fbpx

#Fallos Interés superior de los niños: Se declara la adoptabilidad de cuatro menores, con privación de la responsabilidad parental de sus padres, pues no se pudieron revertir las causas que sustentaron su institucionalización

Partes: H. A. L. y otros s/ control de legalidad – ley 26.061

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 17-may-2021

Cita: MJ-JU-M-132583-AR | MJJ132583 | MJJ132583

Se declara en situación de adoptabilidad a cuatro menores de edad al no haberse revertido las causas que motivaron su institucionalización.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la situación de adoptabilidad de cuatro menores de edad, con privación de la responsabilidad parental de sus progenitores, toda vez que ello aparece plenamente justificado y razonable, puesto que pese al extenso tiempo transcurrido no se ha podido obtener, a lo largo de más de tres años de trámite, una reversión de las causas que sustentaron la necesidad de institucionalización de los niños en un hogar convivencial, aun valorando las lamentables dificultades que provocó la pandemia por Covid 19 desde el pasado año, sumado a lo dispuesto en el art. 39 y ss. de la Ley 26.061 como así también al amplio vencimiento del plazo previsto en el art. 607 del CCivCom..

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

2.-Es procedente confirmar la declaración de situación de adoptabilidad de cuatro menores de edad, con privación de la responsabilidad parental de sus progenitores, pues el Tribunal escuchó a la madre y al abuelo recurrentes, quienes aspiran a que los niños egresen para vivir con ellos más su voluntad y deseo, sin acciones concretas, son insuficientes para modificar la decisión pues ha transcurrido muchísimo tiempo en la vida de los niños sin advertir que se haya tomado verdadera conciencia de la dimensión del maternaje, al no haber existido hechos relevantes que demuestren que la madre pueda afrontar debidamente el cuidado de sus hijos, siendo que, por el contrario, se evidencia la imposibilidad de cumplir adecuada y responsablemente con el rol materno, la ausencia de registro de las consecuencias derivadas de las situaciones de violencia y la falta de capacidad para revertir las circunstancias que motivaron la internación de los menores.

3.-El tiempo constituye un factor esencial al momento de hacer operativo el interés superior del menor y los procesos de toma de decisiones que se demoran o toman mucho tiempo tienen efectos particularmente adversos en la evolución de los niños (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General n° 14 [2013], sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una Consideración primordial.

Fallo:

Buenos Aires, 17 de mayo de 2021.

AUTOS Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

I. Fueron remitidas las actuaciones a esta Sala para resolver las apelaciones interpuestas por Y. M. C. y F. C. el 28 de octubre de 2020, por I. S. el día 2 de noviembre del mismo año y por el progenitor R. E, H. el 5 de noviembre de 2020, contra el pronunciamiento del 26 de octubre del pasado año en cuanto declaró la situación de adoptabilidad de los niños M. E. H. (nacido el .), J. A. H. (nacida el .), I. R. A. H. (nacida el .) y á. L. H. (nacida el . ), con privación de la responsabilidad parental de sus progenitores Y. M. C. y R. E. H.

Los memoriales obran respectivamente en los escritos del 5 de noviembre de 2020, 4 de diciembre de 2020 y 18 de diciembre del mismo año.

El 4 de abril de 2021 se agregó el dictamen de la Sra. Defensora de Menores de Cámara quien propició la confirmación de la resolución.

El 5 de mayo de este año se celebró la audiencia por la plataforma zoom en la cual estuvieron presentes todas las partes recurrentes y sus letrados.

Para fundar la crítica, los Sres. Y. C. y F. A. C. sostienen sustancialmente que el proceso presenta deficiencias que conllevaron a una violación de los plazos legales establecidos, lo cual generó el distanciamiento de sus hijos con su familia biológica y que sirvió luego de sustento para la decisión.

Argumentan que dada la situación de ser cuatro hermanos, la adopción tiene escasas posibilidades de concretarse y que lo decidido hará que los niños vivan institucionalizados hasta su mayoría de edad, lejos de su familia de origen. Sostienen, a su vez, que no fue evaluado en forma adecuada el pedido de cuidado del abuelo materno, quien cuenta con la capacidad emocional y económica para poder criar a sus nietos. Se queja finalmente de la falta de actualización del informe de competencias parentales.

