fbpx

#Fallos Caja de Inseguridad: La modalidad de ‘boquete’ utilizada para el robo de las cajas de seguridad no configura un supuesto que exima al banco, ya que el resguardo de los bienes en su interior implica una obligación de resultado

Partes: Natta Oscar Alberto y otros c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: B

Fecha: 11-nov-2020

Cita: MJ-JU-M-129440-AR | MJJ129440 | MJJ129440

En razón de la esencia del contrato de caja de seguridad y de su funcionalidad, admitir la validez de cláusulas de exoneración de responsabilidad del banco provocaría su desnaturalización dejándolo prácticamente sin objeto. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-El contrato de caja de seguridad es un contrato de adhesión, en el cual el adherente se encuentra imposibilitado de discutir o modificar las cláusulas predispuestas, incumbiendo por ende a la autoridad jurisdiccional la valoración de las circunstancias del contrato, la buena fe y el uso y la práctica empleados en casos análogos a fin de preservar el equilibrio de las prestaciones.

2.-La esencia del contrato de caja de seguridad es un deber de custodia y vigilancia de parte del banco, en cuyo mérito las pretendidas cláusulas de eximición de responsabilidad por parte de este no tienen valor alguno, ya que se pretendería por esta vía una renuncia anticipada de derechos del cliente, desdibujándose la naturaleza misma del contrato. El cliente pretende una garantía de seguridad contra robo, extravío o pérdida de las cosas guardadas.

3.-El profesional banquero que lucra con el arrendamiento de cajas de seguridad ofrece a su clientela ‘seguridad’; de lo que se sigue responsabilidad en caso de daño (arg. arts. 126 y 127 , CCom. aplicables al tiempo de los hechos aquí debatidos) y la profesionalidad de la defendida exige standard de responsabilidad agravada frente a los usuarios.

4.-La calidad de banquero es un antecedente jurídico necesario que lo somete a la doctrina del riesgo profesional y a los principios generales de la culpa civil y de los arts. 512 , 901 y 902 del entonces vigente CCiv. y en tanto el defendido es un colector de fondos públicos, el interés general exige que los servicios que presta contratan con él descuentan su profesionalidad.

5.-En razón de la esencia del contrato de caja de seguridad y de su funcionalidad, admitir la validez de cláusulas de exoneración de responsabilidad del banco provocaría su desnaturalización dejándolo prácticamente sin objeto, acarreando también la negación de ese resultado que allí mismo se garantiza, pues ello resulta inconsecuente con la obligación asumida, por cuanto presupone, desde el inicio de la relación, que el incumplimiento no aparejará para el banco consecuencias jurídicas.

6.-El ‘pacto’ de exoneración de responsabilidad del banco en el contrato de caja de seguridad constituiría una verdadera ‘invitación al incumplimiento’ y un indeseable estímulo al desinterés y a la desidia en la conservación de los bienes comprometidos.

7.-En el contrato de caja de seguridad, la cláusula de irresponsabilidad del banco encubre la inobservancia de la obligación esencial a cargo de la entidad bancaria -la ‘obligación de vigilancia’-, cuya transgresión equivale a un completo incumplimiento del acuerdo, porque ésta constituye la naturaleza propia del servicio de caja de seguridad y para más, desde la perspectiva de las previsiones de la Ley de defensa del consumidor, dichas estipulaciones también deben juzgarse como no escritas a tenor de lo dispuesto por el art. 37 que establece, que ‘Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daño, b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte, c) las cláusulas que contengan cualquier precepto que impongan la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor’ (ver también arts. 988 y 1119 CCivCom.).

8.-En el texto del nuevo CCivCom. se impone como obligación a cargo del prestador de una caja de seguridad la de responder por ‘…la integridad de las cajas y el contenido de ellas, conforme con lo pactado y las expectativas creadas en el usuario…’ (art. 1413 ) y expresamente se se consigna que ‘…La cláusula que exime de responsabilidad al prestador se tiene por no escrita…’, admitiendo sólo una limitación dineraria cuantitativa (art. 1414 ).

9.-El contrato de caja de seguridad tiene como finalidad la ‘vigilancia’ de los objetos que el usuario introduce en el compartimento que se le entrega vacío y del que puede disponer mediante el pago de un precio. Cualquiera sea la denominación que se le dé, por influjo de sus complejas características de goce y custodia es indudable que cuando el cliente solicita del banco el servicio de locación de una caja de seguridad, tiene como fin principal y decisivo la custodia, que puede obtener por dos órdenes de medios reales y personales, esto es, mediante el uso de una cosa (arriendo) y la prestación de guarda y vigilancia (depósito). Este débito es, en verdad, objetivamente incontrovertible.

10.-Responder de la custodia de los locales significa que el locador debe disponer los medios idóneos para asegurar su vigilancia diurna y nocturna para impedir que otro -que no sea el locatario- pueda abrir la caja. Es decir, el banco responde por una lesión externa, ya que la obligación de velar por la integridad y custodia de la caja es única, configurándose una obligación de resultado.

11.-Para excluir la responsabilidad del banco en el contrato de caja de seguridad no basta que el banco demuestre que los locales eran por sí idóneos para el fin de la seguridad al que eran destinados, o que el conjunto de medidas para la custodia de estos era adecuado. Debe demostrar mediante una prueba positiva que el resultado ha sido impedido por una causa no imputable a él, que no habría podido superar con el empleo de aquel grado de diligencia requerido por el tipo concreto de obligación.

12.-Tienen carácter de caso fortuito eventos tales como: el terremoto, una acción de guerra o de revolución, una orden de autoridad sea legítima o de hecho, un acto de violencia de las tropas de ocupación, etc., mas el robo, que proviene de la obra del hombre, no tiene dicho carácter porque precisamente para sustraer los valores al peligro de tal evento está destinada la caja de seguridad.

13.-El robo no solo no configura un caso fortuito insuperable, sino que además no pudo resultarle al banco imposible de prever y de evitar. Es que justamente, reitero, es de la esencia misma del contrato que el banco provea seguridad principalmente contra esta clase de eventos y, por ello, acoger esta defensa implicaría dejar al contrato desprovisto de objeto y causa y no logra conmover la conclusión arribada en el apartado precedente el hecho de que en la causa tramitada en sede del crimen se determinó y condenó a los culpables del hecho delictivo, pues en el proceso penal se dilucidó la imputación del ilícito; mas en el caso en análisis se debe determinar la responsabilidad de la entidad bancaria accionada como consecuencia de aquél.

14.-Resulta claro que una cuestión es la responsabilidad penal de los autores del hecho y otra muy distinta, la responsabilidad del banco respecto al cumplimiento -o no- de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de caja de seguridad.

