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#Doctrina Columna de Actualidad: ¿Regresa la feria judicial extraordinaria?

Autor: Manterola, Nicolás I.

Fecha: 19-abr-2021

Cita: MJ-DOC-15903-AR | MJD15903

Doctrina:

Por Nicolás I. Manterola (*)

I. La semana del 12 de abril estuvo repleta de noticias y novedades. A la par de las conferencias del presidente de la Nación, del gobernador de la provincia de Buenos Aires y del jefe de gabinete porteño, el DNU Nacional N° 241/2021 impuso nuevas restricciones y generó, junto a esas conferencias, más polémicas que alivio.

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Más allá de algunos dichos desafortunados de quienes ocupan el Poder Ejecutivo nacional y local, el centro de la opinión pública estuvo puesto en el cierre de las escuelas en el AMBA (y el regreso a las clases virtuales), y en el cierre de comercios y locales gastronómicos luego de las 20 horas.

Respecto de las escuelas, se enfrentan dos opiniones bien distintas: Por un lado, quienes sostienen que la educación primaria y secundaria, como servicio esencial, debe desarrollarse en forma presencial bajo un estricto protocolo de seguridad, y, por el otro, quienes sostienen que las escuelas son un centro donde se transmite el COVID-19 con facilidad.

Y, respecto los comercios y locales gastronómicos, se entremezclan las libertades individuales de poder transitar y reunirse con el derecho de los comerciantes a trabajar, máxime cuando su situación patrimonial es más que delicada.

Estas preocupaciones se ven acrecentadas por un hecho de suma gravedad: La falta de certeza respecto de cuándo culminarán las restricciones, pues parecería ser que estamos restringidos por un plazo incierto.

II.En este panorama de incertidumbre y limitaciones, en los últimos días se corrió la voz de que ciertos consejeros del Consejo de la Magistratura de la Nación instaron la declaración de una nueva feria judicial extraordinaria con fines sanitarios ante el avance de la pandemia.

Sin dudas, un verdadero desacierto.

La sola posibilidad de imponer una nueva paralización en el servicio de justicia generó la enérgica oposición de abogados, de consejeros representante de abogados en el Consejo de la Magistratura y, también, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (1).

El servicio de justicia no puede quedar (otra vez) paralizado por una feria judicial extraordinaria sine die. La prueba está en los efectos nocivos que tuvo la feria que se extendió por varios meses durante el 2020. Más allá de los juzgados de turno, miles de expedientes quedaron imposibilitados de avanzar y muchos abogados vieron mermadas sus fuentes de ingresos.

Por supuesto que el avance del COVID-19 preocupa, y mucho, pero parecería ser que quienes proponen una nueva feria judicial se han olvidado que el servicio de justicia y la actuación de los abogados importa un servicio esencial, tan esencial como el de los médicos y las escuelas. ¿O acaso alguien se imagina un Estado de Derecho sin servicio de Justicia?

El servicio de justicia es, a no dudarlo, un servicio esencial y, junto con él, también lo es la actividad que despliegan todos los sujetos que intervienen profesionalmente en el proceso judicial, como jueces, empleados judiciales, abogados y peritos.De ello se sigue que resulta de la mayor importancia poner en la cima de la pirámide a la actividad judicial y a la profesión del abogado, grandes olvidados en la normativa de emergencia nacional y local.

Es que, si no se declara esencial la labor de los abogados y del Poder Judicial, o si se suspende nuevamente la actividad, no habrá quien defienda los derechos de las personas, quedando incluso en jaque los demás servicios esenciales.

No obsta a lo recién expresado el hecho de que existan juzgados de turno que atiendan cuestiones urgentes, toda vez que, como se sabe, la habilitación de feria se trata de un supuesto excepcional y de aplicación restrictiva, por lo tanto, se deja afuera una gran cantidad de casos en donde se debaten nada más ni nada menos que el derecho de los justiciables.

No podemos permitir que el Poder Judicial se vuelva a paralizar; lo que debemos hacer, en cambio, es buscar soluciones que permitan el desarrollo de tan importante labor de manera segura, dotando a los tribunales de los medios de seguridad y tecnológicos adecuados para que puedan llevar sus funciones de manera adecuada, remota y en condiciones de salubridad.

En fin, la solución, como siempre, no es la más fácil. Por ello, la solución no es cerrar la puerta de los juzgados, sino abrirlas. Un país sin servicio de Justicia sólo puede beneficiar a quienes quieren escapar de la ley y de sus consecuencias, y esto, como es fácil advertir, no podemos permitirlo.

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(1) http://www.colabogados.org.ar/posicion/declaracion.php?id=301

(*) Abogado graduado con diploma de honor (Universidad de Belgrano) y especialista en derecho procesal civil (Universidad de Buenos Aires). Especialización en derecho procesal constitucional (Universidad del Salvador, en curso). Premio a la excelencia académica (Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires). Miembro del Foro de Derecho Procesal Electrónico. Director de la Revista de Derecho Procesal y Procesal Informático de la editorial Microjuris. Autor y coautor de publicaciones y libros en el área de su especialidad. Socio en M|P Abogados. Web: http://www.nicolasmanterola.com.ar

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