#Fallos Suspensión mediática: Suspensión por un año en el ejercicio profesional de la abogada que realizó manifestaciones públicas que agraviaron a quien fuera su representado luego de renunciar a su patrocinio

Partes: R. A. M. c/ Colegio Publico de Abogados de Capital Federal s/ ejercicio de la abogacía – ley 23187 – art 47

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 24-nov-2020

Cita: MJ-JU-M-129110-AR | MJJ129110 | MJJ129110

Se confirma la sanción de un año de suspensión en el ejercicio profesional de la abogada que realizó manifestaciones públicas que agraviaron a quien fuera su representado pues no se trata de evaluar los valores morales y religiosos que dieron lugar a la decisión de distanciarse de su cliente sino su posterior accionar como profesional del derecho.

Sumario:

1.-La sanción de un año de suspensión en el ejercicio profesional que viene apelada por la actora debe ser confirmada toda vez que no puede desconocer que efectuó públicamente juicios de valor subjetivos estrechamente vinculados con la situación de quien fuera su defendido en el marco del proceso judicial, en efecto, no sólo afirmó y dio a atender que no creía más en la versión de su cliente, sino que, además, aseguró que le pediría perdón a la contraparte por haber ‘desconfiado de su palabra’.

2.-Aun en la hipótesis de que no hubiese exteriorizado información específica y concreta de su relación profesional, lo cierto es que resulta incuestionablemente evidente que la sancionada, habiendo sido letrada confidente, dio a conocer de manera mediática su opinión negativa respecto de la pretensión de su ex representado, circunstancia que sin lugar a dudas constituye una afectación a los deberes de fidelidad y confidencialidad que todo abogado le debe a su cliente y que subsisten aun después de finalizada la relación (arts. 10 , 19 y 21 del Código de Ética).

3.-Los argumentos expuestos por la recurrente no logran demostrar arbitrariedad o ilegalidad alguna que justifique la revocación o modificación de la decisión impugnada, pues no se aprecia contradicción alguna en el razonamiento del Tribunal de Disciplina en cuanto señala que, para la configuración de la falta ética, no se requiere un daño cierto y, a su vez, al recurrir a la disposición del art. 21 del Código de Ética como uno de los fundamentos de la sanción, que exige que los letrados cuiden que su renuncia ‘no sea perjudicial a los intereses de sus clientes’.

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4.-Puesto que el reproche efectuado a la actora no se centra en su decisión de renunciar al patrocinio de quien fuera su cliente, ni tampoco en el hecho de haber informado esa medida públicamente mediante una red social -teniendo en cuenta que se trata de dos personas de exposición pública-, sino en el contenido y entidad de las manifestaciones que realizó voluntariamente en diversos programas televisivos; las afirmaciones referidas a que su cliente consintió la difusión pública del fin de la relación jurídica, así como también de los motivos por los que dio a conocer la desvinculación, no resultan determinantes a los fines de evaluar el acierto de la decisión adoptada por el Tribunal de Disciplina, que se funda sobre la base de la impertinencia de las declaraciones realizadas por la actora en diferentes reportajes televisivos.

5.-Aun en la hipótesis de que el razonamiento de la recurrente fuese válido, no alega, ni mucho menos demuestra, haber sido autorizada por su entonces representado a asistir a aquellos medios televisivos para dar explicaciones sobre la desvinculación en cuestión; y, aun en ese caso, mal puede desconocer el deber que le correspondía de actuar con extrema prudencia y lealtad, negándose a responder aquellas preguntas que pudieran haber llevado a, o significado, una revelación de cuestiones que hacen a la confidencialidad y privacidad de la relación con su cliente (art. 10, inc. h, y 21 del Código de Ética).

6.-Más allá de la relevancia y/o trascendencia que pudieron tener los motivos personales alegados por la recurrente para proceder como lo hizo, lo cierto es que no inciden a los efectos de evaluar si las declaraciones que realizó en los diversos programas televisivos, a los que voluntariamente asistió, configuraron una falta a los deberes éticos que rigen la profesión; máxime siendo que no se trata de evaluar los valores morales y religiosos que dieron lugar a la decisión de distanciarse de su cliente sino su posterior accionar como profesional del derecho, que si bien se materializan en la misma persona física, resulta imprescindible escindirlos a los fines de que, en el marco del régimen especial de sujeción al que los abogados se someten voluntariamente al matricularse, sea posible el ejercicio ecuánime de la potestad disciplinaria por parte de la autoridad de control.

7.-Teniendo en cuenta que la actora no cuestiona la validez de los preceptos normativos sobre los que se funda la sanción, corresponde rechazar, en forma liminar, el alegado incumplimiento del principio de tipicidad por no hallarse delimitado el injusto administrativo mediante conceptos jurídicos que permitan predecir las conductas que constituyen la infracción y las penas o sanciones aplicables.

8.-Cabe desestimar sin más el agravio vinculado a la falta de asistencia del abogado del denunciante toda vez que el ordenamiento que rige la especie no establece que la presencia del denunciante sea una condición necesaria para la celebración de la audiencia vista, y tampoco se advierte -ni la parte identifica- cuál sería el perjuicio que tal circunstancia le habría ocasionado; en efecto, el art. 4° del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Disciplina expresamente dispone que ‘el denunciante no adquiere la calidad de parte’.

9.-No pueden prosperar los agravios vinculados a irregularidades del procedimiento sumarial, al punto de invalidar la resolución sancionatoria pues el conocimiento por parte de la autoridad de control de los hechos denunciados habilitó el ejercicio de la potestad disciplinaria (cfr. art. 21, inc. a , de la Ley 23.187 y art. 5° del RPTD), motivo por el cual en modo alguno puede reputarse arbitraria la decisión de investigar y determinar las responsabilidades pertinentes.

10.-La queja esbozada por la actora, en torno a las irregularidades del procedimiento sumarial no puede prosperar ya que adoptar un temperamento diferente significaría contradecir el principio que no admite la declaración de nulidad sin perjuicio, ni la nulidad por la nulidad misma.

11.-La alegada participación irregular del representante de fundaciones involucradas a los hechos investigados en la causa, en la audiencia de vista, del art. 4° del Reglamento de Procedimiento y del art. 42 de la ley 23.187 se colige la facultad del órgano de control de disponer la citación del denunciante y de los testigos cuantas veces sea necesario, razón por la que su convocatoria al referido acto procedimental no se advierte como desajustada a derecho, más allá del carácter en que haya asistido; máxime, cuando aquél concurrió con asistencia letrada, de acuerdo con lo exigido por art. 10 bis, inc. b, último parte, del mencionado reglamento, y expresamente se le hizo saber el compromiso de confidencialidad que lo alcanzaba.

12.-El ejercicio de la acción disciplinaria se encuentra en cabeza del Tribunal de Disciplina quien, como autoridad de control, tiene como fin último velar por el adecuado desempeño de la profesión (cfr. arts. 21 y 39 de la Ley 23.187), más allá de la posible intervención del denunciante (cfr. art. 4º del RPTD) o del afectado, motivo por el que las quejas expuestas por la actora respecto de la falta intervención del denunciado, como presupuesto necesario para la prosecución del sumario resultan improcedentes.

13.-No cabe admitir que haya ocurrido falta de imparcialidad del vocal integrante del órgano sancionador, pues las manifestaciones efectuadas en forma genérica en una publicación periodística no evidencian un adelanto de opinión respecto del caso concreto, más aun siendo que el planteo de la recurrente no es más que el fruto de una reflexión tardía, derivada de su disconformidad con la decisión cuestionada, en tanto no fue formulado en su descargo ni en ninguna de las oportunidades en que pudo haberlo hecho durante el procedimiento sumarial.

Fallo:

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2020.

VISTO:

El recurso directo de apelación deducido por la actora el 9 de diciembre de 2019 contra la resolución de la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal del 20 de noviembre de ese año; y CONSIDERANDO:

1º) Que, el referido tribunal inició actuaciones sumariales contra la abogada A. M. R., como consecuencia de la denuncia que el Dr.Norberto Francisco Oneto formuló en su contra (v. fs. 1/17, 61 y 72).

En esa presentación y en lo sustancial, el letrado afirmó que, a raíz de una denuncia pública por abuso sexual efectuada el 11 de diciembre de 2018 por la Srta. T.F. contra el Sr. J.R.P.D. -en adelante, Sr. D.-, a quien la Dra. R. patrocinaba en un juicio por responsabilidad civil contra la Srta. C.S.R., dicha profesional renunció al asesoramiento voluntariamente asumido, exponiendo en forma mediática los motivos de su desvinculación.

El presentante señaló que este proceder había importado una flagrante violación a las disposiciones del art. 21 del Código de Ética -que establece el deber de los abogados de cuidar que la renuncia no sea perjudicial a los intereses de sus clientes- y del art. 6°, inc. f, de la ley 23.187 -que prevé la obligación de observar con fidelidad el secreto profesional-. En suma, consideró que la letrada había sobrepuesto ilegítimamente sus intereses personales a los de su representado.

En particular, advirtió que la Dra. R. había declarado ante el medio grafico Clarín que, a raíz de esa nueva denuncia, había llamado a su cliente quien no le pudo «explicar nada», dando a entender, ante la opinión pública, que no tenía argumentos para sostener su defensa. Asimismo, hizo hincapié en que, ante el medio televisivo TN, la letrada manifestó que su alejamiento de la representación del Sr. D.se había debido a una «falta de confianza», que se había «sentido realmente defraudada» y que había dejado de «creerle». Por consiguiente, concluyó que la revelación mediática de su juicio subjetivo respecto de los argumentos y explicaciones brindadas por su entonces patrocinado no sólo provocaba una grave afectación a los intereses de este último sino que también constituía una violación a los deberes a cargo de todo profesional del derecho.

2°) Que, el 6 de febrero de 2019, la Sala I del Tribunal de Disciplina, desinsaculada para entender en las referidas actuaciones sumariales, dispuso su conexidad con los expedientes internos n° 73.240, 73.285 y 73.253, iniciados como consecuencia de las denuncias realizadas por las letradas Yanina Laura Nicoletti y María Alejandra Deheza, y por Fernando Miguez – en representación de la Fundación por La Paz y el Cambio Climático de Argentina-, respectivamente, por hechos estrechamente vinculados con los investigados en esta causa. La primera no fue ratificada por la denunciante, razón por la que se dispuso su archivo (v. fs. 21/61, 72/75, 87 y 104).

Por su parte, el Sr. Miguez expuso en su presentación que la encartada había transgredido las disposiciones de los artículos 10, inc. h, y 19, incisos h, e i, del Código de Ética, toda vez que las manifestaciones públicas que había realizado en la transmisión del programa televisivo «Intratables» del 11 de diciembre de 2018, emitido por el canal América, habían importado una violación al secreto profesional y a los deberes de fidelidad y lealtad que todo letrado debe a su cliente. En este sentido, destacó que el art. 10, inc. h, del Código de Ética expresamente impone la obligación de los abogados de negarse a responder aquellas preguntas que puedan exponerlos a infringir el secreto profesional (v. fs. 48/50).

A su vez, la Dra.Deheza fundó su denuncia en los mismos hechos e imputaciones, destacando la trascendencia de la actuación de los profesionales del derecho ante los medios de comunicación (v. fs. 54/55).

3°) Que, el 20 de noviembre de 2019, el mencionado tribunal impuso a la actora una sanción de un (1) año de suspensión en el ejercicio profesional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45, inciso d, de la ley 23.187 (v. fs. 267/297 vta.).

Para así resolver, después de realizar un exhaustivo relato de los antecedentes del caso -en especial del descargo de la encartada- y de las medidas de prueba llevadas a cabo, afirmó, en primer lugar, que correspondía rechazar la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la sumariada respecto de los letrados Norberto Francisco Oneto y María Alejandra Deheza, y del Sr. Fernando Miguez.

A tale fines, destacó que el art. 5° del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Disciplina prevé que «.la denuncia podrá ser formulada por cualquier persona que se sintiera agraviada por el proceder de un abogado en el ejercicio de su profesión.», así como que la acción disciplinaria también puede ser iniciada de oficio; y que el art. 12 del Código de Ética establece que «es deber del abogado comunicar al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal todo acto o conducta que afecte gravemente la dignidad de la abogacía.».

A continuación, realizó una transcripción de los fragmentos que estimó más relevantes de los diálogos mantenidos entre la encartada y diversos periodistas en el marco de los programas televisivos «Intratables» (emisión del 11 de diciembre de 2018, a las 21.30 hs, por el canal «América») y «TELEFE Noticias» (emisión del 11 de diciembre de 2018, a las 20.38 hs., por el canal «TELEFE»), sobre los que se fundaron las denuncias.

Señaló que los artículos 6°, inc. f, y 7°, inc. c, de la ley 23.187, y el art. 10, inc.h, del Código de Ética consagran al secreto profesional como un derecho-deber esencial de la profesión, que resulta funcional al Estado de Derecho y constituye una garantía más para el goce de los Derechos Humanos, tales como la intimidad personal, la inviolabilidad de la persona, la defensa en juicio y el debido proceso.

Respecto de su extensión, indicó que comprende «todo dato incluido en apuntes manuscritos, grabaciones magnetofónicas o audiovisuales y similares, correos electrónicos, disquetes, reservorios y cualquier clase de almacenes de memorias o registros de información, fotografías, carpetas, ficheros, cartas, documentos privados de cualquier tipo o naturaleza, el curso de sus comunicaciones por cualquier medio. y obviamente el mero recuerdo mental que el abogado tiene de un relato, una revelación, una noticia privada, y cuyo único registro es su propia memoria humana», y que sólo el titular del derecho puede relevar al abogado de su obligación de cumplir con el secreto profesional.

En idéntico sentido, citó los artículos 16, 17, 18 y 23 del Código de Ética de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que también reglamentan y prevén la importancia del secreto profesional como instituto fundamental de la abogacía.

Asimismo, destacó que el tribunal siempre «ha sostenido que el abogado debe guardar celosamente el secreto profesional, que constituye un derecho y un deber inherente a la profesión y al derecho de defensa por ser depositario del secreto o confidencias del cliente»; y que «la relación con el cliente es uno de los pilares de los códigos de ética profesional, y siempre se ha insistido sobre la importancia de la relación de confianza» que debe existir entre ellos.

En igual orden de ideas, señaló que la Real Academia Española define al secreto profesional como «el deber que tienen los miembros de ciertas profesiones.de no descubrir a terceros los hechos que han conocido en el ejercicio de su profesión»; y que la doctrina ha afirmado que, «ni durante el lapso en que patrocina a su cliente ni después de cesar sus relaciones con éste, debe el abogado realizar ninguna gestión que le pueda ser perjudicial. Los intereses del cliente deben ser sagrados para quien lo patrocina o ha patrocinado.».

Así las cosas, concluyó que, en el caso, se encontraba en discusión si, con su accionar, la denunciada se había apartado de los principios de lealtad, probidad y buena fe, que tienen especial importancia en el ejercicio de la abogacía, toda vez que de su pleno respeto depende el buen funcionamiento del sistema de administración de justicia, razón por la que, a su vez, no resultaba necesario que se acreditase un perjuicio cierto y concreto para tener por configurada la falta endilgada.

Enfatizó que las cuestiones planteadas por la sumariada con relación a la existencia de prejuicios religiosos o de género eran ajenas a la actividad y competencia del tribunal, que se ceñía a dilucidar si su conducta en el marco de la relación laboral que tuvo con el Sr. D. puso en crisis principios liminares del desempeño ético.

Expresó que si bien la renuncia de la actora a la representación del Sr. D. en la causa 8105/18 «P, J.R c/ R.C.S. s/ daños y perjuicios», en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 38, se había ajustado a derecho, lo cierto era que, con las manifestaciones públicas realizadas en diversos medios televisivos no había cumplido con lo dispuesto en el art. 21 del Código de Ética, en cuanto exige a todo abogado que el apartamiento «no sea perjudicial a los intereses de sus clientes».

