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#Fallos Googlealo: El buscador de internet no está obligado a eliminar ciertos resultados de búsqueda relacionados con un ‘blog’ en el cual se alude al actor si no se advierten expresiones injuriantes sino un debate de ideas

Partes: G. M. A. c/ Google Inc. s/ habeas data

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 29-oct-2020

Cita: MJ-JU-M-129243-AR | MJJ129243 | MJJ129243

El titular de un buscador de internet no está obligado a eliminar ciertos resultados de búsqueda relacionados con un ‘blog’ en el cual se alude al actor si no se advierten expresiones injuriantes sino un debate de ideas respecto del contenido de ciertos actos de aquel en relación a terceros.

Sumario:

1.-Debe ser confirmado el rechazo del habeas data mediante la cual el actor procura que se ordene a la titular de un buscador de internet suprimir de sus archivos, registros, bases o bancos de datos sus datos personales con relación a ciertos resultados de búsqueda cuyo tratamiento estimó prohibido de acuerdo al art. 5 y ccdtes. de la Ley N° 25.356, pues no se advierte la existencia de expresiones que tengan un propósito estricta e indudablemente injuriante, sino que se refieren hechos o circunstancias que se le atribuyen en un ‘blog’, junto con la emisión de juicios de valor u opiniones sobre ciertas actuaciones, y por lo tanto no hacen a datos o juicios que estén comprendidos en la esfera de la intimidad o la vida privada, máxime cuando otros participantes del ‘blog’ realizan apreciaciones de diversa índole que dan cuenta de un debate de ideas respecto del contenido de ciertos actos del actor con relación a terceros.

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2.-Es improcedente la acción de habeas data por la cual el actor pretende que se ordene a la titular de un buscador de internet suprimir de sus archivos, registros, bases o bancos de datos, sus datos personales con relación a ciertos resultados de búsqueda cuyo tratamiento estimó prohibido en los términos del art. 5 y ccdtes. de la Ley Nº 25.356, si los contenidos objetados no admiten ser calificados como manifiestamente ilícitos y por ende la pretensión involucra el bloqueo de un contenido especialmente amparado por la libertad de expresión.

Fallo:

Buenos Aires, 29 de OCTUBRE de 2020.

VISTO: el recurso de apelación interpuesto y fundado a fojas 139/155, que contó con la réplica de fojas 157/160, contra la sentencia de fojas 129/136; y CONSIDERANDO:

I.- Que la señora juez rechazó la acción de habeas data promovida por M. A. G. contra Google Inc., mediante la cual procuraba que se le ordenara a la demandada suprimir de sus archivos, registros, bases o bancos de datos sus datos personales con relación a ciertos resultados de búsqueda cuyo tratamiento estimó prohibido en los términos del artículo 5 y concordantes de la Ley N° 25.356.

Para así decidir, la magistrada señaló que el actor no había hecho ningún esfuerzo argumentativo ni probatorio tendiente a desmentir las acusaciones que ha objetado. Por consiguiente, el hecho de que le resulten agraviantes no constituyen una razón válida para ordenar su eliminación, porque ello importaría restringir la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas, derecho que se encuentra garantizado por la Constitución Nacional y por la Ley N° 26.032. También señaló que las expresiones, opiniones o comentarios que considera falsos o injuriosos provienen de terceros, sin que existan constancias de que hubiera intentado determinar la identidad del autor de esos contenidos ni de la imposibilidad de hacerlo.

El actor apeló ese pronunciamiento. Adujo que las afirmaciones sobre su persona que cuestiona se encuentran desprovistas de sustento jurídico, fáctico y certeza, señalando que no se trata de información alojada en el blog mencionado en autos sino en los resultados de búsqueda del sitio http://www.google.com.ar, con independencia de lo que surge del propio contenido del blog en cuestión. En este sentido enfatizó que se trata de contenidos falsos alojados en el propio buscador en sus resultados de búsqueda.Controvirtió igualmente que pudiera efectuar cualquier tipo de acción para determinar la identidad del autor del contenido falso y dijo que sólo la demandada puede proceder a desindexar y bloquear los resultados de búsqueda que cuestiona. Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de sus planteos.

Conferido el traslado pertinente, fue replicado por la parte demandada en los términos que surgen del escrito obrante a fojas 157/160.

II.- Así planteada la cuestión a decidir, cabe señalar inicialmente que en su dictamen de fojas 168/173 el señor Fiscal ante esta Cámara ha realizado una detallada síntesis del caso y de los agravios propuestos por el actor, así como un prolijo examen de la controversia a la luz de la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia litigiosa.

En ese sentido destaca que en casos análogos al presente se ha sostenido que los derechos que se enfrentan son, por un lado, la libertad de expresión e información, y por el otro, dependiendo de la naturaleza de los contenidos o de la información difundida, el derecho a la intimidad o el derecho al buen nombre y honor.

Por su parte, el alto tribunal ha ponderado la importancia de la función que cumplen los motores de búsqueda en internet, ya que el derecho de expresarse a través de esa red fomenta la libertad de expresión tanto desde su dimensión individual como colectiva. Así, en tanto permite concretizar el derecho que tiene todo individuo a hacer público, a transmitir, a difundir y a exteriorizar -o no hacerlo- sus ideas, opiniones, creencias y críticas, desde lo colectivo constituye un instrumento para garantizar la libertad de información y la formación de la opinión pública (Fallos: 337:1174 ). Posteriormente, en el precedente registrado en Fallos:342:2187 afirmó que «la actividad de los motores de búsqueda desempeña un papel decisivo en la difusión global de dichos datos en la medida en que facilita su acceso a todo internauta que lleva a cabo una búsqueda a partir del nombre del interesado, incluidos los internautas que, de no ser así, no habrían encontrado la página web en la que se publican estos mismos datos».

Volviendo nuevamente al citado precedente de Fallos: 337:1174, la Corte Suprema afirmó que la responsabilidad de los llamados motores de búsqueda -como lo es la demandada en estas actuaciones- no debe ser juzgada de acuerdo a las normas que establecen una responsabilidad objetiva, desinteresada de la idea de culpa, sino a la luz de la responsabilidad subjetiva, y que en ese ámbito la regla general es que no corresponde responsabilizar a los buscadores por contenidos que no han creado.

No obstante, también se dijo allí que hay casos en que el buscador puede llegar a responder por un contenido que le es ajeno, lo que sucederá cuando haya tomado efectivo conocimiento de la ilicitud de ese contenido, si en esas condiciones no adoptó una conducta diligente.

Prosiguió la Corte señalando que cuando el contenido que se califica como dañoso importe eventuales lesiones al honor o de otra naturaleza pero que exijan un esclarecimiento que sea necesario debatir o precisar en sede judicial o administrativa para su efectiva determinación, cabe entender que no puede exigirse al buscador que supla la función de la autoridad competente ni la de los jueces, por lo que es necesaria la notificación judicial o administrativa que sea pertinente.

En ese orden de ideas, el señor Fiscal puntualiza adecuadamente que, de acuerdo con el planteo formulado en la demanda, la ilicitud en función de la cual procedería el bloqueo de los contenidos se sostiene en que se trata de información falsa, cuya difusión afecta el derecho al buen nombre y honor del actor, en tanto su adversaria afirmó que no revisten ilicitud alguna, por lo que corresponde efectuar unaapreciación de su naturaleza y de los derechos afectados por su difusión.

III.- Prosiguiendo con el examen que realiza el señor Fiscal en el dictamen de fojas 168/173, para analizar la procedencia de la pretensión del actor se debe recordar que cuando la Corte Suprema debió analizar la responsabilidad de los buscadores por los daños que pueden causar los contenidos a los derechos a la intimidad o al buen nombre y honor, entendió que aquellos pueden llegar a responder por un contenido que le es ajeno cuando hayan tomado efectivo conocimiento de la ilicitud de ese contenido, si ello es seguido de un actuar diligente. Precisamente es ese conocimiento del contenido ilícito es lo que hace que deje de ser ajeno, por lo cual incurriría en culpa al no procurar el bloqueo de ese resultado (confr. Fallos: 337:1174 y 340:1236 ).

En este caso, la ilicitud atribuida a los contenidos deriva del hecho de tratarse de información falsa cuya difusión afecta el derecho al buen nombre y honor del demandante.

IV.- El tribunal coincide con el señor Fiscal en que ese material no resulta manifiestamente ilícito, para lo cual recuerda en su dictamen que la Corte reservó esa condición para los «contenidos dañosos, como pornografía infantil, datos que faciliten la comisión de delitos, que instruyan acerca de éstos, que pongan en peligro la vida o la integridad física de alguna o muchas personas, que hagan apología del genocidio, del racismo o de otra discriminación con manifiesta perversidad o incitación a la violencia, que desbaraten o adviertan acerca de investigaciones judiciales en curso y que deban quedar secretas, como también los que importen lesiones contumeliosas al honor, montajes de imágenes notoriamente falsos o que, en forma clara e indiscutible, importen violaciones graves a la privacidad exhibiendo imágenes de actos que por su naturaleza deben ser incuestionablemente privados, aunque no sean necesariamente de contenido sexual».

No se advierte así que en el contenido cuestionado por el actor se viertan expresiones que tengan un propósito estricta eindudablemente injuriante, sino que se refieren hechos o circunstancias que se le atribuyen, junto con la emisión de juicios de valor u opiniones sobre las actuaciones referenciadas, y por lo tanto no hacen a datos o juicios que se encuentren comprendidos en la esfera de la intimidad o la vida privada de la persona señalada. Por otra parte, otros participantes del blog realizan apreciaciones de diversa índole, que dan cuenta de un debate de ideas respecto del contenido de ciertos actos del actor con relación a terceros.

Sobre esa base, se debe descartar que los contenidos objetados admitan ser calificados como manifiestamente ilícitos; y como consecuencia de ello se arriba a la conclusión de que la pretensión involucra el bloqueo de un contenido especialmente amparado por la libertad de expresión, lo que a su vez implica que procede aplicar un estándar riguroso para apreciar la procedencia de lo requerido.

Agrega el señor Fiscal que los agravios propuestos no son idóneos para refutar los fundamentos de la sentencia, conclusión que el tribunal comparte. Para sustentar esa conclusión recuerda lo dicho por la señora juez, acerca de la ausencia de esfuerzo argumentativo y probatorio para desmentir las acusaciones efectuadas en el blog y que las afirmaciones formuladas en el recurso sobre la falsedad de esos dichos no tienen pruebas ni correlato con lo actuado.

Además de ello, las alegaciones del actor referidas a las pruebas producidas en el caso no son admisibles. En primer lugar, la declaración del testigo Luciano Raúl Prates no contiene información determinante sobre ese punto. En el interrogatorio agregado a fojas 102 no hay preguntas sobre las conductas atribuidas al actor. Sólo en la quinta pregunta -formulada a viva voz- surge lo relativo a la la acusación que se formulaba al demandante y si eso es cierto.Sobre este último punto el testigo dijo que no le consta, añadiendo que la información que recibió fue a través de un enlace al blog y que después «no hubo nada que me llegara a mí que me hiciera pensar que fue así, no puedo decirlo». Ciertamente, el testigo no asevera que tales actos hubieran acontecido, pero tampoco lo niega en forma concreta y categórica, limitándose a afirmar que no le cons ta. Es por ello que sus dichos no constituyen una prueba en el sentido que invoca el apelante, pues sobre esa base no es posible sustentar una conclusión en ninguno de los dos sentidos posibles.

Lo mismo sucede con el informe agregado a fojas 119, de donde surge que la inexistencia de denuncias administrativas contra el señor G. en el sistema informático de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Plata de la Universidad de esa ciudad. También aquí es evidente que esa inexistencia no es prueba concreta de que no hubieran mediado las conductas que se le han atribuido, ya que el informe se limita a denuncias formales en sede académica, lo que ciertamente constituye una cuestión diferentes.

El segundo agravio que propone el recurrente tampoco es admisible ya que -remitiendo una vez más al análisis efectuado por el representante del Ministerio Público Fiscal- no le asiste razón al negar la posibilidad de denunciar el contenido de una página alojada en http://www.wordpress.com, como es el blog que incluye los contenidos impugnados.

Así lo explicitó el perito ingeniero en sistemas en el punto 14 de su informe, añadiendo un aspecto relevante que se relaciona directamente con el objetivo perseguido por el actor, y es que en caso de que el titular del sitio eliminara la URL denunciada por el actor, el link correspondiente no aparecería en el listado de coincidencias de la búsqueda seleccionada.

De acuerdo con lo expuesto, lo agravios vertidos por el recurrente no son idóneos para conmover los fundamentos que tuvo en cuenta la magistrada para adoptar su decisión.Por ello, y de acuerdo con los argumentos expuestos con mayor desarrollo en el dictamen de fojas 168/173, al que se remite para evitar reiteraciones innecesarias y que se considera parte integrante de este pronunciamiento, el tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas.

Teniendo en cuenta la entidad de la labor desarrollada por el perito ingeniero en sistemas de información, así como su relevancia en la decisión adoptada en autos, se elevan sus honorarios a la suma de.pesos ($ .), equivalentes a .UMA (artículo 60 de la Ley N° 27.423 y Acordada N° 2/20 de la C.S.J.N.).

Por las tareas de alzada, se fijan los emolumentos del letrado apoderado de la demandada, Dr. Arnaldo Cisilino, en la suma de .pesos ($ .), equivalentes a . UMA, y los del letrado apoderado del actor, Dr. Adolfo Martín Leguizamón Peña, en .pesos ($ .), equivalentes a .UMA (artículos 16, 20, 30 y 48, ley citada y Acordada N° 2/20 de la C.S.J.N.).

Regístrese, notifíquese -al señor Fiscal en la forma solicitada en el dictamen- y devuélvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

JUEZ DE CAMARA

EDUARDO DANIEL GOTTARDI

JUEZ DE CAMARA

RICARDO GUSTAVO RECONDO

JUEZ DE CAMARA

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