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#Fallos ¡Expulsado!: La decisión de una escuela de no rematricular a un niño cuya conducta repercutía en el desempeño de sus compañeros, no es discriminatoria

Partes: T. M. A. y otros c/ Instituto Misioneros de la Sagrada Familia s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: K

Fecha: 27-may-2021

Cita: MJ-JU-M-132579-AR | MJJ132579 | MJJ132579

No es discriminatoria la decisión del establecimiento educativo de no rematricular a un niño cuya conducta repercutía en el desempeño de sus compañeros.

Sumario:

1.-Es procedente rechazar la demanda iniciada por los padres de un menor de edad a los fines de obtener una indemnización del daño que afirman ocasionado por la decisión del establecimiento educativo de no rematricular al niño, pues se advierte que se respetaron los recaudos formales que la decisión exige debido a que la decisión fue notificada en el plazo fijado por la normativa vigente y se expusieron sus motivos (arts. 1 , 3 , 4 y 5 , Ley 2.681), lo cuales no son arbitrarios, irrazonables o desproporcionados en tanto la conducta del menor repercutía en el desempeño de toda la clase, ni tampoco discriminatorios por cuanto la decisión no impidió el ejercicio del derecho a recibir educación pues la ruptura contractual no lo privó de concurrir a otro establecimiento.

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Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 27 días del mes de mayo de 2021, hallándose reunidos los Señores Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de entender en los recursos de apelación interpuestos por las partes en los autos caratulados: «T., M. A. Y OTROS c/ INSTITUTO MISIONEROS DE LA SAGRADA FAMILIA s/DAñOS Y PERJUICIOS», habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden del sorteo de estudio la Dra. Silvia Patricia Bermejo dijo:

I- Vienen los autos a este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por los actores (8 de julio de 2020) y la Defensora de Menores e Incapaces (1 de septiembre de 2020), contra la sentencia de primera instancia (2 de julio de 2020). Oportunamente, se fundaron (11 de noviembre de 2020 y 13 de marzo de 2021, respectivamente) y recibieron réplica (10 de diciembre de 2020 y 23 de marzo de 2021). A continuación, se llamó autos para sentencia (30 de abril de 2021).

II- Los antecedentes del caso Los señores M. A. T. y L. E. D., por sí y en representación de su hijo, I. J. T., reclamaron los daños y perjuicios que les habría ocasionado la no rematriculación del menor de edad por parte del «Instituto Misionero de la Sagrada Familia».

Relataron que, en el año 2014, confiaron la educación de su hijo a esa entidad, donde comenzó en la sala de cinco años. Refirieron que, pese a ser su primera experiencia de escolarización, fue asignado a la de los «revoltosos».

Contaron que, a los dos meses, se les entregó un informe donde se les hacía saber que su comportamiento, adaptación y aprendizaje era positivo.

Manifestaron que, durante un largo período, los niños y las niñas quedaron a cargo de diferentes docentes.Señalaron que fue en este tiempo cuando las autoridades del colegio comenzaron a citarlos para conversar sobre la conducta de I.

Mencionaron que la señora Vkeck, Directora de jardín -a quien, según alegaron, echaron luego-, les aconsejó que realizara tratamiento psicológico, el que empezó con la licenciada Lucía Pérez en noviembre de 2014.

Indicaron que concurrieron a la terapia y estuvieron siempre presentes a los pedidos de la institución educativa.

Refirieron que el menor de edad terminó el ciclo lectivo con informes desfavorables y estigmatizaciones unánimes, situación que se repitió durante el primer grado.

Narraron que, el año 2015 inició con llamados recurrentes de atención hacia su hijo, lo que motivó su intervención como padres.

Detallaron que, en el transcurso de los primeros dos meses, I. sangró, deambuló solo por el colegio, tuvo una úlcera en el ojo y le solicitaron materiales que no utilizaron o que, por el desorden imperante en el aula, la maestra no advertía que él ya los tenía.

Expresaron que fueron convocados en varias oportunidades a firmar actas ya elaboradas sobre hechos en los que el menor de edad habría estado involucrado. Apuntaron que los docentes se negaron a dejar constancia de sus manifestaciones como padres, por lo que se opusieron a suscribir las actas unilateralmente redactadas por la entidad. Opinaron que las conductas descriptas no se correspondían con las que tenía I. en el hogar y en otros ámbitos.

Expusieron que colaboraron de todas las formas posibles para erradicar los berrinches de I. Insistieron en que se trataba de un niño de seis años a quien los maestros -trece en total- lo tomaron de punto y le atribuían todos los problemas de conducta del aula, sin advertir que era inquieto y curioso, terminaba rápidamente las asignaciones dadas en clase y mantenía excelente relación con sus compañeros.

Señalaron que, en octubre de 2015, sin reunión previa alguna, recibieron una carta documento donde se les informaba que I.no cumplió con la exigencia institucional y disciplinaria, por lo que no se lo matricularía para el ciclo lectivo 2016.

Argumentaron que esta decisión de resolver injustamente la no renovación de la matrícula provocó los perjuicios que son motivo de la presente acción.

Atribuyeron responsabilidad al «Instituto La Salette» -«Instituto Misionero de la Sagrada Familia»-. Alegaron que, a pesar de que la demandada cuenta con la facultad de no renovar el contrato educativo, dicha decisión debía ser fundada y razonable, lo que, según afirmaron, no ocurrió en este caso.

Explicaron que no niegan que I. necesitaba ayuda y que, por ello, concurrieron con la terapeuta.

Asimismo, describieron algunos de los eventos acaecidos en el colegio (fs. 23bis/32vta., 50/52).

