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#Fallos Documento de Identidad: Tienen el mismo número de DNI pero se trata de diferentes personas. Ahoran deberán indemnizarlo

Partes: Cabrera Walter Horacio c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior-RENAPER y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 11-may-2021

Cita: MJ-JU-M-132335-AR | MJJ132335 | MJJ132335

Se indemniza el daño moral al actor a quien se le expidió un DNI con el mismo número que tenía asignado otra ciudadana.

Sumario:

1.-Corresponde condenar al RENAPER y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a resarcir el daño moral provocado al actor toda vez que las constancias administrativas son prueba suficiente de la irregularidad con la que se manejó el registro de identificación del ciudadano accionante y existen constancias de un error que dio lugar a la expedición del documento de mayor del actor con el mismo número que tenía asignado a otra ciudadana, en contradicción con lo que mandan las disposiciones de la Ley 17.671 , se ha verificado objetivamente la prestación irregular del servicio en el caso del actor, sin que existan eximentes que demuestren que ésta no pueda ser imputada a la demandada y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, citado como tercero.

2.-La coexistencia del error cometido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (diferencia entre las actas de nacimiento y los DNI) y la falta de control de parte del RENAPER en la expedición del DNI de mayor al actor, al no advertir la asignación de un número distinto del que tuvo en su DNI de menor, llevan a concluir en que fueron las conductas de ambos registros las que contribuyeron decisivamente a la generación del daño, sin que pueda considerarse que una desplace a la otra en la relación causal respecto de un servicio que brindan conjunta y concurrentemente.

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3.-La interferencia en la relación de causalidad alegada por el RENAPER vinculada a que el error en el número de DNI se produjo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es suficiente para dar lugar a la expedición del DNI con el número equivocado al actor, hecho generador del daño a resarcir, porque según lo que surge de los registros colectados en el trámite administrativo, los DNI de menores del actor, y de la persona que lleva el mismo número, no contuvieron ese error.

4.-Quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecución irregular; esta idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del art. 1112 del CC., pues no se trata de una responsabilidad indirecta toda vez que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen ha de ser considerada propia de éstas, que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de mayo del año dos mil veintiuno, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver en los autos caratulados «Cabrera, Walter Horacio c/ EN-Mº Interior-RENAPER y otro s/daños y perjuicios», La jueza Clara María do Pico dijo:

I.- La sentencia del 21 de julio de 2020 rechazó la demanda que Walter Horacio Cabrera dirigió contra el Estado Nacional, Ministerio del Interior, Registro Nacional de las Personas (en adelante RENAPER), con costas.

El juez sostuvo que, «en atención al modo en que ha sido planteada la demanda, se debe poner de resalto que el aquí actor no impugnó el acto administrativo (Resolución RNP N° 2976) que dispuso ratificar la Resolución RNP N° 1759 (por la que se estableció que le correspondía el DNI N° 23.702.062) sino que limitó su pretensión a obtener el pago de las indemnizaciones legales señaladas precedentemente, resultando claro del texto de la demanda que no se ha incluido como pretensión autónoma y específica el cuestionamiento de la Resolución RNP N° 2976, sino que sólo se persigue la reparación pecuniaria derivada de los daños supuestamente padecidos por el hecho que denuncia, sin contener un planteo serio, concreto, fundado y específico, enderezado a la declaración de invalidez o ilicitud de la norma citada, para posteriormente solicitar la reparación que se persigue».

Entendió así, citando jurisprudencia de esta cámara, especialmente relevante el principio según el cual «la responsabilidad del Estado por los daños derivados del dictado de leyes, reglamentos o actos administrativos, requiere la invalidación de éstos por las vías procesales previstas a tal fin.

Ello así, en razón de que la pretensión indemnizatoria es accesoria y se encuentra subordinada a la previa anulación del acto, que aparece como fuente generadora de los daños». Y concluyó en que, «al no haberse cuestionado judicialmente la ilegitimidad de la resolución mediantela que se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por el actor, ratificando la Resolución RNP N 1759, por la que se estableció que le correspondía el DNI N° 23.702.062, no es posible requerir la pretendida indemnización derivada del alegado accionar ilegítimo de la Administración».

