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#Fallos Suspensión de matrícula: Abogada no pudo actuar en causa propia pues la suspensión en la matrícula no fue voluntaria sino impuesta por el CPACF por falta de pago de tres cuotas anuales

Partes: C. G. B. c/ Colegio Publico de Abogados de Capital Federal s/ ejercicio de la abogacia – ley 23187 – art 47

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 15-abr-2021

Cita: MJ-JU-M-132046-AR | MJJ132046 | MJJ132046

La abogada actora no podía actuar en causa propia pues la suspensión en la matrícula no fue voluntaria sino impuesta por el CPACF por falta de pago de tres cuotas anuales.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sanción de multa impuesta a la abogada actora pues al iniciar las actuaciones donde se cuestionó su conducta, se encontraba suspendida para actuar como abogada, y las faltas sancionadas se configuran con la comprobación objetiva del incumplimiento a las obligaciones impuestas.

2.-Corresponde desestimar la excepción de cosa juzgada articulada por la parte actora toda vez que el CPACF diferenció la suspensión de la matrícula dispuesta en los términos 53 y 54 de la Ley de Colegiación, y la letrada al estar suspendida por falta de pagos, no solo no podía intervenir en ninguna causa como abogada ni tampoco en causa propia con solicitud de certificado, ya que el certificado se otorga, siempre que el letrado se haya suspendido voluntariamente y no cuando, como potestad del CPACF se lo suspende por falta de pagos, por incumplimiento de tres cuotas anuales.

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3.-Si bien el CPACF reconoce que, a partir del año 2017, la actora se encuentra suspendida voluntariamente hasta el año 2022, especificó que dicha suspensión fue voluntaria y le permitió a la letrada solicitar el certificado para actuar en causas propias, entre las que no se encuentra el Habeas Data relacionado con la falta disciplinaria cuestionada en la presente causa; por ello, los hechos por los que fue absuelta no guardan identidad con los investigados en las presentes actuaciones.

Fallo:

Buenos Aires, 15 de abril de 2021.

VISTO:

El recurso directo de apelación deducido por la actora a fs. 241/248, contra la resolución de fs. 202/208; y CONSIDERANDO:

1º) Que, el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal inició causa disciplinaria contra al abogada G. B. C., como consecuencia de la comunicación librada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal n° 9, en el marco del expediente n° 54162/2016, caratulado «C., G. B. c/ COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERA S/ HABEAS DATA», al advertir que la letrada actora, se encontraba suspendida desde octubre de 2015 y esa circunstancia le impedía el ejercicio de la profesión. A su vez, posteriormente, el magistrado informó el cuestionamiento de la actora de su investidura de juez, a fin de que se tomasen las medidas pertinentes.

2º) Que, el 25 de septiembre de 2019, la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal resolvió imponer a la abogada C., la sanción de multa contemplada en el art. 45, inc. c, de la ley 23.187, fijando su importe en la suma equivalente al diez (10) por ciento de la retribución mensual de un juez nacional de primera instancia en lo civil de la Capital Federal, por haber infringido deberes fundamentales inherentes al ejercicio de la abogacía -arts. 3, inc. b, ap. 1 y 6, e inc. e, ley 23.187 y art. 10, inc. a, y 11 del Código de Ética-. Asimismo, decidió absolverla sobre el cuestionamiento a la investidura del señor magistrado titular del referido juzgado n° 9 de este Fuero, por no hallarse debidamente comprobada la falta.

Para resolver como lo hizo y previa desestimación de la excepción de prescripción opuesta por la letrada, el referido órgano disciplinario sostuvo:a) «.que la Ley de Colegiación establece en su artículo 51° como se integrarán los fondos del Colegio, e incorpora en su inciso a) la cuota anual que deben abonar todos los abogados inscriptos en la matricula». b) «Sin perjuicio de ello, debe también contemplarse que es el art. 53° el que torna exigible la norma y faculta al Colegio de Abogados a suspender al matriculado que incumpliera en el pago de las anualidades establecidas». c) «Analizando ahora el alcance del art. 11° del Código de Ética, la doctrina ha coincidido en que ‘el pago de la cuota anual debe cumplirse puntualmente’. Así está redactado el texto en estudio. Lo contrario implica incurrir en incumplimiento a la ética.». d) «Desde siempre se ha sostenido que ‘no resulta ajustado a la ética aprovecharse de los beneficios que trae aparejada la actuación del Colegio, sustrayéndose a la obligación de contribuir a su sostenimiento económico'». e) «El Superior en casos análogos ha dicho que ‘el Tribunal de disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal puede aplicar a un abogado una sanción de multa por violación a lo dispuesto en los arts. 51, inc. a) y d) de la ley 23.187 y 11 del Código de Ética por no pagar la cuota anual para los abogados inscriptos y el derecho fijo profesional’ (CNCAF, Sala V, «S. M.C. c. CPACF», expte. 15516/01, del 18.4.2005), que es el caso de autos, y no como señala la letrada que se encontraba suspendida voluntariamente».