Sobre el particular, destacó que la manifestación realizada en el programa «Intratables» respecto de que «.si me tuviera que sentar delante de C., le diría:C., perdóname por haber desconfiado de tu palabra.» había sido altamente perjudicial para el crédito de su entonces cliente, máxime, cuando ese pleito se encontraba aun en trámite.

Asimismo, resaltó que los dichos de la letrada sobre que se sentía «defraudada, porque en el momento que me puse la camiseta de Juan estaba absolutamente convencida que tenía razón, y razones para demandar a C.R.» permitían inferir a cualquier sujeto, fuera o no abogado, que al momento de realizar sus declaraciones televisivas ya no creía en su cliente, por lo que no había hecho más que exponer mediáticamente sus convicciones respecto de ese asunto en perjuicio de aquél.

Por c onsiguiente, y después de insistir en la rigurosidad con que el ordenamiento jurídico regula la desvinculación de los letrados y el deber de no afectar con ello los intereses de sus clientes, concluyó que el accionar de la sumariada había afectado claramente al Sr. D., razón por la que correspondía imponerle una sanción.

Consideró que, acorde a lo dispuesto por el art. 26 del Código de Ética, la falta resultaba grave por tratarse de una conducta de trascendental importancia para el correcto ejercicio de la abogacía, que se veía agravada por la antigüedad en la matrícula de la letrada (casi 45 años), su amplia experiencia y sus antecedentes disciplinarios (un apercibimiento, por haber efectuado manifestaciones públicas incompatibles con la mesura que el ordenamiento impone observar para la promoción de los servicios profesionales -del 16/6/11, confirmada por esta Cámara el 22/3/12-, y una multa de $80.000, por haber suscripto pactos de honorarios en cuestiones de familia no patrimoniales aun sabiendo que se hallaban prohibidos por ley -también confirmada por esta Alzada el 9/5/19-). Por tales razones, el tribunal concluyó que resultaba razonable la imposición de una sanción de un (1) año de suspensión, en los términos del art. 45, inc.d, de la ley 23.187.

Por último, estimó del mayor interés puntualizar que, en el caso, no se pretendía calificar la decisión de la sumariada de renunciar al patrocinio del Sr. D. por razones morales, religiosas o personales, ámbito dentro del que el Tribunal de Disciplina no podía inmiscuirse, sino sólo su posterior accionar, de concurrir voluntariamente a los medios para exponer sus convicciones sobre el caso, afectando de tal modo los intereses de su entonces cliente y el deber de resguardar el secreto profesional.

4º) Que, contra dicha resolución, el 9 de diciembre de 2019, la letrada A. M. R. dedujo el recurso directo de apelación previsto en el art. 47 de la ley 23.187 (v. fs. 313/357 vta.).

Después de formular un relato de las actuaciones de la causa, afirma, en primer lugar, que la imposición de sanciones administrativas como la cuestionada en estos autos se halla alcanzada por los principios del derecho penal, toda vez que se trata de dos expresiones diferentes del mismo poder punitivo del Estado. Por tales motivos, considera que resultan aplicables los principios de legalidad, tipicidad y debido proceso, entre otros, sobre la base de los que debe examinarse el conflicto suscitado en el sub examine. A tales fines, cita abundante doctrina y jurisprudencia.

A continuación, considera que en el caso no se ha observado en debida forma el cumplimiento del principio de tipicidad, en la medida en que el injusto administrativo no se encuentra delimitado a través de conceptos jurídicos que permitan predecir las conductas que constituyen la infracción y las penas o sanciones aplicables.

Sostiene, con relación al fondo (y en lo esencial), que la sanción en crisis no se encuentra debidamente justificada.En lo concerniente a la imputada violación del secreto profesional (cargo que, según entiende, dio lugar a la suspensión en forma preponderante), señala que no se observan más que menciones tangenciales, sin que se haya efectuado un desarrollo circunstanciado, ni mucho menos probado, de irregularidad alguna, con excepción de ciertas consideraciones que tilda de meramente dogmáticas y arbitrarias.

En este sentido, alega que de la audiencia de vista celebrada el 23 de octubre de 2019 sólo se pudo concluir: (i) que el 10 de diciembre de 2018 tomó conocimiento, por intermedio de un periodista, que al día siguiente el denominado «Colectivo de Actrices» realizaría una grave denuncia en contra del Sr. D; (ii) que, producto de esa información, se comunicó con su cliente y su esposa; (iii) que, en virtud de lo dialogado en esa comunicación (cuyo contenido no reveló), decidió renunciar al patrocinio de su entonces cliente en el marco de la causa 8105/18 «P, J.R. c/ R.C.S. s/ daños y perjuicios»; (iv) que la esposa del Sr. D. le manifestó haber comprendido los motivos de renuncia y no realizó objeción alguna; (v) que, no obstante ello, la referida cónyuge continuó consultándola y que incluso su estudio, a través de una letrada con la que trabaja hace más de 29 años (Dra. Estela Lidia Silva), fue quien asistió a la audiencia de absolución de posiciones celebrada el 13 de diciembre de 2018; (vi) que, en consecuencia, el Sr. D. siguió contando con su asistencia letrada hasta tanto designó nuevos profesionales; (vii) que éste último reconoció, con posterioridad a los hechos denunciados en estas actuaciones, que mantenía un trato cordial con la encartada; (viii) que la información recibida del Sr. Doman le causó un estado de conmoción, por su condición de mujer, madre de dos hijas y abuela; y (ix) que renunció al patrocinio del Sr. D.por un conflicto de orden moral que le impedía continuar con esa labor.

Por el contrario, sostiene que en modo alguno se pudo demostrar que hubiese vulnerado el secreto profesional respecto de los hechos involucrados en el marco de la causa 8105/18 «P., J.R. c/ R.C.S. s/ daños y perjuicios», razón por la que la sanción no tendría asidero fáctico.

Por otro lado, manifiesta que el hecho de hacer pública su renuncia obedeció a dos razones específicas. Por un lado, porque ésa habría sido la forma acordada con el Sr. D., a quien le había trasmitido que tal proceder era necesario, toda vez que «públicamente» se sabía que era su abogada; y, por el otro, porque entendió que iba a ser más perjudicial para su cliente hacerlo después de la denuncia que iba a realizar el «Colectivo de Actrices». En efecto, indicó que su entonces representado prestó su consentimiento respecto de tal medida y que utilizó la red social informática «Twitter», dado que aquél le había pedido con anterioridad que empleara ese medio para realizar las aclaraciones públicas pertinentes respecto del juicio iniciado contra la Srta. C.S.R. Ello, sin perjuicio de que, el 11 de diciembre de 2018, formalizó su apartamiento en el marco del referido proceso judicial. A su vez, destaca que tampoco puede obviarse que tanto ella como el Sr. D. son personas públicas.

Asimismo, explica que su asistencia a diversos programas televisivos se debió a que «consideró era necesario justificar por qué había renunciado, porque renunció A. R. mujer.» y «.entendió que, si ella no daba explicaciones respecto del porqué de su renuncia, o no intentaba dar explicaciones del porqué de su renuncia, de alguna manera consideraba que podía ser contraproducente para el mismo D. Es decir, si ella renunciaba y mantenía silencio se podía interpretar fuertemente como una especie de aceptación de los hechos que se le imputaban a D. Ella tenía que decir por qué renunciaba. No renunció porque D.es culpable.».

Insiste en que decidió proceder de ese modo dado que entendió que era más beneficioso para su cliente, en la medida en que evitaba la repercusión pública negativa que importaba formalizar su alejamiento con posterioridad a la denuncia realizada por el Colectivo de Actrices.

En otro orden de ideas, afirma que en la audiencia de vista del 23 de octubre de 2019 se cometieron una serie de irregularidades que afectarían la validez del procedimiento.

En primer término, aduce que pese a que el tribunal expresamente indicó que el objeto del interrogatorio se limitaría a desentrañar si efectivamente existió una violación al derecho de defensa, lo cierto es que se realizaron múltiples preguntas que excedieron esa finalidad, además de que varias de la expresiones y cuestionamientos realizados por los integrantes de la Sala I del tribunal dieron cuenta de una conducta inquisidora y parcial, por ejemplo, exigiéndole opiniones personales y juicios de valor a la testigo, Dra.Silva.

Reitera, de acuerdo con lo propuesto por la Unidad de Instrucción, que el Sr. Miguez no contaba con legitimación para realizar la denuncia ni mucho menos para presenciar la audiencia en cuestión, y agrega que el Dr.Oneto no compareció el día de su celebración. Sobre el primer punto, arguye que el denunciante es periodista y apoderado de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, cuyo objeto social no comprende actuaciones como las realizadas ante el Tribunal de Disciplina, razón por la que no debió tratarse su presentación ni habérsele permitido su intervención en la audiencia. De este modo, entiende que se afectó seriamente su derecho de defensa, toda vez que, pese a que se le hizo saber al Sr. Miguez que debía guardar estricta confidencialidad, se expuso en forma «pública» ante individuos que no debieron estar presentes el contenido de una audiencia que debió ser estrictamente privada.Así, concluye que si optaba por defenderse adecuadamente en condiciones que no aseguraban el efectivo resguardo de la información que aportaba, podía incurrir en un delito penal y un agravamiento de la situación procesal de su anterior patrocinado.

Manifiesta, como otra irregularidad del procedimiento, que el Dr.Zenón Alejandro José Ceballos, miembro de la Sala I del Tribunal de Disciplina y voto preopinante de la resolución recurrida, habría manifestado públicamente, en una carta de lectores publicada en el diario La Nación el 6 de noviembre de 2018, su «menosprecio» y «prejuzgamiento» respecto de los abogados que identifica como «mediáticos» y que, por tal razón, debió apartarse del caso. En este sentido, añade que, en la audiencia de vista, el referido vocal demostró su falta de imparcialidad al emitir un juicio de valor y preguntar «¿Cómo estimaría usted que el tribunal de Nicaragua puede tomar indiciariamente la circunstancia de que la propia ex abogada del señor D., manifiesta públicamente en los canales de mayor circulación que fue defraudada por D.?», circunstancia que probaría su tendenciosidad.

Expresa, nuevamente sobre el fondo de la cuestión, que a los fines de evaluar su conducta debió ponderarse adecuadamente, y conforme lo dispuesto por el art. 51 del C ódigo Civil y Comercial de la Nación, la importancia de las cuestiones morales en juego. En este sentido, expresa que la dignidad humana es el derecho que tiene toda persona de ser respetada con sus características y condiciones personales, y que, por tal razón, no podía soslayarse su condición de mujer religiosa, su vasta trayectoria profesional en la defensa de los intereses del género femenino y el estado de conmoción que, sobre la base de sus creencias individuales, le ocasionó la denuncia efectuada por el Colectivo de Actrices contra el Sr. D., del que fue testigo la Dra.Silva.

Al respecto, acompaña adhesiones de diversas instituciones religiosas que darían cuenta de su compromiso en el respeto de los valores de su credo.

Insiste en que la fundamentación de la resolución impugnada resulta manifiestamente insuficiente. Destaca que la sanción se justificó en el supuesto incumplimiento de una obligación que nunca fue definida por el tribunal, es decir que se adoptó sobre la base de deberes y hechos presumidos pero que no fueron identificados -vgr. la información amparada por el secreto profesional que habría sido revelada-. Al respecto, resalta que en ese contexto cobra especial importancia la decisión del órgano sancionador de considerar innecesaria la citación del Sr. D. y el hecho de que las conclusiones a las que se arribaron tuvieron principal sustento en las afirmaciones y suposiciones de la Dra. Silva, quien no fue parte de los hechos.

Por otro lado, entiende que el razonamiento adoptado en el pronunciamiento impugnado es contradictorio ya que si bien, en una primera oportunidad, se señala que para la configuración de la falta no se requiere un «daño cierto», después se funda la sanción en que el proceder de la letrada, al renunciar al patrocinio del Sr. D., habría ocasionado un perjuicio de esa índole a los intereses de su cliente, en violación a lo dispuesto en el art. 21 del Código de Ética. Sobre el particular, considera que si la cuestión a dilucidar giraba en torno al perjuicio que pudo haberse provocado al Sr. D., debió habérselo citado para su verificación, ya que de las constancias de la causa no se desprende elemento alguno que permita tener por acreditado un gravamen al respecto. En efecto, afirma que se trata de cuestiones de orden personalísimo, que sólo pueden ser alegadas por el titular del derecho, no pudiendo el tribunal subrogarse en su defensa.

Respecto de la graduación de la sanción, sostiene que no debió tenerse en cuenta como agravante la de apercibimiento que quedó firme en abril de 2012, de acuerdo con lo dispuesto en el art.26, inc. 2, del Código de Ética. Además, agrega que la sanción de multa está siendo cuestionada por medio de una acción autónoma de cosa juzgada írrita. Por último, manifiesta que el modo en que el tribunal se refirió a estos antecedentes revela claramente la injustificada influencia que tuvieron sobre la solución a que se arribó.

A su vez, alega que existe falta de proporcionalidad en la pena.

Indica que, en diversos casos, de gravísima entidad, el Tribunal de Disciplina ha aplicado sanciones menores, lo que comprueba que existe una animosidad en su contra.

Por último, denuncia que la resolución recurrida fue publicada con anterioridad a que adquiriese firmeza, en violación a lo dispuesto en el art. 14 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Disciplina, lo que habría ocasionado un grave perjuicio a sus derechos de propiedad, imagen y honor, así como también a los intereses de sus clientes. Sobre el particular, destaca que la noticia no sólo fue anunciada en diversos medios periodísticos y redes sociales, sino que también fue publicada íntegramente en el diario digital «Infobae».

5º) Que, corrido en esta instancia el pertinente traslado, el 28 de febrero de 2020, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal lo contestó solicitando el rechazo del recurso (v. fs. 395/413).

6º) Que, el 9 de marzo de 2020, emitió su dictamen el señor Fiscal general (v. fs. 419).

7º) Que, liminarmente, cabe recordar, en razón a la multiplicidad y disparidad de argumentos expuestos por la recurrente, que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan sólo en aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos:297:140; 301:970, entre otros).

8°) Que, aclarado ello, resulta conveniente, por cuestiones metodológicas, tratar en primer lugar los agravios vinculados a las irregularidades del procedimiento sumarial que, de acuerdo con lo expuesto por la recurrente, invalidarían la resolución sancionatoria.

En este sentido, la actora señala que, al iniciar la audiencia de vista celebrada el 23 de octubre de 2019, el presidente de la Sala I del Tribunal de Disciplina indicó en forma expresa que las preguntas se circunscribirían a dilucidar si efectivamente existió una violación al secreto profesional pero que, una vez iniciada, se le efectuaron diversos interrogantes que excederían ese objeto, circunstancia que le habría ocasionado una afectación a su derecho de defensa.

Al respecto, cabe advertir, como bien se desprende del informe de la Unidad de Instrucción y del auto que dispuso la prosecución de las actuaciones -y ordenó el pertinente traslado a la encartada-, que el sumario fue iniciado por presuntas violaciones a los artículos 6°, incs. e, y f; 10, inc. a; y 44, inc. e, de la ley 23.187 y arts. 6; 10, incs. a, g, y h; 19, inc. a, g, y h; y 21 del Código de Ética, razón por la que mal puede alegar, más allá de lo manifestado al comienzo de la audiencia de vista, que el hecho de que se le hubiesen realizado diversas preguntas tendientes a desentrañar si también había incurrido en la vulneración de alguno de los deberes u obligaciones contemplados en las referidas disposiciones pueda haber afectado el ejercicio de su derecho de defensa. Máxime, cuando el art. 10 bis, inc. b, párrafo segundo, expresamente dispone que el tribunal se encuentra habilitado para interrogar «libremente» al letrado involucrado, previsión que, a su vez, torna improcedente la queja vinculada a la entidad de las preguntas efectuadas.Asimismo, nótese que, como bien se colige del descargo que realizó en el marco del procedimiento sumarial, la encartada conocía con plena claridad los alcances de la imputación de cargos efectuada en su contra.

A mayor abundamiento, no puede soslayarse que, conforme se deprende de los artículos 10, inc. 5°, y 10 bis del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Disciplina, la audiencia de vista tiene como finalidad permitir al sumariado expedirse respecto de las diligencias y pruebas producidas en las actuaciones (cfr. esta Sala en causa 12.183/13 «Armendariz, Adrián Bartolomé c/ CPACF (Expte 19829/05)», sent. del 29/10/13), razón por la que la aclaración que se efectuó al inicio de esa audiencia mal puede ser considerada como una limitación al objeto del procedimiento.

Por otro lado, la recurrente se queja de la incomparecencia del Dr.Oneto y de la presencia del Sr. Miguez en la referida audiencia, respecto de quien además sostiene que carecía de legitimación activa para efectuar su denuncia. En primer término, cabe desestimar sin más el agravio vinculado a la falta de asistencia del Dr. Oneto, toda vez que el ordenamiento que rige la especie no establece que la presencia del denunciante sea una condición necesaria para su celebración; y tampoco se advierte -ni la parte identifica- cuál sería el perjuicio que tal circunstancia le habría ocasionado. En efecto, el art. 4° del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Disciplina expresamente dispone que «el denunciante no adquiere la calidad de parte».

En segundo lugar y con relación a los planteos realizados respecto de la intervención del Sr. Miguez, corresponde escindir el tratamiento de las objeciones formuladas a los fines de un mejor análisis.Respecto de su falta de legitimación activa para efectuar su presentación, una interpretación razonable de las disposiciones que regulan la potestad disciplinaria del Tribunal de Disciplina permite concluir que, en el caso, el referido órgano se encontraba plenamente facultado para conocer y tratar los hechos en cuestión aun de oficio, razón por la que deviene insustancial la queja formulada. Máxime, cuando la prosecución de la acción también se fundó en las denuncias efectuadas por el Dr. Oneto y la Dra. Deheza.

En efecto, vale recordar que el art. 5° del mencionado Reglamento de Procedimiento prevé que el inicio de las causas disciplinarias puede darse por una «denuncia, a pedido de un abogado de cuya conducta se tratare o de oficio» y que «La denuncia podrá ser formulada por cualquier persona que se sintiera agraviada por el proceder de un abogado en el ejercicio de su profesión»; y que el art. 4°, como ya se indicó, dispone que «el denunciante no adquiere la calidad de parte». En este sentido, cabe hacer notar que es la propia recurrente quien advierte que el Tribunal de Disciplina es el único titular de la acción y que, por tal razón, puede ejercerla de oficio (v. fs. 336 vta. in fine/337).

De este modo, aun en la hipótesis más favorable para la apelante (esto es, que se admitiera su planteo sobre el punto), el conocimiento por parte de la autoridad de control de los hechos denunciados habilitó el ejercicio de la potestad disciplinaria (cfr. art. 21, inc. a, de la ley 23.187 y art.5° del RPTD), motivo por el cual en modo alguno puede reputarse arbitraria la decisión de investigar y determinar las responsabilidades pertinentes.

En consecuencia, la queja esbozada no puede prosperar ya que adoptar un temperamento diferente significaría contradecir el principio -aplicado por este Tribunal en numerosas ocasiones- que no admite la declaración de nulidad sin perjuicio, ni la nulidad por la nulidad misma (esta Sala, en causas 55424/2016 «Trossero, Isabel María c/ CPACF-ejercicio de la a bogacía – ley 23187 – art 47», sent. del 16/03/17; 12.353/2012 «Mosquera, Carlos Alberto c/ CPACF (Expte 24325/09)», sent. del 14/08/12; y «Canet, Lilia Viviana c/ EN – M° Desarrollo Social – DGI», sentencia del 14/2/2006, entre otros. También, doctrina de Fallos: 314:290; 319:119; 320:1611 ; 322:507 ; 324:1564 , entre otros).

Respecto de la alegada participación irregular del Sr. Miguez en la audiencia de vista, del ya mencionado art. 4° del Reglamento de Procedimiento y del art. 42 de la ley 23.187 se colige la facultad del órgano de control de disponer la citación del denunciante y de los testigos cuantas veces sea necesario, razón por la que su convocatoria al referido acto procedimental no se advierte como desajustada a derecho, más allá del carácter en que haya asistido. Máxime, cuando aquél concurrió con asistencia letrada, de acuerdo con lo exigido por art. 10 bis, inc. b, último parte, del mencionado reglamento, y expresamente se le hizo saber el compromiso de confidencialidad que lo alcanzaba.A mayor abundamiento y como se desprende de la transcripción realizada por la recurrente, procede señalar que se le informó expresamente que no detentaba la condición de parte y que las preguntas que se le realizaron estaban vinculadas a esclarecer el carácter en que se presentaba, aspecto sobre el que no cabe más que remitirse a las conclusiones anteriormente efectuadas.

Por último, sin perjuicio de que sólo sustenta su queja en meras conjeturas referidas a la posible divulgación del contenido de la audiencia – pese a que en ese acto se hizo especial hincapié en el compromiso de confidencialidad-, no se advierte, ni la parte explica circunstanciadamente, cómo se habría visto condicionado el ejercicio de su derecho de defensa con la presencia del Sr. Miguez, en la medida en que sus agravios se fundan, esencialmente, tanto en el descargo efectuado en el procedimiento sumarial como en el presente recurso, en el hecho de que no existirían elementos para tener por acreditada violación alguna al secreto profesional y demás deberes a su cargo.

9°) Que, por otro lado, no está de más reiterar que el ejercicio de la acción disciplinaria se encuentra en cabeza del Tribunal de Disciplina quien, como autoridad de control, tiene como fin último velar por el adecuado desempeño de la profesión (cfr. arts. 21 y 39 de la ley 23.187), más allá de la posible intervención del denunciante (cfr. art. 4º del RPTD) o del afectado, motivo por el que las quejas expuestas por la actora respecto de la falta intervención del Sr. D. como presupuesto necesario para la prosecución del sumario resultan improcedentes.

En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la facultad disciplinaria del Colegio, atribuida por la ley 23.187, persigue el objetivo de asegurar el correcto ejercicio de la abogacía en todos los ámbitos de la actuación profesional (Fallos:321:2904 ); y, a tal efecto, le permite juzgar a los abogados inscriptos en la matrícula y aplicar las sanciones correspondientes, previa tramitación de un procedimiento determinado, que debe desarrollarse con absoluto respeto de los principios inherentes al debido proceso legal para preservar los derechos de los citados profesionales (Fallos:324:2449 ).

10) Que, considerando aparte merece el tratamiento de las afirmaciones vinculadas a la falta de imparcialidad del Dr. Zenón Alejandro José Ceballos, vocal integrante del órgano sancionador.

En este sentido, la recurrente destacó que el mencionado letrado expuso abiertamente, en una carta de lectores publicada en el diario «La Nación» el 6 de noviembre de 2018, su «menosprecio» respecto de los «abogados mediáticos», dentro de los que la actora se identifica, lo que demostraría que se trata de un claro caso de «prejuzgamiento».

No obstante, más allá de que las manifestaciones efectuadas en forma genérica en la referida publicación no evidencien un adelanto de opinión respecto del caso concreto que correspondía dilucidar en el procedimiento sumarial que determinó el inicio de las presentes actuaciones, cabe advertir que el planteo de la recurrente no es más que el fruto de una reflexión tardía, derivada de su disconformidad con la decisión cuestionada, razón por la que no cabe más que su rechazo. En efecto, nótese que no fue formulado en su descargo ni en ninguna de las oportunidades en que pudo haberlo hecho durante el procedimiento sumarial, como sí lo hizo respecto del Dr. Julio Alberto Pueyrredón, quien finalmente se excusó de entender en el caso (v. fs.116/119 y 124/125).

