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#Fallos Acusaciones cruzadas: Su ex pareja la denunció por el delito de lesiones leves, brindando una versión de los hechos carente de sustento, entonces ella lo acusó por calumnias, procediendo a su favor la demanda

Partes: T. T. G. c/ T. C. V. H. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 8-jun-2021

Cita: MJ-JU-M-132777-AR | MJJ132777 | MJJ132777

Procedencia de una demanda por acusación calumniosa, porque el demandado denunció a la accionante -su ex pareja- en orden al delito de lesiones leves, pero brindó un versión de los hechos carente de sustento.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la demanda de daños por acusación calumniosa, ya que el demandado formuló su acusación aportando una versión de los hechos carente de sustento o negligente; es que, si bien no puede tacharse de dolosa su actitud, no ha actuado diligentemente, antes bien de manera imprudente, obró carente de fundamento, de manera tal que sus dichos han quedado catalogados como meras conjeturas.

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2.-En los casos de acusación calumniosa, la negligencia exigida no puede presumirse sobre la sola base de la absolución o del sobreseimiento en sede penal, sino que se requiere una actitud temeraria o de inexcusable ligereza, pues de otro modo podría comprometerse el interés social en la investigación y represión de los delitos penales; el sobreseimiento del imputado no constituye, entonces, un elemento que, por sí mismo, torne procedente sin más la acción de daños y perjuicios.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 8 días del mes de junio del año dos mil veintiuno, reunidos en acuerdo las señoras juezas y el señor juez de la Sala «J» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: «T. T., G. c/ T. C., V. H. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS» Expte. N°: 82.238/2015, respecto de la sentencia de fecha 11 de diciembre de 2020, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señor juez de cámara doctor: Maximiliano L. Caia, señoras juezas de cámara doctoras: Beatriz A. Verón- Gabriela M. Scolarici.

A la cuestión propuesta, el Dr. Maximiliano L. Caia dijo:

La sentencia recurrida rechazó la demanda entablada por G. T. T. contra V. H. T. C., con costas.

Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora.

Con fecha 18 de mayo del corriente, se dictó el llamamiento de autos, providencia que se encuentra firme, quedando de esta manera los presentes en estado de dictar sentencia.

I.- Los antecedentes Presentaré, resumidas, las posiciones sostenidas por los sujetos procesales intervinientes en la causa y las aristas dirimentes del conflicto suscitado que estimo útiles para su elucidación (CSJN, Fallos 228:279 y 243:563).

Cuenta la actora, que de la unión con el demandado nacieron sus hijos J. T., A. A. y V. M. Que, todos sus hijos viven con ella, que tiene la tenencia y alimentación diaria. Que, el accionado no cumple con la cuota alimentaria desde hace cinco años, ni se preocupa por su salud, educación ni esparcimiento.

Afirma, que debido a la situación insostenible en el ámbito marital tuvo que iniciar su exclusión del hogar, hecho que fue concedido por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil n° 56 en los autos caratulados «T. T. G. c/ T. C. V. H.s/ Violencia Familiar».

Asevera, que a raíz de ese expediente el demandado en forma de venganza le inició una denuncia penal por estelionato caratulada «T. T. G. s/ Defraudación por estelionato» n° 133/170.C/745/12, la cual fue desestimada.

Cuenta, que tuvo que ser citada por la denuncia del accionado y presentarse a indagatoria en la referida causa penal. Que, tuvo resolución favorable a su parte ya que resultó absuelta por el Juez. Que, debió someterse a derecho para lo que tuvo que contratar abogados, lo que le causó un grave perjuicio económico y moral. Que, estaba en juego su honor y conducta, lo que la afectó moral y psíquicamente.

Denuncia una serie de causas que le fueran iniciadas por el accionado y en las que fue sobreseída.

El demandado, por su parte, niega todos y cada uno de los hechos alegados en la demanda.

Señala, que la accionante pretende quedarse con el 50% de la casa de avenida Cruz inventando y magnificando los supuestos daños y perjuicios, que jamás existieron. Que, para ello dedujo en su contra falsas denuncia por supuesta violencia familiar ejercida tanto en contra de ella como de sus hijos a los que crió, educó y alimentó hasta el momento en que de manera arbitraria fuera excluido.

Manifiesta, que fue afectado moral, psicológica, sentimental y patrimonialmente, ya que de un momento al otro quedó en la calle y su esposa con su nueva pareja en posesión de todos sus bienes.

II.- La decisión recurrida La sentencia recurrida rechazó la demanda entablada por G. T. T. contra V. H. T. C., con costas.

Para así decidir, la sentenciante de grado encuadró el reclamo bajo la figura de la acusación calumniosa regulada por el artículo 1090 del Código Civil. Entendió, que la actora no acreditó que la actuación del demandado al efectuar la denuncia hubiera mediado una conducta culposa o negligente.Que, en todo caso, la causa promovida no excedió el ejercicio del derecho de formular denuncia, cuya procedencia se dirimió ante el fuero correspondiente y que esa circunstancia no resulta suficiente para considerar que el denunciante -demandado- hubiera obrado con culpa configurativa de un supuesto de responsabilidad civil.

III.- Los recursos Se agravia la parte actora quien presentó sus agravios con fecha 26/4/2021, cuyo traslado fuera contestado por el demandado el 11/5/2021.

Se alza contra la decisión de la Sra. Juez de la anterior instancia quien consideró que no estaba probada la culpa o negligencia en el obrar del demandado, para luego no atribuirle responsabilidad civil.

Critica, que la Sra. magistrada no hubiese valorado en forma amplia las pruebas arrimadas en autos, en donde claramente el accionado efectuó una «cataratas» de juicio con denuncias falsas, con el solo propósito de perjudicarla en sus intereses patrimoniales, a sabiendas de que eran imputaciones falsas o que no tenían sustento alguno. Resalta, la orfandad probatoria en aquéllas, tal como lo apunta la magistrada en su fallo al resultar sobreseída.

