 23 de septiembre de 1999). Es notorio, entonces, que no es el locatario y demás ocupantes del inmueble locado, quienes poseen todas estas calidades para revestir la entidad de guardián. Y aún, cuando resulte cuestionable el tratamiento de la guarda, ello no impide responsabilizar contractualmente al locador, a tenor de lo normado por los arts. 1514, sgtes. y ccs. del Código Civil).

La responsabilidad objetiva aceptada modernamente adquiere aún más fuerza en el caso del locador, desde que éste asume un costo riesgo-beneficio proveniente de la renta del inmueble, por lo que no estando acreditado que fuera el locatario el responsable, no corresponde eximir de responsabilidad al locador; máxime, aun, en el caso donde también a él le correspondía la inspección del inmueble a los fines de asegurar, incluso previo a la contratación, el uso y goce del bien en buen estado.

En definitiva, la responsabilidad de la locadora proviene tanto de lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil, como en lo precedentemente apuntado, encontrando -también- fundamento en la responsabilidad típica contractual.

Ello no significa imponerle condiciones extraordinarias al propietario del bien, ya que la revisión -no sólo es un derecho sino también un deber-; la que -por otro lado- no consta que fue impedida, ni que hiciera uso de ella la arrendadora.

Asimismo, se ha de señalar que, la obligación de conservar la cosa en buen estado, impuesta por los arts. 1514, 1515, 1516 1517 y cctes. del C.C, comprende no sólo las partes privativas, sino que -de igual modo- se extiende y engloba a las comunes, a fin de asegurar el uso y goce del bien.Ello no obsta a la existencia de una cláusula en el contrato de locación, por la cual la locataria se encuentre obligada a comunicar a la locadora cualquier desperfecto, vicio, defecto en la construcción o elemento de lo arrendado en el plazo de 24 horas de producido, a efectos de facilitarle la inmediata solución de los mismos (v. cláusula octava, fs. 34), ya que ello no es suficiente para eximir de responsabilidad al locador frente a los daños derivados de la cosa, en función de la interpretación de dicha cláusula ,de conformidad con el principio de la buena fe. De allí, entonces, que no cabe concluir que haya implicado una suerte de reconocimiento del perfecto estado del inmueble y de sus accesorios que prima sobre la existencia de vicios que no son de fácil ubicación.

Existe una ineficacia de las cláusulas de exención de responsabilidad del locador, si los daños se generan en vicios o defectos de la cosa locada -tal como se da en el caso- ante la existencia de una defectuosa y antirreglamentaria instalación del artefacto, atendiendo al deber de seguridad que concierne a la persona humana, ya que tratándose de cuestión de orden público, no es susceptible de pacto de exclusión de responsabilidad, sin que obste a esa responsabilidad, el tiempo que llevaba vigente , la locación.

Es así -por ende- que, tanto por la responsabilidad objetiva mencionada, cuanto por el deber de seguridad que engendra el principio de buena fe consagrado por el art.

1.198 del C.C., más lo dispuesto por los artículos mencionados del Código Civil y -específicamente- su parigual 1.525 que se extiende a los vicios o defectos de la cosa dada en locación -aunque no se hubieran conocido-, el propietario locador de la unidad resulta responsable del hecho de autos; si bien en la medida que, analizada la que pudiera corresponder a los otros codemandados, más abajo se determinará.

Es un hecho que la locadora arrendó el bien con un vicio oculto como ser laconexión antirreglamentaria de salida de gases del calefón, la inexistencia de la ventilación a cuatro vientos y la ausencia de las rejillas excluidoras de aire que -según la declaración del señor Agüero, empleado de «Metrogas» debía haber una por cada artefacto de gas-, sin siquiera acreditar la oportuna revisación del artefacto antes de alquilarlo, sino más bien todo lo contrario. Por ello, los agravios se han de admitir, respondiendo la señora G. por el total de las sumas que más abajo se cuantifican.

V. b) La responsabilidad que atribuyen los actores al consorcio.

La responsabilidad entre coaccionantes y el Consorcio de Propietarios, es extracontractual, enmarcándose, conforme a los hechos narrados por ambas partes, en la llamada responsabilidad objetiva que ya ha sido descripta.

Los sistemas de ventilación de calefones deben considerarse como elementos de propiedad común, en forma similar a las cañerías montantes y cloacales, aunque su trayectoria podrá estar en partes propias; más aún en este caso, pues en el Reglamento de Copropiedad, se establece que son sectores o cosas de propiedad común, entre otros, «.los patios, calderas, chimeneas y/o conductos de ventilación, aire y luz.» (v. fs. 609/655, esp. fs. 625).

Así, si el edificio hubiera tenido las condiciones que indicaron los peritos, como las rejillas de ventilación y la terminación a cuatro vientos -aun cuando la unidad no hubiera tenido ventanas o puertas abiertas- no hubiera sido tal la concentración de monóxido de carbono, pues se trata de elementos que habrían aminorado los efectos de la contaminación.

Por cierto, también han quedado demostradas las condiciones antirreglamentarias de artefactos instalados con el peligro existente, ya que -con posterioridad al hecho de marras- fue interrumpido el servicio de gas a fin de que se efectuara el reacomodamiento de las instalaciones de 25 unidades funcionales del edificio en cuestión, clausurando artefactos (cocinas, estufas y calefones, según el caso), así como -también- la instalación de las rejillas de ventilación (confr. fs.566/594).

No tengo dudas que la correcta evacuación de gases al exterior y el cumplimiento de las normas reglamentarias para la ventilación adecuada, hace al debido mantenimiento y seguridad de quienes ocupan el edificio. Es sabido que los conductos de ventilación -cuando poseen un sistema de coronamiento a los cuatro vientos, en su punto más elevado- producen un efecto de succión que favorece el ascenso y evacuación de gases y olores. Por ello -en definitiva- el Consorcio ha incumplido con las normas que podrían haber evitado hechos tan desdichados como el ocurrido.

Entonces, la deficiente evacuación de gases de la combustión y falta de rejillas reglamentarias de ventilación, actuaron -también- como causa, al consumir el oxígeno del departamento, con la presencia de monóxido de carbono (Sup. Corte Just. Mendoza, Sala 1ª, 28.08.2007, «Sura, Agustín y otro v. Zambudio, José A. y otro» , JA 2008-I-727).

