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#Fallos Arbitrariedad de sentencia: Al eximir de responsabilidad a la distribuidora de gas por la intoxicación de las víctimas con monóxido de carbono, omitió considerar la extensión de la obligación de seguridad a su cargo

Partes: Vela M. Andrea y otros c/ Gas Natural Ban S.A. y otros s/

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 22-dic-2020

Cita: MJ-JU-M-130001-AR | MJJ130001 | MJJ130001

Es arbitraria la sentencia que al eximir de responsabilidad a la distribuidora de gas por la intoxicación de los actores con monóxido de carbono, omitió considerar la extensión de la obligación de seguridad a su cargo.

Sumario:

1.-Corresponde descalificar por arbitraria la sentencia que, para eximir de responsabilidad a la empresa distribuidora de gas respecto del daño sufrido por los actores con motivo de la intoxicación con mónoxido de carbono sufrida dentro del inmueble que locaban, omitió considerar la extensión de la obligación de seguridad -y su consecuente atribución de responsabilidad- a la luz del derecho a la seguridad, previsto en la Carta Magna para los consumidores y usuarios, toda vez que la seguridad es un valor expuesto en el art. 42 que debe guiar la acción de todos aquellos que realizan actividades que -directa o indirectamente- se vinculen con la vida o la salud de las personas.

2.-Es arbitraria la sentencia de segunda instancia en cuanto eximió de responsabilidad a la empresa distribuidora de gas respecto del daño sufrido por los actores con motivo de la intoxicación con mónoxido de carbono padecida dentro del inmueble que habitaban como locatarios porque no hizo mérito sobre las irregularidades identificadas en el peritaje producido en la causa, así como tampoco ahondo en la responsabilidad que -en función de tales deficiencias- le podría corresponder a la empresa, lo cual denota una asombrosa falta de fundamentación y, de tal forma, se apoya en una afirmación dogmática.

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3.-Es arbitraria la sentencia objeto del recurso extraordinario si, luego de reseñar las diversas irregularidades y deficiencias de control señaladas en el informe pericial, confirmo el rechazo de la atribución de responsabilidad a la codemandada distribuidora de gas por la intoxicación de monóxido de carbono padecida por los actores, con fundamento en la configuración de una situación de incertidumbre y en los fundamentos expuestos por el sentenciante de grado, lo que no pasa de ser una simple afirmación dogmática, desprovista del mínimo desarrollo argumental que -apoyado en las constancias de la causa- permita considerar que se trata de un fundamento suficiente para sostenerla como acto jurisdiccional válido (voto de los Dres. Rosenkrantz y Highton de Nolasco).

4.-Frente al carácter objetivo de la responsabilidad atribuida con fundamento en el art. 40 de la Ley 24.240 a la empresa distribuidora de gas por la intoxicación de los actores con monóxido de carbono, para eximir de responsabilidad a dicha empresa la Cámara de Apelaciones debió haber analizado las constancias de la causa en forma pormenorizada para determinar si se encontraba acreditada la ruptura del nexo causal, siendo a tales fines insuficiente la invocación de una situación de incertidumbre respecto de la actuación que le cupo a aquella (voto de los Dres. Rosenkrantz y Highton de Nolasco).

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en lo que aquí interesa, confirmó la sentencia de primera instancia que había admitido la demanda interpuesta por M A v y C A G -por derecho propio y en representación de su hijo, M.E.G.- contra la locadora -P .G B – por los daños y perjuicios provocados por la intoxicación con monóxido de carbono sufrida por madre e hijo y debido a la cual perdiera la vida el hijo menor de la pareja, A.J.G., y la había rechazado en relación a la empresa Gas Natural Ban SAo y la citada en garantía Mapfre Argentina Seguros S.A. (fs. 979/1006 y 1113/1127 de los autos principales, a los que me referiré salvo aclaración en contrario).

Para llegar a esa conclusión la cámara tuvo en cuenta el informe técnico de la causa penal -presentado por Gas Natural Ban S.A.- y el del perito ingeniero producido en estas actuaciones y entendió que el accidente ocurrió debido a la existencia de instalaciones defectuosas y antirreglamentarias en el calefón, la estufa y la cocina, que produjeron que se consumiera el oxígeno y que no se evacuaran los gases del monoambiente que ocupaban los actores, locatarios del inmueble.

Con relación a la responsabilidad de la empresa demandada, expuso que existe una situación de incertidumbre que surge de las constancias de la habilitación e instalación de los medidores y, remitiéndose a los fundamentos de la sentencia de primera instancia, consideró que no puede imputársele el accidente, en tanto se produjo por una conexión irregular de cañerías y artefactos en el sector interno efectuada por el usuario que tenía la custodia. Por lo tanto, concluyó que las acciones y omisiones de la distribuidora no habían constituido causa adecuada del daño.

-II-

Contra ese pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario (fs. 1133/1146) que, una vez contestado (fs. 1149/1160), fue denegado (fs.1164/1165), lo que motivó esta presentación directa (fs. 60/64 del cuaderno respectivo).

Afirma que la sentencia es arbitraria en tanto resuelve en contra de los hechos probados en la causa y el régimen de protección de los consumidores aplicable al caso -arts. 42 de la Constitución Nacional y 5, 6, 28 Y40 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor- omitiendo que la demandada habilitó el servicio irregularmente, lo que genera su responsabilidad por incumplimiento de sus deberes de seguridad y control que se encuentran a su cargo.

Manifiesta que se procedió a brindar el servicio en una edificación construida fuera de regla y al margen del control municipal. Además, aduce que cuando la empresa procedió a cambiar el primer medidor por otros dos, no realizó la inspección integral de las instalaciones internas, las que presentaban grave riesgo para los ocupantes.

Al respecto, remarca que le correspondía al tribunal decidir si esa forma de obrar de la proveedora era acorde con el deber de seguridad que impone el estatuto del consumidor y el Programa de Prevención de Accidentes por inhalación de monóxido de carbono -Res. Enargas 1256/1999-, aspecto que no abordó, tornando la sentencia en arbitraria.

Expresa que la responsabilidad de la empresa por violar el deber de seguridad es objetiva y que resulta indistintamente responsable junto a la locadora por haber creado las condiciones para la acción posterior de esta, sin que se hubieren acreditado las características de caso fortuito del hecho de un tercero por el que no debía responder.

Explica que, ante la duda, catalogada como una «situación de incertidumbre» por el a quo, se debió condenar a la empresa demandada ya que en el régimen de responsabilidad objetiva las eximentes de responsabilidad deben estar perfectamente probadas.

Agrega, por último, que se violó el deber de información respecto de las condiciones de seguridad de las instalaciones internas y que se afectó el derecho a un trato digno del usuario y consumidor (arts.8 bis y 28 de la ley 24.240).

-III-

Si bien los agravios vinculados con la atribución de responsabilidad por daños y perjuicios remiten al examen de cuestiones fácticas y de derecho común y procesal, materia ajena -como regla y por su natura1eza- a la instancia del artículo 14 de la ley 48, ello no resulta óbice para admitir el recurso por arbitrariedad cuando se ha omitido dar un tratamiento adecuado a la contienda de acuerdo a los términos en que fue planteada, el derecho aplicable y la prueba rendida y, por lo tanto, el pronunciamiento no configura un acto judicial válido (Fallos: 330:4459 , «Cardozo»; 330:4983 , «Banco de la Nación Argentina»; entre otros).

A mi modo de ver asiste razón a la recurrente al sostener que la cámara valoró erróneamente los incumplimientos de Gas Natural Ban SAo para eximirla de responsabilidad.

En ese sentido, el tribunal omitió considerar que la interpretación del alcance de la obligación de seguridad y la consecuente atribución de responsabilidad debe ser efectuada teniendo en cuenta el derecho a la seguridad previsto en la Constitución Nacional para los consumidores y usuarios, tal como lo expresó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en «Ledesma» (Fallos: 331:819). Allí, el tribunal puntualizó que la incorporación del vocablo seguridad en el artículo 42 de la Constitución Nacional es una decisión valorativa «que debe guiar la conducta del Estado así como a los organizadores de actividades que, directa o indirectamente se vinculen con la vida o la salud de las personas» y «obliga a los prestadores de servicios públicos desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que existe en ella:la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos» (considerando 6°). También señaló que «los usuarios y consumidores son sujetos particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió proteger de modo especial, y por lo tanto no corresponde exigirles la diligencia de quien celebra un contrato comercial» (considerando 7°).

Ello, especialmente en el marco de la responsabilidad objetiva prevista en el artículo 40 de la ley 24.240 (incorporado por el arto 4° de la Ley 24.999) que establece: «si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan.Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.» En efecto, en el sub lite, el a qua omitió evaluar, de manera pormenorizada, la incidencia causal que pudo haber tenido en la producción del daño la habilitación incorrecta del servicio de gas, en particular, las falencias en la instalación de los medidores, la falta de verificación de las instalaciones internas de la vivienda al momento de la habilitación del servicio y la defectuosa instalación de las cañerías, es decir, el incumplimiento de deberes de seguridad a cargo de la empresa prestadora.

De la pericia presentada por el ingeniero civil se desprende que el día 6 de octubre de 1999 se instaló un primer medidor para abastecer la casa de la demandada B . El experto afirmó que aquella instalación se realizó de manera irregular toda vez que no existe constancia de la identificación del instalador o del inspector que revisó las instalaciones internas, así como tampoco la hay del informe de final de obra, «lo que hace dudoso que esas diligencias se hayan cumplido» (fs. 832 vta. y 833 vta). También se señaló que, en algún momento que no se puede determinar, en el terreno se construyó una nueva vivienda, la que luego fue locada por las víctimas a la señora B . Asimismo, entre la fecha de instalación del primer medidor y la ocurrencia del evento dañoso se reemplazó la conexión original de gas externa por otra en la que se instalaron dos medidores nuevos, uno para la vivienda donde ocurrió el siniestro y otro para la de la locadora. Con relación a esa nueva conexión, el perito indicó que «se omitió la inspección integral de las instalaciones internas, las cuales no estaban en regla, presentando graves riesgos para la salud de los ocupantes» (830, 831 vta.l833 y 860).

Además, en lo tocante a la construcción donde vivían los actores, el experto remarcó numerosas irregularidades.Señaló que no existe documental que acredite el pedido de servicio, croquis de la instalación, certíficación expedida por gasista matriculado, certíficado de chequeo que dé cuenta que la instalación estaba en condiciones para habilitar el medidor o aprobación finaL Destacó que solo fue presentado un expediente respecto de la vivienda donde residía B por un servicio para dos bocas -estufa y cocina- y ninguno para la vivienda de los actores que tenía tres bocas -cocina, calefón y estufa- (fs. 833). Concluyó que «la prestataria, no verificó que se cumplieran los requisitos exigidos por la reglamentación vigente, que la misma publica en su página web, respecto de los pasos a seguir, para proceder a instalar el medidor de gas» (fs. 860).

En cuanto a las irregularidades específicas de los artefactos instalados en el monoambiente que ocupaban los actores detalló que la estufa era de tiro natural cuando, por las características del inmueble, debía ser de tiro balanceado o con rejillas para circulación de aire; que el calefón no tenía llave de paso en el ambiente y que carecía de una cañería de salida de gases, por lo que la gran cantidad de dióxido de carbono que producía quedaba en el ambiente; que la cocina estaba cerca de una ventana, lo que se encuentra prohibido; que la ubicación donde se encontraba la llave de paso de la cocina no era permitido y que no había rejillas de ventilación correctamente instaladas para e l calefón o la cocina, lo que también era antirreglamentario (fs.833).

