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#Fallos Protección de testigos: Responsabilidad del Estado por el incumplimiento de las obligaciones emanadas del programa de testigos protegidos -cambio de identidad y asistencia económica-

Partes: V. J. D. c/ Ministerio de Justicia de la Nacion y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

Fecha: 18-mar-2021

Cita: MJ-JU-M-131152-AR | MJJ131152 | MJJ131152

Responsabilidad del Estado por el incumplimiento de las obligaciones emanadas del programa de testigos protegidos -cambio de identidad y asistencia económica- en el que estaba inserto el actor. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que acogió el daño moral -y elevar su monto- reclamado a los demandados por el incumplimiento en que incurrieron mientras duró el estado de ‘testigo protegido’ que el actor detentó, ya que no procedieron a efectuar oportunamente el cambio de identidad y la asistencia económica que debían brindarle.

2.-El accionar renuente y tardío de las diversas dependencias estatales involucradas violentó el estado de paz, tranquilidad y libertad individual del testigo, que luego de cumplir con su deber de declarar y decir verdad, viendo comprometida su vida y calidad de vida, solicita la debida protección estatal, sin que se concrete su completa sustitución de identidad, desde una indebida dilación que le impidió realizar otras gestiones, relativas a la obtención de un empleo, lo que necesariamente requería una apropiada identificación y la obtención de número de documento y perfil laboral.

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3.-Se encuentra acreditada la existencia de una manda judicial que obligaba al demandado a proveer la protección requerida por el accionante, que consistían en: sustitución de identidad, traslado provisorio a la Ciudad de Buenos Aires, alojamiento, custodia permanente de su domicilio particular, provisión de recursos económicos, y cambio de residencia.

4.-Aun cuando posteriormente el actor fuese excluido -a su petición- del régimen de protección de testigos, ello no libera al Estado de su deber de haberle prestado la asistencia necesaria durante el período en que el testigo se encontraba efectivamente incluido en el programa.

Fallo:

En la ciudad de Mar del Plata, a los 18 días del mes de marzo de dos mil veintiuno, reunidos los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata al análisis de estos autos caratulados:

«V. J. D. c/ MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS», Expediente FMP 21049985/2000, provenientes del Juzgado Federal N° 2, Secretaría N° 1 de esta ciudad. El orden de votación es el siguiente: Dr. Eduardo P. Jiménez, Dr. Alejandro O. Tazza.

El Dr. Jiménez dijo:

I): Que a fs. 1202, con agravios expresados a fs. 1208/1214 vta., se presenta el demandado ESTADO NACIONAL ARGENTINO/MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION, apelando la sentencia de fs. 1191/1201 vta., en tanto acoge parcialmente la demanda promovida en Autos, y le impone las costas del proceso en tanto perdidosa. – Destaca que la sentencia atacada es arbitraria, en tanto finalmente le endilga responsabilidad a su parte que es inexistente. Expresa que el pedido efectuado por la demandante transcurrió por los pertinentes carriles administrativos, sin que se probase factor objetivo ninguno de responsabilidad que permita condenarlo en esta causa judicial. – Señala que en modo alguno puede deducirse de lo actuado que su parte hubiese incurrido en «falta de servicio», por acción u omisión en el proceso de sustitución de identidad incoado por el reclamante de Autos. Entiende, además, que pretender que su parte cumpliese con el proceso de sustitución de identidad en el mismo día que el mismo fuera ordenado por el TOCF, conllevaría desconocimiento de la finalidad de la creación del programa del testigo protegido, desnaturalizándolo.

Acota que en realidad fue irrazonable que este testigo solicitase protección en el año 1997 y luego, debidamente informado de las implicancias de este proceso y a poco de cumplirse casi 12 meses de la solicitud de incorporación al programa, el propio testigo solicite su exclusión.Así, considera arbitrario que se le condene luego de la irrisoria y descabellada actitud del testigo en cuestión, dejando claro el hoy actor que pretendió utilizar esta figura al solo fin de obtener un beneficio económico. Señala nuevamente que no se ha probado la existencia de una eventual conducta irregular desplegada por su parte en todo éste proceso, ni que incumpliese con la normativa que regula su desempeño.