A su turno, el padre de los niños, R. E.H., afirma su condición de vulnerabilidad por hallarse privado de la libertad y solicita se revean las razones por las que no pudo presentarme oportunamente en este proceso dada su imposibilidad de acceder a la justicia. Sostiene que en todo momento, asumió una actitud responsable frente a la situación que habían atravesado sus hijos y siempre concurrió a las citaciones que le cursaron, en especial, a las vinculaciones para revertir su situación de institucionalización. Insiste en el informe positivo que a su respecto elaboró el Equipo del Programa de Extensión Universitaria Atención de Niños Privados del Cuidado Parental», así como a las referencias positivas de los profesionales del Hogar «Pronat Chiquititos» y que, hasta su privación de la libertad, las constancias del expediente dan cuenta del cumplimiento de todos los requerimientos encaminados al egreso de los niños. Invoca el interés superior de los niños y su derecho a preservar su identidad.

Finalmente, la abuela paterna de los niños, I. S., fundamenta en sus agravios que la Defensoría Zonal habría impedido la efectivización de la vinculación establecida por la ley. Refiere que la vinculación con el padre de los niños estaba encaminado pero al caer detenido nuevamente, se optó por abordar estrategias en miras a una adopción, en vez de trabajar con su parte para fortalecer los vínculos familiares. Invoca que en varias oportunidades se contactó y compareció ante la Defensoría para pedir que se le otorgue el cuidado de sus nietos sin poder lograrlo.

II. Como es sabido, el Tribunal de apelación no se encuentra obligado a seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones, ni a refutar éstas una por una, en tanto posee amplia libertad para ordenar el estudio de los hechos y de las distintas cuestiones planteadas asignándoles el valor que corresponda a las que realmente lo tengan y sean decisivas para fundar la decisión, pudiendo prescindir en consecuencia de aquéllas que no sirvan a la justa solución de la litis.

III.Sin dejar de señalar que el magistrado de grado ha efectuado una pormenorizada reseña de las constancias de la causa, como asimismo del marco convencional, constitucional y de derecho interno que rige la delicada materia traída a examen, esta Sala considera necesario detallar los antecedentes que resultan relevantes para decidir en la especie.

Se han recibido también, en soporte físico y virtual, las actuaciones vinculadas (nro. 92531/2015) que dan cuenta de las denuncias por violencia familiar efectuadas por Y. M. C. contra su ex pareja R. E. H. durante los años 2015 a 2017, donde se calificó a la situación como de «alto riesgo» que dio lugar a las medidas de prohibición de acercamiento dictadas en la causa.

Ante todo, no puede soslayarse el tiempo transcurrido desde la judicialización de la situación de los niños M. E., J. A., I. R. A. y A. L. H. quienes son, sin duda, los protagonistas de este proceso y los destinatarios esenciales de la decisión que aquí se adopte, que – se anticipa – priorizará su interés superior como principio rector en toda cuestión que involucre sus derechos y garantías (art. 3 y concs. de la Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3 y concs. de la ley 26.061 y art. 706 y concs. del CCyCN).

El presente proceso fue iniciado el 15 de mayo de 2018 por la Coordinadora de la Defensoría Zonal Comunal n° 4 dependiente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de la medida excepcional adoptada por ese órgano administrativo el 3 de mayo de ese año, consistente en el ingreso de M. E., J. A., I. R. A.y á. L. H. que contaban con ., ., . y. año de edad, respectivamente, a un Hogar Convivencial a designar.En esa oportunidad, el equipo técnico interviniente señaló que no se encontraban dadas las condiciones para que los niños permanezca al cuidado de su madre en virtud del nivel de riesgo, violencia y vulnerabilidad en que se encontraban inmersos.

En esa oportunidad, se hizo una reseña de los antecedentes del caso que datan del año 2010, oportunidad en que la bisabuela materna de los niños denunció a la madre por cuidados negligencias respecto de M. (único hijo por entonces). Luego en el año 2014 se reabrió la situación en virtud de la denuncia de la pareja del abuelo paterno de los menores en virtud de maltratos físicos y verbales de la progenitora para sus tres hijos en ese momento y ante la citación ésta minimizó los hechos de violencia, naturalizando la situación. A fines del año 2017 ingresó una denuncia de los vecinos a través de la línea 137 donde se expuso que los niños quedaban solos en el domicilio por largos períodos y mediante el contacto personal con los residentes del mismo complejo habitacional, expusieron que los menores estaban en situación de abandono por muchas horas, sin el cuidado de un adulto y que se encontraban frecuentemente solos y llorando en el balcón.

Posteriormente, ingresó otra denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica en el que se evidenció que los menores estaban expuestos a situaciones de violencia entre sus progenitores y a la situación de abandono que surgía de las exposiciones anteriores. También se referenció allí que a partir de la consulta al establecimiento educativo al que concurrían M. y J., que habían sido enviados solo siete días durante el mes de marzo de 2018 y que no habían concurrido durante todo el mes de abril.

La medida excepcional de alojamiento fue convalidada luego de celebrada la audiencia prevista en el art. 40 de la ley 26.061 con la presencia de la progenitora de los niños, oportunidad en que dio cuenta del inicio de las vinculaciones en el Centro UPA.Con anterioridad, el 29 de mayo de 2018, aquélla había comparecido en forma espontánea ante el Servicio Social del juzgado, refiriendo que fue derivada para realizar un tratamiento psicológico y se comprometió a realizar todas las acciones necesarias para recuperar a sus hijos. Habiéndose citado al padre, éste no compareció.

El primer informe emitido por la UPA de la Boca da cuenta del retraso la madre de 1 hora y 20 minutos a la citación para reunirse con sus hijos, por lo cual el encuentro fue muy breve (10 minutos) y lo mismo ocurrió en la segunda oportunidad en la que ante un llamado manifestó no saber de la convocatoria, por lo cual llegó retrasada.

En la evaluación de las vinculaciones que surgen de los informes del Hogar V.cito (donde se aclara que solo se analizan las actitudes de los niños previas y posteriores a los encuentros), se explicitó que los niños J., I. y A. concurren con mucha expectativa, alegría y ansiedad a a ver a su madre, abuela y su hermano mayor M., aunque luego, al regresar, J., no quería separarse del operador que los acompañó e I. atravesaba situaciones de violencia y angustia.

En virtud de las deficiencias en el modo de llevar adelante las vinculaciones y la angustia que eso generaba en los niños, sumado al hecho de haber abandonado la progenitora el tratamiento ante el CIM, la Defensoría Zonal de la Boca informó el cese de las vinculaciones, lo cual fue notificado a la progenitora (ver informe del 13 de julio de 2018).

Del informe emitido por el Servicio Social del juzgado el 11 de septiembre de 2018 surge que los hermanos -reubicados todos juntos en el Hogar Chiquititos- se relacionan en forma muy unida y que M. es la figura protectora y referente afectivo. Se desprende de allí que la bisabuela materna, Z. B., quien a diferencia de la madre había podido mantener el encuadre de las vinculaciones, notificó su deseo de finalizarlas ya que no podía responsabilizarse de sus bisnietos.A partir de ese momento, los niños no volvieron a vincularse con familiar alguno.

En la entrevista con la asistente social, los hermanos manifestaron sentirse muy bien en la institución y si bien manifestaron su intención de ver al padre, bisabuela materna y abuelo materno, pidieron después regresar al Hogar «donde se encuentran contentos y bien cuidados».

Es elocuente el relato que efectuó Maximiliano en el dictamen del Cuerpo Interdisciplina rio de Protección contra la Violencia Familiar en el marco del proceso conexo n° 92.531/2015 quien se mostró con mecanismos de sobreadaptación en su discurso y contó episodios traumáticos anteriormente vividos que dan cuenta de una clara vulneración de sus derechos («no fue la culpa de mi papá sino de mi mamá, .una vez vi que mi papá se portó mal y tuve que ir a buscar a la policía, . mi mamá se iba a lo de D. y yo me quedaba en casa, a la más chiquita la dejaba durmiendo y ella volvía al día siguiente, . yo no podía ir al colegio porque el novio de mamá no la dejaba salir»).

Obra como elemento de convicción relevante el informe psicológico emitido por el equipo del «Programa de Atención de Niños Privados del Cuidado Parental» de la Facultad de Psicología de la UBA, que se ocupó de evaluar a ambos progenitores. Con respecto a la madre concluyó que «la Sra. C. padecería un grado grave de incompetencia parental al momento de la evaluación». Se trataría de «una estructura precaria de personalidad, precaria emocionalmente, con muchas carencias afectivas, bajo nivel de capacidad de empatía y ausencia de apego seguro. Ello le impide establecer un vínculo sano con sus hijos».

La misma evaluación llevada a cabo respecto del Sr.H., revelo que «posee competencias parentales adecuadas para poder ejercer la parentalidad de forma autónoma y en interdependencia con los miembros que conforman su red social». Estas conclusiones que fueron consentidos por los interesados.

