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#Doctrina El pedido de propia quiebra. ¿Derecho o abuso?

Autor: Borzone, Leandro A. N.

Fecha: 12-jul-2021

Cita: MJ-DOC-16056-AR | MJD16056

Doctrina:

Por Leandro A. N. Borzone (*)

El presente trabajo apunta a brindarle al lector algunas pautas y antecedentes jurisprudenciales en el ámbito local respecto los distintos criterios empleados al momento de resolver el pedido de propia quiebra efectuado por el deudor y su relación con el abuso del derecho.

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El tema seleccionado cobra especial importancia en los días que corren en tanto como consecuencia de la pandemia muchas personas se han visto impedidas de afrontar sus obligaciones debiendo recurrir a este instituto. En ese sentido, muchas personas han tomado créditos y préstamos con distintas entidades que a la postre no han podido cancelar. ¿Qué pasa entonces con estos sujetos? ¿Pueden por ejemplo solicitar su propia quiebra aun cuando carezcan de bienes activos? ¿Hay un abuso del derecho de solicitar la propia quiebra o simplemente incumplimiento de requisitos formales? ¿Podríamos pensar en una conducta negligente por parte del acreedor otorgante del préstamo?

Brevemente diré que el abuso del derecho consiste en el ejercicio de una prerrogativa jurídica o derecho subjetivo desviando la finalidad ética, social o económica tenida en mira por el derecho objetivo para otorgar o amparar esa prerrogativa jurídica o ese derecho subjetivo, o bien que implique un ejercicio de la prerrogativa jurídica o derecho subjetivo irregular, o que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres (1).

Nuestro Código Civil no receptó en forma expresa la doctrina del abuso del derecho. Por el contrario, afirmó que el ejercicio de un derecho propio, o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto (Art. 1071 ). Esta figura, fue incorporada recién a través de la reforma del Art. 1071 del Cód.Civil por la ley 17.711 que agregó el término «regular», y la oración «la ley no ampara el ejercicio abusivo de derechos», definiéndolo como aquél que «contraríe los fines que aquella tuvo en miras al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres».

La reforma del Código Civil y Comercial en su art. 10 , ratificó dicha incorporación quedando redactado de la siguiente manera: «El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización».

Abuso del derecho o incumplimiento de requisitos formales.

Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Lo que ocurre es que hay algunos criterios judiciales que entienden que, si bien existe un derecho a pedir a la propia quiebra, muchas veces ese derecho resulta ejercido de manera abusiva y por ello corresponde rechazarlo o acotarlo.

Algunos jueces consideran que el pedido de propia quiebra, -cuando el peticionante es un empleado que sólo cuenta con su recibo de sueldo sin tener bienes materiales-, constituye un ejercicio antifuncional o abusivo, en tanto en rigor de verdad su finalidad es evitar los descuentos por planilla, y los débitos automáticos. Sostienen que utilizan la quiebra como un mecanismo para «limpiar su recibo de sueldo». Refieren que cuando hay una petición de quiebra por el propio deudor y aquélla carece de bienes a liquidar resulta un ejercicio abusivo de la misma correspondiendo su rechazo.Argumentan que teniendo en cuenta que el proceso de quiebra tiene como finalidad específica liquidar los bienes del fallido para distribuir su producido entre sus acreedores, ningún sentido tiene transitar por ese camino cuando no existen justamente bienes para liquidar. Incluso señalan que aceptar el pedido de propia quiebra conduciría a una grave consecuencia como es la presunción de fraude y su necesaria comunicación a la justicia penal, lo que trae aparejado en sede concursal la imposibilidad de rehabilitación del fallido hasta su sobreseimiento o absolución en sede penal (2).

Concretamente a nivel local, en un reciente fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Rosario, se rechazó un recurso de apelación deducido por la parte actora contra la resolución de primera instancia que había rechazado un pedido de propia quiebra por no contar con bienes el peticionante considerando dicho pedido como abusivo. La Sala confirmó la decisión del a quo resolviendo que la normativa concursal no puede ser interpretada aisladamente, sino que es menester considerar los principios superiores que rigen el ordenamiento jurídico, como ser el orden público, la moral y las buenas costumbres, y principalmente a través de la Teoría del abuso del Derecho.Agregó que la quiebra «es un instituto excepcional pudiendo el deudor recurrir a otros remedios previstos por la legislación concursal de carácter preventivo, como por ejemplo solicitar la apertura del Concurso preventivo a fin de reordenar y reorganizar su pasivo, que por otra parte, resulta menos gravoso para el deudor y posibilita brindar la expectativa a los acreedores del cobro de sus acreencias en la forma en que libremente se acuerde con el deudor concursado, es decir, permite el reordenamiento del pasivo y el pago paritario a sus acreedores» (3).

En un caso análogo, la misma Sala al tratar el recurso de apelación deducido por el actor contra la Sentencia de primera instancia que había resuelto que la quiebra había sido peticionada con claros fines abusivos, es decir, en desmedro de los acreedores, resolvió que aun cuando no estuviera acreditado dicho abuso, de igual modo no estaba acreditada la cesación de pagos en tanto de siete créditos que tenía el deudor sólo dos no estaban al día, explicándose que un mero incumplimiento no provoca la cesación de pagos, indicando además que el peticionante no acompañó la documentación necesaria, como por ejemplo los recibos de sueldo (4). Interpretó la Sala que, a los fines de evitar el empleo abusivo de la herramienta legal, no basta la confesión del requirente para tener por configurados los prepuestos de apertura del procedimiento universal (del voto del Dr. Mario Chaumet). Es decir, no solo es necesario confesar el estado de cesación de pagos, sino que además debe estar refrendado por el resto de la prueba rendida.

La Sala II también se ha expedido profusamente sobre este tema.Alude a la cesación de pagos como estado y no como hecho aseverando que «bajo la teoría amplia adoptada por nuestra legislación no cabe identificar la cesación de pagos con el mero incumplimiento, sino que requiere un estado generalizado y permanente de insolvencia patrimonial, a raíz del cual la deudora se encuentre impedida de cumplir de forma regular con las obligaciones asumidas». Remarca la necesidad de acreditar en el caso concreto el estado de cesación de pagos, ponderando con prudencia la confesión judicial, siendo indispensable que se lo haga de manera integral junto con las demás constancias de la causa (5).

Juzgó que «partiendo de la base de que los débitos automáticos sobre las cuentas sueldos son autorizados por sus titulares, bien podría entonces dar la orden para que esos descuentos cesen o iniciar las acciones que fuesen pertinentes en cada caso» no resultando «conveniente que sea el poder judicial quien se ocupe de enmendar la afectación de los salarios de los pequeños deudores avalando a tal fin el uso abusivo del procedimiento concursal, toda vez que el instituto no ha de aplicarse como una especie de mecanismo subsidiario de reestructuración de la llamada «insolvencia de los consumidores» y, menos aún, como mecanismo para impedir las detracciones injustificadas que recaen sobre su sueldo».

Por último exigió acabadamente el cumplimiento de los recaudos formales del inciso 2; 3; y 5 del Artículo 11 de la L.C.Q rechazando así el recurso enderezado.«La acción entablada no cumple con los recaudos formales mínimos que debían acreditarse en un primer momento a fin de disponer la apertura, por lo que corresponde rechazar el recurso de apelación entablado y confirmar el decisorio de primera instancia» remarcando la necesidad de ponderar en cada caso concreto la confesión judicial siendo indispensable que se lo haga de manera integral junto con los demás elementos del juicio».

En otro caso análogo donde el juez a quo había rechazado el pedido de propia quiebra efectuado por el deudor por considerar que no se hallaban acreditados los presupuestos del estado de cesación de pagos agregando que se advertía un uso antifuncional de la quiebra, la misma Sala dijo que si bien era cierto que la inexistencia de activo para liquidar no constituye óbice para la apertura de la quiebra, no menos lo era que «es una condición indispensable para que el instituto lleve a cabo su objetivo central» advirtiéndose que el escaso patrimonio con que contaba el deudor inexorablemente ocasionará la clausura por falta de activo provocando un desgaste jurisdiccional innecesario y generando mayores deudas que en definitiva terminan repercutiendo sobre el magro patrimonio del deudor (honorarios de los funcionarios concursales y abogados intervinientes, y los demás gastos del juicio). También volvió a insistir en el sentido que la confesión judicial como elemento que acredite el estado de cesación de pagos, debe ser analizada de manera integral junto con las demás constancias de la causa, remarcando que en el caso sometido a juzgamiento no se había acompañado documentación respaldatoria suficiente respecto los créditos informados, como tampoco respecto los débitos y códigos de descuento que recaían sobre el deudor (6).

Sostuvo la Sala que «la inexistencia de documentación re spaldatoria de las deudas denunciadas, la inexistencia de ejecuciones individuales contra el peticionante y la inexactitud de la información brindada debilitan la verosimilitud de la cesación de pagos alegada, así como también sus caracteres de «general» y «permanente» y sabido es que la confesiónjudicial del deudor ha de ser analizada con prudencia, puesto que no puede constituir por sí sola la exteriorización de la insolvencia alegada, máxime cuando las circunstancias descriptas diluyen que este proceso sea el único remedio posible para la actora frente a la dificultad patrimonial que aduce».

Es importante destacar aquí que, después de confirmar el rechazo de la apertura de la quiebra por las razones apuntadas, el fallo alude también al ejercicio antifuncional del pedido de quiebra, remitiéndose a antecedentes de la propia Sala sobre los cuales descansa el criterio que corresponde rechazar los «pedidos de propia quiebra de empleados públicos, cuyo único ingreso es su sueldo o su haber jubilatorio que se ve afectado por los créditos contraídos con entidades crediticias que luego se encuentran imposibilitados de afrontar». Se desprende del fallo que: «de conformidad a los hechos expuestos en la demanda, el peticionante de la quiebra está utilizando abusiva y antifuncionalmente su derecho, intentando «desbaratar» -valiéndose a tal efecto de un régimen de excepción- el derecho de sus acreedores y en contra de la regla contenida en el Art. 1071 del Código Civil, integradora de nuestro orden jurídico: ‘La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres».

En síntesis, de un análisis integral del fallo, se advierte que se consideran allí dos cuestiones para confirmar la Sentencia de primera instancia que había rechazado el pedido de quiebra peticionado por el propio deudor. Por un lado, la falta de cumplimiento de los requisitos formales, en tanto no estaba acreditado el estado de cesación de pagos y por otro el otro el uso antifuncional del instituto de la quiebra.

En la vereda de la Sala I, también se advierte un criterio similar al que venimos repasando, aunque las opiniones no son concordantes.Y es que por mayoría se resolvió que la mera confesión del deudor que se halla en estado de cesación de pagos no es suficiente para promover la apertura de la quiebra, en tanto la verificación del estado de cesación de pagos se relaciona con un requisito objetivo, y si para ello bastara sólo su confesión ese requisito pasaría a ser de corte «subjetivo». Al momento de desandar el camino efectuado por el peticionante de la quiebra consideró que la deuda no se hallaba fehacientemente acreditada, aseverando que «la situación de importante endeudamiento que parece atravesar la recurrente no puede considerarse suficiente para concluir en la existencia de un estado de insolvencia en el sentido técnico» (7).

Por su parte, el Dr. Ariza siguiendo precedentes de la Sala con distinta integración, explicó que si bien considera necesario desalentar conductas que puedan resultar contrarias a los fines previstos por el legislador, la Ley Concursal no exige que el peticionante deba contar al momento de la petición con bienes realizables y que la propia denuncia de la cesación de pagos por el deudor habilita ab initio la declaración falencial, citando al maestro Rouillón quien postula que sólo en limitadísimos casos el Juez puede denegar el pedido de propia Quiebra.

En síntesis, del voto disidente se desprende que para admitir el pedido de propia quiebra efectuado por el deudor la ley solamente exige:a) el cumplimiento de los requisitos formales para la petición de quiebra, esto es el deber de acompañar un estado detallado y valorado del pasivo y del activo; b) que el deudor sea un sujeto susceptible de ser declarado en quiebra y c) que concurra el denominado presupuesto objetivo de la declaración cual es la cesación de pagos, concluyendo que la propia denuncia formulada por el deudor habilita la declaración falencial.

En otro caso similar, también por mayoría esta misma Sala resolvió rechazar el recurso de apelación deducido por la requirente contra la Sentencia de primera instancia que había denegado la apertura del proceso falencial peticionada por el propio deudor (8).

Destaco de este fallo el voto del Dr. Cifré quien en primer lugar apuntó que la cuestión tratada se vincula con la delicada situación del sobreendeudamiento de los consumidores y la insuficiencia de instrumentos normativos que permitan contemplar aquellos supuestos.Indicó que este tipo de casos se han visto incrementados considerablemente en los últimos años postulando que, hasta que sea sancionada una regulación especial que abarque la problemática de la quiebra de los consumidores, es menester ponderar y armonizar la protección de los acreedores y el crédito de los consumidores.

Del voto se desprende que «si bien no hay que vedar el acceso a la quiebra cuando el patrimonio comprometido carece de bienes activos para liquidar ello no supone omitir un estricto «escrutinio de la situación planteada por el peticionante a fin de descartar la existencia de abuso o empleo ilegítimo de los mecanismos legales». Así explicó que «no corresponde denegar a priori solicitudes como la aquí tratada, pero resulta fundamental equilibrar la situación de los afectados a partir de, primero, un estricto análisis que conduzca a la comprobación del efectivo estado de insolvencia (punto 6 de estos considerandos) y, luego, a la verificación de que no se presenta un supuesto de abuso, fraude o ejercicio disfuncional del mecanismo legal (punto 5 de estos considerandos), correspondiendo a estos fines adoptar un alto estándar de exigencia respecto de la presentación y acreditación de todos los presupuestos legales» .

Siguiendo ese razonamiento, concluyó entonces que en la especie la recurrente no había acreditado que en el caso se verificasen los presupuestos establecidos en la legislación concursal para proceder a la apertura del procedimiento falencial. Ponderó que la peticionante tenía remuneraciones provinciales, las cuales se recomponían producto de la inflación, y además que los descuentos que sufría no llegaban a insumir el 30% de sus haberes mensuales, en tanto que lo neto percibido, aún luego de las deducciones, equivalía a entre tres y cuatro veces el salario mínimo por entonces vigente, sin que tampoco se haya acreditado que pesasen sobre su patrimonio otras deudas o pasivos, o bien de que las sumas comprometidas resultasen insuficientes para atender a sus necesidades o que -de algún otro modo- se justificase la procedencia de la vía escogida.Esa fue su explicación para rechazar el recurso (9).

Por último, en la esquina de la Sala IV un reciente Acuerdo revocó una Sentencia donde el magistrado de primera instancia había rechazado el pedido de propia quiebra efectuado por un deudor que no contaba con bienes susceptibles de liquidar teniendo en cuenta que el fin de la quiebra es liquidativo y que la petición se enmarcaba en un abuso del derecho.

Allí los vocales expresaron que, si bien es cierto que la quiebra tiende a liquidar los bienes del fallido, ello «no es un requisito indispensable» por cuanto existe un derecho subjetivo a quebrar a fin de que el fallido, vencido los plazos establecidos en la ley pueda conseguir su «rehabilitación». Se desprende del fallo que: «si bien la quiebra es un trámite predominantemente liquidativo, no siempre implicará la liquidación por cuanto existen vías negociables que se pueden encauzar mediante la «conversión», el «avenimiento» y la «carta de pago». Por otro lado, «in re» «Correti», esta Sala tiene sentado que no puede rechazarse la quiebra por «inexistencia de activo» (10). Esta Sala ha destacado en el Acuerdo la necesidad de valorar que la buena fe se presume y por ende corresponde reconocerle al peticionante en este caso concreto el derecho de pedir la quiebra en tanto no se ha demostrado su mala fe, desmarcando de otros precedentes de deudores que en poco tiempo contrajeron un pasivo abultado para luego pedir su quiebra, situación que la Sala entendió no se verificaba en estos caratulados.

Finalmente, en otro reciente fallo (11) la misma Sala hizo lugar al recurso de apelación deducido contra la sentencia de primera instancia que había rechazado la petición de la propia quiebra por no existir activo a liquidar so riesgo de consagrar un verdadero fraude al permitir al deudor librarse de sus deudas, y de una actuación jurisdiccional inútil.

El caso se trataba de un deudor, empleado público cuyo único activo era su sueldo el que tenía descuentos por planilla originados por los créditos tomados y que en ese escenario elrecibía menos de un 40% del salario mínimo vital y móvil. Sostuvo la Sala que la quiebra es un instituto complejo que no puede reducirse a una ejecución colectiva que, si bien es cierto que es un proceso liquidativo, no menos lo es que es no es el objetivo final sino que es un medio, en tanto la existencia de bienes desapoderables no es un presupuesto para la declaración de la quiebra.

Tuvo en cuenta también la responsabilidad de los acreedores financieros quienes omitieron verificar y controlar previamente la situación de solvencia del deudor confiando en el mecanismo de «descuento por planilla». «La culpa del deudor por endeudarse más allá de sus posibilidades está ahí, si actuó dolosamente, podrá el juez penal verificar si su conducta encuadra en alguna de las figuras de la estafa o en la que sea, y con ello demorar la rehabilitación. Pero la culpa de los acreedores es mayor que la del propio deudor, está también a la vista como vimos y con mayor razón en este caso, cuando se trata de entidades que cuentan con los préstamos en sus actividades normales, que tiene acceso a códigos de descuentos directos, profesionales en el tema».

Por úl timo, destaca el fallo el carácter de consumidor del peticionante y su status constitucional donde es necesario contemplar el sobreendeudamiento del deudor.

Como podrá advertir el lector, la temática vinculada con el pedido de propia quiebra efectuado por el deudor tiene distintas interpretaciones considerándose especialmente el cumplimiento de los requisitos formales, la acreditación del estado de cesación de pagos, la existencia o ausencia de bienes para liquidar, así como también el ejercicio abusivo del derecho en el caso concreto.

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(1) SPOTA, Alberto: «Instituciones de Derecho Civil, Contratos», Ed. Depalma, Buenos Aires, vol. I, p. 53.

(2) Costarelli, Enrique Orlando s/ propia quiebra», 28/08/2006, publicado en La Ley Online, Cita online: AR/JUR/11087/2006

(3) «M.S.B s. Solicitud de propia quiebra»; Acuerdo N° 95, de fecha 20.05.2019

(4) «B.C, s.Solicitud de propia quiebra», Acuerdo N° 311 de fecha 28.11.2019

(5) «M.V, s. Concurso Preventivo», Acuerdo N° 303, de fecha 18.10.2019

(6) «C.J.J. S/ Propia quiebra», Acuerdo N° 74 del 22.04.2019

(7) «M.C.M.B. s. Solicitud de propia Quiebra», Acuerdo N°363 de fecha 16/12/2020

(8) «D.C.B s. Propia Quiebra» Acuerdo N° 361 del 16.12.2020

(9) «D.C.B, s/ Propia Quiebra», Acuerdo N° 361 de fecha 16/12/20

(10) «A.C.E s. Solicitud de propia Quiebra», Acuerdo N° 212 de fecha 31/07/2019

(11) «V.J.M, s. Propia quiebra», Acuerdo N°66 de fecha 21/04/2021

(*) Abogado Mediador. Especialista en Magistratura Judicial. Relator de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Rosario, Sala IV.

Voces: CONCURSOS Y QUIEBRAS – PEDIDO DE QUIEBRA

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