Agrega a ello que, además, el demandante extravió su documentación, lo que conllevo problemas adicionales para cumplimentar el cometido estatal con referencia al pedido de Velázquez.

Todo ello, como también su consecuencia, la condena pecuniaria que le fuera impuesta, le irroga un perjuicio económico al tener que abonar al demandante una condena sin sustento.Por otra parte, alega la ausencia de daño como presupuesto de su responsabilidad, cuestionando en particular, el quantum de la condena, frente a la ausencia de elementos probatorios que la acrediten, lo que, en suma, propicia el aval a un enriquecimiento sin causa de la demandante.Conforme iguales razones, se agravia de la imposición de costas, peticionando la íntegra revocación de la sentencia atacada, y que se rechace en forma íntegra la acción aquí entablada en su contra.

II): A fs. 1203, con agravios expresados a fs. 1215/18, se presenta la demandante, apelando la sentencia de fs. 1189/1201 vta., cuestionando el rechazo de su pedido de indemnización por daño psíquico, estimando también bajo, el monto indemnizatorio establecido en sentencia por daño moral.- Respecto del rechazo al pedido indemnizatorio por daño psíquico, no concuerda con la visión del Aquo que lo considera no acreditado, cuestionando las conclusiones del perito que dictaminó en Autos al efecto, enfatizando que su pérdida de identidad es una cuestión esencial para su psiquis, resaltando que el Aquo hubiese rechazado la realización de una prueba psiquiátrica.

Señala que haberse encontrado en un «limbo» por casi 20 años, ello lesiona su psique.

Solicita además la elevación del importe acogido por daño moral, al considerarlo exiguo.

Respecto del daño material, aclara que, si bien obtuvo un nuevo nombre, no posee historia con el mismo, lo que conllevó una serie de inconvenientes que detalla al expresar agravios. Aduna a ello que al tener que cerrar la verdulería que explotaba, el acaecimiento de su daño material está acreditado. – Por iguales razones considera también acreditado su lucro cesante, habiendo perdido además la oportunidad de cubrir sus contingencias de vejez, no pudiendo a la fecha acceder a un beneficio jubilatorio, con lo que dice acreditar una pérdida de chance que debe ser indemnizada.

Es que jamás pensó que, por declarar en juicio, su proyecto futuro de vida iba a verse frustrado de esa manera. Considera además agraviante que deba esperar cinco años para recuperar un documento de identidad cuando cualquier otra persona lo puede hacer en una semana.Se pregunta asimismo que sucederá el día en que fallezca con su sucesión.

Finalmente, cuestiona también la consolidación de sus acreencias, por la alegación de emergencia pública.

Por lo expuesto, solicita se modifique la sentencia atacada en el sentido propiciado, con imposición de costas a su contraria.

Que con fecha 17/02/2021 la Dra. Natalia E. Brun presento un escrito comunicando el cese de la Dra. Spadano, constituyendo nuevo domicilio y confiriendo nuevas aurizaciones.

III): Sustanciados que fueron los agravios vertidos (ver a tal fin, providencia obrante a fs. 1219), se hace presente la demandada, contestándolos a tenor de pieza obrante a fs.1220/23, y que seguido transcribo por ser ello procedente y conforme a derecho.

Señala en primer lugar, que los agravios en responde, no constituyen una crítica concreta y razonada al fallo atacado y sus fundamentos, por lo que el recurso en conteste debiera ser declarado desierto.Aun así, los responde en forma subsidiaria, señalando en principio que, respecto del reclamo por daño psíquico, una vez que la prueba ofrecida por su parte le resultó desfavorable, intento (7 años después) solicitar su ampliación, lo que fue rechazado por el Aquo, y frente a ello, la actora guardó silencio.