15.-Exigir a las víctimas del robo de la caja de seguridad una prueba rigurosa e inequívoca sobre la veracidad de lo guardado en la referida caja, les impondría una carga cuyo cumplimiento sería virtualmente impracticable, dado que normalmente los depósitos en dichos compartimientos se realizan en condiciones de absoluta privacidad.

16.-En materia del contenido de la prueba del contenido de la caja de seguridad, la prueba de presunciones adquiere un valor fundamental que, junto con la prueba directa que pueda reunirse, debe ser valorada con base en los criterios de credibilidad y razonabilidad del reclamo, procurando formar convicción mediante una disminución del margen de duda, antes que exigir una acabada y completa comprobación que resulta inalcanzable.

17.-Si bien los Magistrados no están obligados a aceptar las conclusiones de los peritos, el apartamiento de las opiniones técnicas debe fundarse en una razonada expresión de las operaciones o criterios utilizados para arribar a un resultado diverso al propuesto por el experto y en razones científicas que acrediten la inexactitud del informe pericial.

18.-El reconocimiento del daño psicológico es difícil de justipreciar, pues no solo se trata de un daño ‘invisible’, sino que también pudo haber existido con antelación al hecho ilícito y haberse exteriorizado o recrudecido a raíz de él, con lo cual no sería un daño sobreviniente sino el agravamiento de uno preexistente. Por otra parte, este detrimento no es autónomo, por cuanto la lesión a la psiquis puede generar minoraciones o daños patrimoniales o espirituales, integrando los rubros incapacidad o daño moral, o ambos, según cada caso en particular.

19.-Corresponde acceder a la indemnización del daño psicológico para atender esos gastos, habida cuenta que el daño psicológico tiende a reparar las efectivas disfunciones y trastornos de orden psíquico que alteren la personalidad integral de la víctima.

20.-Dentro de la órbita de la responsabilidad contractual prima un criterio restrictivo en materia de reparación de del daño moral y en tal sentido, la reparación del daño moral derivado de la responsabilidad contractual queda librada al arbitrio judicial, quien libremente apreciará su procedencia. Sin embargo, se debe proceder con estrictez y es a cargo de quien lo reclama su prueba concreta, pero además de probar la existencia del agravio, debe probarse, de alguna manera, su cuantía o, cuando menos, las pautas de valoración que permitan al Juzgador proceder a la determinación de conformidad con lo que establecen los CCiv: 522 y CPCCN. 165 . De otra manera la indemnización podría configurar una confiscación o enriquecimiento sin causa a favor del reclamante.

21.-La razonable restricción a la determinación del daño moral, mediante la exigencia de la prueba de su cuantía, no puede erigirse en un obstáculo insalvable para el reconocimiento del agravio moral cuando el reclamo tiene visos de seriedad suficientes y encuentra base sólida en los antecedentes de la causa.

22.-No cabe duda de que el robo de la caja de seguridad excedió una mera molestia o incomodidad, para tornarse en una situación en la cual los actores se vieron despojados de las pertenencias que habían sido resguardadas en la caja de seguridad violentada y que afectó la tranquilidad de la familia entera, a lo cual debe sumarse que los accionantes se vieron obligados a someterse a un exhaustivo estudio de su patrimonio, requerido por el banco demandado y realizado por el estudio liquidador de seguros, con miras a recibir una indemnización por los bienes sustraídos, debiendo finalmente iniciar el presente proceso para ver satisfechos sus derechos por cuanto la entidad bancaria demandada desoyó sus conclusiones.

23.-A los efectos de la determinación del daño moral caben aplicar pautas matemáticas, sino que es preciso valorar las circunstancias de la causa, pues la extensión de la reparación depende de las características de las partes; factores éstos que deben juzgarse a la luz del prudente arbitrio de los Jueces. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de Noviembre del año 2020, reunidas las Señoras Jueces de Cámara en Acuerdo, fueron traídos para conocer los autos caratulados: «NATTA OSCAR ALBERTO Y OTROS contra BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES sobre ORDINARIO» (Expte. N° 35638/2012) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debía votarse en el siguiente orden: Vocalía N° 4, la N° 5 y la N° 6. Dado que la N° 5 se halla actualmente vacante, intervendrán las Doctoras Matilde E. Ballerini y María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La Señora Juez de Cámara Dra. Matilde E. Ballerini dijo:

I. A fs. 399/446vta., ampliada a fs. 840/840vta., los Sres. Oscar Alberto Natta, Diego Javier Natta, Nora Nieves Amendola y Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Neptuno I Ltda. promovieron demanda contra Banco de la Provincia de Buenos Aires solicitando se lo condene al pago de dos millones ochocientos mil pesos ($ 2.800.000) con más intereses y costas, por los daños y perjuicios que alegaron haber padecido, como consecuencia del robo que sufrieran de los bienes depositados en la caja de seguridad cuya titularidad detentaban.

A fs. 1061/1086vta. se presentó Banco de la Provincia de Buenos Aires, opuso excepción de falta de legitimación activa respecto de los coactores Sres. Natta Oscar, Natta Diego y Amendola Nora y, subsidiariamente contestó demanda, solicitando su íntegro rechazo.

En orden a las restantes consideraciones fácticas que rodean a la causa, siendo que se encuentran debidamente relatadas en el pronunciamiento recurrido, allí me remito a fin de evitar estériles y prolongadas reiteraciones.

II. La sentencia dictada a fs. 4169/4184 admitió parcialmente la demanda y condenó al Banco de la Provincia de Buenos Aires a abonar a los actores las siguientes sumas:U$S 201.848,4; ? 1500; £ 770 y $ 1.170.000; con más los intereses conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para los montos en pesos y una tasa anual del 6% para los importes en moneda extranjera.

Para así resolver, el Sr. Juez de Primera Instancia rechazó la excepción de falta de legitimación activa respecto de los coactores Sres. Natta Oscar, Natta Diego y Amendola Nora en tanto el contrato suscripto entre las partes concedió idéntico permiso de uso al locatario como a sus representantes y autorizados, sin diferenciar alcance alguno entre ellos. A su vez, consideró que la relación se encontraba amparada por la Ley de Defensa del Consumidor, ya que los accionantes eran el usuario final del servicio prestado por el Banco.

Respecto a la responsabilidad de la entidad bancaria, estimó que la modalidad de «boquete» utilizada para el robo de las cajas de seguridad no configuraba un supuesto que permitiera eximirla, ya que el resguardo de los bienes contenidos en ellas implicaba una obligación de resultado que el banco accionado debía cumplir. Por otro lado, en base al art. 37 inc. a y b Ley 24.240, desestimó la validez de la Cláusula n° 18 del contrato invocado, por la que se pretendía liberar de responsabilidad en supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

En cuanto a los rubros reclamados, admitió las siguientes sumas: u$s 194.848,4 producto de la venta de acciones de propiedad de los Sres. Natta Oscar y Natta Diego; u$s 7.000 y $ 730.000 como pertenecientes a la Cooperativa; £770 y ?1500 a favor del matrimonio e hijo; $ 200.000 en concepto de pérdida de chance; $ 180.000 en forma conjunta por el daño moral sufrido y $ 60.000 a favor de Oscar Natta por daño psicológico.Asimismo, rechazó el reclamo con relación a las alhajas y joyas que se denunciaron como sustraídas de la caja de seguridad violada por considerar que no se encontraba acreditado su efectivo depósito en el cofre.