Se advierte de las constancias del expediente, que la progenitora solicitó reiniciar las vinculaciones con sus hijos, lo cual fue desestimado el 23 de octubre de 2019 en virtud de la oposición del órgano administrativo sustentada en los informes de aptitudes parentales, lo cual adquirió firmeza. ante la deserción del recurso planteado por la Sra. C.

Se observa luego que el abuelo materno, Sr. F. A. C., solicitó se le conceda la guarda de los menores, a cuyo fin argumentó que sus padres no se encontraban en condiciones de brindarles un hogar seguro (ver presentación del 20 de septiembre de 2019). Por iniciativa del Sr. Defensor de Menores e Incapaces en su dictamen del 7 de septiembre de 2020, se requirieron informes sobre la viabilidad actual de la revinculación de los cuatro niños con su abuelo y progenitora, lo cual fue evacuado en sentido negativo.

En base a esa información, se consideraron agotadas las alternativas de revinculación con la madre y abuelo y el 13 de febrero de 2020 se emitió el dictamen de adoptabilidad donde se destacó que el equipo técnico planteó distintas estrategias de trabajo con la Sra. Y. C. sin obtener resultado positivo, como asimismo los esfuerzos tendientes a proyectar un egreso con la familia ampliada materna, que también resultaron infructuosos.

Con relación al progenitor, se destacó que comenzó a trabajar meses después de haberse adoptado la medida de protección especial ya que en ese momento se encontraba detenido, resultando altamente dificultoso abordar estrategias debido al constante incumplimiento de las consignas propuestas, en razón de su nueva detención conocida en el mes de junio de 2019.

Surge del informe que se intentó contactar a la familia ampliada del Sr. H.quienes tampoco quisieron sostener estrategias de vinculación con los niños.

Conforme fue puesto de relieve en el pronunciamiento apelado, en oportunidad de tomar contacto personal con los niños, en presencia de la Sra. Defensora de Menores e Incapaces coadyuvante, ellos expresaron su voluntad de no regresar a su familia de origen y de ser incorporados a una nueva familia (acta de celebrada el 14 de octubre de 2020).

En la compleja coyuntura descripta, el Sr. Juez de grado dispuso la situación de adoptabilidad de los niños, con fecha 26 de octubre de 2020, decisión que motivó las quejas de los recurrentes.

III. La Constitución Nacional, en su art 14 bis, reconoce la obligación estatal de garantizar una protección integral de la familia, en sintonía con el art 75, inc 23, CN en cuanto legisla y promueve acciones positivas que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los Tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional conforme lo dispone el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna, consagra el derecho de los niños a no ser separados de los padres contra su voluntad (arts. 8, 9 y 21). En igual sentido, el art 11 y 17 CADH, establece el derecho de todas las personas a la vida familiar.

A su vez, cabe recordar que el art. 594 del Código Civil y Comercial prevé que la adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen.El concepto que recepta la norma coloca el centro en el niño, niña y adolescente, afirmando que la adopción es una institución tendiente a proteger el derecho de aquellos sujetos.

Así, a través de este instituto, con carácter de fuente filial, se persigue la inserción del adoptado en una familia que le garantice un bienestar y desarrollo integral, pero a su vez, permite comprender con mayor exactitud en qué lugar se ubica este modo de alcanzar la paternidad/maternidad y todos los derechos y deberes que se derivan del vínculo que se genera (Marisa Herrera en «Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial», Aída Kemelmajer de Carlucci- Marisa Herrera- Nora Lloveras Directoras. Tomo III, arts. 594 a 637, Rubinzal- Culzoni Editores, 1ra. edición, 2014, pág. 9 y siguientes).

Ahora bien, cuando se verifica la imposibilidad de permanencia en la familia de origen (art. 595 inc c) CCyCN), una vez detectadas falencias en el despliegue de las responsabilidades de los progenitores, debe garantizarse a los niños, niñas y adolescentes el derecho a la vida familiar, lo cual importa una actividad estatal subsidiaria. El art 10 de la Ley 26.061 reglamenta los derechos a la vida privada y a la intimidad en la vida familiar, estableciendo la prohibición de injerencias arbitrarias o ilegales, a la par que designa dentro del derecho a la intimidad, el derecho a la identidad y de ser cuidados por los padres.

