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#Doctrina Reflexiones jurídicas en torno a la vacunación durante la pandemia de Covid-19

Autor: Wierzba, Sandra M.

Fecha: 26-may-2021

Cita: MJ-DOC-15984-AR | MJD15984

Sumario:

I. Introducción. II. Normativa y jurisprudencia propia de tiempos ordinarios. II.1. Marco legal. II.2. Jurisprudencia nacional. II.3. Jurisprudencia extranjera. III. Normativa y jurisprudencia propia de tiempos extraordinarios: la vacunación ante la crisis generada por el Coronavirus Covid-19. IV. Palabras finales.

Doctrina:

Por Sandra M. Wierzba (*)

I. INTRODUCCIÓN

Transcurrido casi un año y medio desde el inicio de la pandemia de Covid-19, que a la fecha de terminación de este trabajo, en nuestro país significó el contagio de casi tres millones y medio de personas y el fallecimiento de más de setenta mil, las medidas epidemiológicas de cuidado (distanciamiento, uso de tapabocas y lavado frecuente de manos) siguen siendo vitales para evitar la propagación del virus, de la mano de la creciente vacunación.

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Temidas por algunos sectores en función de su novedad y escasa experiencia, denostadas por otros grupos minoritarios pero combativos, las vacunas para prevenir el covid-19 son un bien aún escaso, deseado por la mayor parte de nuestra población, cuyo valor bien puede ser enmarcado dentro de la máxima que expresa que «Luego de la potabilización del agua, la vacunación es el hito sanitario que más vidas ha salvado en el mundo a lo largo de la historia de la humanidad» (1).

La mentada escasez, que impacta en la extraordinaria crisis sanitaria, social y económica que atravesamos, propicia variadas discusiones. En el último año y a nivel nacional, éstas transcurrieron entre el carácter obligatorio o voluntario que debía tener la vacunación contra el coronavirus, el cuestionamiento de las normas dictadas en la emergencia, las críticas sobre la efectividad de ciertas vacunas en particular, la controversia en torno a por qué no se habrían alcanzado acuerdos con ciertas industrias farmacéuticas y hasta la puesta en duda sobre la justicia de los órdenes de prelación dispuestos en el ámbito de las campañas de vacunación jurisdiccionales.

Ahora bien, más allá de las necesarias perspectivas sanitaria, comunicacional, social y política sobre el tema, una mirada jurídica sin duda resulta necesaria para esclarecer algunas de esas cuestiones y para contribuir con una campaña de cuya eficacia depende la vida de millares de personas de nuestra comunidad. El objetivo de este trabajo es contribuir con dicha finalidad.

II.NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA PROPIA DE TIEMPOS ORDINARIOS (2)

II.1. MARCO LEGAL

Cabe observar que una gran parte de la normativa argentina sobre vacunación, se expresa en resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación que tratan específicamente el caso de las distintas inmunizaciones y campañas previstas (3). A su vez, algunas normas trascendentes fueron dictadas en el ámbito provincial y hace siglos, destacándose, por ejemplo, la Ley 1839 -17/8/1886- de la Provincia de Buenos Aires sobre vacunación antivariólica, preventiva de una enfermedad que logró ser declarada oficialmente erradicada en 1980, gracias a la inmunización a escala mundial (4).

En 1941 el Poder Legislativo nacional supo dictar una primera ley para la vacunación antidiftérica, imponiendo su obligatoriedad y gratuidad para niños y niñas (de nueve meses a doce años), para muchos años después, con el advenimiento de la democracia, sancionar el Régimen general para la vacunación contra enfermedades prevenibles (L22909/83), que preveía Programas de vacunación gratuita y obligatoria contra variadas patologías, estableciendo un deber social de someterse a este medio de inmunización y responsabilizando a los cuidadores de las personas no competentes (progenitores, tutores, curadores), de su aplicación, con posibilidad de ordenarse la vacunación compulsiva.

Finalmente, la Ley 27491/18, hoy vigente, calificaría a la vacunación como una verdadera «estrategia de salud pública preventiva y altamente efectiva», conservando su carácter gratuito y obligatorio para las incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación y la posibilidad de inmunización compulsiva, consagrando el principio de equidad social para la vacunación en todas las etapas de la vida (art. 2°. Inc. a y b) y la prevalencia de la salud pública sobre el interés particular (art. 2 inc. c).

II.2.JURISPRUDENCIA NACIONAL

En nuestro país, no fueron pocos los reclamos judiciales iniciados, a partir de denuncias de las autoridades escolares, en casos de niños que no cumplían con el Calendario Nacional de Vacunación, por decisión de sus progenitores, con fundamento en una filosofía de vida o modelo sanitario (por ejemplo homeopático o ayurvédico). La regla en las decisiones judiciales dictadas en ese tipo de casos, fue la intimación a cumplir con el esquema vacunación obligatorio, bajo apercibimiento de proceder a la vacunación compulsiva, en resguardo de la salud de los NNA; por razones de salud pública y de priorización del interés colectivo (o bien, de su adecuado equilibrio con el interés individual) (5).

También se interpusieron reclamos por responsabilidad civil ante el efecto adverso de vacunas. Así, por ejemplo, ante el caso de una persona que adquirió poliomielitis luego de recibir la vacuna Sabin (6) y de otra que sufrió una encefalitis luego de recibir la vacuna contra la rubéola y el sarampión (7). En dichos supuestos se reconoció que las sustancias aplicadas no fueron viciosas, pero que correspondía indemnizar a los damnificados ante la materialización de riesgos extraordinarios pero previsibles de la vacunación, con base en la doctrina de la responsabilidad del Estado por actividad lícita, evitándose así, un sacrificio desigual en su caso.

Asimismo, se interpusieron reclamos que tuvieron por finalidad la vacunación colectiva de distintas comunidades. En este sentido, en el recordado precedente «Viceconte» (8), se ordenó completar la unidad de producción de la vacuna Candid 1 para prevenir el mal de los rastrojos o fiebre hemorrágica argentina, que portaba un riesgo especial para unos 3.500.000 habitantes de la zona de Junín. Y ante una sensible baja en la compra de inmunizaciones por parte del Estado en el año 2019, se inició y prosperó un amparo que ordenó la entrega de las vacunas contra la bacteria del meningococo, para niños de todas las edades (9).

II.3.JURISPRUDENCIA EXTRANJERA

La reticencia a la vacunación también ha dado lugar a variados reclamos en otras latitudes, que por lo general se han resuelto siguiendo el mismo espíritu observado en nuestra jurisprudencia.

Así, por ejemplo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, rechazó la oposición de los progenitores de una niña a su inmunización con vacunas incluidas en el Calendario obligatorio, fundada en razones religiosas. Al hacerlo, reconoció el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, aunque destacó que tal libertad contaba con limitaciones establecidas por la ley para proteger la salud pública y los derechos de los demás (conf. CDN, art. 14). Sostuvo además que el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades hacían a un fin constitucionalmente legítimo, que justificaba la obligatoriedad de las vacunas, destacando que el Plan Nacional de Vacunación procuraba evitar el riesgo potencial de brotes epidémicos de enfermedades infecciosas que podían provocar la muerte (como el sarampión) y discapacidades permanentes (como la rubéola congénita) (10).

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), tuvo la oportunidad de pronunciarse recientemente y por primera vez sobre la obligatoriedad de las vacunas en el caso conocido como Vavricka, en un continente donde coexisten distintas políticas públicas a su respecto. Lo hizo ante la presentación de distintos reclamos por niñas y niños cuyos progenitores cuestionaban la normativa de vacunación obligatoria checa, que preveía multas e imposibilidad de acceso al jardín de infantes para quienes no estuvieran inmunizados. En su decisión, el TEDH afirmó que la normativa checa era razonable y proporcionada a la finalidad de vacunar a la población contra enfermedades que suponen un riesgo serio para la salud y que si bien tal política pública suponía una interferencia respecto del derecho a la vida privada (conf. art. 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos), ésta se hallaba justificada.Agregó además que las autoridades habían actuado dentro del «margen de apreciación» aplicable, que admitía una amplia discrecionalidad para la vacunación infantil, por involucrar la salud pública y derechos de terceros (11).

De otro lado, la jurisprudencia latinoamericana de los Máximos Tribunales, da cuenta sobre variadas acciones tendientes a la efectivización del derecho a la vacunación, con sentido colectivo.

Así, por ejemplo, en Costa Rica se decidió sobre el caso de un grupo de adultos mayores que solicitaban su inclusión en la categoría de personas con derecho a recibir la vacuna contra el neumococo, con independencia de portar individualmente factores de riesgo, a quienes se reconoció tal derecho en base a la protección especial al anciano, reconocida a nivel constitucional’ (12).

Asimismo, en Colombia se ordenó la ejecución de las acciones necesarias para que todos los niños de una población originaria que vivía en condiciones de notoria precariedad, completaran su esquema básico de vacunación, en base a una acción iniciada por el Defensor del Pueblo de la localidad de Vaupés (13).

III. NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA PROPIA DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS:LA VACUNACIÓN ANTE LA CRISIS GENERADA POR EL CORONAVIRUS COVID19

Hacia fines de 2020, en plena crisis por la pandemia y cuando se acercaba el inicio de la comercialización de vacunas para la prevención del Covid-19, el Congreso Nacional proyectó un marco regulatorio considerador de la idiosincrasia y experiencia local, pero a su vez acorde a los requisitos que la industria farmacéutica, evidentemente planteó a nivel internacional.

El proyecto de ley sobre vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19, luego devenido Ley 27573 (BO 6/11/20), asignó facultades para que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud, incluyera en los contratos a celebrar para la adquisición de vacunas, cláusulas que establecieran la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales con sede en el extranjero, con renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, pero exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieren producir en dicha jurisdicción y con relación a tal adquisición. A su vez, estableció que la renuncia a oponer tal defensa no implicaría abdicación alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de bienes de la máxima envergadura, como por ejemplo, las reservas del BCRA, los bienes del dominio público localizados en el país y los bienes que forman parte de nuestra herencia cultural (arts. 2 y 3).

Estas disposiciones fueron criticadas por defecto, pues se alegó que desprotegerían a las potenciales víctimas de daños derivados de las inmunizaciones, a pesar de que el texto ordena expresamente que «En ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina, sean personas humanas o jurídicas, quienes en todos los casos conservan su derecho de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la aplicación de estos contratos» (sic, art.2, 2° párr.) y por exceso, en cuanto habría desalentado el ingreso de ciertas vacunas (14).

A su vez, la norma admitió la inclusión de cláusulas de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos (art.4°.), regla que habría sido crucial en la imposibilidad de concretar ciertos acuerdos (15). Sobre este aspecto, cabe mencionar que la ley no impide la interposición de reclamos contra el Estado por los eventuales efectos adversos de las vacunas ajenos a ese tipo de conductas. A su vez, vale la pena recordar que nuestro país tiene ya una vasta experiencia en normas que reconocieron compensaciones a las víctimas de daños generalizados, que podrían obrar como antecedente en el supuesto de verificarse perjuicios reiterados en el caso de las inmunizaciones en cuestión.En este sentido, se destacan Ley nacional 25.869/04, que fijó beneficios para personas hemofílicas infectadas con el VIH, luego ampliada a personas infectadas con los virus de Hepatitis B y C y a sus familias; las Leyes 26.690/11 y 27.139/15, sobre reparación a las víctimas de los atentados producidos en la sede de la Embajada de Israel y la AMIA; las leyes 24.043/91; 24.411/94-; 25.914/04, sobre reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado y el sistema de reparación para accidentes laborales, previsto en la Ley 24557/95 y luego en la ley 27348/17.

Asimismo, se cuestionó la regla que admite la inclusión de «cláusulas o acuerdos de confidencialidad», a cuyo respecto los redactores de la norma argumentaron que se trataba de una confidencialidad atinente a la patentabilidad (16).

Todas esas críticas (17), si bien entendibles para tiempos ordinarios, lucen impropias para el escenario de desastre ya existente al momento del diseño de la ley, hoy ensanchado hasta límites nunca imaginados. A su vez, se advierte la generalización de ese tipo de disposiciones a nivel legal y contractual en el ámbito internacional y su aceptación por naciones cuya vacunación extendida, les ha permitido retomar a hoy su vida normal (18).

En ese contexto, en un principio hubo cierta indefinición en cuanto al carácter que tendría la vacunación.La alta contagiosidad y consecuente extendida mortalidad propias del virus, bien pudieron justificar la vacunación obligatoria, útil a los fines de alcanzar una «inmunidad colectiva» o «de rebaño»-que exige que una gran parte de la población se vacune, para proteger a quienes no pueden hacerlo (19) -, acorde a una nación atravesada por la desigualdad y con gran tradición legal en tal sentido.

De hecho, no faltaron los reclamos judiciales por los que se cuestionó una vacunación obligatoria que nunca llegó a ser tal, en esencia rechazados por considerárselos portadores de alegaciones genéricas sobre el derecho a la libertad, autonomía y a la elección de un plan de vida; además de conjeturales y faltos de razones concretas (20).

Pero la aprobación de las vacunas bajo un sistema de emergencia y la situación de escasez, evidentemente determinaron que el Estado debiera diseñar un sistema de distribución en base a grupos prioritarios, a cuyo efecto se contó -y se sigue contando-, con el asesoramiento de un cuerpo de expertos de muy variados saberes, integrantes de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) (21). Fue así que en el contexto del Plan estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina (Res. 2883/2020), se estableció la prioridad de grupos en función de la edad (adultos mayores), de su rol estratégico (ej.: trabajadores de la salud, de la educación), de su condición de salud (personas con comorbilidades) -entre otros-; que en la práctica significó la toma de decisiones dilemáticas de opción en favor de ciertas personas necesitadas, por sobre otras también necesitadas; además de ciertas diferencias de criterio según jurisdicción y una evolución dinámica en función del avance de la pandemia (22) y de la cantidad de inmunizaciones recibidas.

En tal contexto, los reclamos judiciales también se hicieron presentes, observándose dos líneas jurisprudenciales antagónicas.En un sentido, se acogió el derecho a la vacunación de personas no incluidas en las categorías legales de prioridad, por su especial vulnerabilidad, por ejemplo, en el caso de residentes en establecimientos geriátricos de larga estancia (23), de personas con discapacidad (24) y de personas con enfermedades graves (25). En sentido contrario y también con relación al caso de enfermedades graves, se sostuvo que «no corresponde al Poder Judicial alterar una política de Estado definida en un marco extraordinario por órganos y personas elegidas democráticamente» (26).

Se observa así la reaparición del ya tradicional conflicto vigente en nuestro país y en gran parte del continente, sobre qué Poder o Poderes del Estado deben ocuparse de la administración de los recursos de salud y acerca de hasta qué punto el derecho de una persona a recibir un tratamiento no legalmente consagrado en forma específica, afecta a los demás individuos y a la sociedad en su conjunto.

IV. PALABRAS FINALES

La crisis provocada por el coronavirus Covid-19 nos ha colocado en un escenario de desastre, con necesidad de revisar los principios y normas aplicables a las relaciones humanas en general y al Derecho de la Salud en particular. Las figuras y razonamientos jurídicos de excepción, bien pueden constituir hoy la regla.

Tal fenómeno comprende a la vacunación, que en nuestro medio aparece como la posible solución a la catástrofe sufrida. A su respecto las circunstancias y decisiones también pueden resultar dilemáticas y cambiantes, siendo valiosa la visión de conjunto y la acción coordinada, con asesoramiento de expertos y conciencia de los inevitables riesgos.

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(1) WHO, The World Health Organization: Vaccines; The World Health Organization: Q&A on vaccines, 2019. Sociedad Argentina de Infectología, Vacunas: Comunicado Oficial, disponible en https://sadi.org.ar/mdex.php?option=com_acymailmg&ctrl=archive&task=view&mailid=115&key=HAnr x2a4&subid=665-01e11314b09ca7bd3d3832caee630388&tmpl=component al 18/10/20.

(2) Puede verse un estudio profundizado sobre el tema en WIERZBA, Sandra; MANSNERUS, Juli y MALMINEN Toni en «Vacunación:hacia un equilibrio entre libertad de conciencia e interés público. – Análisis jurídico comparado durante la crisis del Covid19» , La Ley 21/12/20, AR/DOC/3839/2020.

(3) http://www.legisalud.gov.ar/atlas/categorias/vacunas.html

(4) https://www.whoint/features/2010/smallpox/es/#:~:text=La%20viruela%20fue%20declarada%20oficial mente,end%C3%A9mica%20en%20%C3%81frica%20y%20Asia.

(5) Ver por ej., CSJN, «N.N. O U.V. s/Protección y guarda de Personas» (12/06/2012, Fallos: 335:888); CNCiv., sala de feria, Defensoría de Menores e Incapaces N° 1 c. C. F., T. S. s/ medidas precautorias, 15/01/2019, AR/JUR/11/2019; «F. S. DE B., Ñ. y R. N. S. DE B. en situación de riesgo» – STJ DE JUJUY – 12/07/2016; AR/JUR/52077/2016 , 14/10/2016; « Q. K .H.s/ situación (f), – Juzg. De Familia Luis Beltrán, 2a. Circ. De Río Negro, 16/05/2018 (Sentencia no firme), elDial.com – AAA90B.

(6) O., J.N. y otro c/ EN – M° Salud de la Nación y otros s/ daños, CNACAF, SALA V, 1/07/2014. elDial.com-AA89E1.

(7) Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nro. 6 de Rosario. T., M. A. c. Provincia de Santa Fe s/daños y perjuicios – 10/10/2012, Cita Online: AR/JUR/74908/2012.

(8) «Viceconte, Mariela C. c. Ministerio de Salud y Acción Social» CNA. Cont. Adm. Fed, Sala IV, 2/6/98, AR/JUR/3219/1998.

(9) AJUS La Plata y otro c. Ministerio de Salud y Desarrollo Social Nación (Secretaría de Salud) s/ Amparo colectivo»: Juzg. Civ., Com. y Cont. Adm. Fed. No.4. LA PLATA, 30/8/19, Cita Online: AR/JUR/27506/2019.

(10) SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de Costa Rica 17-017944- O007-C0 Res.N° 2017018720, 21/11/17, disponible en https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-729555 al 24/10/20.

(11) Vavncka y otros contra la República Checa, Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), 8/4/21, disponible al 14/5/21 en https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid0/o22:r°/o22001- 209039%22|; . Si bien la sentencia se dictó durante la pandemia, el caso fue iniciado con anterioridad y los argumentos desplegados por la Corte se fundan en razones esencialmente ajenas al contexto.

(12) SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de Costa Rica, Resolución N° 08339 – 2009, del 22/5/09, disponible al 22/10/20 en https://nexuspj.poder-judiciaLgo.cr/document/sen-1- 0007-447895.

(13) SALA QUINTA DE REVISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL de Colombia, 26/5/17, Sentenci a T-357/17, ante la acción interpuesta por el Defensor Regional del Pueblo de Vaupés, disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-357-17.htm al 7/11/20.

(14) https://www.infobae.com/politica/2021/02/03/gines-gonzalez-garcia-explico-por-que-el-gobiemo-no- llego-a-un-acuerdo-con-pfizer-por-la-vacuna/

(15) Ibid.

(16) Conf. lo expuesto por el Diputado Pablo YEDLIN, Presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional en entrevista a distancia con lxs integrantes de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, de fecha 5/11/20.

(17) Ver por ej. el Dictamen sobre el proyecto de ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el covid-19, expte n° 5072-D-2020, presentado por la Red Federal de Salud, por ante el Senado de la Nación, con fecha 20/11/20

(18) Pueden verse por ejemplo, el contrato celebrado por el Estado de Israel con la farmacéutica Pfizer, en https://govextra.gov.il/media/30806/11221-moh-pfizer-collaboration-agreement-redacted.pdf y el celebrado por la Comisión Europea con la farmacéutica Astra Zeneca.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP 21 302, ambos disponibles en los sitios web indicados al 19/5/21.

(19) ZELAYA, Mario A.: Los nuevos desafíos que enfrenta la ley de vacunación obligatoria, SJA 18/09/2019 , 3 , JA 2019-III, Cita Online: AR/D0C/2178/2019.

(20) Por ej., JFed 1a Inst. Santa Rosa, 21/01/2021, M., M. d. C. y otros c. Ministerio de Salud de la Nación s/ Amparo Ley 16.986, AR/JUR/32/2021; JNCAF 1a.Inst. 10, 03/12/2020, Yahbes, Eduardo Ángel c. EN – M Salud s/ Amparo Ley 16.986 – AR/JUR/81674/2020 y CACF sala I, 06/04/2021, AR/JUR/6159/2021; CFAp. de Bahía Blanca, sala I, 02/03/2021, Moran, María y otros c. Ministerio de Salud de la Nación s/ Amparo Ley 16.986, La Ley Online – AR/JUR/1509/2021; estos últimos dictados cuando el régimen para la vacunación contra el Covid 19 previsto era claramente voluntario. Sobre el tema, puede verse también Pulvirenti, Orlando D. Autor: Pulvirenti, Orlando D., «Dilemas jurídicos de la vacunación contra el Covid19», 21-feb-2021, Cita: MJ-DOC-15774-AR | MJD15774.

(21) https://www.telam.com.ar/notas/202102/545380-mision-integrantes-comision-nacional- inmunizaciones.html

(22) De hecho, con o sin relación con las acciones judiciales que se detallan, el Ministerio de Salud ha venido ampliando los grupos prioritarios para ser vacunados, incorporando últimamente a pacientes oncológicos; a quienes tengan tuberculosis activa; y a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, incluyendo síndrome de Down, entre otros. Ver https://www.argentina.gob.ar/noticias/el- ministerio-de-salud-de-la-nacion-amplia-la-poblacion-objetivo-vacunar-contra-covid-19

(23) Expte. N° 10943/2014 – s/determinación de la capacidad» – JNCiv.N0 23 – 14/04/2021, elDial.com – AAC359.

(24) Ver por ej., «Del Amo, Sonia E. c. Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires s/ amparo», 30/03/2021, Juzgado Civil y Comercial N° 13 de la Plata (AR/JUR/7725/2021) y «D. H.M. S. s/ determinación de la capacidad», en trámite ante el Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Civil N° 23 (AR/JUR/8235/2021) y asimismo un detalle sobre el tema en Del Hoyo, Nicolás, ¿Debe y puede el Poder Judicial de la Nación ordenar al Estado la vacunación contra el COVID-19 a favor de personas con discapacidad? LL 11/5/20, Columna de opinión.

(25) JNCAF, 1a Inst. 6 – 27/04/2021 – G., F. c. EN – M Salud s/ Amparo Ley 16.986 – AR/JUR/11111/2021.

(26) K., A. M. c/ GCBA s/ amparo – salud – medicamentos y tratamientos» – JCAyT N° 15 CABA, 21/04/2021, elDial.com – AAC39C.

(*) Abogada en ejercicio y Profesora Titular de Obligaciones Civiles y Comerciales (F. Der.-UBA). Doctora en Derecho Privado e Investigadora (UBA). Integrante del Instituto de Derecho Civil de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Integró la Comisión de Bioética del Código Civil y Comercial de la Nación. Directora del Instituto del Salud del Colegio de Abogados de San Isidro. Asesora legal de distintas Sociedades Científicas.

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