Respecto de su pedido de pensión, por la muerte de quien fuera su esposa, destaca que no se ve impedido de hacerlo, si así lo desea, y rechaza que al haberse impedido de obtener DNI hubiese sufrido un perjuicio patrimonial resarcible.

Además, recuerda que no está acreditado que con su anterior identidad hubiese efectuado aportes previsionales para oportunamente acceder al beneficio jubilatorio.

Tampoco estima que sea su responsabilidad la derivación de haber renunciado voluntariamente su contraria al sistema de testigos protegidos, optando por volver a vivir a Mar del Plata.

Recuerda, además, que el daño material debe probarse, ya que no se presume.

Reitera que el Aquo debe dictar un pronunciamiento que efectivice la nueva identidad de su contraria, para que esta realice todos los trámites que a ella competen.

Por las razones vertidas, es que solicita se declare desierto el recurso en responde, rechazando la sentencia tal lo peticionado por su parte al articular la correspondiente pieza de apelación.

IV): Elevados los obrados a ésta Alzada (ver Auto de fs. 1204 y nota de elevación de fs. 1206), la demandante no ofrece respuesta a los agravios de parte demandada, y sin que resten en la causa gestiones procesales pendientes de producción, se llama a fs.1224 AUTOS PARA DICTAR SENTENCIA, lo que a la fecha se encuentra firme y consentido para los contendientes.

V): Antes de comenzar con el desarrollo de las cuestiones propuestas a revisión de esta Alzada he de señalar que sólo atenderé en el presente voto aquellos planteos que considere esenciales a los fines de la resolución del litigio. En este

entendimiento, he de recordar que los jueces no están obligados a considerar todos y cada uno de los planteos de las partes, pues basta que lo hagan respecto de aquellos considerados esenciales y decisivos para el fallo de la causa. – Nuestra Corte Suprema de Justicia ha sentado la doctrina según la cual los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (ver LL 144 p. 611, 27.641-S; LL 145 p. 346; LL 148 p. 692, 29.625-S; Fallos 296:445; 297:333 entre otros).Dicho lo anterior, resulta propio destacar también que, aun rigiendo a la fecha la nueva legislación civil y comercial, el supuesto de hecho que motiva la presente Litis, resulta preexistente a su dictado y entrada en vigor.

Así, impone el Art. 7 del CCCN (Ley 26.994, BO: 08/10/14) luego de aprobar el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Art. 1), que el mismo «(.) entrará en vigencia el 1 ª de agosto del 2015 (texto según Ley 27.077; BO 16/12/2014) ///» (Art. 7). Por lo expuesto, y ya en vigor la nueva codificación Civil y Comercial, el legislador ha seguido, en lo relativo al «derecho transitorio», «(.) el sistema que establece la irretroactividad de la ley respecto de los hechos cumplidos, y el efecto inmediato sobre las consecuencias de las situaciones jurídicas «(Cfr. Taraborrelli, José «Aplicación de la ley en el tiempo según el nuevo Código» «LL» del 03/09/2014, pág.1, el resaltado me pertenece), debiendo entenderse el concepto de «aplicación inmediata de la ley», como aquella que se hace a los hechos, situaciones que ocurren mientras la nueva norma tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigencia y aquel en que es derogada o modificada.— De lo expuesto, cabe inferir, siguiendo aquí a Aída Kemelmajer de Carlucci, que «(.) la nueva ley rige no solo para las situaciones que nacen después de su entrada en vigencia, sino también para las anteriores, si se trata de situaciones no agotadas» (de la autora citada «La aplicación del Código Civil y Comercial a las situaciones y relaci ones jurídicas existentes» Edit. Rubinzall-Culzoni, pág. 18, el resaltado también es propio).

