fbpx

#Doctrina Derechos sexuales y reproductivos y personas con discapacidad

Autor: Othar, Aldana

Fecha: 23-feb-2021

Cita: MJ-DOC-15773-AR | MJD15773

Sumario:

I. Introducción. II. Desarrollo. III. Conclusión. IV. Bibliografía.

Doctrina:

Por Aldana Othar (*)

RESUMEN: Sin perjuicio del claro reconocimiento legal de los derechos de las personas con discapacidad, el acceso a tales derechos es relativo y dificultoso, especialmente cuando se trata de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos; por lo que se advierte la necesidad de creación de políticas públicas adecuadas que aborden las problemáticas propias de este tipo de vulnerabilidad.

I. INTRODUCCIÓN

El acceso a los derechos por parte de las personas con discapacidad (en adelante, PCD) está plagado de barreras; pues, pese a los avances normativos en la materia, nuestra sociedad está aún lejos de comprender el significado de la inclusión y de aceptar la posibilidad de desarrollo autónomo de las PCD, con las incomodidades que ello genera en quienes les rodean.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

Particularmente, si hablamos de derechos sexuales, se entrecruzan los tabúes que giran en torno a la discapacidad, con el ocultismo que ha rodeado por décadas a la sexualidad -más aún, a la sexualidad femenina-.

Entonces, las dificultades de desarrollo autónomo, la necesidad de recurrir a sistemas de apoyo que generalmente recaen en la familia, la falta de información adecuada y la vergüenza de tener que hablar de un tema del que nadie quiere hablar, hacen del ejercicio de derechos sexuales por parte de las PCD toda una proeza.

II. DESARROLLO

En primer lugar, cabe aclarar que, en principio, no existirían barreras jurídicas para el ejercicio de derechos sexuales por las PCD, pues la normativa es clara en cuanto a la existencia de tales derechos (art. 23 y 25 de la Convención de Derechos de las PCD, las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las PCD, la Obs. Gral. N° 5 y 22 del Comité del PIDESC y Obs. Gral n° 3 del Comité sobre los Derechos de las PCD), así como lo es en relación a la necesidad de propender hacia la autonomía y hacia el ejercicio de derechos libremente y en condiciones de igualdad por parte las PCD, en respeto por su dignidad (art.3 de la Convención, arts. 31 y 32 del Código CyCN).

Sin embargo, claro está que la letra de la norma no es suficiente para garantizar el verdadero acceso a los derechos.

La discapacidad genera, en muchos casos, y pese al intento por reconocerles a las PCD su autonomía, una necesaria dependencia; no solo para el ejercicio de derechos, sino para cada uno de los actos cotidianos de la vida.

Por eso, para permitir el desarrollo pleno y satisfactorio de las PCD, no alcanza con eliminar barreras mediante los ajustes razonables que la ley impone, sino que se debe modificar la cultura, de modo que, como sociedad, nos permitamos contemplar la vulnerabilidad sin prejuicios, aceptar las diferencias sin pretensión de «normalización» y empatizar con los demás individuos.

En primer lugar, es necesario hablar del tema, naturalizar la discapacidad y aceptar toda la realidad que la circunda. Las PCD precisan de ayuda, cuidados especiales, atenciones acordes a su discapacidad. Decirlo no implica discriminarlos, sino aceptarlos.Al reconocer esta realidad, se hace evidente la necesidad de generar dispositivos de cuidado, al que accedan todas las PCD, sin distinción de clase; y consecuentemente, la obligación estatal de ser garante de ese acceso.

Y es que los cuidados de las PCD no pueden quedar exclusivamente a cargo de sus familias, pues ello implica, no solo excluir a las PCD que no poseen un grupo familiar continente, sino ubicar en un lugar de extrema vulnerabilidad y desventaja a todas aquellas PCD cuyos entornos sean de escasos recursos, no solo económicos, sino también personales, sociales, afectivos, ideicos.

Por ello, debe haber un Estado continente de las PCD y de sus familias; un Estado que brinde sistemas de cuidado adecuados, que contemple a las PCD sin redes suficientes y que sea la red para todas las PCD -con o sin familia-, de modo de permitirles que, si no pueden ser autónomos, al menos su dependencia sea de una institución preparada para satisfacer sus necesidades, y no de otra persona que, aun teniendo la voluntad de hacer todo lo que esté a su alcance, difícilmente podrá ser un cuidador permanente y sostener al mismo tiempo su propia vida plena, generando un desasosiego que, tarde o temprano, afectará negativamente a ambos.

Particularmente, en lo que hace al desarrollo de la sexualidad de las PCD, no existen en Argentina dispositivos formales que cubran esta necesidad, ni es un tema o punto de abordaje del que se apropien las instituciones existentes del cuidado de PCD; aun cuando es, justamente, una de las cuestiones que más difícilmente puedan ser abarcadas de forma adecuada y satisfactoria por el grupo familiar.

Entonces, se plantea la conveniencia de hablar y difundir también este tema, de visibilizar la existencia de deseo sexual en las PCD, de desmitificar ese deseo y derribar los estereotipos en torno al mismo (que pueden constituirse, de lo contrario, en otra barrera para el acceso a estos derechos), de reconocer la necesidad de asistencia en la satisfacción de ese deseo, así como de vislumbrar las particularidades que pueden derivarse de algunas discapacidades.Sin embargo, entiendo que en este punto no resulta tampoco suficiente la visibilización de la problemática por parte de la familia de las PCD y de los profesionales que abordan la discapacidad desde sus respectivas disciplinas. Y es que, ¿puede imaginar tener que pedir a su madre/padre/terapista que se ocupe de la satisfacción de sus deseos sexuales?

Para el acceso a los derechos sexuales por parte de personas sin discapacidad, continúa resultando insuficiente la promulgación e implementación de las normas que los contemplan (como el Programa de Derechos Sexuales, Reproductivos y no reproductivos, y el Programa de Educación Sexual Integral) y la concientización de la sociedad sobre la temática; y es indiscutible que, a mayor vulnerabilidad, mayores serán las herramientas que se necesiten para derribar las barreras de acceso a derechos.

Así, se concluye que el Estado debe asegurar la disponibilidad de instituciones adecuadas que acompañen a las PCD en el ejercicio de sus derechos y en el desarrollo de su vida cotidiana plena, que no se limiten a la cobertura de su salud física y funciones básicas (vestimenta, alimentación, medicación, rehabilitación); solo mediante este tipo de instituciones se les podrá garantizar a las PCD una vida digna.

Ahora bien, cabe preguntarse cuál es la forma en que esas instituciones deben de garantizar los derechos sexuales a PCD; y si resulta suficiente el brindar la información adecuada a través de sujetos formados para ello, con los ajustes razonables que se requieran y en un marco de intimidad y confianza acordes, el acceso a métodos de cuidado y a lugares propicios para el ejercicio de su sexualidad; o bien, si debe entenderse como necesario, al menos en ciertos tipos de discapacidades, el acceso a servicios sexuales profesionales.

En ese caso, entra en juego otra problemática de mayor complejidad teórica, cuyo extenso debate excede el marco del presente trabajo: la justicia de una eventual legalización y consecuente regulación del denominado trabajo sexual.Claro está, si se considera como necesaria la posibilidad de acceder a estos servicios para garantizar el ejercicio de derechos sexuales por PCD, se advierte aquí una barrera jurídica, ante la decisión legislativa de no regulación de esa práctica.

Por otra parte, en lo que hace a derechos reproductivos y no reproductivos, la falta de autonomía de muchas PCD, especialmente cuando se trata de afecciones a la salud mental, parece justificar que les sea negada la posibilidad de procrear. En muchos casos, las familias de las PCD que se encargan de sus cuidados, no están dispuestas a acompañar un proyecto de maternidad/paternidad, y aunque ello pueda ser entendible y no sea reprochable en términos morales, se transforma en un problema de índole jurídico cuando deriva en la rotunda vulneración de sus derechos reproductivos.

III. CONCLUSIÓN

La omisión del Estado de asumir la responsabilidad del cuidado de las PCD se constituye en una barrera fáctica para estas personas en el intento de acceder a muchos de sus derechos, entre ellos y principalmente, los derechos sexuales y reproductivos; quedando la posibilidad de sortear esa barrera en manos de la buena voluntad y de la capacidad intelectual, afectiva y económica de su familia, o en el mejor de los casos, de personas contratadas por la familia para asumir las tareas de cuidado.

Estas barreras derivan, en muchos casos, en una afectación grave a la dignidad misma de las PCD, al impedirles el desarrollo de su sexualidad, o en todo caso, condicionar su ejercicio a limitadas posibilidades no elegidas libremente: relaciones exclusivamente heterosexuales, con otras personas con discapacidad y/o con quienes sus familias eligen, o en el caso de las mujeres, con quienes se imponen sin respetar su voluntad.

La problemática es grave y se encuentra silenciada, por lo que su abordaje por políticas públicas serias y eficientes, diseñadas en forma interdisciplinaria y sin obviar la escucha activa de las propias PCD (como lo han sostenido desde hace años, a través de su lema:«nada sobre nosotros, sin nosotros»), resulta urgente para garantizar derechos constitucionales básicos de personas especialmente vulnerables.

IV. BIBLIOGRAFÍA.

– AIMAR, Elizabeth: Los incómodos, ed. Paidós, Buenos Aires, 2019.

– BALIERO, María de los Ángeles y PAGANO, Luz M.: Los derechos sexuales de las mujeres con discapacidad. Necesidad de visibilizar la problemática con el objeto de remover aquellos obstáculos que les impiden su efectivo ejercicio, publicado en: RDF 90, 15/07/2019, 197, cita on-line: AR/DOC/1759/2019.

– Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad .

– Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad.

– Obser vación general 5: «Las personas con discapacidad», aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

– Observación general 22 (2016), relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva (art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

– Observación general 3 (2016), sobre las mujeres y las niñas con discapacidad, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

———-

(*) Abogada. Especialista en Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (UNICEN). Docente en UFasta.

A %d blogueros les gusta esto: