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#Doctrina Compensación económica y el principio de solidaridad familiar

Autor: Aiello de Almeida, M. Alba

Fecha: 10-may-2021

Cita: MJ-DOC-15955-AR | MJD15955

Doctrina:

Por M. Alba Aiello de Almeida (*)

La sentencia en comentario , dictada por el juez Villegas, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería y de Familia de Neuquén, admite la demanda por compensación económica entablada por una mujer, luego de catorce años de convivencia con el demandado, con el cual tuvo dos hijos.

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De la prueba analizada por el sentenciante surge que los bienes registrados a nombre del demandado fueron adquiridos durante el lapso que duró la convivencia entre ambos, habiéndose constatado, además, que la actora era quien administraba el dinero del hogar, realizaba las compras, pagaba los impuestos y los gastos cotidianos de la familia, se ocupaba de las tareas domésticas del hogar, cuidaba los hijos y realizaba esporádicos trabajos de peluquería en su propio domicilio. Al mismo tiempo se constató que el demandado realizaba una actividad en relación de dependencia que era la que generaba los ingresos para el sostenimiento y desarrollo de la familia.

Ante estas pruebas, la sentencia concluye que: «la distribución de roles familiares durante la convivencia de las partes, no ha favorecido a la actora en comparación con el demandado, lo que he de atribuir al rol que cumplía en la dinámica familiar, la cual como ya hice hincapié se desarrolló con estereotipos patriarcales, por lo que debe entonces fijarse un monto económico que compense el tiempo que la misma ha dedicado a las tareas del hogar, el cuidado de los hijos e, incluso el cuidado del Sr. XXX, quien a mi criterio con colaboración de la actora pudo acrecentar su patrimonio y mejorar su condición laboral. en base a lo expuesto he de fijar el valor de la compensación económica en el 50% que represente el valor de todos los bienes que haya adquirido el Sr. XXX durante la convivencia con la Sra.XX, debiendo determinarse su monto por el trámite de ejecución de sentencia, por acuerdo de parte o con intervención de un perito tasador».

Expresa el Juez en su sentencia que la prueba ha sido analizada con perspectiva de género, manifestación que se apoya en un fallo de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Neuquén que sostuvo que «Desde la reforma del texto constitucional del año 94, la judicatura no puede desembarazarse de este estándar, que implica el juzgamiento del modelo antropológicamente denominado patriarcal, como un modo de estructuración de los repartos de posiciones sociales que resulta contrario a la idea de igualdad».

Este parece ser el sentido que le ha otorgado Highton (2015): «El Código [nuevo] busca la igualdad real y desarrolla una serie de normas orientadas a plasmar una verdadera ética de los vulnerables» ; quien agrega, refiriéndose a la compensación económica, «se trata de un instituto que tiene la mirada puesta en el futuro, en cuanto tiende a reequilibrar a los miembros de la pareja, con el fin de ponerlos en condiciones de proyectarse económicamente».

Ahora bien, para analizar esta sentencia preferimos comenzar por el encuadre que el propio Código Civil y Comercial de la Nación realiza de la unión convivencial, pues sólo entendiendo que esa figura representa una familia, que surge de la decisión de dos personas que se unen para realizar un proyecto de vida en común a partir de una convivencia basada en relaciones afectivas y lo hacen de manera pública, notoria y con carácter estable, comprenderemos el profundo contenido del fallo.

Lo dicho corresponde al concepto de la institución que nos brinda el artículo 509 del Código y debemos hacer énfasis en que la registración de esa relación es requerida sólo a los fines probatorios, lo cual significa que aún sin estar registrada no pierde su esencia y sus características.

Resulta de mucha importancia caracterizar esta figura para insistir que ella da lugar a la existencia de una familia, núcleoesencial de la sociedad, en cuyo seno se desarrollan ciertos principios y valores que luego deben ser tenidos en consideración cuando el vínculo afectivo se rompe, sea por el motivo que fuere.

Esta reflexión nos lleva de la mano para descubrir cuál es el fundamento que han encontrado los legisladores para incorporar la compensación económica como una de las opciones posibles en caso de ruptura de la convivencia.

La vida familiar se rige por principios tales como la igualdad, la cooperación, la solidaridad, la equidad, los cuales no se agotan ante la disolución del vínculo; por el contrario, también deben ser ponderados al momento de distribuir ventajas y desventajas entre los miembros de la pareja cuando se discontinúa la vida en común.

Sin desconocer que el artículo 518 CCCN establece que si no ha existido pacto sobre los bienes, cada integrante de la unión ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad, con la restricción sobre la vivienda familiar y los muebles indispensables que se encuentren en ella, no podemos obviar la realidad de una familia que durante largos años de convivencia ha obtenido bienes mediante el esfuerzo común, aunque cada uno dentro del rol que han coincidido desempeñar en esa estructura de convivencia.

En el caso que nos ocupa, ni la actora ni el demandado poseían bienes previos a la unión convivencial, los inmuebles y rodados fueron adquiridos durante la vida en común.Este detalle demuestra que carece de relevancia el hecho que los bienes hayan sido registrados exclusivamente a nombre del demandado, pues no cabe duda que fue posible su adquisición gracias a la colaboración mutua, aunque uno solo fuera quien incorporaba retribución por su trabajo externo y la otra aportara trabajo, dedicación y organización no retribuida por terceros; pues esta última contribución aportó las condiciones para que el primero pudiera desarrollar la actividad remunerada, no tuviera que gastar en retribuir a terceras personas que le organizaran su casa y administraran sus ingresos, además de cuidar a sus hijos.

Por lo demás, si hubo posibilidad de adquirir bienes registrables fue porque hubo ahorro en la economía familiar y ello sólo puede atribuirse a la buena administración de quien manejaba la casa.

Si se tratara de una relación comercial diríamos que ha existido una sociedad de hecho; aunque la familia es mucho más que eso, pues es una sociedad afectiva con un proyecto de vida en común que trasciende el aspecto meramente patrimonial.

La perspectiva de género es útil para legitimar el rol de la mujer en el hogar, cuando su aporte quedaría invisibilizado por el mero hecho de tratarse de actividades no remuneradas, pero ella no puede constituir el basamento fundamental por el cual se reconoce a la mujer, como en este caso, el 50% de los bienes.

«Entre los miembros de la familia rige un principio de solidaridad, que se manifiesta en la existencia de una cierta «comunidad económica, de destino y de responsabilidad» que el derecho considera digna de protección» (1).

Debemos insistir en esto, esa comunidad económica de destino y de responsabilidad no solo es digna de protección, sino que debe obtener un reconocimiento expreso.

Precisamente los fundamentos que acompañaron el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, para establecer la compensación económica, se apoyaron en el principio de solidaridad familiar y en la necesidad que el matrimonio o, en nuestro caso la unión convivencial o concubinato, no sea causa fuente deenriquecimiento o empobrecimiento económico de un cónyuge a costa del otro.

La referencia que hace el artículo 518 a la titularidad de los bienes no puede ser utilizada para echar un manto de ocultamiento de la realidad, como la que comentamos y que fue materia del fallo analizado. Los bienes que se adquirieron durante la convivencia son fruto de esa comunidad económica de destino y de responsabilidad, desarrollada en el marco de la colaboración solidaria en la consecución del proyecto común.

No se trata solo de compensar el desequilibrio que se produce, en este caso a la mujer que pudo haber visto postergado su proyecto personal por el rol asumido en el hogar, sino de resolver con equidad a quién pertenecen los bienes que han sido adquiridos con el esfuerzo de ambos, como quedó probado en el caso que nos ocupa.

«La equidad se entiende como justicia en la distribución de los recursos disponibles (oportunidades) y como retribución justa de las funciones realizadas por los hombres y las mujeres (valoración y recompensas sociales)» (2).

La misma autora afirma que una característica sustantiva de la equidad es que toma en cuenta la situación previa de los destinatarios de los derechos, así como las consecuencias de la distribución de recursos en su futuro.Es decir que se trata de una igualdad «situada», contextualizada, porque considera las condiciones previas desde las que se parte, así como las consecuencias de las acciones derivadas de su aplicación.

Basándonos en el principio de solidaridad familiar y en el de equidad, podemos concluir que en el caso en análisis, el 50% de los bienes que se adjudican a la actora en la sentencia no le corresponde solo como compensación económica por el desequilibrio que le produce la ruptura de la convivencia, sino que es el reconocimiento de lo que ella ha aportado para la adquisición de dichos bienes, los cuales al adquirirse debieron haberse inscripto, por un acto de estricta justicia, a nombre de ambos y no solo del demandado, quien luego pretende verse favorecido por lo dispuesto en el artículo 518 CCCN.

No dudo que el Juez Villegas debe haber tenido en mira este acto de justicia, aunque no haya podido expresarlo en la sentencia pues la demandante sólo reclamó por compensación económica.

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(1) DIEDERICHSEN, apud KNOLLE, 1999: 34: «Wirtschafts-, Schicksals- und Haftungsgemeinschaft».

(2) FERNÁNDEZ VILLANUEVA, Concepción : La equidad de género: presente y horizonte próximo. https://www.raco.cat/index.php/QuadernsPsicologia/article/view/10.5565-rev-psicologia.809

(*) Abogada. Mag. en Mediación, Mediación Penal y Justicia de Menores. Co-Directora de la Maestría en Mediación de Universidad de Alcalá de Henares. Secretaria Académica de Equipo Interdisciplinario de Mediación, Conciliación y Arbitraje (Equipo IMCA).

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