Discrepa con la sentenciante, ya que de las causas penales se describe el accionar «imprudente» y «malicioso» de T.C., al efectuar denuncias penales que no tuvieron asidero alguno, ya que de sus manifestaciones versa la intención directa de perjudicarla, con conocimiento pleno de las falsedades de su imputaciones; las cuales afectaban su honor.

IV.- La solución a) Encuadre legal El Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994, contempla de manera expresa lo tocante a la «temporalidad» de la ley.

Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su artículo 7 sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Los hechos ilícitos y los actos jurídicos unilaterales o bilaterales, considerados como «causa fuente» (arts.726 y 727 del Código Civil y Comercial) productora de derecho u obligaciones en las relaciones jurídicas que unen a los sujetos activo y pasivo (acreedor y deudor), se hallan regidos por la ley vigente al momento de producirse el hecho lícito o ilícito, o en el momento de celebrarse el acto jurídico (el contrato), no pudiendo ser alterados o interpretados por leyes posteriores (conf. TARABORRELLI, José N., Aplicación de la ley en el tiempo según el nuevo Código, Rev. La Ley del 3/9/15).

Por ello, corresponde ponderar que en el caso sub examine se trata de una relación o situación jurídica que ha quedado constituida con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley resultando, luego, aquélla la aplicable.b) Partiendo de tal plataforma, abordaré a continuación los agravios traídos a esta instancia.

En tal sentido, adelanto que seguiré a los recurrentes en las alegaciones que sean conducentes para decidir este conflicto (conf.CSJN Fallos:258:304, entre otros) pues recuerdo que como todas las pruebas no tienen el mismo peso, me apoyaré en las que resulten apropiadas para resolver el caso (conf.CSJN, Fallos:274:113) las que produzcan mayor convicción en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa. Se considerarán, entonces, los hechos «jurídicamente relevantes» (Aragoneses Alonso, Pedro, Proceso y Derecho Procesal); o «singularmente trascendentes» (Calamandrei, Piero, La génesis lógica de la sentencia civil).

Liminarmente, habré de señalar que si bien la accionante en su escrito inaugural hace mérito de diversas causas penales instadas por el accionado en su contra, la cuales habrían de generarle los daños cuya reparación pretende, lo cierto es la sentencia de grado ameritó el trámite de la denuncia efectuada por T. C. contra la actora, a raíz de la cual se instruyeron las causas Nº 49927/2013 «T., A. M. por coacción y CCC 760072571/2012 «T. T., G. s/ lesiones leves», cuyas constancias analizó la magistrada de la anterior instancia para decidir cómo lo hizo. Asimismo, señaló que no habría de considerar a tal fin las causas n° 2368/2016 y nº 53904/2016 promovidas por el supuesto delito de Defraudación por estelionato -que en fotocopias certificadas tengo a la vista-, ya que fueron iniciadas con posterioridad a la presente demanda.

Desde ese piso de marcha, es dable recordar que el agravio es la medida de la apelación. Por aplicación de este principio clásico, el tribunal de Alzada no puede abordar ni decidir cuestiones que no han sido materia de la expresión de agravios o del memorial fundante del recurso sometido a su competencia revisora. Tales escritos constituyen «el marco de la competencia del tribunal», no pudiendo éste resolver de oficio cuestiones ajenas a las planteadas en la impugnación.En atención a ello, el último párrafo del artículo 271 prescribe: «La sentencia se dictará por mayoría, y en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios». Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia ha dicho que la competencia de los tribunales de segunda instancia en materia civil se encuentra limitada por la extensión de los recursos concedidos y que la transgresión de tales límites comporta agravio a las garantías constitucionales de la propiedad y la defensa en juicio (Fallos, 231: 279; 235: 171, entre otros).

Luego, a la luz de los agravios esgrimidos por la recurrente («.concretamente a la denuncia impetrada por Lesiones Culposas.»), el examen de la responsabilidad endilgada al demandado, y desestimado en la sentencia en crisis, habrá de ceñirse a ese trámite. c) Dicho esto, coincido con la Sra. Juez a quo en que la acción ejercida tiene, por ende, su fundamento en la llamada «acusación calumniosa».

Aunque ésta es una forma de ilicitud específica prevista como delito civil por el artículo 1090 del Código Civil, cabe recordar que ella no excluye la ilicitud genérica del hecho culposo que, como eje del sistema de re sponsabilidad civil, enuncia el art. 1109 del mismo cuerpo normativo (cfr. Bustamante Alsina, «La acusación calumniosa y el hecho culposo «in genere» como fuentes diversas de responsabilidad civil», LA LEY, 1994-E, 37).

Corresponde, entonces, tener en cuenta que en el plano del derecho privado, la figura de la «acusación», genéricamente hablando, puede ser dolosa (art. 1090) o meramente culposa (art. 1109) (cfr. Llambías, J. J. «Tratado de Derecho Civil – Obligaciones», T. IV-A, pág. 142, núm. 2390; íd., «Código Civil Anotado», T. II-B, coment. Art. 1090, secc. Doct. Núm. 6, pág. 376; Colombo, L.A. «Responsabilidad civil derivada de querella o denuncia calumniosa», LA LEY, 58-987; Borda, G.A., «Tratado de Derecho Civil», Obligaciones, t. II, pág. 230/231, núm.1354, Kemelmajer de Carlucci, A. en A.C. Belluscio-E. Zannoni, «Código Civil y leyes complementarias», vol. 5, coment. Art. 1090, pág. 255 y sgtes., entre otros).

Conforme lo expuesto, para que proceda la acción de daños por denuncia calumniosa o culposa se requiere no sólo que se haya formulado la correspondiente denuncia o querella ante la autoridad pública (policial o judicial) y que el imputado resulte sobreseído o absuelto, sino que es menester que lo denunciado sea falso y exista conocimiento de la falsedad por parte del denunciante, vale decir dolo delictual o, al menos, una particular y grave negligencia en la adopción de recaudos previos a realizar la denuncia.

Como se advierte, para establecer la responsabilidad corresponde aplicar un criterio de atribución subjetivo, de manera que debe probarse que ha mediado culpa o dolo por parte del demandado en los términos de los artículos 512, 902 y 1109 y 1090 del Código Civil.

