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#Doctrina Regulación de la contratación online por parte de los consumidores

Autor: Danino, Alejandro

Fecha: 12-may-2021

Cita: MJ-DOC-15956-AR | MJD15956

Sumario:

I. Caracterización de la modalidad de contratación. II. Derecho de revocación o arrepentimiento. III. Deber de información agravado. IV. Pauta específica de competencia.

Doctrina:

Por Alejandro Danino (*)

El presente artículo pretende abordar la cuestión de la adquisición de bienes y servicios a través de Internet por parte de consumidores, sintetizando la normativa que se desprende del Código Civil y Comercial de la Nación y de la Ley de Defensa del Consumidor, así como doctrina relevante.

El empleo de esta modalidad de contratación en análisis viene incrementándose desde hace años de modo sostenido, dado que le provee al comprador de comodidad al tiempo que, bien empleado, le suministra también acceso a información detallada, la posibilidad de comparar productos, e incluso la de conocer experiencias y opiniones de otros consumidores que solidariamente aportan sus miradas.

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El propósito es colaborar en la temática, en lo inmediato con profesionales y estudiantes de derecho, y en lo mediato con los justiciables, esto es, con la comunidad toda. Todo ello, con miras al conocimiento, invocación, ejercicio y cumplimiento de los derechos que el ordenamiento reconoce, en el convencimiento que significará un aporte para la realización de prácticas comerciales más justas y equitativas.

El ordenamiento positivo vigente actualmente emplea diferentes denominaciones para referirse y regular este fenómeno. El moderno Código Civil y Comercial de la Nación (2015), que es donde encontramos la mayor regulación al respecto, ubica el tema bajo el Título III «Contratos de consumo», y nos habla de «Contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales» y de «Contratos celebrados a distancia.» (arts. 1104 y 1105 CCCN), en tanto la ley especial 24.240 de tutela de los consumidores, que data originalmente de 1993, dedica un acápite a la «Venta domiciliaria, por correspondencia y otras» (arts. 32 y 33 LDC) con una terminología propia de su época, pero con normas igualmente aplicables.

Liminarmente habrá de caracterizarse esta modalidad de contratación, para luego hacer especial hincapié en las notas distintivas jurídicamente más relevantes, a saber:Derecho de revocación o arrepentimiento; deber de información agravado y pauta específica de competencia.

I. CARACTERIZACIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

La cuestión objeto de esta obra puede, usualmente, caracterizarse como a) una relación de consumo, b) consistente en un contrato c) por adhesión a cláusulas generales predispuestas, d) celebrado a distancia.

Seguidamente habrá de desmenuzarse la aseveración precedente, para poner de relieve las implicancias de cada una de estas características.

a) Relación de consumo: En tanto y en cuanto la operación de comercio electrónico tenga lugar entre consumidores (1) y proveedores (2) (lo que suele ocurrir en la mayoría de los supuestos minoristas), estaremos frente a una relación de consumo. Nótese que aún cuando el vendedor propiamente dicho podría no reunir las características de un proveedor, suele ocurrir que de todos modos se perfeccione la aludida relación de consumo, dada la intervención de un sitio o plataforma que de modo profesional realiza una intermediación entre oferta y demanda, comunica a las partes, además de darle publicidad al producto, facilitar su comercialización mediante el ofrecimiento de medios de envío, pago, resolución de conflictos, etc. – Ninguna duda puede caber de que en tal caso estarán cumplidos los recaudos exigidos en el art. 2 del estatuto tuitivo para su aplicabilidad.

La existencia de una relación de consumo torna íntegramente aplicable a la operación las previsiones contenidas en la ley 24.240, cuya amplitud excede largamente el propósito de este trabajo (deber de información, régimen de garantías, contenido de los documentos, control de cláusulas y prácticas abusivas, responsabilidades, eventuales implicancias procesales, etc). Entre ellas, se tornan operativas las disposiciones relativas a «la venta domiciliaria, por correspondencia y otras» (arts. 32 a 35 LDC), así como las del «Contrato celebrados fuera del establecimiento comercial» y del «Contratos celebrado a distancia.» (arts. 1104 a 1116 CCCN), cuyas notas distintivas examinaremos más adelante.

b) Contrato:El acuerdo de voluntades con miras a crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales determina la existencia de contrato en los términos del art. 957 CCCN. Vale recordar aquí aquello de que «los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe» (art. 961 CCCN).