II.- El 22 de julio el actor apeló esa decisión. Ya en esta instancia expresó agravios (presentación del 15 de septiembre), que fueron replicados tanto por el RENAPER, demandado, como por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA), citado como tercero (presentaciones del 21 y 30 de septiembre, respectivamente).

Las quejas del actor se dirigen a cuestionar el pronunciamiento apelado por considerar que no constituye una derivación de las constancias de la causa y del derecho aplicable.

Señala que, en rigor, cuestionó el acto administrativo. Vuelve sobre el relato contenido en la demanda para hacer notar que, a raíz de lo acontecido, por años se encontró sin DNI y que fue esa falta de DNI lo que conforma un aspecto objetivo de su pretensión que no puede ser refutado.

Indica que su parte «ofreció como prueba varios elementos que exteriorizaron y complementaron mi demanda judicial, a efectos de impugnar el acto administrativo cuestionado y acreditar las circunstancias detalladas en autos» relativas a la prestación defectuosa del servicio.

III.- La cuestión sometida a decisión de esta alzada exige, como primera medida, exponer sucintamente las contingencias procesales de la causa. a) La demanda A fs. 25/30 Walter Cabrera, denunciando como DNI propio aquel que las resoluciones administrativas determinaron correspondía a otra ciudadana, se presentó a demandar al RENAPER por los daños y perjuicios que dijo haber sufrido a consecuencia de los hechos que allí relató. En ese relato el actor apuntó distintos trámites que se vio obligado a hacer, previo a conseguir que se le extienda un nuevo ejemplar de su DNI que había extraviado, a consecuencia de que había otra persona que tenía su mismo número de documento.Cerró el acápite «Hechos» haciendo referencia a la resolución que dictó la Directora Nacional del RENAPER, «que estoy recurriendo» (fs. 26 primer párrafo).

El actor no dudó en calificar de «culpable o negligente» el obrar de la demandada, por incumplir «manifiestamente con los deberes que le corresponden (.) el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) es el organismo que tiene por cometido realizar el registro e identificación de todas las personas físicas que se domicilien en el territorio argentino (.) llevando un registro permanente y actualizado de los antecedentes de mayor importancia, desde su nacimiento y a través de las distintas etapas de su vida, protegiendo el derecho a la identidad» (fs. 27, el destacado es del original).

Al momento de dar encuadramiento jurídico a su pretensión, pidió que se condenara a la demandada con fundamento en los artículos 1109, 1112 y 1113 del Código Civil, citando, en sustento de su pretensión indemnizatoria, el precedente «Serradilla» del Máximo Tribunal, que consideró aplicable por entender que la irregularidad en la prestación del servicio allí determinada «obedeció a las mismas falencias evidenciadas en autos». b) La litis Cuando el RENAPER contestó demanda, fs. 57/66, sostuvo que «el «error administrativo» fue cometido por el Registro del Estado Civil y de Capacidad de las Personas de la Capital Federal, en tanto se trata del organismo que inscribió el nacimiento del actor, y quien le asignó repetidamente el número de DNI que ya tuviera determinado [otra ciudadana]» (fs. 57 vta., primer párrafo, énfasis en el original). A consecuencia de ello, opuso como excepción su falta de legitimación pasiva, que fue rechazada por el juez de grado y por este tribunal y requirió la citación como tercero del GCBA, lo que rechazó el juez de grado, pero aceptó este tribunal (fs. 72/74 y 86/88, respectivamente). La decisión interlocutoria de fs.86/88, que ordenó la intervención del GCBA como tercero, se fundó en que «la citación en los términos del art.94 del código procesal, llamada también coactiva, provocada o forzada, tiene lugar cuando en un proceso pendiente entre las partes, el juez a pedido de una de ellas, ordena la citación de un tercero considerando que la «controversia es común» -esta sucede cuando la relación jurídica deducida en juicio por su causa petendi u objeto perseguido pueda afectar a la relación extra contenciosa entre una parte y el tercero- y, con la finalidad de que eventualmente la sentencia a pronunciarse afecte al tercero como a los litigantes principales, toda vez que queda legitimado como parte procesal y pasa a integrar un litisconsorcio con el actor o con el demandado, en cuyo caso quien peticionó la citación, debe acreditar que aquél podría haber sido litisconsorte» (cons. V).