El «Instituto Misionero de la Sagrada Familia», por intermedio de su representante legal, contestó la demanda y brindó su propia versión. Detalló, cronológicamente, los eventos y comunicaciones entre el centro educativo y los padres. Sostuvo que la determinación de no matricular a I. respondió exclusivamente a que lo mejor para él, desde el plano pedagógico y personal, era continuar en otro establecimiento que pudiera acompañarlo en el proceso de escolarización (fs. 167/176).

Sustanciada la causa, se dictó pronunciamiento sobre el mérito (2 de julio de 2020).

III- La sentencia El Juez de grado rechazó la demanda promovida por los señores M. A. T. y L. E. D., por derecho propio y en representación de su hijo I. J. T., contra el «Instituto Misioneros De La Sagrada Familia», con las costas del juicio. A su vez, difirió la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes (2 de julio de 2020).

IV- Los agravios Los accionantes critican la decisión.Opinan que el primer sentenciante se apartó de manera infundada de las pruebas agregadas en la causa e incurrió en arbitrariedad.

Aducen que no desconocen la facultad disciplinaria que tiene la escuela, pero debió ser ejercida de manera razonable.

Sostienen que el derecho de no rematricular, reconocido a los institutos de enseñanza privada, no puede ser ejercido en forma caprichosa o arbitraria, ni importar discriminación o perjuicio ilegítimo.

Insisten en el carácter abusivo de la medida toda vez que se acreditó los avances que lograba el menor de edad través del tratamiento dispensado.

Consideran que la decisión de la institución debía ser fundada y motivada, lo que, según alegan, no ocurrió, en tanto debió existir una proporcionalidad entre el medio empleado (no rematricular) y los fines propios que persigue la actividad educativa.

Aseveran que la educación posee fines de integración y cohesión social, los que confrontan con los efectos producidos a partir del ejercicio del derecho de admisión.

Aseguran que recurrieron a la asistencia psicológica, donde la profesional indicó las herramientas que debía aplicar la familia y las maestras frente a los berrinches, como así también hizo hincapié en el pronóstico favorable existente para la solución del problema.

Refieren que atendieron el conflicto, pero la institución, a pesar de las palabras volcadas en las actas, no ha acompañado y pretendió solucionarlo deshaciéndose del problema, es decir, de I.

Manifiestan que no se les explicó de qué modo su continuidad en esa entidad hubiese podido afectar los objetivos educativos involucrados.

Entienden que las soluciones no son efectivas si se suministran sólo a los síntomas y no a las causas, repitiéndose una y otra vez las conductas disruptivas, manteniéndose e incluso agravándose el malestar entre el profesorado, incapaz de poner fin a estos problemas.

Consideran que el tamaño del centro educativo y de las aulas era excesivo, que regían reglamentos de disciplina rígidos, pensados para sancionar y apartar a los alumnos que molestaban, sin que incluyeran procedimientos de recuperación e integraciónde éstos.

Refirieron que había transcurrido sólo un año desde que se aconsejara una consulta psicológica hasta que se resolvió la expulsión de I., quien tenía un buen pronóstico pero que, según alegan, el centro educativo no tenía la paciencia para dejarlo madurar.

Exponen que la perito psicóloga observó que la ausencia sistemática de una maestra en pre-escolar y primer grado provocaron reacciones violentas en su hijo, pero que no se trata de una persona agresiva de base ni difícil de controlar.

Advierten que las declaraciones de los testigos -no valoradas en la sentencia- resultan contradictorias. Señalan que mientras la licenciada Pérez, psicóloga tratante de I. al momento de los hechos, declaró sobre el alto compromiso de los padres con el tratamiento y los avances evidenciados en su conducta, las testigos Rossi, Suarez y De La Puente sostienen que fue discontinuo -en base a supuestos comentarios del niño y lo que surge de un acta en donde se dejó asentado un llamado telefónico entre las licenciadas-.

Indican que las señoras Pérez y Rossi coinciden en cuanto a la existencia de un buen vínculo con sus pares e integración al grupo, lo que se contrapone con los dichos de las señoras Suarez y De La Puente, que no eran maestras del menor de edad y trataban circunstancialmente con él.

Sostienen que el colegio no tuvo paciencia para esperar los resultados de un tratamiento progresivo, actuó de manera contraria a las indicaciones de la profesional tratante y su decisión habría sido motivada por la tirante relación con ellos.

Concluyen que se efectuó una arbitraria e incompleta valoración de la prueba producida y que la sanción de expulsión -consecuencia necesaria de la no matriculación-, es desproporcionada a la luz de los antecedentes.

Debaten que el juez a quo fundó, también, que el cambio de institución resultó beneficioso para I. y que, por lo tanto, sus intereses se han visto resguardados.Al respecto, aseveran que la experta expuso las consecuencias negativas de la decisión tomada por la demandada en el alumno.

Por último, hacen reserva del caso federal.

La Defensora de Menores de Cámara adhirió a la expresión de agravios de los actores.

V- La responsabilidad

1. Son las normas generales sobre responsabilidad civil:

1) El incumplimiento objetivo, que consiste en la infracción al deber mediante la inobservancia de la pala bra empeñada en un contrato o a través de la violación del deber general de no dañar; 2) El daño entendido como la lesión a un derecho subjetivo del incumplimiento jurídicamente atribuible; 3) La relación de causalidad suficiente entre el hecho y el detrimento, de tal manera que pueda predicarse que el hecho es causa (fuente) del mismo y; 4) Un factor de atribución, es decir, la razón suficiente para asignar el deber de reparar al sujeto sindicado como deudor que podrá ser objetivo o subjetivo (conf. «Conclusiones V Jornadas Nacionales de Derecho Civil», Rosario, 1971, citadas por Atilio Aníbal Alterini-Oscar José Ameal- Roberto M. López Cabana, «Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales», pág. 159, Buenos Aires, 2006).

