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#Fallos Universidades: Se procesa a un titular de cátedra que había exigido a sus alumnos el pago de una suma de dinero y la simulación de un curso para aprobar los exámenes de la materia

Partes: O. L. A. y otros s/ extorsión

Tribunal: Juzgado Federal de Córdoba

Sala/Juzgado: I

Fecha: 9-abr-2021

Cita: MJ-JU-M-132106-AR | MJJ132106 | MJJ132106

Procesamiento del titular de cátedra que habría exigido el pago de una suma de dinero y la simulación de un curso para aprobar a los alumnos.

Sumario:

1.-Corresponde procesar a los imputados como presuntos coautores del delito de extorsión continuada (arts. 168 y 54 , CPen.) al estar acreditado que uno de ellos en su carácter de titular de una cátedra universitaria, acordó con los otros un mecanismo por el cual los alumnos de su cátedra se veían obligados a pagar para aprobar los exámenes de la materia, exigiéndoles el pago de una suma de dinero y la simulación de un curso, bajo amenaza que, de no hacerlo, serían aplazados indebida y arbitrariamente indeterminada cantidad de veces pues entonces el pago para aprobar no habría sido una decisión deseada y tomada libremente por los alumnos sino producto de la intimidación que les causaba la amenaza de no aprobar la materia si se resistían a hacerlo.

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2.-El procesamiento del imputado por el delito de extorsión continuada debe ser con prisión preventiva porque el caso reviste especial gravedad en tanto se trata de un titular de cátedra universitaria con una posición de poder que habría logrado eludir durante más de veinte años la investigación administrativa de sus acciones que aparecen causantes de un tremendo daño institucional y personal, afectando el prestigio de la institución pública en la que se desarrolló, salpicando a todos, lo que es injusto, porque los alumnos que declararon en su contra fueron contestes en afirmar que en ninguna otra materia ocurrían las maniobras desplegadas por aquel, consistentes en atar la nota de exámenes al pago de un curso, lo cual distorsiona el sistema académico al introducir criterios en la evaluación que no tienen nada que ver con el mérito y la calidad del estudiante.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Cordoba, 9 de abril del año 2021.

Y VISTOS:

Los autos caratulados, «O., L. A.; C., A. O.; M., A. Y S. de L., M. M. SOBRE EXTORSIóN (Expte. 9174/2020)», llegados a despacho a fin de resolver la situación procesal de los imputados L. A. O., DNI xx.xxx.xxx, ddo. en Bv. C. xxx, piso 14, dpto. «a» de esta ciudad; A. O. C., DNI xx.xxx.xxx, ddo. en Bv. C. N° xxx, planta baja, dpto. «d» de esta ciudad; A. M., DNI xx.xxx.xxx, ddo. en calle B. Nº xx de la localidad de Villa Sarmiento de esta provincia; M. M. S. de L., DNI xx.xxx.xxx, domicilio legal en Av. H. de la T. s/no, Ciudad Universitaria (Facultad de Odontología, UNC).

DE LOS QUE RESULTA:

Que las presentes actuaciones, el Sr. Procurador Fiscal a fs. 329/343 y vta., fs. 797/809 y fs. 878/890, promueve acción penal en contra de L. A. O., A. O. C., A. M., M. M. S. de L., y contra quienes resulten autores, cómplices, encubridores o instigadores de los hechos presuntamente delictivos que a continuación se describen:

Hecho nominado primero:

En fecha no determinada con exactitud, pero presumiblemente desde el año 2000 aproximadamente, hasta la actualidad, el Dr. L. A. O., profesor Titular de la Cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, sita en Av. H. de la T. s/no, Ciudad Universitaria, abusó de la función que desempeñaba, persiguiendo la obtención de un beneficio económico ilegítimo. Incumpliendo los deberes a su cargo, acordó primero con A. C. y luego con A.M., un aceitado, insidioso, perverso y exitoso sistema extorsivo por el cual los alumnos de su cátedra se veían obligados a pagar para aprobar los exámenes de la materia, exigiéndoles el pago de una suma de dinero y la simulación de un curso, bajo amenaza que, de no hacerlo, en muchos casos serían aplazados indebida y arbitrariamente indeterminada cantidad de veces.

La intimidación era ejercida principalmente por O., combinando las siguientes características para generar miedo: aplazos sistemáticos, masivos o reiterados a los que no pagaban la academia o filtraran información del sistema; ejercicio despótico del cargo; maltrato; imagen de persona influyente e impune, aprovechamiento de la asimetría existente entre su posición dominante de poder respecto a la vulnerabilidad e indefensión de los alumnos que estaban sometidos a su voluntad con la pasividad de las autoridades de la Facultad. Así, O. infundía un temor generalizado en el alumnado, que se fue consolidando con el tiempo y resultó altamente efectivo para doblegar la voluntad de los estudiantes a fin de que entregaran su dinero.

Desde el año 2000 hasta el 2015 ó 2016 aproximadamente, la pseudo academia estuvo a cargo de A. O. C., bajo el nombre de «AOC» (Apoyo Odontológico Córdoba), ubicada en Bv. C. N° xxx, local 19 de esta ciudad. No se trataba de un centro de enseñanza, solo tenía la fachada de tal, ya que el encargado de dar las «clases de apoyo» no tenía la menor idea del contenido de la materia, menos de odontología y se limitaba a darles a los asistentes el material que luego O. les tomaría en exámenes.

Allí C. habría recibido el pago de parte de una innumerable cantidad de alumnos, vía transferencia bancaria en contadas ocasiones o mayormente en efectivo, entregándoles a veces como constancia de pago un simple recibo de librería, demostrándose así una informalidad pasmosa.Los pagos representaban importantes sumas de dinero que se iban actualizando año a año -lo cual hacía que muchas personas no pudieran acceder jamás-, valores que variaban dependiendo si el alumno cursaba o rendía como regular o libre.

Abonado el supuesto curso por adelantado o la primera cuota, C. les entregaba un «apunte» tomando recaudos para evitar que fuera compartido con compañeros que no concurrían o pagaban la academia, a fin de forzar a la mayor cantidad de alumnos a tener que pagar. El apunte en un principio estaba impreso en una hoja oscura (posiblemente marrón) a fin de evitar su fotocopiado e impedir su préstamo. Luego la maniobra se perfeccionó ya que a cada alumno le entregaban el material sellado con un número que los identificaba. Con ello, O. y C. pretendían tener el control de las personas a las que se lo habían entregado y se garantizaban mayor concurrencia. También C. amenazaba a sus alumnos con que les podrían hacer algo ya que conocía a personas que se dedicaban a golpear a otras o con no aprobar más Microbiología si alguno de ellos lo compartía o difundía el «contenido» brindado en el curso, como le sucedió al odontólogo S. A. B. M., a quien O. habría aplazado seis veces como represalia por haber prestado el apunte a un compañero que no podía pagarlo.

C. era también el encargado de dar las «clases», que en realidad no eran tales, ya que no brindaban ningún tipo de enseñanzas, sólo se limitaban a leer los apuntes y alertar de lo iban a ser examinados. C. les decía qué debían subrayar, proporcionando de esa manera la información de lo qué iba a tomarles O. También les hacía corregir a mano el apunte, que podía estar redactado intencionalmente de forma incorrecta para que, en caso de ser compartido por solidaridad a quien no podía pagar su «academia», quien lo estudie se presente a rendir, sea detectado y aplazado.Asimismo, ampliaba algunos conceptos no estipulados en el apunte, cuestión de que al momento del examen los alumnos que hubieran adquirido el apunte sin haber cursado no supieran los nuevos conceptos y fueran reprobados inmediatamente. C. les anunciaba qué bolillas debían estudiar y cuáles no; las preguntas y respuestas del examen; les indicaba que cuando comiencen a ser evaluados en una determinada bolilla lo hagan con alguna frase o contenido de memoria de determinada parte del «apunte», así O. tomaba conocimiento de que habían concurrido a su academia. Por último, los alertaba de no presentarse en determinadas mesas de exámenes ya que la Facultad había ordenado incorporar veedores.

Por ello, los alumnos a veces hacían el simulacro de curso y en muchas ocasiones decidían no presenciar el cursado en la academia, sólo se limitaban a ir a la última clase, días antes de cada examen con O., donde C. los alertaba de las bolillas, temas y/o preguntas por los que serían evaluados. Para poder concurrir a la misma, la única que motivaba el pago de la academia, debían tenerla pagada por completo ya que si no lo hacían les advertía que serían reprobados.

Llegado el momento de los exámenes finales y para conocer qué alumno había pagado su academia, O. se fijaba en una lista que estaba subrayada con los alumnos a los que debía «evaluar» lo previamente acordado e indicado por C. o miraba una lista con la firma de los asistentes a la academia. Sabido esto, O. en algunas ocasiones les hacía sacar bolillas, otras él mismo lo hacía y les habría preguntado si «le parecía bien la que había tocado», otras ni siquiera hacía una pregunta. Algunas veces las notas ya estaban puestas de antemano, los aprobaba directamente o bien les hacía cualquier pregunta sin ningún tipo de vinculación con la materia, de todas formas terminaban siendo aprobados.

Aquellos que rendían en condición de libres tenían dos instancias, la primera escrita, donde O.evaluaba con las mismas preguntas que C. había avisado en la última clase. Luego, en el examen oral, circunstancia que se repetía para los alumnos regulares, eran también evaluados sobre aquellos temas y/o bolillas que C. les había recomendado o bien directamente no eran evaluados conforme lo descripto anteriormente.

Para lograr su cometido, O. incumplía con el deber de todo docente de evaluar a todos los alumnos de acuerdo al programa de la materia y sus conocimientos, toda vez que aquellos que no habían ido a la academia -muchos por cuestiones económicas y otros por resistencia- eran aplazados de manera sistemática y arbitraria, haciéndoles preguntas que no correspondían al programa; contenidos no brindados en clases ni que pudieran ser ubicados en los libros de estudio de la materia; ni tampoco justificaba los aplazos a quienes hubieran rendido escrito, no mostrándoles ni siquiera sus exámenes. Así, O. los reprobaba en reiteradas oportunidades, viéndose obligados muchos a tener que «pagar para aprobar» la academia. De hacerlo, en la mayoría de los casos eran aprobados en la primera mesa que se presentaban a rendir. Sin embargo, en algunos casos, como represalia podía aplazar una primera vez a los que habían pagado, si sospechaba que alguien había compartido el material con los que no pagaban o decían algo sobre la maniobra. En la academia ya eran advertidos de esto, y en tal caso lo pagado les servía para la próxima mesa de examen que se presentaran, en la cual serían aprobados, circunstancia que ocurría.

Tales circunstancias habrían ocurrido hasta aproximadamente los años 2015 ó 2016, en el cual O. y C. se habrían distanciado, y la pantalla de la academia se habría mudado al barrio Nueva Córdoba, lugar donde A. M. se hizo cargo hasta el día de la fecha de la academia, repitiéndose el mismo modus operandi relatado en relación a A. C. A diferencia de la academia de calle C.al 687 que perduró más de 15 años, esta habría mutado, primero en calle Buenos Aires N° 1419, luego en Crisol N° 14 y últimamente en Ituzaingó N° 1398.

O. infundía temor en sus alumnos, principalmente hacia las mujeres, con quien tenía un trato misógino. No sólo demostraba su autoritarismo de la manera descripta aplazando indebidamente a sus alumnos, sino también con su forma indebida y maleducada de dar las clases, en la que maltrataba a sus alumnos con gritos, menosprecios y frases agraviantes, denigrantes o humillantes («mamerto», «burro», «andá a estudiar peluquería o enfermería», etc.). Además, era percibido como un profesor «con poder en la facultad», «influyente», «importante», «con relaciones», «con contactos en la justicia».

Su accionar delictivo durante tantos años en los cuales prácticamente todo estudiante y/u o dontólogo que se haya recibido en la Facultad de Odontología de la UNC en los últimos 20 años, o más, que conocían la situación generante de que muchas personas padecieran injustamente daños psicológicos, perjuicios personales. A muchos la resistencia al pago del dinero exigido para aprobar hizo que O. les frustrara su vocación y deseos de ser odontólogos, obligándolos a abandonar la carrera, destruyendo de tal forma un proyecto de vida personal.

En el marco de intimidación descripta, innumerables personas se vieron obligadas a recurrir y pagar la academia para aprobar su materia en las siguientes. Así se verificó en las siguientes sedes, años y montos de dinero:

I) Academia a cargo de A. O. C.:

1) S. R., 2012, $4.000; 2) M. D. M., 2009, $5.000; 3) S. M. P., 2011, $1.500; 4) M. E. S. L., 2014, $5.000; 5) M. A. G., 2014, $5.000; 6) J. M. B., 2000, $400; 7) S. A. B. M., 2007, pago no determinado hasta el momento; 8) M. O., 2016, $11.000; 9) G. E. N., 2011, $6.000; 10) M. A., 2011, monto no determinado hasta el momento; 12) W. E.S., 2012, monto no determinado hasta el momento; 13) M. L. P. C., 2017, $17.000; 14) J. V., 2011, $3.000; 15) L. A. S., 2007, $10.000; 16) W. E. F., 2015, $2500; 17) A. S. S., 2012, $3.500; FM 5

Fecha de firma: 09/04/2021 Firmado por: RICARDO BUSTOS FIERRO, JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: FACUNDO TRONCOSO, SECRETARIO #35030337#285157065#20210409130746816

18) M. V. S. R., 2014 $4.000; 19) N. R. G., 2014, monto no determinado hasta el momento; 20) M. M. C., 2011, monto no determinado hasta el momento; 21) A. S. S., 2012, $3.500; 22) P. C., 2014, monto no determinado hasta el momento.

23) C. M., 2018, $14.700.

II) Academia a cargo de A. M.:

1) C. D. I., 2019, $17.000; 2) M. P. M., 2015, pago no determinado hasta el momento; 3) M. de los A. C., 2019, $22.500; 4) M. N. T. P., 2017, $16.000; 5) M. B., 2019, $18.000; 6) J. C. C. T., 2016, $10.000; 7) L. A. S., 2018, $10.000; 8) S. P., 2018, $18.000; 9) F. A., 2016, $10.000; 10) J. N. O., 2017, $17.500; 11) A. G. R. G., 2018, $16.000.

Bajo la intimidación por el mecanismo descripto, hubo personas presionadas para entregar dinero en la academia a cargo sucesivamente de C. y M. para aprobar Microbiología con O., que no lo hicieron porque se resistieron permanentemente a hacerlo. La negativa férrea e inflexible de aquellos que no aceptaban la exigencia ilegítima, les trajo como consecuencia sufrir el mal al que sabían se exponían -cumplimiento de la amenaza de ser reiteradamente aplazados-. En algunos casos, la resistencia firme a ir a la academia y pagar llegó a forzarlos a tener que abandonar definitivamente o provisoriamente la carrera universitaria, como ocurrió con las siguientes personas:

– M. E., quien iba realizando una aceptable carrera, hasta que fue aplazado injustamente cinco veces por O. en 2011 y 2012, circunstancia que el 27/7/2012 lo obligó a abandonarla, generándole daños M.que perdurarían hasta la fecha; – A. L. A., quien la habría regularizado en el 2003 pero nunca se presentó a rendirla por el temor que le generaba hacerlo sin pagar y dejó sus estudios de odontología; – D. Lanik, aplazada aproximadamente cinco veces entre 2012 y 2015 por negarse a pagar, hasta que logró aprobar logrando que interceda otro docente.

– S. M. B., luego de haber sido aplazada ocho veces entre 2014 y 2016 por no concurrir a la academia, se vio obligada a abandonar sus estudios, hasta que pudo retomar cuando dos años después se creó una nueva cátedra, en la que cursó y promocionó. Cuando iba por el aplazo número cinco, una amiga fue a la academia y en 2016 B. le dio $6.000 para compartir el gasto, la mitad de lo que le cobraron a su compañera, pero como B. no figuraba en las listas que tenía O. de los que habían ido a la academia, siguió siendo reprobada tres veces más.

Hecho nominado segundo:

Desde el 27 de junio de 2014 hasta el 11 de septiembre de 2020, M. S. de L., Decana de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, sita en Av. H. de la T. s/no, Ciudad Universitaria, no ejecutó el deber que le imponía el artículo 177 del CPPN inc. 1o, consistente en la obligación de denunciar delitos conocidos en ejercicio de la función o promover actuaciones administrativas disciplinarias. Sabiendo que el titular de la cátedra de Microbiología L. A. O. podía estar involucrado en maniobras de exigencias dinerarias para aprobar la materia (ver hecho anterior), la Decana intencionalmente evitó anoticiar los hechos a la autoridad competente u ordenar la investigación interna.Durante ese extenso período de tiempo, intencional e ilegalmente incumplió el deber de iniciar una información de sumaria o sumario administrativo al mencionado titular por las presuntas inconductas ya referidas, como así también un historial de maltrato a alumnos y docentes, discriminación a mujeres, arbitrariedad en la evaluación con criterios ajenos al mérito y rendimiento académico, de acuerdo al deber que correspondía en virtud de los artículos 2, 3, 76 incs. a y b y 83 de la ordenanza 9/12 del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba.

Hecho nominado tercero:

En fecha no determinada con exactitud, pero presumiblemente desde la década del 90 hasta la actualidad, el Dr. L. A. O., primero como docente de categoría inferior y a partir del 20 de abril de 2004 en su calidad de profesor Titular de la Cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, sita en Av. H. de la T. s/no, Ciudad Universitaria, abusó de la función que desempeñaba mediante distintos actos. Incumpliendo los deberes a su cargo, acordó primero con A. C. y luego con A. M., un aceitado, insidioso, perverso y exitoso sistema extorsivo por el cual los alumnos de su cátedra se veían obligados a hacer entregas de dinero a los últimos dos nombrados, para aprobar los exámenes de la materia, exigencia que era cubierta por la fachada o simulación de un curso, bajo la amenaza que, de no hacerlo, se exponían en muchos casos a ser aplazados indebida y arbitrariamente indeterminada cantidad de veces.

La intimidación era ejercida principalmente por O., combinando las siguientes características para generar miedo:aplazos sistemáticos, masivos o reiterados a los que no pagaban la academia o filtraran información del sistema; ejercicio despótico del cargo; maltrato; imagen de persona influyente e impune, aprovechamiento de la asimetría existente entre su posición dominante de poder respecto a la vulnerabilidad e indefensión de los alumnos que estaban sometidos a su voluntad con la pasividad de las autoridades de la Facultad. Así, O. infundía un temor generalizado en el alumnado, que se fue consolidando con el tiempo y resultó altamente efectivo para doblegar la voluntad de los estudiantes a fin de que entregaran el dinero propio o familiar a C. o M.