Sobre tales bases, la Sala I resolvió «.CONDENAR a la abogada G. B. C. (T°057 F° 481 CPACF) .a la sanción de multa -art. 45 c, ley 23.187- por el importe equivalente al diez por ciento (10%) de la retribución mensual de un juez nacional de primera instancia en lo civil -art. 45 c, ley 23.187- por haber infringido deberes fundamentales inherentes al ejercicio de la abogacía – arts. 3 inc. b) ap. 1, y 6 inc.e) ley 23.187 y 10 a, y 11 del Código de Ética.».

3º) Que la actora se presentó el 21/10/2019 (v. cargo de fs. 223) y dedujo el recurso que prevé el art. 47 de la ley 23.187 (cfr. fs.217/223).

Expresamente reconoció que la presente acción ingresó al CPACF, por medio de una denuncia del titular del Juzgado nº 9 del Fuero, aunque sólo la relacionó con la falta de decoro en el ejercicio profesional.

Sobre la base de su absolución -en ese aspecto-, sostuvo que la acción debió haberse cerrado y que, no obstante, el CPACF le impuso una multa en los términos del art. 45, inciso c, de la ley 23.187, calificando la decisión de incongruente y desproporcionada.

Señaló que desde el año 2010 intentó desempeñarse profesionalmente dentro de los límites éticos y morales y si bien llevó casos, aseveró que desde el año 2013 sólo actuó en causas propias, de su hermano y de su madre. Afirmó que no realizó asesorías, ni colaboraciones y que no recibió ingreso alguno proveniente de la profesión de abogada.

Indicó que, en esas circunstancias, el 6 de agosto de 2013 pidió la suspensión voluntaria de su matrícula, en los términos del art. 54 de la ley 23.187 y destacó que esa norma permite ejercer en causas propias. Expresó que no pensó que el CPACF denegaría su pedido de suspensión, y que a fines del 2015 tomo conocimiento de que tenía la intención de suspender su matricula por falta de pago.

Consideró que la situación por la que se la habìa condenado no se hallaba dentro de las imputaciones que le habían realizado, y entendió que se incurrió en incongruencia entre la denuncia, la instrucción que abrió el proceso disciplinario y la consecuente sanción impuesta.En ese sentido, argumentó que de la lectura de la sentencia surgía que el resultando I, en su segundo parágrafo, aludía a un oficio que no determinaba quién lo elevaba y que la información que estaba allí asentada no era real. En ese sentido, sostuvo que, a octubre de 2015, ya llevaba dos años del pedido de suspensión voluntaria, cuya constancia se encontraba agregada a la causa.

Asimismo, manifestó que era falaz lo sostenido por el titular del Juzgado n° 9 del Fuero, porque la ley 23.187, en su art. 4 autorizaba la actuación en causa propia de un letrado suspendido.

Sobre esa base, consideró que la condena que la sentencia 191 le había impuesto nada tenía que ver con esa causa; y que el CPACF, apartándose de la imputación inicial, la había condenado por actuar en causa propia. Denunció que tal imputación no había sido dada en traslado y que su actuación en causa propia era legal y procedente. No obstante, reconoció que «tal vez sólo pudiera exigirse la formalidad del certificado», lo cual consideró como insuficiente para ser sancionada.

