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#Doctrina Audiencia telemática y preclusión

Autor: Warlet, Rosa A.R.

Fecha: 14-may-2021

Cita: MJ-DOC-15965-AR | MJD15965

Sumario:

I. Introducción. II. El caso. III. Audiencia telemática. IV. Preclusión procesal. V. A modo de cierre.

Doctrina:

Por Rosa A. R. Warlet (*)

«.en el procedimiento el tiempo es mucho más que oro, es justicia» (Eduardo Couture)

Abstract: La emergencia sanitaria consecuencia de la pandemia COVID-19 nos desafía a transformar el funcionamiento tradicional de los tribunales y a abandonar nuestra zona de confort adoptando soluciones tecnológicas efectivas.

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I. INTRODUCCIÓN

La pandemia COVID-19, tan inesperada como brutal e impetuosa, ha provocado cambios en todos los órdenes de la vida. El escenario se presenta cambiante, enfrentándose los sistemas de justicia a importantes desafíos para poder brindar tutela judicial efectiva.

En las distintas jurisdicciones, cada una a su tiempo, se fueron implementando teletrabajo, recepción de escritos electrónicos, incorporación de firma digital y electrónica, avanzándose en las audiencias por videoconferencia, recepción de denuncias por sistemas de mensajería instantánea, líneas telefónicas de atención permanente, órdenes de pago electrónicos, mediaciones a distancia, entre otros avances.

En el caso de Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte a través de la Resolución 10/20 estableció las «Disposiciones para preservar la salud y las limitaciones de acceso a las dependencias judiciales en el marco del aislamiento, social, preventivo y obligatorio», adoptado por el Poder Ejecutivo Nacional en su DNU N°297/20 . La clara finalidad fue limitar la afluencia de personas a los organismos judiciales, priorizar el uso de medios tecnológicos, respecto de las audiencias dispuso su celebración siempre y cuando el organismo y los intervinientes cuenten con las facilidades informáticas a tal fin.En similar sentido se ven soluciones similares en todo el orbe.

Luego la resolución 480/20 de la SCBA establece la modalidad, las excepciones y la celebración de audiencias de conciliación y preliminares en forma remota mediante la aplicación de la plataforma Microsoft Teams (1).

Por Resolución N° 816/20, la SCBA estableció que los órganos judiciales de los fueros Civil y Comercial, Laboral, Familia, Contencioso Administrativo y de Paz, podrán celebrar cualquier clase de audiencias de modo total o parcialmente remoto.

Son las denominadas «Audiencias Remotas», también denominadas telemáticas, a distancia, que han surgido y se han consolidado durante la pandemia para conjugar la efectiva prestación del servicio de justicia con el cumplimiento de las normas de emergencia sanitaria.

La audiencia remota se caracteriza porque la presencia de los intervinientes no es física en un ámbito tribunalicio sino virtual.

En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha dicho que la audiencia remota no es más que «un cambio en el ámbito o lugar de desarrollo de un acto procesal jurisdiccional: del físico y presencial realizado en los estrados judiciales se transpola al virtual, con igual seguridad; así, el anoticiamiento mediante cédulas libradas a las partes y testigos explicando la modalidad, día y hora garantizan a priori el pleno ejercicio de derecho de defensa» (2).

Las audiencias virtuales implican una adaptación tecnológica al medio y espacio en que se desarrollan pero de ninguna manera implican alteración de reglas, principios y etapas inherentes a cada audiencia.

II. EL CASO

Una vez presentada la demanda de alimentos, conforme el art.636 del CPCCBA, el Juez, señalará una audiencia que tendrá lugar dentro de un plazo que no podrá exceder de 10 días, contado desde la fecha de presentación.En esa audiencia -a la que concurren las partes personalmente y el representante del Ministerio Pupilar- el Juez intentará conciliarlas y si lo logra, ese acuerdo pone fin al juicio.

La oportunidad procesal en la que el demandado puede ejercer su defensa y ofrecer prueba es en esa audiencia, pudiendo acompañar prueba instrumental o solicitar informes.

No está contemplada la carga de que el demandado por alimentos conteste la demanda como lo hace en otros tipos de procesos. No obstante, la jurisprudencia -atendiendo al carácter contradictorio del proceso y la calidad de parte del demandado, aunque su actuación sea limitada- ha admitido la contestación de demanda en forma verbal o mediante la presentación de un memorial en el marco de la audiencia preliminar convocada en los términos del art. 636 del CPCC, o aún con anterioridad a la celebración de la audiencia. En tal sentido, se han dictado fallos que aceptan que el alimentante conteste y controvierta las pretensiones de la alimentada, ofrezca y acompañe la prueba documental e informativa.

Ahora bien, esa presentación debe realizarse temporáneamente, es decir, dentro del período fijado para la realización del acto a fin de tener la eficacia que la ley le otorga. Esa actividad tiene como límite temporal el de la celebración de la audiencia preliminar del artículo 636 del CPCC.

Los plazos legales y judiciales son perentorios salvo acuerdo de las partes establecido por escrito en el expediente (art.155 CPCC), con relación a actos procesales específicamente determinados. Por tanto, una vez vencido se opera automáticamente la caducidad de la facultad procesal para cuyo ejercicio se concedió. Lo contrario sería violentar el principio de preclusión.

La parte demandada en el memorial de apelación introdujo cuestiones relativas a dificultades de audio y video. Revisado el video alojado en el sitio respectivo, el Tribunal no percibió anormalidades.En lo principal, el alimentante no planteó la posibilidad de contestar demanda ni solicitó prórroga, suspensión, interrupción de plazos (basado en alguna situación de fuerza mayor informática, art. 157 del CPCC), siendo ése el momento procesal oportuno para plantearlo.

Así las cosas, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón (3) confirmó la resolución apelada que tuvo por no contestada la demanda de alimentos. Analizando principalmente dos circunstancias relevantes: la aplicación del principio de preclusión y la falta de acreditación de las dificultades técnicas en el desarrollo de la audiencia remota tardíamente alegadas.

Dado el distinto medio a través del cual se desarrollan, hay que tener bien presente que la asistencia y participación a una audiencia telemática requiere de una preparación distinta pues al habitual estudio del caso, se le adiciona la especial observancia de los protocolos y reglamentos dictados al efecto.

III. AUDIENCIA TELEMÁTICA

En el caso bonaerense, se dispuso que para celebrar o participar de las audiencias, se deben observar las previsiones o pautas generales orientativas contenidas en la Guía de actuación para el desarrollo de audiencias total o parcialmente remotas (Anexo Único Resolución N° 816/20 SCBA), aplicable a audiencias total o parcialmente remotas. Se trata de un digesto muy detallado, en el que abundan recomendaciones fundamentalmente en lo que hace a la necesidad de conocimiento y al uso de la herramienta. Establece reglas claras distribuyéndolas entre los organismos judiciales y las partes en base al principio de colaboración procesal.

Todos los intervinientes tienen la carga de observar los requerimientos técnicos establecidos en instructivos para usuario, pudiendo recurrir en caso de duda a la Subsecretaría de Tecnología Informática.En caso de que en las audiencias deban participar niños, niñas y adolescentes o personas con capacidad restringida, el órgano judicial podrá requerir previamente un informe técnico profesional debidamente fundado sobre su procedencia.

Recomienda al organismo judicial que al fijar la audiencia reitere la observancia de los requerimientos técnicos mínimos. En el caso específico del fuero de familia debe indicar la plataforma digital que se utilizará, fijar recomendaciones prácticas, reiterar el deber de puntualidad y la posibilidad de consultar cualquier duda operativa a la Subsecretaría de Tecnología Informática, requerir a las partes la denuncia de datos de contacto.

En la etapa entre la fijación y la celebración de la audiencia, se pone en cabeza del órgano judicial y de los abogados por aplicación del principio de colaboración procesal que se notifique electrónicamente a los sujetos procesales y auxiliares de justicia la fecha y hora, metodología y links de acceso a la audiencia remota, asegurándose que estén en condiciones técnicas de asistir y puedan acreditar su identidad; confirmen la recepción de la notificación electrónica y link de acceso a la audiencia; aseguren que sus representados estén en condiciones de acceder remotamente a las audiencias y que estén en condiciones de acreditar su identidad; informen lugar de concurrencia al que deberán asistir, en caso que se disponga una audiencia parcialmente remota; adopten todas las medidas organizativas, seguridad o especiales.

El día de la audiencia, el asistente judicial de apoyo deberá iniciar la reunión en la plataforma correspondiente con quince minutos de anticipación y las partes deben ingresar al link al menos diez minutos antes al inicio de la audiencia como medida preventiva para controlar la conexión y/o solucionar cualquier inconveniente técnico que exista. Los comparecientes son identificados con una declaración jurada sobre su identidad y exhibición frente a la cámara de DNI o credencial profesional.Una vez ingresado todos los asistentes, se bloquee la entrada y se graba cuando así corresponda observándose los instructivos elaborados por la Subsecretaría de Tecnología Informática.

Los asistentes a la audiencia son identificados, luego se bloquea la entrada a la audiencia dándose inicio a la misma. Para la grabación se observan las indicaciones prescriptas en los instructivos.

La Guía contiene una regla relacionada con problemas técnicos o de conectividad que impidan a la parte reconectarse, debiendo el órgano jurisdiccional proveer las medidas que estime adecuadas para evitar la suspensión o frustración de la audiencia. Está prevista la posibilidad de que el problema se origine en el tipo de plataforma utilizado, en cuyo caso, podrá utilizar otras que, garantizando la seguridad del trámite, permitan su desarrollo. De obrar de tal forma se deja constancia del cambio y de la conformidad de las partes.

Concluida la actividad para la cual fue convocada, el órgano judicial declarará cerrada la audiencia, concluirá la grabación, cerrará el espacio virtual y asociará el trámite en el sistema de gestión judicial.

Del cumplimiento de las cargas impuestas colaborativamente tanto a organismos judiciales como a las partes y sus letrados, fundamentalmente lo que hace a la conectividad, cumplimiento de requisitos técnicos depende que la audiencia se realice en condiciones en las que pueda ejercerse adecuadamente el derecho de defensa.

IV.LA PRECLUSIÓN PROCESAL

La preclusión procesal consiste en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.

Por efecto de la preclusión adquieren carácter firme los actos cumplidos dentro del período correspondiente y se extinguen las facultades procesales que no fueron ejercidas durante su transcurso.

Rojas, considera que la preclusión no es un principio sino un sistema «por el cual optó el legislador para el desarrollo de las actuaciones, importa la necesidad de cumplir con la carga que se le impone a una parte dentro de un lapso de tiempo determinado, bajo apercibimiento en caso de no hacerlo de cerrar esa etapa o actuación para continuar con la siguiente» (4).

Se ha dicho, citando a Chiovenda que las situaciones que configuran la preclusión pueden ser consecuencia de no haberse observado el orden señalado por la ley para su ejercicio, como los plazos perentorios o la sucesión legal de las actividades y las excepciones; haberse realizado una actividad incompatible con el ejercicio de la facultad, como el cumplimiento de un acto incompatible con la intención de impugnar una sentencia; o haberse ejercitado ya válidamente una vez la facultad (consumación propiamente dicha) (5).

La preclusión garantiza la seguridad jurídica que se evidencia a través de la firmeza de los actos procesales, evitando la incertidumbre de la reedición infinita del litigio y el dispendio de tiempo y recursos por la prolongación de la definición del proceso.

Con sustento en jurisprudencia de la CSBA (6), bien señala la resolución en comentario que: «El efecto propio de tal perentoriedad es la pérdida irreversible del derecho que se haya dejado de ejercer dentro del término sin necesidad de declaración judicial ni petición alguna de parte».

La demandada asistió a la audiencia virtual sin contestar la demanda -siendo esa la oportunidad de ejercer su defensa- y consintiendo el cierre del acto (art. 7 pto. d de la Guía), lo que pudo apreciarse visualizando el video de la audiencia alojado en el sitio web respectivo.Al producirse la finalización de la audiencia en la que debía ejercer su derecho de defensa y no lo hizo, no resulta factible volver para atrás, quedó sellada la posibilidad de hacerlo por haberse operado la preclusión.

Una solución distinta implicaría amparar la imprevisión de quien no adoptó los recaudos para ejercer su derecho en término. No obstante, no le estaría vedada la posibilidad de promover incidente ya sea de disminución o de cesación de alimentos.

VI. A MODO DE CIERRE

Adquirir los conocimientos, técnicas, habilidades y cualidades que nos mantengan actualizados también nos permitirán obtener el mayor rendimiento a las herramientas tecnológicas gracias a las cuales se desarrollan las audiencias, siendo el medio la única diferencia con las realizadas presencialmente.

El análisis de la reglamentación de las audiencias remotas, en especial, la reiteración -a modo de advertencia- respecto de la recomendación de manejar la plataforma a través de sus instructivos disponibles en la web o eventualmente recurriendo a consulta al órgano de aplicación y en cuanto al cierre de la audiencia una vez concluidas las actividades para las que fue convocada, hacen reflexionar respecto de la necesidad de estar preparados y atentos lo que incrementa las posibilidades de que nuestras reacciones sean inmediatas, facilitando un desenvolvimiento eficaz en este nuevo entorno.

Inconvenientes técnicos pueden producirse en algún momento. El Reglamento sólo considera una imposibilidad total. Ello no obsta a que en caso de producirse inconvenientes temporales o parciales sean planteados por el litigante durante la celebración de la audiencia, al momento de su producción, necesariamente antes de su cierre.Sería conveniente que se incorpore en una futura reforma la previsión correspondiente a inconvenientes parciales porque ello consolida la confianza en el sistema y el principio de seguridad jurídica.

Es el momento de aprovechar la experiencia recogida durante el último año para transformar el funcionamiento tradicional de los tribunales con herramientas tecnológicas que brinden eficacia al proceso judicial, garantizando el debido proceso.

El cambio de paradigma es un hecho, sin vuelta atrás.

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(1) Plataforma que a criterio de la Subsecretaría de Tecnología Informática cumple con todos los requerimientos para dicha función y además reviste grado corporativo, lo que permite recolectar y tratar orgánicamente la información de las audiencias a distancia.

(2) Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Sunchales Juzgado: 31, Coronel Roberto Marcelo y otros c/ Calvo Ángel s/ exhorto y oficio Ley 22.172 , 02/11/2020. Cita: MJ-JU- M-129301-AR, MJJ129301

(3) Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón – Sala II, I. R. E. c/ C. J. A. | alimentos, 23/03/2021. Cita: MJ-JU-M-131281-AR, MJJ131281

(4) ROJAS, Jorge A.: Nociones básicas (teórico-prácticas) de Derecho Procesal Civil, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires 2020, pág.149

(5) PALACIO, Lino E.: Manual de Derecho Procesal Civil actualizado por Carlos E. Camps, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016, pág.99

(6) CSJBA Ac. 73412 S 22-11-2000, «Boschetti, Rubén Darío c/Mario Medida Construcciones y/o Medina, Mario s/Cobro de pesos y daños»

(*) Abogada, Mediadora, Especialista en Derecho Procesal Civil y Comercial (UNL). Directora del Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. Corresponsal del Instituto Argentino de Derecho Procesal Informático en Entre Ríos.

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