Desde el año 2000 hasta el 2015 ó 2016 aproximadamente, la seudo academia estuvo a cargo de A. O. C., bajo el nombre de «AOC» (Apoyo Odontológico Córdoba), ubicada en Bv. C. N° xxx, local 19 de esta ciudad. No se trataba de un centro de enseñanza, solo tenía la fachada de tal, ya que el encargado de dar las «clases de apoyo» no era médico, biólogo, odontólogo o profesional de alguna ciencia, el conocimiento del contenido de la materia era muy limitado, menos de odontología y en definitiva se limitaba a darles a los asistentes el material que luego O. les tomaría en exámenes.

Allí C. habría recibido el pago de parte de una innumerable cantidad de alumnos, vía transferencia bancaria en contadas ocasiones o mayormente en efectivo, entregándoles a veces como constancia de pago un simple recibo de librería, demostrándose así una informalidad pasmosa. Los pagos representaban importantes sumas de dinero que se iban actualizando año a año -lo cual hacía que muchas personas no pudieran acceder jamás-, valores que

variaban dependiendo si el alumno cursaba o rendía como regular o libre.

Abonado el supuesto curso por adelantado o la primera cuota, C.les entregaba un «apunte» tomando recaudos para evitar que fuera compartido con compañeros que no concurrían o pagaban la academia, a fin de forzar a la mayor cantidad de alumnos a tener que pagar. El apunte en un principio estaba impreso en una hoja oscura (posiblemente marrón) a fin de evitar su fotocopiado e impedir su préstamo. Luego la maniobra se perfeccionó ya que a cada alumno le entregaban el material sellado con un número que los identificaba. Con ello, O. y C. pretendían tener el control de las personas a las que se lo habían entregado y se garantizaban mayor concurrencia. También C. amenazaba a sus alumnos con que les podrían hacer algo ya que conocía a personas que se dedicaban a golpear a otras o con no aprobar más Microbiología si alguno de ellos lo compartía o difundía el «contenido» brindado en el curso, como le sucedió al odontólogo S. A. B. M., a quien O. habría aplazado seis veces como represalia por haber prestado el apunte a un compañero que no podía pagarlo.

C. era también el encargado de dar las «clases», que en realidad no eran tales, ya que no brindaban ningún tipo de enseñanza seria o profunda, sólo se limitaban a leer los apuntes y alertar de lo que iban a ser examinados. C. les decía qué debían subrayar, proporcionando de esa manera la información de lo qué iba a tomarles O. También les hacía corregir a mano el apunte, que podía estar redactado intencionalmente de forma incorrecta para que, en caso de ser compartido por solidaridad a quien no podía pagar la «academia», quien lo estudie se presente a rendir, sea detectado y aplazado. Asimismo, ampliaba algunos conceptos no estipulados en el apunte, cuestión de que al momento del examen los alumnos que hubieran adquirido el apunte sin haber cursado no supieran los nuevos conceptos y fueran reprobados inmediatamente. C.les anunciaba qué bolillas debían estudiar y cuáles no; las preguntas y respuestas del examen; les indicaba que cuando comiencen a ser evalu ados en una determinada bolilla lo hagan con alguna frase o contenido de memoria de determinada parte del «apunte», así O. tomaba conocimiento de que habían concurrido a su academia. Por último, los alertaba de no presentarse en determinadas mesas de exámenes cuando la Facultad había ordenado incorporar veedores.

Por ello, los alumnos a veces hacían el simulacro de curso y en ocasiones decidían no presenciar el cursado en la academia, sólo se limitaban a ir a la última clase, días antes de cada examen con O., donde C. los alertaba de las bolillas, temas y/o preguntas por los que serían evaluados.Para poder concurrir a la misma, la única que motivaba el pago de la academia, debían tenerla pagada por completo ya que si no lo hacían les advertía que serían reprobados.

Llegado el momento de los exámenes finales y para conocer qué alumno había pagado su academia, en ocasiones O. se fijaba en una lista que estaba subrayada con los alumnos a los que debía «evaluar» lo previamente acordado e indicado por C. o miraba una lista con la firma de los asistentes a la academia. Sabido esto, O. en otras oportunidades les hacía sacar bolillas, otras veces él mismo lo hacía y les habría preguntado si «le parecía bien la que había tocado», eventualmente ni siquiera hacía una pregunta. Algunas veces las notas ya estaban puestas de antemano, los aprobaba directamente o bien les hacía cualquier pregunta sin ningún tipo de vinculación con la materia, de todas formas terminaban siendo aprobados.

Aquellos que rendían en condición de libres tenían dos instancias, la primera escrita, donde O. evaluaba con las mismas preguntas que C. había avisado en la última clase.Luego, en el examen oral, circunstancia que se repetía para los alumnos regulares, eran también evaluados sobre aquellos temas y/o bolillas que C. les había recomendado o bien directamente no eran evaluados conforme lo descripto anteriormente.

Para lograr su cometido, O. incumplía con el deber de todo docente de evaluar a todos los alumnos de acuerdo al programa de la materia y sus conocimientos, toda vez que aquellos que no habían ido a la academia -muchos por cuestiones económicas y otros por resistencia- corrían un alto riesgo de ser aplazados de manera sistemática y arbitraria, quedando expuestos a preguntas que no correspondían al programa; preguntas formuladas de manera no entendible, contenidos no brindados en clases ni que pudieran ser ubicados en los libros de estudio de la materia; ni tampoco justificaba los aplazos a quienes hubieran rendido escrito, no mostrándoles ni siquiera sus exámenes. Así, O. los podía reprobar en reiteradas oportunidades, viéndose obligados muchos a tener que «pagar para aprobar» la academia. De hacerlo, en la mayoría de los casos eran aprobados en la primera mesa que se presentaban a rendir. Sin embargo, en algunos casos, como represalia podía aplazar una primera vez a los que habían pagado, si sospechaba que alguien había compartido el material con los que no pagaban o decían algo sobre la maniobra. En la academia ya eran advertidos de esto, y en tal caso lo pagado les servía para la próxima mesa de examen que se presentaran, en la cual serían aprobados, circunstancia que ocurría.

Tales circunstancias habrían ocurrido hasta aproximadamente los años 2015 ó 2016, en el cual O. y C. se habrían distanciado, y la pantalla de la academia se habría mudado al barrio Nueva Córdoba, lugar donde A. M. se hizo cargo hasta el día de la fecha de la academia, repitiéndose el mismo modus operandi relatado en relación a A. C. A diferencia de la academia de calle C.al 687 que perduró más de 15 años, esta habría mutado, primero en calle Buenos Aires N° 1419, luego en Crisol N° 14 y últimamente en Ituzaingó N° 1398.

O. infundía temor en sus alumnos, principalmente hacia las mujeres, con quien tenía un trato misógino. No sólo demostraba su autoritarismo de la manera descripta aplazando indebidamente a sus alumnos, sino también con su forma indebida y maleducada de dar las clases, en la que maltrataba a sus alumnos con gritos, menosprecios y frases agraviantes, denigrantes o humillantes («mamerto», «burro», «andá a estudiar peluquería o enfermería», etc.), logrando en muchas ocasiones consecuencias atemorizantes, angustiantes y estresantes, principalmente crisis de llantos y miedo a rendir. Además, era percibido como un profesor «con poder en la facultad», «influyente», «importante», «con relaciones», «con contactos en la justicia».

Su accionar delictivo durante tantos años en los cuales prácticamente todo estudiante y/u odontólogo que se haya recibido en la Facultad de Odontología de la UNC en los últimos 20 años, o más, que conocían la situación generante de que muchas personas padecieran injustamente daños psicológicos, perjuicios personales. A muchos la resistencia al pago del dinero exigido para aprobar hizo que O. les frustrara su vocación y deseos de ser odontólogos, obligándolos a abandonar la carrera, destruyendo de tal forma un proyecto de vida personal.

En el marco de intimidación descripta, innumerables personas se vieron obligadas a recurrir y pagar la academia para aprobar su materia en las siguientes. Así se verificó en las siguientes sedes, años y montos de dinero:

I) Academia a cargo de A. O. C.:

1) S. R., 2012, $4.000; 2) M. D. M., 2009, $5.000; 3) S. M. P., 2011, $1.500; 4) M. E. S. L., 2014, $5.000; 5) M. A. G., 2014, $5.000; 6) J. M. B., 2000, $400; 7) S. A. B. M., 2007, pago no determinado hasta el momento; 8) M. O., 2016, $11.000; 9) G. E. N., 2011, $6.000; 10) M.A., 2011, monto no determinado hasta el momento; 12) W. E. S., 2012, monto no determinado hasta el momento; 13) M. L. P. C., 2017, $17.000; 14) J. V., 2011, $3.000; 15) L. A. S., 2007, $10.000; 16) W. E. F., 2015, $2500; 17) A. S. S., 2012, $3.500; 18) M. V. S. R., 2014 $4.000; 19) N. R. G., 2014, monto no determinado hasta el momento; 20) M. M. C., 2011, monto no determinado hasta el momento; 21) A. S. S., 2012, $3.500; 22) P. C., 2014, monto no determinado hasta el momento.

23) C. M., 2018, $14.700.; 24) Guadalupe Chaguri, 2012, pago no determinado hasta el momento; 25) Victoria A. Ortiz Castellano, 2014, $ 2.000; 26) A. M. L., 2013, pago no determinado hasta el momento; 27) M. R. B., 2015, pago no determinado hasta el momento; 28) O. N. K., 2013, un número de cuotas no determinadas hasta el momento de $700 cada una; 29) L. M., 2011, $1.750; 30) P. D. D. B., 1997, pago no determinado hasta el momento.

II) Academia a cargo de A. M.:

1) C. D. I., 2019, $17.000; 12 2) M. P. M., 2015, pago no determinado hasta el momento; 3) M. de los A. C., 2019, $22.500; 4) M. N. T. P., 2017, $16.000; 5) M. B., 2019, $18.000; 6) J. C. C. T., 2016, $10.000; 7) L. A. S., 2018, $10.000; 8) S. P., 2018, $18.000; 9) F. A., 2016, $10.000; 10) J. N. O., 2017, $17.500; 11) A. G. R. G., 2018, $16.000; 12) M. A. L., 2016, monto no determinado hasta el momento; 13) C. V. L., 2019, $15.000; 14) A. B., 2019, monto no determinado hasta el momento; 15) A. S. P., 2018, $20.000; 16) K. B. C., 2017, $10.000; 17) A. D. M. M., 2018, $18.000 ó $19.000.

Bajo la intimidación por el mecanismo descripto, hubo personas presionadas para entregar dinero en la academia a cargo sucesivamente de C. y M.para aprobar Microbiología con O., que no lo hicieron porque se resistieron permanentemente a hacerlo. La negativa férrea e inflexible de aquellos que no aceptaban la exigencia ilegítima, les trajo como consecuencia sufrir el mal al que sabían se exponían -cumplimiento de la amenaza de ser reiteradamente aplazados-. En algunos casos, la resistencia firme a ir a la academia y pagar llegó a forzarlos a tener que abandonar definitivamente o provisoriamente la carrera universitaria, como ocurrió con las siguientes personas:

– M. E., quien iba realizando una aceptable carrera, hasta que fue aplazado injustamente cinco veces por O. en 2011 y 2012, circunstancia que el 27/7/2012 lo obligó a abandonarla, generándole daños M. que perdurarían hasta la fecha, por lo que hace años recurre a un psicólogo; – A. L. A., quien la habría regularizado en el 2003 pero nunca se presentó a rendirla por el temor que le generaba hacerlo sin pagar y dejó sus estudios de odontología; – D. Lanik, aplazada aproximadamente cinco veces entre 2012 y 2015 por negarse a pagar, hasta que logró aprobar logrando que interceda otro docente.

– S. M. B., luego de haber sido aplazada ocho veces entre 2014 y 2016 por no concurrir a la academia, se vio obligada a abandonar sus estudios, hasta que pudo retomar cuando dos años después se creó una nueva cátedra, en la que cursó y promocionó. Cuando iba por el aplazo número cinco, una amiga fue a la academia y en 2016 B. le dio $6.000 para compartir el gasto, la mitad de lo que le cobraron a su compañera, pero como B. no figuraba en las listas que tenía O. de los que habían ido a la academia, siguió siendo reprobada tres veces más.

Hecho nominado cuarto:

Desde el 27 de junio de 2014 hasta el 11 de septiembre de 2020, M. S. de L. , Decana de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, sita en Av. H. de la T.s/no, Ciudad Universitaria, no ejecutó el deber que le imponía el artículo 177 del CPPN inc. 1o, consistente en la obligación de denunciar delitos conocidos en ejercicio de la función o promover actuaciones administrativas disciplinarias. Sabiendo que el titular de la cátedra de Microbiología L. A. O. podía estar involucrado en maniobras de exigencias dinerarias para aprobar la materia (ver hecho anterior), la Decana intencionalmente evitó anoticiar los hechos a la autoridad competente u ordenar la investigación interna. Durante ese extenso período de tiempo, intencional e ilegalmente incumplió el deber de iniciar una información de sumaria o sumario administrativo al mencionado titular por las presuntas inconductas ya referidas, como así también un historial de maltrato a alumnos y docentes, discriminación a mujeres, arbitrariedad en la evaluación con criterios ajenos al mérito y rendimiento académico, de acuerdo al deber que correspondía en virtud de los artículos 2, 3, 76 incs. a y b y 83 de la ordenanza 9/12 del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba.

Hecho nominado quinto:

En fecha no determinada con exactitud, pero presumiblemente desde la década del 90 hasta la actualidad, el Dr. L. A. O., primero como docente de categoría inferior y a partir del 20 de abril de 2004 en su calidad de profesor Titular de la Cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, sita en Av. H. de la T. s/no, Ciudad Universitaria, abusó de la función que desempeñaba mediante distintos actos. Incumpliendo los deberes a su cargo, acordó primero con A. C. y luego con A.M., un aceitado, insidioso, perverso y exitoso sistema extorsivo por el cual los alumnos de su cátedra se veían obligados a hacer entregas de dinero a los últimos dos nombrados, para aprobar los exámenes de la materia, exigencia que era cubierta por la fachada o simulación de un curso, bajo la amenaza que, de no hacerlo, se exponían en muchos casos a ser aplazados indebida y arbitrariamente indeterminada cantidad de veces.

La intimidación era ejercida principalmente por O., combinando las siguientes características para generar miedo: aplazos sistemáticos, masivos o reiterados a los que no pagaban la academia o filtraran información del sistema; ejercicio despótico del cargo; maltrato; imagen de persona influyente e impune, aprovechamiento de la asimetría existente entre su posición dominante de poder respecto a la vulnerabilidad e indefensión de los alumnos que estaban sometidos a su voluntad con la pasividad de las autoridades de la Facultad. Así, O. infundía un temor generalizado en el alumnado, que se fue consolidando con el tiempo y resultó altamente efectivo para doblegar la voluntad de los estudiantes a fin de que entregaran el dinero propio o familiar a C. o M.

Desde el año 2000 hasta el 2015 ó 2016 aproximadamente, la seudo academia estuvo a cargo de A. O. C., bajo el nombre de «AOC» (Apoyo Odontológico Córdoba), ubicada en Bv. C. N° xxx, local 19 de esta ciudad. No se trataba de un centro de enseñanza, solo tenía la fachada de tal, ya que el encargado de dar las «clases de apoyo» no era médico, biólogo, odontólogo o profesional de alguna ciencia, el conocimiento del contenido de la materia era muy limitado, menos de odontología y en definitiva se limitaba a darles a los asistentes el material que luego O. les tomaría en exámenes.

Allí C.habría recibido el pago de parte de una innumerable cantidad de alumnos, vía transferencia bancaria en contadas ocasiones o mayormente en efectivo, entregándoles a veces como constancia de pago un simple recibo de librería, demostrándose así una informalidad pasmosa. Los pagos representaban importantes sumas de dinero que se iban actualizando año a año -lo cual hacía que muchas personas no pudieran acceder jamás-, valores que variaban dependiendo si el alumno cursaba o rendía como regular o libre.

Abonado el supuesto curso por adelantado o la primera cuota, C. les entregaba un «apunte» tomando recaudos para evitar que fuera compartido con compañeros que no concurrían o pagaban la academia, a fin de forzar a la mayor cantidad de alumnos a tener que pagar. El apunte en un principio estaba impreso en una hoja oscura (posiblemente marrón) a fin de evitar su fotocopiado e impedir su préstamo. Luego la maniobra se perfeccionó ya que a cada alumno le entregaban el material sellado con un número que los identificaba. Con ello, O. y C. pretendían tener el control de las personas a las que se lo habían entregado y se garantizaban mayor concurrencia. También C. amenazaba a sus alumnos con que les podrían hacer algo ya que conocía a personas que se dedicaban a golpear a otras o con no aprobar más Microbiología si alguno de ellos lo compartía o difundía el «contenido» brindado en el curso, como le sucedió al odontólogo S. A. B. M., a quien O. habría aplazado seis veces como represalia por haber prestado el apunte a un compañero que no podía pagarlo.

C. era también el encargado de dar las «clases», que en realidad no eran tales, ya que no brindaban ningún tipo de enseñanza seria o profunda, sólo se limitaban a leer los apuntes y alertar de lo que iban a ser examinados. C. les decía qué debían subrayar, proporcionando de esa manera la información de lo qué iba a tomarles O.También les hacía corregir a mano el apunte, que podía estar redactado intencionalmente de forma incorrecta para que, en caso de ser compartido por solidaridad a quien no podía pagar la «academia», quien lo estudie se presente a rendir, sea detectado y aplazado. Asimismo, ampliaba algunos conceptos no estipulados en el apunte, cuestión de que al momento del examen los alumnos que hubieran adquirido el apunte sin haber cursado no supieran los nuevos conceptos y fueran reprobados inmediatamente. C. les anunciaba qué bolillas debían estudiar y cuáles no; las preguntas y respuestas del examen; les indicaba que cuando comiencen a ser evaluados en una determinada bolilla lo hagan con alguna frase o contenido de memoria de determinada parte del «apunte», así O. tomaba conocimiento de que habían concurrido a su academia. Por último, los alertaba de no presentarse en determinadas mesas de exámenes cuando la Facultad había ordenado incorporar veedores.

Por ello, los alumnos a veces hacían el simulacro de curso y en ocasiones decidían no presenciar el cursado en la academia, sólo se limitaban a ir a la última clase, días antes de cada examen con O., donde C. los alertaba de las bolillas, temas y/o preguntas por los que serían evaluados.Para poder concurrir a la misma, la única que motivaba el pago de la academia, debían tenerla pagada por completo ya que si no lo hacían les advertía que serían reprobados.