Para realizar la clasificación de un contrato realizado por medios electrónicos sería naturalmente menester tener acceso al contrato en particular. Usualmente, los contratos celebrados por consumidores frente a plataformas o sitios reconocidos suelen ser bilaterales y onerosos.

Otras clasificaciones (formales o informales, aleatorios o conmutativos, de ejecución instantánea o continuada, nominados o innominados, etc.) mal podrían afirmarse genéricamente, correspondiendo estarse al contrato concreto y puntual, pues habitualmente coexisten múltiples posibilidades en el cada vez más grande universo del comercio electrónico, el cual abarca desde -verbigracia- compraventa de productos usados, hasta complejos contratos bancarios o adquisición de seguros.

c) Por adhesión a cláusulas generales predispuestas: Esta particularidad se verifica en la abrumadora mayoría de los contratos minoristas celebrados electrónicamente. La minimización de la interacción humana trae como lógica consecuencia la minimización de la posibilidad de discutir términos, llegando normalmente al punto en el cual el adquiriente solo puede optar por hacer o no «click» sobre el botón virtual destinado a adquirir el producto o contratar el servicio, no eligiendo mucho más que el medio de pago (3). El adquiriente es entonces un «adherente», mientras que al enajenante o prestador del servicio a contratar online, lo categorizaremos en este punto como «predisponente».

Es importante señalar que el régimen previsto para los contratos de adhesión se aplica incluso en aquellos casos que no se encuentran captados por la ley de defensa del consumidor: no resulta menester que el adherente cumplimente los recaudos del consumidor, ni el predisponente aquellos del proveedor. Es que las disposiciones surgen de los arts.984 a 989 del CCCN, bajo el título de los «contratos en general», sin que el legislador haya realizado distingo alguno. Más aún, reza el art. 985 CCCN: «la presente disposición es aplicable a la contratación telefónica, electrónica o similares.»

Las implicancias de que el adherente no haya participado en la redacción del contrato puede sintetizarse en las siguientes:

– La redacción del contrato debe ser clara, completa y fácilmente legible (art. 985 CCCN).

– Se tienen por no convenidas aquellas cláusulas que efectúan un reenvío a textos o documentos que no se facilitan a la contraparte del predisponente, previa o simultáneamente a la conclusión del contrato (art. 985 CCCN).

– Si existieran cláusulas que si fueron negociadas -a las que la normativa denomina «cláusulas particulares»-, prevalecerán éstas frente a cualquier disposición contenida en una cláusula predispuesta (art. 986986) CCCN).

– Las cláusulas ambiguas predispuestas por una de las partes se interpretan en sentido contrario a la parte predisponente (art. 987 CCCN).

– Se deben tener por no escritas -por abusivas-: a) las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente; b) las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente, o amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias; c) las que por su contenido, redacción o presentación, no son razonablemente previsibles (art. 988 CCCN).

– Se habilita expresamente el control judicial de cláusulas abusivas, sin que una previa aprobación administrativa del contrato o sus cláusulas obste a ello (art. 989 CCCN).

d) Celebrado a distancia: Habiendo llegado al leitmotiv de la presente obra, cabe profundizar el estudio de las notas distintivas de esta modalidad de contratación, reiterando: Derecho de revocación o arrepentimiento; deber de información agravado y pauta específica de competencia.

II. DERECHO DE REVOCACIÓN O ARREPENTIMIENTO

La ley 24.240 de defensa del consumidor, en su art. 34 consagra el derecho de revocación o arrepentimiento.Esta facultad que se le da al consumidor contratante consiste en revocar de modo unilateral la aceptación a la oferta ya exteriorizada, sin necesidad de que medien condiciones, ni incumplimientos -más aun, sin siquiera expresar causa- por lo que resulta toda una excepción que contrasta con nuestro derecho civil clásico. En rigor, podríamos considerar este derecho como una suerte de condición resolutoria que depende exclusivamente de la voluntad del consumidor. Ello habitualmente estaría vedado en el derecho civil (art. 344 CCCN), más se encuentra específicamente habilitada en el ámbito del derecho de consumo, configurándose como una de las más significativas características propias del régimen tutelar. «Es sabido que el signo dominante de los negocios de consumo celebrados fuera de los establecimientos -comerciales radica en la facultad o derecho de arrepentimiento reconocido en favor del contratante débil que tiene como propósito principal evitar que un consentimiento contractual prestado en una situación forzosa despliegue los mismos efectos que un consentimiento manifestado en un proceso negocial ordinario, toda vez que la morigeración de la fuerza vinculante del contrato se justifica debido a que el legislador ha querido conceder un lapso dentro del cual el consumidor pueda hacer efectiva su libertad de contratar la cual se ve notablemente afectada por la utilización de estas nuevas formas de comercialización. Este plazo de reflexión puede conducir tanto a la plena eficacia de l contrato cuanto a su extinción de acuerdo a la voluntad discrecional del adherente» (4).