Allí se concluyó en que «en este caso se vislumbra la existencia de una relación jurídica que vincula al RENAPER con el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf., en ese sentido, Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa «Serradilla, Raúl Alberto c/ Mendoza, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios», pronunciamiento del 12 de junio de 1997). Ello es así pues, conforme surge del artículo 2º, inc.c) de la ley 17.671, al primero de los organismos mencionados le compete la expedición del Documento Nacional de Identidad, con carácter exclusivo, pero que, a tal fin, el artículo 62 de la ley citada estableció que «hasta tanto el Registro Nacional de las Personas se encuentre en condiciones de instalar sus propias oficinas seccionales, se considerarán como tales todas las oficinas de registro civil del país dependientes de las direcciones provinciales de registros civiles y las del Estado Civil y Capacidad de las Personas, las que a tales efectos cumplirán todas las disposiciones emanadas de aquél para satisfacer las exigencias de esta ley», por lo que la repartición que se pretende traer a juicio como tercero podría constituirse como un eslabón de la cadena de eventual responsabilidad que, como tal, debe ser escuchada a los efectos de decidir sobre la pretensión resarcitoria contenida en la demanda promovida en autos» (cons. VI).

Cuando el GCBA contestó su citación como tercero (fs. 101/107) puede excusarse de responsabilidad frente a los deberes que le impone la ley 17.671, máxime cuando fue quien puso fin al entuerto con el dictado de la resolución nº 1759/15 señalando que al actor le corresponde el DNI nº 23.702.062.

IV.- Esta breve reseña me lleva a sostener que:a) la pretensión contenida en la demanda es de carácter exclusivamente indemnizatorio (el actor no solicitó el mantenimiento del DNI nº 23.702.061 a su nombre y no a nombre de la ciudadana Acosta, como lo había hecho en sede administrativa al recurrir la resolución nº 1759/15); b) los daños que el actor alega y busca resarcir (daño moral y gastos legales y de transporte) no se derivan de la decisión del RENAPER de asignar el número de documento 23.702.061 a la ciudadana Acosta y obligarlo a rectificar el suyo propio por el número 23.702.062, sino que tienen su origen en la prestación irregular del servicio, de parte de la demandada y del tercero citado, que precedió a esa rectificación. Los daños invocados, entonces, tienen su causa en la expedición de dos DNI con el mismo número de identificación a dos personas distintas (circunstancia que fue expresamente reconocida en la resolución nº 1759/15) y las complicaciones y trastornos que implica rectificar ese error (incluido el tiempo que pasó sin DNI, hasta que se produjo la rectificación de sus registros).

El examen que se propuso a estos estrados judiciales, entonces, es el relativo al correcto o incorrecto funcionamiento del servicio que prestan, conjunta y concurrentemente, el RENAPER y el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese orden, la sentencia que ponga fin a este pleito no puede limitarse a referir una presunta ausencia de impugnación de las resoluciones nº 1759 y 2976/15 -cuyo examen integra, pero no agota, la ponderación del servicio prestado al actor por el RENAPER y el GCBA-, ya que, según entiendo, es la misma letra de esas resoluciones la que permite calificar como defectuoso el servicio comprometido, pero sobre esto vuelvo más abajo.

V.- En función de lo dicho en el punto anterior, me abocaré al estudio de la responsabilidad estatal sin encontrarme limitada por la extensión de los agravios propuestos (art.253, segundo párrafo, CPCCN; Sala IV, causa «Rendon Ramón Oscar c/ EN- Mº Justicia-GN s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg», pronunciamiento del 18 de junio de 2015).

Como dije, la cuestión en litigio consiste en la determinación de responsabilidad que el actor atribuyó al RENAPER (y éste endilgó al Registro del Estado Civil y de Capacidad de las Personas de la Capital Federal) por los daños que aseguró haber sufrido a consecuencia de la defectuosa prestación del servicio comprometido al habérsele asignado un DNI con el mismo número que ostentaba otra ciudadana.

Para la determinación de responsabilidad estatal, en supuestos como el presente, es jurisprudencia asentada del Máximo Tribunal, convertida en derecho positivo por ley 26.944, que deben concurrir los siguientes requisitos: a) Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b) Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c) Relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación se persigue; d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte del Estado (art. 3º ley 26.944; Fallos: 318:1531 ; 328:2546 , entre muchos otros).

El examen atinente a la existencia de una falta en el servicio comenzará con la exposición de las normas que lo regulan y proseguirá con la ponderación de lo que surge del expediente administrativo acompañado en donde, adelanto, ha quedado acreditada la irregularidad que el actor alegó al demandar.

VI.- En lo que aquí interesa, la ley 17.671 establece que:

– «Compete al Registro Nacional de las Personas, ejercer las siguientes funciones: (.) c) La expedición de documentos nacionales de identidad, con carácter exclusivo, así como todos aquellos otros informes, certificados o testimonios previstos por la presente ley, otorgados en base a la identificación dactiloscópica» (art.2º); – «Las personas comprendidas en el artículo 1° deberán ser inscritas por el Registro Nacional de las Personas, asignándoseles en el mismo un legajo de identificación con un número fijo, exclusivo e inmutable, el que sólo podrá modificarse en caso de error fehacientemente comprobado (.)» (art. 7º); – «El Registro Nacional de las Personas expedirá, con carácter exclusivo, los documentos nacionales de identidad con las características, nomenclatura y plazos que se establezcan en la reglamentación de esta ley» (art. 11); – «El Registro Nacional de las Personas será el único organismo del Estado facultado para expedir los documentos nacionales de identidad mencionados en la presente ley y su reglamentación, ya sea en forma directa o por intermedio de las oficinas secciónales, consulares u otros organismos que legalmente lo representen» (art.16); – «El Registro Nacional de las Personas tiene las siguientes responsabilidades en lo que respecta a la documentación: (.) b) Registrar la inscripción de los nacimientos, matrimonios y fallecimientos, de acuerdo con las comunicaciones recibidas de las oficinas seccionales o consulares correspondientes;(.) d) Realizar las rectificaciones de nombres o de cualquier otro dato en que se hubiere incurrido en error, previa presentación del peticionante de su documentación habilitante en regla; (.)» (art. 17); y – «Hasta tanto el Registro Nacional de las Personas se encuentre en condiciones de instalar sus propias oficinas secciónales, se considerarán como tales todas las oficinas de registro civil del país dependientes de las direcciones provinciales de registros civiles y las del Estado Civil y Capacidad de las Personas, las que a tales efectos cumplirán todas las disposiciones emanadas de aquél para satisfacer las exigencias de esta ley» (art. 62, segundo párrafo).

Por su parte, la ley 26.413 dice que «Todos los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas, deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires» (art.

1º). Entre ellos, obviamente se encuentran los nacimientos, cuya inscripción deberá contener:»a) El nombre, apellido y sexo del recién nacido; b) Localidad y provincia, hora, día, mes y año en que haya ocurrido el nacimiento; c) El nombre y apellido del padre y de la madre o, en el caso de hijos de matrimonios entre personas del mismo sexo, el nombre y apellido de la madre y su cónyuge, y tipo y número de los respectivos documentos de identidad. En caso de que carecieren de estos últimos, se dejará constancia de edad y nacionalidad, circunstancia que deberá acreditarse con la declaración de DOS (2) testigos de conocimiento, debidamente identificados quienes suscribirán el acta; d) Nombre, apellido, documento y domicilio del declarante; e) Marginalmente se consignará el número del documento nacional de identidad del inscripto» (art. 36).

VII.- En claro las normas que rigen el servicio, haré una breve reseña de lo acontecido en el expediente administrativo acompañado por el RENAPER (identificado con el número 1051/2014).

A fs. 16 se advirtió que la ciudadana Daniela Liliana Acosta tiene identificación bajo el nº 23.702.061 y que el actor, Walter Horacio Cabrera, se encuentra identificado bajo la matrícula 23.702.061 en los archivos fonéticos, pero tiene asignado el número 23.702.062 en el archivo numérico del Departamento Registros.

A fs. 130/131 obra el dictamen del Departamento de Asuntos Jurídicos del RENAPER. Allí se indicó que:

(i) de acuerdo con el informe del Departamento de Registros y la documentación acompañada, surge que en los archivos del organismo la ciudadana Acosta figura en el formulario nº 1 de mayor con el nº 23.70.061 y se le expidió un DNI digital con ese número (fs. 3 y 1/2). Ese mismo número está asentado en el formulario nº 4 de menor de fs. 5 y en la copia del duplicado del DNI de Cabrera (fs. 15 y 124); (ii) a su vez, Cabrera detentó, en su DNI de menor, el número 23.702.062 (fs.121), que también figura en el certificado expedido por el Consejo Nacional de Educación Técnica (fs.122); (iii) la ciudadana Acosta no aportó comprobantes del número de su DNI de menor, sin embargo, en el reverso del formulario nº 1 de mayor de la misma (fs. 19 vta.) se indica que el nº 23.702.061 es el correcto porque se tuvo a la vista el DNI menor; (iv) el informe de las autoridades electorales de fs.47/48 da cuenta de que la ciudadana Acosta se encuentra identificada con el nº 23.702.061 y el ciudadano Cabrera con el nº 23.702.062; (v) la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas remitió el acta de nacimiento de la ciudadana Acosta (nº 23.702.062) y Cabrera (nº 23.702.061).

Teniendo ello en cuenta, el citado dictamen propuso que se mantuvieran los números que cada uno de los ciudadanos detentaron originariamente (nº 23.702.061 para Acosta y nº 23.702.062 para Cabrera), dada su coincidencia con los registros del organismo y con los antecedentes electorales.

La resolución nº 1759 de la Directora Nacional del Registro Nacional de las Personas, del 26 de mayo de 2015, siguió el criterio propuesto por el asesoramiento jurídico y determinó que al ciudadano Walter Horacio Cabrera le corresponde el DNI nº 23.702.062. Asimismo, ordenó rectificar los números consignados en las actas de nacimiento.

VIII.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que «quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecución irregular. Esta idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del art.1112 del Código Civil, pues no se trata de una responsabilidad indirecta toda vez que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen ha de ser considerada propia de éstas, que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas» (Fallos: 306:2030; 316:2136; 318:1800 ; 324:492 ; 325:2949 ; 326:4003 ; 330:2748 , etc.).

Como dije antes, las constancias administrativas son prueba suficiente de la irregularidad con la que se manejó el registro de identificación del ciudadano Cabrera. Existen constancias de un error que dio lugar a la expedición del documento de mayor del actor con el mismo número que tenía asignado la ciudadana Acosta, en contradicción con lo que mandan las disposiciones de la ley 17.671 antes transcriptas.

Es decir que se ha verificado objetivamente la prestación irregular del servicio en el caso del actor, sin que existan eximentes que demuestren que ésta no pueda ser imputada a la demandada y el tercero citado.

En función de ello, corresponde ahora examinar la relación causal de sus conductas con el daño alegado (el cual abordaré al referirme a los rubros indemnizatorios), ya que la demandada y el tercero citado se atribuyen recíprocamente la responsabilidad por el accionar defectuoso.

IX.- El RENAPER insiste en que ha sido la jurisdicción local la que desvió decisivamente el curso de la relación causal con el error cometido al expedir los certificados de nacimiento de Cabrera y Acosta con los números de DNI invertidos. Es cierto que las actas de nacimiento contienen datos incorrectos sobre la identificación de ambos (ver fs. 114 y 118 del expte.adm.), pues en ellas los ciudadanos han sido identificados con los números de documento equivocados (según lo decidido en la resolución nº 1759/2015). Esa circunstancia da cuenta de la responsabilidad del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas al confundir los datos de identificación de los recién nacidos.