Ahora bien, la negligencia exigida no puede presumirse sobre la sola base de la absolución o del sobreseimiento en sede penal, sino que se requiere una actitud temeraria o de inexcusable ligereza, pues de otro modo podría comprometerse el interés social en la investigación y represión de los delitos penales.

El sobreseimiento del imputado no constituye, entonces, un elemento que, por sí mismo, torne procedente sin más la acción de daños y perjuicios.

Al respecto cabe efectuar la siguiente distinción.Si la denuncia se efectúa ante la justicia y ella resulta falsa se estará en presencia de la llamada acusación calumniosa donde resulta aplicable la norma contenida en el artículo 1090 del Código Civil y cuyo presupuesto esencial es la falsedad de la denuncia, es decir que se haya atribuido falsamente a una persona determinada la comisión o autoría de un delito que dé lugar a la acción pública, teniendo el denunciante plena conciencia de que esa persona no lo ha cometido, es por eso que para que se configure ese supuesto es necesario que exista una calificación jurídica que provenga de la autoridad judicial, calificación que puede ser dispuesta por el juez penal o por el juez civil, no obstante el resultado al que se haya arribado en el fuero criminal. d) Sentado así el marco jurídico de la cuestión, y antes de examinar las probanzas arrimadas a la causa a los fines de dilucidar la cuestión sometida a estudio, creo necesario exponer que el estudio de los antecedentes arroja una problemática familiar que los tiene como protagonistas. Empero, de lo que aquí se trata es de valorar la conducta asumida por el demandado para establecer -llegado el casosu responsabilidad en la denuncia formulada más allá del contexto aludido. Es indispensable, luego, determinar que éste le hubiera imputado falsamente la comisión del delito de lesiones, sea con plena conciencia de que la Sra. T. T. no lo había cometido o con la ligereza e imprudencia que caracterizan el obrar culposo, al poner en marcha una causa judicial que culminó con el sobreseimiento de la actora.

Ahora bien, puede apreciarse de la causa penal n° 49927/2013 «T., A. M. s/ Coacción» que el 18 de septiembre de 2013 el demandado T. C. formuló una denuncia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional por el delito de coacción y lesiones leves contra A. M.T., manifestando que «.su hijo lo amenazó refiriéndole que si no salía de la casa lo mataría, que luego lo golpeó en el cuerpo provocándole lesiones.». Al ser citado por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº25 manifestó que «.esto que denuncio ocurrió el 30 de julio del año 2012.en el domicilio de la avenida Cruz 2895 de esta ciudad. Yo estaba solo y ahí ingresaron mediante fuerza con patadas y golpes mi ex pareja G. T. T. y mis dos hijos.Ahí A. T. me golpeó.me agarró a puñetazos en la cara y mi mujer agarró de mi remera, me sacó los anteojos y los rompió. Me tiró un arañazo también.después de eso tuve que llamar a la gendarmería y nos hablaron que no teníamos que pelear .nos sugirieron que yo duerma en una habitación en la parte de arriba.ahí la pase la noche, y a la mañana siguiente.vino mi ex pareja y revoleó mis anteojos me los rompió.con motivo de estas agresiones físicas que sufrí no asistí a ningún hospital. Si quiero aclarar que a los cuatro días más o menos del hecho denuncié a mi ex pareja en la Cámara de Apelaciones como esta denuncia que hice por las agresiones que sufrí y la rotura de mis anteojos. Ahí sí me revisó un médico del Cuerpo Médico Forense.».

A fs.5/6 la fiscal interviniente formuló la instrucción del sumario y solicitó la conexidad con la causa iniciada contra su ex pareja en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº10, agregada a fs.52/58.

De su compulsa se desprende que con fecha 3 de julio de 2012 el Sr.T. C. presentó denuncia contra G. T. T.por el delito de lesiones leves, refiriendo que «.tenía una exclusión de hogar que luego fue levantada en mayo del corriente año y por ese motivo decidió volver a la casa que compartía con su ex pareja ya que no tenía residencia y se encontraba en situación de calle. Que en ese momento su ex pareja lo agredió provocándole lesiones en la zona del abdomen.». En su exposición en el Juzgado al que fue citado a ratificar su denuncia agregó «.que el 30 de junio de 2012.fue hasta el domicilio de la calle Cruz 2895 a fin de instalarse allí nuevamente, pero al llegar y dirigirse a la terraza, su ex pareja G. y sus hijos.intentaron a la fuerza sacarlo de a vivienda. A. y J. lo tomaban de ambos brazos a la vez que G. lo rasguñaba en el rostro y abdomen, producto de lo cual el dicente resultó lesionado. Además de las lesiones sufridas, G. le rompió el par de lentes que llevaba colgado. Como tenía miedo de que lo agredieran a la noche, el dicente llamó al personal de Gendarmería, que se hicieron presentes a las 22:20horas.esa noche se quedó a dormir en la casa. A la mañana siguiente.de repente G. se hizo presente en el taller que funciona en la planta alta y luego de insultarlo, comenzó a agredirlo físicamente, mediante rasguños.En ese momento ingresaron A. y J. a fin de separar a G.del dicente.el día lunes 2 de julio de 2012.se hizo presente personal de Gendarmería el que notificó al dicente de una nueva exclusión del hogar, por lo que no le quedó otra opción que retirarse.Preguntado para que diga si del hecho resultaron testigos presenciales, responde que cuando lo agredieron el sábado 30 a la noche el dicente estaba tomado de una baranda ubicada en la terraza de la vivienda, y abajo, en la puerta de la casa había dos móviles de gendarmería y varios vecinos, pero no saben quiénes eran.».

Que, en fecha 22 de octubre de 2012 el Juzgado decidió el archivo de las actuaciones dado que «.habiéndose practicado todas las diligencias necesarias tendientes a esclarecer cabalmente el hecho investigado, sin que hasta la fecha se haya obtenido resultado favorable; por cuanto no se ha podido dar con la existencia de testigos oculares del hecho.no existiendo elementos que creen el estado de sospecha exigido por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.».

