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#Doctrina La utilización de WhatsApp como ajuste razonable al proceso para notificaciones al extranjero en el contexto de la pandemia por COVID-19

Autor: Bugvila, Adrian V.

Fecha: 14-mar-2021

Cita: MJ-DOC-15821-AR | MJD15821

Sumario:

I. Introducción. El caso analizado. II. El rol de los jueces. La igualdad y el derecho fundamental a la tutela judicial eficaz. III. El proceso. Principio de legalidad e instrumentalidad de sus formas. IV. La notificación bajo responsabilidad de la parte. V. WhatsApp como medio de notificación judicial. VI. Ampliación del plazo. VII. La disidencia. VIII. Conclusión. IX. Bibliografía.

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Doctrina:

Por Adrian V. Bugvila (*)

Abstract: La utilización de la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp como alternativa a la cédula papel dirigida a una persona que se encuentra fuera del territorio de la República Argentina en conjunto a las facultades fedatarias del secretario es un ajuste razonable al proceso para lograr la finalidad de la notificación de una medida cautelar. A partir del análisis del fallo se explora el derecho fundamental a la tutela judicial eficiente y su repercusión en el proceso en relación a las formas, la adecuación a las particularidades de la materia sustantiva con un sujeto en condiciones de desigualdad real.

I. INTRODUCCIÓN. EL CASO ANALIZADO

El Derecho Procesal no fue ajeno al impacto de la pandemia por COVID- 19 y como tal hubo de adaptarse de forma de poder dar una respuesta a los valores en pugna como lo son la defensa en juicio y la efectiva tutela judicial efectiva.

En el caso comentado, la actora pretendía el aumento de la cuota alimentaria que había sido fijada en el año 2015. Considerando verosímil la pretensión en virtud del contexto inflacionario existente, se dictó una medida cautelar fijando alimentos provisorios hasta tanto se resolviera el fondo del asunto.

El alimentante se encontraba fuera del territorio de la República Argentina, más precisamente en la ciudad de Vancouver a 11.292 kilómetros de distancia y en medio de una pandemia, con las fronteras cerradas y el Ministerio de Relaciones Exteriores funcionando en una capacidad reducida.

El letrado de la parte actora solicitó que se notifique la medida mediante el sistema de mensajería instantánea WhatsApp. El juez de primera instancia entendió que dicho medio carece de las formalidades necesarias para garantizar el derecho de defensa del requerido. Por esta razón desestimó el pedido y ordenó el traslado por cédula.

La decisión fue apelada por la actora y revocada por la Cámara de Apelaciones, por mayoría. Para resolver de ese modo, sostuvieron los Dres.Benavente y Bermejo que en atención al rol del juez como garante de la efectividad de los derechos de la infancia se considera viable acudir a las herramientas tecnológicas disponibles con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia. En este sentido señala que los medios telemáticos fueron autorizados por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y admitida por otros tribunales.

Consecuentemente autoriza la notificación por WhatsApp de la resolución que fija los alimentos provisorios bajo responsabilidad de la actora y por el plazo previsto por el art. 158 del CPCCN al número de celular que informa la actora.

A fin de dar fe de lo actuado indica cuales son los recaudos que deben ser constatados en un acta que deberá labrar el secretario actuante o funcionario que el Juez autorice para asegurar la regularidad del acto. A modo de ejemplo previene: 1) Confección de un archivo PDF con la demanda, documentación y la resolución que fija los alimentos provisorios. 2) El Secretario se comunicará con el número de teléfono indicado, presentándose como funcionario del organismo y explicando el cometido de la comunicación recabando los datos personales del receptor de la llamada. En caso de resultar verosímil con los datos denunciados del demandado remitirle el archivo indicado en el punto 1. 3) Finalmente dejará asentado en el acta todo lo actuado indicando la fecha y hora de entrega del mensaje y/o su lectura.