Entiendo así, que cabe -de igual modo- responsabilizar al ente consorcial en el caso de autos, atendiendo -como q uedó dicho- a las deficiencias expuestas, que actuaron como factores que contribuyeron al fatal desenlace que terminó con la vida de la señora C. V. c) La responsabilidad de «Metrogas S.A.».

En lo que respecta a la codemandada «Metrogas S.A.» su responsabilidad es propia de su actividad y cometido; es decir, de la obligación de supervisión que resulta inherente a su labor, que le exige ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que el servicio se proporciona para evitar consecuencias dañosas (conf. CNCiv. y Com. Fed., sala III, octubre 11-1995, «Pandullo, Jorge Antonio y otro c/ Gas del Estado Sociedad del Estado s/ respons.por daños») En la especie, quedo demostrado que la codemandada «Metrogas S.A.», no realizó un prudente control de la forma en que el servicio era prestado, pues el calefón se encontraba instalado en el departamento desde hace muchos años – conforme lo establecieron las pericias en forma coincidente- sin la supervisión periódica que las circunstancias aconsejan, conforme al deber de seguridad que surge de los arts. 5 y 6 de la Ley 24.240.

Asimismo, el art. 25 de dicho ordenamiento, reformado por la Ley n° 26.361, especifica -claramente- la información que las empresas prestadoras de servicios públicos deben suministrar a los usuarios, remarcando lo atinente a las condiciones de la prestación; en tanto el art. 28 -puntualmente- consagra la obligación de informar respecto a las condiciones de seguridad de las instalaciones y de los artefactos.

Cierto es que tuvo que ocurrir un infausto hecho fatal, para que la codemandada «Metrogas S.A.» realizara -el día posterior (26.06.2009)- la inspección y clausura del servicio de gas en varias de las unidades funcionales del Consorcio, aquí, codemandado (confr. fs. 566/594).

En virtud de lo expuesto, no resulta atendible la postura asumida por «Metrogas S.A.», quien pretende desentenderse en absoluto de lo ocurrido en el departamento de la calle Darregueyra nº 2.433, piso 1º «B» de CABA, cuando no adoptó -oportuna e inexcusablemente- medidas de prevención que la prudencia y previsión imponen en casos en los que suponen riesgos para la salud y/o integridad física de los usuarios.

Nótese que, a juzgar por la propia información que suministró la empresa, en el año 2001 estaba en conocimiento de que -en muchas de las unidades funcionales- no existían rejillas compensadoras de aire.En esa oportunidad, se interrumpió el suministro del departamento del piso 1º «B» debido a encontrarse ausente el cliente el día de la inspección y -evidentemente- el servicio se restituyó, sin que la omisión de la o las rejillas correspondientes se encontraran instaladas; prueba de ello es que, en el año 2009, esa irregularidad aún persistía (v. 566/594).

A ello se suma el provecho económico que la firma prestataria «Metrogas S.A.» obtiene con la comercialización del suministro; por lo que, en consecuencia, le incumbe la responsabilidad por el hecho de autos por no haber ejercido un debido control y vigilancia para que el mismo se preste en forma de no dañar a terceros. Por ello, los agravios articulados por los actores al respecto, deben ser admitidos.

VI. Planteos de las aseguradoras «La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.», «Mapfre Argentina Seguros» y «Zurich Aseguradora Argentina S.A. «(antes «HSBC La Buenos Aires Seguros S.A.» y QBE Seguros La Buenos Aires S.A.).

La aseguradora «Zurich Aseguradora Argentina S.A.», refiere que, conforme lo establece el art. 46 de la Ley 17.418, era deber del tomador del seguro (en el caso el Consorcio del Edificio Darregueyra nº 2433) «.comunicar al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los tres días de conocerlo.» y -como ello no habría ocurrido- correspondía aplicar la pauta del art. 47 de la citada norma que reza, «El asegurado pierde el derecho a ser indemnizado en el supuesto de incumplimiento de la carga prevista en el párrafo 1º, del art. 46.».

Si bien para acreditar que la denuncia del siniestro no se encontraba registrada en los libros de la compañía, la interesada ofreció pericial contable, lo cierto es que la misma no se produjo. Por tal motivo, no encontrándose debidamente probado el extremo invocado, se infiere que -estando en conocimiento del hecho acaecido- la compañía no se expidió en el tiempo estipulado en el art.56 de la ley respecto del derecho de su asegurado, importando ello aceptación.

Por otra parte, sostuvo que en el contrato de seguro suscripto con el consorcio el compromiso era dar cobertura, entre otras, a la responsabilidad civil, con excepción de que los riesgos deriven del vicio de la cosa, argumentando que quedaban exceptuados de responder, pues, los daños que aquí se reclaman, serían consecuencia de un vicio propio de la cosa.

Tal como fuera señalado, la citada en garantía no rechazó el siniestro dentro del término de 30 días previstos por el art. 56 de la ley n° 17.418, importando ello aceptación.

La sola omisión de la aseguradora de pronunciarse de acuerdo con la norma mencionada, resulta -por sí sola- relevante como productora de efectos jurídicos, pues la norma impone una obligación legal de explicarse en los términos del art. 919 del Código Civil (conf. Sala C, «Londrina S.A c/ Ruta Coop. Arg de Seguros Lda. 13/6/89).

No distingue entre cláusulas de caducidad y de exclusión; señala, simplemente, que el asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado, cuál es una verdadera carga en su propio interés; pues -sino lo hace- su incumplimiento, su silencio, le trae aparejado consecuencias perjudiciales. En el caso, la aceptación del siniestro.