En este caso, los actores alegan que la no matriculación de su hijo I. por parte del «Instituto La Sallete» importó un ejercicio exagerado y desproporcionado del poder disciplinario. Sostienen que la decisión resultó irrazonable, en consideración a los hechos demostrados y los antecedentes del menor de edad. Alegan que el derecho de no rematricular reconocido a los institutos de enseñanza privada no puede ejercerse en forma caprichosa o arbitraria, ni importar discriminación o perjuicio ilegítimo. En suma, consideran que la accionada debe reparar el daño originado por ello.

2. En primer lugar, cabe referir que entre la institución educativa y los padres existe una relación contractual (arts.957, 958, CCCN). Se la puede definir como un contrato de servicios educativos privados o contrato de enseñanza que se configura cuando el establecimiento se obliga a desarrollar, en un contexto de organización empresarial, procesos de enseñanza-aprendizaje, mientras que el educando se compromete a colaborar en su ejecución asumiendo o no el pago de una suma de dinero (conf. Hernández, Carlos A. y Trivisonno, Julieta B., «Perspectivas contractuales de los servicios educativos privados. Una mirada desde el Código Civil y Comercial unificado», Revista Derecho Privado Año III, N° 10, Ediciones Infojus, marzo 2015, pág. 85).

Además, como toda relación contractual, las partes tienen la facultad de no continuar con el vínculo. Tanto los progenitores pueden optar por otro centro educativo, como la institución privada decidir no rematricularlo para el próximo ciclo lectivo. Sin embargo, en este último caso, para así proceder, se debe cumplir con los requisitos legales.

Al respecto, el art. 1 de la ley 2681 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -sancionada el 10 de abril de 2008-, establece que «Los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial en todos sus niveles no podrán negar sin causa la matriculación o la rematriculación a un/a aspirante para el año o ciclo lectivo siguiente.». Indica que «Las causas que aleguen las instituciones educativas para negar la matriculación o rematriculación, no deben ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires» (art. 2, ley cit.).

Señala que la negativa deberá ser notificada por medios fehacientes antes del 31 de octubre de año anterior al ciclo lectivo y que, en caso de ser requerido, deberá brindarse los fundamentos dentro de los 20 días hábiles de recibida dicha solicitud (arts.3, 4 y 5, ley cit.).

Por lo tanto, los establecimientos educativos de gestión privada pueden negar la rematriculación de un alumno -antes del 30 de octubre de año anterior-, siempre que sea con causa, la que no deberá ser contraria a los derechos reconocidos constitucionalmente.

Señala el doctor Bidart Campos que «Cuando nos encontramos con establecimientos de enseñanza privada, el derecho de enseñar (que tiene como titular a la entidad o persona que los regentea), no implica el ‘deber’ de enseñar a quien el establecimiento no desea recibir como alumno. De tal forma, la selección de quienes aspiran a ingresar queda librada al establecimiento (salvo que la negativa pudiera acreditarse como arbitraria o discriminatoria). El ‘deber’ de enseñar solamente se personaliza en un sujeto pasivo cuando nace y subsiste una relación jurídica que lo vincula con quien, frente a él, es sujeto activo del derecho de aprender.» (autor citado, Manual de la Constitución Reformada, Tomo II, p. 42.).

En este caso, las partes aportaron la carta documento enviada por la demandada, el día 22 de octubre de 2015, en la que se les informó a los legitimados activos que «.atento a que el alumno I. J. T. que concurre a 1er. Grado no ha podido cumplir con las exigencias institucionales y disciplinarias, no se matriculará al menor para el ciclo lectivo 2016, debiendo continuar sus estudios en otro establecimiento educativo.» (fs. 1 a 32vta., esp. fs. 16 y fs. 63 a 176, esp. fs. 74). Esta fue contestada por la señora L. D., el día 27 de ese mes y año, quien solicitó se le brinden los fundamentos de dicha negativa (fs. 1 a 32vta., esp. fs. 18). El centro educativo refirió, el día 3 de noviembre de 2015, que «1.- Los motivos expresados en nuestra anterior notificación resultaron claros y elocuentes de los motivos de no matriculación de I. T. para el ciclo lectivo 2016 atento a todo lo que se fue informado durante el año.2.- Según lo que se les informó existieron profundas dificultades del alumno de aceptar y cumplir normas disciplinarias como así también la ocurrencia reiterada de situaciones en las que se puso en riesgo su integridad, la de sus compañeros como así también del personal docente. 3.- Se implementaron todas las estrategias en el acompañamiento a I., pero conforme lo manifestado no logró cumplir con las exigencias institucionales por lo que deberá continuar sus (sic) escolaridad en un establecimiento que contemple los requerimientos particulares del niño.» (fs. 1 a 32vta., esp. fs. 17 y fs. 63 a 176, esp. fs. 76).

De esta manera, se advierte que la demandada acató la notificación en el plazo fijado -antes del 31 de octubre- y expuso sus motivos (arts. 1, 3, 4 y 5, ley 2681). En definitiva, se han respetado los recaudos formales que esa determinación exige.

Sin embargo, como se refirió previamente, los actores alegan que esa decisión no fue razonable ni fundada. Aseveran que el derecho de no volver a matricular a su hijo no puede ejercerse en forma caprichosa o arbitraria, ni importar discriminación o perjuicio ilegítimo, lo que opinan presente en este caso.

En definitiva, habrá que analizar si la ruptura contractual se erige en una situación arbitraria o inmotivada, como aseguran los padres.

3. Primeramente, cabe señalar que corren por cuerda los cuadernos de comunicaciones de I. del primer año escolar y los libros de actas de reuniones de la Sala de cinco años y de primer grado.

Con relación al primer año de I. en la institución -en el año 2014, en la sala de cinco años-, se cuenta con el libro de actas de reuniones individuales y grupales con los padres de la Sala de 5 años (libro de color rosa con lunares blancos). Este libro comienza en el ciclo lectivo 2012, con la primera anotación en la hoja 3 del mismo y concluye en la hoja 77, en un acta levantada el 4 de diciembre de 2014.Allí, se dejó constancia de la reunión celebrada el día 29 de mayo de 2014, entre las autoridades del colegio y los progenitores coaccionantes. Consta que conversaron «.sobre algunas actitudes del niño. Sobre su distracción constante en muchos momentos del día. Los padres acuerdan con esta situación y coinciden con que hay que comenzar a realizar cosas desde casa y desde el jardín para poder ayudarlo en esta situación. Hablamos de construir espacios de mayor concentración y sostenerlos.» (hoja 41, del libro cit.).

El día 4 de septiembre de ese año, se reunieron con la señora D. «.para conversar acerca de la conducta de I. en el jardín frente a la puesta de límites del adulto. Comentamos las reacciones que se producen ante situaciones en las que el docente pone pautas y normas a las que no accede con facilidad y reacciona de manera corporal con berrinches, revoleando zapatillas, gritando; este estado no le permite que el adulto acceda a través de la palabra. Comentamos también que el área cognitiva no presenta dificultades, muy por el contrario maneja un vocabulario muy maduro, responde a consignas sin dificultad y puede comprender sin ningún problema; lo cual nos indica que no es necesario consulta psicopedagógica, pero ante las reacciones tan exageradas que muestra aconsejamos a la mamá que vean la posibilidad de una consulta con una psicóloga infantil para en principio acceder a una orientación para padres.» (hojas 62 y 63, del libro cit.).

Luego, el día 6 de noviembre de igual año, se los convocó nuevamente y se habló «.acerca del desenvolvimiento del niño en el jardín y de algunas situaciones en las que se dificultó la puesta de límites.Los papás comentan que comenzaron el diagnóstico con una profesional psicóloga que estará finalI.do en el mes de diciembre y que consideran de acuerdo a los tiempos que quedan hasta fin de año y de acuerdo a lo que diga la profesional que comenzaría el tratamiento en el próximo ciclo lectivo. Nos comprometemos, tanto familia como escuela, a realizar una continuidad en el próximo año en pos de ayudar a I.» (hojas 71 y 72, del libro cit.).

A su vez, se asentaron en ese libro las reuniones grupales de padres de la Sala de 5 años, a la cual asistía I. Consta que a la primera reunión del año fue el padre del niño, el señor M. T. (hoja 33), en tanto a todas las restantes que se celebraron los días 2 y 11 de julio, 1 de octubre y 4 de diciembre del 2014, no asistió ninguno de los progenitores (fs. 47 a 50, 65 a 67, 75 y 76, del libro cit.).

Por otro lado, de los cuadernos de comunicaciones A-479, números 22 y 23 surge que, en el transcurso del año 2015 -período en el que I. curso primer grado-, los docentes asentaron veintiún llamados de atención centrados, principalmente, en la falta de acatamiento de las directivas y normas de convivencia (ver.notas de fecha 10 /3/2015, 12/3/2015, 16/3/2015, 17/3/2015, 30/3/2015, 8/5/2015, 11/5/2015, 14/5/2015, 15/5/2015, 5/6/2015, 12/6/2015, 15/6/2015, 18/6//2015, 29/6/2015, 30/6/2015, 6/7/2015, 13/7/2015, 7/8/2015, 10/8/2015, 18/8/2015, 19/8/2015, 18/9/2015 y 24/9/2015, de los cuadernos citados).

En algunas de ellas, se informó que el menor de edad había propinado un golpe a un compañero, como así también insultado y pateado a la maestra (ver notas de fecha 11/5/2015, 15/6/2015, 29/6/2015, 30/6/2015, 6/7/2015 y 10/8/2015, cuadernos de comunicaciones A-479 números 22 y 23).

Además, en el cuaderno de comunicaciones, consta que se convocó a los actores a fin de conversar sobre el comportamiento de I. los días 7 de mayo, 27 de mayo -en este caso la reunión fue solicitada por la señora D. al representante legal de la institución-, 11 de junio, 11 de agosto y 17 de septiembre del año 2015.