Bajo este sistema (que se deriva de los arts. 3, 4, 5, 6 7.1, 8.1, 9 y 19 CDN), toda restricción impuesta por el Estado deberá ser ajustada a las reglas del debido proceso y ser ejercido en la porción más ínfima. Sin embargo, particulares circunstancias excepcionales pueden conducir -tras fracasar todas las estrategias de refortalecimiento familiar y de reestructuración de las funciones parentales (vía de naturaleza administrativo-jurisdiccional art. 39 y sigts.ley 26.061)-, a desvincularlos cuando aparece manifiesto que la familia de origen no puede garantizar mínimamente el ejercicio de los derechos consagrados a favor de aquel y no existe otro recurso ni familia extensa que pueda recibirlo y atender en debida forma a la satisfacción de sus necesidades (esta Sala, expte n° 68479/2016 «L, E. y otro s/ Control de Legalidad» del 3-4-2021).

Sobre el particular cabe destacar una norma aclaratoria del Dec.415/2006 – Reglamentario de la ley 26.061 – que establece: «Se entenderá que el interés superior del niño exige su separación o no permanencia en el medio familiar cuando medien circunstancias que amenacen o causen perjuicio a la salud física o mental de la niña o niño o adolescente y/o cuando el mismo fuere víctima de abuso o maltrato por parte de sus padres o convivientes.» (art 39, primer párrafo).

Desde esta perspectiva, no puede dejar de ponderarse que para lograr un desarrollo armónico, todo niño necesita amor, contención, protección y satisfacción de sus necesidades básicas por parte de los adultos (cfr. Amato, María Inés «Victimas de la violencia abandono y adopción» Ed. La Rocca, pág. 76 Bs. As. 2006), lo que en el caso no aparece brindado por su grupo familiar.

En este orden de ideas, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la labor decisoria debe solventarse en función del mayor bienestar del niño, puesto que el modo de ser propio de este tramo fundacional de la existencia humana impone que se busque lo más conveniente para él y se arbitren los medios eficaces para la consecución de ese propósito. (CSJN, 14/9/2010, «V M N c/ S W F s/ autorización» , Fallos 333:1776).

IV. Las constancias del expediente rebaten de plano las afirmaciones de los apelantes Y. C. y F. C. en cuanto a presuntas deficiencias procesales y violaciones de plazos legales.Por el contrario, de los antecedentes del caso se aprecia que las circunstancias que derivaron en el distanciamiento de los niños de su madre y abuelo materno no fueron las presuntas demoras procesales que se invocan sino su imposibilidad de dar cumplimiento con el encuadre asignado a las vinculaciones (horarios, fechas). Ciertamente, los inconvenientes allí evidenciados y la situación de angustia y desamparo que ello generó en los pequeños fueron los que provocaron la suspensión de los encuentros a partir del mes de julio de 2018.

Este Tribunal ha escuchado a la madre y al abuelo recurrentes, quienes aspiran a que los niños egresen para vivir con ellos. Sin embargo su voluntad y deseo, sin el acompañamiento de acciones concretas, no resultan suficientes para modificar la decisión apelada. Ha transcurrido muchísimo tiempo en la vida de los niños sin advertir que se haya tomado verdadera conciencia de la dimensión del maternaje, ya que no existieron hechos relevantes que demuestren que la madre pueda afrontar debidamente la responsabilidad del cuidado de sus hijos.

Por el contrario, los elementos reunidos en la causa evidencian la imposibilidad de cumplir adecuada y responsablemente con el rol materno; la ausencia de registro de las consecuencias de rivadas de las situaciones de violencia ocurridas y la falta de capacidad para revertir las circunstancias que dieron lugar al acto administrativo de internación de los menores.

En este escenario, las alegaciones en torno escasas posibilidades de adopción y al riesgo de que permanezcan institucionalizados por un extenso lapso, no sirven de argumento para contrarrestar la decisión que se ataca puesto que si bien no se desconoce la dificultades que presenta el caso, lo cierto es que la progenitora -ni ningún otro familiar- ha podido aprovechar los recursos puestos a su disposición durante estos años para proporcionar el bienestar que sus hijos requerían para poder ser externados. Frente a ello, las circunstancias del caso tampoco ameritaban la pretendida actualización del informe negativo de competencia parental (de octubre de 2018) en tanto no se evidenciaron nuevos progresos ni cambios de actitud relevantes.Esto no implica desconocer las circunstancias adversas que rodearon la vida de la madre que, en el caso, tornan aún más dificultosa la decisión a tomar.