Por último, impuso la totalidad de las costas a la demandada vencida.

III. Contra dicho pronunciamiento, se alzó la defendida a fs. 4193 y los actores a fs. 4202. El Banco expresó agravios a fs. 4232/4239, que fuera contestado a fs. 4247/4272vta. Los accionantes hicieron lo propio a fs. 4214/4229vta., que recibiera respuesta a fs. 4241/4245.

La Sra. Fiscal de Cámara se expidió a fs. 4275.

Las críticas de la accionada transitan -en síntesis- por los siguientes carriles: (i) la atribución de responsabilidad a su parte por el robo sufrido a las cajas de seguridad en la sucursal de Belgrano; (ii) la admisión de los rubros relacionados a la venta de acciones, la compra de moneda extranjera por parte de los actores y la Cooperativa, el saldo de caja de ésta, y las indemnizaciones concedidas en concepto de daño moral y psicológico; (iii) la tasa de interés aplicada para la condena en moneda extranjera; (iv) la fecha de mora desde la que se ordenó computar los intereses; y (v) la imposición de costas.

Por su parte, los accionantes se agraviaron por la detracción de u$s 66.980 de la suma adquirida por la venta de acciones, el rechazo del reclamo por las joyas que alegaron sustraídas de la caja de seguridad y por considerar bajos los montos concedidos en concepto de pérdida de chance, daño moral y daño psicológico.

IV. Comenzaré analizando el agravio relativo a la responsabilidad del Banco accionado para luego, de corresponder, tratar las restantes críticas.

En esta instancia no se encuentra controvertido que las partes celebraron un contrato de caja de seguridad identificado con el n° 2321, en el cual Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Neptuno I Ltda. era la locataria y los restantes actores usuarios autorizados.También es indubitado que el cofre de los accionantes (Sección n 15 n 55), que se encontraba en el sector de cajas de seguridad de la sucursal Belgrano del banco demandado, fue violentado en ocasión del ilícito cometido bajo la modalidad «boquete» el 03/01/2011.

En su primera crítica, el encartado sostuvo que la Cláusula 18 del contrato celebrado establece que el Banco garantiza exclusivamente la integridad exterior de la caja, salvo caso fortuito o fuerza mayor, y no responde por los objetos depositados en ella. A su vez, señaló que el suceso que dio origen al presente reclamo fue imposible de prever, aun habiendo tomado todas las medidas de seguridad necesarias, lo que impide imputarle responsabilidad alguna por el hecho.

En punto al primero de los argumentos señalados, recuerdo que, desde mi actuación como Juez de Primera Instancia, vengo señalando que el contrato de caja de seguridad es un contrato de adhesión (Conf. Argeri, S., «Contrato de Caja de Seguridad», LL 1978-D, pág. 1258/62) en el cual el adherente se encuentra imposibilitado de discutir o modificar las cláusulas predispuestas, incumbiendo por ende a la autoridad jurisdiccional la valoración de las circunstancias del contrato, la buena fe y el uso y la práctica empleados en casos análogos a fin de preservar el equilibrio de las prestaciones.

La esencia del contrato en análisis es un deber de custodia y vigilancia de parte del banco, en cuyo mérito las pretendidas cláusulas de eximición de responsabilidad por parte de este no tienen valor alguno, ya que se pretendería por esta vía una renuncia anticipada de derechos del cliente, desdibujándose la naturaleza misma del contrato. El cliente pretende una garantía de seguridad contra robo, extravío o pérdida de las cosas guardadas (Sentencia de Primera Instancia del Juzgado Nro. 24, in re «Rodo, Jorge E.c/ Banco de Galicia y Buenos Aires s/ ordinario», del 03/12/1996, confirmada por el Superior el 25/08/1997).

El profesional banquero que lucra con el arrendamiento de cajas de seguridad ofrece a su clientela «seguridad»; de lo que se sigue responsabilidad en caso de daño (arg. arts. 126 y 127, C.Com. aplicables al tiempo de los hechos aquí debatidos) y la profesionalidad de la defendida exige standard de responsabilidad agravada frente a los usuarios (C.N.Com., esta Sala, in re «Maquieira, Héctor y otro c/ Banco de Quilmes S.A.», 14/08/1996). La calidad de banquero es un antecedente jurídico necesario que lo somete a la doctrina del riesgo profesional y a los principios generales de la culpa civil y de los arts. 512, 901 y 902 del entonces vigente Cód. Civil y en tanto el defendido es un colector de fondos públicos, el interés general exige que los servicios que presta contratan con él descuentan su profesionalidad (conf. C.N.Com., esta Sala, in re «González Mario Daniel c/ Banco Popular Argentino» , del 31/10/1997).

Como también puntualizó el anterior sentenciante, estimo que en razón de la esencia del acuerdo y de su funcionalidad, admitir la validez de ese tipo de cláusulas provocaría su desnaturalización dejándolo prácticamente sin objeto, acarreando también la negación de ese resultado que allí mismo se garantiza.

Ello resulta inconsecuente con la obligación asumida, por cuanto presupone, desde el inicio de la relación, que el incumplimiento no aparejará para el banco consecuencias jurídicas.

De tal modo que ese «pacto» de exoneración constituiría una verdadera «invitación al incumplimiento» y un indeseable estímulo al desinterés y a la desidia en la conservación de los bienes comprometidos (conf. C.N.Com. esta Sala, in re «Sopaube S.R.L.c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario», del 26/06/2015 y sus citas).

En este contrato, la mencionada cláusula de irresponsabilidad encubre la inobservancia de la obligación esencial a cargo de la entidad bancaria -la «obligación de vigilancia»-, cuya transgresión equivale a un completo incumplimiento del acuerdo, porque ésta constituye la naturaleza propia del servicio de caja de seguridad.

Para más, desde la perspectiva de las previsiones de la ley de defensa del consumidor, dichas estipulaciones también deben juzgarse como no escritas a tenor de lo dispuesto por el art. 37 que establece, que «Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a) Las cláusulas que desnatu ralicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daño, b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte, c) las cláusulas que contengan cualquier precepto que impongan la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor» (ver también arts. 988 y 1119 C.C.C.N).