En relación a la instalación de las cañerías, el perito indicó que los tendidos se colocaron «por afuera, y a nivel del suelo del patio, lo cual no es seguro, ni permitido, por posibilidad de pinchadura, y/o rotura mecánica» y que «si están al exterior y no empotrados a una pared, deben estar amurados mediante grampas y no pegados al suelo, como es el caso, ya que se corren riesgos mecánicos y de oxidación por humedad continua. De allí que la reglamentación vigente no lo acepte» (fs. 834 vta.). Luego explicó que esa instalación de las conexiones en el exterior de las viviendas, sin ninguno de los recaudos descriptos, hicieron viable la conexión mediante bridas y la modificación de los tendidos (fs. 834 vta. /835) que permitieron el abastecimiento de gas a los actores desde la casa de la señora B sin que estos tuvieran conocimiento del corte de suministro.

Sobre esa base, considero que, si bien el tribunal transcribió extractos de la pericia donde se describían los referidos incumplimientos, señaló de manera dogmática que se trataba de una «situación de incertidumbre» sin ingresar a un análisis concreto sobre los efectos que la habilitación irregular del servicio podría haber tenido en el accidente.

La sala, previo a desestimar la responsabilidad de la demandada por considerar que sus acciones u omisiones no constituyeron causa adecuada del daño, debió analizar la prueba referida para luego evaluar SI efectivamente el actuar de B fue la única causa del siniestro o si, por el contrario, el incumplimiento de la empresa constituía una concausa en el evento dañoso.

Es que, aun cuando haya existido una conexión interna irregular entre la vivienda de los actores y la de la señora B -instalada por ella y de la cual las víctimas no tenían conocimiento- que se habría llevado a cabo frente al corte de suministro por falta de pago pocos días antes del evento (fs.94 de la causa penal y 233 del principal), el a quo no valoró que aquella conexión interna irregular entre las dos unidades, fue posible y facilitada por los defectos en las conexiones interiores de gas de las unidades funcionales. Del mismo modo, tampoco ponderó la contribución concausal de la falta de habilitación regular de las instalaciones de gas externas realizadas por la empresa y del sistema de distribución del gas al interior de ambas unidades, a la luz del deber de seguridad.

Además, de las actuaciones no se desprende que Gas Natural Ban S.A. haya intentado acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en la habilitación inicial, en la instalación del medidor en la vivienda donde ocurrió el siniestro, o en la instalación de las cañerías, a pesar de estar dicha prueba a su cargo conforme las previsiones del artículo 53 de la ley 24.240.

No es ocioso señalar que la emanación de monóxido de carbono es un riesgo frecuente que debe ser contemplado por la empresa prestadora del servicio, de lo que da cuenta la resolución de Enargas 1256/99 referido al Marco de Referencia Provisorio para la Revisión Periódica de Artefactos. Esta establece que, teniendo en cuenta la falta de idoneidad del usuario común para advertir el riesgo en el que puede llegar a encontrarse, las licenciatarias de distribución realizarán un muestreo representativo de las condiciones de los artefactos residenciales para obtener parámetros y confeccionar los procedimientos definitivos de prevención de accidentes por causa de emanaciones de monóxido de carbono (considerandos y arts. 1 y 2). En ese sentido, no es posible plantear que la exigencia de verificación de las instalaciones internas y de los artefactos de los inmuebles, previo a habilitar el servicio de gas, resultara una diligencia extraordinaria para Gas Natural Ban S.A.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2020

Vistos los autos: «Recurso de hecho deducido por Marcia Andrea Vela, Claudio Alejandro Gnocato y M. E. G.en la causa Vela, Marcia Andrea y otros c/ Gas Natural Ban S.A. y otros s/ daños y perjuicios», para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1º) Que contra la sentencia de la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que, tras modificar los montos de la condena, confirmó en los restantes aspectos el fallo de la instancia anterior, la actora dedujo recurso extraordinario que, al ser denegado, motivó la presente queja.

2°) Que los agravios de la recurrente se dirigen exclusivamente a cuestionar el rechazo de la demanda en relación con la empresa Gas Natural Ban S.A.

3°) Que las cuestiones planteadas por la apelante encuentran adecuada respuesta en los fundamentos del dictamen del señor Procurador Fiscal, que esta Corte comparte y hace suyos, y a los que corresponde remitir en razón de brevedad.

4°) Que no obstante lo anterior, resulta menester señalar que si bien los agravios vertidos en el remedio federal remiten al examen de cuestiones fácticas y de derecho común y procesal, materias que -en principio- resultan ajenas a la vía del artículo 14 de la ley 48, ello no resulta óbice para admitir el recurso cuando el acto jurisdiccional carece de los requisitos mínimos que lo sustentan válidamente como tal, en razón de arbitrariedad manifiesta derivada del apartamiento de constancias comprobadas de la causa, omisión de tratamiento de cuestiones sustanciales planteadas por las partes y de normativa conducente a la solución del litigio, o cuando media una fundamentación aparente, que se apoya únicamente en conclusiones de naturaleza dogmática.

5°) Que, en efecto, la cámara de apelaciones, para eximir de responsabilidad a la empresa demandada, ha omitido considerar la extensión de la obligación de seguridad -y su consecuente atribución de responsabilidad- a la luz del derecho a la seguridad, previsto en la Carta Magna para los consumidores y usuarios.

En tal sentido, esta Corte ha señalado en el precedente «Ledesma» (Fallos:331:819), que la seguridad es un valor expuesto en la norma del artículo 42 de la Constitución Nacional que debe guiar la acción de todos aquellos que realizan actividades que -directa o indirectamente- se vinculen con la vida o la salud de las personas. La presencia de ese valor en el texto constitucional «.es una decisión valorativa que obliga a los prestadores de servicios públicos desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que existe en ella: la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos» (considerando 6°).

La explicación axiológica de tal conclusión, fue señalada por el Tribunal en el citado precedente en los siguientes términos: «.los usuarios y consumidores son sujetos particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió proteger de modo especial, y por lo tanto no corresponde exigirles la diligencia de quien celebra un contrato comercial.» (considerando 7°).

6°) Que en la sentencia recurrida, la cámara, tras reseñar las irregularidades expuestas por el perito ingeniero en relación con la instalación y habilitación del gas en el inmueble donde se produjo el escape, concluyó señalando que «.esta situación de incertidumbre(.)a la cual añado, los claros y precisos fundamentos expuestos por el sentenciante de grado(.)permiten proponer, mantener la responsabilidad de la manera efectuada en la instancia de grado».

La escueta conclusión del fallo, que no hizo mérito sobre las irregularidades identificadas en el peritaje producido en la causa, así como tampoco ahondó en la responsabilidad que -en función de tales deficiencias- le podría corresponder a la empresa prestadora del servicio de gas, denota una asombrosa falta de fundamentación de la sentencia que, de tal forma, se apoya en una afirmación dogmática.

Por lo demás, la «situación de incertidumbre», invocada como único argumento para solventar la exoneración de responsabilidad de la empresa en el caso, debió ser acompañada de un análisis fundado, ponderando la obligación de seguridad mentada por elartículo 42 de la Constitución Nacional, los elementos de prueba reunidos en el expediente y la atribución de responsabilidad que, de manera especial y con carácter objetivo, establece el artículo 40 de la ley 24.240.

7°) Que sobre tal base, asiste razón a la recurrente en cuanto afirma que la resolución apelada es arbitraria y, por ende, corresponde su descalificación como acto jurisdiccional en los términos de la doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad de sentencias, a fin de que los planteos sean nuevamente considerados y decididos mediante un fallo constitucionalmente sostenible (Fallos: 336:421, entre otros).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal y habiendo tomado intervención la Defensoría General de la Nación, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado en la presente. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y, oportunamente, remítase.

VOTO DEL SEñOR PRESIDENTE DOCTOR DON CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ Y DE LA SEñORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOñA ELENA I.HIGHTON de NOLASCO

Considerando:

1°) Que los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los puntos I y II del dictamen del señor Procurador Fiscal, al que cabe remitir a fin de evitar reiteraciones innecesarias.

2°) Que si bien los agravios de la apelante remiten al estudio de cuestiones de derecho común y a la ponderación de aspectos fácticos y probatorios reservados, en principio, a los jueces de la causa y ajenos a la instancia extraordinaria, cabe hacer excepción a esa regla cuando -como ocurre en la presente- el pronunciamiento apelado omite tratar cuestiones conducentes para la correcta solución del litigio y se aparta de las constancias de la causa, apoyánd ose en meras afirmaciones dogmáticas que impiden considerarlo sentencia fundada en ley que exigen los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (doctrina de Fallos 327:5717; 339:499; entre otros).

3°) Que, luego de reseñar las diversas irregularidades y deficiencias de control señaladas en el informe pericial obrante a fs. 829/844 vta. y en las contestaciones del perito a las observaciones formuladas por las partes (fs. 859/861 y 864/868 vta.), la sentencia apelada confirmó el rechazo de la atribución de responsabilidad a la codemandada Gas Natural Ban S.A. Fundó su decisión en la «situación de incertidumbre [.] a lo cual añado los claros y precisos fundamentos expuestos por el sentenciante de grado a fs. 995» (fs.1118), aserto que no pasa de ser una simple afirmación dogmática, desprovista del mínimo desarrollo argumental que -apoyado en las constancias de la causa- permita considerar que se trata de un fundamento suficiente para sostener la decisión como acto jurisdiccional válido.

4°) Que, por una parte, no resulta evidente en modo alguno cuál sería la incertidumbre respecto de la actuación que le cupo a la prestadora del servicio público.

En efecto, el perito señaló en reiteradas oportunidades las condiciones antirreglamentarias y falencias técnicas de las instalaciones del inmueble en el que se produjo el lamentable suceso (por ejemplo, a fs. 831, 833 vta., 861, 864 vta., entre otras), la vinculación que a su juicio existiría entre tales condiciones y el siniestro que motiva la presente acción (fs. 834, 836) y las graves deficiencias de control en las que habría incurrido la empresa demandada (fs. 832, 833/833 vta., 834/834 vta., 835/835 vta., 860/860 vta., 864 vta.). Es decir que, según el experto, las deficiencias de control habrían posibilitado la existencia de instalaciones antirreglamentarias y carentes de las mínimas condiciones de seguridad. Por lo tanto, sin abrir juicio sobre la conclusión que quepa extraer de tal material probatorio, es claro que la mera afirmación de que existiría una «situación de incertidumbre» -respecto de la cual no se ofrece ninguna elaboración adicional- no basta para fundar la sentencia recurrida. Tampoco es suficiente la remisión a los fundamentos dados por el juzgado de primera instancia, según los cuales el daño se produjo por causas originadas en cañerías y artefactos instalados clandestinamente, sobre los que el usuario tiene la custodia (fs. 995), cuando el perito señaló que la demandada habría omitido realizar inspecciones que, más allá del carácter interno o externo de las instalaciones, podrían haber tenido incidencia causal en el acaecimiento de los daños reclamados, como se señalara antes.

5°) Que, por otra parte, el art.40 de la ley 24.240 prescribe que «Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena». Frente al carácter objetivo de la responsabilidad atribuida con fundamento en la norma citada, la cámara debió haber analizado las constancias de la causa en forma pormenorizada para determinar si se encontraba acreditada la ruptura del nexo causal que exonerara a la empresa distribuidora. La invocada situación de incertidumbre es insuficiente a tales efectos.

6°) Que, en las condiciones reseñadas, en el caso media relación directa e inmediata entre lo debatido y resuelto y las garantías que se dicen vulneradas (artículo 15 de la ley 48), razón por la cual corresponde la descalificación del pronunciamiento apelado a la luz de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias.

Por ello, habiendo tomado intervención la Defensoría General de la Nación y de conformidad en lo pertinente con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se declaran procedentes la queja y el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada, con el alcance que surge de los considerandos precedentes. Con costas (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y, oportunamente, remítase.

Firmado Digitalmente por ROSENKRANTZ Carlos Fernando Firmado Digitalmente por HIGHTON Elena Ines Firmado Digitalmente por MAQUEDA Juan Carlos Firmado Digitalmente por LORENZETTI R. Luis Firmado Digitalmente por ROSATTI Horacio Daniel

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