En caso de fracasar la notificación por WhatsApp, se autoriza subsidiariamente que se realice por correo electrónico. En este caso será remitido desde el correo institucional con las mismas precisiones indicadas en el párrafo anterior.

En disidencia, la Dra. Pérez Pardo consideró que deben evaluarse las circunstancias antes de apartarse del régimen general de notificaciones. Desde esta óptica entendió que la actora tiene conocimiento sobre el paradero en el extranjero del requerido quien no ha dejado de cumplir con su obligación alimentaria y ha intervenido constituyendo domicilio legal en expedientes conexos.Esta actitud tornaría injustificada el apartamiento del régimen general de notificaciones. Por último, señaló que la actora podría remitir las cedulas en carácter de «denunciado» al último domicilio que el letrado del alimentante constituyó en los expedientes conexos.

II. EL ROL DE LOS JUECES. LA IGUALDAD Y EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFICAZ

En el caso comentado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil fundan su decisión en virtud del rol de los jueces como garante de las garantías de efectividad de los derechos de la infancia que autoriza la utilización de un medio de notificación no previsto en el Código Procesal. Este fenómeno es sustentado en la garantía del debido proceso del articulo 18 y ensanchado por el derecho fundamental a la tutela judicial eficiente proveniente del Pacto de San José de Costa Rica (1) y la Convención sobre los Derechos del Niño.

A la vez, nuestra Constitución Nacional impone una concepción material de la igualdad (2), superadora de la igualdad formal, sustentada en la igualdad de oportunidades y en la obligación por parte del Estado de las «acciones positivas (3)» para remover cualquier factor de desigualdad real (4) y asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales (art. 75 inc. 23 CN).

De la conjugación de estos mandatos constitucionales en consonancia con el sistema trasnacional de los derechos humanos (art. 75 inc. 22) se impone consagrar tutelas diferenciadas a determinados sujetos, derechos o situaciones que se los consideran menesterosas de protección (5).

En caso encontramos a un niño -sujeto de tutela diferenciada- que se enfrenta a factores de desigualdad real y hay un interés social reforzado en que tenga pleno goce del derecho alimentario (6). Para alcanzar estos objetivos el proceso debe reconocer y resolver los obstáculos materiales desfavorables. Es así como se atiende al principio de igualdad ante la ley (7) y los tribunales, y a la correlativa prohibición de discriminación (8).

III. EL PROCESO.PRINCIPIO DE LEGALIDAD E INSTRUMENTALIDAD DE SUS FORMAS

En este contexto deviene inevitable el reconocimiento a los jueces como garantes de la efectividad de los derechos fundamentales atribuyéndole potestades para interpretar la normativa procesal y adecuar las formas a las particularidades de las materias sustantivas.

La concepción clásica del proceso civil es una sucesión de actos concatenados a la obtención de un fin: componer la litis mediante una sentencia. Las actividades de las partes y del órgano jurisdiccional reclaman un orden y como tal deben amoldarse a determinadas condiciones de lugar, de tiempo y de medios de expresión. Estas condiciones son las formas procesales en sentido estricto (9) estatuidas por el legislador como garantía de los derechos individuales (10).

Las formas procesales no son un fin en sí mismas sino simples medios destinados a asegurar la más ordenada y justa solución de los litigios. Esto implica que el llamado «principio de instrumentalidad de las formas» la invalidez o nulidad de los actos no está dada por la inobservancia de la forma establecida por ley comprobada en forma mecánica (11), sino por el vicio y el fin del acto, debiendo ser declarado nulo cuando por efecto del vicio no haya podido lograr su finalidad (12).

Es proverbial que la notificación es un acto procesal fundamental para hacer efectivo el derecho de defensa de la persona a la que esta comunicación se dirige. Sin embargo, no es tan claro que dicha garantía dependa de una determinada forma (la cédula papel). Por el contrario, podría sostenerse que lo que importa es el conocimiento efectivo del acto comunicado, más que la utilización de una forma que, de exigirse a rajatabla, podría tornar ilusorio el derecho a obtener una sentencia judicial útil, especialmente cuando está en juego la tutela efectiva (13) del derecho alimentario de un menor de edad.

IV.LA NOTIFICACIÓN EN EL EXTRANJERO BAJO RESPONSABILIDAD DE LA PARTE

Si bien el sistema de notificaciones electrónicas ha reducido los plazos, las notificaciones por cédula a extraña jurisdicción siguen siendo costosas y dilatorias del proceso. Estos gastos tienen impacto directo en el proceso, pero son ajenos al beneficio de litigar sin gastos (14).

El avance actual de las comunicaciones permite obtener la misma seguridad mediante ajustes razonables al proceso.

En el caso bajo estudio se debía realizar una notificación a Vancouver: a la cédula requiere traducción (15) y solicitar que se libre un oficio dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores. Una vez munido con todo esto, se debe completar el formulario modelo de Cancillería cuál es el tratado de cooperación jurídica aplicable y si tiene reciprocidad con la Argentina.

Los detalles del procedimiento (16) exceden el enfoque de este trabajo, pero lo descripto ilustra la complejidad y demora del anoticiamiento de una medida cautelar como la pretendida en autos.

En los casos donde la parte tiene pleno conocimiento del domicilio de la contraria pero que, debido a artificios de ésta, no puede llegar a notificar (quitar la chapa municipal con el número de casa, negativa, ocultamiento, etc.) (17) existe la facultad de denunciar el domicilio «bajo responsabilidad de la parte». Esta facultad es tendiente a evitar que las maniobras dilatorias destinadas a burlar las cargas impuestas en providencias que deben notificarse por cédula. Para su procedencia, no se requieren justificación previa de haber hecho las averiguaciones para demostrar que el domicilio corresponde a la contraparte en la inteligencia que ha extremado los recaudos necesarios para evitar la nulidad y la correspondiente condena en costas.

Las cédulas que se libran bajo responsabilidad del interesado se diligenciarán con abstracción de que el requerido viva o no en el lugar siempre que el domicilio sea cierto.

V. WHATSAPP COMO MEDIO DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL

El servicio de mensajería instantánea WhatsApp fue lanzado en el año 2009.Es una aplicación gratuita (18) que permite enviar mensajes de texto, fotografías, videos, mensajes de voz y documentos a través de Internet y puede ser utilizado tanto en teléfonos inteligentes como en PC de escritorio. En una década, su uso se ha vuelto masivo y fundamental para la comunicación de personas, comercios e instituciones (19). Fue adquirido por Facebook Inc. en el año 2014 y posee un sistema de cifrado punta a punta (20) desde el año 2016.

Una vez instalada, la aplicación crea un usuario en forma automática utilizado el número de teléfono y a la cual el servidor central del servicio le asigna una contraseña específica. Paralelamente compara todos los contactos de la agenda del dispositivo y agrega los que tienen el servicio instalado como contactos.

Utiliza el protocolo de comunicación abierto, descentralizado y extensible denominado XMPP (21) con un mecanismo de «almacenamiento y reenvío» (22) como técnica de comunicación en las redes.

Jurídicamente esto es relevante porque los datos se envían a un nodo intermedio, donde son retenidos hasta su posterior reenvío, sea a su destino final o bien a otro nodo intermedio siendo verificado en cada paso la integridad del mensaje, así como la fecha de la recepción (23).

Esta característica, sumado a la encriptación de punto a punto, garantiza que solo el remitente y el receptor puedan leer los mensajes previniendo que terceros puedan desencriptar la información. Esto incluye a la empresa que presta el servicio de mensajería y al proveedor de internet, quienes no tienen forma de descifrar el mensaje.

Procesalmente es posible integrar esta tecnología con las potestades fedatarias de los funcionarios competentes para obtener un canal seguro para practicar la notificación bajo responsabilidad de la parte.

En el fallo en análisis establece un protocolo con el objetivo de «asegurar la regularidad del acto» (24), a saber:

1. La generación de un corpus con los escritos de demanda, la documental y las resoluciones judiciales en un archivo PDF (25).

2.En segundo lugar, el secretario se comunica con el número de teléfono denunciado. Se identifica como tal y explica el cometido del llamado.

3. El secretario solicita y certifica los datos personales de la persona que recibe el mensaje.

4. En caso de resultar verosímil (26) los datos obtenidos con los denunciados se remitirá el archivo creado en el primer punto.

5. Por último, se labra un acta dejando constancia de lo actuado. En caso de que sea posible se precisará el día y hora de entrega de su mensaje y/o lectura (27).

La sentencia sugiere estos recaudos a título de ejemplo y sin perjuicio otros que se consideren útiles. Entendemos que se puede robustecer mediante las siguientes previsiones.

1. El archivo PDF debería ser firmado digitalmente a los fines de garantizar la integridad del mensaje (la propiedad de que la información no ha sido modificada) y autenticidad del firmante.

2. Generar un hash (28) y dejar constancia de la cadena alfanumérica hexadecimal en el acta. También debería formar parte de la notificación remitida.

3.En virtud de ser un incidente dentro de un proceso por alimentos donde es competente el mismo tribunal consideramos apropiado poner en conocimiento del letrado interviniente (29) del alimentado en los procesos conexos a fines de evitar menoscabar el derecho de defensa sobre la notificación por este medio no previsto por el Código Procesal.

Por último, en virtud de que una prueba informativa a la compañía telefónica insumiría tiempo valioso, el juzgado tiene acceso al Registro de Identidad de Titulares del Servicio de Comunicaciones Móviles (30) en el cual se puede verificar la titularidad del número de teléfono indicado -en caso un telefónico argentino- y dejar constancia de ello.

Sin perjuicio de lo expuesto consideramos que de la misma manera que existe un Convenio de cooperación entre la Cámara Nacional Electoral y los juzgados, en el cual se les otorga acceso a los domicilios registrados en el padrón electoral sería apropiado que exista un acuerdo del mismo tenor con las compañías telefónicas que permita a los jueces verificar la titularidad de las líneas de telefonía celular.

VI. AMPLIACIÓN DEL PLAZO

Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ordena el traslado de los alimentos provisorios, bajo responsabilidad de la actora y «por el plazo que corresponda de acuerdo a lo previsto por el art. 158 del ritual».

La solución adoptada es susceptible de reparos. En el caso, como Vancouver se encuentra a 11.192 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la aplicación exclusiva del art. 158 implica ampliar el plazo a 57 días, a razón de un día cada 200 kilómetros y fracción que no baje de 100 kilómetros.

Coincidimos con la doctrina (31) que existen dos tipos de ampliaciones de plazos dependiendo de si el demandado se encuentra dentro o fuera del territorio nacional. En el primer caso es de aplicación art.158 CPCCN, el cual comienza «Para toda diligencia que deba practicarse dentro de la República» y en el segundo caso es de aplicación el art. 342, 2do párrafo CPCCN.

Sabido es que el juez tiene la facultad de ajustar el plazo de citación a los demandados que se encuentran fuera de la República «atendiendo a las distancias y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones» (art. 342, 2do párrafo, CPCCN, art. 340, 2do párrafo CPCCBA).

Dada la especial necesidad de preservar la garantía del plazo razonable en asuntos de índole alimentaria y la razonable disponibilidad de medios de comunicación efectivos y ágiles entre Canadá y Argentina, consideramos que el plazo debió ser reducido.

VII. LA DISIDENCIA

Por último, parece importante analizar críticamente el voto minoritario, en el que se expresa que al haber cumplido el demandado con su obligación alimentaria no se observan motivos para apartarse del régimen de notificaciones general.

Párrafo siguiente, refiere que la parte actora tiene conocimiento sobre el paradero del demando en el extranjero. Sin embargo, éste ha constituido domicilio legal en otros expedientes conexos y podría intentar notificar a dicho domicilio legal como «denunciado».

En primer lugar, se infiere que sería justificado el apartamiento del sistema de notificaciones solo en los casos donde el requerido ha actuado en forma recalcitrante abstrayéndose del pago de la cuota alimentaria. Todos los operadores jurídicos tienen la información de que el demandando se encuentra en el exterior, de cualquier manera, se considera preferible el envío de una cédula al domicilio legal constituido.

Entendemos que es contrario al deber de evitar nulidades (32) disponer la notificación al domicilio procesal constituido en carácter de denunciado y bajo responsabilidad de la parte en autos conexos, pues deja abierto un vector a la interposición de la nulidad.

VIII.CONCLUSIÓN

Hace más de 100 años escribía Chiovenda «El moderno derecho procesal trata de superar el eterno contraste que nos presenta la historia de las leyes y de los usos forenses, entre el sentimiento de la necesidad de las formas y la necesidad de que la justicia intrínseca, la verdad de los hechos en el proceso, no sea sacrificada a las formas, entre la necesidad de un conocimiento y de una defensa completa» (33).

La sabiduría de su pluma persiste hasta nuestros días.

Las notificaciones por medios electrónicos como forma de remover los obstáculos que evitan el acceso a la justicia son una de las tantas maneras en las que el derecho procesal se ha reinterpretado, poniéndose a la altura de las circunstancias, observando las garantías constitucionales sin perder de vista el carácter instrumental de sus formas.

La pandemia por COVID 19 ha dejado al descubierto infinidad de fallas en nuestros sistemas y puso en evidencia la necesidad de repensar la forma que se administra justicia. Es por esto que celebramos este tipo de decisiones.

IX. BIBLIOGRAFÍA

1. BERIZONCE, Roberto O.: «La nulidad en el proceso». Ed. Platense. La Plata, (1967)

2. CHIOVENDA, Giussepe: «Principios de derecho procesal civil» (1906) Traducción al español – Madrid (1925)

3. CALAMANDREI, Piero: «Instituciones de derecho procesal civil», traducción de Sentis Melendo, Buenos Aires: Depalma, (1943)

4. DE LAZZARI, Eduardo N.: «Medidas Cautelares», 2da Edición Ed. Platense (1995)

5. FALCÓN, Enrique M.: «Tratado de derecho procesal civil y comercial» 1era Ed. 1era reimpresión, Santa Fe Ed. Rubinzal Culzoni (2011)

6. PALACIO, Lino: «Derecho Procesal Civil», 4ta edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires 2017, (2017)

7. ORTEGA, Julio; ANGUITA, Mancia y PRIETO, Alberto: «Arquitectura de computadores». Editorial Paraninfo (2005)

8. TARUFFO, Michele: «La prueba de los hechos» (trad.: Jordi Ferrer Beltrán), 2da edición, Madrid: Trotta (2005)

9. SOSA, Toribio E., y BONATTO, Enrique: «Reingeniería procesal» Librería Editora Platense, (2005)

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(1) El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que se deriva, del art.18 CN, cuya regulación se integra, además, con las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica» CSJN «Ekmekdjian M.A. c. Sofovich G. y otros» Fallos, 315:1492, consid. 15.

(2) SABA, Roberto: «Más allá de la igualdad formal ante la ley: ¿Qué les debe el Estado a los grupos desventajados?» 1ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2016.

(3) «Las acciones positivas pueden verse en términos de estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades o a concretar medidas que permitan contrarrestar o corregir aquellas discriminaciones producto de prácticas o sistemas sociales. Su designio es promover una igualdad concreta entre un grupo dominante y otro dominado» (SCBA, 7-3-2007, causa B 58.760, voto Dr. de Lázzari).

(4) «La reforma constitucional introducida en 1994 dio un nuevo impulso al desarrollo del principio de igualdad sustanci al para el logro de una tutela efectiva de colectivos de personas en situación de vulnerabilidad, estableciendo «medidas de acción positiva» -traducidas tanto en «discriminaciones inversas» cuanto en la asignación de «cuotas benignas»-en beneficio de ellas, de modo especial, con los niños en situación de desamparo -desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental-, las madres durante el embarazo y el tiempo de lactancia, los ancianos y las personas con discapacidad» CSJN CIV 035476/2016/5/RH001 «Defensoría de Menores e Incapaces n° 6 y otros», 26/11/2020.

(5) BERIZONCE, Roberto O.: «Regulación procesal de las tutelas diferenciadas de la Constitución.» Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 15 (2018).

(6) «La necesidad alimentaria impostergable no admite otra tutela que no sea la efectivización en forma inmediata a través del proceso cautelar». DE LAZZARI, Eduardo N. «Medidas Cautelares», To 2, 2o Edición Ed. Platense 1995, Pág. 198.).

(7) Cfr. Declaración Americana, art. II y XVIII ; Declaración Universal, arts. 7 y 10; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (supra nota al pie de página 77), arts.2.1, 3 y 26 ; Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, arts. 2 y 15 ; Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, arts. 2,5 y 7; Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, arts. 2 y 3; Convención Americana, arts. 1 , 8.2 y 24 ; Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, art. 14.

(8) CADH Opinión Consultiva n° 16 del 1-X-1999 párr. 119.

(9) BERIZONCE, Roberto O.: «La nulidad en el proceso». Ed. Platense. La Plata, 1967. pág. 45.

(10) «Las formas procesales no sirven, como podrían pensar los profanos para hacer más complicado y menos comprensible el desarrollo del proceso, si no por el contrario, para hacerlo más simple y claro, en cuanto fuerzan a las partes a reducir sus actividades al mínimo esencial y a servirse de modos de expresión técnicamente apropiados para hacerse entender con claridad por el juez: las mismas, en lugar de un embarazo para la justicia son en realidad, una preciosa garantía de los derechos y de las libertades individuales» CALAMANDREI, Piero: «Instituciones de derecho procesal civil», traducción de Sentis Melendo, Buenos Aires : De Palma, 1943, pág. 246.

(11) «La creación pretoriana de la doctrina del exceso ritual manifiesto, elaborada por la CSJN y según la cual las formas no pueden impedir el acceso a la verdad y a la justicia forma parte de amplia casuística que responden al activísimo judicial que trascienden la limitada tarea de esclarecer el sentido y el alcance de la preceptiva formal. La acción de amparo, la acción declarativa de inconstitucionalidad, la doctrina de la arbitrariedad, la acción de tutela de los derechos individuales homogéneos, el régimen singular de manejo de los procesos de interés público.» BERIZONCE, Roberto.(2015): El principio de legalidad formal bajo el prisma de la Constitución «normatizada». Revistas ICDP. [en línea] consulta: 4 de febrero de 2021 http://publicacionesicdp.com/index.php/Revistas-icdp/article/view/7/html

(12) PALACIO, Lino: Derecho Procesal Civil, Tomo I, 4ta edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires (2017), página 223.

(13) Sin pretender agotar la casuística sobre el tema, se puede mencionar las siguientes decisiones en las cuales se flexibilizaron las formas procesales para garantizar la efectiva tutela judicial. Así, se declaró admisible un recurso de queja extemporáneo (CSJN, fallos 335:1838); el interés superior del niño como excepción al principio de irrecurribilidad de las sentencias de la CSJN (CSJN. G. 833. XLIV. RHE «García»; 13/9/2011); el interés superior del niño actúa como excepción y convierte en definitiva la sentencia que rechaza el incidente de notificación de la demanda a los fines del recurso extraordinario (CSJN, Fallos 324:1672 ); revocar la nulidad decretada por la Cámara de una guarda debido a que fue llevada sin citación a la progenitora, puesto que retrotraer el emplazamiento sería perjudicial al niño (CSJN, Fallos 330:642, Voto del Juez Maqueda); la interpretación de las reglas del recurso de casación penal no puede erigirse como impedimento contra el derecho de todo niño a recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte (CSJN, Fallos 333:1053).

(14) Si bien el código procesal establece que los gastos que arrojen las notificaciones integraran la condena en costas, las mismas requieren erogaciones previas que representan obstáculos al acceso a la justicia.

(15) Art. 5 Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial (La Haya, 1965).

(16) Se puede comprobar el procedimiento en la página de Cancillería para los exhortos internacionales. Dicho organismo recomienda dejar pasar 4 meses (en tiempos normales) antes de pedir informes sobre el estado del trámite [en línea] consulta:6 de febrero de 2021 https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/servicios/instructivo-para-completar-el-formulario-modelo.pdf

(17) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C, «Schinetti Elsa Natividad C/ Bastieri Elisabet Y Otros S/ Daños Y Perjuicios» 23/09/15 C008384. Sumario n°25282 de la Base de Datos de la Secretaría de Documentación y Jurisprudencia de la Cámara Civil (vocales ALVAREZ JULIA, CORTELEZZI, DIAZ SOLIMINE)

(18) WhatsApp obtiene sus ingresos de los negocios que utilizan el servicio empresarial. También recolecta los datos de más de 57 variables del usuario, desde la ubicación, tiempo de uso de servicio, nivel de batería del dispositivo y lista de contactos, entre otros. [en línea], consulta: 3 de febrero de 2021 https://www.whatsapp.com/legal/updates/privacy-policy?lang=es

(19) Según el GlobalWebIndex, la aplicación tenía en octubre del año 2020, 2 billones de usuarios mensuales activos. En la República Argentina tiene una penetración del mercado 93% entre los usuarios de 16 a 64 años de edad.[en línea] consulta: 3 de febrero de 2021 https://www.businessofapps.com/data/whatsapp-statistics/

(20) Cifrado de punta-a-punta asegura que un mensaje sea convertido en un mensaje secreto en su envío original, y se descifra solo por el destinatario final. [en línea], consulta: 5 de febrero de 2021 https://ssd.eff.org/es/glossary/cifrado-de-punta-punta

(21) Extensible Messaging and Presence Protocol, es un protocolo de comunicación abierto, descentralizado y extensible que permite la comunicación entre dos nodos casi en tiempo real. Es abierto porque está disponible públicamente para que cualquier lo pueda implementar sin tener que pagar regalías organizada por World Wide Consortium (W3C), el consorcio internacional que genera recomendaciones y estándares de la World Wide Web (WWW) o red informática mundial.

(22) ORTEGA, Julio; ANGUITA, Mancia y PRIETO, Alberto (2005): Arquitectura de computadores. Editorial Paraninfo. págs.468-472.

(23) Esto se ve gráficamente representado en la aplicación mediante la utilización de tildes (?)-. Una tilde de color gris significa que el mensaje fue recibido por el servidor. Dos tildes de color gris significan que el mensaje ha sido entregado al destinatario. Dos tildes de color celeste significan que el mensaje ha sido leído. WhatsApp Help Center – How to check read receipts. (2021). [en línea], consulta: 7 de febrero de 2021, https://faq.whatsapp.com/android/security-and-privacy/how-to-check-read-receipts/?lang=en

(24) Mas allá de la mención a la regularidad, entendemos las instrucciones impartidas al a quo tienden a lograr la finalidad del acto procesal de comunicación. Toribio Sosa denomina al fenómeno de propiciar actos procesales irregulares que cumplan su finalidad sin vulnerar el derecho de defensa «Reingeniería procesal» SOSA, Toribio Enrique, and BONATTO, Enrique: Reingeniería procesal. Librería Editora Platense, (2005).

(25) Siglas en ingles de Portable Document Format; formato portable de documento. Es un formato de archivos desarrollado originalmente por Adobe en 1993 para presentar documentos, incluyendo texto con formato e imagines en una manera que sea independiente del software, hardware o Sistema operativo. El formato fue estandarizado como ISO 32000 en el año 2008 y por lo tanto no requiere el pago de regalías para su uso. Este formato permite el cifrado de su contenido, ser firmado digitalmente y adjuntar archivos. [en línea], consulta: 7 de febrero de 2021 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:32000:-1:ed-1:v1:en

(26) La verosimilitud afecta a la alegación del hecho y no a la prueba del mismo. No es una «prueba débil» del hecho. Es un juicio que prescinde de la evidencia y se limita al contraste entre el enunciado y la normalidad de los sucesos. Producto de esta relación proyecta una apariencia de verdad. TARUFFO, Michele «La prueba de los hechos» (trad.: Jordi Ferrer Beltrán), 2da edición, Madrid: Trotta pág. 506.(2005).

(27) «Cuando apela, el accionado dice que fue notificado de la resolución en crisis con fecha 31 de Julio de 2020, pero sucede que -con anterioridad a tal fecha- el 28 de Julio de 2020, la actora aportó al expediente las constancias que señalan la remisión de la notificación autorizada, con fecha 30 de Junio de 2020, con doble tilde azul, las cuales no fueron impugnadas en ningún momento. (.) está en claro que el recurso resultaría de todos modos extemporáneo; dejando aclarado, finalmente, que no se aplica aquí el diferimiento del art. 143 del CPCC (al día de nota posterior), pues no se trata del supuesto previsto en la norma.» C. Civ. y Com. Morón, sala 2-, «L. G. C/ T. C. D. S/ ALIMENTOS (INFOREC 32)» Causa N° F3-20481-2020 R.I.:130/2020.

(28) La integridad del mensaje se comprueba a través de una función matemática hash. El hash (también conocido como digesto o huella digital) es un resumen único que identifica a un documento digital mediante la aplicación de un algoritmo. Los algoritmos más utilizados son MD5 -a pesar de su demostrada falibilidad- y SHA-1.

(29) «La resolución que impone la necesidad de notificar el traslado de la demanda en el extranjero a la persona contra quien se dirige la acción, habiéndose presentado en la causa su apoderado general, adolece de un exceso ritual que la priva de base bastante para sustentarla y debe ser revocada». CSJN Fallos 250:642.

(30) Establecido mediante la Resolución 8507/2016 Ente Nacional de Comunicaciones según el cual los se deberá almacenar y sistematizar la información correspondiente al nombre, apellido, Documento Nacional de Identidad (DNI) y domicilio de los titulares del referido servicio en un Registro de Identidad de Usuarios Titulares del Servicio de Comunicaciones Móviles, sistema que será desarrollado, operado y costeado por las empresas que prestan el servicio telefónico. La información deberá estar disponible para el eventual requerimiento del Ministerio Público Fiscal y/o los Poderes Judiciales, Nacional, Provinciales, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(31) FALCON, Enrique, Op. Cit. Tomo I, Cap. VIII Párrafo 4, apartado c, pagina 632 y Tomo II, capitulo XII, párrafo 25 apartado e, pagina 119 y PALACIO, Op. Cit Tomo II Cap. XXX, apartado d, página 1358.

(32) Art. 34 inc. 5 apartado II in fine CPCCN.

(33) CHIOVENDA, Giussepe: «Principios de derecho procesal civil» (1906) Traducción al español – Madrid 1925, v. II, Pág. 123.

(*) Abogado, UNLP. Candidato a Magister en Derecho Procesal por Posgrado UNLP. Adscripto a la Cátedra I de la materia Derecho Procesal II de la Universidad Nacional de La Plata.

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