Por otra parte, corresponde señalar que el contrato de seguro tiene por objeto la cobertura de un riesgo asegurable; lo que al tiempo del perfeccionamiento del contrato las partes (asegurado y asegurador) consideran es la hipótesis de realización de éste (siniestro). Es en virtud del aludido riesgo, que éstas acuerdan que -mediante el pago de una prima o cotización a cargo del afianzado- el asegurador elimine las consecuencias derivadas de la eventualidad en la realización del siniestro, comprometiéndose, en ese caso, a resarcirle el daño o a cumplir la prestación acordada. (conf.Stiglitz, Rubén «Derecho de Seguros», T I, Editorial La Ley, p 238). No puede desconocerse el fin social fundamental del seguro, como lo es el permitir a terceros damnificados obtener el merecido resarcimiento de los perjuicios sufridos en concordancia con una tendencia -cada vez- más firme en el moderno derecho de daños, consistente en proteger a la víctima procurando que el daño injustamente causado sea debidamente reparado (conf. esta Sala, «Speso c/ Autopista del Sol SA» del 13.12.2006, entre otros).

En este sentido, debe interpretarse lo convenido por las partes respecto del objeto asegurado en los términos del art. 1.198 del Código Civil, en cuanto dispone que «Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender.».

Asimismo, debemos recordar que los contratos -como regla general- no pueden perjudicar a terceros. Tampoco pueden oponérseles ni ser invocados por ellos (art. 1195 y art. 1199 del Código Civil). Ergo, el contrato rige la relación jurídica entre los contratantes, excluyendo a los terceros:»res inter alios acta». En tal línea argumental, dado que la cobertura por responsabilidad civil se perfecciona entre asegurado y aseguradora y siendo el damnificado un tercero ajeno a esta relación, la pretendida exclusión de cobertura resulta inoponible al tercero damnificado.

Todo ello sin perjuicio, claro está, de las acciones que -eventualmente-, pudieran corresponder entre los litisconsortes contratantes.

Respecto de las franquicias a cargo del asegurado «Metrogas S.A.», que invocan «La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.»; «Mapfre Argentina Seguros»; como así -también- el límite de cobertura opuesto por la firma «Zurich Aseguradora Argentina S.A.», cabe señalar que ello -de igual modo y alcance- resulta inoponible a la víctima (tercero damnificado).

Tal criterio se impone en orden a la función social del seguro de responsabilidad civil, como instituto adecuado a la idea solidarista que se fundamenta en el resguardo a la víctima y la reparación del daño injustamente padecido.

Lo contrario, importaría la desnaturalización de la función del contrato de seguro, considerado como una relación de consumo contemplada por el art. 42 de la CN y normas concordantes, ley n° 24.240 y sus modificatorias. No solo por no contemplar los derechos del asegurado -en procura de su indemnidad- sino primordialmente, por verse afectados los intereses de los damnificados; desvaneciéndose la garantía de una efectiva percepción de la indemnización por daños (Conf. CNCiv., en pleno, del 13.12.2006, «Obarrio, M. Pía v. Micrómnibus Norte S.A.»).

Más allá que lo convenido entre los contratantes de las pólizas, es para el damnificado -como ya se dijo-,» res inter alios acta» y -por lo tanto- no puede perjudicarlo, el seguro de responsabilidad civil no tiene como propósito solo defender al asegurado evitándole una grave pérdida económica, sino resguardar a la víctima el resarcimiento rápido e integral.

A mayor abundamiento se reitera que lo expuesto lo es.sin perjuicio del derecho de reintegro o repetición por parte de la aseguradora frente al asegurado.

Por las consideraciones vertidas, es dable concluir que la condena se hace extensiva a las empresas aseguradoras «La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.»; «Mapfre Argentina Seguros» y «Zurich Aseguradora Argentina S.A.» (antes «HSBC La Buenos Aires Seguros S.A.» y «QBE Seguros La Buenos Aires S.A.»), desestimándose las defensas interpuestas.

VII. Se analizará, seguidamente, la procedencia y/o cuantía pecuniaria respecto de los rubros indemnizatorios reclamados.

He de advertir, a los fines de la estimación de los montos resarcitorios, que en la demanda las sumas peticionadas fueron supeditadas a «.lo que en más o en menos surja de las probanzas en autos.» (conf. fs. 61 y vta.).

A.- Valor vida.

La supresión de una vida, más allá del desgarramiento en el mundo afectivo que puede producir, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental y, lo que se mide en signos económicos, no es la vida misma, sino la incidencia que sobre otros patrimonios produce la brusca interrupción de una actividad creadora y productora de bienes, porque ese detrimento es el que configura el daño resarcible, a la luz de lo dispuesto en los art. 1068, 1069, 1077, 1083 y ccs.del Código Civil.

En este sentido, el objeto de este reclamo, no es por lo tanto la vida en sí misma, ya que ella es irrecuperable; la pretensión no se ejercita «iure hereditatis», sino propio por parte de los damnificados y es -sobre éstos y sus necesidades- en quienes el derecho de daños se fija a fin de resarcirlos, conformando un bien patrimonial constituido por los perjuicios y efectos que se proyectan en el futuro económico de los reclamantes, a causa de la irrevocable y definitiva pérdida sufrida.

En relación a la legitimación de los convivientes para reclamar la indemnización del daño patrimonial ocasionado por la muerte de uno de ellos como consecuencia de un hecho ilícito, en tanto no medie impedimento de ligamen, ha sido reconocida por plenario del fuero in re «Fernández, M. Cristina y otro c/ El Puente SAT y otros s/ daños y perjuicios», de fecha 4 de abril de 1995.

En el caso, el señor L. A. C., demostró su relación convivencial con la señora M. J. C., desde el año 2002 hasta el 25 de junio de 2009 (v. fs. 37) y que tuvieron un hijo -L. J. C. (conf. partida de nacimiento, fs. 38)-en representación del cual, también, reclama.

De tal manera, el accionante se encuentra legitimado como damnificado indirecto, con base legal para su reclamo en los términos del art. 1079 del Código Civil.

Se trata aquí de la lesión a un simple interés, donde la certidumbre del daño debe juzgarse en función de circunstancias fácticas y no de una valoración jurídicamente protegida que depende estrictamente de pautas normativas («Mena, Clementina c/ Varese, Gabriel M.y/o propietario y otro s/ Daños y Perjuicios» – CC0002 – SM 49909 RSD-336-1 S – 25-9-2001, elDial – W15739).

Así, el fallecimiento de uno de los integrantes de la pareja, acarrea normalmente repercusiones económicas disvaliosas al sobreviniente, en razón de la privación de la asistencia que el occiso brindaba por vía de aportes dinerarios o bien, a través de algún otro género de esfuerzo mancomunado para el desenvolvimiento de la existencia (Zavala de González «Resarcimiento de daños», 2b. Daños a la persona, p. 397).

A fin de determinar su cuantificación, cuadra considerar: las circunstancias particulares de quien falleció, edad, probabilidad de vida útil, su educación, profesión u oficio, caudal de ingresos a la época del deceso -si los hubiere-, su probabilidad de progreso, aptitudes para el trabajo, nivel de vida y condición social; como la ayuda que los reclamantes recibían de la occisa. La apreciación de todos estos factores, queda sujeta al prudente arbitrio judicial (esta Sala Exptes. N° 80.109/95; 93.833/05, entre otros; CNCiv. Sala C, 18/6/79-LL-C-545; CNCiv. Sala E, 7/12/87, LL, 1988, LL, 1988-C- 107; CNCiv., Sala F, 16/5/85, LL, 1985-E-237; CNCiv. Sala G, 8/7/83, ED: 10 6-125).

En dicha inteligencia, debe ponderarse que la señora C. -a la data del trágico siniestro- tenía 30 años, estaba cursando la carrera terciaria de Profesorado de Nivel Inicial en el Instituto San Ambrosio, donde ingresó como alumna regular en el año 2008 hasta su fallecimiento (v. fs. 737/738).

Conforme la declaración testimonial de Denise Curiotto (del 22 de mayo de 2015, registrada en CD y reservada en soporte magnético), quien dijo ser amiga de la señora A. M. V. -si bien no amiga íntima- expuso que la fallecida trabajaba en una empresa de telefonía y lo sabía porque ella le había comentado su actividad y -además- estudiaba.Que la veía con bastante asiduidad, pues, el hijo de la señora C., L., iba al jardín al lado del colegio donde concurrían los hijos de la testigo y ello lo retiraba casi todos los días, ya que su madre estudiaba en ese horario. Agregó que, por dichos de la occisa, era ella el sostén económico de la familia. Adujo conocer al señor C., sin poder precisar su actividad laboral.

También declaró el señor Gustavo Herrera (el 22 de mayo de 2015, registrada en CD y resguardada en soporte magnético), manifestó que trabaja desde hace 35 años, aproximadamente, en la feria de libros que está en Darregueyra y avenida Santa Fe; muy cerca de donde vivían la señora A. M. V. y la señora M. J. C. y tenía trato con ellas en calidad de vecinos y con el resto de la familia (su concubino, su hijo menor de edad, hermana, etc.), aunque no había relación de amistad. Dijo que la señora C. trabajaba en venta de telefonía celular, cree que era en un local de la empresa «Movistar» y lo sabe porque ella pasaba siempre por su lugar de trabajo. Que conoce que estudiaba para maestra jardinera en el Instituto San Ambrosio, que estaba muy próximo al domicilio de la señora C. En relación al señor C., que trabajó en una época en el Hospital Francés, en la parte de vigilancia y lo sabe por comentarios del nombrado. Refirió que, en la pareja, ambos aportaban al sostenimiento económico y lo sabe porque los dos trabajaban.

El día 1 de octubre de 2015, prestó declaración el testigo Sergio Orue (registrada en CD, reservada en soporte magnético). Dijo conocer al señor C. desde la infancia, época en la que eran amigos. Que, con el correr de los años, siguieron teniendo contacto; no se considera amigo íntimo del nombrado.Manifestó que trabajaron juntos en el período 2000 a 2004, en el Circulo Militar, bajo relación de dependencia, haciendo tareas de gastronomía (mozo, ayudante de cocina), que allí concurrían los fines de semana y algunos días en la semana, cuando eran convocados, en un horario de 9 a 18 horas -aproximadamente-, también participaban en eventos gastronómicos nocturnos para ese mismo lugar, en forma esporádica.

Relató que, en un momento, el señor C. hacia tareas de mantenimiento de aires acondicionado, hacia el año 2009 y lo sabe por dichos del señor C. y por otro conocido en común. En ese momento (al 1.10.2015) C. trabajaba de cocinero en una escuela de Berazategui, por la mañana y hasta la tarde y lo sabe por dichos del señor C.

La empresa «Metrogas S.A.» impugnó las declaraciones testimoniales de los señores Curiotto, Herrera y Orue, invocando la amistad que refirieron con relación a los co-actores. Al respecto cuadra precisar que, en la valoración de la prueba testifical, se le ha reconocido al magistrado una amplia facultad, gozando de la posibilidad de admitir la que, a su justo criterio, aparezca como objetivamente verídica y/o rechazar las que así no considera (CNCiv. Sala H, dic. 20/2002, Lexis 1/5516135; CNCiv. Sala M, octubre 31/1990, Lexis, 2/13100; CNCiv. Sala D, feb.22-2007, Lexis 1/70037544-1).

En la apreciación de los testimonios, lo relevante es el grado de credibilidad de los dichos en orden a las circunstancias personales de los testigos, razón de ser de su conocimiento, interés en el asunto y coherencia, requisitos que, de no concurrir total o parcialmente, autorizan a alegar sobre la idoneidad del declarante.

Asimismo, la circunstancia que un testigo esté comprendido en las generales de la ley, no debe conducir a desechar de plano y «a priori» la eficacia de su testimonio como si careciera de todo poder de convicción.Solo produce sospechas de parcialidad que hace que los dichos deban ser apreciados con mayor rigor crítico, al aplicarse las reglas de la sana crítica (CNciv. Sala C, Cattaneo Carlos c/ MONSA s/ sumario, sentencia del 17 de setiembre de 1992, Saij-sum 9617, entre otros).

No debe confundirse la impugnación de la idoneidad dirigida contra la persona del testigo, con la llamada «tacha del dicho» (conf. Morello «CPCC de la Pcia. de Buenos Aires. Anotado y comentado» Tomo 5, pág. 520). La impugnación de la idoneidad es la única que puede ser objeto de alegación y prueba, pero la impugnación a los dichos del mismo, se relativiza si la parte que la formula estuvo presente en la audiencia en la que declararon los testigos, de modo de tener la posibilidad de formular todas las repreguntas que se estimen convenientes a fin de evidenciar en qué medida el testigo pudo ser mendaz.

En este sentido, los testigos pueden ser impugnados en su idoneidad por cualquier causa referida a sus condiciones personales, morales o intelectuales que puedan tener influencia para desmejorar o hasta excluir la procedencia de sus dichos y, tal cuestionamiento, puede ser efectuado aún por quien propuso su testimonio.

Mas, no cabe confundirse la impugnación de idoneidad dirigida contra la persona del testigo, con la que apunta a evidenciar la inatendibilidad de las declaraciones.

Por otro lado, el solo hecho de la amistad con alguna de las partes no es -«per se»- un elemento de invalidación.No corresponde desechar los dichos de los declarantes en virtud de la íntima relación que vincula a éstos con alguna de las partes, debido a que ese tipo de relación cercana no es causal por sí sola para arribar a tal conclusión, pues de ordinario, por ese mismo carácter, son los que en mejores condiciones pueden describir la situación en que se encuentran los peticionarios.

Empero, la cercanía de la relación impone contemporáneamente -como dijera-, un mayor rigor en el examen de las respuestas, a la vez que un especial cotejo entre sus conclusiones y las que surjan de las demás pruebas sobre el particular incorporadas a la causa (CSJN, 9/8/88, LL 1989-B-361).

Cabe puntualizar que, a pesar de haber manifestado los declarantes, conocer a la fallecida, a su madre, hijo y al conviviente, ninguno refirió amistad íntima con ellos e -incluso- refirieron circunstancias que fueron, también, corroboradas por prueba informativa; como es el caso de la respuesta que brindó el «Instituto San Ambrosio», donde estudiaba la señora C. (confr. fs. 738). Por lo expuesto, no encuentro mérito para apartarme de los dichos de los declarantes.

En función de lo expuesto, tomando en cuenta tanto las condiciones particulares de la fallecida «ut supra» señaladas, como las del reclamante (de 27 años de edad al momento del deceso de su pareja, las circunstancias personales emanadas del BLSG (expte. N° 75.816/2013) y demás condiciones probadas en la causa, es que considero razonable conceder a L. A. C., por el concepto en examen, la cantidad de pesos un millón ($ 1.000.000) -conf. art. 165 del CPCCN-.

Respecto del hijo reclamante -en tanto menor de edad al día de la fecha- el daño que sufre como consecuencia de la muerte de su madre se presume.

Cabe recordar asimismo que el art. 1084 del Cód. Civil, prevé como indemnización en caso de homicidio «lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto», mientras que el art.108 -a su vez- establece que dicha indemnización «sólo podrá ser exigida por el cónyuge sobreviniente y por los herederos necesarios del muerto, sino fueren culpados del delito como autores o cómplices, o si no lo impidieron pudiendo hacerlo».

El deber de asistencia, emergente de la responsabilidad parental, no se ciñe estrictamente a lo alimentario, sino que se extiende a las necesidades morales, culturales, de educación y de esparcimiento. En definitiva, a todo lo que la víctima representaba como sostén y efectiva ayuda para sus hijos.

Cabe, pues, admitir la partida por valor vida reclamada por L. J. C. (de 5 años de edad a la fecha de la muerte de su progenitora). Propongo al Acuerdo, teniendo en consideración las condiciones personales de la señora C. expuestas, el importe de pesos dos millones ($ 2.000.000) -conf. art. 165 del Código Procesal-.

B.- Daño moral.

Existe daño moral indemnizable cuando hay una lesión o agravio a un interés jurídico no patrimonial; es decir un menoscabo a bienes extrapatrimoniales. El derecho no resarce cualquier dolor, humillación, padecimiento sino aquello que sea consecuencia de la privación de un bien jurídico sobre el cual el dolorido tenía un interés reconocido jurídicamente (conf. Zannoni, «El daño en la responsabilidad civil», pág. 234/235; Brebbia, «Daño moral», pág. 47; art. 1078 del Código Civil).

Pocos daños resultan más evidentes que los originados por la pérdida de un ser querido, que se padecen en la parte afectiva y se concretan en el dolor, la tristeza, la soledad, la angustia y el temor por las consecuencias de lo irreparable.

Esta Sala ha reconocido, en reiteradas oportunidades, el daño moral sufrido por personas que no se encuentran incluidas en el art. 1078 del CC, como la o el conviviente, los progenitores de la víctima, hermanos y otros damnificados indirectos, basándose en el derecho a una reparación integral de quien ha sufrido un daño (conf. arts. 1068, 1079 y conc.del Código Civil).

En efecto, el término de «herederos forzosos» del art. 1078 del Código Civil, refiere a todos aquellos que son legitimarios potencialmente con independencia que de hecho queden o no desplazados por la existencia de herederos de mejor grado (cfrs. LLambías, Jorge Joaquín, «Tratado de Derecho Civil»- Obligaciones- T. IV-A, p. 107.

2365 Reparación de agravio moral. Ed. A. Perrot 1976; Kemelmajer de Carlucci, Aída, «Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado» Augusto Belluscio (dir), E. Zannoni (coord.), t. 5, art. 1078, p. 116/117; «Legitimación Activa para reclamar daño moral en caso de muerte de la víctima», E.D. 140-91, p. 892 y ss.; Trigo Represas-Compagnucci de Caso, Responsabilidad Civil por accidentes de automotores, 2 b., p. 573, ed. Hamurabi, 1987 Bs.As.; Pizarro, Ramón Daniel «Daño Moral -Prevención- Reparación- Punición-» p. 226 y ss. Ed. Hamurabi, febrero de 1996; Zannoni, E. A. en «Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado», t. 5., art. 1078, p. 117. Ed. Astrea 1984 Bs.As; Jorge H. Alterini, Alberto J. Bueres y Gustavo A. Bossert, en fallo «Ruiz, Nicanor y otro v. Russo, Pascual P.», 28/2/94, C.Nac. Civ., en pleno, Acuerdo Plenario, por mayoría, pub. J.A., 1994-II-679).

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señaló -in re- «Badin, R. y otros v. Provincia de Buenos Aires’ , 7/8/1997 que: `si bien es cierto que el art.1078 del C.C., admite el reclamo de daño moral sufrido como consecuencia del fallecimiento de una persona sólo respecto de los `herederos forzosos’, corresponde asignar a tal mención una interpretación amplia, de modo que alcance a todos aquellos que son legitimarios con vocación eventual, aunque -de hecho- pudieran quedar desplazados de la sucesión por la concurrencia de otros herederos de mejor grado, comprensión que, por otra parte, se compadece con el carácter iure propio de esta pretensión resarcitoria y, además, satisface la necesidad de evitar soluciones disvaliosas (conf. F. 279.XXII, «Gómez Orue de Gaete, Frida A. y otra v. Provincia de Buenos Aires y otros s/daños y perjuicios» y B. 201.XXIII, «Bustamante, Elda y otra v. Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios», pronunciamientos del 9/12/1993 y del 10/12/1996, respectivamente)».

El resarcimiento admitido por el Código debe ser, de acuerdo con elementales principios de justicia y equidad, el más completo posible, ya que el derecho no es una serie de compartimentos estancos, sino un todo integrado al servicio del hombre y del orden social consiguiente.

El juez, al aplicar la norma, más que a los términos estrictos empleados en ella, debe atenerse a desentrañar su espíritu, procurando tener en cuenta la finalidad que tuvo el legislador al sancionarla en su afán de brindar eficaz protección a los derechos subjetivos; ello es así, porque de lo contrario en forma inadmisible emplearía un método exegético puro que reduce el derecho al texto legal y lo «condena a la impotencia por divorciarlo de la vida» (conf. Llambías Jorge Joaquín «Tratado de Derecho Civil», Parte General, n° 108 – pág. 104).

La función primordial del magistrado es tutelar la justicia; para ello debe aplicar el derecho positivo al caso singular con equidad, amparando bienes humanos fundamentales cuyo menoscabo implicaría desatender «los principios generales del derecho» (art. 16 Cód.Civil, última parte) que constituyen un firme basamento de todo orden jurídico.

Bajo este marco conceptual, es que los padres de quien fallece, revisten la calidad de herederos forzosos potenciales, por tanto, la señora A. M. V., se encuentra habilitada en el presente proceso, a los efectos de poder instar la acción civil resarcitoria por daño moral por el fallecimiento de su hija.

En cuanto al coactor L. A. C., aunque el concubinario no puede verse beneficiado con las presunciones legales estatuidas para el cónyuge y los descendientes, su legitimación para reclamar el daño moral producido por la muerte de su compañera, tiene fundamento en los arts. 1068 y 1079 del Código Civil, interpretados en forma amplia como damnificado indirecto, pues no existe norma -como el art. 1078 del citado Código- que restrinja su legitimación, siendo materia sometida a interpretación judicial lo atinente a su procedencia y, en caso afirmativo, su medida (conf. esta Sala, autos «Mansilla, Félix Isaac Uriel y otro c/ Unamuno, Mariana Jeannette y otro s/ daños y perjuicios», del 17/05/13).

La solución del art. 1078 -ya citado en este caso particular, donde quien reclama es el concubino-, es disvaliosa pues -con un fundamento apodíctico- priva de la indemnización a quien -en un nexo causal con el obrar ilícito imputado a los demandados- da muestras de la existencia de un menoscabo espiritual.Esta limitación atenta contra la noción de familia, que conceptualmente excede a la constituida desde bases matrimoniales, puesto que comprende también a la que -originada en una unión de hecho-; esto es, sin estar constituida legalmente, funciona como tal en la sociedad.

La finalidad de la ley de restringir el cupo de legitimados, atendible «prima facie» para no multiplicar el número de los reclamantes comprendidos en la aflicción, no puede llegar al extremo de desconocer el explicable dolor de quien, al igual que el cónyuge supérstite, también ha visto zozobrar su patrimonio espiritual, con clara afectación de los valores paz, seguridad, tranquilidad y justicia.

El derecho a la reparación plena e integral, no debe traer consigo la exigencia de ningún vínculo parental específico para admitir su procedencia, sino que éste será un elemento convictivo más para el juez, a fin de determinar que ostente los requisitos propios de todo daño resarcible.

En estricta relación con lo expuesto en el primer párrafo de la presente, cabe agregar que el art. 1068 del Código Civil constituye un fundamento normativo esencial aplicable al caso que nos ocupa, por cuanto establece el resarcimiento de todo daño, con lo que está en línea con la doctrina imperante en el Derecho de Daños moderno, que es la que corresponde indemnizar todo daño injustamente padecido.

Entonces, una interpretación sistemática del Código Civil, integrando el mencionado art. 1078 con los arts. 1068 y 1079, permiten reconocer el resarcimiento cuando se ha acreditado el daño reparable, claro que será condición en la especie, que el concubino pruebe la convivencia o la relación con la víctima, extremos éstos que han sido efectivamente demostrados (v fs. 37 y vta).

Por tal motivo, considerando los argumentos brindados, propongo desestimar los agravios respecto al rubro en estudio.

Teniendo en consideración sus condiciones personales, las objetivas del evento dañoso y lo calamitoso e injusto del repentino fallecimiento de la señora.C., es que propongo al Acuerdo incrementar las sumas fijadas por este concepto a favor del señor L. A. C., a la suma de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000) y a favor de la señora A. M.

V. (madre de la fallecida), a la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000) -art. 165 del CPCC-.

En lo que atañe al menor de edad, teniendo en cuenta el daño irreparable que para ellos significara -a su corta edad- la muerte de su progenitora, careciendo de su presencia material y espiritual cotidiana; sus condiciones personales y demás particularidades que muestra la causa, es que propongo al Acuerdo incrementar este rubro a la suma de pesos setecientos mil ($ 700.000) -art. 165 del Código Procesal-.

C.- Daño psíquico.

La incapacidad es la inhabilidad o impedimento o bien la dificultad apreciable en algún grado, para el ejercicio de funciones vitales (Matilde Zavala de González, «Resarcimiento de daños», T° 2a, p.281). Comprende, en consecuencia, la merma genérica en la capacidad futura del damnificado, que se proyecta en todas las esferas de su personalidad y constituye por lo tanto un quebranto patrimonial indirecto.

Así como toda disminución de la integridad física humana debe ser materia de resarcimiento, hay que admitir que cualquier merma de las aptitudes psíquicas de un individuo constituye también un daño resarcible.

En este aspecto, se configura la lesión psíquica mediante la alteración de la personalidad, es decir, la perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa descompensación que perturbe su integración en el mundo social.

Para que proceda el reclamo resulta de fundamental importancia, la existencia de un daño cierto resarcible que indique que el hecho generador ha provocado secuelas de carácter discapacitante, con clara relación causal.

A los efectos de su determinación debe tenerse en cuenta no sólo de qué manera incide su gravitación en las aptitudes para el trabajo futuro o en la frustración de obtener beneficios económicos, pues esa incidencia no es única ni exclusiva a los fines resarcitorios, sino también, de qué manera gravita en todos los demás aspectos de la personalidad (conf. esta Sala exptes. 101.557/97; 31.005/01; CNCiv., Sala F, 21/11/02, JA 2003-IV-síntesis; CCiv. y Com. Morón, Sala 1a, 1/10/02, JA 2003- IIsíntesis; Id., Sala 2a.20/2/03, JA 2003-IV-262; CNCiv., Sala H, 23/5/02, JA 2003-Isíntesis, entre muchos otros).

Por otra parte, acreditada la relación de causalidad de las deficiencias psíquicas que padecen los damnificados con el hecho investigado, los gastos que ocasione el tratamiento que aconseja el perito para que disminuyan dichas secuelas, deben ser reparados por los demandados, aunque merece destacarse que, en lo que refiere al monto por tratamiento psicológico, únicamente existió agravio por parte de la señora Defensora Pública de Menores de Cámara, por la suma reconocida al niño.

Ello no obsta a que tenga lugar el resarcimiento por la incapacidad padecida, ni que exista por dicha causa duplicación de reparaciones (conf. exptes. N° 56.220/00, 18.147/ 03 y 112.805/ 01 de esta Sala, entre otros), puesto que una cosa es resarcir la minoración permanente de aptitudes y otra cubrir con una terapia adecuada la posibilidad de que empeore el estado del peticionante.

El informe pericial obrante a fs.859/945, da cuenta del cuadro psíquico que padecen los coaccionantes L. A. y L. J. C. como consecuencia del hecho de autos.

En relación a L. A. C., expone -en las conclusiones- que el hecho de autos es compatible con el concepto psicológico de trauma; es decir, que es un suceso externo, sorpresivo y violento en la vida de una persona caracterizado por su intensidad, la imposibilidad del sujeto para responder de modo adaptativo y los efectos patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica. Se evidencia un estado de perturbación emocional, encuadrable en la figura de daño psíquico, por acarrear modificaciones disvaliosas en diversas áreas de despliegue vital: emocional, familiar, laboral y personal. Agregó que el vínculo causal entre el cuadro psicopatológico que presenta el examinado y el hecho de autos es causal directo, ya que la personalidad de base o el estado psíquico que poseía el actor no debe ser tomado como causa preexistente y así, suponer un nexo concausal con el accidente.Presenta alteraciones de la estabilidad emocional y psicológica derivados del hecho de autos. Conforme al Baremo para Daño Neurológico y Psíquico de los Dres. Castex y Silva, el señor L. A.

C. presenta un Desarrollo Reactivo de grado Moderado y le corresponde un porcentaje de incapacidad psíquica del 15 % atendiendo a la merma del Valor Psíquico Integral o Valor Psíquico Global (859/945, esp. 937/939).

Con respecto de L. J. C., sostuvo la experta que la pérdida de la madre en las etapas constitutivas del psiquismo es dañosa; a esa edad, el psiquismo del niño está en constitución y cuando se murió la madre era el momento en que tenía más necesidad de ella. Al padre le costó hacerse cargo plenamente de la crianza de su hijo, por lo cual se apoyó en la familia materna del mismo. Por otra parte, el niño L. perdió no solamente a su madre sino, al ser criado por la línea materna, también perdió la estructura de línea genealógica de su padre, ya que para constituirnos psíquicamente necesitamos el interjuego de las dos líneas genealógicas. El padre delegó su función paterna en la crianza de su hijo, en la familia materna del niño. Teniendo en cuenta el momento evolutivo en que el menor de edad peritado pierde a su madre de forma traumática, esta marca quedará enraizada en su psiquismo, ya que no es lo mismo la muerte de una madre siendo un adulto que siendo un niño que está en constitución psíquica de su personalidad. Concluye que L. J. C., presenta indicadores de daño psíquico, que tiene nexo causal directo con la muerte de su madre y que el mismo no se puede cuantificar porque no existen baremos para medir el daño psíquico en niños, pero que ellos no existan, no significa que el daño psíquico no se haya producido (confr. fs. 859/945, esp.899/900).

En lo relativo al tratamiento psicológico del menor de edad, refirió la experta que, si bien suele ser difícil establecer la duración del mismo, ya que depende de la reacción de cada sujeto, se puede estimar que el mismo deberá tener una duración aproximada de por lo menos un año. La frecuencia de sesiones quedará bajo criterio del profesional actuante, aunque se estima como conveniente una sesión semanal. El costo promedio de una sesión de psicoterapia individual en el ámbito privado se estima actualmente en el orden de los 400 pesos. Debido a la magnitud del hecho sufrido y teniendo en cuenta que el niño está en plena constitución psíquica de su personalidad, se sugiere posteriormente un seguimiento psicológico profesional del mismo hasta aproximadamente sus 18 o 20 años de edad para evaluar su evolución en relación a la muerte traumática de la madre (fs. 901).

Los exámenes psíquicos realizados a los damnificados, y los estudios llevados a cabo, conforman el sustento científico del informe pericial. Tales referencias han permitido a la perito, cuya solvencia resulta de su condición de técnica en la materia, establecer la relación causal de las lesiones sufridas con las secuelas padecidas.

Si bien las coaccionadas «Metrogas S.A.» (fs. 955/959) y «QBE La Buenos Aires Seguros S.A.» -actualmente «Zurich»- (fs. 963/964), impugnaron el dictamen pericial, las recuestas esgrimidas, no contienen elementos científicos de entidad suficiente que permitan enervar las conclusiones de la experta, quien determinó -con meridiana claridad- la medida en que el acontecimiento de autos incidió en la psiquis de los peritados (v. fs. 971/977 y fs. 995/997) y logran rebatir los cuestionamientos, logrando convicción judicial el informe pericial aportado en la causa porque encuentra sustento en fundamentos técnicos de la especialidad de la profesional interviniente (art. 386 y art.477 del Código Procesal).

Las mermas o minusvalías aludidas, se consideran de carácter crónico y permanente; en relación a los padecimientos psíquicos; la circunstancia que hayan transcurrido seis años entre la fecha de los hechos y el examen pericial, lleva a presumir que si la incapacidad fuere transitoria o temporal, ya habría desaparecido; por lo que considero que su carácter de crónica y permanente se impone; toda vez que la mejoría que -conjeturalmente- pudiera resultar del tratamiento aconsejado, resulta, a todas luces, incierta.

En mérito a lo expuesto, siendo aceptadas las conclusiones periciales realizadas, teniendo en cuenta las condiciones subjetivas de los damnificados reseñadas; secuelas e incapacidad psíquica que presentan el concubino y el hijo de la C., es que en atención a lo dispuesto por el art. 165 del CPCCN, propongo al Acuerdo incrementar los importes reconocidos por el rubro daño psíquico, a la suma de pesos setecientos mil ($ 700.000) para el señor L. A. C. y a la de pesos un millón ($ 1.000.000) a favor de L. J. C. y, en relación a este último, incrementar a la suma de pesos treinta mil ($ 30.000), el tratamiento psicológico -conf. art. 165 del CPCCN-.

VIII. Costas.

Habida cuenta la forma en que prospera el reclamo de los coaccionantes, no encuentro mérito para apartarme del principio objetivo que establece el art. 68, primer párrafo del Código Procesal e imponer, las de ambas instancias, a los coaccionados vencidos. Esta circunstancia, me releva de tratar los agravios que sobre esta cuestión opuso la aseguradora «QBE Seguros La Buenos Aires S.A.» (actualmente, «Zurich Aseguradora Argentina S.A.»).

Por las razones expuestas, expido mi voto de la siguiente manera: I) Modificar la sentencia apelada, admitiéndose la demanda contra los coaccionados M. S. G.; «Metrogas S.A.» y- sus aseguradoras «Mapfre Argentina Seguros S.A.» y «La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.»-; Consorcio de Propietarios edificio Darregueyra nº 2.433 de C.A.B.A.-y su aseguradora «Zurich Asegurado ra Argentina S.A.»-; II) Incrementar los montos otorgados en concepto de «valor vida»; «daño moral» y «daño psicológico», a las sumas de $ 1.000.000; $ 400.000 y $ 700.000 para L. A. C. y a las sumas de $ 2.000.000; $ 700.000 y $ 1.000.000 para el menor de edad L. J. C.; respecto de quien se incrementa a $ 30.000 el rubro «tratamiento psicológico» y, por «daño moral» a la suma de $ 500.000 para favor la coactora A. M. V.; III) Dejar sin efecto los porcentajes de responsabilidad dispuestos por el a-quo, debiendo los codemandados hacer íntegro pago de los montos que surgen de la presente, a los coactores L. A. y L. J. C. y A. M. V., en las cantidades que para cada uno de ellos determina esta sentencia; IV) Confirmándola en todo lo demás que decide y fuera materia de agravios y, V) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de las vencidas (art. 68 del CPCCN). VI) Dejase -expresa y formal- constancia que los importes que -en definitiva- les sean asignados al menor de edad L. J. C. deberán ser depositados en cuenta bancaria que habrá de instrumentarse por ante el Banco Nación Argentina -Suc. Tribunales- y como correspondiente a estos actuados.

El Dr. Oscar José Ameal y la Dra. Patricia S. Bermejo, por las consideraciones y razones aducidas por el Dr. Osvaldo Onofre Álvarez, votan en igual sentido a la cuestión propuesta. Ante mí. JULIO M.A. RAMOS VARDE (SECRETARIO).

Buenos Aires, 22 de junio del año 2021.

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad de votos el Tribunal decide: I) Modificar la sentencia apelada, admitiéndose la demanda contra los coaccionados M. S. G.; «Metrogas S.A.» -y sus aseguradoras «Mapfre Argentina Seguros S.A.» y «La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.»-; Consorcio de Propietarios Edificio Darregueyra nº 2.433 de C.A.B.A.-y su aseguradora «Zurich Aseguradora Argentina S.A.»-; II) Incrementar los montos otorgados en concepto de «valor vida»; «daño moral» y «daño psicológico», a las sumas de $ 1.000.000; $ 400.000 y $ 700.000 para L. A. C. y a las sumas de $ 2.000.000; $ 700.000 y $ 1.000.000 para el menor de edad L. J. C.; respecto de quien se incrementa a $ 30.000 el rubro «tratamiento psicológico» y, por «daño moral» a la suma de $ 500.000 para favor la coactora A. M. V.; III) Dejar sin efecto los porcentajes de responsabilidad dispuestos por el a-quo, debiendo los codemandados hacer íntegro pago de los montos que surgen de la presente, a los coactores L. A. y L. J. C. y A. M.

V., en las cantidades que para cada uno de ellos determina esta sentencia; IV) Confirmándola en todo lo demás que decide y fuera materia de agravios, V) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de las vencidas (art. 68 del CPCCN) y, VI).

Dejase -expresa y formal- constancia que los importes que -en definitiva- les sean asignados al menor de edad L. J. C., deberán ser depositados en cuenta bancaria que habrá de instrumentarse por ante el Banco Nación Argentina -Suc. Tribunales- y como correspondiente a estos actuados.

Difiérase la regulación de honorarios para una vez aprobada en autos la liquidación definitiva (art. 279 CPCCN).

Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN.

La difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art.64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.

Notifíquese por secretaría y cúmplase con la comunicación pública dispuesta en las Acordadas de la C.S.J.N. 15/2013 y 24/2013. Oportunamente, devuélvase a la instancia de grado.

OSVALDO ONOFRE ALVAREZ

OSCAR JOSÉ AMEAL

S. PATRICIA BERMEJO

JULIO M.A. RAMOS VARDE (SEC).

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