Llegado el momento de los exámenes finales y para conocer qué alumno había pagado su academia, en ocasiones O. se fijaba en una lista que estaba subrayada con los alumnos a los que debía «evaluar» lo previamente acordado e indicado por C. o miraba una lista con la firma de los asistentes a la academia. Sabido esto, O. en otras oportunidades les hacía sacar bolillas, otras veces él mismo lo hacía y les habría preguntado si «le parecía bien la que había tocado», eventualmente ni siquiera hacía una pregunta.Algunas veces las notas ya estaban puestas de antemano, los aprobaba directamente o bien les hacía cualquier pregunta sin ningún tipo de vinculación con la materia, de todas formas terminaban siendo aprobados.

Aquellos que rendían en condición de libres tenían dos instancias, la primera escrita, donde O. evaluaba con las mismas preguntas que C. había avisado en la última clase. Luego, en el examen oral, circunstancia que se repetía para los alumnos regulares, eran también evaluados sobre aquellos temas y/o bolillas que C. les había recomendado o bien directamente no eran evaluados conforme lo descripto anteriormente.

Para lograr su cometido, O. incumplía con el deber de todo docente de evaluar a todos los alumnos de acuerdo al programa de la materia y sus conocimientos, toda vez que aquellos que no habían ido a la academia -muchos por cuestiones económicas y otros por resistencia- corrían un alto riesgo de ser aplazados de manera sistemática y arbitraria, quedando expuestos a preguntas que no correspondían al programa; preguntas formuladas de manera no entendible, contenidos no brindados en clases ni que pudieran ser ubicados en los libros de estudio de la materia; ni tampoco justificaba los aplazos a quienes hubieran rendido escrito, no mostrándoles ni siquiera sus exámenes. Así, O. los podía reprobar en reiteradas oportunidades, viéndose obligados muchos a tener que «pagar para aprobar» la academia. De hacerlo, en la mayoría de los casos eran aprobados en la primera mesa que se presentaban a rendir. Sin embargo, en algunos casos, como represalia podía aplazar una primera vez a los que habían pagado, si sospechaba que alguien había compartido el material con los que no pagaban o decían algo sobre la maniobra. En la academia ya eran advertidos de esto, y en tal caso lo pagado les servía para la próxima mesa de examen que se presentaran, en la cual serían aprobados, circunstancia que ocurría.

Tales circunstancias habrían ocurrido hasta aproximadamente los años 2015 ó 2016, en el cual O. y C.se habrían distanciado, y la pantalla de la academia se habría mudado al barrio Nueva Córdoba, lugar donde A. M. se hizo cargo hasta el día de la fecha de la academia, repitiéndose el mismo modus operandi relatado en relación a A. C. A diferencia de la academia de calle C. al 687 que perduró más de 15 años, esta habría mutado, primero en calle Buenos Aires N° 1419, luego en Crisol N° 14 y últimamente en Ituzaingó N° 1398.

O. infundía temor en sus alumnos, principalmente hacia las mujeres, con quien tenía un trato misógino. No sólo demostraba su autoritarismo de la manera descripta aplazando indebidamente a sus alumnos, sino también con su forma indebida y maleducada de dar las clases, en la que maltrataba a sus alumnos con gritos, menosprecios y frases agraviantes, denigrantes o humillantes («mamerto», «burro», «andá a estudiar peluquería o enfermería», etc.), logrando en muchas ocasiones consecuencias atemorizantes, angustiantes y estresantes, principalmente crisis de llantos y miedo a rendir. Además, era percibido como un profesor «con poder en la facultad», «influyente», «importante», «con relaciones», «con contactos en la justicia».

Su accionar delictivo durante tantos años en los cuales prácticamente todo estudiante y/u odontólogo que se haya recibido en la Facultad de Odontología de la UNC en los últimos 20 años, o más, que conocían la situación generante de que muchas personas padecieran injustamente daños psicológicos, perjuicios personales. A muchos la resistencia al pago del dinero exigido para aprobar hizo que O. les frustrara su vocación y dese os de ser odontólogos, obligándolos a abandonar la carrera, destruyendo de tal forma un proyecto de vida personal.

En el marco de intimidación descripta, innumerables personas se vieron obligadas a recurrir y pagar la academia para aprobar su materia en las siguientes. Así se verificó en las siguientes sedes, años y montos de dinero:

I) Academia a cargo de A. O. C.:

1) S. R., 2012, $4.000; 2) M. D.M., 2009, $5.000; 3) S. M. P., 2011, $1.500;

4) M. E. S. L., 2014, $5.000; 5) M. A. G., 2014, $5.000; 6) J. M. B., 2000, $400; 7) S. A. B. M., 2007, pago no determinado hasta el momento; 8) M. O., 2016, $11.000; 9) G. E. N., 2011, $6.000; 10) M. A., 2011, monto no determinado hasta el momento; 12) W. E. S., 2012, monto no determinado hasta el momento; 13) M. L. P. C., 2017, $17.000; 14) J. V., 2011, $3.000; 15) L. A. S., 2007, $10.000; 16) W. E. F., 2015, $2500; 17) A. S. S., 2012, $3.500; 18) M. V. S. R., 2014 $4.000; 19) N. R. G., 2014, monto no determinado hasta el momento; 20) M. M. C., 2011, monto no determinado hasta el momento; 21) A. S. S., 2012, $3.500; 22) P. C., 2014, monto no determinado hasta el momento.

23) C. M., 2018, $14.700.; 24) Guadalupe Chaguri, 2012, pago no determinado hasta el momento; 25) Victoria A. Ortiz Castellano, 2014, $ 2.000; 26) A. M. L., 2013, pago no determinado hasta el momento; 27) M. R. B., 2015, pago no determinado hasta el momento; 28) O. N. K., 2013, un número de cuotas no determinadas hasta el momento de $700 cada una; 29) L. M., 2011, $1.750; 30) P. D. D. B., 1997, pago no determinado hasta el momento.

31) Milagros Rinconez, 2012, pago no determinado hasta el momento.

II) Academia a cargo de A. M.:

1) C. D. I., 2019, $17.000; 2) M. P. M., 2015, pago no determinado hasta el momento; 3) M. de los A. C., 2019, $22.500; 4) M. N. T. P., 2017, $16.000; 5) M. B., 2019, $18.000; 6) J. C. C. T., 2016, $10.000; 7) L. A. S., 2018, $10.000; 8) S. P., 2018, $18.000; 9) F. A., 2016, $10.000; 10) J. N. O., 2017, $17.500; 11) A. G. R. G., 2018, $16.000; 12) M. A. L., 2016, monto no determinado hasta el momento; 13) C. V.L., 2019, $15.000; 14) A. B., 2019, monto no determinado hasta el momento; 15) A. S. P., 2018, $20.000; 16) K. B. C., 2017, $10.000; 17) A. D. M. M., 2018, $18.000 ó $19.000.

Bajo la intimidación por el mecanismo descripto, hubo personas presionadas para entregar dinero en la academia a cargo sucesivamente de C. y M. para aprobar Microbiología con O., que no lo hicieron porque se resistieron permanentemente a hacerlo. La negativa férrea e inflexible de aquellos que no aceptaban la exigencia ilegítima, les trajo como consecuencia sufrir el mal al que sabían se exponían -cumplimiento de la amenaza de ser reiteradamente aplazados-. En algunos casos, la resistencia firme a ir a la academia y pagar llegó a forzarlos a tener que abandonar definitivamente o provisoriamente la carrera universitaria, como ocurrió con las siguientes personas:

– M. E., quien iba realizando una aceptable carrera, hasta que fue aplazado injustamente cinco veces por O. en 2011 y 2012, circunstancia que el 27/7/2012 lo obligó a abandonarla, generándole daños M. que perdurarían hasta la fecha, por lo que hace años recurre a un psicólogo; – A. L. A., quien la habría regularizado en el 2003 pero nunca se presentó a rendirla por el temor que le generaba hacerlo sin pagar y dejó sus estudios de odontología; – D. Lanik, aplazada aproximadamente cinco veces entre 2012 y 2015 por negarse a pagar, hasta que logró aprobar logrando que interceda otro docente.

– S. M. B., luego de haber sido aplazada ocho veces entre 2014 y 2016 por no concurrir a la academia, se vio obligada a abandonar sus estudios, hasta que pudo retomar cuando dos años después se creó una nueva cátedra, en la que cursó y promocionó. Cuando iba por el aplazo número cinco, una amiga fue a la academia y en 2016 B. le dio $6.000 para compartir el gasto, la mitad de lo que le cobraron a su compañera, pero como B. no figuraba en las listas que tenía O.de los que habían ido a la academia, siguió siendo reprobada tres veces más.

Hecho nominado sexto:

Desde el 27 de junio de 2014 hasta el 11 de septiembre de 2020, M. S. de L., Decana de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, sita en Av. H. de la T. s/no, Ciudad Universitaria, no ejecutó el deber que le imponía el artículo 177 del CPPN inc. 1o, consistente en la obligación de denunciar delitos conocidos en ejercicio de la función o promover actuaciones administrativas disciplinarias. Sabiendo que el titular de la cátedra de Microbiología L. A. O. podía estar involucrado en maniobras de exigencias dinerarias para aprobar la materia (ver hecho anterior), la Decana intencionalmente evitó anoticiar los hechos a la autoridad competente u ordenar la investigación interna. Durante ese extenso período de tiempo, intencional e ilegalmente incumplió el deber de iniciar una información de sumaria o sumario administrativo al mencionado titular por las presuntas inconductas ya referidas, como así también un historial de maltrato a alumnos y docentes, discriminación a mujeres, arbitrariedad en la evaluación con criterios ajenos al mérito y rendimiento académico, de acuerdo al deber que correspondía en virtud de los artículos 2, 3, 76 incs. a y b y 83 de la ordenanza 9/12 del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba.

Calificación Legal:

El Sr. Fiscal en la promoción de acción de fs. 329/343 y vta., encuadró el hecho nominado primero en la figura penal de de Extorsión Continuada (arts. 168 y 54 del C.P.), imputables a L. A. O., A. O. C. y A. M., en carácter de coautores (art. 45 del Código Penal).

El hecho nominado segundo encuadra en la figura penal de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público (art. 248 del C.P.) imputable a M. M. S. de L. como autora (art.45 del C.P.).

El hecho nominado tercero corresponde a la ampliación de la promoción de acción por parte del Sr. Fiscal de fs. 797/809 y vta., encuadró el hecho en la figura penal de de Extorsión Continuada (arts. 168 y 54 del C.P.), imputables a L. A. O., A. O. C. y A. M., en carácter de coautores (art. 45 del Código Penal).

El hecho nominado cuarto corresponde a la ampliación de la promoción de acción por parte del Sr. Fiscal de fs. 797/809 y vta., encuadró el hecho en la figura penal de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público (art. 248 del C.P.) imputable a M. M. S. de L. como autora (art. 45 del C.P.).

El hecho nominado quinto corresponde a la ampliación de la promoción de acción por parte del Sr. Fiscal de fs. 878/890 y vta., encuadró el hecho en la figura penal de de Extorsión Continuada (arts. 168 y 54 del C.P.), imputables a L. A. O., A. O. C. y A. M., en carácter de coautores (art. 45 del Código Penal).

El hecho nominado sexto corresponde a la ampliación de la promoción de acción por parte del Sr. Fiscal de fs. 878/890 y vta., encuadró el hecho en la figura penal de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público (art. 248 del C.P.) imputable a M. M. S. de L. como autora (art. 45 del C.P.).

Que a fs. 864/867 la defensa de A. M. instó el sobreseimiento en relación con los hechos nominados primero y tercero arguyendo que M. es ajeno al sistema extorsivo del que se pretende endilgar su participación punible y que tampoco se encuentran presente en el caso, los requisitos que estipula el ilícito endilgado para su configuración, lo que será analizado al momento del valorar los hechos enrostrados al imputado en cuestión.

Y CONSIDERANDO:

Que declarada la competencia del Tribunal, se llamó a prestar declaración indagatoria a L. A. O.a fs. 653, quien manifestó que negaba todos los actos que se le atribuían por falsedad. En segundo lugar, afirmó que, en ningún momento, a lo largo de toda su carrera docente personalmente, o por interpósita persona ha extorsionado a nadie, para que haga algo que no sea correcta tal como amenazarlo o decirle que tiene que ir a prepararse a una academia, jamás. Que jamás ha participado formal o informalmente en la explotación comercial de academia o instituto de enseñanza alguno de ninguna clase. Agregó que nunca sugirió, pidió, insinuó y mucho menos exigió a sus alumnos de la cátedra de microbiología e inmunología, que antes era cátedra única y ahora es cátedra, a que concurran a ninguna academia para aprobar.

Seguidamente, a fs. 657, declaró M. S. de L., quien afirmó que negaba el hecho que se imputaba y por consejo de su abogado defensor, oportunamente acompañaría una declaración por escrito, en virtud de todos los inconvenientes relacionados con la pandemia.

Continuando con las posiciones defensivas, a fs. 700, declaró A. M., quien negó los hechos que se le imputaban, afirmando que con el Dr. O. tenía una relación social amistosa, que lo conoció por medio de mi madre Carolina Elina Dominguez, con el cual cursaron la secundaria en la escuela «Estela Maris de San Pedro» de la localidad de Villa Dolores. Continuó relatando que en la carrera de odontología llegó hasta tercer año, y fue ayudante de cátedra en la materia de microbiología que es de segundo año. Dijo que en la actualidad se desempeñaba trabajando en el campo con mi padre Héctor Domingo M., como soldador, haciendo herrería, y dando apoyo virtual de esta materia microbiología. Que ha preparado en forma acabada para brindar lo mejor a los alumnos. Actualmente no tiene más de 10 alumnos, que le pagan $3900 mensuales.Aclaró que en su teléfono tenía dos grupos de whatsapp, uno de «paralelo», y otro de «micro», que eran los alumnos que han reprobado la materia, y después él sigue dando una ayuda para que la puedan sacar en algún momento, porque depende mucho de la parte de ellos también. Afirmó que nunca tuvo una academia, los lugares que nombro S.S. eran correctos, él alquilaba aulas para dar apoyo. El lugar de apoyo estaba situado en calle Buenos Aires y Crisol, y él se había ido porque cerraron, entonces tuvo que buscar otras aulas para alquilar. Agregó que los nombres de los alumnos reprobados que están en el grupo eran Raúl Lescano, Federico Rosales, Ignacio Gordillo y Martina Ferulo, que eran los que se pudo acordar. Dijo que nunca amenazó a ningún alumno, ellos se comunicaban con el declarante, de forma independiente, por vía telefónica para que les brinde el apoyo, con su consentimiento, nunca amenazó, ni extorsionó a nadie. Aclaró que ante una pregunta dubitativa, le consultaba al Dr. O., sin saber si podía ser, una posible pregunta de algún examen o parcial. Y O. le contestaba de forma colaborativa y sin fines de lucro. Especificó que no tenía cuentas transferencias bancarias con el Doctor O., ni nada que lo relacione económicamente. Dijo que era una persona humilde, de bien, que jamás haría algo para desprestigiar a mi familia y mucho menos a su esposa, Natalia, que trabaja en Tribunales de Villa Dolores. Aclaró que no conocía a A. C., que no tenía relación con él. Finalmente agregó, que la cantidad de alumnos que tenía podría ser extraída de su celular, de los dos grupos de microbiología, que es «paralelo», que son los alumnos que actualmente le estaba dando apoyo, y en «micro» que había aproximadamente 14, 15 alumnos, que habían reprobado la materia y que les brindaba apoyo para ver si la aprobaban.

Continuando con las declaraciones de los acusados, a fs. 735/737 y vta., el imputado A. O. C.manifestó que conoció al Dr. O. en el año 1988, cuando estaba cursando cuarto año de medicina y por una circunstancia de discusión con su madre, se vió obligado a abandonar la carrera por no saber trabajar y estudiar, que se fue a vivir a Brasil y cuando regresó en 1992 estaba sin trabajo. A comienzos de 1993 en una circunstancia en que estaba cenando en «Betos» con el Dr. O., y en otra mesa se encontraba el intendente Martí junto a su mujer, los invitaron a su mesa. En un momento cuando fue al baño con Luis, le pidió que hablara con el intendente para que le consiguiera un trabajo. Así, la Sra. Leiva de Martí, era la encargada titular de la cátedra de microbiología. Esa fue la única vez que tuvo relación con la doctora, muy poco dialogo porque no la conocía, incluso estaba impresionado porque estaba sentado en la mesa el intendente de Córdoba. El diálogo que se manifestó entre el Dr. O. y la Dra. Martí, era que se conocían porque ella había regresado de España y que en un momento dado anterior, no sabe el año, O. había estado agregado a la cátedra de microbiología. Entonces como él no tenía ningún tipo de compromiso de trabajo, la doctora le manifestó que fuera a la cátedra a ayudar o si tenía ganas de volver a dar clases, eso se habló en ese momento.

Continuó relatando que el Dr. O. le dijo que al día siguiente, se iban a juntar con él y le iba a decir de algún trabajo. Al otro día se reunieron y le dio la idea de poder hacer un apunte sobre la materia de microbiología, para dar clases particulares a los alumnos de la facultad de odontología ya que había una gran cantidad de alumnos que tenían problemas y quedaban libres porque no había capacidad en la parte práctica de tercer año.El declarante accedió y le intereso el ofrecimiento, y se puso a buscar y conseguir el programa de la materia y la cartilla de trabajos prácticos, en una fotocopiadora que se encuentra en el ingreso de la facultad de odontología que la venden, denominada «la pecera». A partir de allí buscó el libro recomendado por la cátedra Norte, que es un libro de microbiología, en base a ese libro el declarante fue completando la línea de trabajos prácticos y armó un apunte como se dicta la materia de trabajos prácticos, y 7 bolillas, divido por bolilla, correspondiente cada uno a cada trabajo práctico. En eso, una vez que culminó de realizar el apunte colgó carteles en la facultad con los datos personales suyos. El número de teléfono fijo suyo y la dirección de boulevard C. xxx PB d, que es donde se dirigían los alumnos que tenían interés de que el declarante los prepare en la materia, quiere aclarar que en esos momentos cuando el comienza a dar clases tuvo dos primeros alumnos en diciembre del año 1993, el Dr. O. no se encontraba trabajando en la cátedra, o sea que no había ningún tipo de relación, la persona que vio una sola vez fue la Dra. Martí, con quien no tenía relación y los alumnos rindieron con profesores que estaban en la cátedra.Así, en el turno siguiente tuvo otros tres alumnos que también aprobaron su materia.