Acusó la ilegalidad de la decisión, al sostener que su actuación en causa propia hallaba respaldo en los arts. 54 y 4 de la ley 23.187 y la suspensión voluntaria en el marco del art. 16 inciso a, del reglamento del CPACF, y que la entidad carecía de facultades en su decisión de suspender la matricula. Señaló que, en cualquier caso, el ente de supervisión y colegiatura debió hacer saber al letrado el motivo de la incidencia, para que éste pudiera subsanar cualquier situación legalmente exigida.Alegó que la sentencia 191 había «inventado» el hecho del ejercicio de la profesión estando inhabilitada.

Afirmó que era indiscutible que, cuando la matrícula estaba suspendida, el abogado se hallaba inhabilitado, pero la razón de la inhabilidad podía ser de origen diverso, y en su caso la ley permitía la actuación en causas propias, extendiendo este concepto a los familiares directos. Aludió que tardíamente, el CPACF había reconocido su situación de suspensión, con el certificado n° 20160016 otorgado el 5 de junio de 2017, en el cual se incluyeron todas las causas vigentes desde su petición del año 2013.

Por otra parte, se agravió por la desproporcionalidad de una sanción que reglamentariamente no procedía, frente a una profesional que no había cometida falta alguna, y que se contradecía con la emisión del certificado aludido. Asimismo, acusó la inconstitucionalidad y arbitrariedad configuradas, a su entender, por la existencia de la conducción de procesos que no respetaban el debido proceso legal, la legalidad, la supremacía de normas, la defensa en juicio de la persona y de los derechos, la veda del acceso a la justicia y de tutela efectiva, por la decisión de llevar un proceso disciplinario infundado.

En el punto III de su escrito de apelación (v. fs. 221 vta. del expediente papel), sin dejar de reconocer que «esta instancia no sea la apropiada para ventilar estas cuestiones», pidió la formación de un incidente de nulidad de la sentencia 122 del 24/8/2016 y la de todo el proceso que la Sala V de la Cámara del Fuero había llevado en el expediente n° 27049/2012.

Asimismo, planteó la reconvención de las acciones disciplinarias llevadas en su contra, incluida la presente, por los daños y perjuicios y daño moral que invocó.

Finalmente, en el OTROSI MAS DIGO (v. fs. 222 vta./223 del expediente papel) opuso excepción de cosa juzgada en los términos del art.347, inciso 6 y cctes, del CPCCN, sobre la base de lo decidido en la sentencia n° 5944, de la Sala II del Tribunal de Disciplina del CPACF, del 13 de julio de 2017, en la causa 29332, que en copia acompañó y que, a su entender, había tenido por objeto juzgar el mismo hecho que se le imputaba y por el que se la sancionaba.

4º) Que, corrido en esta instancia el pertinente traslado, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal lo contestó solicitando el rechazo de la apelación deducida (v. presentación digitalizada el 18/09/2020, fs. 264/277).

De manera preliminar, pide que se declare desierto el recurso intentado, por considerar incumplidos los extremos previstos por el art.265 del CPCCN. Sostiene que los fundamentos de la recurrente no son suficientes para refutar los sólidos argumentos de hecho y de derecho expuestos en el fallo del Tribunal de Disciplina y que sólo se limita a expresar su disconformidad con lo resuelto. Asimismo, aclara que su responde se concreta teniendo en cuenta las quejas de la recurrente y tomando exclusivamente aquellas que se refieran a la conducta desplegada por la actora en la sentencia que recurre. En ese sentido, indica que «toda acción que la mis ma considere viable relacionada a esta causa o a las anteriores que alude, las contestará oportunamente cuando la colega ocurra por las vías legales pertinentes».

Señala que la causa disciplinaria que tramitó por la Sala I del Tribunal de Disciplina del CPACF, tuvo su génesis en la comunicación efectuada por el titular del juzgado n° 9 del Fuero, en el marco del expediente n° 54162/2016 caratulado «C., G. B.C/ COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL S/ HABEAS DATA» en el que se advirtió que la letrada C., se encontraba suspendida desde octubre del año 2015 y que dicha circunstancia le impedía el ejercicio de la profesión, de modo que no podía intervenir en la causa salvo patrocinio de un letrado habilitado.

Sobre esa base, pone de de resaltó que no es cierto que la causa haya tenido inicio por denuncia del referido magistrado por falta de decoro de la letrada con personal del Juzgado, y que haya sido absuelta por ello. Indica que de acuerdo al Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de Disciplina, se giraron las actuaciones a la Unidad de Instrucción, que sugirió en su dictamen la prosecución de la causa por haber sido vulnerados, prima facie, preceptos contenidos en el Código de Ética y la ley 23.187.