El examen exhaustivo y en conjunto de todos los antecedentes de autos y de los procesos conexos, así como el tiempo transcurrido desde que M. E., J. A., I. R. A. y á. L. H. ingresaran a un sistema convivencial alternativo, teniendo como norte el interés superior de éstos (art. 3 CDN), nos lleva a la convicción de que tanto los progenitores, como los abuelos carecen de la posibilidad de responsabilizarse y cuidar adecuadamente a los niños En cuanto a una presunta falta de evaluación adecuada del pedido de cuidado de los niños por parte del abuelo materno, se observa que el informe elaborado en torno a la cuestión fue categórico en cuanto a su inviabilidad. En efecto, la psicóloga del Hogar «Chiquitos» dictaminó que los hermanitos «han atravesado situaciones difíciles y repentinas para ellos, teniendo vinculaciones con diferentes familiares en distintas oportunidades. En un inicio con su madre, su bisabuela, luego su abuelo materno y finalmente con su padre, las cuales fueron interrumpidas por decisión de los organismos o decisión de estos familiares, situaciones que los niños/as pudieron sobrellevar, pero no sin que les provocara mucha angustia e incertidumbre». «Hace un tiempo que cada uno de los niños/as nos manifestaron su deseo de tener una nueva familia y juntos nos piden que se lo comunicáramos al Sr.Juez, expresando claramente que sabían que su familia no había hecho las cosas bien y que no podían esperar que su papá salga de la cárcel, también expresaron que no importaba qué tipo de familia podía ser, solo importaba que los quieran mucho» (ver informe de 14 de septiembre de 2020).

No puede negarse que la implementación de una nueva vinculación con el abuelo materno hubiera requerido un plazo extenso y mantener a los niños en una situación de incertidumbre todavía mucho mayor a la transcurrida, revictimizándolos y vulnerando así sus derechos. Más aún sin la certeza de que pueda efectivamente sostenerse y cumplirse, ya que en el marco de la dinámica sucedida en el caso, nada sugería algún cambio que permitiera suponer un resultado distinto al obtenido a lo largo de estos años.

En efecto, la manifestación del apelante de querer la guarda de sus nietos no ha quedado respaldada por actitudes que exterioricen un grado suficiente de compromiso que lo acercaran al objetivo, que tampoco puede presumirse ya que no ofrecía un panorama alentador.

Debe señalarse que el tiempo constituye un factor esencial al momento de hacer operativo el «interés superior del menor. Los procesos de toma de decisiones que se demoran o toman mucho tiempo tienen efectos particularmente adversos en la evolución de los niños (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General n° 14 [2013], sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una Consideración primordial, párr. 93 citado en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, «M., S. A. s/ guarda», 16/03/2016, Causa: C.119.647, Cita Online: AR/JUR/11457/2016).

Así, las estrategias de revinculación con la familia de origen poseen un momento de realización.Y no parece posible insistir con ellas cuando, debido al excesivo transcurso del tiempo y la impotencia o inacción de quien pretende tardíamente una nueva oportunidad, sólo importaría prolongar incausadamente la indefinición de la situación de los niños y vulnerar sus derechos fundamentales a acceder, en forma seria y estable a un ámbito que genuinamente resulte apto para brindarle protección afectiva, social y familiar personalizada, en garantía de su bienestar y desarrollo integral (del voto del Dr. Pettigiani en el fallo citado).

Es cierto que en relación al padre de los niños, R. E. H., la situación fue diversa. En su caso, el informe psicológico emitido por el equipo del «Programa de Atención de Niños Privados del Cuidado Parental» de la Facultad de Psicología de la UBA, señaló que «posee competencias parentales adecuadas para poder ejercer la parentalidad de forma autónoma y en interdependencia con los miembros que conforman su red social». Ciertamente, la Defensoría Zonal había informado que se había avanzado con algunos requerimientos hechos en pos de un posible egreso de los niños.

Empero, la posterior detención del Sr. H.anoticiada en el mes de junio de 2019 impidió continuar las vinculaciones, de modo que -por los motivos que válidamente se invocan en cuanto a su situación de vulnerabilidad- se interrumpió la comunicación con sus hijos, lo cual incidió muy negativamente en la estabilidad emocional de las criaturas.