Asimismo, es ilustrativo señalar que en el texto del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se impone como obligación a cargo del prestador de una caja de seguridad la de responder por «.la integridad de las cajas y el contenido de ellas, conforme con lo pactado y las expectativas creadas en el usuario.» (art. 1413).

Expresamente se consigna que «.La cláusula que exime de responsabilidad al prestador se tiene por no escrita.», admitiendo sólo una limitación dineraria cuantitativa (art. 1414).

Por consiguiente, fue correctamente resuelto en la sentencia apelada la privación de validez de la mencionada cláusula y el agravio entonces será rechazado.

V.A idéntica solución cabe arribar respecto a que no se habría valorado que el banco fue víctima de un delito cuyas características serían asimilables a las del caso fortuito, es decir, imposible de prever y de evitar, quebrándose el nexo de causalidad.

Reitero, este contrato tiene como finalidad la «vigilancia» de los objetos que el usuario introduce en el compartimento que se le entrega vacío y del que puede disponer mediante el pago de un precio. Cualquiera sea la denominación que se le dé, por influjo de sus complejas características de goce y custodia es indudable que cuando el cliente solicita del banco el servicio de locación de una caja de seguridad, tiene como fin principal y decisivo la custodia, que puede obtener por dos órdenes de medios reales y personales, esto es, mediante el uso de una cosa (arriendo) y la prestación de guarda y vigilancia (depósito). Este débito es, en verdad, objetivamente incontrovertible.

Por ende, responder de la custodia de los locales significa que el locador debe disponer los medios idóneos para asegurar su vigilancia diurna y nocturna para impedir que otro -que no sea el locatario- pueda abrir la caja. Es decir, el banco responde por una lesión externa, ya que la obligación de velar por la integridad y custodia de la caja es única, configurándose -como ya señalé- una obligación de resultado.

Para excluir su responsabilidad no basta que el banco demuestre que los locales eran por sí idóneos para el fin de la seguridad al que eran destinados, o que el conjunto de medidas para la custodia de estos era adecuado. Debe demostrar mediante una prueba positiva que el resultado ha sido impedido por una causa no imputable a él, que no habría podido superar con el empleo de aquel grado de diligencia requerido por el tipo concreto de obligación (sentencia de la suscripta, dictada en el Juzgado Nro.24, en autos «Glujowsky, León y otros c/ Banco Mercantil s/ sumario», de septiembre de 2003).

Reiteradamente se meritó que tienen carácter de caso fortuito eventos tales como: el terremoto, una acción de guerra o de revolución, una orden de autoridad sea legítima o de hecho, un acto de violencia de las tropas de ocupación, etc.

Mas el robo, que proviene de la obra del hombre, no tiene dicho carácter porque precisamente para sustraer los valores al peligro de tal evento está destinada la caja de seguridad (Molle, «I contratti bancari», citado por el Dr. Morandi en su voto en autos «Sucarrat, Gustavo A. c/ Banco de Galicia y Buenos Aires», C.N.Com., esta Sala, del 26/03/1993).

Ergo, el robo no solo no configuró un caso fortuito insuperable, sino que además no pudo resultarle al banco imposible de prever y de evitar, tal como se invoca en su expresión de agravios. Es que justamente, reitero, es de la esencia misma del contrato que el banco provea seguridad principalmente contra esta clase de eventos y, por ello, acoger esta defensa implicaría dejar al contrato desprovisto de objeto y causa.

No logra conmover la conclusión arribada en el apartado precedente el hecho de que en la causa tramitada en sede del crimen se determinó y condenó a los culpables del hecho delictivo.

En efecto, en el proceso penal se dilucidó la imputación del ilícito; mas en el caso sub examine se debe determinar la responsabilidad de la entidad bancaria accionada como consecuencia de aquél.Así, resulta claro que una cuestión es la responsabilidad penal de los autores del hecho y otra muy distinta, la responsabilidad de la encartada respecto al cumplimiento -o no- de sus obligaciones contractuales.

Para concluir, deseo añadir que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en reiteradas ocasiones a favor de la responsabilidad del banco accionado por los hechos delictivos aquí sometidos a estudio (ver C.N.Com., esta Sala, in re «Sandler Leonardo y otro c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario», del 06/04/2015; ídem, in re «Jasiñsky Rosalía Marta c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario», del 17/04/2015; ídem, in re «Sopaube S.R.L. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario», del 26/06/2015; ídem, in re «Francia Mireya Marta c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario», del 30/12/2015; ídem, in re «Schwarz de Weinmann, Ilse Laura y otro c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario», del 29/06/2016; ídem in re «Capalbo Orlando Cesar c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario», del 07/03/2017).

VI. A continuación, pasaré a tratar los agravios de ambas partes relativos al reclamo de los bienes que habrían sido sustraídos del cofre violado.

Para comenzar diré que no soslayo que exigir a los demandantes una prueba rigurosa e inequívoca sobre la veracidad de lo guardado en la caja de seguridad les impondría una carga cuyo cumplimiento sería virtualmente impracticable, dado que normalmente los depósitos en dichos compartimientos se realizan en condiciones de absoluta privacidad.

Asimismo, tengo presente que, en casos como el sub examine, la prueba de presunciones adquiere un valor fundamental que, junto con la prueba directa que pueda reunirse, debe ser valorada con base en los criterios de credibilidad y razonabilidad del reclamo, procurando formar convicción mediante una disminución del margen de duda, antes que exigir una acabada y completa comprobación que resulta inalcanzable (conf.C.N.Com., esta Sala, in re «Maquieira, Néstor y otro c/ Banco de Quilmes SA» , del 14/08/1996; ídem, Sala D, in re «Szulik, Héctor y otro c/ Banco Mercantil SA» , del 13/09/2000; entre otros).

En esta inteligencia procederé a examinar los siguientes rubros:

a. Reclamo de u$s 261.828,40 por la venta de acciones de propiedad de los Sres. Oscar y Diego Natta.

Se agraviaron ambas partes por la admisión de este rubro. Los actores se quejaron por la detracción de u$s 66.980 del total reclamado ya que consideraron que no hay probanzas que indiquen que el dinero obtenido por la venta de las acciones propiedad de los Sres. Oscar y Diego Natta se haya utilizado para adquirir inmuebles en el exterior. Por su parte, la demandada solicitó el total rechazo del rubro por estimar que no se logró justificar la obtención del dinero ni su guarda en el cofre.

Surge de la documentación acompañada con la demanda que los Sres. Oscar y Diego Natta recibieron u$s 261.828,40 por la venta en cuotas de acciones de su propiedad entre los meses de febrero/2009 y diciembre/2010 (ver fs. 89/104 del sobre grande nº 095128 que en este acto se tiene a la vista). La operación fue confirmada también por el estudio liquidador de siniestros AscoliWeil (ver fs. 2398 de la carpeta reservada según nota de fs. 2857), que fuera contratado por el banco demandado para realizar una investigación referente a los bienes denunciados como robados por los clientes.

A su vez, del cuadro efectuado por el estudio liquidador de siniestros antes referido se observa el correlato entre el cobro de cada cuota y el ingreso a la caja de seguridad perteneciente a los actores (ver fs. 2398). Todo ello permite presumir la existencia, al momento del robo, de las sumas denunciadas dentro de la caja siniestrada.

Sin embargo, coincido con el anterior sentenciante respecto de la detracción de u$s 66.980 realizada del monto total denunciado.El estudio liquidador informó que en agosto/2009 y febrero/2010 el Sr. Diego Natta adquirió, junto con varios socios, dos departamentos en Estados Unidos, siendo u$s 66.980 el aporte por él realizado (ver fs. 2401/2401vta. de la carpeta reservada).

Nótese que las explicaciones dadas por el Sr. Oscar Natta al estudio liquidador no lograron especificar el origen de los fondos, por lo que no se puede descartar la posibilidad de que parte de los dólares obtenidos por la venta de las acciones fueron utilizados para la compra de los inmuebles en el exterior.

Debiendo añadir, que tampoco en el marco de este proceso, el coactor logró demostrar, siquiera indiciariamente, que los fondos aportados para la adquisición de dichos inmuebles provinieran de otra fuente de ingresos o ahorros que aquél podía tener.

Es por ello que se estima prudente admitir el reclamo relativo a la moneda extranjera de propiedad de los Sres. Diego y Oscar Natta con la deducción realizada en la sentencia atacada.

Por todo lo expuesto, se desestiman ambos agravios. b. Reclamo de u$s 7000 pertenecientes a la «Cooperativa».

Respecto de este rubro, se agravió el accionado por entender que no se acreditó la existencia de esta suma y su depósito en la caja de seguridad. Sucintamente manifestó que el relato de la adquisición de la moneda por la «Cooperativa» resulta confuso por no estar claro a quién pertenecían los fondos utilizados para ello.

En principio, he de destacar que la queja en examen resulta ser una mera reiteración de lo expuesto en el alegato de fs. 4135/4140 (ver pto. 1.b), cuyos argumentos no logran conmover lo decidido por el Sr. Juez a quo.

Se encuentra probado en a utos que Cooperativa Neptuno poseía dos cuentas de su titularidad en el Banco BBVA Francés (ver contestación de oficio de fs. 2975). A su vez, esa entidad bancaria oficiada acompañó copia del cheque mediante el cual el Sr.Natta Oscar retiró el día 31/03/2009 la suma de $ 30.000 y copia del comprobante n° 0662108 del que surge que el mismo día adquirió a nombre de la Cooperativa u$s 7.000 (ver fs. 180/181), ambas operaciones realizadas desde la cuenta 099-20-678953/0, de titularidad de Neptuno.

Los comprobantes originales de fs. 992/993 acompañados por el Banco Provincia al contestar demanda (ver sobre grande n° 095128 reservado a fs. 1087) dan cuenta de los ingresos a la caja de seguridad n° 55 en fecha posterior a la adquisición de los valores, pudiendo deducirse de ello que han sido guardados en el cofre siniestrado.

A su vez, el informe del estudio liquidador de seguros Ascoli-Weil (ver fs. 2398 de la carpeta reservada) confirmó los hechos relatados ut supra y el acceso a la caja de seguridad el día 15/04/2009, siendo ésta la fecha más próxima a la operación cambiaria, con lo que también concluyó que la suma podría haber estado resguardada en el cofre al momento del robo.

Por último, el informe realizado por el Banco Central de la República Argentina entre los días 11/05/2011 y 17/05/2011 (reservado según nota de fs. 2144), también dio cuenta de la compra de moneda extranjera aquí discutida a nombre de la Cooperativa, sin perjuicio de reconocer que la operación no fue registrada contablemente (ver fs. 1178 de la documental reservada).

Todo lo aquí reseñado configura prueba indiciaria con fuerza suficiente para tener por probada la tenencia y guarda de moneda extranjera por la Cooperativa y su sustracción al momento del robo, por lo que se rechaza el agravio intentado.

c. Reclamo de $ 730.000 pertenecientes a la Cooperativa.

Se quejó el encartado por la admisión de la totalidad del rubro en cuestión, reiterando nuevamente los argumentos ya expresados al momento de alegar (ver fs. 4135/4140, pto.1.c).

Según el balance de «Cooperativa» finalizado el 31/12/2010, que fuera acompañado por los actores en oportunidad de iniciar la demanda, el saldo de caja era de $ 890.152,38 (fs. 321 del sobre reservado n° 095128). El estado de situación patrimonial de fs. 314 como el estado de resultados de fs. 315 contienen la previsión de $ 770.000 por el siniestro acontecido, todo ello con la debida certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de C.A.B.A.

El informe pericial contable presentado a fs. 3262/3269 informó que los libros de la entidad son llevados en legal forma y la existencia de las referencias antedichas (ver respuestas 1 y 2 a los puntos de pericia ofrecidos por la actora). A su vez, el experto indicó que en el balance finalizado el 31/12/2011 se visualiza el recupero de $ 40.000, que no fueron sustraídos en el incidente por encontrarse en la caja de seguridad n° 6 n°35, también propiedad de los actores.

La cifra reclamada fue confirmada por el estudio liquidador contratado por el banco demandado (ver fs. 2396/2397 de la carpeta reservada), el que, luego de realizar un arqueo de la caja fuerte ubicada en la sede, comprobó la existencia de $ 120.152,38, que, restados al total denunciado, se obtiene la suma de $ 770.000 guardados en los cofres. A su vez, a fs. 2397 se observa un listado del cobro de 22 cheques y su posterior ingreso a la caja de seguridad, cuya suma alcanza los $ 730.000 sustraídos. El monto robado también resulta confirmado por el ya mencionado informe realizado por el Banco Central de la República Argentina (reservado a fs. 2144), que pudo visualizar la pérdida contable y la plasmó a fs. 1179 y fs. 1214 del mismo.

De todo ello, se deduce que no existen motivos para apartarse de lo indicado por el experto contable respecto a la existencia del dinero reclamado, ya que coinciden con lo oportunamente informado por los liquidadores y el B.C.R.A.Si bien los Magistrados no están obligados a aceptar las conclusiones de los peritos, el apartamiento de las opiniones técnicas debe fundarse en una razonada expresión de las operaciones o criterios utilizados para arribar a un resultado diverso al propuesto por el experto y en razones científicas que acrediten la inexactitud del informe pericial (C.N.Com., esta Sala in re «Norep Group S.A c/ Fideicomiso Dorrego 1771 s/ ordinario» , del 11/12/2017 y sus citas).

En cuanto a la impugnación efectuada a fs. 3305/06, nótese que no resulta obligación del perito acompañar la documentación tenida a la vista para realizar el informe, debiéndose limitar a contestar los puntos de pericia ofrecidos oportunamente por las partes. Destáquese -a todo evento- que los propuestos por la demandada no versaron específicamente sobre el monto aquí discutido.

Por último, tampoco se puede exigirse un correlato exacto entre el cobro de los cheques y los accesos a la caja de seguridad, sino que basta con que las fechas de los eventos sean contemporáneas entre sí y demuestren un indicio de guarda por parte de la coactora.

Por todo lo expuesto, se desestima la queja intentada. d. Reclamo de £770 y ?1500 pertenecientes a los Sres. Oscar y Diego Natta y la Sra. Amendola.

Banco Provincia se agravió por la admisión de los importes en euros y libras esterlinas a favor de los accionantes.

Sostuvo que no se ha podido demostrar que la compra haya sido atesorada en el cofre ni el origen impositivo de la misma. A su vez, destacó que las sumas pudieron haber sido utilizadas en los viajes al exterior que surgen realizados de la contestación de oficio dirigida a la Dirección Nacional de Migraciones.

Para comenzar, señalaré que a criterio de quien suscribe esta ponencia la amplitud temporal evidenciada entre la compra de la moneda extranjera (junio/2008) y el robo (03/01/2011) impiden reconocer, sin más, el reclamo dinerario pretendido.

Nótese que, de la prueba informativa dirigida a la Dirección Nacional de Migraciones (fs.2962/2969), surge que durante el período en cuestión, el matrimonio y su hijo realizaron más de cuarenta viajes a diferentes destinos internacionales, siendo cada uno de ellos una oportunidad en la que se pudo haber utilizado la moneda extranjera obtenida para solventar los gastos incurridos.

En este sentido, hubiera resultado provechoso contar, por ejemplo, con las declaraciones impositivas de los coactores que permitieran demostrar, a la fecha del robo, la subsistencia de esas sumas dentro de su patrimonio.

Por todo ello, se admite la queja interpuesta por el accionado y se propone al Acuerdo rechazar el rubro pretendido. e. Reclamo por las alhajas y joyas pertenecientes a los Sres. Oscar y Diego Natta y la Sra. Amendola.

Se quejaron los accionantes por el rechazo total de este rubro. Sostuvieron que el Sr. Juez a quo no tuvo en cuenta las constancias relativas a la existencia y titularidad de las joyas sustraídas, ni que el estudio liquidador «Ascoli-Weil» aconsejó al banco abonar el precio de las alhajas y hasta tasó las mismas mediante un prestigioso joyero.

Diré en principio que las fotografías adjuntadas a fs. 378/394 (ver sobre reservado n° 095128) son muy distantes en el tiempo como para acreditar que la totalidad de las joyas denunciadas como robadas continuaban dentro del patrimonio de los accionantes al momento de producirse el siniestro. A su vez, ni la descripción realizada en el escrito de demanda (ver pto. IX.a, fs. 432/432vta.) ni las fotos mencionadas permiten distinguir con la necesaria precisión las alhajas cuyo valor se reclama para realizar una cotización.

Nótese que incluso el perito tasador tuvo dificultades para determinar el valor de varias piezas, destacando en más de una oportunidad que las fotos no eran claras o que no llegaba a verlas en detalle (ver fs.3181/3184, respuestas nº 3, 4, 6 a 9, 11 a 14, 16, 17, 18, 21, 23 a 25, 28 a 31 y 33 a 41 a los puntos de pericia ofrecidos por la actora).

A todo evento, recuérdese que lo que aquí interesa es la prueba de que esas joyas y alhajas no sólo eran de propiedad de los accionantes (extremo que hipotéticamente podría presumirse en virtud del material fotográfico acompañado y el importante patrimonio que se demostró poseen los reclamantes), sino que aquéllas se encontraban dentro de la caja de seguridad al momento de producirse el robo.

En este sentido, tampoco encuentro mayores indicios -sin perjuicio de la salvedad que se formulará a continuación- de que ello resulte así. Véase que, a diferencia de lo que ocurrió en los rubros anteriores, no hay otros elementos probatorios que den cuenta respecto a que dichas piezas fueran guardadas habitualmente allí, debiendo destacar -como lo hiciera el anterior sentenciante- que muchas de ellas parecían ser frecuentemente utilizadas por los recurrentes.

Sin perjuicio de lo dicho ut supra, sí propongo admitir el reclamo por el juego de anillo, aros y collar de oro blanco con piedra de tanzanita que fueran denunciados como sustraídos del cofre.

A fs. 360/362 del sobre reservado nº 95128 obra el certificado de compra, del cual, si bien se encuentra en idioma inglés, surge claramente que el conjunto fue adquirido por el Sr. Oscar Natta el 26/10/2010 en la ciudad de Pretoria, capital de Sudáfrica. La compra fue confirmada por la declaración del Sr. Julio Amendola, quien atestiguó que viajó junto al actor en un viaje de 25 días para presenciar el mundial de fútbol de Sudáfrica 2010, ocasión en la que el Sr. Natta adquirió «un colgante o unos aros de piedra que no recuerdo el nombre» (ver fs. 2178/79, respuesta cuarta y quinta y repregunta).

A mayor abundamiento, el informe de la Dirección Nacional de Migraciones da cuenta que en fecha 09/06/2010 el Sr.Natta viajó a Sudáfrica, regresando el 04/07/2010 (fs. 2962/2968). A su vez, la pericia contable demostró el ingreso a la caja de seguridad inmediatamente posterior a su regreso al país (ver fs. 3267, respuesta a) a los puntos de pericia solicitados por la demandad a).

Con respecto al valor de lo aquí reconocido, el perito tasador consideró que el valor mínimo que podía asegurar por el juego era de $ 3.000. La parte actora impugnó la pericia a fs. 3294/95, sin embargo, los cuestionamientos no logran modificar el importe aconsejado por el experto en tanto no se cuenta con fotografías con las que se pueda apreciar, con mayor precisión, las joyas valuadas.

Por todo ello, se admite parcialmente el agravio interpuesto por la parte actora y se propone al Acuerdo reconocer la suma de $ 3.000 por los bienes sustraídos.

VII. De seguido, analizaré la procedencia de los restantes daños reclamados como consecuencia del ilícito ocurrido. a. Pérdida de chance.

Cooperativa Neptuno se quejó respecto de la cuantía del rubro en cuestión por entender que las sumas de dinero hurtadas significaban casi el 90 % de su giro financiero lo que frustró la posibilidad de obtener ingresos al año siguiente y derivó en la necesidad de solicitar préstamos para continuar con su actividad.

Adelanto que el agravio será desestimado. Ello en tanto no se acreditó que el dinero resguardado en la caja de seguridad estuviera destinado para ningún negocio determinado, fuera a ser invertido de alguna forma, o siquiera si ya había préstamos concedidos que debieran ser afrontados con él.

Además, si se tiene en cuenta las manifestaciones de la apelante sobre su intención de utilizar parte de ese capital para la compra de un inmueble para establecer allí su sede (ver declaración de la contadora Maquieira de fs. 2175/2177, respuestas a preguntas 3 y 7 y fs.3265 de la pericia contable, respuesta 5 a los puntos de pericia ofrecidos por la parte actora), no parecería lógico admitir que la totalidad del monto reclamado sería ingresado al circuito de préstamos a conceder por la entidad.

Todo ello me persuade a confirmar el monto de condena decidido en primera instancia por el rubro en cuestión en tanto no se advierten otras probanzas en la causa que ameriten su incremento. b. Daño moral y daño psicológico.

Ambas partes criticaron los montos concedidos en concepto de daño moral y daño psicológico. La parte actora entendió que resultaban escuetos y que no se condecían con la prueba aportada en autos, en cambio la demandada negó que haya responsabilidad alguna por los padecimientos que pudieron haber sufrido los accionantes, sumado a la falta de probanzas que, a su entender, acrediten su existencia.

Respecto al daño psicológico, esta Sala tiene dicho que su resarcimiento es difícil de justipreciar, pues no solo se trata de un daño «invisible», sino que también pudo haber existido con antelación al hecho ilícito y haberse exteriorizado o recrudecido a raíz de él, con lo cual no sería un daño sobreviniente sino el agravamiento de uno preexistente (conf. C.N.Com., esta Sala, in re «Muglia, Carlos Gustavo c/ Transporte 27 de Junio S.A. s/ sumario», del 04/10/2004; ídem, in re «Ramos Daniel c/ Renault Argentina S.A. y otro», del 30/05/2016, entre otros). Por otra parte, considero que este detrimento no es autónomo, por cuanto la lesión a la psiquis puede generar minoraciones o daños patrimoniales o espirituales, integrando los rubros incapacidad o daño moral, o ambos, según cada caso en particular (conf. C.N.Com., esta Sala, in re «Cesare, Alejandra Raquel c/ Microomnibus Quilmes S.A.C.I. y F.», del 13/05/1994; id. in re «Suarez Lauriana y otros c/ Expreso Parque El Lucero S.A. y otros», 12/07/2013, entre otros).

Ergo, respecto del Sr.Oscar Natta evaluaré el daño psicológico dentro del moral, en tanto el robo de la caja de seguridad fue idóneo para sumir al accionante en el estado psíquico descripto por el perito y se torna necesario un tratamiento para su superación.

Así, corresponde acceder a la indemnización para atender esos gastos, habida cuenta que el daño psicológico tiende a reparar las efectivas disfunciones y trastornos de orden psíquico que alteren la personalidad integral de la víctima.

En este sentido, la pericia psicológica obrante a fs. 3277/3280 dio cuenta que el Sr. Oscar Natta presenta un «trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo de curso crónico y grado leve que lo incapacita en forma parcial y permanente en un 10 % del Valor Obrero Total y Total Vida» (ver respuesta n° 4 a los puntos de pericia ofrecidos por la parte actora).

El testigo Julio Amendola señaló que la reacción del Sr. Natta al enterarse del robo sucedido en el Banco Provincia «fue tremenda» (ver fs. 2178/2179 respuesta n° 3). Ello coincide con lo testimoniado por la escribana Silvina Calot quien dijo «.como fui la única que ingresé con el actor a la bóveda también mi actuación fue de contención hacia el actor pensé que le daba un infarto.» (ver fs. 2200/2201, respuesta a la pregunta n° 4). Por último, la declarante Marisa Cornelli también atestiguó que el Sr. Natta estaba transitando problemas de salud y depresión (ver fs. 2250/2251, respuesta segunda).

A su vez, y teniendo en cuenta que el reclamo en concepto de daño moral también comprende a los restantes coactores, recuerdo que dentro de la órbita de la responsabilidad contractual prima un criterio restrictivo en materia de reparación de este perjuicio (Llambías, Jorge Joaquín, «Tratado de Derecho Civil – Obligaciones» T. I, pág. 353; Cazeaux Pedro N.- Trigo Represas Félix A., «Derecho de las Obligaciones», 2da. ed. T.I, pág. 382; Cichero Néstor, «La reparación del daño moral en la reforma de 1968», ED.66-157; Borda Guillermo, «Tratado de Derecho Civil – Obligaciones», T.I, pág. 195, nro. 175, ed. 1979; C.N.Civ., Sala F, LL 1978-B-521; C.N.Civ., Sala F, ED 88:628; C.N.Civ. Sala C, ED 60:226; C.N.Civ. Sala E, «Vitolo D, c/ Guardado, Nestor», del 19/9/1994; C.N.Civ., Sala L, «Mendez de Lopez Mansilla, Claribel y otra c/ Bonfiglio Wasbein y Bonfiglio SRL», del 13/6/1991; C.N.Com., Sala A, «Collo Collada A. c/ Establecimientos Metalúrgicos Crespo SACI», del 13/7/1984).

En ese sentido, sabido es que la reparación del daño moral derivado de la responsabilidad contractual queda librada al arbitrio judicial, quien libremente apreciará su procedencia. Sin embargo, se debe proceder con estrictez y es a cargo de quien lo reclama su prueba concreta. Pero además de probar la existencia del agravio, debe probarse, de alguna manera, su cuantía o, cuando menos, las pautas de valoración que permitan al Juzgador proceder a la determinación de conformidad con lo que establecen los CCiv: 522 y CPR 165. De otra manera la indemnización podría configurar una confiscación o enriquecimiento sin causa a favor del reclamante (conf. C.N.Com., esta Sala, in re «Laborde de Ognian Ethel Beatriz c/ Universal Assistance S.A.» del 09/02/2010 y sus citas).

Sin embargo, esa razonable restricción no puede erigirse en un obstáculo insalvable para el reconocimiento del agravio moral cuando el reclamo tiene visos de seriedad suficientes y encuentra base sólida en los antecedentes de la causa (ver C.N.Com., Sala C, in re «Giorgetti Héctor R. y otro c/ Georgalos Hnos.S.A.I.C.A.», del 30/06/1993; in re «Miño Olga Beatriz c/ Caja de Seguros S.A», del 29/05/2007).

No cabe duda de que el episodio de autos excedió una mera molestia o incomodidad, para tornarse en una situación en la cual los actores se vieron despojados de las pertenencias que habían sido resguardadas en la caja de seguridad violentada y que afectó la tranquilidad de la familia entera, como señaló la testigo Cornelli (ver fs. 2250/2251).

Súmese a ello, que los accionantes se vieron obligados a someterse a un exhaustivo estudio de su patrimonio, requerido por el banco demandado y realizado por el estudio liquidador de seguros Ascoli-Weil -designado por la entidad financiera-, con miras a recibir una indemnización por los bienes sustraídos, y, a pesar de la colaboración prestada por los accionantes y el dictamen en su mayoría favorable del estudio mencionado (ver fs. 2404 pto. 6 de la carpeta reservada), debieron iniciar el presente proceso para ver satisfechos sus derechos por cuanto la entidad demandada desoyó sus conclusiones.

Por tales consideraciones, a partir de lo descripto y a fin de cuantificar el daño, recuerdo que no caben aplicar pautas matemáticas, sino que es preciso valorar las circunstancias de la causa, pues la extensión de la reparación depende de las características de las partes; factores éstos que deben juzgarse a la luz del prudente arbitrio de los Jueces (conf. C.N.Com, esta Sala, in re «Rodríguez Luis María y otro c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y otro» , del 26/04/2001; ídem, in re «Villanueva Carvajal María Esther c/ Federación Patronal Seguros S.A.» , del 28/05/2014); por las características de la causa reseñadas, propongo rechazar los agravios de ambas partes y confirmar los importes prudencialmente otorgados en el pronunciamiento en crisis.

VIII.El Banco Provincia se agravió por la tasa de interés aplicada a la condena en moneda extranjera por considerar que la misma configura un enriquecimiento sin causa a favor de los reclamantes. Subsidiariamente, solicitó una reducción del porcentaje establecido. A su vez, se quejó por la fecha de mora impuesta para el cálculo de los intereses, la que estimó debía establecerse al momento de la celebración de la primera audiencia de mediación.

Ambas quejas constituyen argumentos que el accionado introduce en el proceso fuera de la oportunidad prevista en el código de rito y por ende extralimitan el ámbito de conocimiento de este tribunal a la luz de lo dispuesto por el art. 277 del cpr.

El artículo mencionado establece que la actuación de la alzada posee dos límites. Uno referido a la consideración de los agravios, pues ése es el ámbito de su actuación jurisdiccional, límite que corresponde al principio Atantum devolutum quantum apelatum.

En lo que atañe al segundo límite de potestad del tribunal de revisión el mismo tiene vinculación con la actividad previa del impugnante, ya que el contenido de la fundamentación del re curso debe encontrarse enmarcado dentro de la aludida esfera previamente limitada cual es el planteo introductorio que tiende a la determinación del thema decidendum.

Por regla, no pueden ser sometidas a consideración del Tribunal de apelación las cuestiones que no fueron oportunamente debatidas en la instancia anterior (Fallos 298: 492), y dado que las manifestaciones mencionadas no han sido interpuestas en el momento oportuno, no pueden ser tratadas en este decisorio.

Nótese que, al momento de iniciar demanda, los actores solicitaron que la indemnización sea abonada con más sus intereses calculados a la tasa activa del B.C.R.A. para las sumas reclamadas en pesos y la tasa del 8% para las sumas en moneda extranjera, ambos desde la fecha del robo (ver punto IX.E del escrito de demanda, fs.438/9), reclamos sobre los que el banco demandado no se expidió al contestar el traslado de ley conferido (ver fs.

1061/1086vta.).

Por ello se rechazan sin necesidad de realizar mayores consideraciones al respecto.

IX. En relación al agravio concerniente a la imposición de costas decidida en primera instancia, subrayo que es principio general en la materia que es la vencida quien debe pagar todos los gastos de la contraria y, que el juez puede eximirla, si encontrare mérito para ello, debiendo aplicar tal excepción, restrictivamente (C.N.Com., esta Sala, in re, «P. Campanario SAIC c/ Plan Ovalo SA de Ahorro para fines determinados s/ ordinario», del 20/03/1998).

El hecho de que algún pedido indemnizatorio no fuese admitido no obsta a dicha conclusión, toda vez que, en los reclamos por daños y perjuicios -como se da el caso en el sub lite-, las costas deben imponerse a la parte que con su proceder dio motivo al pedido resarcitorio, de acuerdo con una apreciación global de la controversia y con independencia que las reclamaciones del perjudicado hayan progresado parcialmente, sin que quepa sujetarse en esta materia a rigurosos cálculos aritméticos (conf. C.N.Com. esta Sala, in re «Enrique R. Zenni y Cía. S.A c/ Madefor S.R.L. y otro s/ ordinario», del 14/02/1991; idem, in re «Pérez, Esther Encarnación c/ Empresa Ciudad de San Fernando S.A. y otro s/ sumario» del 02/02/1999, entre otros).

Desde tal perspectiva, no se advierte que medien aquí circunstancias cuya peculiaridad -fáctica o jurídica- permitan soslayar el criterio objetivo de la derrota, debiendo en consecuencia confirmar la sentencia recurrida en este aspecto (Cpr. 68).

Respecto a las costas de Alzada, en atención al modo en que se decide y siendo que, en definitiva, ambas apelaciones prosperan en un escaso porcentaje, se distribuirán en el orden causado (art. 68 últ. párr. Cpr).

Como corolario, si mi criterio es compartido, propongo al Acuerdo: i) admitir parcialmente los recursos interpuestos por la parte actora a fs.4202 y por la demandada a fs. 4193 y, en consecuencia, ii) modificar la sentencia dictada a fs. 4169/4184 de acuerdo a lo dispuesto en los puntos VI.d y e de la presente, confirmándola en todo lo demás que decide, y iii) imponer las costas de esta instancia en el orden causado.

Así voto.

Por análogas razones, la Dra. María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero adhiere a las conclusiones del voto que antecede. Con lo que se terminó este Acuerdo que firmaron las señoras Jueces de Cámara. Oportunamente, incorpórese la foliatura correspondiente al Libro de Acuerdos Comercial Sala B, al momento de agregar esta sentencia digital en soporte papel.

ADRIANA MILOVICH

PROSECRETARIA DE CAMARA

Buenos Aires, Noviembre 11 de 2020.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que precede, se resuelve: i) admitir parcialmente los recursos interpuestos por la parte actora a fs. 4202 y por la demandada a fs. 4193 y, en consecuencia, ii) modificar la sentencia dictada a fs. 4169/4184 de acuerdo a lo dispuesto en los puntos VI.d y e de la presente, confirmándola en todo lo demás que decide, y iii) imponer las costas de esta instancia en el orden causado. Regístrese y notifíquese por Secretaría, en su caso, conforme Acordadas N° 31/11 y 38/13 CSJN y devuélvase.

Cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada N° 15/13 CSJN.

MATILDE E. BALLERINI

MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO

A %d blogueros les gusta esto: