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#Doctrina La sentencia penal firme

Autor: Suárez, Paulo I.

Fecha: 8-mar-2021

Cita: MJ-DOC-15772-AR | MJD15772

Doctrina:

Por Paulo I. Suárez (*)

I. En un artículo doctrinario de mi autoría, publicado por esta editorial con fecha 7 de marzo del año 2019, se ha hecho referencia ya a la debatida y trascendental cuestión existente en el ámbito del derecho procesal penal relativa a cuándo debe entenderse que una sentencia penal se encuentra firme.

En dicha ocasión se dijo también que la importancia práctica del tema en examen surge prístina en aquéllas hipótesis de sentencias definitivas de condena a una pena de prisión de cumplimiento efectivo en función de que, desde el momento en que esta clase de sentencias adquiere firmeza, se torna ejecutable y, por ende, el condenado debe ir a prisión.

Expresamente se sostuve que «la situación concreta que se presenta en la práctica del ejercicio de la profesión en el fuero se vislumbra en aquéllas hipótesis de hecho en las que el imputado llega en libertad a la etapa procesal del debate oral y público y, finalizado el mismo, resulta condenado a una pena privativa de la libertad de efectivo cumplimiento, supuesto en el que cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿debe permanecer en libertad el sujeto ahora condenado mientras se encuentra pendiente de resolución el recurso interpuesto contra la condena? Y, en caso afirmativo: ¿hasta qué momento procesal de las instancias recursivas, a la que tiene derecho el imputado, debe continuar gozando de su libertad ambulatoria. La respuesta parece en principio sencilla desde que, efectivamente, consiste en que debe permanecer aún incólume su derecho constitucional a la libertad de locomoción hasta tanto dicha sentencia adquiera firmeza, ello así en virtud de que no ha sido desvirtuado de modo definitivo el estado jurídico de inocencia que titulariza todo imputado. Ahora bien, la cuestión a dilucidar estriba precisamente en determinar en qué momento el veredicto condenatorio adquiere autoridad de cosa juzgada y, por ello, firmeza que lo torna ejecutable» (conf. Suárez, Paulo Ignacio en «La sentencia firme.Ejecutividad de la sentencia penal», editorial Microjuris, 07/03/2019 ).

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II. En respuesta a estos interrogantes, tal como se entendió en dicha oportunidad, es dable mencionar que no existe divergencia alguna en la doctrina y jurisprudencia nacionales en el sentido de sostener que el veredicto de condena recaído en primera instancia está sujeto, en lo que a su ejecutividad respecta, a la exigencia constitucional del doble conforme en materia penal (fundamentalmente, recurso de casación), ello independientemente de las medidas cautelares que el tribunal de juicio pueda entender procedentes al dictar el fallo condenatorio en primera instancia (v. gr. conf. arts. 371 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).

Por ello, la cuestión medular consiste en la respuesta al segundo de los interrogantes planteados, esto es, ¿hasta qué momento procesal de las instancias recursivas, a la que tiene derecho el imputado, debe continuar gozando de su libertad ambulatoria?

Ello a su vez tiene estrecha relación con el respeto al principio constitucional de inocencia garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional desde que, como enseñara Alfredo Velez Mariconde, dicho principio constituye un verdadero estado jurídico del imputado, el cual es inocente hasta que no sea declarado culpable por sentencia firme (1). Todo imputado es inocente durante la sustanciación del proceso penal y tal estado jurídicamente reconocido y de jerarquía constitucional sólo puede desvirtuarse como consecuencia del acto jurisdiccional que pone término a la actividad estatal (sentencia firme) (2).

Por lo demás, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho en reiteradas ocasiones que «es también un principio de derecho que todo hombre se reputa bueno, mientras no se le prueba lo contrario (Fallos: 10:338), axioma que tiempo después acuñó en la definición de `presunción de inculpabilidad´ (Fallos: 102:219 -1905-)» y que, «como una consecuencia necesaria del mencionado principio, la Corte ha reconocido la existencia del derecho a gozar de la libertad durante el proceso, al que le ha conferido jerarquía constitucional (Fallos:314:451)» (CSJN, in re «Nápoli, Erika Elizabeth y otros s/ infracción art. 139 bis del C. P. »).

III. Ello expuesto, la Resolución Nº 1/2021 de la Comisión Bicameral de Monitoreo de Implementación del Código Procesal Penal Federal que ordena, siempre dentro de su ámbito de aplicación, poner en vigencia o implementar los arts. 366 , 367 , 368 , 369 , 370 y 375 del Código Procesal Penal Federal (en adelante, CPPF), la que hubo de generar recientemente una discusión básicamente mediática y periodística, merece ser encausada en términos técnico-jurídicos, siendo este el motivo del presente comentario.

Efectivamente, dejando de lado el contenido de los arts. 366, 367, 368, 369, 370 del CPPF, referidos todos ellos a la revisión de una sentencia firme, supuestos la mayoría de los enumerado en la normativa citada de lo que se conoce en doctrina como cosa juzgada írrita (v. gr. art. 366, inciso «c» del CPPF – sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho u otro delito cuya existencia se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable -, donde en puridad de conceptos se fijan los motivos o causales tradicionales que habilitan el denominado recurso de revisión, la atención debe centrarse en lo normado por el art. 375 de dicho cuerpo normativo.

Éste último dispone que:

«Artículo 375 CPPF.- Remisión de la sentencia. Sólo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes. El órgano jurisdiccional remitirá a la oficina judicial copia de la sentencia para que forme la carpeta de ejecución penal y pondrá en conocimiento al juez y a las partes que intervengan».

IV.Como fácilmente puede advertirse, la normativa citada no resuelve en ningún sentido el debate doctrinario y jurisprudencial que se suscita con motivo de esta temática, sino que se limita a establecer que sólo pueden ser ejecutadas las sentencias firmes.

Efectivamente, no brida una respuesta al interrogante fundamental que se platea en esta discusión por cuanto este consiste, precisamente, en determinar cuándo una sentencia de condena adquiere firmeza y, con ello, se torna ejecutiva.

En este hontanar, no existe discusión en el ámbito del derecho procesal penal en el sentido de sostener que, no habiendo prosperado de modo favorable al imputado el recurso de casación y, confirmada entonces por la casación la sentencia definitiva, ésta no adquiere aún el carácter de inmodificable propio de la cosa juzgada (firmeza) mientras se encuentre vigente el plazo para recurrir por la vía extraordinaria ni durante la tramitación del recurso extraordinario, en su caso.

En este sentido, sujetos siempre a la existencia de los requisitos de procedencia de cada uno de ellos -«ya sean de admisibilidad o de fondo»-, el imputado y su defensor se encuentran legitimados activamente para intentar alguno o algunos de los denominados recursos extraordinarios.

El quid de la cuestión planteada surge precisamente en este punto, pues nada nos dice el solo hecho jurídico de establecer por una norma procesal penal que una sentencia solo podrá ser ejecutada cuando adquiera firmeza.La pregunta, vale reiterarlo, consiste en responder al interrogante referido a en qué momento de las instancias recursivas que le asisten al imputado una sentencia penal condenatoria adquiere la inmodificabilidad y estabilidad propia de la cosa juzgada stricto sensu (fuera de las hipótesis de cosa juzgada írrita).

Y es sobre este punto que existen básicamente dos posiciones jurisprudenciales principales que han generado controversia sobre esta temática, una de ellas la que surge del Plenario «Agüero » de la Cámara Nacional de Casación Penal y la otra del conocido precedente de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaído in re «Olariaga».

1.- En efecto, según la doctrina de fallos sentada en el Plenario Nº 8 in re «Agüero» de la Cámara Nacional de Casación Penal de fecha 12/06/02, se considera firme la sentencia cuando se declara inadmisible el recurso extraordinario federal -o bien cuando se ha dejado transcurrir el plazo para la interposición de esta impugnación- denegando efecto suspensivo al recurso directo o de queja por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mientras la Corte no haga lugar a la queja.

Sobre este particular se ha dicho -en opinión del autor erróneamente- que en función de lo establecido por el art.285, párrafo 4º , del C.P.C.C.N., la mera interposición de un recurso de queja mediante el cual se pretende impugnar la denegatoria del recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema no tiene efecto suspensivo hasta tanto aquella no haga lugar a la queja, quedando firme la sentencia condenatoria entonces desde el momento procesal en que se declara inadmisible el remedio federal.

2.- Sin embargo, otra es la posición del Máximo Tribunal Judicial de la Nación Argentina, fundamentalmente en virtud de lo resuelto en el precedente de fallos «Olariaga» de fecha 26/06/07, en el cual se sostuvo que la inmutabilidad propia de la cosa juzgada recién se adquiere con la desestimación del recurso de queja por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En consecuencia, coincidiendo con el concepto de sentencia firme dado en la obra citada ut supra, la Corte Suprema ha sentado el criterio -en mi entendimiento correcto- de que la sentencia condenatoria en materia penal no adquiere firmeza cuando está pendiente de resolver el recurso directo o de queja (o bien el plazo para su interposición).

Es que, si el concepto de sentencia firme conlleva ínsito el de inmodificabilidad y estabilidad propio de la cosa juzgada, la existencia de cualqui er medio de impugnación que eventualmente pueda alterarla, y uno de ellos es precisamente el recurso directo o de queja contra la sentencia de la Casación, impide considerar firme a la sentencia y, por ello, obsta a su ejecutividad, más aún cuando se trata, ni más ni menos, que de la privación de la libertad de una persona humana y su encierro en una prisión.

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(1) Velez Mariconde, Alfredo, en «Estudios de Derecho Procesal Penal», Tomo II, Ed. Universidad Nacional de Córdoba.

(2) Velez Mariconde, Alfredo, en «Estudios de Derecho Procesal Penal», Tomo II, Ed. Universidad Nacional de Córdoba.

(*) Abogado (UBA)- Especialización en Derecho Penal y Criminología (UBA).

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