A fs.59 la titular del Juzgado Nº25 solicitó la inhibición del Juzgado Nº10 «.toda vez que se advierte de la lectura de ambos legajos que los hechos que originaron la denuncia.son los mismos. ambas denuncias se describe el mismo contexto y conductas.»; lo que así se decidió (fs.85 y vta.), ordenándose la acumulación de las causas nº 72.571/2012 y nº 49.927/2013 y disponiéndose la citación de A. T. y G. T. T. a fin de que se presenten en el juzgado y aporten su versión de lo ocurrido así como las pruebas que consideren de utilidad.

A fs.107/108 obra la presentación efectuada por G. T. T.junto con su letrado patrocinante a fin de formular su descargo sobre los hechos que se le imputan los cuales negó.

A fs.110/113 luce el sobreseimiento decidido por la colega de instrucción considerando que la situación de los imputados debía ser resuelta «.pues no existen pruebas suficientes que permitan atribuirles la comisión de los hechos materia de investigación. No se cuenta en el legajo con elemento de convicción alguno que permita aseverar la autoría por parte de aquéllos en los delitos denunciados.no pudieron obtenerse probanzas que aporten certeza a los confusos dichos del denunciante y que ameriten la sujeción de los acusados al proceso.tampoco existen testigos presenciales y objetivos de los eventos que me convocan, a lo que se suman las contradicciones en el relato del denunciante.la única prueba con la que se cuenta además de un informe médico.es el testimonio de T.

C. que lejos de ser preciso y claro presenta como lo he señalado varias contradicciones que me impiden dirigir una imputación seria contra los aquí denunciados.». e) Es importante tener en cuenta que la acción civil por acusación calumniosa (art. 1090, Cód. Civil) no reedita la investigación de los hechos involucrados en la denuncia o querella, como tal. Si partimos de la hipótesis que el denunciado o querellado ha sido absuelto o sobreseído, es obvio que los delitos a él atribuidos no han existido o el denunciado no fue el auto r. Sobre esto existe cosa juzgada. No es posible pensar, pues, en una cuestión prejudicial en los términos del art. 1101 y siguientes del Código Civil (conf., Colombo, Leonardo, Responsabilidad civil derivada de querella, LL, 58-983, n° 3; Aguiar, Henoch, Hechos y actos jurídicos, Bs. As., Tea, 1950, t.

IV, pág. 126; Kemelmajer de Carlucci, Aída, en Belluscio-Zannoni, Código Civil comentado, t. 5, comentario al art. 1090, § 7, etcétera).

La acusación calumniosa, como delito -o cuasidelito- civil autónomo (art. 1090, Cód.Civil), no suscita una investigación penal de los hechos que dieron origen a la denuncia o querella.

Por otro lado, recuerdo que, para que se configure la acusación calumniosa debe acreditarse la inocencia del acusado mediante la correspondiente absolución o sobreseimiento definitivo. Este requisito -se dijo- es básico y antecedente de todos los demás (conf. Pecach, Roberto, Responsabilidad civil por denuncias o querellas precipitadas e imprudentes, J.A.65-110).

Así las cosas, es dable decir que en la doctrina penal, se considera que el delito de falsa denuncia presupone imputación contra persona determinada, porque el autor debe obrar a sabiendas de la inocencia del denunciado, lo que no puede suceder cuando no lo individualiza. En otros términos, el silencio sobre la identidad del sospechoso no excluye de por sí el derecho resarcitorio del denunciado si el denunciante obró dolosa o culposamente (Zavala de González, Matilde, ob cit. p. 387).

El problema de la relación causal entre el hecho y el daño suele aparecer ensombrecido en los casos de responsabilidad por denuncia.

Ello en virtud de que entre el primero y el segundo suelen encontrarse la conducta de terceros.En efecto, el denunciante pone en conocimiento de la autoridad policial un hecho que podría constituir un delito de acción pública, pero de allí en más es la decisión de investigarlo de la policía lo que puede ir involucrando a distintas personas, y esto es, lo que, en definitiva, oscurece esa relación causal.

Empero, reitero que en el supuesto analizado, el demandado imputó directamente la comisión de los delitos objeto de investigación a la accionante.

Como se dijo, de lo que aquí se trata es de valorar la conducta asumida por el demandado; es decir determinar que hubiese imputado falsamente la comisión de los delitos de lesiones y amenazas, sea con plena conciencia de que la actora no los había cometido o con la ligereza e imprudencia que caracterizan el obrar culposo, al poner en marcha una investigación judicial que culminó con su sobreseimiento.

Ahora bien, la negligencia exigida no puede presumirse sobre la sola base de la absolución o del sobreseimiento en sede penal, sino que se requiere una actitud temeraria o de inexcusable ligereza, pues de otro modo podría comprometerse el interés social en la investigación y represión de los delitos penales.

El sobreseimiento del imputado no constituye, entonces, un elemento que, por sí mismo, torne procedente sin más la acción de daños y perjuicios.

Resta definir, con todo lo dicho, si la actuación del demandado se encuentra incursa en una actitud reprochable y generadora de los daños que dice la actora haber padecido y cuyo resarcimiento solicita en la presente demanda.

Cabe a esta hora remarcar, que el principio de disciplina social según el cual es obligatorio abstenerse de actividades peligrosas o dañosas gravemente imprudentes, es plenamente aplicable a la facultad jurídica y, especialmente a la facultad y obligación de denunciar delitos, seguida de la inculpación específica de un individuo.El que denuncia un delito, incluyendo de una manera especial a la policía judicial, sabe que expone a un conciudadano a un mal grave, y no creo se obstaculice la indagación y el descubrimiento de los crímenes, al afirmar que también en esta actividad se debe actuar con sentido de responsabilidad (Ondei, en Foro Pad. 1952, 127, cit. Por MONTEL, ob. Cit., p. 147).

Si bien la culpa o el dolo deben ser probados por quien los alega (el demandante de los daños y perjuicios), ocurre aquí lo mismo que en toda clase de hechos ilícitos: a veces se los puede inferir de las propias circunstancias del caso, como cuando no existe ninguna razón, ni legal ni fáctica, que justifique la denuncia. El ejercicio de los derechos de naturaleza procesal debe realizarse diligentemente y dicha diligencia impone que las pretensiones que se formulen, posean una normal probabilidad de ser acogidas.

Como fue destacado, la acusación calumniosa no sólo puede configurar el delito del artículo 1090 Código Civil, sino también, en ausencia de dolo, un cuasidelito en los términos del artículo 1109 del mismo ordenamiento, imputable a título de culpa grave y grosera.A criterio del suscripto, en el mejor de los supuestos, es este el caso configurado en autos.

Ello, se patentiza si se advierte que el aquí demandado formuló su acusación basándose en sus propios dichos, confusos y contradictorios como destacó la juez de instrucción, y huérfanos de todo elemento fáctico que los sostenga.

Todo lo precedentemente expuesto me lleva al entendimiento de que el aquí demandado formuló su acusación aportando una versión de los hechos carente de sustento o negligente.

Es que, si bien no puede tacharse de dolosa su actitud, sí considero que no ha actuado diligentemente, antes bien de manera imprudente.

Y no se trata, a criterio del Suscripto, de exigirle a quien denuncia que se presente munido de pruebas incontestables que no dejen dudas sobre la autoría del hecho, sino que su actuación no genere un daño mediante un obrar precipitado y basado en conjeturas que no hallan sustento en elementos objetivos. No desconozco la delicada situación familiar, así como las desavenencias con su ex pareja -las cuales deben ser abordadas por los referentes familiares a través de herramientas idóneas a fin de encauzar sus diferencias-, pero ello no lo autoriza a denunciarla sin más elementos que sus dichos. En el caso que nos convoca, entiendo que ha mediado atribución concreta de la comisión de un acto ilícito, instando desde su rol de denunciante la acción penal, identificando directamente a la actora.

La negligencia que se le enrostra al demandado radica en el modo ligero en que se condujo en la acción penal, no por haberla promovido sino por haber identificado como partícipe a la actora sin ningún elemento concreto para hacerlo, más que sus manifestaciones.

En tal razonamiento, encontrándose reunidos los elementos probatorios referidos, pesaba sobre el denunciante demandado la carga de suministrar elementos de juicio tendientes a acreditar que pese a la inexistencia del delito que imputó habría obrado con alguna fundada creencia sobre su posible comisión a fin de eximirse de responsabilidad.Este aspecto concierne a la proyección subjetiva de la falsedad, es decir a su conocimiento o deber de conocimiento por parte del denunciante. Las teorías de las cargas probatorias dinámicas colocan el onus probandi sobre quien se encuentra en mejores condiciones de satisfacerlo, y es claro que estos extremos son del dominio del denunciante y no de los denunciados (conf. Zavala González, Matilde «Derecho de daños- daños a las personas, T 2.C, p 456). (CNCiv. Sala K, «S. A. A. c/ A. J. C. y otros s/ daños y perjuicios – ordinario», del 8/2/17).

Cuando el proceso penal de calumnia finaliza con la absolución del acusado, el querellante puede probar, en todos los casos, su error excusante de culpabilidad y tal prueba no se refiere a la verdad o falsedad de la imputación, sino a la existencia o inexistencia de culpabilidad (ver Fontán Balestra, Tratado de Derecho Penal, t. IV n° 94-6 en pág. 497), vale decir, cabe analizar si, al iniciar la querella, actuó a través de dolo o de una culpa grave o grosera -conducta que, como se ha visto, la doctrina y jurisprudencia en forma casi unánime requieren para tener por configurado el delito de acusación calumniosa (conf. CNCiv. Sala E, «O. C. E. c/ Z. G. J. C. s/ daños y perjuicios», del 12/7/16); extremo que no ha logrado ser demostrado por el denunciante, de acuerdo con lo que fluye del contenido de todo el material examinado. Nada más se necesita, entonces, para concluir, sin hesitación que el obrar culposo del demandado T. C. al denunciar penalmente a la actora es merecedor de reproche.

Todo lo precedentemente expuesto me lleva al entendimiento de que el aquí demandado formuló su acusación aportando una versión de los hechos carente de sustento o negligente.

Es que, si bien no puede tacharse de dolosa su actitud, sí considero que no ha actuado diligentemente, antes bien de manera imprudente.

Obró carente de fundamento, de manera tal que sus dichos han quedado catalogados como meras conjeturas.Tales razones, son suficientes para hacer lugar a la demanda impetrada. De ahí, que propongo al Acuerdo admitir las quejas vertidas y revocar con los alcances indicados la sentencia en crisis. f) Partidas indemnizatorias i) Daño psíquico En la unidad indisoluble de la persona, formada por cuerpo y alma, su integridad y normalidad psíquica constituye una dimensión reconocible y valiosa. Consecuentemente, debe ser objeto de protección, generando consecuencias resarcitorias el hecho que la menoscaba (conf. ZAVALA DE GONZALEZ, Disminuciones psicofísicas, to.1, Astrea, pág.109).

El daño psíquico es una clase de lesión a la persona que constituye fuente de daños resarcibles. Supone una perturbación patológica de la personalidad de la víctima, que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente. Existe la posibilidad de que la víctima experimente un daño exclusivamente psíquico, sin lesiones corporales. Es decir, aquel no debe ser restringido al proveniente de una agresión anatómica (conf. ZAVALA DE GONZALEZ, ob.cit., págs.109/112).

Al resarcir este tipo de daño no se trata de comprender ni de identificarse empáticamente o moralmente el damnificado, sino de objetivar un diagnóstico clínico que ten ga entidad psicopatológica.

Asimismo, en un individuo sano, las perturbaciones podrán conmover o alterar momentáneamente el equilibrio por un lapso, mas lo normal es que pueda evitar el acarreamiento de connotaciones de índole patológica a través de sus propias defensas (esta Sala «Saavedra, Nelson c/Luján Pérez, Marcelo y otros s/daños y perjuicios» (expte.44.859/10), del 13/12/12).