Con lo expuesto, cabe enfatizar que el conflicto de Autos, ha sido suscitado y consumada la situación jurídica que constituye su fuente bajo el amparo del hoy derogado Código Civil (Conf. Arts. 1112, 1113 y ccs. Ley 340 y sus modificatorias), toda vez que aquí se invocan derechos patrimoniales adquiridos antes de la vigencia de la Ley 26.994 (Código Civil y Comercial de la Nación), más allá de que la empresa de hacerlos valer tercie el vigor de ésta última, pero sin alcance alguno a su respecto. Máxime cuando surge del cargo debidamente atestado a fs. 100 vta., que la presente demanda fue promovida en fecha 5 de febrero de 2007.En consecuencia y en cuanto respecta a la solución del debate respecto de la viabilidad del reclamo habido en demanda por «daños y perjuicios», como derivación de un evento acaecido el mes de agosto de 1996, se ha dicho, conforme casos análogos, que «(.) corresponde aplicar el régimen jurídico vigente – en el caso la normativa del Código Civil, Ley 340 que lo integran – al tiempo de consumarse el hecho que genera la pretensión indemnizatoria (Art. 3 ª texto según Ley 17.711.Código Civil Cit., conc. Art. 7 CCC, Ley 26.994)» (Cfr. CCont. Adm. La Plata, 10/09/2015 «L. C. M.c/Hospital Zonal Gral Agudos de Quilmes y otro/a/as/pretensión indemnizatoria», en el voto de la Dra. Milanta).Ahora bien, y aclarado lo que antecede, ha cuestionado la recurrente que el Aquo hubiese acogido en sentencia parcialmente, el reclamo por daños y perjuicios, derivado de su obrar arbitrario, resarciendo el rubro indemnizatorio de daño moral, con imposición de costas a su parte, ya que su pretensión es el rechazo íntegro de la demanda incoada en su contra.

Expresó, al presentar agravios, que su obrar no pudo ser considerado ilegal o arbitrario, en tanto su parte dio cabal cumplimiento respecto del demandante, a lo dispuesto por el TOF interviniente, conforme la manda del Art. 12 de la ley 24.244, que incorpora el Art. 33 «bis» a la Ley 23.737 («Narcotráfico»), sustituyendo la identidad del testigo en cuestión, en términos y bajo las condiciones de ley.Así, destaca el Aquo que oportunamente, y debido a la grave situación de peligro por la que transitaba el testigo en cuestión, sugiere la sustitución de identidad del hoy actor, y el cambio de su domicilio a alguna localidad en la que su presencia pasase inadvertida, proveyéndole de los recursos económicos indispensables hasta que pudiese encontrar empleo. Frente a ello TOF de Mar del Plata requiere el 11/10/1997 al Ministerio de Justicia de la Nación, disponer las medidas necesarias para brindar la protección requerida, al testigo mencionado.Es en este contexto, se encuentra también acreditada por el Aquo, la existencia de una manda judicial que obligaba al demandado de Autos a proveer la protección requerida por el hoy accionante, estipulando cuales eran tales medidas, que consistían en: sustitución de identidad, traslado provisorio a la Ciudad de Buenos Aires, alojamiento, custodia permanente de su domicilio particular, provisión de recursos económicos, y cambio de residencia.- Bien señala el Magistrado Martín, que aun cuando posteriormente el actor fuese excluido – a su petición – del régimen de protección de testigos, en fecha 22/10/1999, ello no libera al Estado de su deber de haberle prestado la asistencia necesaria, establecida por la norma en cuestión durante el período en que el testigo se encontraba efectivamente incluido en el programa.

El debate se centró, en consecuencia, en verificar si el Estado Nacional cumplió con el otorgamiento al demandante en el caso de Autos, y mientras duró el estado de «testigo protegido» que el mismo detentó, dos de dichas medidas, que fueron: el cambio de identidad, y la asistencia económica.

Dicho lo anterior, cabe resaltar que este tipo de reclamos es regido por lo dispuesto en los Art. 1109 y ss. Del viejo Código Civil, vigente al tiempo de demandar, y en lo referente al derecho civil, allí se establecen los presupuestos básicos del derecho a la reparación, que son en esencia, el acaecimiento del hecho ilícito, la correspondiente culpabilidad como factor de atribución, el daño, ya que sin daño no es procedente la reparación por daños y perjuicios, y la acreditación de relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño ocasionado.Respecto del hecho ilícito, la noción básica de «ilicitud objetiva» requiere acreditar, según el Art. 1066 Cod. Civ., la disconformidad de la conducta desplegada por el denunciado con el ordenamiento jurídico (Cfr. Alterini, Atilio, «Responsabilidad Civil», Abeledo-Perrot, pág. 67), habiéndose sostenido, que «(.) el daño, es la diferencia perjudicial para la víctima, entre la situación del damnificado antes de sufrir el hecho ilícito, y después del mismo» (Cfr. 1° Inst. Esp. Civ. Y Com. Juzgado N °50, Capital,10/10/1983, «Reger de Machio, Wally D.y otro c/Annan, Guillermo A.»).También se requiere para la procedencia de una acción de daños y perjuicios, en este contexto, acreditar el factor de atribución, consistente en que «(.) se cause un daño u otro acto exterior que lo pueda causar» (Cfr. Art. 1067 CC.). – La jurisprudencia ha destacado en particular, que «(.) la noción de daño que trae aparejada la obligación de reparar, comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecte en forma cierta a otro, a su patrimonio, a su persona, a sus derechos o facultades; en consecuencia, el concepto jurídico de daño, salvo restricciones particulares queridas por el legislador, abarca la protección de todo interés no reprobado por la ley» (Cfr. CSJN, 22/12/1993 «N., M., R., y otro c/Estado Nacional-Servicio Penitenciario Federal») Con relación al daño causado, aquel con relevancia jurídica «(.) no se satisface con la sola discriminación del bien perdido o menoscabado, o el interés lesionado, ni individualizando la clase y magnitud de la afectación, pues hasta aquí solo aparece el cimiento o presupuesto del daño resarcible, pero no su sustancia propia; determinar dicha sustancia exige atender a las consecuencias o repercusiones de la lesión en la esfera económica (daño patrimonial) o bien en lo espiritual (daño moral); debiendo distinguirse las lesiones en sentido amplio del daño; aquellas entrañan la afectación a determinados intereses; en cambio, los daños son los concretos y particulares resultados de la lesión» (Cfr. CCiv. Com. Lab. Y az Letrado Curuzú Cuatiá, 12/12/1996, «B., A., O., c/B., E., H.y otros»).Finalmente, es recaudo para la procedencia del reclamo por daños y perjuicios, acreditar la existencia de relación de causalidad entre el hecho ilícito y los daños causados, habiendo sostenido la doctrina y la jurisprudencia que, «(.) la relación de causalidad es un elemento del acto ilícito o del incumplimiento contractual, que vincula al daño directamente con el hecho dañoso, e indirectamente, con el elemento de imputación subjetiva o atribución objetiva: constituye un factor aglutinante que hace que el daño y la culpa, o en su caso, el riesgo, queden integrados en el acto que es fuente de la obligación de indemnizar» (C1° CC Bahía Blanca, Sala II, 11/09/1990 «Sepúlveda de Saavedra, María L. c/Ruppel, Marcelo»), siendo éste uno de los principios liminares para que el resarcimiento proceda, de modo que «(.) pueda sostenerse que el hecho dañoso es una consecuencia inmediata y necesaria del obrar culposo del responsable o, en su caso, mediata» (Cfr. CNCom., Sala «A», 29/05/1986 «Campi, Ernesto Osvaldo. c/ Banco Popular de Quilmes SA.»).Y adentrándome ahora en el análisis de los elementos obrantes en Autos, advierto que el Aquo congloba y aplica adecuadamente estas premisas legales para que proceda la atribución de responsabilidad ahora cuestionada, concluyendo en el acogimiento parcial de la demanda promovida, respecto del rubro aquí impugnado.- Debo señalar, en primer lugar, que más allá de los óbices formales expuestos por la demandada (ESTADO NACIONAL ARGENTINO) al expresar agravios, como reiteración de su argumentación de conteste, lo cierto es que, enmarcada en una relación prestacional de tutela al testigo protegido, con amparo legalmente dispuesto y operativizado por orden del Tribunal actuante en la causa, que se encontraba vigente entre las partes, el Aquo detecta y tiene por probado el acaecimiento de daño moral indemnizable.

Es que como acertadamente estipula el Juez Martín en su sentencia, el accionar renuente y tardío de las diversas dependencias estatales aquí involucradas violentó el estado de paz, tranquilidad y libertad individual de este testigo, que luego de cumplir con su deber de declarar y decir verdad, viendo comprometida su vida y calidad de vida, solicita la debida protección estatal, sin que se concrete su completa sustitución de identidad, desde una indebida dilación que le impidió realizar otras gestiones, relativas a la obtención de un empleo, lo que necesariamente requería una apropiada identificación y la obtención de número de documento y perfil laboral.

Y ello implicó un claro detrimento de índole espiritual en el demandante, que con precisión destaca en su sentencia el Magistrado actuante en la instancia anterior (ver fs. 1198 y ss.).Es en este contexto, que también considero exigua la indemnización determinada por el daño moral que se derivó del accionar de la demandada, ya narrado en detalle por el Magistrado actuante en la instancia anterior.En punto a avalar la procedencia de éste rubro, he de resaltar que tal modalidad de responsabilidad se deriva de un accionar contrario a la ley y a la Constitución Nacional (Cfr. Llambías, Jorge «Cod.» t.II-B, pag.450) y a ello aduno que en realidad ha acreditado sobradamente la accionante, el «peregrinaje» por el que hubo de deambular a fin de que se provea al cambio de identidad a que se había comprometido la demandada, generando una muy grave vulneración a su derecho fundamenta l, lo que inevitablemente, produce una lesión constatable a sus más caros sentimientos.Así, si bien el texto constitucional no precisa en forma directa el derecho constitucional al nombre, el mismo se infiere no solo en forma tácita (Art. 14 y 33 CN), sino que también deriva de los derechos a la personalidad e identidad, afianzados ahora con lo surgente en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos jerarquizados por el Art. 75 Inc. 22, habiendo puntualizado la CADH (Art. 3, 18), que toda persona tiene derecho a un nombre propio y apellido, máxime en este caso peculiar de actuación del régimen de testigo protegido.

Claramente entonces, el obrar omisivo del Estado Nacional Argentino, pone en evidencia, la clara lesión a los sentimientos de la víctima, quien – a la postre – ya fatigado y en completo estado de desazón – decide abandonar el régimen de protección de testigos, atento el estado de angustia que le generó el obrar del demandado, afectando claramente sus más íntimos sentimientos y su honor, lo que se acreditó con los reiterados reclamos que efectuó, solicitando asistencia y cumplimiento de su deber legal a la Administración, cuando constata el abandono a que fue sometido (ver, para cotejo, fs. 6; 25; 26; 58; 67 del Exp. Reservado de la Fiscalía federal N °1 de Mar del Plata, sobre la aplicación del Art. 33 «bis» de la ley 23.737). – Resalto aquí entonces la viabilidad de éste rubro, que la mejor doctrina ha concebido como una lesión en los sentimientos, por el dolor o sufrimiento que padece una persona, que no es susceptible de apreciación pecuniaria (Cfr. LLAMBIAS, Jorge «Tratado de Derecho Civil [Obligaciones] T.I, pag.331), y en el que no es posible emplear el mismo criterio que el utilizado para resarcir el daño patrimonial, ya que no hay aquí valores económicos en juego ni mermas en el patrimonio del lesionado. — Por lo dicho, es que estimo que hay que atender en el caso a la incidencia institucional de la falta cuya comisión se acreditó claramente en la causa, y a las posibilidades del responsable, a fin de adecuar prudencialmente a todo ello, la medida de la sanción correspondiente en justicia.He de enfatizar también aquí, que éste modo autónomo de resarcimiento, se relaciona y vincula en forma directa con la intensidad de la afección y al dolor que el padecimiento produjo en su entorno familiar, en éste caso claramente representado por la muerte de la esposa del demandante y sus derivaciones tanto jurídicas como emocionales, a partir del daño irreparable que en éste punto genera la conducta de la parte demandada.Resalto entonces que son éstos, elementos que deben ser resarcidos, teniendo en cuenta el padecimiento de que fue objeto la demandante, cuyo claro impacto en la regularidad de la calidad de vida y salud del demandante, ha sido trastocada y menoscabada a partir de las omisiones y obrar renuente de la demandada.En consecuencia, estimo ajustado a derecho, modificar el monto indemnizatorio establecido en sentencia, y con ello propiciar la condena al demandado, para abonar por concepto de INDEMNIZACION POR DAÑO MORAL debida al actor por el hecho acaecido, que asciende al monto de PESOS:CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-), a valores históricos, con más el cálculo de intereses dispuesto por la 1ª Instancia, por el Magistrado de grado.

Respecto del rechazo de los restantes rubros indemnizatorios reclamados, por concepto de daño material (daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance) y psíquico, entiendo que ha valorado adecuadamente el Aquo la prueba producida en la causa, destacando la vaguedad de la formulación y el incumplimiento de su carga probatoria por parte de la demandante, lo que ha sido crucial en este punto.Así, ha señalado con acierto nuestra jurisprudencia en este punto, que «(.) la carga de la prueba es el imperativo que pesa sobre uno de los litigantes, de suministrar la demostración de un hecho controvertido mediante su propia actividad, se trata de una conducta impuesta a los litigantes para que acrediten la verdad de sus afirmaciones, y para el juez implica que debe resolver la duda acerca de un hecho determinado, en sentido desfavorable a la parte que tiene interés en afirmarlo y no lo hace» (Cfr. C4° Civ. Com. Minas, Paz y Tributario de Mendoza, 27/02/80, «Siracusa e Hijos SCA, José c/Iannizatto, Ricardo S. y otro», el resaltado me pertenece), ya que como claramente también se lo señaló «(.) como principio general, la carga de la prueba (onus probandi), incumbe a quien afirma y no a quien niega» (Cfr. CNCom. Sala «D», 14/12/1977, «Neuman, Julio A c/Rodillas SRL»; íd CFed. Mendoza, Sala «A», 27/03/1991 «Don Ignacio SCA c/Empresa Ferrocarriles Argentinos»; íd CNCiv.Sala «A», 18/12/1980 «Campos, Arnaldo c/Municipalidad de la Capital»).Dicho lo anterior, y abordando la apelación formulada por la demandada, advierto que ella no hace sino reiterar sus argumentos expuestos al responder demanda, y que fueron clara y efectivamente rebatidos por el Aquo al sentenciar.

Es que no pueden aducir el Estado Nacional Argentino y sus dependencias para eximirse de su mal obrar, derivado de una clara inacción ú obrar moroso, en el hecho de que el demandante hubiese extraviado sus documentos, o aún en que finalmente desistiera de participar en este programa que no hizo sino herir sus sentimientos y provocarle ansiedad, temor, tristeza y malestares innecesarios, de los que derivó un claro agravio moral indemnizable.

Consecuencia, las más que validas razones con las que el Aquo funda su acogimiento al reclamo por daño moral de la demandante, y a las que adhiero, resultan suficientes para dar por tierra con los agravios que sustentan al recurso de parte demandada, cuyo rechazo íntegro propicio al Acuerdo, dada su manifiesta improcedencia.

Finalmente, y en punto a la imposición de costas en Alzada, el éxito y fracaso parcial y mutuo obtenido, ameritan imponerlas en el orden causado, pues como bien se lo ha sostenido por parte de la jurisprudencia «(.) las costas se distribuyen en proporción al éxito obtenido en el pleito o incidente, y corren «en el orden causado» si las pretensiones de ambas partes se acogen parcial e igualmente, cuando una y otra posición de los litigantes no han prosperado de la manera que pretendieron» (Cfr., entre otros, CNCiv. Sala «K», 20/12/1990, «Consorcio Uriburu 1517 c/Llomek de Stempen») Por las razones antes señaladas, es que propongo al Acuerdo: I):

ACOGER LA APELACIÓN de parte actora en cuanto cuestiona el monto estimado en la instancia anterior por concepto de agravio moral, y con ello MODIFICAR EL MONTO DE CONDENA por agravio moral estimado en sentencia (fs. 1201, Punto I de parte resolutoria), DETERMINÁNDOLO en la suma de PESOS:CIENTO CINCUENTA MIL ($:150.000.-), a valores históricos, con más el cálculo de intereses dispuesto por en la 1ª Instancia, por el Magistrado de grado, 2) RECHAZAR LA RESTANTE APELACIÓN efectuada por parte demandante a fs. 1203 y luego a fs. 1215 y ss., también LA APELACIÓN efectuada por parte demandada a fs.1202, y luego a fs. 1208 y ss., y con ello, CONFIRMAR, con la salvedad antes expuesta, LA SENTENCIA obrante a fs. 1191/1201 vta., en todo y cuanto fue objeto de apelación y recurso; 3)IMPONER LAS COSTAS DE ALZADA en el orden causado; 4) Proveyendo el escrito presentado con fecha 17/02/2021, téngase presente el cese denunciado, la autorizaciones conferidas, y por constituido el nuevo domicilio denunciado.Tal, el sentido de mi voto.El Dr. Tazza dijo:

Adhiero a la solución propiciada por el Dr. Jiménez, por compartir los fundamentos esgrimidos en su voto.

Mar del Plata, 18 de marzo de 2021.

VISTOS:

Estos autos caratulados: «V. J. D. c/ MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS», Expediente FMP 21049985/2000, provenientes del Juzgado Federal N° 2, Secretaría N° 1 de esta ciudad y lo que surge del Acuerdo que antecede; SE RESUELVE:

I): ACOGER LA APELACIÓN de parte actora en cuanto cuestiona el monto estimado en la instancia anterior por concepto de agravio moral, y con ello MODIFICAR EL MONTO DE CONDENA por agravio moral estimado en sentencia (fs. 1201, Punto I de parte resolutoria), DETERMINÁNDOLO en la suma de PESOS: CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-), a valores históricos, con más el cálculo de intereses dispuesto por en la 1ª Instancia, por el Magistrado de grado; 2) RECHAZAR LA RESTANTE APELACIÓN efectuada por parte demandante a fs. 1203 y luego a fs. 1215 y ss., también LA APELACIÓN efectuada por parte demandada a fs.1202, y luego a fs. 1208 y ss., y con ello, CONFIRMAR, con la salvedad antes expuesta, LA SENTENCIA obrante a fs. 1191/1201 vta., en todo y cuanto fue objeto de apelación y recurso; 3) IMPONER LAS COSTAS DE ALZADA en el orden causado; 4) Proveyendo el escrito presentado con fecha 17/02/2021, téngase presente el cese denunciado, la autorizaciones conferidas, y por constituido el nuevo domicilio denunciado.

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.

Se deja constancia que se encuentra vacante el cargo de tercer integrante de este Tribunal (art. 109 RJN); y que en el día de la firma de esta sentencia en el Sistema Lex 100 notifiqué electrónicamente la presente a las partes con domicilio constituido.

WALTER DAVID PELLE

SECRETARIO DE CAMARA

ALEJANDRO OSVALDO TAZZA

JUEZ DE CAMARA

EDUARDO PABLO JIMENEZ

JUEZ DE CÁMARA

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