También obra en la causa el libro de actas de reuniones de padres -individuales y grupales- de ese año 2015 del nivel primario (libro de color verde con lunares blancos que corre por cuerda). Este libro de actas comienza con la primera acta, en la hoja 3, en el año 2011 hasta la última del año 2018 en la hoja 181. Allí consta que con fecha 9 de abril de 2015, se asentó que el señor M. T. retiraba a su hijo de la escuela a petición de las autoridades. Allí se detalló que el niño protagonizó una crisis frente a una situación personal donde manifestó: «estoy aterrado porque en mi casa me pegan mucho y me duele» (hoja 73, del libro citado). Asentaron que pidieron que la psicóloga tratante se comunique con el colegio para que les informe las herramientas para trabajar con él.Incluso, le comunicaron al señor T. que estaban evaluando su continuidad en el espacio extracurricular, por notarlo desconectado, cansado y sin aceptar los límites (hoja 74, libro cit.). Al día siguiente, se levantó una nueva acta, en la cual se dejó constancia de la conversación mantenida ese día con la señora D. por el episodio anterior, quien expresó que «.el niño inició una terapia en dic.’ 14. La mamá nos dice que el niño manipula con comentarios. Le expreso a la mamá que I. no demuestra la adaptación necesaria, al momento, para permanecer en la extensión horaria y que vamos a trabajar juntos, escuela y familia, para lograr el cambio, no obstante, esta estará bajo la observación docente durante el bimestre. La psicopedagoga se comunicará con la psicóloga una vez que se presente el psicodiagnóstico en el colegio» (hojas 74 y 75, libro cit.).

El día 11 de junio de 2015, las docentes y los directivos del colegio se reunieron con la madre de I. Le trasmitieron su preocupación «.por las reiteradas actitudes inapropiadas e incumplimiento de las normas institucionales de convivencia por parte de I. Le comunicamos que no acepta límites y transgrede los mismos continuamente: con una actitud indiferente durante el izamiento de la bandera, pegando patadas a la docente negándose a aceptar su error. En definitiva le cuesta adaptarse a la dinámica del aula. La mamá presenta un informe de la psicóloga que trabaja con I. La señora Stella le pregunta si hay agresión en la casa por la respuesta que da I. ante la nota en el cuaderno de comunicaciones. La mamá comenta que el padre es el que es rígido y estructurado y ella es mas permisiva. Comenta el niño ‘maneja’ la situación pero es muy cariñoso y no recibe castigo. Se le sugiere a la mamá que hable con I. de sus actitudes, revea su comportamiento y hable de los caprichos y berrinches que hace en el colegio para poder modificar su actitud.Nos preocupa su integridad física y las de sus compañeros ya que se tira de la silla, revolea objetos y pega patadas.» (hojas 79 y 80, libro cit.).

Asimismo, el día 28 de septiembre, se asentó la reunión con la señora D., la docente Daniela, la secretaria Olga y la directora Stella Maris. Le informaron, ante un cambio de banco que I. se enojó y lo pateó, tirándolo al piso. Luego, refirieron que se sacó las zapatillas, las medias, los pantalones y los revoleó. Expusieron que «Estos episodios son casi diarios. él frente a situaciones con las que no está de acuerdo comienza a hacer escándalo, no importa dónde se encuentre ni con quién. Algunos docentes conociendo estas características de I., prefieren acceder a sus caprichos para evitar estas situaciones que rompen el clima de trabajo en el aula; puesto que no entra en razón rápidamente y complica la concentración y trabajo de sus compañeros. La Institución ve la necesidad vigente de una interconsulta con un profesional (como ya se había pedido en la entrevista del día 16/7/2015) y la presentación de un informe, para favorecer el aprendizaje pedagógico y conductual de I. en la Institución. La presentación de los informes mencionados constituye obligación esencial de parte de los progenitores de I., por lo que su incumplimiento constituirá una manifestación de falta de acompañamiento y compromiso con el proyecto pedagógico de la Institución. La mamá manifiesta desconocer las situaciones anteriormente narradas puesto que en su casa ni en otros ambientes presenta estas conductas.» (hojas 89 a 92, libro citado).

El día 22 de septiembre, se detalló en el acta un inconveniente en el aula donde I.reaccionó tirándose al suelo, gritando, sacándose las zapatillas y revoleándolas, una de las cuales impactó en una compañera (hojas 92 y 93, libro cit.). A su vez, el día 25 de ese mes, se informa que se le retuvo un elemento punzante, similar a un punzón, que tenía en el recreo del mediodía y que dijo traerlo de la casa. Le pidieron a los progenitores que conversen con su hijo sobre la peligrosidad de ese elemento para sí y para otros y que por favor controlen lo que el niño trae en su mochila (hojas 95, libro cit.). También le informaron que I. y un compañero iban corriendo hacia otro patio, por lo que la maestra los llamó, el otro amigo volvió y cuando regresó I. le pegó con el puño cerrado en la espalda a la docente, explicando que lo hizo para que no retara a su amigo. Los padres, presentes al levantar esa acta, no la suscribieron, sino que escribieron a continuación, entre otros aspectos, su disconformidad sobre lo que decían de su hijo, su perspectiva sobre la cantidad excesiva de niños y niñas en el grado, sobre conflictos entre docentes y alumnos y que las actas son manifestaciones unilaterales (hojas 96 y 97, libro cit.).

Por último, los días 1, 13, 19 y 20 de octubre de 2015 se dejó constancia de acontecimiento en los que intervino I. (fs.98 a 101, libro cit.).

Estos comportamientos del menor de edad fueron corroborados por la maestra secretaria del nivel inicial, señora Olga Beatriz Suarez; por su docente de grado la señora Analía Chamorro; por la maestra de apoyo, la señora María Eugenia de la Puente y por la directora, la señora Stella Maris Rossi, quienes dieron cuenta de las conductas de I., los llamados de atención asentados en los cuadernos de comunicaciones y de las reuniones con los padres.

La señora Suarez manifestó, en cuanto a la relación con sus compañeros, que «En sí tenía un solo amigo con el que había creado un solo vínculo. ante sus caprichos, lo que hacían sus compañeros era un poco ceder a la situación de él para poder trabajar todos juntos. yo he entrado al aula varias veces y he visto cómo estaban acomodados los bancos. la docente. me decía que era para no crear un conflicto, para que I. no reaccionara mal. Entonces negociaba con los otros alumnos que todos trabajaban de la misma forma. para poder continuar con la tarea educativa, sino era un desborde» (constancia fs. 216; 00:05:26 a 00:06:23 minutos de la audiencia videofilmada obrante en el sistema Lex 100). En cuanto a la relación con los docentes, expuso que «Cuando él estaba bien, era normal. cuando él, ante un capricho, la docente o alguien le decía que no, reaccionaba con malas palabras o empezaba a sacarse las zapatillas, las medias. Llegó un momento que ello fue incrementándose. Siguió sacándose ropa o siguió sacándose ropa o revoleando bancos (sic). Hubo una situación en que la maestra lo levantó y lo volvió a revolear sin mirar dónde caía o si podía perjudicar a algún compañero.la maestra siempre recurre a dirección a que alguno de los directivos suba a ver lo que sucede tanto en los pasillos o en el aula» (00:06:29 a 00:07:34 minutos, ídem.).

Por su parte, la señora Chamorro relató que «El problema surgía cuando uno intentaba poner un límite o marcarle algo. A veces hacía caso omiso de esto y al volver a reiterarle, pasábamos al berrinche y del berrinche a veces a las explosiones. Nos costaba mucho que el vuelva a la calma y pueda retomar a las actividades, pueda estar bien.» (constancia fs. 217; 00:03:53 a 00:05:03 minutos de la audiencia videofilmada obrante en el sistema Lex 100). «Se resistía bastante al tema de los límites. Tratábamos de que el pudiese acatar esas ciertas normas áulicas para el desenvolvimiento natural y costaba muchísimo. A veces la reacciones de I. de enojarse, de revolear las cosas, sacarse las zapatillas y revolearlas también. Nos costaba bastante que él vuelva a la calma y seguir dando clases» (00:05:21 a 00:06:15 minutos, ídem.).

En cuanto a la implementación de estrategias para abordar la problemática, la señora Suarez expresó que «.siempre fue tratar de comunicarnos con él, de tratar de negociar con él, hasta ceder y negociar con los compañeros de aceptar las propuestas de él para que el curso de la clase siguiera su normalidad. Todas las estrategias mismas que el informe de la especialista que se pidió en su momento propone, son las que habitualmente se implementan en un aula. él tampoco aceptaba un cambio de banco, que un compañero con el que él tenía afinidad se le cambie de banco. Esas propuestas siempre era una mala reacción. Todo se trató de negociar, todo se trató de hablar pero. faltó. acompañamiento de los padres. porque no hubo una respuesta positiva de los padres, como diciendo que nosotr os no estábamos capacitados para nuestro trabajo» (constancia fs.216; 00:09:25 a 00:10:26 minutos de la audiencia videofilmada obrante en el sistema Lex 100). Manifestó que «No hubo resultados muy positivos porque las reacciones de I. siguieron igual. No hubo compromiso de parte de los padres según constaban en las actas que venían de nivel inicial, que se había suscitado (sic) un tratamiento. Ellos decidieron interrumpirlo durante el verano y empezarlo en principio de clase, cosa que no ocurrió. En una de las comunicaciones que tuvimos con la psicóloga, dijo que I. hacía dos meses que no iba por un tema de la obra social. él decía que iba cuando quería.» (00:10:38 a 00:11:17 minutos, ídem.).

La señora Chamorro coincidió y mencionó que, ante las negativa de I. a la puesta de límites, «.tenía que simbolizar la autoridad y marcarle el límite y volver a reiterárselo. Siempre hablándole de buena manera, con cariño, pero tratando de mantenerme más firme. Cuando veíamos que de esa manera no se podía, intervenía la auxiliar y quizás trataba de sacarlo de la situación si ya veíamos que se ponía nervioso y empezaba a querer revolear cosas. Ella trataba de sacarlo de la situación. Esas eran las estrategias que utilizábamos. El tema era cuando él, de pronto, pasaba del berrinche a la explosión era muy difícil que él vuelva a estar bien» (constancia fs. 217; 00:06:31 a 00:07:38 minutos de la audiencia videofilmada obrante en el sistema Lex 100). Afirmó que no vio resultados a partir de las estrategias implementadas (00:07:54 a 00:07:58 minutos, ídem.).

La señora De la Puente contó que «Siempre se lo trató de contener. conversando, llevándolo aparte, presentándolo de otra manera, llevándolo a dirección. de distintas formas. no dieron mucho resultado porque lejos de modificar la actitud. los berrinches siguieron y cada vez un poquito peor.» (constancia fs.218; 00:07:31 a 00:08:20 minutos de la audiencia videofilmada obrante en el sistema Lex 100).

Por su parte, la señora Stella Maris Rossi, directora de nivel inicial, contó que los motivos para no rematricular a I. se debieron a que «Los padres no estaban como de acuerdo. de la manera con que estábamos nosotros trabajando por I. Sentían que no estábamos capacitados. Es más, ellos dijeron que no estábamos capacitados para poder asistirlo. Era un grupo numeroso de alumnos e I. necesitaba más contención como planteaba la psicóloga en su informe, que necesitaba un ambiente contenedor. como para que él pudiera trabajar y se lo pudiera contener de otro lado. El colegio sentía que, para los papás, todo lo que hacía no daba resultado. Nosotros lo que quisimos desde el principio con I. era ayudarlo porque veíamos que él necesitaba ayuda que, de alguna manera, por sus actitudes lo estaba planteando (constancia fs. 215; 00:15:42 a 00:17:14 minutos de la audiencia videofilmada obrante en el sistema Lex 100).

Por lo tanto, se observa que las docentes y directivos del colegio coincidieron en que I. respondía negativamente ante la puesta de límites, lo que exteriorizaba a través de berrinches, revoleando objetos, insultando y pegando patadas. Estas conductas se evidenciaron en el año 2014 -a partir de las constancias obrantes en el libro de actas de reuniones de Sala de cinco años- y continuaron en el transcurso del año siguiente -de acuerdo con lo que surge de los cuadernos de comunicaciones, el libro de actas de las reuniones y las declaraciones testimoniales-. A su vez, concordaron en que faltó acompañamiento y compromiso de los padres, como así también en que estos no las consideraban capacitados para abordar la problemática (art. 386, CPCC).

Por otro lado, en cuanto al tratamiento psicológico aconsejado para I., la licenciada Lucía Pérez, declaró que inició las consultas con el menor de edad y sus padres en diciembre de 2014.Relató que «Ellos consultaron porque veían en I. algunas conductas disruptivas. estaban desorientados, preocupados. los cite para entrevistas e hicimos un trabajo para orientación a padres. tenía algunas conductas disruptivas que se manifestaban en forma de berrinches ante la puesta de límites de algunos adultos, no todos.» (constancia fs. 256; 00:02:05 a 00:03:13 minutos de la audiencia videofilmada obrante en el sistema Lex 100). En relación a la terapia, manifestó que «comenzó en el 2014, a fin de año. con frecuencia semanal. y además tenía las entrevistas de orientación al padre. el papá consultó en ese momento porque él notaba algunas cosas que sentía que no podía manejar» (00:03:20 a 00:04:00 minutos, ídem.). Señaló que «.trabajábamos esta cuestión de los berrinches ante la puesta de límites y orientación a padres. con el tiempo I. fue disminuyendo las conductas disruptivas, fue aceptando mejor los límites, yo trabajé mucho con los papás y el resultado fue positivo» (00:04:10 a 00:04:45 minutos, ídem.).

Indicó que «Con el colegio hablé muchas veces con la psicopedagoga de primaria. Ellos me consultaban todo el tiempo, me preguntaban algún diagnóstico de I. No había un diagnóstico. Yo los orientaba en relación de lo que observaba en la consulta y les daba algunas pautas para que pudieran trabajar mejor en la clase. estaban como desorientados ellos. Me preguntaban cómo iba el tratamiento, si los papás estaban comprometidos, lo llevaban.» (00:05:00 a 00:06:09 minutos, ídem.). En cuanto al resultado, refirió que «Con respecto a los docentes, no lo sé. Con respecto a los padres, el resultado fue bueno. I. se empezó a portar diferente, empezó a aceptar las normas, los límites que les ponen los adultos. Los papás hicieron también un montón de cambios en función de las recomendaciones que yo les iba haciendo.Los dos estuvieron muy comprometidos en el tratamiento» (00:06:17 a 00:06:45 minutos, ídem.). Manifestó que, según lo que le trasmitía la psicopedagoga, las docentes no sabían cómo manejar la conducta de I. (00:07:37 a 00:07:49 minutos, ídem.). Además, reconoció la autenticidad de los informes acompañados por los actores en su demanda. En estos se asentó que «Las dificultades que presenta I. están vinculadas a temáticas emocionales que estamos trabajando con él y sus padres en el espacio de terapia. En los momentos en que se enfrenta a situaciones que no son de su interés, I. suele desbordarse, demostrando reticencia, enojo, llanto y ansiedad. La sensación de frustración que siente es descargada en forma de rabieta. Estas conductas no aparecen en presencia del padre, sino especialmente cuando está acompañado de su madre. En la historia del niño ha quedado consolidado el hábito mental de berrinche como modo de obtener lo esperado/buscado. Estamos trabajando en nuevas estrategias a fin de interrumpir este hábito mental establecido.» (fs. 4/5, esp. fs. 5). No consta la fecha de este informe, pero si que fue realizado cuando I. cursaba primer grado.

Asimismo, en el dictamen elaborado el 14 de octubre de 2015, hizo referencia a los enojos que aparecen frente a la norma, principalmente en el ámbito escolar. Aconsejó que, luego del berrinche, no se lo consienta otorgándole lo anhelado. Detalló las medidas que recomendaba tomar para abordar la conflictividad (fs. 6/7).

En ambos informes, la profesional refirió que en algunas ocasiones la terapia se interrumpió por cuestiones de disponibilidad de turnos.

En el año 2016 y a pedido del nuevo establecimiento educativo, la licenciada efectuó un informe donde afirmó que I. presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad (fs. 8/10).

4. En conclusión, de las citas efectuadas, se aprecia que el cuerpo docente de la Institución demandada intentó colaborar con el bienestar del niño.Le requirió a los progenitores el informe de la Licenciada que lo atendía e incluso, se comunicaron con ella, en fecha 15 de junio de 2015, según consta en el libro de actas de primaria (hojas 80 y 81). Incluso, la Psicóloga Pérez al testimoniar, informar que había tenido varias conversaciones con el colegio. Asimismo, de la lectura de las actas mencionadas, surge la intención de la escuela de trabajar en forma conjunta con los padres para ese fin. De tal manera, en fecha 9 de abril de 2015, se dejó constancia en el acta, en el encuentro con el señor T., sobre que «Pedimos que la profesional psicóloga se comunique o nos envíe un informe para darnos las herramientas para trabajar con él.» (hoja 74 del libro de actas). En la reunión con la madre, al día siguiente, se dijo que «.vamos a trabajar juntos, escuela y familia, para lograr el cambio.» (hoja 75, libro cit.). En el acta levantada el 11 de junio, también del 2015, se anotó que «. Convinimos en trabajar en conjunto colegio, familia y psicóloga, en beneficio de I.» (hoja 79 del libro cit.). También fue la intención expuesta en el acta del 16 de julio, al indicar que «Se acordó con la madre trabajar en conjunto con el colegio y la psicóloga que trabaja con él.» (hoja 84 del libro cit.). Este es también el sentido de lo indicado en otras actas, hasta que en la del 28 de octubre de ese año, en presencia del padre del niño, se le comunicó los motivos por los que no se le renovaría la matrícula (hojas 101 y 102, libro cit.).

Por ello, no se aprecia que la actitud de las autoridades del colegio haya sido intempestiva o infundada, ya que desde el año anterior, cuando I.cursaba su última Sala del Jardín, se habían contactado con la familia para ayudarlo en la interrelación con sus compañeros y su desempeño en el aula en cuanto a los límites, lo que se repitió el año siguiente, ya en primer grado.

Las constancias de los llamados de atención a I. y las manifestaciones de las testigos Suarez, Chamorro, Rossi y De La Puente demostraron cómo el proceder del niño repercutía en el desempeño de toda la clase, por ejemplo, cuando la señora Suarez testificó que debían ceder a sus caprichos para continuar con las actividades. Asimismo, en reiteradas ocasiones, las docentes señalaron su preocupación por el bienestar de I. y de sus co mpañeros ante el revoleo de zapatillas o golpes o cuando llevó a la escuela un punzón que puso en su mochila.

Por lo tanto, considero que las razones que invocó la accionada no resultaron arbitrarias, irrazonables o desproporcionadas por lo que se advierte que, en este caso, la demandada cumplió con los requisitos establecidos en la ley 2681 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la habilitaba a optar por no rematricular al estudiante.

Por las explicaciones brindadas, la medida tampoco se evidencia discriminatoria. La «Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza» de la UNESCO, del año 1960, la define como «toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial: a. Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza; b. Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo; c.A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presente Convención, instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos; o d. Colocar a una persona o a un grupo en una situación incompatible con la dignidad humana.». En consecuencia, la decisión tomada por la demandada no encuadra en ninguna de estas hipótesis.

A mayor abundamiento, cabe señalar que la decisión no impidió el ejercicio del derecho del menor de edad a recibir educación, protegido constitucionalmente por el art. 14 de la Constitución Nacional y diversos instrumentos internacionales (arts. XII, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 26, Declaración Universal de Derechos Humanos; 28 y 29, Convención de los Derechos del Niño), pues la ruptura contractual criticada no ha privado a I. de concurrir a otro establecimiento.

Incluso, cuando el art. 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su inciso primero, precisa que «.la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales», a lo que luego agrega «.que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos.», no es más que lo que ha tratado de hacer la escuela, con las distintas notas, comunicaciones y encuentros que procuró con la familia y la Psicóloga que atendía a I.

Entiendo prudente destacar que lo relatado sobre lo sucedido no pretende estigmatizar el obrar del niño, quien en el camino de la vida debe aprender a compartir con sus pares y admitir el señalamiento de los adultos, como forma de aprendizaje social.Justamente, el derecho a la educación es el que favorece la posibilidad de gozar de una vida digna y contribuye a prevenir situaciones desfavorables para el niño, niña o adolescente o para la propia sociedad, pues es a través de la educación que gradualmente superará su estado de vulnerabilidad (Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva 17/2002, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 28 de agosto de 2002, párrafos 84 y 88).

La descripción de la evidencia producida refleja, como espejo, el desempeño de la institución, sobre el cual se debe focalizar el análisis para definir si su obrar ha sido arbitrario. Aun cuando los padres han negado las actitudes atribuidas a su hijo, han firmado las actas que dan cuenta de los informes de la escuela, como así de las notas entre ellos y el colegio que surge del cuaderno de comunicaciones. Incluso, la psicóloga tratante explicó que los progenitores estaban al tanto de las características de su hijo, lo que motivó la consulta profesional (constancia fs. 256; 00:02:05 a 00:03:13 minutos de la audiencia videofilmada obrante en el sistema Lex 100).

VI- Por las consideraciones expuestas, en caso de resultar compartido este voto por mis colegas de Sala, propongo al acuerdo confirmar la sentencia atacada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio, con costas de la Alzada a los apelantes vencidos (art. 68, CPCC). Asimismo, se difiere la regulación de honorarios de Alzada para su oportunidad.

El Dr. Ameal y el Dr. álvarez por las consideraciones y razones aducidas por la Dra. Bermejo, votan en igual sentido a la cuestión propuesta.

Buenos Aires, 27 de mayo de 2021.

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, el Tribunal por unanimidad decide confirmar la sentencia atacada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio, con costas de la Alzada a los apelantes vencidos (art.68, CPCC). Asimismo, se difiere la regulación de honorarios de Alzada para su oportunidad.

Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN.

La difusión de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.

Notifíquese por Secretaría, cúmplase con la comunicación pública dispuesta en las Acordadas CSJN 15/2013 y 24/2013 y, oportunamente, devuélvase.

OSCAR JOSE AMEAL

OSVALDO ONOFRE ALVAREZ

JUEZ DE CAMARA

SILVIA PATRICIA BERMEJO

JUEZ DE CAMARA

BERMEJO-OSCAR J. AMEAL

JULIO M. A. RAMOS VARDE (SEC.).

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