Ahora bien, a diferencia de lo que postula la defensa del RENAPER, entiendo que esa interferencia en la relación de causalidad no fue suficiente para dar lugar a la expedición del DNI con el número equivocado al actor, hecho generador del daño a resarcir. Esto es así porque según lo que surge de los registros colectados en el trámite administrativo, los DNI de menores de Acosta y de Cabrera no contuvieron ese error. Y en este punto bien vale hacer hincapié en un dato que ha merecido especial atención de parte del RENAPER a la hora de examinar la situación en su sede. De acuerdo con las fichas de fs.19 y 19 vta., en el caso de la ciudadana Acosta se tuvo a la vista el DNI de menor, para confirmar que el número de identificación era el «correcto» (ver «Observaciones»), sin embargo, en el caso del actor eso no ocurrió, porque sólo se constató el contenido del acta de nacimiento (ver «Documento que presentó para la identificación»). De haber confrontado la documentación acompañada con sus registros, indudablemente el error se hubiera detectado en ese momento, evitando la asignación del mismo número de DNI a dos personas distintas.

La coexistencia del error cometido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (diferencia entre las actas de nacimiento y los DNI) y la falta de control de parte del RENAPER en la expedición del DNI de mayor a Cabrera, al no advertir la asignación de un número distinto del que tuvo en su DNI de menor, me llevan a concluir en que fueron las conductas de ambos registros las que contribuyeron decisivamente a la generación del daño, sin que pueda considerarse que una desplace a la otra en la relación causal respecto de un servicio que brindan conjunta y concurrentemente.

Así, como sostuvo la Corte Suprema de Justicia, «las diferentes culpas de los obligados concurrentes bastan, indistintamente, para darle al damnificado el derecho al resarcimiento del total del daño contra cualquiera de los responsables in solidum. Pero después de ser desinteresado aquél, queda en pie una eventual responsabilidad compartida que puede ser alegada por cualquiera de los deudores, a fin de que el monto de la indemnización sea cubierto, en definitiva, por todos los deudores (.)» (Fallos 312:2481; 323:3564 y 329:1881). A ello no obsta la calidad de tercero asumida por el GCBA en este pleito, ya que de acuerdo con la letra del art.96 del CPCCN, la sentencia lo alcanza como a los litigantes principales (esta sala, causas nº 14.739/09, «Gómez Martínez», y 36.925/10, «Peralta», entre otras, pronunciamientos del 18 de octubre de 2018 y 5 de febrero de 2019, respectivamente).

X.- Corresponde ahora ingresar a la consideración del daño invocado como sustento de la pretensión resarcitoria.

En su demanda, el actor requirió la reparación del daño moral, que aseguró producido con el mero acontecimiento del error en el registro, y el reconocimiento de gastos en los que habría incurrido para conseguir la rectificación de su DNI.

Para examinar la procedencia de esos rubros indemnizatorios, cabe tener especialmente presente la importancia que, por sus extensas implicancias, el Máximo Tribunal ha reconocido a los documentos destinados a acreditar la identidad. En el precedente registrado en Fallos 326:3758 señaló su incidencia en los derechos de tránsito, a trabajar, de la seguridad social, de adquirir la propiedad de bienes registrables, al nombre, y al ejercicio de los derechos políticos.En esa línea, la Sala II del fuero también destacó la relevancia del DNI en la debida identificación de las personas, la necesidad de tenerlo a disposición para la inscripción en escuelas, universidades, atención médica, realización de trámites bancarios, acceso a un trabajo, solicitud de pensión o jubilación y su cobro, petición de pasaporte, anotación de nacimientos y defunciones, ejercicio de los derechos electorales, y tantos otros (causa «Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN – M° del Interior – Renaper s/ Amparo ley 16.986», pronunciamiento del 17 de mayo de 2007).

En función de ello se sostuvo, en una apreciación que comparto y considero aplicable al presente, que «resulta evidente y no requiere, a mi juicio, mayor debate que tener una identificación equivocada y estar obligada a rectificarla, con todos los inconvenientes de tiempo, procesos burocráticos que ello conlleva, producen (por una falta de servicio imputable al Estado) una incertidumbre, angustia y problemática que entran dentro del concepto de daño moral» (Sala V, causa «Borio Cecilia c/ ENInterior-RENAPER s/daños y perjuicios», pronunciamiento del 7 de julio de 2016).

Respecto de la fijación de su quantum, debe repararse en el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, ya que no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos:321:1117 ; 325:1156 ; 329:3403 ; 330:563; 332:2159; 334:376 y 1821 ; 338:652 ; en el mismo sentido, esta sala, causas «Adorno, Valentín y otro c/ EN- Mº del Interior- PFA s/ daños y perjuicios» y «Gamarra, Viviana Jorgelina c/ DNV s/ daños y perjuicios», pronunciamientos del 20 de diciembre del 2012 y del 20 de octubre de 2016).

Es así que su valoración no está sujeta a cánones estrictos, sino que corresponde a los jueces de la causa establecer prudentemente el monto de la indemnización, tomando como base la gravitación del daño sufrido, el hecho generador de la responsabilidad, su función resarcitoria y el principio de reparación integral (esta sala, causas «Procaccini, Luis María y otro c/ EN-M° E Y OSP s/ daños y perjuicios» y «Morel, Juan Andrés c/ EN – Mº Interior – PNA s/ daños y perjuicios», pronunciamientos del 1º de febrero de 2012 y del 15 de abril de 2014, entre otras).

Por tanto, ponderando las constancias de la causa, estimo prudente fijar en la suma de veinte mil pesos ($ 20.000) la indemnización por este concepto, por considerarla una justa reparación del daño moral sufrido a consecuencia del error en la expedición de su DNI (art. 165 CPCCN).

A esa suma deberán adicionarse intereses a la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (decreto 941/91, Fallos 315:158), desde el día 28 de febrero de 2014, momento en el que se denuncia la situación irregular ante el RENAPER (ver constancia de fs. 19 vta. del expediente administrativo), y hasta su efectivo pago.

XI.- Distinta suerte corre el reclamo del actor por el reconocimiento de gastos legales y de traslado. Ello es así porque al actor no acompañó ningún comprobante que dé cuenta de los gastos en los que habría incurrido (art.377 del código procesal), a la vez que no cabe presumirlos dado el carácter gratuito del trámite llevado adelante para la rectificación de su documento.

Por estas consideraciones VOTO por acoger el recurso del actor, revocar el pronunciamiento del 21 de julio de 2020 y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda interpuesta por Walter Horacio Cabrera, condenando al RENAPER y al GCBA a abonarle la suma de $20.000 en concepto de daño moral, con más sus intereses (cons. X). Las costas de ambas instancias se imponen a las perdidosas (art. 68 y 279 CPCCN).

La jueza Liliana María Heiland adhiere al voto precedente.

El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:

Adhiero al voto de la jueza Clara María do Pico.

Ciertamente, los sólidos fundamentos que allí expone mi colega llevan, inequívocamente, a tener por configurada la prestación irregular del servicio de un modo que compromete la responsabilidad estatal y suscita, en consecuencia, la obligación de reparar el daño moral que ha padecido el actor (ver, en un sentido análogo, y en lo pertinente, esta sala, causa «Sandez Gabriela Elizabeth c/ EN -Mº Interior- Renaper -Mario Vassena y otros s/ daños y perjuicios», pronunciamiento del 14 de septiembre de 2017). Así voto.

En virtud del resultado que informa el Acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: acoger el recurso del actor, revocar el pronunciamiento del 21 de julio de 2020 y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda interpuesta por Walter Horacio Cabrera, condenando al RENAPER y al GCBA a abonarle la suma de $20.000 en concepto de daño moral, con más sus intereses (cons. X). Las costas de ambas instancias se imponen a las perdidosas (art. 68 y 279 CPCCN).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

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