Sin perjuicio de ello, tampoco se aprecia que el modo en que el referido vocal realizó la pregunta vinculada a cómo «el tribunal de Nicaragua [que entiende en la nueva denuncia por abuso sexual realizada contra el Sr.D.] puede tomar indiciariamente la circunstancia que la propia ex abogada del señor D., manifiesta públicamente en los canales de mayor circulación que fue defraudada por D.?», pueda constituir una elemento con entidad suficiente como para afirmar que se trató de un supuesto de prejuzgamiento o parcialidad, como afirma la actora, ya que tampoco refleja un adelanto de una opinión concluyente respecto de la cuestión resolver.

11) Que, así las cosas, cabe adentrarse en el análisis del fondo de la controversia, es decir, el examen de la validez y la suficiencia de los fundamentos expuestos por el Tribunal para justificar la sanción cuestionada.

A tales fines, es dable aclarar que, en consonancia con la imputación de cargos, en la resolución apelada se indicó en forma expresa que el thema decidendum pasaba por esclarecer «si la matriculada denunciada se ha apartado, en su actuar profesional, de los principios de lealtad, probidad y buena fe, que constituyen la guía de la conducta de los letrados y, si bien son comunes a toda actividad humana, en el ejercicio de la abogacía tienen singular importancia debido a que, en parte, de ello depende el buen funcionamiento del sistema de administración de justicia» (v. fs. 289, consid.IV, y 294, pto. 2).

En efecto, en el marco de ese objeto, no sólo se destacó la importancia y la posible afectación del secreto profesional -aspecto sobre el que se hizo especial énfasis – sino también la dignidad y el decoro con que deben ejercer su profesión los abogados, y la relación de confianza que debe existir entre cliente y letrado (cfr. fs. 289 vta.).

En este mismo orden ideas, resulta relevante señalar que, para justificar la sanción, el tribunal no erigió su reproche sobre la decisión de la encartada de renunciar al patrocinio del Sr. D.-respecto de lo cual indicó que nada correspondía objetar, tanto a nivel formal como profesional- sino sobre su accionar posterior, es decir, las múltiples manifestaciones públicas que realizó en diversos programas televisivos y su contenido, que habrían importado una violación a los deberes éticos que le asisten a los letrados durante y con posterioridad a la relación con sus clientes.

En este sentido, destacó que el art. 21 del Código de Ética profesional establece: «Cuando el abogado renuncie al patrocinio o representación, cuidará que ello no sea perjudicial a los intereses de sus clientes».

Así, concluyó que las expresiones realizadas en el marco de los programas televisivos «Intratables» y «TN» con relación a que se sentía «defraudada» por su entonces cliente; que ya no le creía; que había sido «víctima de alguien que (la) usó y utilizó»; y que le pediría perdón a la Srta.C.S.R. (contraparte en el juicio en que patrocinaba al Sr. D.) «por haber desconfiado de su palabra», constituyeron en forma evidente un proceder no sólo perjudicial para su ex representado sino también reñido con los deberes de lealtad, probidad y buena fe con que debe desempeñarse todo abogado, aun después de su renuncia.

12) Que, sentado lo expuesto, debe señalarse que esta Cámara tiene dicho que las sanciones que aplica el Tribunal de Disciplina remiten a la definición de faltas deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales o inespecíficos que si bien no resultarían asimilables en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente bajo un régimen de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los titulares del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que los envuelve a todos (cfr. Sala I, causa «A. I., W. A. c/Colegio Público de Abogados de la Capital Federal», sent.del 29/8/00; Sala III, causa «Escudero, Roberto Franklin c/ CPACF», sent. del 27/7/09; y esta Sala, causas «Ponce, Azucena Isabel c/ CPACF (Expte 23056/08)», sent. del 4/8/11, y «Gaineddu, Juan Daniel C/CPACF (19930/22960)», sent. del 17/4/12, entre otras).

En sentido análogo, en el preámbulo de las Normas de Ética de la Federación Argentina de Colegios de Abogados se receptó expresamente este criterio al señalar que, «Las normas de ética que se establecen más abajo no importan la negación de otras no expresadas y que puedan resultar del ejercicio profesional consciente y digno. No debe entenderse que permitan todo cuanto no prohíban expresamente, porque son tan sólo directivas generales, impartidas para los abogados que deseen sinceramente evitar errores de conducta o faltas contra la moral profesional. Parten de la base de que exista en el abogado una firme conciencia moral, sin la cual ellas carecerían de sentido y de eficacia».

Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la infracción profesional es, como principio, atribución primaria de quien está llamado -porque la ley así lo ha querido- a valorar comportamientos que precisamente pueden dar lugar a la configuración de ese tipo de faltas, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en que ha mediado indefensión o la decisión resulta manifie stamente arbitraria (cfr. Sala V, causa «Álvarez, Teodoro c/ CPACF», sent. del 16/8/95; y esta Sala causas «Ponce» y «Gaineddu» ya citadas, entre otras).

En tales condiciones, el rol de esta Cámara se circunscribe al control de legalidad y razonabilidad del obrar del Tribunal de Disciplina en el cumplimiento de la potestad específica de la función administrativa de policía profesional que le fue deferida por la ley 23.187 (Sala II, causa «U., A.S. c/ CPACF s/ ejercicio de la abogacía – ley 23187 – art. 47», sent. del 16/8/18; Sala III, causa «R., A. M. c/ CPACF (EXPTE 24475/09)», sent.del 22/3/12, y sus citas).

13) Que, en estos términos, y teniendo en cuenta que la actora no cuestiona la validez de los preceptos normativos sobre los que se funda la sanción, corresponde rechazar, en forma liminar, el alegado incumplimiento del principio de tipicidad por no hallarse delimitado el injusto administrativo mediante conceptos jurídicos que permitan predecir las conductas que constituyen la infracción y las penas o sanciones aplicables.

Ello, sin perjuicio de que este Tribunal tiene dicho, con base en jurisprudencia de la Corte federal, que el procedimiento disciplinario administrativo -en el caso instrumentado por el Colegio Público de Abogados – no importa el ejercicio de jurisdicción criminal, razón por la cual no rigen los principios del derecho penal con igual rigor (cfr. causa «Pavicich, Gabriel Edgardo c/ CPACF (Expte 23862/08)», sent. del 23/02/12 y sus citas; y «Di Gioia, Sergio Darío c/ CPACF s/ejercicio de la abogacía – ley 23.187 – art 53», sent. del 21/08/14, entre otras).

14) Que, aclarado ello, cabe adelantar, también sobre la base de los lineamientos indicados en el considerando 11, que los argumentos expuestos por la recurrente no logran demostrar arbitrariedad o ilegalidad alguna que justifique la revocación o modificación de la decisión impugnada.

En primer lugar, nótese que no se aprecia contradicción alguna en el razonamiento del Tribunal de Disciplina en cuanto señala que, para la configuración de la falta ética, no se requiere un daño cierto -postura que ha compartido esta Sala en numerosas ocasiones, cfr. causas 80373/2017 «Fenelli, Ana María c/ CPACF s/ ejercicio de la abogacía – ley 23187 – art 47», sentencia del 10 de julio de 2018; y 87189/2018 «Cicero, Josefina Inmaculada c/ CPACF s/ ejercicio de la abogacía – ley 23187 – art 47», sentencia del 2/7/19, entre otras- y, a su vez, al recurrir a la disposición del art.21 del Código de Ética como uno de los fundamentos de la sanción, que exige que los letrados cuiden que su renuncia «no sea perjudicial a los intereses de sus clientes».

Corresponde tener en cuenta que el referido precepto normativo comparte la misma naturaleza deontológica a la que se hizo mención precedentemente, motivo por el que la verificación de que el accionar pueda ser «perjudicial» no se encuentra sujeto, indefectiblemente, a la existencia de un daño cierto -como lo interpreta la actora-, sino al incumplimiento de los principios que rigen la relación entre los abogados y sus clientes -fidelidad, lealtad, probidad y buena fe-, supuesto infraccional que el Tribunal de Disciplina tuvo por configurado.