Ordenado el correspondiente traslado de los cargos, fueron contestados por la actora y se produjeron las pruebas ofrecidas, se celebró la audiencia de Vista de la causa y se invitó a la denunciada a presentar alegatos. El 25 de septiembre de 2019 se dictó la sentencia n°191 que dispuso la sanción que es recurrida. En relación a la comprobación de los hechos denunciados, afirma que del expediente de marras se advierte que la actuación de la letrada denunciada no fue conforme a los preceptos establecidos en la normativa vigente en materia ética de la profesión abogadil. En ese sentido destaca que, al iniciar las actuaciones donde se cuestionó su conducta, se encontraba suspendida para actuar como abogada, y que las faltas sancionadas se configuran con la comprobación objetiva del incumplimiento a las obligaciones impuestas. Sostiene que para eximirse de ellas, la matriculada debió acreditar causas que la exculpen.

Señala que la actora reconoció, desde el origen, que no se encontraba habilitada para el ejercicio de la profesión, y remite a las constancias enviadas por el Gerente de matricula obrante a fs.193, sobre las que afirma que la actora fue suspendida por falta de pagos, y no de manera voluntaria como aduce en su apelación, desde el 31 de octubre de 2015 hasta el 2 de junio de 2017.

Reconoce que la letrada solicitó en el año 2013 la suspensión de la matricula con efecto retroactivo, ya que adeudaba las matriculas 2012/2013, y afirma que la recurrente no puede negar que la Institución le informó acabadamente los motivos por los cuales su solicitud de suspensión voluntaria no podía prosperar, a cuyo fin se remite a las constancias de fs. 173/193 de la actuación disciplinaria. Sostiene que la abogada se tomó la atribución unilateral de considerarse suspendida, cuando dicha actitud es contraria a derecho y le corresponde al CPACF. Señala que se encuentra debidamente probado que la letrada se encontraba suspendida por falta de pagos (art. 53 ley 23.187), y que dio inicio a una acción conociendo su situación de inhabilidad en la matricula.

Con transcripción de lo dispuesto en el art. 54 de la ley 23.187, manifiesta que cuando se trata de una suspensión «voluntaria», los matriculados pueden intervenir en causas propias o de sus familiares, solicitando en el sector correspondiente un certificado a tales efectos, denunciando claramente las causas o expedientes donde se solicita intervenir, a fin de presentarlo en autos y ponerlo a disposición del juez.

Destaca que el referido certificado se otorga siempre que el letrado haya pedido voluntariamente la suspensión de su matrícula y no cuando, como potestad del CPACF, se lo hace por falta de pago de, vgr., tres cuotas anuales. Pone de resalto que la letrada nunca solicitó ni obtuvo el certificado en cuestión, respecto de los autos en que se originó la denuncia que encabeza estas actuaciones.

Expresa que el hecho de si hubo o no intencionalidad de parte de la letrada, por falta o no de conocimiento de su situación, para actuar estando suspendida, carecía de importancia ya que la causal se encontraba objetivamente acreditada.Manifiesta que si se observan las pruebas producidas, puede advertirse que la letrada estuvo suspendida en otras oportunidades. Tal circunstancia, arguye, demostraba que ella conocía como era el sistema para solicitar ese estado de matricula (fs. 175). Indica que la penalización en esta cuestión no exigía dolo ni culpa pues bastaba la simple voluntariedad. Señala que todo dependia del deber omitido y que, ante la falta de cumplimiento de su deber de colaboración, sumado a ejercer en el ámbito de la Capital Federal estando inhabilitada para ello, constituye una falta ética grave.

En relación a los agravios de la parte actora, niega la existencia de incongruencia. Señala que la comunicación obrante a fs. 1 del expediente disciplinario es un oficio remitido por el señor juez titular del Juzgado nº 9 del Fuero que se originó al advertir que la letrada se encontraba inhabilitada para el ejercicio profesional. Asimismo, con remisión a lo actuado a fs. 43/45, niega que la imputación por la cual se la sancionó no se hallara en el traslado dispuesto en el expediente disciplinario.