Es cierto que durante el breve lapso en que transcurrieron las vinculaciones -debido a sus detenciones anteriores- el progenitor asumió una actitud responsable frente al encuadre brindado por los organismos, pero es innegable que no se encuentra en condiciones de afrontar su cuidado, máxime cuando se desconoce el tiempo que transcurrirá hasta que cese la privación de su libertad.

No se trata de juzgar aquí la situación del padre, su origen o las causas por los cuales no puede hacerse cargo en forma responsable del cuidado de los niños, sino de disponer lo que mejor aconseja el interés superior de las personas menores de edad.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la regla jurídica que ordena sobreponer el interés superior del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres. De ello se desprende que todas las alternativas disponibles para arribar a un pronunciamiento en un conflicto como el presente deben ser evaluadas a la luz de privilegiar la situación real de los niños, no debiendo ello ser desplazado por más legítimos que resulten los intereses de los padres, (Fallos 330:642, 327:5210).

Adviértase que en el informe reseñado también se puso de relieve que el padre «no contaba con una red de apoyo que pudiese ayudarlo en los cuidados», circunstancia que no ha podido ser desvirtuada, pese a la reciente comparecencia de la abuela paterna al proceso.

Ciertamente, la presentación de la Sra. I. S.en el mes de octubre de 2020, quien fue escuchada recientemente por este Tribunal, no ha modificado la situación en tanto no logró comprobar que se encuentre en condiciones aptas para asumir el compromiso de la crianza de sus nietos y brindarles un espacio sano para su desarrollo.

Frente a los agravios esbozados por esta parte, se reitera que a criterio de este Tribunal no resulta prudente a esta altura, en un proceso en el cual cuatro niños de corta edad se encuentran institucionalizados desde el mes de abril de 2018, continuar realizando evaluaciones, pues se ha agotado – sin resultados positivos – el tiempo razonable para procurar que M. E., J. A., I. R. A. y á. L. H. puedan regresar a convivir con su familia.

No se pasa por alto, claro está, las buenas intenciones puestos de manifiesto por sus abuelos en asumir el cuidado de sus nietos; pero en modo alguno puede soslayarse que en procesos como el presente las decisiones deben adoptarse indefectiblemente con miras al resguardo y prioridad del interés superior de los cuatro niños, de raigambre constitucional y convencional, que la judicatura debe preservar y priorizar por sobre el de los adultos.

Cabe agregar que el juzgado de origen ordenó las medidas y diligencias que se estimaron pertinentes para garantizar el derecho de los progenitores y de su grupo familiar y así evitar decisiones que pudieran perjudicar a las partes interesadas; habiéndose concretado en esta litis tanto el principio de inmediación como el de multidisciplina contemplados expresamente en el art. 706, 709 y concs. del Código Civil y Comercial de la Nación.

La decisión jurisdiccional aparece, entonces, plenamente justificada y razonable, puesto que pese al extenso tiempo transcurrido no se ha podido obtener, a lo largo de más de tres años de trámite, una reversión de las causas que sustentaron la necesidad de institucionalización de los niños en un hogar convivencial, aun valorando las lamentables dificultades que provocó la pandemia por Covid 19 desde el pasado año.

Tal circunstancia, sumado a lo dispuesto en el art. 39 y ss.de la ley 26.061 como así también al amplio vencimiento del plazo previsto en el art. 607 del Código Civil y Comercial, da lugar a confirmar lo decidido por el magistrado de grado en cuanto declaró la situación de adoptabilidad de los hermanos M. E., J. A., I. R. A. y á. L. H.

En consecuencia, se desestimarán los agravios esgrimidos; sin dejar de señalar que la presente resolución no implica, en modo alguno, sentar criterio acerca del tipo de adopción que correspondiera decidir a la luz de las disposiciones del CCyCN y las particularidades del caso.

Por las consideraciones precedentes, y de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Defensor a de Menores de Cámara, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la decisión de fecha 26 de octubre de 2020, en lo que fuera materia de agravios, con costas de esta instancia en el orden causado. REGíSTRESE y NOTIFIQUESE por SECRETARIA. Cumplido, comuníquese al CIJ (Ac. 15/2013 y 24/2013 CSJN) y devuélvanse estas actuaciones y las conexas, virtualmente y en soporte físico.

LILIANA EDITH ABREUT DE BEGHER

JUEZ DE CAMARA

CLAUDIO MARCELO KIPER

JUEZ DE CAMARA

JOSE BENITO FAJRE

JUEZ DE CAMARA

A %d blogueros les gusta esto: