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#Fallos Clases presenciales: Son competentes los tribunales provinciales para resolver la pretensión de un colegio de la Provincia de Buenos Aires tendiente a que se ordene la cesación de las medidas dispuestas por el DNU 241/21

Partes: Desarrollos Educativos S.A. c/ Estado Nacional y otros s/ amparo ley 16.986

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 24-jun-2021

Cita: MJ-JU-M-132883-AR | MJJ132883 | MJJ132883

Son competentes los tribunales provinciales resolver la pretensión incoada por un colegio de la Provincia de Buenos Aires tendiente a que se ordene la cesación de las medidas dispuestas por el DNU 241/21 consistentes en la suspensión del dictado de las clases presenciales.

Sumario:

1.-No corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema, en tanto la relación jurídica sustancial que da origen al reclamo es de eminente derecho público local, puesto que la demanda se dirige a cuestionar prioritariamente conductas y actos emanados de autoridades de la Provincia de Buenos Aires -en el caso, la suspensión del dictado de las clases presenciales-, sin que se encuentre en juego la interpretación y aplicación de normas de carácter federal en forma directa e inmediata; no obsta a lo expuesto el hecho de que el asunto pueda involucrar, eventualmente, la interpretación de normas nacionales porque, tal como fue planteado el conflicto, éste configura una cuestión conjunta y no exclusivamente federal (del voto de la Procuración General al que la Corte remite).

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2.-Cuando la causa no corresponde a la jurisdicción federal, las provincias deben ser demandadas ante sus propios jueces, ya que, según los arts. 121 , sgtes. y ccdtes. de la Ley Fundamental, dicha facultad no ha sido delegada al Gobierno Federal (del voto de la Procuración General al que la Corte remite).

3.-No justifica la intervención del Estado Nacional el mero hecho de que sea demandado por su actividad legislativa, lo cual sólo determina el marco jurídico aplicable, sin pasar por ello a integrar la relación jurídica sustancial sobre la base de la cual se entabla la demanda; supuesto que sí se verifica respecto del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, quien sería el único obligado y con posibilidades de cumplir con el mandato restitutorio de derechos que se denuncian como vulnerados, en el eventual supuesto de admitirse la presente demanda (del voto de la Procuración General al que la Corte remite).

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

El magistrado del Juzgado Federal de Campana, provincia de Buenos Aires, y la jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 7 de San Isidro, de la misma provincia, discrepan en torno de su competencia para conocer en este asunto, por lo que se encuentra trabado un conflicto negativo de competencia que corresponde dilucidar a V.E., en virtud de lo establecido por el art. 24, inc. 7°, del decreto-ley 1285/58.

En ese estado, se confirió vista digital a este Ministerio Público.

-II-

José Lucas Ordoñez, en su carácter de Presidente de Desarrollos Educativos S.A., propietaria del Colegio Los Robles, ubicado en Sor Teresa 899 de la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, inició, en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y de la ley 16.986, acción de amparo contra el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires a fin de que se ordene la cesación de las medidas dispuestas por el DNU 241/21, solicitando que se declare su inconstitucionalidad y se exceptúe al referido establecimiento educativo de la suspensión de la presencialidad, «permitiéndosele la posibilidad de brindar el servicio de educación a todos sus alumnos en todos los niveles de aprendizaje».

Manifestó que la norma impugnada es inconstitucional, irracional, arbitraria y que vulnera especialmente los derechos a enseñar y aprender, provocando daños en la salud física y psíquica de los alumnos (arts. 14, 31, 75 -inc. 22- de la Const. Nac., Declaración Americana de los Derechos del Hombre y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Asimismo, afirmó que el DNU 241/21 invade la esfera de competencias propias de la Provincia de Buenos Aires, quien, según aseveró, omitió adoptar medidas que protejan su autonomía en la materia discutida.

Indicó también que no se encuentran acreditadas las circunstancias excepcionales previstas en orden al dictado de un decreto de necesidad y urgencia, en atención a que el Congreso nacional se encuentra sesionando (art.99 de la Constitución Nacional).

Peticionó, como medida cautelar, que se excepcione al Colegio Los Robles «del cumplimiento del decreto que suspende las clases presenciales, a los efectos de que puedan ejercer el derecho a enseñar en todos los niveles educativos que se brindan».

Además, solicitó que se declare la inconstitucionalidad del art. 10°, inc. 1°, de la ley 26.854, en cuanto excluye la caución juratoria.

Posteriormente, amplió demanda contra el decreto provincial 181/21 y la resolución del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros 1208/21, solicitando su inconstitucionalidad, en cuanto resultan complementarias del DNU 241/21 y «adhieren y decretan la suspensión del dictado de clases presenciales en todos sus niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021 inclusive, tanto para los establecimientos educativos de gestión pública como privada». Requirió hacer extensiva la medida precautoria contra ambas normas provinciales.

-III-

En primer término, dado que en este proceso se encuentra codemandada la Provincia de Buenos Aires, entiendo que se debe examinar si la causa corresponde a la competencia originaria de V.E., en atención a la prerrogativa jurisdiccional de la que goza aquélla.

En ese sentido, se debe poner de resalto que, por mandato constitucional expreso, las provincias sólo pueden y deben ser demandadas en la jurisdicción federal diagramada por los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en única instancia. De ello se desprende que cuando la causa no corresponde a la jurisdicción federal -o sea, cuando se rige por el derecho público local o por el derecho común y no existe distinta vecindad o extranjería-, las provincias deben ser demandadas ante sus propios jueces, ya que, según los arts.121, siguientes y concordantes de la Ley Fundamental, dicha facultad no ha sido delegada al Gobierno Federal.

Dentro del limitado marco cognoscitivo propio de la cuestión de competencia en examen, es mi parecer que el sub lite no corresponde a la competencia originaria del Tribunal, en tanto la relación jurídica sustancial que da origen al reclamo es de eminente derecho público local, puesto que la demanda se dirige a cuestionar prioritariamente conductas y actos emanados de autoridades de la Provincia de Buenos Aires, sin que se encuentre en juego la interpretación y aplicación de normas de carácter federal en forma directa e inmediata (arts. 116 de la Constitución Nacional y 2°, inc. 1°, de la ley 48 y Fallos: 328:68 ).

No obsta a lo expuesto el hecho de que el asunto pueda involucrar, eventualmente, la interpretación de normas nacionales porque, tal como fue planteado el conflicto, éste configura una cuestión conjunta y no exclusivamente federal como lo requiere desde antiguo la doctrina del Tribunal para que proceda su competencia originaria (Fallos: 325:3070 y sus citas, entre otros).

Asimismo, es preciso recordar que para que proceda la competencia originaria ratione personae resulta ineludible examinar si la Nación o una entidad nacional participan nominalmente en el pleito -ya sea como actores, demandados o terceros- y sustancialmente, es decir, que tengan en el litigio un interés directo, de tal manera que la sentencia que se dicte les resulte obligatoria (Fallos: 311:879 y 1822; 312:1227 y 1457; 313:144; 314:508; 322:1511 y 2105 ; 330:4804 , entre muchos otros). Tal extremo debe surgir en forma manifiesta de la realidad jurídica, más allá de la voluntad de los litigantes en sus expresiones formales, pues lo contrario importaría dejar librado al resorte de éstos la determinación de tal instancia (Fallos: 321:2751 ; 322:2370 ; 326:1530 y sentencia in re C.1611, L. XLIII, Originario «Central Térmica Sorrento S.A.c/ Santa Fe, Provincia de y otros s/ acción meramente declarativa de certeza», del 24 de junio de 2008).

En mérito de lo señalado, entiendo que ese requisito no se encuentra prima facie cumplido en autos, toda vez que no justifica la intervención del Estado Nacional el mero hecho de que sea demandado por su actividad legislativa, lo cual sólo determina el marco jurídico aplicable (v. Fallos: 321:551 ; 325:961 ), sin pasar por ello a integrar la relación jurídica sustancial sobre la base de la cual se entabla la demanda; supuesto que sí se verifica respecto del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, quien sería el único obligado y con posibilidades de cumplir con el mandato restitutorio de derechos que se denuncian como vulnerados, en el eventual supuesto de admitirse la presente demanda (doct. de Fallos: 339:1732 , consids. 9° y 10, y sus citas).

Tampoco se advierte, según los términos en que fue planteada la demanda, que el asunto exija dilucidar si la actividad proveniente de la autoridad local (provincial y/o municipal) invade un ámbito que podría ser propio de la Nación en materia educativa, lo que -de ser así- determinaría que la acción se encontrara entre las especialmente regidas por la Constitución a las que alude el art. 2°, inc. l°, de la ley 48, ya que versaría sobre la preservación de las órbitas de competencia entre una provincia y el Gobierno Nacional, de acuerdo con la doctrina de Fallos: 325:479 y 327:3883 .

Según lo expuesto, a mi modo de ver, el proceso debe tramitar ante la justicia provincial, dado que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que sean dichos magistrados los que intervengan en las causas en que se ventilen cuestiones de ese carácter, sin perjuicio de que las de índole federal que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario regulado por el art.14 de la ley 48 (Fallos: 318:2534 y 2551 ; 324:2069 ; 325:3070).

-IV-

En tales condiciones, opino que la causa debe continuar su trámite ante la justicia de la Provincia de Buenos Aires, por intermedio del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 7 de San Isidro, que intervino en la contienda.

Buenos Aires, 12 de mayo de 2021.

MONTI Laura Mercedes

Firmado digitalmente por MONTI Laura Mercedes

Fecha: 2021.05.12 12:30:20 -03’00’

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Autos y Vistos; Considerando:

Que en las presentes actuaciones se verifica un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana y el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, que corresponde que dirima esta Corte en los términos del art. 24, inciso 7°, del decreto ley 1285/58.

Que al respecto este Tribunal comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal de la Nación, al cual se remite por razones de brevedad.

Por ello, de conformidad con el referido dictamen, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, al que se le remitirán. Hágase saber al Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana.

Buenos Aires, 24 de Junio de 2021

Firmado Digitalmente por ROSENKRANTZ Carlos Fernando Firmado Digitalmente por HIGHTON Elena Ines Firmado Digitalmente por MAQUEDA Juan Carlos Firmado Digitalmente por LORENZETTI Ricardo Luis Firmado Digitalmente por ROSATTI Horacio Daniel

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