La normativa original preveía la posibilidad de ejercer este derecho en el plazo de cinco días. La ley modificatoria 26.361 del año 2008 lo amplió a diez. Este plazo, según la disposición en análisis, debe contarse a partir de la celebración del contrato (entendido ello como manifestación de aceptación por parte del consumidor), o en su caso desde la entrega del bien, lo último que ocurra. El art.34 LDC establece, naturalmente con carácter de orden público, que este derecho no puede ser dispensado ni renunciado. Impone además el deber de informar la posibilidad de ejercer esta facultad en el documento de venta, de modo claro y notorio. Finalmente, el texto en estudio estatuye que el consumidor debe poner el bien a disposición del vendedor, siendo los gastos de devolución por cuenta de este último.

La regulación de esta facultad en el Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 1110 a 1116 CCCN) es bastante más extensa, profundizando algunos de los conceptos ya expuestos, y añadiendo nuevas pautas, conforme se expondrá.

En lo atinente a la irrenunciabilidad, el art. 1110 CCCN añade que se tendrá por no escrita cualquier cláusula cuyo resultado en la praxis sea la imposibilidad del consumidor de ejercer este derecho, fórmula decididamente más amplia que la del art. 34 LDC.

En lo relativo al plazo, se mantienen los diez días fijados desde la reforma del año 2008. Si bien se trata de días corridos (como todo plazo que surge de la legislación de fondo, salvo disposición expresa en contrario), el art. 1110 CCCN realiza un agregado favorable al consumidor: Dispone que, si el plazo venciere en día inhábil, se tendrá por prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

Mucho más severa es la profundización que se hace en relación al deber de informar. En ese orden, el art. 1111 CCCN resulta claramente superador del art. 34 LDC, pues aborda el tema con mayor especificidad, y prevé una sanción concreta para el supuesto de incumplimiento. En efecto, la norma dispone que la información «clara y notoria» a la que aludía el estatuto del consumidor, debe materializarse mediante el empleo de caracteres destacados tanto en los documentos correspondientes a la «etapa de negociaciones» como a los que instrumenten el contrato concluido. Más aún, debe incluirse inmediatamente antes de la firma del consumidor. De omitirse este recaudo, el apercibimiento es grave:«El derecho de revocación no se extingue si el consumidor no ha sido informado debidamente sobre su derecho.» No estaría entonces sujeto al plazo de diez días precedentemente expuesto.

El ulterior desarrollo de los preceptos establecidos en el art. 34 LDC se advierte también en el art. 1115 CCCN, al tratar la devolución de la cosa. El régimen especial dispone, como se dijo, que los gastos de devolución son por cuenta del vendedor. Por su parte, el nuevo código va más allá, pues destaca que la devolución no debe implicarle al consumidor «gasto alguno», ni está obligado a abonar diferencias por menor valor de la cosa si ese menor valor es producto de su naturaleza o de su empleo razonable. Asimismo, el sujeto de tutela tiene derecho al reembolso de los gastos necesarios y útiles efectuados sobre el bien.

Continúa luego el Código Civil y Comercial de la Nación regulando varios aspectos no contemplados (al menos, expresamente) en las disposiciones de la ley 24.240. Uno de ellos es el modo notificar al proveedor del ejercicio de la facultad de revocación, pudiendo hacerlo por escrito, por medios electrónicos «o similares», o directamente con la devolución de la cosa dentro del plazo de ley (art. 1112 CCCN). Se aventa también toda duda en relación al efecto del ejercicio del derecho de revocación: «las partes quedan liberadas de sus obligaciones correspectivas y deben restituirse recíproca y simultáneamente las prestaciones que han cumplido» (art. 1113 CCCN). Este extremo, aun cuando cabe inferirlo de la propia naturaleza del instituto en análisis, no estaba antes plasmado de modo manifiesto, lo que siempre otorga más robustez jurídica a los eventuales planteos.

Párrafo aparte merece el mecanismo concebido por el art. 1114 CCCN para la hipótesis de imposibilidad de devolver la cosa por causa imputable al consumidor. Con anterioridad a esta norma podría haberse entendido que, mediando imposibilidad de devolver imputable al consumidor, la facultad de revocar la aceptación quedaría frustrada.No es, sin embargo, esto lo que acontece: la circunstancia expuesta «no priva al consumidor de su derecho a revocar». Lo que ocurrirá entonces será un supuesto de subrogación real: el bien a devolver no será ya la cosa adquirida (pues tal devolución se tornó imposible), sino «el valor de mercado que la prestación tiene al momento del ejercicio del derecho a revocar». Esta última obligación, a cargo del consumidor, reconoce un tope máximo: el precio de adquisición. Esto significa que el consumidor, en ejercicio del derecho de revocación, nunca debería devolver un precio superior al que pagó para adquirir la cosa en primer lugar. «Si tal imposibilidad se produjo sin culpa del deudor, nada adeudará al proveedor, pues el sistema legal coloca en cabeza de este los riesgos de este tipo de operaciones. Si le es imputable al consumidor, por haberse perdido la cosa por su culpa o dolo, deberá pagar al proveedor el valor de mercado de la prestación al momento del ejercicio del derecho a revocar, en tanto no supere el precio de adquisición; por lo que, en tal supuesto, el consumidor podrá tener que pagar un monto menor al de la suma pagada por el producto o servicio, pero nunca más. La fuente de la norma se halla constituida por el art. 1265, inc. 5, de la Propuesta para la Modernización del Derecho de los Contratos y Obligaciones, para España del 2010» (5). Cabría preguntarse bajo que circunstancia un consumidor optaría por devolver el precio de adquisición para, como contrapartida, recibir lo idéntico: el precio que oportunamente pagó (acto jurídico manifiestamente sujeto a compensación). Lo cierto es que ello podría tener en concreto alguna aplicación práctica, verbigracia, anular una suscripción periódica en su primera entrega, sin ningún tipo de ulteriores implicancias ni penalidades.

El Código Civil y Comercial de la Nación concluye el articulado dedicado al derecho de revocación mediante las excepciones contenidas en el art. 1116 CCCN, otra faceta no prevista originariamente por la ley especial.Dicha norma consta de tres incisos, describiendo hipótesis en los que no puede aplicarse el derecho de revocar. El primero de ellos contempla, a su vez, dos situaciones: la primera es el de los objetos personalizados, o manufacturados siguiendo indicaciones precisas. Puede colegirse que el motivo responde a que en este supuesto la revocación importaría un temperamento anti-económico, ocasionando un perjuicio especialmente severo para el co-contratante e incluso para la sociedad, pues la cosa asi devuelta muy difícilmente encontraría un destino útil, los recursos y energías empleados para su manufactura probablemente culminarían como un dispendio, en tanto la cosa misma, como un residuo. La segunda situación contemplada en el primer inciso es la del producto que se deteriora con rapidez, siendo el ejemplo más evidente de ello la cosa consumible perecedera. En los incisos «b» y «c» encontraremos grabaciones, soportes audiovisuales, productos informáticos «susceptibles de ser descargados o reproducidos», así como revistas, publicaciones y prensa en general. Lo que seguramente se ha tenido en miras con esta disposición es evitar una maniobra burda, consistente en la lectura, aprehensión y/o copia de estos productos seguidos de un abusivo ejercicio del derecho a revocar. De tal modo se retornaría el producto físico o soporte (a cambio de la restitución de lo abonado), más se mantendría en poder del adquiriente el valor intangible que constituía, en definitiva, la esencia de los mismos.

III. DEBER DE INFORMACIÓN AGRAVADO

Quien estudie el derecho del consumo seguramente encontrará en el deber de información una noción familiar pues, contenido principalmente en los arts.4 de la ley 24.240 y 1100 del Código Civil y Comercial de la Nación, configura uno de los más fundamentales pilares sobre los que reposa el régimen, atreviéndose el autor de la presente a erigirlo como principio general de la materia.

Este trabajo sostiene la tesis de que, otra de las notas distintivas de la contratación a distancia, es un deber de información «agravado» por parte del proveedor quien se beneficia de esta modalidad de contratación. Es que a los consabidos recaudos previstos en las normas expuestas (información clara, veraz, detallada y gratuita sobre características, condiciones y circunstancias relevantes) se le adicionan, en este caso, las exigencias de los arts. 1107, 1108 y 1111 CCCN. Es natural que así sea pues en estos supuestos el proveedor aprovecha una modalidad de contratación con complejos ribetes técnicos, capaz de sorprender al consumidor en cualquier ámbito (vg. en su domicilio) e incluso de emplear mecanismos sofisticados que optimicen el direccionamiento de ofertas según preferencias. Es así como la información se convierte -más que nunca- en un recaudo ineludible para intentar equilibrar las posiciones.

Así, queda a cargo del proveedor el informar al consumidor sobre el modo de emplear correctamente el medio elegido para operar a distancia (art. 1107 CCCN). Asimismo, debe señalarse cuales son los riesgos de operar de este modo, y quien asume tales riesgos. La modalidad de contratación online no se encuentra exenta de problemáticas, pudiendo citarse como ejemplo la multiplicación involuntaria de operaciones (vg.compras que se realizan varias veces al no quedar claro si el pago con tarjeta de crédito fue eficaz o no, por lo que el consumidor reintenta una y otra vez); hasta la más compleja cuestión del pishing (fraude informático donde un consumidor entrega datos sensibles en el entendimiento de que contrata con una entidad determinada, cuando en realidad la identidad de esta última ha sido suplantada dolosamente) u otros tipos de estafas, cuyo común denominador resulta ser -con demasiada frecuencia- un marcado contraste entre la simpleza con la que se realizan operaciones por internet, con las importantes consecuencias de tales operaciones. Frente a hechos de estas características, el cumplimiento o no de la norma en estudio adquirirá cabal preponderancia.

En línea con lo hasta aquí expuesto cabe aclarar que no puede el proveedor valerse del texto de esta norma («.y para tener absolutamente claro quién asume esos riesgos») para colocar los riesgos ligeramente en cabeza del consumidor, pues ello constituiría a todas luces una práctica abusiva: «Entendemos que de ninguna manera la imposición del deber de información que la norma señala puede interpretarse como limitativa de la responsabilidad del proveedor, en los términos del art. 37, inc. c) de la ley 24.240, pudiéndose reclamar tanto por su incumplimiento total o por su defecto. La información que el vendedor tiene obligación de suministrar y el comprador el derecho de recibir debe provocar que se tenga pleno conocimiento de las características esenciales del bien o servicio ofrecido» (6).

Otra manifestación específica de este deber agravado es la obligación de confirmación que el Código Civil y Comercial impone al oferente a distancia. Cuando este proveedor recibe, de parte del consumidor, la aceptación de la oferta formulada, debe entonces confirmarle tal recepción «por vía electrónica y sin demora» (cf. art. 1108 CCCN).

Se extrae también un agravamiento del derecho de información en la previsión contenida en el art. 1111 CCCN.Conforme ya se expuso, esta directiva coloca en cabeza del proveedor a distancia el deber de informar (de modo claro y notorio, con caracteres destacados, tanto en los documentos precontractuales como en el que instrumenta el contrato mismo, y en disposición inmediatamente anterior a la firma del consumidor) su derecho a revocar la aceptación por el plazo de diez días. El incumplimiento acarrea un apercibimiento específico: De no estar debidamente informado, el derecho a ejercer la revocación no se extinguirá en el término aludido.

Sobre el particular, adquirió notoriedad pública el llamado «botón de arrepentimiento», concebido como una audaz instrumentación de esta normativa, dirigida de modo específico a las operaciones online. Mediante la resolución 424/2020 de la Secretaría de Comercio Interior (Nacional), se dispuso que «los proveedores que comercialicen bienes y servicios a través de páginas o aplicaciones web deberán tener publicado el link denominado botón de arrepentimiento, mediante el cual el consumidor podrá solicitar la revocación de la aceptación del producto comprado o del servicio contratado, en los términos de los Artículos 34 de la Ley N° 24.240 y 1.110 del Código Civil y Comercial de la Nación». En línea con la obligación de brindar esta información de modo claro y notorio (art. 34 LDC), la norma continúa: «.deberá ser un link de acceso fácil y directo desde la página de inicio del sitio de Internet institucional de los sujetos obligados y ocupar un lugar destacado, en cuanto a visibilidad y tamaño, no dejando lugar a dudas respecto del trámite seleccionado.» En el supuesto de que el consumidor haga uso de este recurso, el vendedor cuenta con 24 horas para notificarle un «código de arrepentimiento». La norma, que fue publicada en el Boletín Oficial en fecha 05/10/2020, otorgó un plazo de sesenta días a los proveedores para adaptar sus sitios web a efectos de dar cumplimiento.

IV.PAUTA ESPECÍFICA DE COMPETENCIA

Finalmente, la última de las notas distintivas de la contratación a distancia, que la individualizan de otras modalidades negociales, es de corte procesal: Se trata de una pauta específica de competencia que el legislador dispuso para estos supuestos.

Cada vez que una norma de fondo contiene una disposición procedimental, se reedita la clásica discusión relativa a las facultades no delegadas de las Provincias a la Nación. Sobre el particular, vale emplear similares argumentos a lo que sin dudas fue el más arduo debate de esta naturaleza en el ámbito del consumo (y, quizás, no completamente zanjado en todas las jurisdicciones): la gratuidad contenida en el art. 53 LDC. En este contexto, y sin ánimo de abarcar temáticas ajenas a la presente obra, cabe sintéticamente recordar aquello de que los propósitos contenidos en las normas de fondo pueden quedar estériles sin el correspondiente acompañamiento de una normativa procesal específica. Así, no se trata de una norma adjetiva clásica, sino de una disposición de necesaria complementariedad con la legislación sustantiva.

En el caso, el art. 1119 CCCN fija, para los supuestos de contratación a distancia por parte de consumidores, como «lugar de cumplimiento» aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación. Ello, continúa la norma, determina la jurisdicción aplicable a los conflictos derivados del contrato. La importancia de esta norma, en el marco de una relación de consumo instrumentada por contratación a distancia, es absolutamente capital: Todos los derechos que hemos desarrollado a lo largo de este trabajo, y muchos más, correrían el riesgo de caer en letra muerta si para intentar invocarlos hubiera que litigar en lugares lejanos, posiblemente incluso en el extranjero. «La regla fijada se complementa con la norma de Derecho Internacional Privado que surge del art. 2654 del CCyCom. Allí se establece una serie de alternativas entre las que puede elegir el consumidor para fijar la jurisdicción.Entre otras, se establece la posibilidad de iniciar el reclamo ante el juez del lugar donde el consumidor realiza actos necesarios para la celebración del contrato, supuesto de notable amplitud, que previsiblemente tenga vinculación con el lugar de residencia del consumidor. Por otra parte, el artículo limita el foro donde puede ser demandado el consumidor, estableciendo que sólo puede ser demandado ante los jueces del Estado de su domicilio. La última parte del artículo recoge el criterio de la jurisprudencia vigente que veda las cláusulas de prórroga de jurisdicción» (7).

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(1) Art. 1 Ley 24.240: Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

(2) Art. 2 Ley 24.240: (Proveedor) es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. (.) No están comprendidos (.) los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento.

(3) Art. 984 CCCN: El contrato por adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente, por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción.

(4) Código Civil y Comercial de la Nación comentado. Tomo VI. Comentario de Javier H. Wajntraub. Director: Ricardo Luis Lorenzetti. Rubinzal-Culzoni (2015). Pág. 284.

(5) Código Civil y Comercial de la Nación comentado. Tomo III. Comentario de Rubén Stiglitz. Directores: Gustavo Caramelo; Sebastián Picasso; Marisa Herrera. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2015). Pág. 513.

(6) Código Civil y Comercial de la Nación. Analizado, comparado y concordado. Tomo I. Comentario de Carlos E. Tambussi. Director: Alberto J. Bueres. Hammurabi (2014) Pág. 638.

(7) Código Civil y Comercial de la Nación. Dir: Graciela Medina, Julio C. Rivera. Cord: Mariano Esper. Comentario al art. 1109. Editorial La Ley (2014)

(*) Abogado. Secretario del Juzgado de 1a. instancia Civil y Comercial de Villa Constitución.

N. de la R.: Artículo publicado en Juris, Jurisprudencia Rosarina Online

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