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#Fallos Bloqueo de cuentas: Un banco no es responsable por el bloqueo de diversas cantidades de dinero en la cuenta corriente donde un cliente cobraba su sueldo, ya que todos los bloqueos fueron ordenados por su propio empleador

Partes: Ruiz Díaz Oberti Osvaldo Enrique c/ Banco Patagonia S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 9-feb-2021

Cita: MJ-JU-M-130685-AR | MJJ130685 | MJJ130685

El banco que a instancias del empleador del actor, bloqueó la cuenta en la cual éste percibía su sueldo y/o haber de retiro, no es responsable frente a éste.

Sumario:

1.-Es improcedente la acción resarcitoria iniciada contra un banco por el bloqueo de diversas cantidades de dinero en la cuenta corriente que el empleador del actor había abierto a nombre de éste a los fines del depósito del sueldo de actividad y/o haber de retiro, pues todos los bloqueos obedecieron a específicas órdenes cursadas al banco demandado por el empleador, y, entonces, habiendo respondido los bloqueos a oportunos y especiales requerimientos hechos en ese sentido por la estipulante, no correspondía al banco demandado (promitente) examinar la corrección de ninguno de ellos, sino simplemente acatarlos, ya que las órdenes recibidas definían la medida de la atribución patrimonial a la que tenía derecho el actor, esto es, el ‘quantum’ que podía ser puesto a su disposición en la cuenta corriente.

2.-Las cuentas bancarias que son abiertas por el empleador o, como en el caso, a favor del personal en situación de actividad y/o retiro para la percepción de sus haberes, entran en la categoría jurídica de contrato a favor de tercero en los términos del art. 504 del CCiv., calificación jurídica que no es contraria al hecho de que la cuenta de depósito sea accesoria o derivada de otro contrato como cabe así reconocerlo con relación al acuerdo de prestación de servicios bancarios anudado entre la empleadora del actor y un banco.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 9 días del mes de febrero de 2021, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa «RUÍZ DÍAZ OBERTI, OSVALDO ENRIQUE c/ BANCO PATAGONIA S.A. s/ ORDINARIO», registro n° 37.977/2014, procedente del JUZGADO N° 5 del fuero (SECRETARIA N° 9), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores:

Heredia, Vassallo y Garibotto.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, doctor Heredia dijo:

1º) El señor Osvaldo E. Ruíz Díaz Oberti promovió la presente demanda contra Banco Patagonia S.A. imputándole responsabilidad por haber procedido unilateral e incausadamente a la realización de tres bloqueos de diversas cantidades en la cuenta corriente nº 710236014, en la cual la Prefectura Naval Argentina le depositaba su sueldo de actividad y/o haber de retiro. Sostuvo en su demanda que la ilegitimidad de tales bloqueos quedó acreditada en la causa nº 42.368/2004 en trámite ante la justicia federal en lo contencioso administrativo, habida cuenta haberse allí informado que la entidad demandada no exhibió al perito contador actuante nota alguna de la que resultase haber cumplido órdenes de la Prefectura Naval Argentina. Consiguientemente, y advirtiendo además no haber consentido jamás semejante actuación, calificó de ilegítima y abusiva la conducta de la entidad bancaria y, en consecuencia, reclamó una indemnización por daño directo en los términos del art. 40 bis de la ley 24.240, así como el resarcimiento del perjuicio moral (fs. 17/22).

El Banco Patagonia S.A. resistió la demanda oponiendo una excepción de prescripción y diversas defensas argumentales de fondo orientadas a demostrar que actuó conforme a derecho (fs.121/133).

La sentencia de primera instancia rechazó la excepción de prescripción y, en cuanto a la sustancia del litigio, tuvo por no controvertidos los tres bloqueos invocados en la demanda, por comprobado que los fondos correspondientes al primero fueron definitivamente reingresados a una cuenta de la Prefectura Naval Argentina y que, en cambio, los atinentes a los otros dos resultaron, después de cierto tiempo, nuevamente acreditados en favor del demandante. Sin perjuicio de ello, juzgó probado que en los tres casos el banco demandado había actuado siguiendo previas indicaciones dadas al efecto por la Prefectura Naval Argentina, por lo cual la eventual ilegalidad de lo actuado por tal organismo de seguridad no podía convertir automáticamente en ilegítimo el bloqueo cumplido por la entidad bancaria ya que, contrariamente a lo invocado en la demanda, no hubo de ella una actuación unilateral o incausada, sin que, por otra parte, pueda enrostrársele incumplimiento alguno al deber de información previsto por el art. 4 de la ley 24.240 pues ello no fue un aspecto controvertido en el escrito de inicio. En suma, el fallo de la instancia anterior rechazó la demanda, bien que con costas en el orden causado por entender el juez a quo que el actor pudo haberse considerado con derecho a litigar en función de lo informado por el perito contador en la citada causa nº 42.368/2004 (fs. 315/325).

Contra al pronunciamiento precedentemente reseñado apeló exclusivamente el actor (fs. 326). El señor Ruíz Díaz Oberti presentó el memorial de agravios de fs. 330/331, cuyo traslado resistió el banco demandado (fs. 336/338).

La Fiscal ante la Cámara declinó dictaminar (fs.339).

2º) En atención a la ausencia de apelación del banco demandado el rechazo de su excepción de prescripción ha quedado firme, orientándose los agravios del actor exclusivamente al examen de la cuestión de fondo.

Con relación a esta última, los actos y hechos que le son inherentes se cumplieron con anterioridad a la entrada en vigor del Código Civil y Comercial de la Nación, de manera que son las normas de derecho privado vigentes antes de ello las que gobiernan el asunto (art. 7, segundo párrafo, CCyC).

3º) Los resúmenes fs. 94/98 -reservados en sobre de documentaciónmuestran al actor como titular de la «cuenta corriente» nº 710236014 abierta en el banco demandado.

No es discutible que dicha cuenta bancaria es una de las muchas que el banco demandado abrió en favor del personal en actividad o retirado de la Prefectura Naval Argentina en el marco de lo ordenado, respectivamente, por los decretos nº 1180/1994 (con relación al personal en actividad de la Administración Nacional) y nº 665/1999 para el pago de las jubilaciones y pensiones acordadas en virtud de la ley 12.992 que atañe a tal institución.

El correspondiente servicio bancario fue contratado, obviamente, no de modo directo por el actor, sino por la Prefectura Naval Argentina. En tal sentido, el banco demandado aludió en fs. 127 a la existencia de un acuerdo alcanzado por una licitación, cuyos pliegos obligaban al banco a proceder a los bloqueos de cuenta que la Prefectura Naval pudiera ordenarle.

Pues bien, con posterioridad a estas expresiones de la entidad demandada, insistentemente el actor sostuvo que el acuerdo anudado entre la Prefectura Naval Argentina y Banco Patagonia S.A. que posibilitó la apertura de la indicada cuenta corriente es a su respecto «res inter alios acta», de modo que nada de lo pactado entre aquellas puede perjudicarlo de acuerdo con lo previsto por el art. 1195 del Código Civil de 1869.En concreto, reiteradamente adujo que no podía juzgarse oponible a su parte la posibilidad de que el banco cumpliera bloqueos de cuenta a pedido de la Prefectura Naval Argentina, pues ello implicaba una retención indebida contraria al derecho a la libre disponibilidad de los fondos depositados que tiene como cliente bancario amparado por la ley 24.420 (fs. 142, 145 vta., 247/248, 299 vta. y 332).

Sin perjuicio de observar que la precedente argumentación no estuvo contenida en el texto del escrito de inicio ya que nació como una respuesta al tenor de la contestación de demanda, lo cierto es que ni ella ni lo sí expuesto en la demanda abona la idea de la presencia de una responsabilidad del Banco Patagonia S.A.

Varias son las razones que conducen a tal conclusión.

Veamos.

4º) Cuentas bancarias del tipo indicado que son abiertas por el empleador o, como en el caso ocurre, a favor del personal en situación de actividad y/o retiro para la percepción de sus haberes, entran en la categoría jurídica de contrato a favor de tercero en los términos del art. 504 del Código Civil de 1869 (conf. Barbier, Eduardo A., «Contratación bancaria», Buenos Aires, 2000, p. 297), calificación jurídica que no es contraria al hecho de que la cuenta de depósito sea accesoria o derivada de otro contrato como cabe así reconocerlo con relación al acuerdo de prestación de servicios bancarios anudado entre la Prefectura Naval Argentina y Banco Patagonia S.A. (conf. Belluscio. A. y Zannoni, E., «Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado», Buenos Aires, 1979, t. 2, p. 572, nº 3).

Desde tal perspectiva, contra lo sostenido por el actor, ciertamente se presenta una alteración del régimen que se desprende del invocado art. 1195 (conf. Rezzónico, Juan C., «Rasgos esenciales de la estipulación a favor de tercero», LL 1979-D, p. 725, cap.II-4), pues si bien no es dudoso que una vez que el tercero acepta el contrato estipulado en su favor adquiere contra el promitente (en el caso, el banco demandado) un derecho autónomo dotado de acción para exigirle la prestación comprometida, ello es así en la estricta medida de lo definido por el estipulante -en el caso, la Prefectura Naval Argentina- (conf. Piantoni, M., «Contrato a favor de tercero», LL 1980-A, p. 821, cap. VI) con sujeción a la llamada «relación de valuta» -en el caso, la relación de empleo público y/o previsional- que constituye, precisamente, la causa de la atribución patrimonial del estipulante en favor de dicho tercero beneficiario, y cuyas vicisitudes son completamente irrelevantes para el promitente (conf. Diez Picazo, L., «Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial», Civitas, Madrid, 1996, t. I [Introducción – Teoría del Contrato], ps. 439/440, nº 28; Domínguez Águila, R., «Los terceros y el contrato», Revista de Derecho, Universidad de Concepción, Chile, 1983, p. 151, espec. ps. 164/165).

En efecto, el contrato a favor de tercero es una operación eminentemente económica, ya que hace posible por medio de una sola prestación la satisfacción «unísono» de dos distintas relaciones jurídicas: la relación de cobertura (en el caso, el contrato bancario) y la ya citada relación de valuta. Un solo desplazamiento patrimonial, el que el promitente realiza mediante el cumplimiento de la prestación al beneficiario, sirve para dar satisfacción a dos relaciones jurídicas distintas: por un lado la que une a estipulante y promitente, fruto del contrato en el que éste último se ha obligado frente a aquél a realizar una prestación al tercero, y por otro la que subyace entre el estipulante y el tercero, que justifica la desviación de la prestación contractual del promitente hacia este último.Por ello, desde un punto de vista causal es preciso distinguir el contrato celebrado entre el promitente y estipulante de la atribución patrimonial que para el tercero representa el derecho de prestación, la cual está signada no por la relación de cobertura (la cuenta bancaria en el caso), sino por la relación de valuta, a la que es ajeno el promitente, y a la cual hay que acudir para justificar el sacrificio patrimonial que para el estipulante supone la desviación de la prestación del promitente hacia el tercero y la atribución patrimonial «correlativa» que este último recibe.

De acuerdo a lo precedentemente expuesto, pues, falla el actor en su razonamie nto al pretender obtener una sentencia que declare la responsabilidad del banco demandado por no haber puesto a su disposición los fondos involucrados en los tres bloqueos mencionados en la demanda. Y su error está en pretender el juego separado de la relación de cobertura respecto de la de valuta, para no hacer incidir en la primera el límite de atribuciones patrimoniales que tienen causa en la segunda.

5º) Dicho ello, cabe observar que todos los bloqueos obedecieron a específicas órdenes cursadas al banco demandado por la Prefectura Naval Argentina, tal como lo informó esta última en fs. 243 (esta probanza, valga señalarlo, echa por tierra la suposición de inexistencia de tales órdenes que infirió el actor con base en no haberlas exhibido el banco al perito contador actuante en la causa que tramitó en la justicia federal en lo contencioso administrativo; véase fs.825 de la causa nº 42.368/2004).

Así las cosas, habiendo respondido los tres bloqueos a oportunos y especiales requerimientos hechos en ese sentido por la Prefectura Naval Argentina (estipulante), no correspondía al banco demandado (promitente) examinar la corrección de ninguno de ellos, sino simplemente acatarlos, ya que las órdenes recibidas definían la medida de la atribución patrimonial a la que tenía derecho el actor, esto es, el «quantum» que podía ser puesto a su disposición en la cuenta corriente.

Entender otra cosa con el objeto de justificar la declaración de responsabilidad pretendida significaría improcedentemente aceptar en cabeza del banco una facultad que no tenía, cual es la de indagar si las causas fundantes de los bloqueos eran o no legítimas de acuerdo a la relación de valuta, cuyas vicisitudes, se insiste, eran irrelevantes para la entidad. Como bien lo expuso el banco demandado en fs. 127, no era de su incumbencia indagar sobre la cuestión.

Más todavía: ni siquiera la presente causa es el ámbito adecuado para examinar si tales órdenes de bloqueo fueron legítimas o no, ya que la «causa petendi» de la demanda no se fundó en la irregularidad de ellas, sino en una alegada inexistencia y en el carácter unilateral o abusivo de la actuación del banco accionado (fs. 18), extremos estos últimos que quedaron descartados con el citado informe de fs. 243.

A lo que se suma, claro está, que no podría hacerse ningún juzgamiento sobre el particular sin afectar el derecho de defensa de la Prefectura Naval Argentina que no ha sido parte en autos. Por ello, como lo destacó el juez a quo sin recibir crítica en el memorial de agravios (fs. 324), la cuestión de la legitimidad de las órdenes de bloqueo debería eventualmente ser dilucidada en una demanda dirigida contra dicho organismo oficial en la cual, como mínimo, habrían de controvertirse las razones que expuso en fs. 243 y los antecedentes a los que remitió (fs.206 a 242).

6º) En otro orden de cosas, aunque adecuado para la debida composición de la «litis», corresponde advertir que, contrariamente a lo afirmado en fs. 332, en ningún caso los bloqueos se hicieron «a posteriori» de que los fondos hubieran estado disponibles en la cuenta corriente.

Antes bien, siempre fueron ordenados con «anterioridad» a las fechas de pago de haberes que correspondían.

En efecto: I) el bloqueo de $ 2152, 99 (fs. 17 vta.), que respondió al pase del actor a situación de retiro a partir del 15/10/2004 (fs. 208 y 243), se cumplió el día 4/11/2004 (fs. 94); II) el bloqueo de $ 1832,31 (fs. 17 vta.), que se ordenó el 5/4/2005 por no haber acreditado el actor supervivencia (fs. 230/231), se concretó el 8/4/2005 (fs. 96); y III) el bloqueo de $ 320,06 (fs. 17 vta.) que se ordenó el 6/7/2005 por la igual razón (fs. 232/233), se realizó el 8/7/2005 (fs. 97).

Asimismo, puede verse en los resúmenes de cuenta correspondientes que en cada uno de los casos precedentemente indicados se acreditaron los fondos y simultáneamente se produjo el bloqueo por las cantidades pertinentes, contabilizándose esto último como un débito que, en consecuencia, determinaba un resultado económico neutro. En cada caso, en efecto, a la acreditación de sueldos y/o haberes (concepto «Acredit. Plan Sueldos C») le siguió, sin solución de continuidad, a renglón inmediato, el débito correspondiente al bloqueo ordenado por la Prefectura Naval Argentina (concepto «bloq.solicitada p/empleador C»). Consiguientemente, en ningún momento el actor tuvo una disponibilidad efectiva y real del dinero involucrado en cada bloqueo, sin que pueda colegirse otra cosa por el particular modo en que contablemente el banco dejó constancia de lo actuado.

Así las cosas, descartada la presencia de órdenes de bloqueo posteriores a la existencia de una efectiva y real disponibilidad de fondos, no se aprecia afectación alguna al derecho de propiedad del actor.

7º) A todo evento, todavía puede ser dicho lo siguiente:

(a) No parece que el actor pueda invocar una completa desvinculación suya con relación a lo ocurrido.

Esto es así, su pase a situación de retiro (extremo que, según se ha visto, motivó el bloqueo de $ 2152,99) quedó convalidado por el rechazo que jurisdiccionalmente se hizo de sus planteos de nulidad en la causa nº 42.368/2004, no solo respecto de la resolución administrativa que ordenó su retiro obligatorio, sino también de la posterior sanción de cesantía que se le impuso (sentencia de fs. 949/976 dictada en la causa nº 42.368/2004 cit.). Y porque los posteriores bloqueos de $ 1832,31 y $ 320,06 no fueron sino el resultado de la omisión del recurrente en acreditar su supervivencia, lo que habilitó la suspensión de pago autorizada por el art. 3º del decreto 665/1999 (fs.231 y 233).

(b) La invocación del actor a su condición de consumidor bancario no resulta argumento decisivo pues, evidentemente, dicha condición no es bastante por sí misma para establecer una responsabilidad como la pretendida si, como se ha visto, no fue acreditada una conducta ilícita del banco demandado.

Por lo demás, el principio «in dubio pro consumidor» que también invoca el demandante, nada aporta cuando, como en el caso ocurre, la cuestión controvertida no genera duda alguna a la luz de la prueba y del derecho aplicable.

(c) Tampoco aporta fundamento a lo pretendido en la apelación las reflexiones que el recurrente desliza con relación al tipo de cuenta bancaria involucrada, y a la inoperatividad en la especie de la ley 26.590 (fs. 331 vta.).

Este voto ha referido a ella como una «cuenta corriente» pues así de la denominó en los resúmenes de fs. 94/98. Empero, cabe observar que tal «nomen iuris» no borra lo que por expresa disposición legal no puede ser sino una «caja de ahorro común» (art. 1º del decreto 665/1999), bien que con las características que modernamente se le reconoce a ese tipo de cuenta bancaria ya que, como es sabido, el contrato de caja de ahorro pasó a convertirse casi en una necesidad de nuestros días, motivada por la tendencia generalizada a la bancarización en el acceso a bienes y servicios y en la retribución de haberes, desarrollándose las denominadas cuentas sueldo, que son cuentas de caja de ahorro a las que se les adicionan otros servicios (conf. CNCom., Sala A, 19/9/2018, «Morello, Adriana Gabriela c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/ ordinario» , y su cita de Ghersi, C. [director], «Responsabilidad de las entidades bancarias», Buenos Aires, 2003, p.104).

Ahora bien, aun descartando la presencia de una verdadera cuenta corriente o de una cuenta sueldo regida por la ley 25.590, sigue en pie cuanto se ha dicho en orden a que el actor no comprobó en autos el presupuesto fundante de su pretensión cual fue la presencia de una actuación bancaria unilateral e incausada.

(d) Si bien -como correctamente lo observó la sentencia recurrida- no involucró la demanda imputación alguna que se relacionase con el incumplimiento por el Banco Patagonia S.A. de sus deberes contractuales de información, lo cierto es que aun si por hipótesis ello hubiera sido objeto de controversia nada podría reprochársele a la citada entidad.

Es que contrariamente a lo señalado en fs. 332 vta., no incumbía al banco anoticiar al actor que la cuenta estaba sujeta a eventuales bloqueos, pues esa posibilidad resulta de las normas que regulan el pago de los sueldos y/o haberes del personales en actividad o retirado de la Prefectura Naval Argentina a las cuales el actor debe acatamiento. Por la misma razón, no tenía el banco demandado que requerir del demandante una conformidad previa para lo propio.

En su caso, el deber de información contractual que pesaba sobre el banco se cumplió adecuadamente con la oportuna remisión de los resúmenes que daban cuenta de los bloqueos enjuiciados.

(e) No integró la demanda ningún reproche o reclamo vinculado a la demora en la acreditación de fondos posteriores al desbloqueo por haber el actor presentado finalmente un certificado de supervivencia. Por lo tanto, la crítica que sobre el particular se ensaya en fs. 333 y ss. con remisión a las constancias de 236/237, no puede ser atendida por esta alzada (art. 271 «in fine» del Código Procesal).

(f) Los precedentes jurisprudenciales de la Sala B de esta Cámara que son citados en fs. 334 respondieron a circunstancias fácticas y razones jurídicas completamente diferentes a las del sub lite. En efecto, en el caso «Farfán, Norma P.c/ HSBC Bank Argentina» (sentencia del 12/4/2013) se trató de una extracción no autorizada hecha por cajero automático; y en el caso «Flores, Samuel c/ Cooperativa de Vivienda» (sentencia del 14/6/2007) de los daños y perjuicios derivados de un embargo indebidamente trabado en una cuenta perteneciente a un empleado de la Prefectura Naval Argentina.

8º) En suma, juzgo que no hay razón para revocar el fallo recurrido.

Por ello, recordando que los jueces no deben dar respuesta a todos y a cada uno de los planteos de los litigantes, sino seleccionar solamente los adecuados y pertinentes para la correcta composición del pleito (conf. CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; etc.), propongo al acuerdo rechazar la apelación intentada por el actor, con costas de alzada a su cargo (art. 68, primer párrafo del Código Procesal).

Así voto.

Los Señores Jueces de Cámara, doctores Vassallo y Garibotto, adhieren al voto que antecede.

9°) Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

(a) Rechazar la apelación del actor, con costas a su cargo.

(b) Diferir la fijación de los emolumentos de segunda instancia para cuando esté fijada la base regulatoria y determinados los honorarios devengados en la instancia anterior.

(c) Notifíquese electrónicamente.

(d) Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas n° 15/2013 y 24/2013) agréguese copia certificada de lo resuelto al expediente y, vencido el plazo fijado por el cpr. 257, devuélvase la causa tanto en su soporte electrónico como en el expediente «papel», al Juzgado de origen.

Gerardo G. Vassallo

Juan R. Garibotto

Pablo D. Heredia

Horacio Piatti

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