El dicente explicó como dictó la materia hasta el último día que dio clases, como dijo anteriormente el apunte estaba armado de trabajo práctico a trabajo práctico, que explicaba el material de estudio y se lo repartía al alumno, cada trabajo práctico tiene alrededor de máximo 6 hojas, el alumno iba a su casa estudiaba el apunte y lo que no comprendía, era explicado por el dicente al día siguiente y él en esa época evaluaba al alumno, con preguntas orales, una vez finalizada la toma se comenzaba el trabajo práctico siguiente y de esa forma era dictada la materia. Nunca utilizó la computadora por lo que no tenía power point, ni nada de lo que se correspondiera, solo oral y con un apunte de hoja, eso era el dictado de la clase. En el año 1995 la Dra. Martí deja su cargo porque pide licencia, porque se fue como diputada nacional, e ingresa a cargo de la cátedra como titular la licenciada Liliana Manca, cargo que ocupa hasta el año 2005, persona a la cual el dicente no conoce y nunca habló con ella. Por trascendidos de sus alumnos, excelente profesora y persona, que en el único beneficio para el declarante es que ella nunca actualizó la materia, lo que también benefició a los alumnos. Lo único que agregó a la cátedra, fue un nuevo material de estudio en el años 1997/1998, que es un libro que se llama Ureña que es de Microbiología, que le sirvió para actualizar los temas teóricos que ella dictaba de ese libro, de muy buena forma y entendido por todos los alumnos que llevaran el conocimiento.

Debido a que en el año 1997, el declarante ya era nombrado y recomendado por quienes aprobaban, vuelve a aclarar que estaba dando clases en su propiedad ya señalada.En el año 1997, patentó los apuntes como propiedad intelectual con derecho de autor y la cámara del libro argentina, registro que lo tiene en su propiedad para poderlo demostrar, con el aval de patentamiento, lo que lo ampara a que el producto sea reproducido o fotocopiado ya que le pertenece personalmente, está amparado por la ley 23.412 y quedó registrado como no a la venta. Entonces al alumno que venía a clases, el declarante le daba el material, pero el alumno no tenía derecho a prestarlo ni a darlo, porque él no se lo permitía.

Afirmó que en esa época existía mayor respecto hacia la persona, los alumnos que aprobaban la materia le devolvían el apunte, es por eso que él le colocaba un sello, porque si el apunte estaba en fotocopiadoras, él podía saber quién era. Así, luego contactaba el alumno y le preguntaba porque lo había hecho, y la gran mayoría de las personas pedían disculpas pero el daño ya estaba hecho, ya que ello, a él lo perjudicaba en forma laboral. Aclaró, que en el año 1995, preparó un alumno libre, Fernando o Federico Blazón, en donde fue evaluado por la Dra. Manca, que era titular y previo a haber pasado tres mesas evaluado por diferentes docentes, la Dra. Manca lo felicitó, porque hacía ocho años que no aprobaba un alumno libre. Así fue transcurriendo el dictado de clases del curso, con la misma modalidad y en la parte de los preparatorios de finales exactamente lo mismo, la diferencia que en el curso «paralelo» tenían que venir un día o dos días de clases una vez por semana y para los finales venían todos los días, de lunes a viernes. Todo alumno que no aprobaba la materia, volvía a preparase o ayudar para los turnos siguientes hasta que aprobaba la materia, sin que el alumno le tuviera que abonar nada. Así fue hasta el 2005, dónde hubo un concurso de cátedras donde ingreso como titular el Dr.O.

En relación con el lugar de clases, el declarante afirmó que en el año 2004 el declarante se encontraba dando clases en Bv. C. 687, lugar donde se encontraba una fotocopiadora y tenía un piso superior, un primer piso que alquilaba para dar clases a Diego Paireti, que todavía tiene una fotocopiadora en el mismo lugar, en Bv C. 677 más o menos,fotocopiadora garage. Ese local estaba embargado y fue a remate, oportunidad que se le dio para poderlo comprar en un remate, porque no disponía de dinero que pagar por él, en $ 71.000 (setenta y un mil pesos).

Luego el declarante respondió una serie de preguntas realizadas por el Sr. Fiscal Federal No 3. En primer lugar, comentó que en realidad sufría una enfermedad de adicción a drogas, lo que le hizo dejar la carrera. Que durante todo el tiempo que estuvo en la academia tenía relación frecuente con O. ya que inclusive, era el padrino de su hija. Que antes de ser titular de cátedra, O. comenzó con un cargo de JTP (jefe de trabajos prácticos), o sea que podía dar clases a ciertas comisiones en el año 1996/1997, y fue titular en el año 2005. Dijo que nunca le realizó transferencia de dinero a O., que recién en el año 2013/2014 tuvo cuenta bancaria. Que no recuerda que ningún familiar de él, le haya hecho transferencias a O. Que O. no sabía que alumnos iban a la academia. Aclaró que conoce a M., lo conoció mucho antes de que él se pusiera a dar clases, desde el año 2009/2010. Dijo que la relación entre O. y M. empezó como una relación de pareja y luego M. se casó y se veían como amigos. Manifestó que desconoce si M. heredó también apuntes y las técnicas del declarante, porque si bien él se juntaba un par de veces, compartían momento de adicción y de enfermedad y no hablaban del material, ya que M.empezó después que el declarante. Aportó que no tenía conocimiento si M., se había dedicado a preparar alumnos antes del 2015, es más, se enteró mucho después que él empezó. En relación con los apuntes y que quién los tenía aprobaba, dijo que el apunte que el realizó en una primera instancia estaba completo, y a partir de que él se dio cuenta que había mucha gente que lo prestaba o lo daba y le perjudicaba su trabajo, fue sacándole las partes más importantes a cada trabajo practico, las cuales las dictaba y las explicaba los días antes al trabajo practico. Agregó que nunca supo con anterioridad si era O. quien iba a evaluar, que en relación con los profesores titulares, cuando uno hace más de 15 años que da la materia y tiene 10 turnos de examen por año, sabe más o menos que toman. Finalmente dijo que no sabía en mesa estaría O., que en términos generales en cada mesa de examen sus alumnos rendían con cualquier profesor, por lista, Manca, Ordoñez o quien estuviera, que eran elegidos al azar, varios rendían con O. por ser titular, pero no todos.

Así, el Fiscal formuló ampliación de la promoción de acción a fs. 797/809 y vta., los acusados fueron llamados nuevamente, con la finalidad de recibir las ampliaciones de las declaraciones indagatorias.

En este orden, a fs. 811, L. A. O. dijo que no iba a responder preguntas de la fiscalía y se remitió a lo ya declarado con anterioridad. Así, a fs. 814, M. S. de L., dijo que negaba los hechos endilgados y que iba acompañar un memorial con una declaración detallada por escrito. Este obra a fs. 815, y en el mismo, la nombrada alega que jamás omitió los deberes inherentes a su cargo, y mucho menos con conocimiento e intención.Dijo que nunca recibió denuncia alguna, ya sea de manera oral o por escrito de parte de alumnos, padres de alumnos, docentes en general, docentes de la cátedra de microbiología e inmunología, ni de no docentes, que la anoticien sobre el hipotético caso de corrupción académica.

Agregó que tampoco recibió denuncias en el consejo directivo, excepto un par de reclamos por aplazos en los exámenes, por lo cual un grupo de estudiantes solicitó un veedor para la mesa de examen, aclarando que motivaba su pedido la necesidad de resguardar el nombre de la institución, sus prácticas académicas y el buen nombre del personal docente de la asignatura, resguardando también el derecho de los estudiantes, lo cual fue atendido, recibiendo el consejo el informe de los veedores respecto de que el examen transcurrió sin problemas. Agregó que en el período de los años 2016-2017, se realizaron encuestas anónimas a los estudiantes de todos los años de la carrera, en el marco del seguimiento del plan de estudios, advirtiéndose sin que mediara denuncia alguna, disconformidad con la cátedra de microbiología e inmunología y comentarios desfavorables, por lo cual el secretario académico, Dr. Guillermo De Leonardi le hizo la propuesta, que la dicente atendió, de recurrir a la oficina de sumarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNC, a los efectos de consultar qué medidas podrían tomarse al respecto. Así las cosas, el secretario académico, se entrevistó con la jefa de la oficina mencionada, Dra. Susana Argento, en más de tres oportunidades, quien le refirió que sin denuncias de los estudiantes o disposición a hacer declaraciones por parte de los mismos, no se podía hacer nada, en clara alusión que sin pruebas ninguna presentación en dicha sede iba a prosperar. Refirió que en otra oportunidad una agrupación estudiantil (JPO) solicitó formalmente, a través de una nota presentada al consejo directivo, la creación de la cátedra b de microbiología.Que el tema fue tratado en el consejo y aprobado por unanimidad, con comentario de varios consejeros en relación con las irregularidades de la cátedra. Que solo se limitaron a realizar expresiones hoy tomadas como pruebas por la fiscalía en sesiones ordinarias del cuerpo, que no indicó el inicio de investigación alguna, siendo el órgano máximo de la facultad.

Continuó declarando que, cuando la situación tomó estado público, la consejera S. López de Blanc, manifestó que ella había recibido quejas de alumnos, de padres de alumnos, que habían hablado con ella, reconociendo estar en conocimiento de esta situación y nunca comentó ni denunció el hecho ante algunas de las autoridades unipersonales de la facultad o ante el mismo consejo. Agregó que quienes conocieran sobre los eventos endilgados al Dr. O., contaban además con recursos por fuera de la facultad, en la propia universidad, por medio de la Defensoría de la Comunidad Universitaria o por medio de la Dirección de Asuntos Jurídicos, a través de las cuales podrían haberse sustanciado todas y cada una de las acusaciones. Agregó que durante su gestión como Decana se creó la Comisión de Articulación contra la Violencia de Género, explicando como funciona dicha institución. Expresó que el cuidado de las garantías académicas hacia los alumnos o de cualquier otra índole fueron diligentemente observadas. Agregó cuestiones relacionadas con la ética, responsabilidad y el uso correcto de los fondos públicos por parte de la declarante, así como también el algo sentido de pertenencia que le llevó a conducir una cátedra y luego la facultad. Refirió nuevamente que no hubo denuncia ni acusación formal contra O. y realizó más precisiones relacionadas con su gestión y la forma de solucionar los requerimientos de los particulares.

Así, a fs. 815/816 y vta., declaró en forma escrita, la Dra. M. M. S. de L., como ya había manifestado en su declaración anterior, en función de la pandemia de público conocimiento, relacionada con el covid-19.En la misma manifestó, que nuevamente negaba terminantemente los hechos que se le endilgaban y expresó firmemente que jamás omitió y mucho menos en forma intencional, es decir, con conocimiento e intención, deberes inherentes a su cargo.

Continuó manifestando la declarante, que nunca recibió denuncia alguna, ya sea de manera oral o por escrito de parte de alumnos, padres de los alumnos, docentes en general, docentes de la Cátedra de Microbiología e Inmunología, ni de no docentes; que se anoticien sobre el hipotético caso de corrupción académica.

Afirmó que tampoco recibió denuncias en el H. Consejo Directivo, excepto un par de reclamos por aplazos en los exámenes, por lo cual un grupo de estudiantes solicitó un veedor para la mesa de examen aclarando que «Motiva nuestro pedido la necesidad de resguardar el nombra de la institución, sus prácticas académicas y el buen nombre del personal docente de la asignatura, resguardando también el derecho de los estudiantes», lo cual fue atendido, recibiendo en el HCD el informe de los veedores respecto de que el exámen transcurrió sin problemas.

Que en el período de los años 2016-2017, se realizaron encuestas anónimas a los estudiantes de todos los años de la carrera, en el marco del seguimiento del plan de estudios, advirtiéndose sin que mediara denuncia alguna, disconformidad con la Cátedra de Microbiología e Inmunología y comentarios desfavorables, por lo cual el Secretario Académico Dr. Guillermo De Leonardi le hizo una propuesta, a lo cual la declarante accedió. La misma consistía en recurrir a la Oficina de Sumarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la U.N.C., a los efectos de consultar qué medidas podrían tomarse al respecto.

Relató Lutri que el Secretario Académico con su anuencia, se entrevistó con la Jefe de la Oficina de Sumarios, Dra.Susana Argento, en más de tres oportunidades, quien les refirió que sin denuncias de los estudiantes o disposición a hacer declaraciones por parte de los mismo (cosa que nunca consiguieron), no se podía hacer nada, en clara alusión que sin pruebas, ninguna presentación en dicha sede iba a prosperar.

Continuó refiriendo, que en otra oportunidad, una agrupación estudiantil (JPO), solicitó formalmente, a través de una nota presentada al HCD, la creación de la Cátedra B de Microbiología e Inmunología, refiriendo: «que la solicita por los numerosos inconvenientes que ocasiona a los alumnos el cursado de la asignatura Microbiología e Inmunología: es notorio observar el alto número de aplazos en parciales y exámenes finales, solicitando a la mayor brevedad posible su creación y así asegurar la acreditación ante CONEAU». El tema fue tratado en el HCD y fue aprobado por unanimidad en sesión del Cuerpo, con debates y opiniones de diferentes consejeros que hicieron referencia a supuestas irregularidades en esa cátedra y que sin embargo como máximas autoridades de la Facultad (más autoridad que la Decana) nunca denunciaron ante los entes pertinentes, ni abrieron investigación alguna. Sólo se limitaron a realizar las expresiones hoy tomadas como pruebas por la fiscalía en sesiones ordinarias del cuerpo, que el mismo cuerpo escuchó y no habiendo prueba alguna de los dichos expresados, no indicó nunca como el mayor órgano de gobierno de nuestra casa el inicio de investigación alguna.

Continuó declarando, que cuando la situación ya expuesta, tomó estado público, la consejera S. López de Blanc, manifestó que ella había recibido quejas de alumnos, de padres de alumnos, que habían hablado con ella, reconociendo estar en conocimiento de esta situación y nunca comentó ni denunció el hecho ante algunas de las autoridades unipersonales de la Facultad o ante el mismísimo Consejo Directivo.Insistió en que ningún alumno, docente, no docente o egresado asumió el compromiso, si es que realmente le constaba alguna situación irregular, de presentar una denuncia responsable y formal ante el HCD, Secretaría Académica, Secretaría de Asuntos Estudiantiles, Centro de Estudiantes o ante las Autoridades Unipersonales (Decano o Vice-Decano).

Sumado a ello, continuó Lutri, quienes conocieran sobre los eventos endilgados al Dr. O., contaban además con recursos por fuera de esta Unidad Académica en la propia Universidad, por medio de la Defensoría de la Comunidad Universitaria o por medio de la Dirección de Asuntos Jurídicos, a través de las cuales podrían haberse sustanciado todas y cada una de las acusaciones. Luego hizo presente, que durante su gestión como Decana de la Facultad de Odontología, se creó la Comisión de Articulación contra la Violencia de Género, a través de la Secretaría de E xtensión, habilitada por Resolución del Honorable Cuerpo Directivo y constituida por la Vice Decana, docentes de esta Casa de Estudios y de nuestra Asesoría Letrada. En tal sentido, destacó que muchos de los alumnos que hoy denuncian y son testigos identificados fuera del ámbito académico como querellantes damnificados, contando con esta herramienta vinculada con el empoderamiento de sus derechos como principal claustro afectado, jamás concretaron hasta la fecha y desde su creación hace más de un año descarga formal alguna, en relación al motivo de esta particular situación.

Desde esta perspectiva, afirmó, puedo ratificar que el cuidado de las garantías académicas hacia los alumnos o de cualquier otra índole fueron diligentemente observados, en la media que las demandas fueran canalizadas por cualquier representante de los cuatro claustros que componen nuestra Casa de Estudios.

Luego afirmó que quienes la conocen desde hace años, saben muy bien que si un expediente en el que se adujeran hechos de corrupción debidamente formalizados, tal como les fue indicado por la Dra.Susana Argento, hubiese llegado a sus manos, habría dado urgente tratamiento del mismo, iniciando un proceso de investigación con plenas garantías que condujeran su correcto esclarecimiento, con las debidas consecuencias procesales en caso de ser probado sobre el o los responsables de los hechos denunciados.

Finalmente aclaró que nunca dudó tal como injustamente se la acusaba de no cumplir con sus deberes de funcionario público. Al contrario, dijo, la ética, la responsabilidad, el uso correcto de los fondos públicos y el alto sentido de pertenencia la llevaron a conducir no solo una Cátedra, sino a velar por los intereses comunes de toda una Facultad en las variadas funciones en las que demostró estar a la altura de las circunstancias. Que cada vez que pudo dar una solución concreta a la creciente demanda de necesidades, lo hizo con el convencimiento de que la gestión pública es para estar al servicio del otro. Del mismo modo, cada vez que no pudo satisfacer alguna problemática o requerimiento en particular, dio las oportunas explicaciones por las cuales no pudo abordarse la solución debida.

Luego a fs. 817, A. M. negó los hechos y se abstuvo de declarar, remitiéndose a lo ya declarado con anterioridad. En el mismo orden, se manifestó A. O. C. a fs. 892 y vta.

Ahora bien, en relación con una nueva ampliación del requerimiento de instrucción por parte del Fiscal, que obra a fs. 878/890, a fs. 911/917 y vta., presentó memorial con declaración escrita, Luis O., como había referido en su declaración indagatoria, en la que en lo medular relató que se presumía inocente, criticó la forma en que estaba redactada su acusación y negó nuevamente los hechos. Arguyó de falsas las afirmaciones que le atribuían haber desarrollado conductas que, según las relata el requerimiento de instrucción, tenían por objeto «castigar» a los alumnos de la academia de C. y M.que filtraran a otros alumnos que no concurrían a la misma las preguntas que iban a ser tomadas en los exámenes. Afirmó que jamás en mi carrera docente procuré «castigar» ni «castigué» a ningún estudiante por ningún motivo y por ende tampoco por estos a los que he hecho referencia. Y esto es así por la simple y sencilla razón que nunca jamás pasé a C. ni a M. las preguntas de las evaluaciones ni recibí de ellos listas de alumnos que concurrían a sus academias para que los mismos sean aprobados por mí en la instancia del examen final. Jamás he abusó de sus funciones como docente de la Cátedra de Microbiología.

Continuó afirmando que nunca reprobó a ningún alumno respecto del cual no nos encontráramos convencidos como tribunal que debía serlo tras de haberlo evaluado. Más adelante me explayaré en relación a los motivos por los cuales un alumno podía ser reprobado en un examen final -alguna de esas formas implica que el alumno ni siquiera inicie el examen-, pero de aquellos a los que efectivamente hemos evaluado junto con el resto de los miembros del tribunal, los mismos jamás fueron reprobados de manera arbitraria.

Soy un profesor exigente -siempre lo he sido- pero nunca he tenido mala fe ni he desarrollado mi actividad de forma abusiva ni arbitraria.

Dijo que con el imputado C. tiene una relación de amistad que luego se transformó en un vínculo más estrecho a partir que fui elegido padrino de bautismo de su hija. Conoció a C. en 1988 en el contexto de una reunión social. En esa época C. se encontraba cursando la carrera de medicina. Es cierto lo que refiere C. en relación al episodio con la Dra. Martí y su esposo. Es también cierto que conversando con C. él me informó que, en virtud de su formación en medicina, él iba a empezar a preparar alumnos en microbiología. Eso ocurrió en el año 1993 o 1994 si mal no recuerdo.Reitero, la idea fue de él y yo no participé de ningún modo en la decisión. Destacó que a partir de 1988 fue designado interinamente como JTP de dedicación simple (Res. del HCD a partir del 01 de octubre de ese año) -antes estuve varios años trabajando ad-honorem en la Cátedra-. Mi posición como JTP duró hasta el año 2005 en el que, por concurso, fue designado Profesor Titular de la Cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología de la UNC. Dijo que era falso lo que se le atribuía, «presumiblemente desde el año 2000 aproximadamente, hasta la actualidad» ha abusado de mi función como titular de Cátedra persiguiendo la obtención de un beneficio económico ilegítimo y he incumplido los deberes a mi cargo, acordando, primero con C. y luego con M. un aceitado, insidioso, perverso y exitoso sistema extorsivo a los fines de procurar que los alumnos se vieran obligados a concurrir a la academia de C. o de M. a los fines de pagar el curso y así aprobar la materia. Que ello era falso y que no reflejan la realidad, también dijo que son falsas por imposibles. Según el relato de varios de los alumnos éstos expresan, que el día antes de los finales, parciales o prácticos evaluables, recibían de C. las preguntas que iban a ser evaluadas al día siguiente porque yo se las enviaba. Esto es en un todo imposible dada la posición que ocupaba dentro de la Cátedra en ese momento y hasta el año 2005. Que él no tenía ningún tipo de injerencia en la confección de las preguntas de los exámenes ni los prácticos evaluables. Esa labor la cumplía, primero la Dra. Martí -a cargo de manera interina de la cátedra en reemplazo de su esposo, único titular por concurso- y luego, cuando ella se alejó de la cátedra para dedicarse también a la política, la Biol.Liliana Manca, hasta que asumió como Titular. Que no participaba en la confección de las preguntas y según recuerdo recién me enteraba de su contenido el mismo día del examen y/o los prácticos evaluables y no antes, así que difícilmente podría haberle enviado a C. las mismas el día anterior, para que él las compartiera con sus alumnos.

Aclaró que con el imputado M. tenía una relación de amistad de muchos años también. Lo conoció por medio de su madre Carolina Elina Domínguez, con la cual cursé el colegio secundario en la localidad de San Pedro, próximo a la ciudad de Villa Dolores, provincia de Córdoba. A. M. era estudiante de Odontología y cursó la materia Microbiología con la Profesora Bióloga Liliana Manca, no recuerdo en que año. Luego, M. se va de Córdoba, creo que a la ciudad de Rosario, perdiendo contacto con él por varios años. Años después regresa a la ciudad de Córdoba con su familia -pareja y un hijo-. Luego de ello retomamos el contacto aunque no con demasiada frecuencia. Que en un momento él le comentó que tenía posibilidad de empezar a preparar alumnos en Microbiología, pero no recuerdo cómo, dónde ni en qué circunstancia comenzó a desarrollar dicha actividad. El vínculo con los co-imputados pasaba por otro lado y no tenía, de ningún modo, foco en la actividad docente. Aclaró que independientemente de mi vínculo con los nombrados, nunca confundí mi rol de docente universitario con la labor que ellos realizaban fuera de este ámbito al preparar alumnos de la materia que precisamente yo impartía en la facultad. Resaltó que nunca recibió dinero -«ellos nunca me lo ofrecieron y yo tampoco nunca lo pedí»- por salvarle esas dudas o darles respuestas a las consultas que eventualmente me hacían. Cualquier colaboración en este sentido era absolutamente desinteresada y gratuita y reitero, nunca abarcaron ni incluyeron el contenido de las preguntas de los exámenes.Sostener lo contrario es faltar a la verdad.

Destacó que una cosa es el promedio de alumnos aplazados y/o libres de todas las asignaturas de la facultad -promedio al que obviamente debería incluirse a Microbiología- y otracosa distinta son los porcentajes en cada materia individualmente considerada. En este contexto tengo que afirmar que, me consta, existen varias materias donde el porcentaje de alumnos libres y/o aplazados son similares -e incluso superiores- a los de Microbiología, por ejemplo, Biología Celular, Técnica de Rayos, Odontología Legal, Anatomía -a cargo del Prof. David-, Cirugía I, entre otras. Realizó aclaraciones con respecto al testimonio de la Profesora Asistente Patricia Ordoñes, quien aclaró tenía una relación de enemistad con el declarante, dando precisiones al respecto a las que me remito en honor a la brevedad.

Negó que durante su gestión en alguna evaluación se hubiera desaprobado a la totalidad de los alumnos como ella lo refiere. Resaltó lo afirmado por la Prof. Adjunta Bióloga Liliana Manca en su declaración testimonial: la condición final del alumno (libre, regular o promocional) depende exclusivamente de los profesores asistentes y no del profesor titular. El único vínculo o contacto personal con los alumnos a lo largo de todo el tiempo que ejerció el cargo de docente titular de la materia ha sido en el dictado de clases teóricas, al momento de los exámenes finales y si los mismos se acercaban voluntariamente a evacuar dudas en los horarios de c onsulta que yo también disponía. Yo no corregía parciales, ni tampoco prácticos evaluables. Esas actividades las desarrollaban los profesores asistentes y por tanto quienes determinan la condición académica de los alumnos tras el cursado de la asignatura son ellos. Yo no dejo libre a los alumnos -porque no tengo ninguna oportunidad de hacerlo- y solo me entero de la condición académica de cada uno, el día del examen final cuando retiro del despacho de alumnos las actas correspondientes.Debe tenerse en cuenta que además de estas actividades, en mi caso también se encontraba dentro de mis funciones de grado las de: actualizar guías de actividades de la cátedra; dirigir y coordinar las reuniones docentes de la cátedra; rever evaluaciones de alumnos que manifestaban disconformidad con el resultado obtenido; programar y dictar cursos de actividades curriculares optativas a solicitud de la Secretaría Académica, Secretaría Estudiantil y/o Centro de Estudiantes; dictar cursos de repaso de contenidos antes de evaluaciones. Asimismo, formo parte como miembro titular de concursos para la selección de profesores titulares y/o adjuntos de la Facultad de Odontología de la UNC y de otras Unidades Académicas Nacionales. Por su parte, también dirijo proyectos de investigación para la Cátedra.

También realizo actividades de posgrado inherentes a mi cargo y dedicación tales como ser miembro de la Comisión de Doctorado de la Escuela de Graduados de la FO; evalúo proyectos de investigación para optar al título de Doctor en Odontología; dirijo tesis doctorales.Soy miembro de las comisiones de seguimiento de tesis doctorales con toda la carga obligacional que ello implica que va desde la colaboración en la elaboración del reglamento de la carrera de doctorado, verificar la originalidad de los proyectos, verificar el cumplimiento de los tiempos reglamentarios para el desarrollo de los trabajos de doctorado.

Por su parte, dentro de mis actividades académicas-institucionales también soy miembro evaluador de Universidades Públicas y Privadas como representante de Coneau Global.

Por todo esto es que se revela como materialmente excepcional mi contacto personal con los alumnos de la cátedra.

Negó lo que se le endilgaba en las declaraciones testimoniales de los alumnos, afirmando que era falso que aplazó -reprobó, o «bochó»- arbitrariamente -o sea, de manera deliberadamente injustificada- a alumnos en exámenes finales.

Aclaró que era cierto que Manca me preguntó en varias ocasiones si yo tenía algo que ver con la Academia y siempre, en cada una de esas ocasiones, a lo que le contestó que no, que era absolutamente ajeno a ello y lo ratifica en su declaración. Realizando una serie de consideraciones respecto de los decentes de la facultad y de su actividad en ella a las que me remito en honor a la brevedad.

Finalmente, a fs. 934 y 935, volvieron a declarar A. M. y Luis O., negando el hecho y remitiéndose a lo ya declarado, haciendo en igual sentido A. O. C. a fs. 892 y vta. y M. M. S. de L. a fs. 1055 y vta.

Que el material probatorio hasta ahora colectado, se compone de los siguientes elementos de juicio: 1)- INSTRUMENTAL / DOCUMENTAL: Constituida por documental de fs. 1 a fs. 15, documental de fs. 18 a fs.25, documental de fs. 32. Documental de fs. 34 a fs. 35. documental de fs. 44, documental de fs. 46 a fs. 48, documental de fs. 56, documental de fs. 64 a fs. 66, documental de fs 73 a fs. 74, documental de fs. 79 a fs. 82, documental de fs. 84 a fs. 87, documental de fs. 97, documental de fs. 100 a fs.104, informe de fs. 112 a fs. 126, informe y Documental reservada en Secretaría de fojas 127 a fs. 128, documental reservada en Secretaría de fs. 129 a 139, documental de fs. 140 a fs. 165., documental de fs. 170 a fs. 173, documental de fs. 176 a fs. 177, documental de fs. 179., documental de fs. 185 a 187, documental de fs. 199. documental de fs. 207 a fs. 214. documental de fs. 217 a fs. 250, documental de fs. 253 a fs. 254, documental de fs. 257 a 259, 762, 768/770, Informe policial de fs. 260/5, Informes de empresas telefónicas (fs. 269/270, 639/641), Chats de WhatsApp de fs. 273/6. Informes de la UNC (fs. 279/328, 344/ 461. Actas de secuestro (fs. 494/6, 511, 528/9, 534/5, 546/7, 620, 624/5). Fotografías (fs. 498/9, 572/612). Croquis (fs. 540, 567/8). 2)- TESTIMONIAL: Declaración testimonial de C. D. I. de fs. 29, declaración testimonial de S. R. de fs. 30, declaración testimonial de M. D. M. de fs. 31, declaración testimonial de S. Martinez Paz de fs. 36. declaración testimonial de M. P. M. de fs. 37, declaración testimonial de M. E. S. L. de fs. 38 a fs. 40, declaración testimonial de J. M. B. de fs. 41, declaración Testimonial de identidad reservada de fs. 42 a fs 43, declaración testimonial de M. A. G. de fs. 49 a fs. 50, declaración testimonial de S. M. B. de fs. 51 a fs. 53, declaración testimonial de M. de los A. C. de fs. 54 a fs. 55, declaración testimonial de Susana Beatriz Passalacqua de fs. 58 a fs. 59, declaración testimonial de M. N. T. P. de fs. 60 a fs. 63, declaración testimonial de S. A. B. M. de fs. 68, declaración testimonial de Ricardo Andrés Broggi de fs. 69, declaración testimonial de Irene Cecilia Fini de fs. 70, declaración testimonial de M. B. Pelegrina de fs. 71 a fs.72, declaración testimonial de M. O. de fs. 76 a fs. 78, declaración testimonial de Gastón Exequiel Negro de fs. 89, declaración testimonial de M. A. de fs. 91, declaración testimonial de W. E. S. de fs. 94, declaración testimonial de N. Alberto Tillard Barrionuevo de fs. 95, declaración testimonial de María Luz Preira Corvalán de fs. 98, testimonial de J. C. C. T. de fs. 106, testimonial de Gabriela V. de fs. 108, testimonial de L. A. S. de fs. 110, declaración testimonial de S. P. de fs. 166, declaración testimonial de A. L. A. de fs. 168, declaración testimonial de W. Stefanía F. de fs. 174, declaración testimonial de A. Paulina Gal Torres de fs. 178, declaración testimonial de M. V. S. R. de fs. 180, declaración testimonial de N. R. G. de fs. 181, declaración testimonial de Celeste Stipani de fs. 182, declaración testimonial de Francisca Armeñanzas de fs. 184, declaración testimonial de Patricia del Rosario Ordoñes de fs. 188, declaración testimonial de Ricardo Alberto Giraudo de fs. 190, declaración testimonial de Florencia Grangetto de fs. 194, declaración testimonial de M. M. C. de fs. 200, declaración testimonial de María Laura Barros de fs. 201, declaración testimonial de A. S. S. de fs. 203, declaración testimonial de J. N. O. de fs. 205, declaración testimonial de Cesar N. Combina Herrera de fs. 215, declaración testimonial de M. Wach de fs. 251, declaración testimonial de Florencia Belén Chiappero de fs. 255, A. G. R. G. de fs. 271/2, P. C. (fs. 277/8), Fernando Giraudo (fs. 489/491), Sergio Sebastián Arias (fs. 507/8), M. M. Navarro (fs. 524/6), María A. Alicia Espíndola (fs. 532/3), Matías Mercado (fs. 542/4), Facundo Regino (fs.617/8), Braian Gómez (fs. 621/2), M. Ruís E. (fs. 722/3), Victoria Ortiz Castellano (fs. 725), Guadalupe Chaguri (fs. 731), M. A. L. (fs. 732 bis), A. L. (fs. 733), C. V.L. (fs. 734), Marina Anahí Vega (fs. 742), Liliana Inés Schuty (fs. 745/6), René Luis Panico (fs. 747/8), Gerardo Marcelo Gilligan (fs. 749/750), M. Rocío Blanco (fs. 751/3), A. B. (fs. 754/5), Aracei S. P. (fs. 756/7), Leonardo Rafael Coronel (fs. 758/9), K. B. C. (fs. 760/1), A. D. M. M. (fs. 763/5), Olga Natascha Kachuka (fs. 766/7), Mabel Virginia Espinoza (fs. 772/3), L. M. (fs. 775/7), Gonzalo Marcelo Ortiz (fs. 779/780), Liliana María Manca (fs. 782/9), P. D. D. B. (fs. 793/4), Guillermo De Leonardi (fs. 905/906 y vta.) y Susana Ana Argento (fs. 937/940), Lucía Sanchez Dagum (fs. 1070/vta.).

Análisis del hecho no 1, 3 y 5:

Previo al desarrollo del análisis, y por cuestiones metodológicas, quiero realizar la salvedad que se analizarán en forma conjunta los hechos primero, tercero y quinto, ya que evidencian una clara homogeneidad fáctica y unidad de designio que aporta claridad a su análisis conjunto.

Ahora bien, esta investigación tuvo su inicio a raíz de que numerosos testigos declararon que para aprobar la materia de Microbiología, cuyo único titular de Cátedra por muchos años fue el Sr. Luis O. O., debían realizar un pago a través de una Academia, que estaba a cargo, primero del Sr. O. C. y luego del Sr. A. M., dinero que lograrían obtener mediante el miedo de los alumnos a ser aplazados arbitrariamente en la materia Microbiología a cargo del profesor Titular O., quien fue por mucho tiempo único titular de cátedra de dicha materia. En caso contrario habrían sido aplazados, impidiéndoles avanzar en el cursado de odontología, ya que el sistema de correlatividades no les permitía seguir cursando los años subsiguientes.

Las historias personales relatadas en el primer hecho estarían respaldadas por los numerosos testimonios receptados a las víctimas o sus allegados que conocieron los hechos, con prueba documental confirmatoria para los requerimientos de probabilidad de esta etapa procesal.Se han incorporado al presente expediente capturas de pantallas de chats (o conversaciones) donde constan amenazas de A. M., advirtiendo a los estudiantes sobre represalias que tomaban si ellos compartían los apuntes. Además en la investigación realizada por el representante de Ministerio Público, se pudo obtener copia de los apuntes que suministraba la academia, con las mismas características que las referidas en la plataforma fáctica en la que el Fiscal acusó a los nombrados de realizar las actividades ilícitas mencionadas por los estudiantes en sus declaraciones (fs. 32, 130/138 y 185/186).

Obran incorporadas las actas de exámenes de donde se pueden advertir los aplazos referidos por los alumnos en sus testimonios. A modo de ejemplo, voy a referirme a los padecimientos sufridos por el alumno M. E., quien por resistirse a pagar la academia fue reprobado por O. reiteradamente hasta que debió abandonar la carrera, esa declaración encuentra apoyo convictivo en el testimonio de sus compañeros y su certificado analítico de fs. 161 y ss., de donde surge exactamente confirmada su historia de vida y todos sus padecimientos, llamativamente en las demás materias de la carrera no tuvo esos problemas. En un primer momento la fiscalía no habría podido recibir su testimonio, porque habría resultado tan afectado por la supuesta empresa delictiva de O., que años después dicha afección le impediría declarar (fs. 214), lo que finalmente realizó en sede judicial (ver fs. 722/3). Allegados a él declararon que el mecanismo ilegal implementado por O. no logró doblegar su voluntad, porque se negó férreamente a pagar, pero esto le significó ver frustrada su vocación y proyecto de vida, que quedó refrendado por su declaración, donde afirmó que O. lo había aplazado cinco veces, dijo que le decían que dejara de renegar, que si iba a la academia aprobaba, pero que era mucho dinero, más los costos de mantención que le significaban un esfuerzo muy grande a su familia.Que hizo terapia dos años, pero hasta el día de hoy saber que tiene que rendir un examen lo angustia. Que abandonó odontología y hoy estudia profesorado de música. Expresó que si no le hubiera pasado lo que le pasó en microbiología, sin lugar a dudas no hubiera abandonado y hoy sería dentista.

La testigo S. B. relata que el día 18 de julio de 2016 fue a rendir una vez más después de reiterados aplazos que le habría impuesto O., por no poder pagar la academia, recordado puntualmente, que el titular la habría advertido que había gente que sin pagar la academia tenía los temas y en represalia -tal como les advertían los cómplices que daban el supuesto curso- hizo un bochazo masivo. Este relato encuentra corroboración documental precisa con el acta incorporada a fs. 159.

Ahora bien, refiriéndonos a la conexión entre el profesor O. y la academia a cargo primero de A. C. y luego de A. M., surgiría de la articulación muy precisa que trasuntan los siguientes datos obtenidos en la abundante prueba testimonial: a los que pagaban en la academia les habrían dado el contenido del examen que luego les tomaba O. En general, O. habría aplazado a los que no iban a la academia particular, y aprobado a los que iban. O. habría conocido al momento del examen quiénes habían pagado la academia para aprobar, incluso más de una vez tenía una lista de ellos y en algún caso hasta advirtió que no dijeran nada de la academia: «se les acercó O. y en voz baja les dijo que no tenían que decir nada de la academia, que él los iba a hacer pasar y los iba a aprobar, él tenía la lista» (testimonio de M. Torres Passalacqua, fs. 60). O. habría cumplido las amenazas que anunciaban los encargados de la academia C.y M., cuando alguien compartía el material o las preguntas con quiénes no habían pagado, aplazando a quienes osaran hacerlo.

Es importante señalar que el pago para aprobar no habría sido una decisión deseada y tomada libremente por los alumnos que lo hacían. No se trataba ni de un negocio conjunto entre docente y estudiantes en beneficio de ambas partes, ni de un acuerdo venal en el que libremente confluyen uno y otros. La entrega de dinero de los alumnos habría sido producto de la intimidación que les causaba la amenaza de no aprobar la materia si se resistían a hacerlo. No se habría tratado de una situación de complicidad entre estudiante y docente, sino de victimario a víctima, ya que los alumnos que se habrían visto obligados a pagar, lo habrían hecho coaccionados y en una situación de inferioridad muy lejana a la espontaneidad. Hay muchísimas descripciones claras de cómo operaba en el ánimo de los alumnos el sistema extorsivo que habría sido pergeñado por O. y sus secuaces de la academia:

«sabía que si no hacía iba a desaprobar» (Camila Delpicolo fs. 29); «era un problema ir a rendir sin pasar por la academia, sabía que no iba a aprobar por más que estudiara» (M. M. fs. 31); «no tenías opción» (S. M. P. fs. 36); «tenía pánico a esta materia, todo el mundo lo tiene, por eso terminé pagando» (M. P. M. fs. 37); «había que pagar para no ser aplazado injustamente.le tenía pánico a O.lo hizo con mucha bronca por la impotencia de tener que pagar por miedo» (Emilia Saad L., fs. 38); «había que pagar una academia y si no lo hacían no aprobaban.no les quedaba otra que hacerlo» (A. Gelos fs. 49); «se sintió abatida al saber que si no pagaba siempre le iba a buscar la forma de desaprobarla. Era la octava vez que desaprobaba» (S. B. fs.52); «la presionaban muy veladamente para que pague una academia para aprobar.era un círculo, una situación extorsiva con constantes amenazas.ante el temor de que no pagaba su hija no aprobaría, con mucho esfuerzo le pagó la academia» (Susana Passalacqua fs 58); «manipulaban con el miedo, era una situación espantosa» (M. Torres Passalacqua fs. 60); «rendir sin pagar la academia no aprobaban, eso le daba miedo.pagó por miedo a que si no pagaba no iba a aprobar, no tenía opción» (M. B. Pelegrina fs. 71); «desesperada tuvo que ceder a la presión y pagar la academia» (M. O. fs. 76); «entendió que la única forma de aprobar esa asignatura era pagando en la academia, no le gustaba, pero no tenía alternativa, debía pagar si quería seguir. Pagó por el miedo a no ser aprobado» (Gastón Negro fs. 89); «nos negábamos a pagar la academia pero tuvimos que recurrir para poder aprobarla» (M. A., fs. 91); «salí a decir públicamente ante mis compañeros que si no pagabas, no aprobabas. O. me increpó por lo que había hablado» (N. Tillard, fs. 95); «tenía miedo de quedarme libre y no aprobarla nunca más. todo esto me provocó un estrés terrible.tuve ataques de pánico» (María Luz Pereira, fs. 99)» (M. L. P. C., fs. 99); «me puso un 1 a pesar de haberle respondido.me desaprobó en tres oportunidades.tuve que acceder a pagar el curso» (Gabriela V., fs. 108); «si no asistías a la academia.el profesor L. A. O. te desaprobaba. buscaba implantar miedo para que nosotros hiciéramos lo que él quería» (L. A. S., fs. 110); «para rendir el final tuve que pagar la Academia» (S. P., fs. 166); «desistía a último momento por miedo, sabía que no la iba a aprobar sino pagaba la academia, veía como aplazaban a decenas de compañeros que no pagaban su academia.el miedo que generaba era terrible» (Analía A., fs.168); «tuvo que ir a pagar a la academia, fue la única que la aplazaron así dos veces sin saber por qué.todos le tenían miedo a O.tenían miedo y por ese motivo pagaban la academia y no decían nada.pagar por miedo a que no aprobara sumado a la Facultad que no les hacía caso con los reclamos» (W. F., fs. 174); «no había otra posibilidad de aprobar esa materia que no fuera pagando la Academia» (María Victoria Saadi, fs. 180); «la pasé muy mal en esta materia, quise dejar la carrera, pero mis papás me insistieron para que siguiera y me pagaron el curso para poder aprobar» (N. G., fs. 181); «era mucho estrés el que se vivía durante el cursado porque no teníamos que esconder los que nos habíamos preparado en la academia para no pasar los apuntes.sabía que si pasaba los apuntes o las preguntas no aprobaba nunca más la materia» (Florencia Grangetto, fs. 195); «nos advirtieron que había una academia que tenía relación con el titular y que tenías que ir porque era la única forma de aprobar.la mejor forma para no rendir tantas veces era pagar es Academia.todo el tiempo estábamos amenazados por A. C. de no poder pasar las preguntas.que si ellos se enteraban que pasábamos la información nos iban a hacer algo, que ellos conocían gente que golpeaba a gente, que nos íbamos a quedar libre, que lo íbamos a sacar más.la presión emocional era terrible, quería terminar con todo» (A. S. S., fs. 203); «intentó hacer la materia sin pagar porque no quería llegar a eso.se dio cuenta que no iba a lograr pasar esa materia sin pagar y que se iba a atrasar en la carrera.Lo habló con su madre y les dio mucha bronca esto, pero si no pagaba no podría hacer tercero y sobre todo cuarto año.por más que se esforzara no la iba a probar.le molestó mucho tener que pagar, estaba con mucha bronca, enojada, su mamá le dio la plata, estaba en contra, pero también se sentía presionada por lo que le pasaría si no pagaba» (J. O. fs. 205); «me sentía muy agobiada. La personalidad de esta persona me llevó a tenerle mucho rechazo y miedo» (Florencia Chiappero fs. 255); «me hizo una pregunta que no estaba dentro del programa, mientras pensaba la respuesta me gritaba y se dirigía muy irrespetuosamente.me aplazó con un 1. Después de escuchar que a todos les pasaba lo mismo en esa fecha y para todas las fechas, para la siguiente mesa decidí pagarla.cuando me presenté ya habiendo pagado la academia fue increíble el cambio de personalidad y humor de O., fue amable y me dejó hablar en el examen sin hacerme ninguna pregunta y me aprobó rápidamente» (C. M., fs. 253).

«Me sentí muy frustrada y enojada porque pude confirmar que los rumores descriptos más arriba eran ciertos.Es decir que si yo no hubiera pagado ese curso paralelo jamás hubiese aprobado o me hubiesen aplazado una mayor cantidad de veces hasta que pagar el curso» (Victoria Ortiz Castellano, fs. 703); «En dicho turno aprobamos todos los alumnos que nos habíamos hecho preparar por la academia, no siendo esta la suerte de quienes no la habían abonado» (M. A. L., fs. 705); «Ante el temor de ser aplazada en reiteradas oportunidades como le ocurrió a varias de mis compañeras y amigas es que decidí ahorrar dinero a los fines de pagar la academia. De no haber abonado la academia, por más conocimiento que yo tuviera en la materia o siendo una erudita en la misma, no hubiese aprobado. En síntesis, tuve que abonar la academia por la intimidación que me había generado» (A. L., fs.706 vta.); «Ante el temor de ser aplazada en reiteradas oportunidades como le ocurrió a varias de mis compañeras y amigas es que decidí solicitarle a mis padres que abonaran la academia.Les explicité el estrés que esta situación generaba en mi, estrés que me llevó a que me internaran por mononucleosis en el Sanatorio Allende» (Guadalupe Chaguri, fs. 707); «Empecé a ahorrar para evitar otro bochazo sin sentido.Por todo lo sucedido lloré varias veces, tanto lloré cuando me di cuenta que tenía que pagar la academia, siendo que yo no soy rica porque básicamente no tengo la plata» (Verónica López, fs. 708); «Me presenté a rendir por primera vez el examen final, ante lo cual previamente había pagado la academia para hacerme preparar por temor a no aprobar» (Marina Vega, fs. 750); «Yo no sabía qué hacer, yo estudiaba de los libros de la Cátedra y no aprobaba con eso, hasta le pedí a los libros de medicina a mi hermana, que eran un poco más complejos para ver si así aprobaba» (M. Rocío Blanco, fs. 751); «Al ver que no iba a poder aprobar la materia, quise empezar en la academia» (A. B., fs. 754); «Todo el mundo conocía de la existencia de la academia, y que si no te anotabas, era muy difícil aprobar la materia» (A. P., fs. 756); «Tuve que pagar la academia para sacar la materia, porque sabía cómo era la situación. Sabía que no iba a aprender, solo pagué para poder aprobar, por el miedo de volver a quedarme libre» (A. M., fs. 763); «Todos trataban de inscribirse en la otra cátedra para no tener a O., pero como no pude hacerlo, me tuve que hacer preparar para no perder el año» (Olga Kachuka, fs. 766); «Yo tengo la intensión de estudiar pero parece que no se puede aprobar» (L. M., fs. 775).

Estas afirmaciones, todas contestes en lo medular, es decir, en las maniobras ilícitas que habrían desplegado tanto O., como C.y M., habrían sido reseñadas con todas las letras una docente de la misma cátedra: «es cierto lo que se ha destapado, que para aprobar microbiología con O. había que pagar una academia y si no los aplazaban» (Patricia Ordoñes, fs. 188 vta.). Otro docente ajeno a la cátedra, habría dicho de O.: «es verdad que le tienen miedo» (César Combina Herrera, fs. 215). O un profesor de otra materia: «claro que había un exceso de poder de O. con una absoluta indefensión de los alumnos.en la academia cuando se enteraban que los alumnos compartían material, venían las amenazas.puesto en una posición de poder frente a los alumnos» (Ricardo Giraudo, fs. 190). También se cuenta en las actuaciones con un odontólogo recibido que fue consejero y reclamó por la situación: «no se animaban a hablar por miedo.nadie se animaba a hablar porque le arruinaban la carrera» (M. C., fs. 200).

Finalmente, y para más razones, cabe destacar que de las declaraciones recibidas tanto a C. como a M., no ha sido controvertido que las academias existieron, que ambos tuvieron relación directa con el incoado O. y que se dedicaron a preparar alumnos en la cátedra de microbiología, en la cual O., fue por muchos años, único profesor titular, hasta que debido a la gran cantidad de quejas por su materia se solicitó la creación de otra cátedra, esto fue declarado también por la Dra. Lutri en su manifestación defensiva (ver fs. 815/816 y vta.).

Ahora bien, este Tribunal, luego de que el Sr. Fiscal Federal recibiera una gran cantidad de declaraciones como las ya valoradas, al retomar la investigación de la causa resolvió levantar el secreto fiscal de los investigados y solicitar a AFIP la información de la base de datos denominada E-Fisco.Por lo que corresponde ahora tratar los diversos elementos de prueba colectados en la información obtenida y que fue incorporada en la carpeta de documentos digitales de la presente causa.

Del documento electrónico correspondiente a O., surge una cuenta corriente bancaria de disposición conjunta entre O. y M. en el Banco Macro (ver pag. 101 del E-Fisco de O.). Ello motivó a solicitar precisiones desde el superlink al órgano recaudador, quien remitió un documento de 18 páginas en formato pdf que puede visualizarse en la carpeta de documentos digitales, que ratifica la existencia de esa cuenta bancaria. Así el origen de esa cuenta corriente permite -para el presente análisis- inducir que la misma podría deberse razonablemente a la relación económica que existía entre O. y M. por los réditos económicos que la academia les redituaba, sino no se explica el motivo de la misma y ello es un indicio que valorado en conjunto con todo lo ya analizado no hace más que acreditar la lucrativa actividad que la venta de la materia microbiología les redituaba a los nombrados.

En cuanto a la relación entre O. y Casalís, surge del documento digital anexado a las presentes actuaciones, más precisamente el pdf del E-Fisco perteneciente a O. y el de Casalís, una donación de un inmueble realizada por O. a C., que probaría una transferencia de derechos reales en favor de C. y luego un inmueble que le donó O. en forma directa a la hija de Casalís (ver fs. 58, 101 del pdf del E-Fisco de O.). Esto motivó que el Tribunal a través de una orden de presentación, le solicite a la escribana interviniente, copia de la escritura de dicha donación, pudiendo establecerse que se trata de un inmueble de setenta y tres metros cuadrados en calle C.No xxx, cuyo valor comercial se estima que superaría los ciento veinte mil dólares (U$S 120.000), esa trasferencia de dominio a título gratuito resulta significativamente relevante para acreditar el grado de cohesión entre ellos por la actividad ilícita lucrativa que importaba la academia. La relación afectiva, que O. reconoce en su descargo al manifestar que es el padrino de la hija de C., no justifica el desprendimiento económico que el acto donativo representa, máxime cuando del análisis conjunto de los informes E-fisco de ambos, no hacen más que refrendar un incremento económico significativamente relevante e injustificado que indiciariamente podría responder a la actividad de venta de la materia microbiología.

Es así, que todo lo relatado y analizado en los párrafos anteriores, son contestes con las copias de las diferentes escrituras y certificaciones que aportó la Escribana Claudia Morano (ver pdf compuesto por 60 fojas que se encuentra anexado a la carpeta de documentos digitales), en donde se documentó diversos asientos notariales que dan cuenta de registraciones de derechos reales de usufructo y donaciones, como los ya valorados, con datos más precisos en relación con el valor económico y detalles de los inmuebles que involucran a los mismos.

Ahora bien, en relación a O., de su E-Fisco podemos observar que figuran un departamento adquirido como inversión en calle independencia 991 de ciento seis metros cuadrados, una cochera de dieciocho metros cuadrados, situada en el mismo domicilio, ambos en alquiler, un departamento adquirido como inversión en calle C. 1296 de ciento ochenta y dos metros cuadrados, un departamento situado en Nueva Córdoba, en calle C. xxx, de ciento cuarenta y dos metros cuadrados, un local en alquiler, de cuatrocientos diez metros cuadrados situado en Av. Figueroa Alcorta no 287, y una casa adquirida como inversión, de cuatrocientos cincuenta y cinco metros cuadrados, situada en calle Gral.Paz 233, en la localidad de Villa Dolores.

Puede claramente advertirse que ese cúmulo patrimonial, no se condice con su actividad de docencia, en la que declaró que gana mensualmente unos ciento veinte mil pesos ($ 120.000), sería palmariamente evidente que con dicho ingreso no podría haber incrementado su patrimonio de la manera que refleja su situación tributaria. Pero sumado a ello, y en fs. 14 y 147 del pdf del E-Fisco correspondiente a O., se advierte además que posee derechos de usufructo sobre tres inmuebles más, en los cuales figura como nuda propietaria o titular registral la nieta del profesor O. cuyo CUIL es Nro. 27-30692731-6. Como es sabido el usufructo de un bien inmueble es el derecho real a disfrutar de modo completo y sin alterar su modo de ser. El usufructuario está legitimado a usar el bien inmueble, pasando a ser de su propiedad las rentas o rendimientos que genere el bien inmueble durante la vigencia del usufructo que generalmente se establece en forma vitalicia. Esta registración notarial bien pudo ser utilizada para -de alguna manera- disimular el incremento patrimonial del acusado, y la adquisición de dichos inmuebles bien puede interpretarse que son el reflejo de las sumas de dinero obtenidas del rédito de las academias, tanto en su sociedad con C. en primer término, como con M. Además se advierte del perfil fiscal de O. que se deben sumar tres posibles adquisiciones de inmuebles en construcción o en pozo, dado a las relaciones comerciales que reflejan con las desarrollistas Inverco SA, Cuit 30-71656743, Maxi SA (CUIT30-63925272-4) y AGC Inversiones y Desarrollos SAS , Cuit 30-71656743-1 (ver fs. 24, 101 y 125 del pdf Correspondiente al E-Fisco de O.). Si sumamos a los inmuebles anteriores, se puede establecer que el patrimonio de O.(solo en propiedades inmuebles) asciende a un total de once (11) inmuebles, que por su ubicación y valor de cada uno de ellos, resulta un indicio claro de que el origen de los mismos podría tratarse de sumas de dinero obtenidas en forma ilícita a través de la Academia, lo que debe dar lugar a una posible investigación por lavado de activos de origen delictivo.

Para concluir con el análisis de la plataforma fáctica, ha quedado acreditado, para los requisitos de probabilidad exigidos en esta instancia procesal, que L. A. O., A. O. C. y A. M., actuando en conjunto, habrían exigido sumas dinerarias a los estudiantes, a través de una academia que funcionaba de fachada, para aprobar la materia de Microbiología, cuyo único titular de cátedra fue por muchos años L. A. O.

Análisis del tipo penal:

En el mismo sentido, que en el análisis de los hechos que anteceden, considero que previo al desarrollo del análisis, y por cuestiones metodológicas, quiero realizar la salvedad que se analizarán en forma conjunta los hechos primero, tercero y quinto, ya que evidencian una clara homogeneidad fáctica y unidad de designio que aporta claridad a su análisis conjunto.

Ahora corresponde adentrarnos en el análisis del tipo penal de extorsión, que a diferencia de los delitos de hurto o robo (arts. 162 y 164 C.P.), la figura de la extorsión presupone la intervención involuntaria de la víctima en el desplazamiento patrimonial perjudicial. El autor del delito de extorsión debe impeler al ofendido a poner a disposición del primero bienes, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. El contenido de lo injusto de este delito se caracteriza por el medio intimidatorio utilizado contra la víctima para determinar la entrega de esos bienes en general a favor del autor o de un tercero que actúa en connivencia (CNCP, Sala III, reg.no 544, «Barrita, J.» de 15/11/98). Algunos autores apelan a la discontinuidad inherente de la intimación en este delito de extorsión, a diferencia de lo que acontece con el delito de robo, que es inmediata (Soler, p. 320; D’Alessio, p. 438).

En este sentido, se ha dicho que la intimidación «es una forma de violencia moral en la cual el acto realizado, si bien voluntario, es vicioso, porque la voluntad no se determina con libertad suficiente, sino constreñida» (Soler, p. 315). El bien jurídico tutelado es la propiedad (D’Alessio, p. 436, con variadas referencias). Como se dijo, la singularidad de este delito está dada por el medio empleado para lograr el resultado típico, esto es, el perjuicio patrimonial. Mientras que en el delito de estafa y demás defraudaciones, el elemento engaño y el error subsiguiente de la víctima juegan un papel preponderante para la producción del desvalor del resultado, acá el agente actúa sobre el poder de decisión del sujeto pasivo al condicionar su voluntad y lograr el desplazamiento patrimonial ruinoso. Sin hesitar, la libertad de disposición de la víctima es puesta en juego, pero dicha afectación aparece como un vehículo necesario para lograr el perjuicio patrimonial.

La acción típica consiste en «obligar» a otro a entregar, enviar, depositar o poner a disposición del autor o de un tercero los bienes o documentos que produzcan efectos jurídicos. Esta forma de compeler a otro debe realizarse mediante el uso de intimación o simulación de autoridad pública o falsa orden de ella. El uso del medio coactivo debe ser idóneo para alarmar o amedrentar a la víctima, pero la ausencia de dicha característica intimidante admitiría igualmente que se tratase al hecho como uno tentado o como un delito imposible (Núñez, p. 257). Algunos autores sostienen que no es menester que la intimidación alcance necesariamente el grado de coacción (Laje Anaya, p.82). Presupuesto necesario de la comisión de este delito es la presencia de una voluntad contraria de la víctima, es decir, la figura de extorsión reclama que la víctima haya sido compelida a la producción del resultado lesivo (D’Alessio, p. 437). Si en el caso concreto no existe una voluntad contraria de la víctima y ella entrega lo exigido por causa propia, no existirá delito alguno. En consecuencia, debe reclamarse en esos casos la existencia de una relación de causalidad entre la acción del autor de obligar a la víctima y la puesta a disposición coactiva perjudicial patrimonialmente de esta última (Nuñez, p. 260).

Uno de los medios ejecutivos típicos, es la «intimidación», que demanda el uso de medios coactivos sobre la voluntad de decisión de la víctima (M.rio/Aguirre Obarrio, p. 294). Se incluye acá el uso de amenazas simples o coactivas (D’Alessio, p. 438). La característica esencial de la intimidación reside en el anuncio de un mal grave, real, futuro y serio. Habrán de exigirse en esta especie las mismas características que deben rodear al uso de amenazas. La comprobación de la gobernabilidad del daño es necesaria cuando se habla de intimidación (Laje Anaya, p. 86).

Los actos exigidos por el autor se limitan a la obligación de entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero bienes o documentos que produzcan efectos jurídicos (CNCC, Sala V, c.20.248, «Martinez, D.», de 27/11/02). La acción de entregar presupone la intervención personal de la propia víctima, mientras que las restantes, aceptan la posibilidad de la intervención de un tercero, por ejemplo, el envío por parte de un empleado del dinero solicitado o su puesta a disposición a favor del autor.

Además de las cosas muebles, el tipo penal prevé la entrega de «dinero» que puede ser tanto la moneda corriente o de curso legal de nuestro país como dinero extranjero.Se trata de un delito doloso. Habrá de requerirse, entonces, que el autor conozca la ilegitimidad de su exigencia y quiera utilizar los medios empleados para lograr dicho fin. Esta figura penal es compatible con el dolo directo. La posibilidad de apreciar error de tipo o de prohibición dependerá del conocimiento del autor sobre la licitud de los medios empleados y la legitimidad de la exigencia impuesta a la víctima.

La figura de extorsión es un delito de resultado. La consumación coincide con el perjuicio económico irrogado a la víctima (M.rio/Aguirre Obarrio, p. 314; Soler, p. 329). No es menester para la consumación que el autor haya entrado en contacto con los bienes o documentos tutelados (Creus/Buompadre, pp. 98 y 99; Donna, p. 281; D’Alessio, p. 440). En el caso de la modalidad comisiva de la entrega, la doctrina exige que la cosa haya quedado en poder del autor o un tercero (Laje Anaya, p. 87).

Que ante lo expuesto, en relación al hecho referido, y teniendo en cuenta lo analizado en relación con la responsabilidad penal de L. A. O., A. O. C. y A. M., entiendo que con el grado de probabilidad requerido en esta instancia procesal ha quedado demostrado que los acusados, con conocimiento e intención, habrían solicitado a los alumnos de la cátedra de Microbiología, que como condición para aprobar dicha materia, entregara una suma de dinero a la academia regenteada primero por Casalís y luego por M., y de no hacerlo habrían sido aplazados, entendiendo que dicho accionar encuadra en la figura penal de Extorsión Continuada (CP., 168 y 54), en carácter de coautores (art. 45 del Código Penal).

Finalmente, en lo que respecta a la prisión preventiva como medida de coerción, es menester tener en cuenta en primer lugar que, al delito atribuido a los imputados, les corresponde la pena privativa de la libertad y en principio no procedería la condena de ejecución condicional; a ello se agrega lo dispuesto en el art.319 del CPPN que contiene las pautas que impedirán la concesión de la libertad al encartado, dado que las particulares circunstancias del caso, hacen presumir que podrían intentar eludir la acción de la justicia o entorpecer el curso de la investigación.

Que la prisión preventiva es una medida que limita o restringe la posibilidad de que el imputado goce de libertad y que estando regulada en abstracto en la Ley Procesal Penal, y teniendo naturaleza cautelar y provisional, la dispone el Juez, en la medida de la más estricta necesidad actual y concreta, para evitar el daño y asegurar en definitiva, la actuación de la Ley, estando presidida, por el estado jurídico que define el principio de inocencia.

En efecto, la jurisprudencia de la CNCP ha marcado una serie de pautas sobre cómo debe interpretarse el instituto excarcelatorio, y cuáles deben ser los requisitos tanto para su concesión como para su rechazo, siendo éstos: a) necesario, b) indispensable, c) de duración razonable y d) proporcionado, y que aún cuando la imputación de un delito por el que puede recaer una pena de efectivo encierro, pueda resultar un elemento relevante al momento de analizar la presunción de fuga, esa sola circunstancia no permite dejar de lado el análisis de otros elementos de juicio que pueden posibilitar un mejor conocimiento de la concreta existencia de ese riesgo. La imputación de un delito determinado no puede, por ello, ser tomada como una circunstancia excluyente de cualquier otra en el análisis que corresponde efectuar a la luz de lo dispuesto por los arts. 280, 312 y 316 a 319 del C.P.P.N. (Sala : III, Registro n° 790.05.3, «Balanovsky, Gabriel S/Recurso de casación», se cito C.N.C.P. – Sala IV, «Pietro Cajamarca S/Recurso de casación», Reg. n° 6522, causa n° 5199, rta. el 20/4/05; «Beraja, Rubén Ezra y otros S/Recurso de casación», Reg. n° 6642, causa n° 5124, rta.el 26/5/05, causa n°: 5917).

En los mismos autos se dijo que debe existir justificación racional que permita tener por fundada la posible elusión o el entorpecimiento de la justicia por parte del imputado, en definitiva, la existencia o peligrosidad procesal en la causa que justifique su encarcelamiento preventivo.

En este orden de ideas, resulta de una trascendencia dirimente destacar que M., C. y O. están imputados por el delito de extorsión reprimido con pena privativa de libertad que en caso de condena no permitiría una ejecución condicional (CP., 26 y CPPN., 312 inc. 1o). No corresponde la exención de prisión por cuanto el artículo 316 del CPPN la permite cuando el delito no tenga una pena superior a 8 años (la extorsión lo supera) y el artículo 319 impide conceder la libertad cuando haya riesgo procesal. Pero en el caso que nos ocupa hay elementos para afirmar que los imputados son sujetos procesalmente peligrosos. Razones:

El delito de extorsión tiene una pena en abstracto elevada (de 5 a 10 años); además el caso que nos ocupa reviste especial gravedad. De acuerdo a lo desarrollado en la fundamentación pueden advertirse las circunstancias que referiré a continuación. El principal involucrado, Luis O., es un titular de Cátedra, con una posición de poder que habría logrado eludir durante más de 20 años la investigación administrativa de sus acciones (ver hecho segundo, cuarto y sexto). Las acciones que se le reprochan aparecen causantes de un tremendo daño institucional y personal. Afectaría el prestigio de la institución pública en la que se desarrolló, salpicando a todos, lo que es injusto, porque los alumnos que han declarado en su contra han sido contestes en afirmar que en ninguna otra materia ocurría algo así.

Las maniobras que habrían sido desplegadas por O.de atar la nota de los exámenes a acciones a arbitrariedades, discriminaciones y extorsiones, distorsiona el sistema académico al introducir criterios en la evaluación que no tienen nada que ver con el mérito y la calidad del estudiante.

Los hechos atribuidos a O. constituirían actos de corrupción administrativa, violencia institucional y de género, que el estado argentino se ha comprometido internacionalmente a perseguir eficazmente (Convenciones de Caracas y de Belem do Pará). El propio estatuto de la UNC, proclama: «se considerarán actos que afectan la dignidad y la ética universitaria, entre otros, los comportamientos que importen discriminación o violencia de género» (art. 2 de la Res. 9/12 del Honorable Consejo Superior).

Por otra parte, son numerosos los testimonios que señalan a O. como una persona influyente, con conexiones, que generaba miedo. Sobre el particular, el Fiscal ha expresado en su requerimiento acusatorio que al comienzo de esta pesquisa costaba conseguir testigos, ya que cuando eran contactados muchos manifestaban tener miedo a declarar, por las represalias que O. podía tomar y la protección que tenía en la Facultad. Afirmó que hubo que convencer a los primeros testigos dándoles garantías, asegurándoles que hay voluntad de investigar y lo valiosa que resulta su intervención como órganos de prueba para que se conozca lo que pasó. Poco a poco esos testigos, que valientemente dieron los primeros aportes importantes, fueron transmitiendo confianza a otros, gracias a la cual hubo innumerables personas que se comunicaron con la Fiscalía para declarar, a punto tal que no ha podido recibírsele declaración a todos por la cantidad. Aun así, el miedo a declarar sigue siendo manifestado y algunos pidieron declarar con reserva de identidad (fs. 42 y 49).

También hay que tener en cuenta que los testigos han dado cuenta de las amenazas y manipulaciones a las que eran sometidos, principalmente por C.y M., para no difundir los hechos objeto de esta investigación.

Es así que considero, en el hipotético caso de otorgarle la libertad, los encartados podría intentar eludir el accionar de la justicia o entorpecer el procedimiento, teniendo en cuenta el tipo de delito que se le imputa.

En consecuencia corresponde convertir en prisión preventiva la detención que viene sufriendo L. A. O., A. O. C., A. M. (art. 312 inc. 1° del C.P.P.N.), manteniendo el beneficio de prisión domiciliaria otorgada a los nombrados.

Que ante lo expuesto, en relación a los hechos referidos, y teniendo en cuenta los elementos de convicción reunidos, considero que se encuentra acreditada prima facie, con grado de probabilidad, la responsabilidad penal de L. A. O., A. O. C. y A. M., por lo que corresponde ordenar el procesamiento con prisión preventiva de los nombrados, como coautores responsables del delito de Extorsión Continuada (CP., 168 y 54), en carácter de coautores (art. 45 del Código Penal), manteniendo el beneficio de prisión domiciliaria otorgado (arts. 312 y 310 del C.P.P.N.).

Que ante la eventualidad de que recayere en contra de L. A. O., A. O. C. y A. M., una sentencia condenatoria, se estima justo y adecuado trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000), para cada uno de ellos o en su defecto inhibirlos de la libre disposición de los mismos e imponer la inhibición general de bien a L. A. O. por el plazo de 90 días (art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

Análisis de los hechos no 2, 4 y 6:

Ahora bien, en relación con lo analizado en los hechos anteriores, la funcionaria que cumplía funciones en los periodos del 27 de junio de 2014 hasta el 11 de septiembre de 2020, en relación con el carácter funcional como Decana era la Sra. M. S. de L. (fs.283 y ss., figura la documental de designación de la imputada como máxima autoridad de la facultad).

Y como máxima autoridad de esa unidad académica, más específicamente la Facultad de Odontología de la U.N.C., habría formado parte de su atribución haber iniciado actuaciones administrativas para investigar inconductas docentes o denunciar delitos que conociera en la función, conforme a la normativa descripta en la fijación del hecho.

Coinciden numerosos testigos, tanto estudiantes, egresados, como docentes, que las inconductas del imputado O., que brevemente habrían consistido en que se imponía como condición para aprobar la materia de Microbiología, cuyo único titular de Cátedra por muchos años fue el Sr. Luis O. O., debían realizar un pago a través de una Academia, que estaba a cargo, primero del Sr. O. C. y luego del Sr. A. M., dinero que lograrían obtener mediante el miedo de los alumnos a ser aplazados arbitrariamente en la materia Microbiología a cargo del profesor Titular O., conducta que ha sido analizada en el hecho primero y a cuyos argumentos me remito en honor a la brevedad, habrían sido conocidas desde hace mucho tiempo por las distintas autoridades de la Facultad de Odontología; algunos las remontan a 25 años atrás (testimonial de fs. 189 vta.). Y también hay consenso testimonial en que las sucesivas autoridades de la Facultad no habrían tomado medidas para investigar los hechos que estaban en boca de todos los estamentos de ese centro de estudios.

Cabe aclarar, que no se estaría analizando un posible reproche por no actuar frente a simples rumores, chismes, comentarios sin identificación del origen o fuente de conocimiento, ni siquiera de la cantidad de cosas que livianamente suelen circular sin sustento en las redes sociales, donde los entre dichos y las noticias falsas o fake news son una realidad frecuente. El caso en análisis presenta particularidades diferentes. La noticia de que O.habría venido realizando estas maniobras extorsivas, habría sido sostenida en el tiempo, reiterada, lo habrían expresado las mismas personas que lo sufrían en carne y hueso, los docentes que estaban en contacto con ellos, lo habrían planteado consejeros y nunca habría habido voluntad de investigarlo.

Sucedieron distintos elementos fácticos, que deben ser analizados en forma unívoca, en función del probable accionar de la Decana, a saber:

Como se explicó precedentemente, los testigos reiteradamente aseguran que las autoridades conocían lo que pasaba con O.

Como se dijo, la Decana actual está al frente de la Facultad desde 2014, e inclusive desde antes era Secretaria Académica, además de ser docente de muchos años en la institución (fs. 190).

La funcionaria habría hecho declaraciones públicas que no se ajustan a la verdad de lo acontecido. La Decana habría dicho a los medios de prensa (fs. 257 a 259):

«Se han hecho averiguaciones siempre y nunca se pudo comprobar absolutamente nada.siempre hemos tomado cartas en el asunto». Los testigos de la causa son contestes en que siempre se evitó investigar el tema.

«Nunca tuve una denuncia formal por parte de absolutamente ningún alumno, sino hubiéramos llevado adelante el mismo procedimiento que estamos llevando adelante ahora.un decano no puede actuar de oficio.una denuncia formal por parte del alumno, de no tener tenerla,uno está atado de pies y manos». La versión se contradice con la decisión de iniciar actuaciones de oficio (fs.56), obviamente de manera tardía cuando ya el escándalo público aparecía infrenable.

«No se hizo nada porque nunca lo supimos.las versiones eran más insistentes después de algún examen, pero no era algo constante que daba vueltas en la Facultad». Además de que los testigos habrían coincidido abrumadoramente que el reclamo y las quejas eran constantes y sostenidas en el tiempo y que las autoridades de la Facultad presentes y pasadas sabían lo que ocurría, en el caso de la Decana actual, se habrían sumado elementos precisos de conocimiento: habría habido reclamos y pedidos de veedores por parte de los representantes estudiantiles, y en el Consejo Directivo cuando se debatió la creación de una nueva cátedra, se discutía y debatía la inconducta de O. La posición impulsada por la Decana de responder a los crecientes cuestionamientos a O. con la creación de una nueva cátedra, habría sido una forma de no evitar que O. cesara con sus conductas cuestionadas y esquivaba investigarlo seriamente, porque intentaba desinflar el conflicto con los alumnos. En vez de propiciar y hacer una investigación seria sobre lo que todo el mundo decía que hacía O., la decisión de sumar otra cátedra sólo le reduciría el probable negocio al 50%. De esta forma O. lo habría continuado sin ser investigado ni sancionado y en esencia todo seguiría más o menos igual. Una medida parcialmente paliativa, podríamos llamarla. A partir de ese momento O. seguiría sin ser molestado por las autoridades, y una mitad de alumnos afortunados que les tocara la flamante cátedra no tendrían que pagar para aprobar la materia, y la otra mitad de desdichados que cayeran en la de O. seguirían expuestos a pagar so pena de no aprobar. Explican bien esta respuesta insuficiente que le habría permitido a O. continuar con sus ilegalidades, los testimonios de quienes participaron en esos reclamos y debates o vivieron esa situación (ver testimoniales de Ricardo Giraudo a fs.190 y de Combina Herrera a fs. 215).

-«Nunca quisieron hacer nada ni los alumnos, ni los egresados, porque una vez que egresaban, se desatendían del tema, ya no era algo que les preocupaba». En este sentido, cabe analizar que se encuentras en las presentes actuaciones, declaraciones a representantes de los estudiantes que expusieron las intenciones de ese estamento de que las autoridades hicieran algo y el malestar porque no lo hacían (fs. 95 y 200). Una estudiante sostuvo que «compañeros que en ese momento cursaban con la declarante pidieron una audiencia con la Decana para que los ayudara y no habrían obtenido respuesta de ella porque negaba la situación, jamás les había dado las herramientas para cambia r la situación y no cambiaba nada.antes nunca quiso hacer algo con los reclamos que le hacían de una situación conocida por todos» (W. F., fs. 174). Además, se recibieron testimonios de odontólogos que después de años de recibidos habrían recordando con lujo de detalles lo que tenían que pasar los alumnos de O. con las exigencias dinerarias para aprobar. Inclusive, hasta egresados que viven en el exterior no se habrían olvidado de lo que vivieron (testimonial de Gastón Negro, fs. 89). «Había una queja permanente de los alumnos en contra de O., decanos y secretarios administrativos, centros de estudiantes y todos decían y ¿qué se le va a hacer?. Nadie hizo nada», declaró la odontóloga Irene Fini a fs. 70.

-«Nosotros seguimos una estadística de cuantos aprobados y aplazados hay en los exámenes. La cantidad no llamaba la atención.si hubiera tenido elementos hubiera actuado con esto hace mucho más tiempo.los excesos de bochazos no se dan sólo en esa cátedra, sino en otras también». Para descreer de esa defensa de O., bastaría con ver las siguientes actas de exámenes de Microbiología: 159 vta. rindieron 12 y aplazó a los 12; fs. 160 rindieron 15 y aplazó a los 15; fs. 160 vta.rindieron 10 y aplazó a los 10. O sea, la totalidad de los alumnos habrían sido aplazados. Además, ya había antecedentes de consejeros que, por la situación por todos conocida, habrían solicitado estadísticas al centro de cómputo, y arrojaban que la cátedra de O. se diferenciaba notoriamente de todas las otras (testimonial de Ricardo Giraudo fs. 190).

-«Es un profesor correcto.desde lo académico no tengo nada que decir, lo que hace de su privada.no puedo dar cuenta». Esta defensa de O. chocaría con la abundante prueba testimonial de alumnos, egresados y docentes que coincidiría en describirlo como el prototipo del tirano académico, maltratador, autoritario, arbitrario, discriminador, misógino, etc., en actitudes que no se habrían limitado a los alumnos, también habrían docentes que no escapaban al conocimiento de quien lo define como «un profesor correcto». A fs. 200 declaró M. C., que vivió la situación como alumno y consejero y habría presentado por mesa de entradas un pedido de veedor para evitar maltratos e irregularidades. Otro tanto hizo a fs. 190 el docente Ricardo Giraudo: «había muchas quejas de maltrato, autoritarismo, gritos, bochazos, arbitrariedad, abuso de autoridad del titular.el comentario de los alumnos, las quejas y los llantos, es que el que iba a la academia aprobaba y los que no eran muchas veces reprobados. Hubo pedidos de fiscalización que por esta situación se hicieron a secretaría académica, veedores». A fs. 140 y ss.obra copia del expediente iniciado por consejeros que habrían solicitado veedores en exámenes de Microbiología motivado en «la necesidad de resguardar el buen nombre de esta institución, sus prácticas académicas, y el buen nombre del personal docente de la asignatura, resguardando también el derecho de los estudiantes». La nota fechada en 2017 que le da origen a esa actuación está dirigida a la Decana.

-«Yo no puedo suspender a una persona que no tiene establecido un cargo.Si lo imputa la justicia se verá que se hará». A tan solo 3 días después de declarar eso, lo suspendió sin imputación judicial (resolución de fs. 199). Precisamente, estas declaraciones de la máxima autoridad de la Facultad de Odontología causaron repudio e indignación de estudiantes en comunicados y grupos (documental de fs. 246 a 250). Lo explica una testigo a fs. 174: «fue muy comentado entre compañeros y egresados, a todos les dio bronca esa declaración, se sintieron boludeados porque la decana dijo que había como un ente o lugar de la universidad disponible para hacer denuncias y es la primera vez que le escuchan decir algo así, cuando antes nunca quiso hacer algo con los reclamos que hacían de una situación conocida por todos» (W. F., fs. 174).

En el caso que nos ocupa, todo indicaría, para los requerimiento procesales de probabilidad que se exigen en esta instancia procesal, que habría habido un incumplimiento generalizado del deber de iniciar actuaciones sumariales disciplinarias o denunciar los hechos en los que se lo habría señalado reiteradamente al titular de Cátedra O., por parte de muchos funcionarios de la Facultad, que los habrían conocido a lo largo de más de 20 años y habrían desviado la mirada a lo que ocurría.

Dichos elementos probatorios analizados en forma unívoca, dan por acreditado, para los requerimiento procesales de esta instancia, que respecto a la máxima autoridad de la Facultad de Odontología donde sucedieron los hechos, elementos de convicción que generan motivos bastantes para sospechar el carácter intencional del incumplimiento de la Decana S. de L., de sus deberes como funcionaria. Esta última conclusión se apoya en pruebas y fundamentos, que tal vez individualmente considerados no alcanzan para acreditar los hechos enrostrados a la funcionaria, pero cuando confluyen y se los analiza en conjunto permiten acreditar, con grado de probabilidad la imputación.

Pero para más razones, volviendo al conocimiento de los hechos de O.por parte de las autoridades y la negativa a tomar medidas, declaró el consejero N. Tillard Barrionuevo que en reuniones del consejo directivo se planteaba el asunto y era negado por la mayoría. «En las dos discusiones del Consejo Directivo que hago referencia (incorporación de veedor y creación de cátedra) que quedan grabadas y son de acceso público, se hablaba de que existía una academia paralela. La Dra. Lutri siempre estuvo presente» (fs. 95).

Otro motivo de sospecha sería la tardía decisión de iniciar una información sumaria por parte de la Decana (fs. 56). A más de seis años de estar al frente de la Facultad y recibir por todas las vías señaladas la información de las irregularidades de O. sin haber iniciado actuaciones nunca en esos años, de repente lo hace la semana pasada, de oficio, invocando el conocimiento de los hechos por una publicación en internet. ¿Qué ocurrió cuando tomó esa decisión repentinamente, después de años de inacción durante los cuales le llegaban noticias de lo que hacía O. por comentarios de alumnos, docentes, solicitudes de veedores y discusiones en el Consejo Directivó La fiscalía ya estaba investigando el hecho, la policía federal hacía averiguaciones, habían intentado entregar un oficio solicitando información a la Facultad de Odontología (fs. 259 vta.) y la fiscalía estaba ubicando y contactando testigos del ámbito de esa facultad que conocieran los hechos y estuvieran dispuestos a declarar, lo que habría dado frutos porque ya se estaban recibiendo testimonios y los declarantes contactaban a otros estudiantes y egresados que también estuvieran dispuestos a colaborar, lo que evidentemente generaba un revuelo en el ambiente. En definitiva, el inicio de esa actuación disciplinaria habría sido una decisión tardía y tomada a destiempo, porque los acontecimientos se estaban precipitando y la Facultad se encontraba en las puertas de un escándalo, a punto tal que esta situación estalló horas después del inicio del expediente administrativo en cuestión.Al respecto, se señala en el informe de la Policía Federal obrante a fs. 117 vta.: «a raíz del creciente fermento entre los alumnos y a partir de una publicación web» se conoció que la Facultad abrió un sumario administrativo».

En esa resolución la Decana habría tomado en cuenta la obligación de las autoridades de velar por el prestigio de la universidad y sus docentes, resguardar el derecho de los alumnos a gozar de condiciones igualitarias en el acceso a la educación superior, reprobando cualquier accionar que implique privilegios o discriminación. Y en el punto 2 de la parte dispositiva invita a los miembros de la comunidad universitaria a aportar elementos si los tuvieren que pudieran colaborar en la averiguación de las circunstancias irregulares. Lo llamativo radica en

que hacía años se venía afectando el derecho de los alumnos y ninguna autoridad buscaba elementos sobre lo que hacía O. ni invitaba a aportarlos. Y cuatro días después de esa resolución, la Decana ordenó iniciar un sumario y suspender a O. -ya en medio del escándalo generado por el caso-, observándose que en la resolución de fs. 199 dice que la información sumaria ordenada días antes «fue realizada en un contexto distinto, donde sólo se contaba con una noticia periodística que acusaba de hechos de corrupción». Adviértase que no sólo pasaron años donde hubo mucho más que una noticia en un sitio de internet; fueron años en los que sectores de la comunidad universitaria reclamaban por la situación de O. y las autoridades no habrían encarado una solución. 937/940 Completa el plexo probatorio un informe de la comisión de seguimiento de plan de estudios, al que hizo referencia el Dr. Guillermo Enrique De Leonardi, en su declaración testimonial a fs. 905/906, en donde alumnos decían que para aprobar Microbiología había que pagar.Esto dio origen a una consulta por parte del declarante, en calidad de Secretario Académico con la Directora de Sumarios Susana Ana Argento. Esta decisión la tomaron en forma conjunta con la Decana Lutri, obrando el documento que fue solicitado a la Facultad de Odontología a fs. 991/1052. Y aún así, la Decana no ordenó una investigación por resolución para profundizar la investigación de los sucesos ilícitos referidos.

Finalmente, a fs. 937/940, contamos con la testimonial de la Directora de Sumarios Susana Ana Argento, quien dijo que Guillermo Enrique De Leonardi la había ido a ver para consultarle sobre una encuesta estaba relacionada a algunas irregularidades que se venían dando en alguna cátedra de la facultad, y como era el procedimiento administrativo que se podía realizar en función de ello.

Afirmó la declarante que le llamó la atención la pregunta de como se inicia un sumario, puesto que si estamos hablando del ámbito universitario, de un docente o de personal en general que se desempeña en la UNC, se debe conocer la normativa universitaria, dentro de la cual se encuentra el proceso sumarial que es conocido en el ámbito universitario por todos, en cuanto a que una investigación se inicia en base a una denuncia, igual que sucede en nuestra vida como ciudadanos. Declaró que ante una encuesta anónima el decano de una facultad puede iniciar de oficio una investigación, el decano es la máxima autoridad y tiene su equipo de trabajo y tiene los FM elementos para iniciar la investigación. Que De Leonardi habló con ella de una encuesta, pero la declarante nunca tuvo a la vista alguna documentación sobre esa encuesta, ni le llegó físicamente. También afirmó que un Decano tiene total atribuciones dentro de lo que permite el reglamento en su unidad académica, dentro de sus atribuciones, y también entiende que hay un deber de llevar adelante la facultad, distintos estadios académicos estudiantiles y presupuestarios.Dijo que en la UNC hay un solo órgano con competencia para investigar las irregularidades en la universidad, que es la Dirección General de Sumarios. No se puede hacer una investigación sumarial en ningún decanato. Pero aclara una cosa es ordenar la investigación, que el decano tiene facultades para hacerlo a través de una resolución y otra cosa es llevar adelante la investigación que se hace a través de la Dirección General de Sumarios. Tiene que ordenarla el decano para que la dirección pueda investigar, y debe ser fundada en hechos. Aclara que dentro de las atribuciones del Decano, está pedir la instrucción de una sumaria de información, dentro de su misma facultad, incluso con personal de su misma facultad, si así lo creyera necesario, esto significa que llegado a él el conocimiento de hechos y de la valoración que realiza la autoridad, puede disponer una sumaria de información con el objetivo de colectar las pruebas que se refieran al hecho puntual. Y debe emitir un informe con la pruebas colectadas ordenando el sumario dependiendo de si los hechos ameritan o no, una investigación propiamente dicha y pedir que esa investigación sea a través de un sumario en su Dirección. Dijo que el Decano dentro de sus obligaciones está el cumplir con sus deberes que se le imponen dentro del ámbito de la universidad. Específicamente en el reglamento de investigaciones administrativas establece que las autoridades y todas las personas que abarcan la comunidad universitaria tienen la obligación de denunciarlo.

Ahora bien, de la valoración conjunta y unívoca de los elementos probatorios, ha quedado acreditado, en función de la probabilidad requerida en esta instancia del proceso, que la Dra. M. S. de L.habría omitiido cumplir con los deberes que su cargo le imponía, en relación con las irregularidades ocurridas en la Cátedra de Microbiología ya analizadas, con conocimiento de lo que ocurría en la Facultad de Odontología.

Análisis del tipo penal:

El bien jurídico protegido es el correcto y normal funcionamiento de la Administración pública (Nuñez, p. 72; Donna, p. 184; Creus/Buompadre, órdenes contrarias al orden jurídico vigente. Esta figura de abuso de autoridad es un delito subsidiario de otros más graves, v. gr., el prevaricado, el cohecho, la detención ilegal, la malversación de caudales públicos (Soler, p. 180). Se trata de un delito especial propio que solo puede ser cometido por un funcionario público con competencia funcional para dictar resoluciones u órdenes, así como también para ejecutarlas (Núñez, p. 73).

Las acciones típicas consisten en dictar resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución Nacional, constituciones provinciales y leyes nacionales o provinciales vigentes; por el otro, en ejecutar las órdenes y resoluciones de esta clase inexistentes, o no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere ; y por último, la omisión propia de cumplir con su deber jurídico (CNCC, Sala V, c. 22.002, «F.M., J.C.», de 14/7/03; Cám. Fed. Casación Penal, Sala I, causa no 1xxx7, «Moreno, M.», del 5/8/14, reg. no 23.924).

El tercer supuesto del art. 248, que es el que aquí importa, se trata de una omisión impropia, es decir, el funcionario público está obligado a actuar pero omite dicha conducta debida. Dentro de este supuesto se incluyen tanto el retardo en el cumplimiento de la ley como al hacerlo de manera extemporánea (Creus/Buompadre, p. 265). Así, por ejemplo, omite el funcionario público que no procede a la detención del autor en flagrancia o no ejecuta la orden de allanamiento ordenada por el juez, así como el que ejecuta la orden de manera tardía y frustra su objetivo.Como veremos más adelante, no se exige en ninguno de los supuestos analizados un daño concreto al correcto ejercicio de la Administración pública.

Lo característico de todos los supuestos atrapados en el tipo, es que el funcionario público actúa dentro del ámbito de su competencia funcional, pero lo hace de manera arbitraria, es decir, en abuso funcional (Donna, p. 186). Debe quedar claro que la concurrencia típica de estos comportamientos exige que el funcionario público actúe dentro del ámbito de sus competencias funcionales.

En relación con la conducta omisiva, comete el delito propio de omisión el funcionario público que no detiene al autor de un delito cometido en flagrancia; o bien el funcionario público que no clausura el local en clara infracción a la ley vigente, así también el funcionario público que no secuestra alimentos o material contaminado o no apto para la venta, etc. El deber del funcionario público es de carácter extrapenal, es decir, ese deber debe tener su fuente en una ley de carácter no penal que regula sus obligaciones funcionales. Se trata de una omisión que consiste en la inobservancia de la ley: no hacer, no ejecutar, no cumplir lo que la ley manda expresamente hacer al funcionario dentro de su autoridad funcional. Lo que se intenta proteger es la inejecución de las leyes cuya obligatoriedad es impuesta al conjunto de los agentes de la administración pública en general (CCC Fed., Sala II, «C., O.H.», de 13/8/98).

Cabe aludir a las reglas de la persecución penal de los incumplimientos de deberes funcionales, que requiere que no estén prescriptos, atento a que el término básico de extinción de la acción por transcurso del tiempo es de 2 años (CP., 59 y 62), aunque puede verse modificado por causales suspensivas e interruptivas (CP., 67). El otro requisito es que aparezcan dolosos (CP., 248), es decir, dotados tanto de conocimiento del deber y necesidad de actuar, como de la intencionalidad maliciosa y deliberada de quebrantar las normas que obligan a los funcionarios a actuar de determinada manera. Dicho en términos más simples y menos técnicos: para incurrir en delito hace falta conocer que puede estar existiendo una irregularidad o ilicitud y no hacer nada en forma intencional o colocarse en una falsa situación de ignorancia, conocida en forma teórica como ignorancia deliberada o ceguera antes los hechos («mejor no saber») (el subrayado me pertenece).

El dolo específico para que se tipifique el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por la omisión señalada, requiere una intencionalidad directa de evitar cumplir con la conducta exigida por las normas. Por ello, si la ley o resolución que obliga a actuar de determinada manera ha sido incumplida por desidia, desinterés, negligencia, inercia o descuido, corresponde que sea tratada como una falta o infracción disciplinaria administrativa. En cambio, si el incumplimiento aparece realizado intencionalmente para evitar cumplir con los mandatos legales, sumado a la posición de garante por contrato en la que se habría visto inmersa la sindicada, corresponde analizar por parte del Tribunal, la responsabilidad penal que corresponda, en función de la probabilidad.

Dichos elementos probatorios analizados, dan por acreditado, para los requerimiento procesales de esta instancia, que respecto a la máxima autoridad de la Facultad de Odontología donde sucedieron los hechos, elementos de convicción que generan motivos bastantes para sospechar el carácter doloso (intencional) del incumplimiento de la Decana S. de L., de sus deberes como funcionaria.Esta última conclusión se apoya en pruebas y fundamentos, que tal vez individualmente considerados no alcanzan para tipificar el delito, pero cuando confluyen y se los analiza en conjunto permiten acreditar, con grado de probabilidad la imputación.

Que ante lo expuesto, en relación a los hechos referidos, y teniendo en cuenta los elementos de convicción reunidos, se considera que, se encuentra acreditada prima facie, la responsabilidad penal de la encartada M. S. de L., respecto al hecho nominado segundo, corresponde ordenar su procesamiento sin prisión preventiva, por el delito de Omisión de Deberes de Funcionaria Pública (art. 248 del C.P.), en carácter de autora (art. 45 del C.P.), (art. 306 y 310 del C.P.P.N.).-

Que como medida cautelar, a los fines de garantizar el pago de las multas ante la eventualidad de que recayere en contra de M. M. S. de L., una sentencia condenatoria, se estima justo y adecuado trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de trecientos mil pesos ($ 300.000) o en su defecto inhibirla de la libre disposición de los mismos (art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

Finalmente, en función de lo solicitado por el Sr. Fiscal Federal No 3, Maximiliano Hairabedian a fs. 1071/1072, imponer a L. A. O., la obligación de abstenerse de tener relación virtual, digital o personal, con los alumnos de la Facultad de Odontología de la U.N.C. e imponer a la Decana M. M. S. de L., la obligación de abstenerse a autorizar a L. A. O., a realizar actividades docentes que signifiquen contacto con alumnos, todo ello en función de los previsto en los arts. 79, inc. c, 193 inc. 1 y del C.P.P.N: y el art. 210 inc. a y f del C.P.P.F.

Por estas consideraciones, RESUELVO:

1o.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO con prisión preventiva de L. A. O., A. O. C., A. M., ya filiados en autos, como presuntos coautores responsable del delito de Extorsión Continuada (arts.168 y 54 del C.P.) (tres hechos nominados primero, tercero y quinto), en carácter de coautores (arts. 45 del C.P.) y (art. 306, 312 y 310 del C.P.P.N.), manteniendo todos ellos el beneficio de prisión domiciliaria otorgado y ORDENAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva de M. M. S. de L., como presunta autora responsable del delito de Omisión de Deberes de Funcionaria Pública Continuada (art. 248 del C.P. y 54 del C.P.) (tres hechos nominados segundo, cuarto y sexto), en carácter de coautora (arts. 45 del C.P.) y (art. 306 y 310 del C.P.P.N.).

2°.- TRABAR EMBARGO sobre los bienes de L. A. O., A. O. C., A. M. hasta cubrir la suma de pesos cinco millones ($ 5.000.000) y sobre los bienes de M. M. S. de L. hasta cubrir la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000) o en su defecto inhibirlos de su libre disposición por igual monto (art. 518 C.P.P.N).

3°.- ORDENAR EL INICIO DE UN LEGAJO DE INVESTIGACIóN Y REMITIRLO A LA FISCALIA FEDERAL No 3, Dr. Maximiliano Hairabedian, para que se analicen posibles maniobras de lavado de activos de origen delictivo por parte de L. A. O., A. O. C., A. M. Y DISPONER LA INIBHICIóN GENERAL DE BIENES a L. A. O. por el plazo de 90 días en función de lo previsto en el art. 518 del C.P.P.N.-.

4o.- IMPONER a L. A. O., la obligación de abstenerse de tener relación virtual, digital o personal, con los alumnos de la Facultad de Odontología de la U.N.C. e IMPONER a la Decana M. M. S. de L., la obligación de abstenerse a autorizar a L. A. O., a realizar actividades docentes que signifiquen contacto con alumnos, todo ello en función de lo previsto en los arts. 79, inc. c, 193 inc. 1 y del C.P.P.N: y el art. 210 inc. a y f del C.P.P.F.

PROTOCOLICESE Y HáGASE SABER.-

FACUNDO TRONCOSO

SECRETARIO

RICARDO BUSTOS FIERRO

JUEZ FEDERAL

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