Respecto a la ilegalidad manifestada por la letrada, niega que la situación de la actora se encuentre ampara por el art. 54 y 4 de la ley 23.187, en tanto su suspensión fue por falta de pagos, motivo por el cual el encuadre es el del art. 53 de la ley.

En orden a la desproporcionalidad -y después de negar toda actitud persecutoria por su contraria- señala, en cuanto a la sanción impuesta, que el principal objetivo del tribunal de pares es determinar si existe falta y, una vez determinada, fijar el quantum. Y, en el caso, el tipo de sanción y la trascendencia de la falta fue considerada suficientemente grave como para imponer la multa dispuesta.

Con relación a la inconstitucionalidad acusada, sostiene que los planteos efectuados por su contraria no son ciertos y que carecen de fuerza probatoria.Menciona que en la causa disciplinaria se respetaron todos y cada uno de los preceptos establecidos para su trámite por el Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de Disciplina del Colegio, y se aseguró el derecho de defensa de la letrada. Tras reseñar lo actuado, afirma que quedó probado que no se ha violado ningún precepto constitucional, razón por la cual también niega la existencia de una crítica concreta sobre la arbitrariedad alegada, en tanto no se desconoce, ni identifica el apartamiento de constancias comprobadas de la causa, omisión de tratamiento de cuestiones sustanciales planteadas por las partes y/o normativa conducente a la solución del litigio.

Respecto del planteo de nulidad y reconvención en procesos distintos del presente, pide que no se tengan en cuenta las manifestaciones de su contraria y se le ordene ocurrir por la vía que corresponda.

Finalmente, y en cuanto a la excepción de cosa juzgada, solicita su rechazo porque la sentencia n° 5944, originada en la comunicación librada en los autos «C., G. B. c/ Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 41 s/ Prueba anticipada- inc. 2», sobre la que sustenta la defensa y que tramitó por ante la sala II del Tribunal de Disciplina, se absolvió a la letrada por causas diferentes a la conducta desplegada en autos.

Ello, ya que si bien ejerció encontrándose suspendida en ese caso, al obtener la suspensión voluntaria, pudo obtener el certificado especial para actuar en causa propia. Afirma que, tratándose de dos conductas diferentes como consecuencia de diferentes estados de matrícula de la letrada, en dichos autos el certificado la habilitaba para actuar en causa propia, mientras que en la presente causa la inhabilitación era absoluta por falta de pago de matrícula.

Finalmente, destaca que los hechos por los que fue absuelta la Dra. C. no guardan identidad con los investigados en estas actuaciones, por lo que no media razón alguna que sustente la excepción de cosa juzgada interpuesta.

5º) Que, el 24/09/2020 a fs.279/281, emitió su dictamen el señor Fiscal general.

6º) Que, liminarmente y en razón a la multiplicidad y disparidad de argumentos expuestos por la recurrente, cabe recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan sólo en aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos: 297:140; 301:970, entre otros).

En ese sentido -como lo reconoce la propia apelante-, en atención a que el pedido de nulidad de la sentencia 122 del 24/8/2016 y la de todo el proceso que la Sala V de esta Cámara tramitó en el expediente n° 27049/2012, así como su planteo de reconvención, notoriamente exceden el marco de conocimiento del presente recurso directo, corresponde declarar su improcedencia, sin perjuicio del derecho de la parte actora de canalizar sus planteos por el carril y ante el tribunal que estime pertinentes.

7°) Que corresponde continuar con el tratamiento del planteo de la excepción de cosa juzgada articulada por la parte actora en los términos del art. 347, inciso 6 y cctes., del CPCCN, con fundamento en lo decidido por la sentencia n° 5944, de la Sala II del Tribunal de Disciplina del CPACF, de fecha 13 de julio de 2017, en la causa 29332.

En este aspecto, ha de repararse que el referido art. 347, inc. 6°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que para que sea procedente la excepción de cosa juzgada, el examen integral de las contiendas debe demostrar que se trata del mismo asunto sometido a decisión judicial, o que por existir continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, una sentencia firme ya haya resuelto los aspecto o materias sustanciales que integran y constituyen el objeto de la pretensión deducida en el nuevo juicio que se promueve.En tales términos, se ha reconocido que la defensa en cuestión «es un medio de asegurar la inmutabilidad de lo resuelto con carácter firme y de evitar, por lo tanto el pronunciamiento de una segunda sentencia contradictoria» (cfr. Palacio, Lino E., «Derecho Procesal Civil», Ed. Abeledo Perrot, 1990, tomo V, pág. 499 y esta Sala in re: «IBM Argentina SRL c/ EN-AFIP-DGI-RESOL 5/13(REGN) Períodos Fescales 2007/2008 s/ Dirección General», sent. del 24/11/2015, entre otros).