Una patología psíquica originada en el hecho motivo de litis debe permitir que se la reconozca como un daño efectivo a la integridad corporal y no simplemente una sintomatología que solo aparezca como una modificación disvaliosa del espíritu, de los sentimientos, que lo haría encuadrable en el daño moral.En consecuencia, solo será resarcible el daño psíquico en forma independiente del daño moral cuando sea consecuencia del evento, sea coherente con este y se configure en forma «PERMANENTE».

En la pericia psicológica de fs.155/171 (27/6/2018), indicó el experto designado que «.La Sra. T. denuncia en varias ocasiones al Sr. T. por violencia familiar.El 28/09/2011 el Juzgado Civil N° 56 interviniente decide excluir de la vivienda al Sr. T. y a su pareja más prohibición de acercamiento a la finca y a 300 metros a la redonda de la misma y de cualquier lugar en que la Sra. T. y sus hijos se encuentren. A su vez el Sr. T. denuncia a la Sra. T. en dos ocasiones y por distintos motivos (Causa penal «T. T. G. s/defraudación por estelionato» N° 133/170.c/745/12.(MB/18) y denuncia del 30/07/2012 debido a ingreso por la fuerza de la Sra. T. y sus hijos Jonathan y A. en la morada de la calle Cruz 2985 de CABA y posterior agresión física de G. y A. al Sr. T. con amenaza de muerte, de parte de éste, si no deja la casa). En la primera causa, la denuncia fue desestimada y la Sra. T. fue absuelta; en la segunda causa, la madre y el hijo A. fueron sobreseídos por falta de pruebas suficientes y de testigos que permitan atribuirles los hechos materia de investigación. De distintas fojas del Expte. surge que: 1) el Sr. T. agredía física y psicológicamente a la Sra. T.; 2) desde hace varios años no se hace cargo de la manutención de los hijos y tampoco se preocupa por la salud, educación y esparcimiento de ellos (tienen un hijo discapacitado, aunque en otros momentos en el Expte. se lee que hay dos hijos discapacitados); 3) la actora vive sola con sus 4 hijos y económicamente están a su cargo; 4) se alega que como consecuencia de los hechos investigados en autos la Sra. T.se encuentra afectada moral y psíquicamente, con un estado de angustia y depresión muy grande; 5) se ve también afectada patrimonialmente; 6) el letrado patrocinante alega una grave depresión que le produjo a la Sra. T. una incapacidad del orden del 35% de la (T.O.) y 7) el Sr.

T., mediante su letrado patrocinante, desconoce la totalidad de la documental y todos los hechos alegados por la contraria en la acción promovida.Datos obtenidos a través de las entrevistas.El discurso de la Sra. T. se encuentra enfocado en torno a 6 ejes temáticos que le producen una ansiedad y angustia que se expresa mediante un llanto casi continuo: 1) la manutención de sus hijos (cuenta que el Sr. T. no le pasa dinero desde hace varios años); 2) su hijo discapacitado V.; 3) su hijo menor A. (dice que el padre del niño quiere sacarle la tenencia del mismo); 4) la casa (teme que el Sr. T. vuelva a meterse por la fuerza y/o que se la quite); 5) su futuro laboral (aduce problemas con uno de sus puestos de venta debido a que el mismo está a nombre del Sr. T.) y 6) su vida (miedo a que el Sr. T. la ataque y/o la mate). De lo anterior se desprende que: 1) la actora presenta alteraciones en la memoria, la concentración y la atención durante las entrevistas; 2) El afecto disfórico que prevalece en la actora durante los encuentros es el de una angustia desbordante y 3) vive en un estado permanente de preocupación.CONCLUSIONES DERIVADAS DEL ESTUDIO: La Sra. T. T. G. ha iniciado una demanda sobre daños y perjuicios al Sr. T. C. V. por haber sufrido maltrato físico y psicológico.Los hechos que constan en autos, se verían reflejados en las producciones gráficas y verbales de la misma, dando cuenta de un daño psíquico como consecuencia de haber sufrido violencia de género.Desde una perspectiva de diagnóstico diferencial, considero que no hay elementos suficientes como para considerar que la actora sufriría de un cuadro prevalente de depresión reactiva a un hecho traumático, como tampoco que se trate de un caso encuadrado en estrés postraumático. A MODO DE SÍNTESIS: La actora no presentaría: 1) indicadores significativos de compromiso orgánico, aunque sí se relevan indicadores de presencia de libido intrasomática (LI) que se relacionarían con los dolores de cabeza y el déficit de memoria que presenta la actora (cabe tener en cuenta la posibilidad de aparición de posteriores problemáticas físicas por somatización ante el trauma de no mediar una terapia que ayude a elaborar los hechos investigados en autos); 2) sintomatología prevalente de depresión y 3) sintomatología prevalente de estrés postraumático. La actora sí presentaría: 1) alteraciones en las áreas perceptivas, mnémicas, atencionales y visomotoras pero que pueden mejorar su performance general en un ambiente contenedor y de sostén (como ha funcionado el encuadre y la presencia reaseguradora del perito durante las entrevistas); 2) dificultades para establecer vínculos sociales armónicos y de confianza; 3) angustia desbordante en torno a su futuro laboral por problemas de titularidad con uno de sus puestos de venta (dice que está a nombre del Sr. T.); 4) intensa preocupación y angustia en su relación con los hijos (no quiere que la vean mal y teme no llegar a mantenerlos económicamente); 5) un foco atencional y de preocupación en torno a su futuro personal, el de sus hijos y su casa; 6) indicadores de haber sufrido maltrato físico, psicológico y sexual; 7) temor a ser amenazada y/o que peligre su vida y 8) un estado anímico prevalente de ansiedad y angustia desbordantes.Por todo lo anterior expuesto, puede concluirse que la Sra. T. T. G. presenta un trastorno de ansiedad y angustia que se correspondería con el cuadro descrito en el Baremo de Castex y Silva (2002) como: 2.6 Desarrollos no Psicóticos, subtipo 2.6.1 Neurosis de Angustia. Este cuadro se caracteriza por presentar los síntomas ya mencionados que padece la actora a consecuencia de una situación traumática sufrida (en este caso los hechos investigados en autos). A modo de recordatorio, destacaremos los síntomas más significativos: ansiedad, angustia, temores variados, somatizaciones (en esta caso dolores de cabeza y lagunas mnémico-confusionales), miedo a morir, etc. considero que el grado de afección que aqueja a la Sra. T., se corresponde con lo que el Baremo de Castex y Silva señala como 2.6 Desarrollos no Psicóticos, subtipo 2.6.1 Neurosis de Angustia, en grado severo. Al mismo le corresponde un porcentual de incapacidad entre el 25 al 35 %.En cuanto al tipo de incapacidad, la misma es parcial y permanente. Por una parte la actora ha podido accionar para iniciar una demanda pero también por otra parte se aprecia que han pasado varios años desde los hechos investigados en autos y el daño psíquico acarreado por los mismos se ha consolidado.».

Por el juego de lo normado por los artículos 386 y 477 del CPCC, los jueces tiene amplia libertad para ponderar el dictamen pericial, tomando en consideración la competencia del perito, los principios científicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca. Se trata de que el juez tenga la más amplia libertad de apreciación o valoración de dichos dictámenes, apuntándose de ese modo, a evitar cualquier forma de sujeción servil que haría del juez un autómata y que convertiría a los peritos en jueves de la causa (conf.DEVIS ECHANDÍA, Teoría General de la prueba judicial, T.II, pág.348, cit.in re «TORALES, Francisco c/ALFONSO, Bernardo Juan y otros s/daños y perjuicios», CNCIv. Sala G, L.612.345, del 26/2/13).

Las conclusiones del perito deben ser convincentes, como consecuencia lógica de sus fundamentos y motivaciones, de modo que el juez, si al apreciar el dictamen entiende que presenta conclusiones poco claras y carentes de sustento, no podrá otorgarle eficacia probatoria indispensable para formar convicción sobre los hechos controvertidos (conf. VARELA, Casimiro, «Valoración de la Prueba»). Muchas veces sucede que el perito funda sus conclusiones en meras hipótesis, conjeturas o versiones de las partes, que no se sustentan en elementos objetivos obrantes en la causa. No menos frecuente es que el experto no suministre ninguna de las razones que lo han conducido a elaborar su dictamen, o que las mismas carezcan de claridad o de precisión, inclusive que sean contradictorias (conf.

AREAN-HIGHTON, Código Procesal., to.8, págs,539 y ss., CNCiv.

Sala G, op. pág.196).

Sin desmerecer las conclusiones científicas de la especialista, lo cierto es que los menoscabos que presenta la accionante no hallan vinculación con la cuestión que aquí se analiza; sino que queda claro que la sintomatología descripta reconoce su génesis en situaciones vivenciadas con el demandado, pero no se vislumbra que la falsa denuncia en examen tuviera incidencia causal en su patología.

En ese sentido, cabe recordar que el análisis que permite establecer los presupuestos de la responsabilidad civil no puede desatenderse de la necesidad de verificar con precisión la autoría, la causalidad y el daño experimentado. Es indispensable, en este sentido, determinar si las consecuencias imputadas fueron producidas por la acción de los demandados, vale decir, la existencia misma del hecho y la relación causal cuya demostración incumbe a la actora en todos los casos, no como un vínculo solamente posible, sino la efectiva comprobación de la atribución del daño al hecho (conf.Golde mberg, La relación de causalidad en la responsabilidad civil, págs. 45 y sgtes).

La relación de causalidad adecuada jurídicamente es la que existe entre el daño y el antecedente que lo produce normalmente, conforme con el curso natural y ordinario de las cosas, pues no todas las condiciones son equivalentes, sino la que, entre todas las que concurren, ha influido decisivamente en la dirección del resultado operado (conf. LLambías, Tratado de Derecho Civil-Obligaciones, TºI, págs. 372/374).

Cabe señalar que la carga procesal de probar la relación de causalidad entre el daño cuyo resarcimiento se persigue y el hecho de la persona o de la cosa a los que atribuye su producción recae sobre la parte actora (conf. CNCiv., Sala A, 9/05/09, «Alvariño Pedro c/ Transportes Automotores Riachuelo S.A. y otros s/ daños y perjuicios»). Ello, por aplicación del principio que fluye del artículo 377, del Código Procesal.

Es decir, la probanza del mismo debe darla la parte que tiene interés en afirmar su existencia, debiendo a tal fin elegir los medios adecuados para formar la convicción en el ánimo del juzgador; es decir el onus probandi pesa sobre quien sostiene un hecho contrario a sus intereses morales o materiales. Lo que ha de probarse es la afirmación del hecho por lo que si el onus probandi pesa sobre el actor, ante la falta de pruebas del hecho contradicho debe rechazarse la pretensión. La carga de la prueba señala a quien corresponde evitar falte la prueba de determinado suceso o circunstancia, a fin de no sufrir los efectos perjudiciales que de ello puedan resultar sus pretensiones. Dicha actividad no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés del afectado y la generación de una infraestructura idónea para sostener el reclamo (conf. CNCIv.Sala B, «Sulkowski, Bárbara c/Empresa de Transportes Aut. Plaza s/daños y perjuicios», del 8/5/02; íd. «Rodríguez, Luis c/Valentín Guitelman SA.s/daños y perjuicios» del 22/3/02, L.328.001, elDial-AAF15).

Por consiguiente, del análisis de la prueba producida en autos, estimo que la accionante no ha logrado acreditar que las secuelas descriptas por la perito psicóloga hallen su causa en el evento dañoso que nos convoca. De ahí, que propongo al Acuerdo desestimar la partida. ii) Daño moral Corresponde definir al daño moral como la privación y disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más grandes afectos, a lo que se puede agregar que, ya sea que se caracterice como la lesión sufrida en los derechos extrapatrimoniales o como el que no menoscaba al patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley o el que se infiere a los sentimientos, a la integridad física o intelectual, o a las afecciones legítimas, es decir que se causa a los bienes ideales de las personas, es condición esencial para esa indemnización que él exista o se haya producido (conf. Zannoni, Eduardo, El daño en la responsabilidad civil, pág. 287, núm. 85; Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, pág. 179, núm. 556/7; Orgaz, Alfredo, El daño resarcible, pág. 223, núm.55).

Si bien pertenece al sagrado mundo subjetivo de los damnificados, para su reparación económica debe traducirse en una suma dineraria y no resulta sencillo determinar su cuantía; para ello deben tenerse en consideración las circunstancias del hecho, la persona de la víctima y el daño sufrido en los valores mencionados.

Ello establecido, corresponde concluir que el rubro no puede medirse en razón de las secuelas que denuncian las víctimas, pues debe tenerse en cuenta en qué medida los padecimientos ocasionados pudieron haber significado un grado de afectación y quebrantamiento espiritual.

Ahora bien, teniendo en consideración que lo que se ha solicitado es el resarcimiento del daño moral, entendido este como un daño jurídico, en la medida que lesiona los bienes más preciados de la persona humana que resulta compartible como la lesión de razonable envergadura producida al equilibrio espiritual cuya existencia la ley presume y tutela y que atañe a una persona. (conf. CNCiv Sala B, 6- 12-99 «Mesa Gladys c/ La Cabaña s/ daños y perjuicios»).

No obstante esto, no se pierde de vista que los artículos 1089 y 1090 del C.Civ. se refieren solamente a daños patrimoniales, pero omiten toda alusión acerca de la indemnización del daño moral nacido de los ilícitos culposos contra el honor, remitiéndose implícitamente a las generalidades de los arts. 1068, 1075 y 1078 del mismo cuerpo legal. Luego, es convicción del suscripto que, tratándose de esta clase de delitos o cuasidelitos es cuando el principio de la indemnización del daño moral puede tener su más amplia aplicación -resultando innegable la producción de la lesión-, a punto tal que un calificado sector de la doctrina entiende que en supuestos como el puesto a estudio el daño moral debe presumirse (Kemelmajer de Carlucci, Llambias), sin perjuicio de que se lo pueda tener por comprobado con prueba indirecta a través de indicios y presunciones; finalmente, lo que ocurre en estos autos (conf.Pizzaro, Ramón Daniel; Vallespinos, Carlos Guastavo, Instituciones de derecho privado-Obligaciones, Tomo 4, p. 377).

Por todo ello, atendiendo a las particularidades que presenta el caso, en razón de la problemática familiar en la que se encuentran inmersas las partes, entiendo prudente fijar la indemnización por daño moral en la suma de pesos cincuenta mil ($50.000).

g) Intereses En lo relativo a la tasa de interés a aplicar, de conformidad con la doctrina plenaria sentada por esta Cámara Civil en los autos «Samudio de Martínez, Ladilaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios» del 11/11/08, corresponde sobre el capital reconocido aplicarse la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde la producción del perjuicio (art.1748 Código Civil y Comercial de la Nación); en el caso desde la su intervención en la causa penal. h) Costas En cuanto a las costas, atento el resultado global obtenido, corresponde que sean impuestas a la parte vencida (artículo 68, primer párrafo del Código Procesal).

En merito a lo expuesto, se propone al Acuerdo:

I) Revocar la sentencia recurrida II) Admitir parcialmente la demanda y, en consecuencia, condenar a V. H. T. C. abonar a G. T. T. la cantidad de pesos cincuenta mil ($50.000); con más sus intereses a liquidar según el sistema establecido en el considerando IV.g), en el término de diez días.

III.- Imponer las costas de ambas instancias a la vencida (arts.68 y 279 del Código Procesal) Así mi voto.

La Dra. Beatriz A. Verón y la Dra. Gabriela M. Scolarici adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras y Señor Vocales en los términos de la Acordadas 12/20, 31/20 CSJN, de lo que doy fe.

Buenos Aires, 8 junio de 2021.

Y VISTOS:Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

I) Revocar la sentencia recurrida II) Admitir parcialmente la demanda y, en consecuencia, condenar a V. H. T. C. abonar a G. T. T. la cantidad de pesos cincuenta mil ($50.000); con más sus intereses a liquidar según el sistema establecido en el considerando IV.g), en el término de diez días.

III.- Imponer las costas de ambas instancias a la vencida (arts.68 y 279 del Código Procesal)

IV.-Para conocer los honorarios que fueran regulados en la sentencia de grado, en virtud de lo normado por el art. 279 del CPCCN y los arts. 1, 10, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 29 inc. a), b) y c), 51, 52, 58, 59, 60, 61 y ccdtes. de la ley 27.423 y art. 478 del Código Procesal, se fijan los estipendios del letrado apoderado de la actora, Dr. Carlos Orestes Cardozo en .UMA, lo que representa la suma de pesos.($.) por su intervención en las tres etapas del proceso; los del letrado patrocinante del demandado José Luis W. Padilla Ortuño, por su actuación en la primera etapa, en .UMA, equivalente a pesos . con ./100 ($.) y los del Dr. German Núñez Gonzales -a partir de fs.140- en .UMA, correspondiente a la suma de pesos .con ./100 ($.).

Los estipendios del perito psicólogo Luis Alberto Stoppiello, se fijan en . UMA, lo que a la fecha representa la suma de pesos. ($.).

Por último, se fijan los honorarios del mediador Juan Luis García Solorzano en .UHOM, lo que representa a la fecha la suma de pesos. ($.) (Decreto 47/2021).

En cuanto a las tareas desarrolladas en la Alzada conforme la aplicación de la nueva normativa arancelaria (art 30 de la ley 27.423) se regulan los honorarios del Dr. Carlos Orestes Cardozo en .UMA, lo que representa la suma de pesos .con ./100 ($.) y los del Dr. Moises Michael Núñez Burgos en .UMA, lo que representa la suma de pesos . ($.) (Ac. 7/2021 CSJN del 20 de abril de 2021).

Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.

Fdo. Dr. Maximiliano L. Caia

Dra. Beatriz A. Verón

Dra. Gabriela M. Scolarici.

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