En efecto, subyace la idea de que «una vez asumido el caso, es deber del abogado su consagración por entero a la causa encomendada en defensa de los derechos del cliente, comprometiendo a tal fin todo su celo, saber y dedicación, sin dejar de lado las normas éticas que rigen su conducta profesional» (Repún, Ernesto, y Muñoz, Héctor L, «Código de ética: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Comentado y concordado», ed.

Ad-Hoc, 2005, pág.278); y que, aun con posterioridad a la finalización del vínculo profesional, el incumplimiento de alguno de tales deberes puede justificar la acción disciplinaria, con el fin de resguardar el debido ejercicio de la abogacía.

15) Que, por otro lado y teniendo en cuenta las precisiones efectuadas en el considerando 11, tampoco se advierte que la sanción no se encuentre justificada en las circunstancias fácticas debidamente acreditadas en el juicio, como alega la recurrente.

Nótese que el tribunal expresamente transcribió e identificó los extractos de las manifestaciones vertidas por la actora en los programas televisivos «Intratables» (emisión del 11 de diciembre de 2018, a las 21.30 hs, por el canal «América») y «TELEFE Noticias» (emisión del 11 de diciembre de 2018, a las 20.38 hs., por el canal «TELEFE»), que configuraron la falta endilgada; así como también las partes de la declaración testimonial de la Dra.

Estela Lidia Silva -quien sucedió a la Dra. R. en la representación del Sr. D. y con quien trabaja hace más de 29 años, conforme lo indicó-, que darían sustento a la solución adoptada.

Sobre el particular, no puede soslayarse que la encartada aseveró, pública y mediáticamente -entre otras afirmaciones-, que «Sí. Yo si me siento defraudada. Me siento defraudada porque en el momento que me puse la camiseta de Juan era porque estaba absolutamente convencida que Juan realmente tenía razón y razones para demandar a C. R.»; «porque para mí tomar la decisión que había tomado de defender a D., tenía la convicción, o sea, iba de la mano de la convicción que estaba defendiendo a una persona hasta ese momento inocente.»; «Por eso me preguntaste como me siento y me siento defraudada, porque realmente mi convicción llegó al extremo de defenderlo.»; «No, pero perdón.Lamentablemente todos fuimos víctimas de la confusión o de creer en que una persona que me estaba contando con tanta seguridad que todo lo que estaba realmente narrando la parte contraria no era cierto que obviamente, usó, y yo me siento por eso, digo, absolutamente defraudada, porque usó y abusó de mi cara.»; «Pero, perdón, acá me parece muy importante. me parece muy importante que justamente la persona, que soy yo, que en su momento creí en la palabra de Juan y me convenció que realmente lo que estaban contando o diciendo de él no era correcto; yo en ese momento que le creí.»; «Si me tuviera que sentar delante de C., le diría: C, perdóname por haber desconfiado de tu palabra»; «Estuve en contacto con toda la gente de la producción, incluso con la gente del canal en su momento, porque realmente era un tema delicado; estaba afectando el nombre o el buen nombre y honor de una persona que era una figura del canal. Entonces, obviamente, existía la situación dentro del canal si lo seguían bancando o no lo bancaban, si verdaderamente tenía defensa su situación. Y, en ese momento, vuelvo a decir, yo en ese momento le creí.»; «Absolutamente, yo me puse la camiseta de la convicción que el señor Juan D. me estaba viendo la cara y me estaba hablando con la verdad; que verdaderamente era absolutamente inocente.»; «Esto lo digo como mujer, no como abogada. Porque, en definitiva, como abogada hay cosas que por ética. no debo decir. Le dije: ¿con qué cara vas a ir a tribunales el día jueves? Porque obviamente el jueves hay una audiencia que es muy importante»; «Es muy doloroso decirlo, pero sí. Dejé de creerle porque no puede existir dos personas.» (énfasis añadido).

En tales términos, la Dra. R. no puede desconocer que efectuó públicamente juicios de valor subjetivos estrechamente vinculados con la situación del Sr. D. en el marco del proceso judicial iniciado contra la Srta.C.S.R.En efecto, no sólo afirmó y dio a atender que no creía más en la versión de su cliente, sino que, además, aseguró que le pediría perdón a la contraparte por haber «desconfiado de su palabra». Por consiguiente, aun en la hipótesis de que no hubiese exteriorizado información específica y concreta de su relación profesional, lo cierto es que resulta incuestionablemente evidente que la sancionada, habiendo sido letrada confidente del Sr. D., dio a conocer de manera mediática su opinión negativa respecto de la pretensión de su ex representado, circunstancia que sin lugar a dudas constituye una afectación a los deberes de fidelidad y confidencialidad que todo abogado le debe a su cliente y que subsisten aun después de finalizada la relación (arts. 10, 19 y 21 del Código de Ética). Por tal motivo, y más allá de las diligencias que la encartada llevó a cabo para asegurar una nueva asistencia letrada a su excliente, la sanción apelada deviene ajustada a derecho.

Para una mejor comprensión de lo antedicho, la trascendencia del compromiso de los abogados para con los intereses de sus representados ha llevado a sostener -magistralmente- que, «no existimos para nosotros mismos sino para los demás, que nuestra personalidad se engarza en la de quienes se fían de nosotros, y que ensalza nuestras tareas hasta la categoría del sacerdocio es, precisamente, el sacrificio de lo que nos es grato en detrimento de lo que es justo» (cfr. Ossorio y Gallardo, Ángel, «El alma de la Toga», 3ª. ed., pub. de Javier Morata, Madrid, 1929, pág. 37/38).

En igual sentido y por esa misma razón, se ha argüido que, «el abogado no sólo debe ponderar las tácticas profesionales y argumentativas en la instancia, sino también la propia voluntad, inclinaciones y fines que existen en aquel a quien asiste, para que con todo ese conjunto de reflexiones pueda ordenar de la mejor manera profesional el imperativo deontológico» (cfr.

Andruet, Armando Segundo (h), «Deontología del Derecho.Abogacía y Abogados. Estado actual de la cuestión», Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2000, pág. 193).

En este mismo de orden de ideas, el Tribunal de Disciplina ha concluido, en oportunidades anteriores, que el «deber de lealtad exige al abogado un particular cuidado en la realización de sus actos, para evitar que éstos puedan llevar al juez o a las partes a creer que son algo distinto o que parezcan lo que no son» (cfr. Tribunal de Disciplina en pleno, causa 1964, resol. del 9/8/1991 y, en sentido análogo, Sala III de ese mismo tribunal, causa 14163, resol. del 14/3/06).

16) Que, esta conclusión no se ve alterada por los argumentos defensivos expuestos por la recurrente respecto de las razones que habrían justificado tanto la decisión de hacer pública su renuncia como de asistir a los mencionados programas televisivos.

Como ya se indicó, el reproche efectuado a la actora no se centra en su decisión de renunciar al patrocinio del Sr. D., ni tampoco en el hecho de haber informado esa medida públicamente mediante una red social -teniendo en cuenta que se trata de dos personas de exposición pública-, sino en el contenido y entidad de las manifestaciones que realizó voluntariamente en diversos programas televisivos.Por consiguiente, las afirmaciones referidas a que su cliente consintió la difusión pública del fin de la relación jurídica -sin perjuicio de que tal aseveración no fue acreditada-, así como también de los motivos por los que dio a conocer la desvinculación antes de la denuncia efectuada por el Colectivo de Actrices -en teoría, para generar un menor perjuicio a su cliente, aseveración que aparece como conjetural-, no resultan determinantes a los fines de evaluar el acierto de la decisión adoptada por el Tribunal de Disciplina, que se funda sobre la base de la impertinencia de las declaraciones realizadas por la actora en diferentes reportajes televisivos.

A mayor abundamiento, aun en la hipótesis de que el razonamiento de la recurrente fuese válido, nótese que no alega, ni mucho menos demuestra, haber sido autorizada por su entonces representado a asistir a aquellos medios para dar explicaciones sobre la desvinculación en cuestión; y, aun en ese caso, mal puede desconocer el deber que le correspondía de actuar con extrema prudencia y lealtad, negándose a responder aquellas preguntas que pudieran haber llevado a, o significado, una revelación de cuestiones que hacen a la confidencialidad y privacidad de la relación con su cliente (art. 10, inc. h, y 21 del Código de Ética).

17) Que, a estas alturas del desarrollo, deviene oportuno efectuar una serie de aclaraciones respecto de los planteos defensivos formulados por la actora vinculados a la falta de consideración de los aspectos morales y religiosas personales que se habrían visto involucrados -con sustento en las disposiciones del art. 51 del Código Civil y Comercial de la Nación-, y de la situación de conmoción personal que le habría ocasionado el haber tomado conocimiento de los hechos por los que fue denunciado su entonces cliente.En concreto, la recurrente alega que no fue debidamente ponderado que es una persona «observante de su religión»; que ser religiosa es «su creencia espiritual legítima y ser mujer es el género con el que me identifico»; que «brega por la igualdad de derechos, oportunidades y condiciones más allá del género, agénero o pangénero»; y que «la conmoción desbordante que significó la denuncia de la Srta. F contra el Sr. D», circunstancias todas que le impidieron continuar con la asistencia profesional de su entonces cliente y justificaron su proceder.

Sobre el particular, resulta de importancia reiterar, una vez más, que el Tribunal de Disciplina fue claro en cuanto que en modo alguno reprochó la decisión de la Dra. R. de renunciar al patrocinio del Sr. D. En efecto, no se pretende cuestionar la plena libertad que tiene todo letrado de poner fin a los vínculos profesionales con sus clientes por razones de «honor», «moral» o «conciencia», sobre la base de la que la apelante funda gran parte de su defensa. En ese sentido, nótese que se hizo expresa mención de que no se advertía observación alguna respecto de la renuncia formal presentada en el marco de la causa 8105/18 «P., J.R. c/ R.C.S. s/ daños y perjuicios», en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 38.

Por consiguiente, más allá de la relevancia y/o trascendencia que pudieron tener los motivos personales alegados por la recurrente para proceder como lo hizo, lo cierto es que no inciden a los efectos de evaluar si las declaraciones que realizó en los diversos programas televisivos, a los que voluntariamente asistió, configuraron una falta a los deberes éticos que rigen la profesión.No se trata de evaluar los valores morales y religiosos que dieron lugar a la decisión de distanciarse de su cliente sino su posterior accionar como profesional del derecho, que si bien se materializan en la misma persona física, resulta imprescindible escindirlos a los fines de que, en el marco del régimen especial de sujeción al que los abogados se someten voluntariamente al matricularse, sea posible el ejercicio ecuánime de la potestad disciplinaria por parte de la autoridad de control. En este sentido, es dable reiterar que la labor del Tribunal de Disciplina se ciñe a controlar, en cada caso en concreto, que el accionar de los letrados se ajuste a las reglas de ética que rigen la abogacía, en tanto que el bien jurídico tutelado no es otro que el adecuado ejercicio de la profesión (Fallos: 321:2904).

Ello así, la decisión adoptada no resulta incompatible con su «eventual trayectoria en la defensa del género femenino» o su condición de «persona observante de su religión», como da a entender la actora, en la medida que sólo es consecuencia del examen deontológico de su comportamiento profesional posterior a su renuncia, en el marco del que no corresponde valorar los aspectos de carácter personal que llevaron a tal decisión. Es más, de no haberse materializado las aseveraciones mediáticas de la encartada con la entidad con que se formularon, no se habría verificado la falta endilgada.

Por esa misma razón, la hipótesis de haberse encontrado en una situación de conmoción personal no resulta justificativo suficiente para eximirla de responsabilidad. Máxime, teniendo en cuenta su experiencia en el ejercicio de la abogacía, su expertise y, justamente, la relevancia de las cuestiones en juego en el marco de la causa en la que asesoraba al Sr.D.; así como también el tiempo transcurrido desde que tomó la decisión de no continuar con dicho asesoramiento y la exteriorización de las manifestaciones que justificaron la sanción.

18) Que, respecto de la intensidad de ésta última, cabe destacar que en numerosas oportunidades se ha señalado que su determinación y graduación también es atribución propia de la autoridad administrativa, principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad (esta Sala, causas 23946/2018/CA1 «Kamenszein, Víctor Jacobo c/ CPACF s/ recurso directo de organismo externo», sent. del 15/11/18, y 80373/2017 «Fenelli, Ana María c/ CPACF s/ejercicio de la abogacía – ley 23187 – art 47, sent. 10/7/18, en otras), supuesto que no se advierte en el caso de autos.

En esta línea, nótese que la recurrente se equivoca al señalar que se habría computado la sanción de apercibimiento como antecedente, toda vez que en la propia resolución se indicó en forma expresa que no fue considerada en virtud de que transcurrieron más de dos años desde que adquirió firmeza (v. fs.295 infine y 297 infine/298) y que sólo fue ponderada la sanción de multa de $80.000 impuesta en su oportunidad.

Sobre el particular, la circunstancia de que la actora hubiese iniciado una acción por cosa juzgada írrita contra el pronunciamiento judicial que confirmó aquella multa, como da a entender en su escrito recursivo y en su presentación del 3 de agosto de 2020, no hace más que confirmar la firmeza de tal antecedente, no pudiendo invocarse su invalidez hasta tanto no sea declarada por medio de esa excepcional vía, en la medida que lo contrario importaría afectar injustificadamente la seguridad jurídica que resguarda el principio más elemental de la cosa juzgada.

Tales circunstancias, sumadas a la experiencia de más 40 años en el ejercicio de la abogacía de la letrada y a la gravedad de la falta, en razón de que el bien jurídico afectado resultaba de «trascendental importancia para el correcto ejercicio de la abogacía», ambos criterios legalmente previstos en el art. 26 del Código de Ética, permiten concluir que no ha mediado arbitrariedad o irrazonabilidad alguna en la elección de la sanción impuesta.

En este sentido, el Tribunal de Disciplina no formuló mención alguna sobre la existencia de un supuesto de reincidencia, como alega la encartada. Sólo efectuó una descripción de su experiencia como profesional del derecho y de su legajo personal, aclarando que respecto de la primera sanción resultaban aplicables las disposiciones del art. 26, inc. c, pto.2, del Código de Ética, por lo que no correspondía su consideración.

Por último, más allá de que cada caso exige una análisis y ponderación individuales de las cuestiones en juego que suscitan el ejercicio de la acción disciplinaria, motivo que alcanza para desestimar la comparación que realiza la actora con otros precedentes del Tribunal de Disciplina, cuya plataforma fáctica resulta completamente diferente de la de autos, no puede dejar de advertirse que coinciden en tratarse de supuestos de faltas de gravedad, en los que se impuso la sanción de suspensión prevista en el art. 45, inc. d, de la ley 23.187.

19) Que, en función del resultado al que se arriba, deviene inoficioso pronunciarse sobre el pedido de suspensión del proceso que formuló la apelante con posterioridad a la interposición de su recurso, fundado en la promoción de una acción de cosa juzgada írrita, más allá de su ineficacia para alcanzar per se el fin pretendido.

20) Que, en atención a la naturaleza del asunto, el resultado obtenido y la trascendencia económica de la cuestión en debate (naturaleza y magnitud de la sanción impuesta); y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada durante la única etapa que tuvo trámite de este recurso directo (v. fs. 395/413), corresponde REGULAR en la suma de PESOS.($.) -equivalentes a la cantidad de .U.M.A.- los honorarios del abogado Lucas Ezequiel Lorenzo, quien actuó como letrado apoderado de la parte demandada (arts. 16, 19, 21, 29, 44, inc. b, y ccdtes. de la ley 27.423; ac.C SJN 2/20).

Se deja constancia que la regulación que antecede no incluye el Impuesto al Valor Agregado, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la situación del profesional interviniente frente al citado tributo.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso interpuesto por la parte actora, con costas (art. 68 del CPCCN); y 2º) Regular en PESOS . ($ .) -equivalentes a la cantidad de .U.M.A., ac. CSJN 2/20- los honorarios del abogado Lucas Ezequiel Lorenzo de conformidad con lo dispuesto en el considerando 20.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORÁN

ROGELIO W. VINCENTI

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