De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (v. fs. 279/281, en especial punto 4.), corresponde destacar que el CPACF diferenció la suspensión de la matrícula dispuesta en los términos 53 y 54 de la Ley de Colegiación, al referir que el «.art. 53 dispone la potestad del CPACF de suspender a aquellos abogados que deban tres períodos de matrículas, entendiendo que han hecho abandono del ejercicio profesional, atento no cumplir con los art.51 ley 23.187 y 11 del Código de Ética.», de aquella hipótesis en que se trata de una suspensión «voluntaria», en la que «los matriculados podrán intervenir en causas propias o de sus familiares, solicitando en el sector de matriculas un certificado a tales efectos denunciando claramente las causas o expedientes donde solicita intervenir, a fin de presentarlo en autos y ponerlo a disposición del Juez.». En base a tal normativa, resaltó que «.la letrada al estar suspendida por falta de pagos, no solo NO podía intervenir en ninguna causa como abogada ni tampoco en causa propia con solicitud de certificado, ya que el certificado se otorga, siempre que el letrado se haya suspendido voluntariamente y no cuando como potestad del CPACF se lo suspende por falta de pagos, por incumplimiento de tres cuotas anuales.».

Es del caso destacar que si bien el CPACF reconoce que, a partir del 2/6/2017, la actora se encuentra suspendida voluntariamente hasta el año 2022, especificó que dicha suspensión fue voluntaria y le permitió a la letrada solicitar el certificado para actuar en causas propias, entre las que no se encuentra el Habeas Data relacionado con la falta disciplinaria cuestionada en la presente causa. Por ello, los hechos por los que fue absuelta no guardan identidad con los investigados en las presentes actuaciones.

Por lo expuesto, corresponde desestimar la excepción de cosa juzgada en examen.

8°) Que, en orden a la sanción, no está de más reiterar que el ejercicio de la acción disciplinaria se encuentra en cabeza del Tribunal de Disciplina quien, como autoridad de control, tiene como fin último velar por el adecuado desempeño de la profesión (cfr. arts. 21 y 39 de la ley 23.187), más allá de la posible intervención del denunciante (cfr. art. 4º del RPTD) o del afectado.En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la facultad disciplinaria del Colegio, atribuida por la ley 23.187, persigue el objetivo de asegurar el correcto ejercicio de la abogacía en todos los ámbitos de la actuación profesional (Fallos: 321:2904 ); y, a tal efecto, le permite juzgar a los abogados inscriptos en la matrícula y aplicar las sanciones correspondientes, previa tramitación de un procedimiento determinado, que debe desarrollarse con absoluto respeto de los principios inherentes al debido proceso legal para preservar los derechos de los citados profesionales (Fallos: 324:2449 ).

Asimismo, resulta oportuno recordar que esta Cámara tiene dicho que las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina remiten a la definición de faltas deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales o inespecíficos, que si bien no resultarían asimilables en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente bajo un régimen de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los titulares del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que los envuelve a todos (cfr. Sala I, «A. I., W. A.c/Colegio Público de Abogados del Capital Federal», sentencia del 29/8/00; Sala III, «Escudero, Roberto Franklin c/ CPACF», sentencia del 27/07/09; esta Sala, «Ponce Azucena Isabel c/ CPACF (Expte 23056/08)», sentencia del 4/08/11 y «Gaineddu Juan Daniel c/ CPACF (19930/22960)», sentencia del 17/04/12, entre otras).

Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la infracción profesional es, como principio, facultad primaria de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar comportamientos que precisamente pueden dar lugar a la configuración de ese tipo de faltas, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria (Fallos:

304:1335 y 314:125 y esta Sala, «Pavicich Gabriel Edgardo c/ CPACF (Expte 23862/08)», sentencia del 23/02/12 y sus citas, entre otras).

9º) Que, en tales términos, los agravios de la recurrente no resultan suficientes para enervar los fundamentos de la decisión que se impugna. Es que no se advierte arbitrariedad ni ilegalidad en la resolución sancionatoria que justifique su revocación o modificación por parte de este Tribunal.

En efecto, la sentencia comprende un relato de los hechos imputados a la abogada y su encuadre normativo, como resultado de un proceso conforme a derecho y en el que se han respetado cada una de las instancias establecidas en el Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en el que la letrada tuvo la oportunidad de efectuar su descargo y ofrecer prueba.

Por tales razones, el Tribunal de Disciplina concluyó acertadamente: «.que la Ley de Colegiación establece en su artículo 51° como se integrarán los fondos del Colegio, e incorpora en su inciso a) la cuota anual que deben abonar todos los abogados inscriptos en la matricula.

Sin perjuicio de ello, debe también contemplarse que es el art.53° el que torna exigible la norma y faculta al colegio de Abogados a suspender al matriculado que incumpliera en el pago de las anualidades establecidas»; «Analizando ahora el alcance del art. 11° del Código de Ética, la doctrina ha coincidido en que ‘el pago de la cuota anual debe cumplirse puntualmente’.

Así está redactado el texto en estudio. Lo contrario implica incurrir en incumplimiento a la ética.»; que «Desde siempre se ha sostenido que no resulta ajustado a la ética aprovecharse de los beneficios que trae aparejada la actuación del Colegio, sustrayéndose a la obligación de contribuir a su sostenimiento económico» ;y que «El Superior en casos análogos ha dicho que ‘el Tribunal de disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal puede aplicar a un abogado una sanción de multa por violación a lo dispuesto en los arts. 51, inc. a) y d) de la ley 23.187 y 11 del Código de Ética por no pagar la cuota anual para los abogados inscriptos y el derecho fijo profesional’ (CNCAF, Sala V, «S. M.C. c. CPACF», expte. 15516/01, del 18.4.2005), que es el caso de autos, y no como señala la letrada que se encontraba suspendida voluntariamente», lo cual lleva a ratificar el reproche ético sancionado.

Por lo demás, tampoco se advierte un supuesto de exceso o arbitrariedad en la determinación de la sanción aplicada, que justifique su anulación o reducción en sede judicial.

En efecto, tiene dicho el Tribunal que la fijación y graduación de la sanción es atribución primaria de la autoridad administrativa, principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad (cfr. esta Sala in re «Jorge Luis Rebagliati SRL y otro c/ PNA -Disp 76/08 (Expte. B-9828/06)», 2/11/10, «OSBA c/ SSS – Resol 1497/10 (expte 130808/08)», sent.del 7/6/11, entre otras).

En el caso, la multa no aparece manifiestamente arbitraria si se tiene en cuenta la entidad de la infracción cometida y las circunstancias de hecho comprobadas en la causa. De ese modo, no corresponde intervención alguna del Tribunal para anular o modificar la sanción impuesta (cfr., al respecto, Fallos: 313:153, considerando 6°; y 321:3103 , considerandos 4° y 6°).

10) Que, en atención a la naturaleza del asunto, el resultado obtenido y la trascendencia económica de la cuestión en debate (vgr., el importe de la multa impuesta), y atento el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada durante la única etapa que tuvo el tramite de este recurso directo, corresponde REGULAR en la suma de pesos . ($.) – equivalentes a la cantidad de. U.M.A. los honorarios de la doctora NANCY GRISELDA BLASI en su doble carácter de letrada apoderada de la parte demandada (art. 16, 19, 20, 21, 29, 44, inc. a, 51 y ccdtes. de la ley 27.423 y acordada CSJN 01/21).

Se deja constancia de que la regulación que antecede deberá cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423, y que no incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la situación de la profesional interviniente frente al citado tributo.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1º) Rechazar el recurso, con costas (art. 68 del CPCCN); y 2º) Regular en la suma de PESOS.($.-) equivalentes a la cantidad de. U.M.A. los honorarios de la doctora NANCY GRISELDA BLASI, de conformidad con lo dispuesto en el considerando 10.

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en las direcciones de correo electrónico indicadas en el dictamen de fs.

279/281 y oportunamente devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORAN

ROGELIO W. VINCENTI

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