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#Fallos A pagar: Imposición de costas a la demandada a pesar de haberse allanado, pues la obra social proveyó la cobertura solicitada después del dictado de la medida cautelar, y no ante los reclamos administrativos previos

Partes: C. N. E. c/ Osde s/ prestaciones médicas

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

Sala/Juzgado: II

Fecha: 9-nov-2020

Cita: MJ-JU-M-129056-AR | MJJ129056 | MJJ129056

Imposición de costas a la demandada a pesar de haberse allanado, pues recién proveyó la cobertura solicitada después del dictado de la medida cautelar, y no ante los reclamos administrativos previos.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que impuso las costas a la demandada, pues existió la necesidad de iniciar la demanda por culpa del demandado, ya que la obra social proveyó la cobertura solicitada después del dictado de la medida cautelar, y a pesar que el actor había requerido previamente a la accionada la provisión de la bomba microinfusora de insulina, por lo cual no es aplicable la excepción establecida por el art. 14 de la Ley 16.986.

2.-Para eximir de costas a quien se allana no es suficiente que el allanamiento reúna los requisitos de ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo, sino que, además no debe haberse originado la necesidad de iniciar la demanda o de articular la excepción por culpa del demandado.

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3.-En tanto el allanamiento entraña un reconocimiento de la razón que asiste al actor, no sólo releva a éste del onus probandi sino que, además, produce la extinción del conflicto y por ende del proceso; ante ello, al juez no le cabe otra alternativa que dictar sentencia favorable al actor, a menos que el allanamiento configure una vulneración de principios que tocan el orden o la moral pública.

Fallo:

San Martín, 9 de noviembre de 2020.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Llegan estas actuaciones a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia de fecha 19/10/2020, en la cual el Sr. Juez «a quo» hizo lugar a la acción promovida y ordenó a la Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) que proveyera la cobertura integral de una bomba microinfusora de insulina con todas las características técnicas indicadas en el pedido de provisión suscripto por la Dra. María Antonia Vivona -que ya fue provista-, con más los insumos que fueran necesarios para el adecuado uso y funcionamiento del sistema.

Asimismo, impuso las costas a la demandada vencida.

Para así decidir, sostuvo en primer lugar, que se encontraba acreditado e indiscutido en razón del allanamiento a la pretensión de la actora, que el accionante padecía diabetes mellitus tipo 1 y que su médica tratante le indicó la bomba reclamada en autos, la cual la demandada informó que ponía a disposición la cobertura al 70%.

Destacó, que ante una afección como la padecida por el amparista, no existían dudas que en la presente causa se ventilaba una cuestión relativa al derecho a la salud, materia en la que le correspondía a la demandada actuar dando respuesta rápida y eficaz.

Resaltó, que ante la mora verificada en el cumplimiento de la conducta debida, la acción era procedente por encontrarse acreditada la afección, la prescripción de la operación, la afiliación a la demandada y la consiguiente obligación de garantizar la autorización oportuna y gratuita a la intervención recetada por el profesional que lo asistía.

Luego, señaló que el allanamiento a la pretensión fue formulado en tiempo y forma y exteriorizado de manera expresa e inequívoca por lo que correspondía tener por allanada a la demandada y en consecuencia, hacer lugar a la demandad incoada por el actor.

Finalmente, impuso las costas a la accionada vencida en atención a la demora enel cumplimiento de la conducta debida.

II.- Se agravió la recurrente, de la imposición de las costas ordenada por el magistrado de grado, destacando que nunca existió una decisión de fondo en la que, luego de considerados los argumentos de las partes y las pruebas ofrecidas, se hubiera llegado a la convicción de que le asistía razón a alguna de ellas, toda vez que su mandante se allano a la pretensión de la parte actora.

Resaltó, que el accionante inició la acción porque pretendía la cobertura del 100% de la microinfusora de insulina con bolo inteligente, siendo que la misma no estaba contemplada en la normativa vigente.

Por lo expuesto, alegó que no podía ser condenado a soportar las costas del presente proceso judicial, razón por la cual solicitó que se revocara la sentencia.

La actora contestó el traslado de los agravios.

III.- En primer lugar, cabe recordar, que el allanamiento constituye un acto procesal de carácter unilateral, que se manifiesta con la declaración de voluntad del demandado, sin que sea menester contar con el acuerdo del actor. Produce sus efectos desde la presentación del escrito en que se formula y por la sola voluntad del accionado que se allana.

Asimismo, se entendió que dicho instituto procesal, en tanto entraña un reconocimiento de la razón que asiste al actor, no sólo releva a éste del onus probandi sino que, además, produce la extinción del conflicto y por ende del proceso.

Ante ello, al juez no le cabe otra alternativa que dictar sentencia favorable al actor, a menos que el allanamiento configure una vulneración de principios que tocan el orden o la moral pública (Conf. CFASM, Sala I, Causa N° 176962/2018, Rta.el 08/05/2019 y sus citas).

Ahora bien, en relación a las quejas vertidas por la accionada sobre el modo en que fueron impuestas las costas, cabe recordar que el principio general en la materia es que «las costas se imponen al vencido», puesto que el fundamento de la institución, y como principio esencial, radica en el hecho objetivo de la derrota, ya que las circunstancias subjetivas, la conducta observada por las partes, su buena o mala fe, carecen generalmente de influencia para determinar la imposición de costas.

Si bien la norma deja al juez un margen de arbitrio, sólo se debe eximir de costas sobre la base de circunstancias objetivas y muy fundadas, ya que de acordarse con laxitud, la vencida resultaría ser en verdad una parcial vencedora, al imponer a la triunfante el sacrificio patrimonial constituido por el costo de la defensa de quien se vio obligado a litigar (Conf. Fenochietto-Arazi, en «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires», Buenos Aires, 2º edición actualizada, T. I, Astrea, 1993, Pág. 279).

Sin perjuicio de ello, es menester señalar que para eximir de costas a quien se allana no es suficiente que el allanamiento reúna los requisitos de ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo, sino que, además no debe haberse originado la necesidad de iniciar la demanda o de articular la excepción por culpa del demandado (Conf. esta Sala, Causa N° 60948/2019, Rta. el 06/11/2019).

Tal situación no se verifica en autos, pues la obra social proveyó la cobertura solicitada después del dictado de la medida cautelar, y a pesar que el actor había requerido previamente a OSDE la provisión bomba microinfusora de insulina, por lo cual no es aplicable la excepción establecida por el Art. 14 de la ley 16.986.

Más aun, cuando el art. 70. Inc.1 del CPCCN establece que, en lo que aquí interesa, que no procederá la eximición de las costas cuando «hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación».

Por ello, ante la demora incurrida por el demandado en el cumplimiento de sus obligaciones respecto del amparista y frente al riesgo que ello implicaba para su salud, el afiliado se vio obligado a promover la presente acción de amparo.

Asimismo, considerando que se debe impedir, en cuanto sea posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o a defenderse en juicio para pedir justicia (Conf. CFASM, Sala I, causa 96779/2018, del 03/05/2019 y Sala II, causas 31189/2015 y 134289/2018, del 24/09/2020 y 21/10/2020 respectivamente), este Tribunal no advierte que se hayan acreditado razones que permitan apartarse de lo resuelto en la instancia anterior en orden a la imposición de costas (Arts. 14 y 17 de la ley 16.986, 68 y 70 inc. 1 del CPCC).

En mérito de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR la resolución de fecha 19/08/2020, en cuanto fue materia de agravios; con costas en la Alzada a la recurrente vencida (Arts. 14 y 17 de la ley 16.986 y 68 del CPCC). A los fines del art. 110 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia de la integración de esta Sala según Resoluciones CFASM 30/17, 92/18 y 17/20.

Regístrese, notifíquese, publíquese (Acordada CSJN 24/13 y Ley 26.856) y devuélvase.-

ALBERTO AGUSTIN LUGONES

JUAN PABLO SALAS

MARCELO DARIO FERNANDEZ

NOTA: para dejar constancia que las disposiciones del presente Acuerdo fueron emitidas en forma virtual y electrónica por los señores jueces Alberto Agustín Lugones, Marcelo Darío Fernández y Juan Pablo Salas, vocales de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, quienes lo suscribieron través de firma electrónica (Ac. CSJN 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 16/2020, 18/2020, 25/2020,

27/2020 y 31/2020; Ac. CFASM 61/2020 y providencias de presidencia del 20/3/2020, 1/4/2020, 13/4/2020, 27/4/2020, 12/5/2020, 26/5/2020, 9/6/2020, 30/6/2020, 20/7/2020 y 28/7/2020; y DNU 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020, 792/2020, 814/2020 y 875/2020). Secretaría Civil N° 2, 9 de noviembre de 2020.

GASTON RUIZ

SECRETARIO DE JUZGADO

ALBERTO AGUSTIN LUGONES

JUEZ DE CAMARA

MARCELO DARIO FERNANDEZ

JUEZ DE CAMARA

JUAN PABLO SALAS

JUEZ DE CAMARA

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