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#Fallos Impuestos: Inconstitucionalidad del régimen establecido por el GCBA en relación a Ingresos Brutos, mediante el cual se fijaron alícuotas diferenciales en función del lugar de radicación del contribuyente

Partes: Molinos Cañuelas Sacifia y otro c/ Gcba-Agip-Dgr s/ proceso de conocimiento

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 19-nov-2020

Cita: MJ-JU-M-129283-AR | MJJ129283 | MJJ129283

Corresponde confirmar la declaración de inconstitucionalidad del régimen establecido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos mediante el cual se fijaron alícuotas diferenciales en función del lugar de radicación de la contribuyente.

Sumario:

1.-Corresponde declarar la invalidez de la pretensión fiscal de la demandada pues queda en evidencia la discriminación que genera la legislación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función del lugar de radicación de la contribuyente, en tanto lesiona el principio de igualdad (art. 16 de la CN.) y altera la corriente natural del comercio (arts. 75, inc. 13 , y 126 de la CN), instaurando así una suerte de ‘aduana interior’ vedada por la Carta Magna (arts. 9º a 12 de la CN) para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio.

2.-Corresponde desestimar la solicitud de remisión de las actuaciones al fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad peticionada por la demandada, toda vez que el juez local no ha cumplido con la diligencia establecida por el art. 9º del CPCCN, por lo que resultaba prematuro un pronunciamiento al respecto.

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3.-Se juzga que se hallan reunidos la totalidad de los requisitos fijados por el art. 322 del CPCCN. para la admisión formal de la acción intentada, pues resulta suficiente el ‘acta de requerimiento’ por medio de la cual se había liquidado una diferencia del Impuesto sobre Ingresos Brutos a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Fallo:

En Buenos Aires, a 19 de noviembre de 2020, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de esta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer los recursos interpuestos en los autos «MOLINOS CAÑUELAS SACIFIA Y OTRO c/ GCBA-AGIP-DGR s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO», contra la sentencia del 9/3/2020, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara Marcelo Daniel Duffy dijo:

1º) Que por sentencia del 9/3/2020 el a quo hizo lugar a la demanda promovida por Molinos Cañuelas SACIFIA y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del régimen establecido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos mediante el cual se fijaron alícuotas diferenciales, así como de los actos administrativos que se hubiesen dictado en consecuencia.

Impuso las costas a la demandada vencida, toda vez que no se advertían motivos para apartarse del principio de la derrota (art. 68, primera parte, del CPCCN).

Reguló los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte actora en $., correspondiendo $.al Dr. Eduardo Marcelo Gil Roca y $.al Dr. Juan Manuel González Capra (art.6º, 7º, 9º, 37 y 38 de la ley 21.839, vigente al momento de cumplirse el trabajo objeto de regulación). Aclaró que, en el caso de que los profesionales acreditasen su condición de responsables inscriptos frente al Impuesto al Valor Agregado, se debería adicionar a los honorarios regulados la alícuota correspondiente a dicho tributo, a cargo del condenado en costas.

Para así resolver, explicó que la actora había promovido acción declarativa de certeza contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto que se pusiera fin a la situación de incertidumbre generada por la demandada, al pretender someterla a una alícuota diferencial más elevada en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (períodos fiscales 2016 -septiembre a diciembre- y 2017 -enero a julio-). Ello, en función de lo dispuesto en los art. 57 de la ley 5.494 y 64 de la ley 5.723 (correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017, respectivamente), que habían establecido una alícuota del 4% aplicable a los contribuyentes que no tuvieran su establecimiento industrial en esa jurisdicción y del 1% a los que sí cumplieran con esa condición.

En primer lugar, con relación a la inhibitoria denunciada por la demandada, señaló que ese planteo ante la justicia local no producía por sí solo la suspensión del proceso y que no incidía en la resolución de la presente causa.

Agregó que, tanto el juzgado de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de esta ciudad como su alzada, habían rechazado la inhibitoria formulada.

Por su parte, en cuanto a la procedencia formal de la acción incoada, señaló que la administración tributaria había generado un cargo de inspección y practicado un ajuste en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (períodos 9/2016 a 7/2017) toda vez que la contribuyente había declarado un alícuota del 1% y no del 4%, conforme los términos de la normativa local.Ello así, ante la falta de conformidad de la contribuyente, el fisco local había girado las actuaciones para el inicio del procedimiento determinativo de oficio. En este orden de ideas, destacó que existía una actividad concreta del fisco local dirigida a la determinación y cobro del gravamen en función de lo dispuesto en la normativa aquí cuestionada y que la cuestión propuesta buscaba precaver los efectos de actos a los que la actora les atribuye ilegitimidad y lesión al régimen federal. Por lo tanto, concluyó que existía un interés serio y suficiente para la obtención de certeza pretendida e imponía un pronunciamiento judicial.

Con relación al fondo del asunto, el a quo advirtió que había sido abordado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente «Bayer S.A.» (Fallos 340:1480). En este escenario, explicó que, en dicha causa el Tribunal Cimero, al analizar el régimen establecido por la provincia de Santa Fe que había fijado -al igual que en sub lite- un alícuota diferencial en relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, había concluido que la legislación provincial, que discriminaba en función del lugar de radicación del contribuyente, perjudicando los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, lesionaba el principio de igualdad y alteraba la corriente natural del comercio, instaurando una surte de «aduana interior» vedada por la Constitución Nacional (arts. 9º a 12, 16, 75, inc.13, y 126 de la CN).

Tras ello, aclaró que «aún en el convencimiento de que la solución brindada por el Máximo Tribunal dista de ser la única válida en la senda hacia un federalismo robusto», en función de la autoridad institucional de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por razones de economía y celeridad procesal, correspondía acoger a la pretensión deducida y declarar la inconstitucionalidad del régimen establecido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2º) Que, contra este pronunciamiento, el 4/8/2020 la demandada interpuso recurso de apelación. Por su parte, el 7/8/2020 los letrados Juan Manuel González Capra y Eduardo Marcelo Gil Roca interpusieron sendos recursos de apelación contra la regulación de sus honorarios. El 13/8/2020 el a quo concedió libremente el recurso interpuesto por la demandada, rechazó el recurso presentado por el Dr. Gil Roca por extemporáneo y concedió los restantes por estipendios profesionales, en los términos del art. 244 del CPCCN.

El 18/8/2020 el Dr. Gil Roca interpuso recurso de reposición contra el rechazo referido supra. En consecuencia, el 20/8/2020 el juez de primera instancia hizo lugar al planteo y concedió el recurso de apelación interpuesto por el letrado contra la regulación de honorarios en los términos del art. 244 del CPCCN.

Posteriormente, mediante las presentaciones del 21/8/2020 los letrados y la demandada contestaron los traslados conferidos respecto de los recursos concedidos en los términos del art. 244 del CPCCN.

Puestos los autos en la Oficina, el GCBA expresó sus agravios el 10/9/2020, que fueron contestados por la actora el 25/9/2020.

3º) Que, la demandada se agravió, en primer lugar, de lo resuelto por el a quo en relación a la inhibitoria planteada. En este escenario, manifestó que el 26/8/2020 el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad resolvió favorablemente la inhibitoria planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Ello así, solicitó que se remitieran las presentes actuaciones al fuero contencioso administrativo local, toda vez que era el competente para entender en autos.

En segundo lugar, se agravió respecto de la admisibilidad de la acción impetrada. En este orden de ideas, argumentó que no había incertidumbre, daño o perjuicio actual en cabeza de la actora, sino que esta última simplemente estaba en desacuerdo con el modo en que debía tributar. Agregó que las garantías en torno al ejercicio de sus defensas estaban intactas porque la contribuyente disponía de las vías recursivas de reconsideración y jerárquica, y que, de no atenderse a su pretensión en la instancia administrativa, podría impugnar judicialmente los actos que a su entender le causaban perjuicio.

Con relación al fondo de la cuestión, afirmó que el magistrado no había precisado si compartía o no los fundamentos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni aclarado si había encontrado nuevos fundamentos para apartarse de lo allí resuelto y, en tal caso, si mantuvo tal decisión en función de la fuerza moral que ostentaban los pronunciamientos de aquel Tribunal. Ello así, concluyó que el juez no había expuesto su parecer acerca de la cuestión que le fue puesta a conocimiento, por lo que la sentencia carecía de fundamentación.

Asimismo, afirmó que el régimen local era legítimo, toda vez que la categoría o grupo creado por la norma respetaba el principio de igualdad y tenía un fin promocional, esto es, incentivar la actividad industrial en la Ciudad de Buenos Aires. En este orden de ideas, explicó que el a quo había desconocido la esencia misma del Impuesto sobre los Ingresos Brutos toda vez que la regla general es la gravabilidad, siendo el otorgamiento de beneficios impositivos, como lo es la alícuota reducida, de carácter excepcional.Explicó que la discriminación era inexistente ya que la desigualdad se daba entre los iguales y que la exención o alícuota reducida beneficiaba a los contribuyentes que tenían un establecimiento radicado en la ciudad y que cumplían con todos los requisitos.

Agregó que el régimen cuestionado no impedía ni obstaculizaba en modo alguno el comercio interjurisdiccional. Ello así, concluyó que la sentencia en crisis no reparaba una desigualdad, sino que la creaba toda vez que colocaba a la contraria en una situación de privilegio frente a los contribuyentes que sí tenían un establecimiento industrial en el ejido de esta ciudad.

Adicionalmente, sostuvo que el régimen cuestionado no impedía ni obstaculizaba en modo alguno el comercio interjurisdiccional.

Además, expresó que resultaba improcedente la aplicación al caso del precedente «Bolsa de Cereales de Buenos Aires» (Fallos: 334:1464), dado que allí se encontraba en discusión una cuestión relativa al Impuesto de Sellos donde la radicación del contribuyente no resultaba definitoria del hecho imponible.

Por su parte, manifestó que la sentencia omitió considerar que la actora se había sometido durante años al régimen aquí cuestionado sin hacer reservas o cuestionamientos a las normas que regulaban las alícuotas reducidas para los contribuyentes que tuvieran su establecimiento industrial emplazado en la Ciudad de Buenos Aires.Ello así, expresó que Molinos Cañuelas SACIFIA había consentido la aplicación de ese régimen y que la sentencia aquí cuestionada propiciaba una vulneración de la teoría de los actos propios.

En otro orden de id eas, sostuvo que la decisión del magistrado de la instancia anterior conculcó el principio de autonomía y de división de poderes que la Constitución Nacional reconoce a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto limitaba su potestad tributaria e interfería dentro de las competencias propias del Poder Legislativo y Ejecutivo local.

Por último, se agravió de que el a quo había consagrado una inconstitucionalidad sin haber corroborado si la actora había efectivamente obtenido ingresos por el ejercicio de su actividad industrial y agregó que no se había fundado la inconstitucionalidad decretada ni se había acreditado la vulneración a derecho constitucional alguno.

4°) Que, el 25/9/2020 se corrió vista al señor Fiscal General para que se expidiera respecto de la inhibitoria formulada por la demandada y sobre la inconstitucionalidad declarada por el a quo, que fue respondida mediante el dictamen del 1/10/2020.

En dicha oportunidad, con relación a la primera cuestión, señaló que de la compulsa de las presentes actuaciones se advertía que, tras el decisorio del Superior Tribunal de Justicia, el magistrado del fuero local no había requerido la remisión de este expediente. Ello así, expresó que no se presentaban los extremos previstos en los artículos 9° y 10 y, en consecuencia, consideró que no correspondía que se emita aún un pronunciamiento «aceptando o no la inhibición» por lo que opinó que correspondía rechazar ese planteo.

Por su parte, respecto a la inconstitucionalidad declarada por el magistrado, se remitió a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re «Bayer S.A.», reiterado en «Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, provincia del s/ acción declarativa de certeza» y «Droguería del Sud S.A.c/ Buenos Aires, provincia de s/ acción declarativa de certeza» (sentencias del 31/10/2017 y 6/11/2018, respectivamente). En función de lo expuesto, concluyó que la normativa impugnada era contraria a lo dispuesto en los arts. 16 y 75, inc. 13, de la Constitución Nacional, «en tanto discrimina a los contribuyentes en función del lugar de radicación de sus actividades y obstaculiza el desenvolvimiento del comercio entre las provincias argentinas, instaurando una especie de aduana interior», por lo que consideró que correspondía rechazar el planteo efectuado por la demanda respecto a este punto.

5°) Que, de los temas que se someten a consideración, corresponde tratar, en primer término, el agravio atinente al planteo de inhibitoria efectuado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En este orden de ideas, cabe destacar que este Tribunal se expidió recientemente en un caso similar al aquí suscitado rechazando el planteo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (cfr. causa N° CAF 61652/2017, «ZF Argentina SA c/ Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Proceso de Conocimiento», resol. del 8/10/2020). En efecto, en dicha ocasión, desestimó la solicitud de remisión de las actuaciones al fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad efectuada por la demandada, toda vez que el juez local no había cumplido con la diligencia establecida por el art. 9º del CPCCN, por lo que resultaba prematuro un pronunciamiento al respecto y, en su caso, la elevación del expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, se destacó que no se advertían circunstancias excepcionales que justificaran apartarse del trámite que prevé el CPCCN, toda vez que el mero planteo de una inhibitoria no posee por sí carácter suspensivo del procedimiento (esta Sala, causa 388/17, «Mastellone Hnos SA c/ Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ proceso de conocimiento», resol.del 10/4/2018). Por otra parte, se señaló que, atento a que la inhibitoria había sido desestimada por las instancias ordinarias de la justicia local, el proceso siguió su curso y se dictó sentencia sobre el fondo favorable a la actora y confirmada por esta Alzada, lo que, al menos, desmerecía la urgencia planteada.

Sobre tal base, cabe concluir que la cuestión se encuentra correctamente tratada en el dictamen del señor Fiscal General desarrollado supra, a cuyos argumentos y conclusiones cabe remitirse en honor a la brevedad y, en función de lo expuesto, rechazar el agravio aquí tratado.

6°) Que, sentado ello, en el sub lite se encuentra en discusión, por un lado, la procedencia formal de la vía intentada por la actora y, por el otro, determinar si resulta legítimo el cobro de una «alícuota incrementada» en el Impuesto sobre Ingresos Brutos por el solo hecho de que el establecimiento industrial de la contribuyente no se encuentre radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese contexto, cabe señalar que las cuestiones planteadas resultan sustancialmente análogas a las resueltas por esta Sala en la causa «Pernod Ricard Argentina SRL c/ GCBA-AGIP-DGR s/ Proceso de Conocimiento» , sentencia del 4/2/2020 (en el mismo sentido, «RHEEM SA c/ GCBA-AGIP-DGR s/ Proceso de Conocimiento» y «ZF Argentina SA c/ Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Proceso de Conocimiento», sentencias del 5/3/2020 y 11/8/2020, respectivamente) a cuyos términos y conclusiones corresponde remitirse por razones de brevedad.

7°) Que, con relación a la procedencia formal de la vía, este Tribunal indicó que era suficiente el «acta de requerimiento» por medio de la cual se había liquidado una diferencia del Impuesto sobre Ingresos Brutos a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, agregando que «dichos actos -a los que la actora atribuye ilegitimidad y lesión al régimen federal- representan una conducta explícita de la demandada, dirigida a la «percepción» del impuesto que estima adeudado (Fallos:308:2569; 310:606 y 977; 311:421 y 330:2049 , entre otros), con entidad suficiente para sumir a la peticionante en un «estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica», entendiéndose por tal a aquélla que es concreta al momento de dictarse el fallo» («Pernod Ricard Argentina SRL», ya citado, consid. 4°).

En este orden de ideas, de las constancias probatorias del expediente surge que la Dirección General de Rentas, mediante el Acta N° 03- 00335493, notificó a Molinos Cañuelas SACIFIA de las «Diferencias de Verificación» a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondientes a los períodos 9/2016 a 7/2017 por la suma de $ 10.333.549,75. Ello, por haber sido detectada la «diferencia de alícuota correspondiente a los períodos fiscales 09/2016 a 07/2017 para las actividades de Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles refinadas, Molienda de trigo, Elaboración de alimentos preparados para animales, Elaboración de galletitas y bizcochos, Elaboración industrial de productos de panadería excluidos galletitas y bizcochos, Elaboración de pastas alimenticias secas, donde la contribuyente declara la alícuota del 1%, correspondiendo de acuerdo a lo normado en las leyes tarifarias correspondientes la aplicación del 4%» [v. presentación del 5/10/2017 identificada como «Interpone acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad – Solicita urgente medida cautelar (Parte 1 de 5)»].

Por lo expuesto, se hallan reunidos la totalidad de los requisitos fijados por el art.322 del CPCCN para la admisión formal de la acción intentada, circunstancia que sella la suerte adversa del agravio impetrado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a este punto.

8°) Que, por su parte, en lo atinente a la cuestión de fondo, los argumentos planteados por la demandada encuentran respuesta suficiente en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re «Bayer S.A.» (Fallos 340:1480).

En tales condiciones y en forma coincidente con el dictamen del Señor Fiscal General (v. presentación del 14/9/2020), lo cierto es que en el caso queda en evidencia la discriminación que genera la legislación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función del lugar de radicación de la contribuyente, en tanto lesiona el principio de igualdad (art. 16 de la CN) y altera la corriente natural del comercio (arts. 75, inc. 13, y 126 de la CN), instaurando así una suerte de «aduana interior» vedada por la Carta Magna (arts. 9º a 12 de la CN) para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada.

9°) Que, respecto a las costas, no encontrándose circunstancias excepcionales que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota, corresponde imponerlas a la demandada vencida (art. 68, primera parte, del CPCCN).

10) Que, en relación con la regulación de honorarios, en primer lugar, es dable destacar que, sobre la base regulatoria esta Sala había sostenido que correspondía el cómputo de intereses hasta la fecha de la regulación (Exp. «Uzal S.A. c/Estado Nacional-Mº de Economía s/ juicios de conocimientos», sent. del 25/10/96, y plenario de la Excma. Cámara del fuero in re «Unola de Argentina Ltda. c/ Y.P.F. s/ contrato administrativo», resol. del 23/9/2003). Sin embargo, posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la regulación de honorarios de esta Sala (Fallos:330:704), y dispuso que en el monto del juicio, a los efectos de la estimación de los honorarios, «no deben acumularse los intereses al capital, sino que debe practicarse la regulación sobre el quantum de este último».

Frente a ello, este Tribunal solicitó la convocatoria de los miembros de la Cámara en pleno a los efectos de resolver sobre la vigencia de la doctrina legal sentada en «Unola de Argentina Ltda. c/ Y.P.F. s/ contrato administrativo» (cfr. causa nº 2.725/1993 «Pitchon Gabriel c/Estado de Israel y otros s/ juicios de conocimiento»). En dicha oportunidad, la mayoría procedió a dejar sin efecto la doctrina legal citada, reservando a cada sala la resolución jurisdiccional de las contiendas que le fueran sometidas, sin sujeción a una doctrina uniforme.

Teniendo en cu enta lo expuesto, de conformidad con lo establecido en los artículos 6º, 7º, 9º, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839 -vigente al momento de los hechos-; y teniendo en cuenta la naturaleza del juicio, la trascendencia económica de la cuestión resuelta, su monto [v. presentaciones del 5/10/2017 identificadas como «Interpone acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad – Solicita urgente medida cautelar (Parte 1 de 5)» e «Interpone acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad – Solicita urgente medida cautelar (Parte 2 de 5)»] y la calidad y eficacia de la labor desarrollada en la única etapa del proceso, ELÉVENSE los honorarios regulados a favor del Dr. Eduardo Marcelo Gil Roca en la suma de pesos. ($ .) y los del Dr. Juan Manuel González Capra en la suma de pesos.($ .).

Asimismo, toda vez que las costas de esta instancia se imponen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y concordantes de la ley de arancel, la importancia del asunto discutido y la tarea desempeñada ante esta Alzada (contestación de agravios del 25/8/2020), REGÚLANSE los honorarios del Dr. Eduardo Marcelo Gil Roca, letrado patrocinante de la parte actora en la suma de pesos.($.) y los del doctor Dr. Juan Manuel González Capra, letrado apoderado de la actora, en la suma de pesos.($.).

Por último, las retribuciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales frente al citado tributo.

Por ello, VOTO por:

1º) Rechazar el recurso interpuesto por la demandada, con costas a la demandada vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

2º) Regular los honorarios conforme a lo dispuesto en el considerando 10.

Los señores jueces de Cámara Jorge Eduardo Morán y Rogelio W. Vincenti adhirieron al voto precedente.

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso interpuesto por la demandada, con costas a la demandada vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

2º) Regular los honorarios conforme a lo dispuesto en el considerando 10.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORAN

ROGELIO W. VINCENTI

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