#Fallos Salud y productos defectuosos: Fabricaron y comercializaron implantes cocleares cuyo funcionamiento era defectuoso, aparejando la necesidad de realizar tres sucesivas operaciones en el niño que los estaba utilizando

Partes: K. J. M. y otros c/ MED-EL Latinoamérica S.R.L. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 21-sep-2020

Cita: MJ-JU-M-128382-AR | MJJ128382 | MJJ128382

Se admite una demanda de daños contra quienes fabricaban y comercializaban implantes cocleares defectuosos -se apagaban dos electrodos- y provocaron daños en un niño que los estaba utilizado. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la demanda de daños, ya que ha sido demostrado que el mal funcionamiento de los implantes cocleares -se apagaron dos electrodos- fabricados y comercializados por los demandados aparejó la necesidad de realizar tres sucesivas operaciones al accionante.

2.-Debe admitirse la demanda de daños, ya que, de acuerdo a la prueba pericial médica, ha sido el carácter vicioso de los implantes cocleares lo que ha causado daños resarcibles en el niño y por tanto la obligación de indemnizarlos.

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3.-La indemnización del daño moral es procedente, ya que resulta indudable el acaecimiento de numerosos padecimientos y angustias, quebrantamiento espiritual que reconoce directa relación causal de las demandadas, las preocupaciones y trastornos generados a partir de las diferentes intervenciones quirúrgicas que debieron llevarse a cabo por los implantes cocleares defectuosos y diversos estudios y tratamientos a los que el paciente -niño- debió someterse, apoyado por sus padres, en procura de la más pronta y mejor recuperación dentro de las circunstancias del cuadro.

Fallo:

Buenos Aires, a los 21 días del mes de Septiembre de 2020, reunidas las Señoras Juezas de la Sala «J» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos caratulados «K., J. M. y otros s/ Med-El Latinoamérica SRL y otro s/ Daños y Perjuicios», el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es justa a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señoras juezas de Cámara doctoras: Beatriz A. Verón, Gabriela M. Scolarici.

A la cuestión propuesta la Dra. Beatriz A. Verón dijo:

1.1.- Contra la sentencia definitiva de primera instancia apelan las partes y formulan sus respectivos agravios que merecieron pertinentes respuestas.

1.2.- Sintetizaré ordenadamente las quejas formuladas para allanar el camino de su posterior análisis y decisión consecuente.

1.2.1.- La parte actora formula extensas consideraciones en orden a impugnar lo decidido sobre las sumas reparatorias reclamadas.

En primer término cuestiona el rechazo de lo solicitado por incapacidad sobreviniente, daño psicológico a favor de los padres, daño estético y lucro cesante.

Luego critica las indemnizaciones establecidas por daño psicológico a favor de M., daño moral fijado para todos, y los gastos de asistencia médica, farmacia y traslados, en cada caso por considerar que las mismas resultan escasas en función del resultado de las abundantes pruebas producidas.

Finalmente, respecto a los réditos sobre el capital de condena, critica en primer lugar el momento a partir del cual se devengan y luego impugna la tasa fijada por estimar que corresponde el doble de la activa.

1.2.2.- La codemandada «Med-El Elektromedizinische Gerate Gesellschaft MBH (Med-El Austria)», por su parte, también formula numerosos cuestionamientos que desarrolla ampliamente.

Considera que la sentencia apelada está plagada de afirmaciones dogmáticas, omisiones injustificadas y conclusiones infundadas, y en primer lugar ataca la atribución de la responsabilidad efectuada, así verbigracia tangencialmente el «tipo» de responsabilidad determinado, los factores a los que se apela para fundamentar la imputación, aspecto en el que apunta contradicción.

Aduce que fue valorado un solo medio probatorio, la declaración del testigo que aportó el actor, que la misma no fue confrontada con el resultado de los demás elementos probatorios de la causa, y sostiene enfáticamente que una interpretación conjunta demuestra que no existe causalidad que le resulte atribuible. Destaca que el implante fue manipulado por la actora, y que no se comprobó que tuviera carácter vicioso, por lo que en suma reclama que la acción intentada en su contra sea rechazada.

Luego, a todo evento, dirige sus quejas a las sumas reparatorias establecidas por cada uno de los renglones por los que la acción prosperó, por considerar que resultan elevadas según el mérito de las probanzas efectuadas, todo lo cual también desarrolla con detenimiento.

1.2.3.- Por último, la otra codemandada «Med Ed Latino América SRL», recorre similares argumentos para explicitar iguales quejas a la anterior codemandada.

2.1.- Sentado lo expuesto, de modo liminar señalo que el vigente Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994 contempla de manera expresa lo tocante a la «temporalidad» de la ley.

Se impone interpretar coherentemente lo dispuesto por su art.7° sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

2.2.- En el sub examine resulta de aplicación el último párrafo del citado artículo 7° que dispone que Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo, y en este sentido recuerdo que también nuestro más Alto Tribunal, al aplicar el Código de Vélez en un proceso por daños y perjuicios por «razones de derecho transitorio», decidió que su interpretación debe realizarse «con una armonía plena y total con el régimen estatuido por el nuevo Código Civil y Comercial» («Ontiveros, Stella Maris c/ Prevención ART», Fallos 240:1038, del 10/8/2017).

3.1.- Por razones de método encaro en primer término el estudio de los numerosos y diversos cuestionamientos que formulan las codemandadas sobre la atribución de la responsabilidad civil.

3.2.- Vuelvo a practicar una nueva y detenida lectura de las piezas a despacho, esto principalmente a los fines de desentrañar la naturaleza de la pretensión de rechazo en que las accionadas fundamentan sus expresiones de agravio, las razones que conducen a que las empresas nieguen la responsabilidad que se les atribuye en la causación de los daños sufridos por los accionantes.

En tal sentido advierto en primer lugar que las apelantes afirman haber logrado demostrar la inexistencia de fallas intrínsecas en el dispositivo, y aducen que esto fue omitido por el juez, hete aquí un aspecto central o nodal de la queja de fondo.

Razonan que el hecho que al implante de MK se le hayan apagado dos electrodos -por causales desconocidas pero en todo caso no necesariamente vinculadas al dispositivo-, no implicó ni implicala existencia de falla alguna en el producto, que puede reconocer múltiples causas no intrínsecas ni impiden su correcto y normal funcionamiento.

Afirman que lograron demostrar que en diferentes pacientes implantados con implantes cocleares MED EL, también se desconectaron 2 y hasta 4 electrodos sin que ello jamás pueda influir en la performance del producto, ni tampoco afectado negativamente la audición del paciente, y de allí entonces llegan a la conclusión de que la explantación del dispositivo no se encontraba justificada. Refieren que de conformidad con lo informado por el perito audiológico, a fs. 3380 sostuvo que «Según las investigaciones que efectuamos, y según lo documentado en los procedimientos con dispositivos de implante coclear, no es necesario el correcto funcionamiento de todos los electrodos para la audición».

Aducen que lo apuntado quedó acreditado con las telemetrías realizadas a otros pacientes (fs. 635/651), que de las realizadas al accionante en el 2007 (el 19/9/2007 y el 11/9/2007) también se desprende que el funcionamiento interno del implante coclear era normal y acorde a sus funciones, y que lo propio surge de las contestaciones de oficios obrantes a fs. 1545/8 (Instituto Oral Moreno) y fs. 1420/35 (Fundación Arauz), todo lo cual, señalan, resultó claramente soslayado por el a quo al momento de resolver.

En otro orden señalan que la prueba testimonial también confiere base a su postura, citan lo declarado por G. H. (fs. 3758/60) y M. L. C. (fs. 3680/2), e impugnan lo sostenido por el Dr. C., testimonio al que el juez de grado equivocadamente le asignó gran relevancia.Respecto a la pericia médica practicada, la critica fuertemente por considerar que carece de fundamentos para arribar a las conclusiones que informara, y resalta además que se apoyó en informe o documento falso.

En otro orden, afirman que jamás fue informada supuesta falla del equipo ni la supuesta necesidad de extraerlo, por lo que aducen no se pudo siquiera meritar ni controlar el dispositivo, tampoco fue informada la supuesta fecha de intervención, no se le entregó el implante MED EL a los fines de su estudio por la casa matriz en Austria. Razonan que el tiempo transcurrido, la falta de una parte del dispositivo, los cortes sufridos y su prolongada exposición al manipuleo y a otros factores exógenos susceptibles de afectar su correcto funcionamiento, la entrega a los peritos de elementos ajenos al proceso, etc., son otros aspectos relevantes que fueron ignorados por el juez de grado.

3.3.- A partir de lo expuesto, comenzaré a formular algunas precisiones relacionadas con las alegaciones conducentes para decidir este conflicto (C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272-225, entre otros) y para ello cabe recordar que, como todas las pruebas no tienen el mismo peso, me apoyaré solo en las que resulten apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611), las que produzcan mayor convicción en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa.

En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama «jurídicamente relevantes» (Proceso y Derecho Procesal, Aguilar, Madrid, 1960, pág. 971, párrafo 1527), o «singularmente trascendentes» como los denomina Calamandrei («La génesis lógica de la sentencia civil», en Estudios sobre el proceso civil, págs. 369 y ss.).

4.1.- Por las razones que comienzo a desarrollar, propondré rechazar las quejas vertidas por las empresas apelantes.

4.2.- Arribo a tal decisión pues encuentro comprobada la mecánica causal reveladora de la responsabilidad civil que se les atribuye, y me refiero específicamente al carácter vicioso de los dos implantes colocados a M.K., pues ello ha sido en definitiva lo que condujo a la necesidad de realizar sendas intervenciones quirúrgicas, aparejando los daños cuya viabilidad será objeto de posterior estudio.

4.3.- Comienzo por apuntalar dicha conclusión a partir del encuadre jurídico aplicable, tópico respecto del cual cabe recordar que a través de la adquisición del implante en cuestión que la actora reputa vicioso, las partes aquí litigantes han celebrado oportunamente un contrato en el que, desde la perspectiva de lo que se debate en el sub judice, lo que se robustece de manera clara y categórica es el interés del paciente, sujeto vulnerable y de tutela preferente.

Por tal razón entonces es que todo el sistema se encuentra orientado fuertemente hacia la protección de la salud como «derecho humano fundamental», el que alcanza jerarquía constitucional tanto a través del art. 42 como de sendos tratados como la «Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre», la «Declaración Universal de Derechos Humanos» y la «Convención Americana sobre Derechos Humanos», que -entre otros- han sido reconocidos por el art. 75 inc. 22 de la Ley Fundamental.

A su vez, en el plano infra constitucional, resultan de aplicación específica lo normado por los arts.40, 40 bis y concordantes de la ley 24.240, vías para canalizar la referida impronta progresista en materia de política legislativa desde el año 1994 a la fecha.

En efecto, así mientras el primero prevé los supuestos en los que «.el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio», el restante dispone que corresponde reparar el «daño directo» como «todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios», y se impone subrayar que, en todo caso, el carácter restrictivo de la disposición transcripta «. no se aplica a las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos del consumidor, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas, las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida ni, en general, a las consecuencias no patrimoniales».

4.4.- En un punto aciertan las apelantes, pues apuntan contradicción en el encuadre general aplicado y el criterio de atribución al que se ha echado mano para fundamentar la atribución que se practica.

Al respecto, sin perjuicio que efectivamente de manera puntual en la sentencia en crisis se recurre a la «culpabilidad» como basamento de imputación, lo cierto y determinante es que adecuadamente se cimienta la responsabilidad que se atribuye a partir de un fundamento claro y rotundo de corte objetivo.

Es decir, no se apela a argumentos que se encaminan a corroborar omisión de diligencia alguna, sino que derechamente se hace foco en la incidencia causal de los productos comprobados como «viciosos» (los dispositivos MED-EL), y adelanto que ello aconteció no con uno sino con dos implantes utilizados, como originadores de los daños cuya reparación se reclama en autos.

En esta materia, se impone recordar, las accionadas se encontraban obligadas a garantizar la «funcionalidad del producto», pues el sistema le confiere derecho al adquirente a una «utilización plena de la cosa adquirida» (Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los Contratos, Ed. Rubinzal, t. I. pág. págs. 301/302), 4.5.- Por último, diré que el especial vigor que se le asigna al crédito cuya satisfacción se persigue en autos no solo se verifica en el plano sustantivo sino que también se manifiesta -con sus particularidades- en el adjetivo o ritual.

En efecto, en el terreno procesal y específicamente en materia de onus probandi, resulta de aplicación tanto la regla cardinal emergente del art. 377 del CPCCN como lo dispuesto por los arts. 1734/1735 del CCyCom., de manera que para el debido análisis de la pretensión articulada es menester que las partes acerquen al Tribunal todos los elementos de convicción que estimen suficientes para la elucidación de la causalidad operada.

Recuerdo que en materia de carga probatoria no nos encontramos con principios inflexibles (Morello, Augusto, «Distribución de la carga de probar y flexibilización de los principios procesales», LL del 21/12/00, págs. 1-2), pues promedia tanto una necesidad de cooperación en materia probatoria como que el deber de demostrar pesa sobre la parte que goza de «facilidad probatoria» (De Angel Yagües, Ricardo, Responsabilidad civil por actos médicos. Problemas de prueba, Civitas, Madrid, 1999, pág. 83 y ss.), solución también que abona una razón de «solidaridad procesal» (ver mi voto in re «González, Luisa c/ Vanelli, Angel s/ Ds. y Ps.» , Expte. N° 41.315/2.011, del 12/5/2016).

En este sentido, la profusa prueba producida en autos será analizada a la luz del principio de la «sana crítica», que se conforma a través de reglas del correcto entendimiento humano:contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia (Couture, Eduardo, JA 71-80 y ss.), principios que deben además adecuarse con las circunstancias de hecho y del derecho del caso y con las máximas de la experiencia que, al decir de Kisch, es el conocimiento que tiene el juez de la vida y de las personas (aut. cit., Elementos de Derecho Procesal Civil, trad. de L. Prieto Castro, 1° ed., Madrid, pág. 189).

Por lo demás recuerdo también que la función de la prueba pericial es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al Derecho respecto de los cuales el juez no tiene conocimientos específicos. Si bien no es el perito quien define el pleito, si el informe que presenta se encuentra debidamente fundado, su peso y envergadura lo convierten en un valioso aporte para el sentenciante.

Una experticia de las características de la presentada en autos, resulta el fruto de un examen objetivo de las circunstancias de hecho, de la aplicación de los principios científicos inherentes a su especialidad y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas sometidos a dictamen del entendido. Por tanto, la mera opinión de los litigantes no puede prevalecer sobre las conclusiones de los idóneos, en especial si se advierte que no hay argumentos valederos para demostrar que éstas resultan irrazonables. El sentenciante no sólo no puede ignorar el dictamen pericial sino que debe valorarlo, aquí nos encontramos frente a un supuesto de excepción al principio general recibido en el art. 386, párr. 2° del CPCCN en el que se dispensa al juzgador de valorar ciertas pruebas por no ser esenciales y decisivas al fallo de la causa. El juez es soberano al sentenciar en la apreciación de los hechos, dentro de los cuales se encuentra el dictamen, así lo interpreta unánimemente la doctrina judicial; pero, en consonancia con las reglas de juzgamiento enunciadas por el art.477 del CPCCN, se le ha señalado una valla, pues deberá aducir razones muy fundadas para desvirtuarlo, pues -como dijera- el conocimiento del perito es ajeno, en principio, al hombre de derecho (Kielmanovich, Jorge, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado., Ed. Astrea, t. 2, págs. 713/4).

5.1.- Pues bien, específicamente en lo tocante con la «funcionalidad» del implante (que -como adelantara- se encuentra demostrado), importa un aspecto central en función de la naturaleza de la acción impetrada.

Como se verá, ha sido demostrado que el mal funcionamiento de los implantes fabricados y comercializados por los demandados aparejó la necesidad de realizar tres sucesivas operaciones, han sido las demandadas quienes aportaran la «causa adecuada» de perjuicios resarcibles de conformidad con los sabios parámetros del art. 901 del Código de Vélez que el CCyCom. recepta en los arts. 1726/1727 y 1736.

Recuerdo que el análisis enmarcado en la causalidad es el que tiende a dilucidar si las consecuencias dañosas de un hecho pueden ser atribuidas materialmente a la acción de un sujeto, poniendo en evidencia la autoría del hecho, por lo que este análisis resulta necesariamente previo al del criterio de atribución aplicable (ver Ubiría, Fernando, Derecho de Daños en el CCyCom., Abeledo Perrot, 2015, pág. 141; Pizarro, Ramón, Vallespinos, Carlos, Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones, t. 3, Hammurabi, págs.98/9).

5.2.- En efecto, comienzo por señalar algunas contradicciones en las que incurren los apelantes que llaman mi atención temprana.

Para las codemandadas, el hecho que se le hubieran apagado dos electrodos al primero de los implantes, «no implicó ni implica la existencia de falla alguna en el producto», en la medida que ello «puede reconocer múltiples causas no intrínsecas al mismo ni impiden el correcto y normal funcionamiento de mismo», mas inmediatamente reconocen que tal implante no fue exitoso al manifestar que «se concluyó que la electrónica del dispositivo no funcionaba», que en las pruebas efectuadas se constató una «conexión pobre con el implante», por lo que debió ser reemplazado por otro.

Al respecto, luego, ensayan como excusa que «no se identificó la falla del producto», y por tanto cabe aquí detenerse para poner de resalto que el primer implante del producto de las demandadas efectivamente falló, y que como consecuencia de dicho vicio M. debió ser intervenido quirúrgicamente por segunda vez.

Más aún, también sostienen las demandadas apelantes que luego de ello, en el mes de mayo el actor concurrió a sus oficinas porque sostenía que percibía fluctuaciones en la intensidad sonora, y que al realizarse estudios de telemetría, se constató un «cortocircuito entre los electrodos 3 y 8», por lo que se procedió a su desconexión y se le realizó un nuevo mapeo, aun cuando adujo que ello no afectó la capacidad auditiva del actor. 5.3.- Acudo ahora a la declaración del médico interviniente, Dr. L. J. C., la que resulta especialmente relevante (en aspecto que coincido con el juez de grado), sin que las alegaciones practicadas por las quejosas en su derredor afecten de manera alguna el referido carácter, y a la par observo que tampoco impugnado su idoneidad.

El citado galeno realizó las dos primeras intervenciones quirúrgicas, y realizó un detallado informe clínico en el que documentó que la situación clínica del menor había empeorado significativamente (ver fs.150, reconocimiento de C.).

Del mismo surge que «El día 12/09/07 la madre se comunica telefónicamente informando fluctuación importante de la percepción sonora que impide al niño poder discriminar correctamente la palabra, esta situación empeora en el aula de escuela común. En el día de la fecha, la situación clínica h a empeorado significativamente, el niño presenta problemas en el aula escolar, sociales y familiares debido a que su percepción del sonido ha disminuido notablemente, por lo cual se indica el cambio protésico constatándose que la prótesis actual no se encuentra en condiciones adecuadas» (sic).

El citado profesional también manifestó que «nuevamente hubo un deterioro de su percepción auditiva con circunstancias similares a la vez anterior a la de 2001. Con pérdida de funcionalidad de electrodos, trastorno en la discriminación de la palabra, molestias auditivas y aparente mal función de la prótesis. Le consta por consultas que ha realizado el paciente. Habitualmente cuando empiezan los problemas se lo deriva a la consulta médica para averiguar si hay situaciones externas que son verificadas con estudios por imágenes, radiografías, tomografías. No había nada que justificara la falta de funcionalidad del aparato por lo cual se deriva a la casa responsable para su evaluación. La casa responsable es Med el Latinoamérica», y agregó que «de acuerdo al equipo profesional fue que el aparato no estaba funcionando adecuadamente».

Explicó el galeno la parte del implante que no funcionaba en los siguientes términos: «la que no funcionaba (era) la interna. La externa se puede cambiar y es parte del diagnóstico. Pero este caso es la parte interna», y así señaló que aun cuando se le reemplazara la parte externa, M. «no escuchaba adecuadamente», de allí que el consejo del equipo médico fue «el cambio del dispositivo interno.Es decir una cirugía de reemplazo del implante», «porque el dispositivo interno no estaba funcionando adecuadamente y no daba la información necesaria».

También aseveró que «el diagnóstico final de la explantación es una indicación médica. En más de una oportunidad no se coincide con el diagnóstico hecho por la casa originaria. En todos los casos se ha corroborado que el supuesto clínico de falla del aparato se corrobora posteriormente con el buen resultado una vez realizado el cambio del implante. No tiene más nada que decir». Por último, también manifestó que MED EL revisó el aparato y que se llevó a cabo el protocolo correspondiente, y que dicha firma con carácter previo a la explantación llevó adelante los correspondientes estudios, aseverando que se practicó «el protocolo habitual para diagnóstico de fallas de dispositivo».

5.4.- Asimismo, a diferencia de lo sostenido por las quejosas observo que en la sentencia en crisis ya se ha ponderado tal probanza juntamente con otras declaraciones de similar tenor practicadas por otras personas, tal como detallaré seguidamente.

Me refiero en primer lugar a lo manifestado por S. N. B. a fs. 3198/3200, médica especialista en audiología que oportunamente intervino en la atención de M.

La citada profesional, al ser consultada respecto al resultado de estudios realizados entre Junio de 2007 y Febrero de 2008 (telemetrías y otros), fue contundente al sostener que se constató «una pérdida de audición de ambos oídos», «en la fs. 153 es una audiometría y se desprende pérdida de audición de ambos oídos. El diagnóstico lo da el doctor. Hay una pérdida de alrededor de 90 decibeles a 100 decibeles para el oído derecho y de 100 decibeles que no percibe en el oído izquierdo. Significa que tiene pérdida de audición. La fecha es 4 de diciembre de 2007. Las telemetrías que le hizo a M. fueron con implante» (sic).

Otras declaraciones corroboran lo hasta aquí desarrollado, así cabe citar lo sostenido por G. M. R.a fs. 3207/3208, quien en lo pertinente también coincidió en que las operaciones efectuadas a M. tuvieron lugar por el defectuoso funcionamiento de los implantes cocleares, y a ellas se suman otras como las prestadas por S. a fs.

3201, R. a fs. 3210 y G. a fs. 3214.

5.5.- Ahora bien, contamos también con la experticia pericial médica obrante a fs. 3409/3437, completo y prolijo informe que ponderaré de conformidad con lo normado por los arts. 386 y 477 del rito, y aquí también su resultado es categóricamente favorable a la pretensión reparatoria formulada, constatándose con claridad la atribución de responsabilidad que las demandadas discuten.

En efecto, por lo pronto observo lo aseverado a fs. 3415 en cuanto a que «El 13-09-07 el Dr. C. constató la falta de funcionamiento interno normal del implante coclear. El equipo del Dr.

L. C. constató la falta de funcionamiento interno normal del implante coclear. El equipo del Dr. L. C., quienes comprueban que el aparato no funciona en su parte interna fue Lic. en Fonoaudiología S. N. B.

Med-el d, informa 19 septiembre de 2008 resultado del estudio, el implante M. K. presenta una «no correcta progresión de la transmisión del estímulo eléctrico en seis (6) de sus electrodos, así como dos (2) electrodos en corto circuito, los cuales se encuentran desconectados.

11-10-2007 el Dr. C., dejando constancia que la situación clínica había empeorado significativamente. Se indicaba el cambio protésico».

Sostuvo que efectivamente resultaba conveniente que se le realizara a M. una nueva intervención, que se le colocara un nuevo implante (fs. 3416), afirmaciones que apoyó en el resultado de todos los estudios complementarios adjuntos que tuvo a su alcance como la telemetría de impedancia y otros del Hospital Garraham Centro de Investigaciones Otoaudiológicas, así como los de la misma empresa Med-El (fs.3434).

Dio cuenta categóricamente que desde todo punto de vista resultaba claro y documentado la necesidad imperiosa de realizar el cambio de implante dado el mal funcionamiento del mismo (fs. 3435), señalando además que «a través de estas citas y de la realidad documentada en este expediente, se puede ver que cada cambio de los implantes fue realizado acorde a los parámetros internacionales y a las recomendaciones de la empresa MED-El y del Dr. C. L., prestigioso cirujano de implantes reconocido en nuestro país como en el exterior, habiéndose realizado estudios complementarios en donde se puede ver y constatar que los equipos no funcionaban» (fs. 3435).

5.6.- A partir de todo lo expuesto, circunstancias de hecho relatadas y razones de derecho desarrolladas, ha quedado patentizada en autos que en la ejecución de su plan prestacional médico, las demandadas han incumplido obligaciones emergentes del principio general de «buena fe» que rige en todo el derecho privado y especialmente en materia contractual y consumeril, piedra angular del sistema jurídico actual (art. 9, 729 y ccds. del CCyCom., que recoge y expande el antedecente del art. 1198 1° párrafo del Código Civil).

Las empresas no han logrado demostrar los extremos invocados en su extensa expresión de agravios en despacho, pues lejos de acreditar la fractura causal alegada, el resultado de las diferentes probanzas analizadas me persuade en torno que ha sido el carácter vicioso de los implantes lo que ha causado daños resarcibles y por tanto la obligación de indemnizarlos.

6.1.- En lo atinente a las quejas formuladas sobre incapacidad sobreviniente y daño estético propondré la confirmación de lo ya decidido, y propondré recibir la formulada en torno al daño psicológico de M.K.

6.2.- En efecto, para arribar a dicha conclusión comienzo por recordar que la incapacidad sobreviniente está representada por las secuelas o disminución física o psíquica que queda luego de completado el período de recuperación o restablecimiento; produciéndose entonces para la misma un quebranto patrimonial indirecto, derivado de las limitaciones que presenta al reanudar sus actividades habituales y al establecerse su imposibilidad -total o parcial- de asumirlas y cumplirlas adecuadamente. La incapacidad económica -o laborativa- sobreviniente se refiere a una merma de aptitudes que sufre el individuo para obtener lucros futuros, sea en las tareas que habitualmente suele desempeñar o en otras, es decir, una chance frustrada de percepción de ganancias.» (Trigo Represas, Félix A. – López Mesa, Marcelo J.; «Tratado de la responsabilidad civil», La Ley, Bs. As., 2006, vol. «Cuantificación del Daño», p. 231 y ss.).

Agrego que la protección de la vida y la integridad psicofísica de la persona humana ha sido desplazada de la órbita de los derechos estrictamente individuales, para quedar enmarcada en el marco de los derechos sociales y colectivos, de forma más contundente a partir de la reforma constitucional de 1994, que otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos, afianzando la primacía de la persona (arts. 42 y 75 inc. 22. Constitución Nacional).

La Corte Suprema ha sostenido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende, a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (C.S.J.N. Fallos:308:1109; 312:2412; 315:2834; 318:1715; 326:1673; Ídem., 08/04/2008, «Arostegui, Pablo Martín c/. Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía», L. L. 2008-C, 247).

6.3.- Pues bien, del informe médico ut supra ponderado surge que M. K. padece una incapacidad auditiva parcial y definitiva que alcanza al 42%, mas por cierto que la referida importante minusvalía no resulta imputable a las accionadas de autos toda vez que dicho cuadro es congénito, extremo no controvertido en autos.

Aquí lo que resulta menester es analizar y determinar (precisar) cuál ha sido concreta y específicamente el «aporte causal» de las accionadas en su agravación, eventualmente profundizándolo o y generando cierta minusvalía que sí reconozca su contribución causal.

Precisamente en este punto y a partir de la impugnación formulada, el perito ha sido terminante al dictaminar que «no resulta posible cuantificar la incapacidad que pudo haber generado el evento de autos, distorsionada con la incapacidad congénita del paciente», y es entonces por esta razón que el reclamo sobre la reparación de este nocimiento debe ser rechazado.

6.4.- La actora también pretende que de manera autónoma se repare el lucro cesante sufrido, lo que tampoco resulta viable.

En efecto, para ello la quejosa aduce que «Si bien es difícil determinar prima facie la incapacidad laborativa física, psicológica e intelectual que el menor sufrirá durante el devenir de su vida como consecuencia de la falla de los equipos de MEDEL, como así también la imposibilidad de realizar trabajos de condiciones especiales, sin lugar a dudas la misma existe. La sentencia de grado, debió evaluar las notorias dificultades para competir en igualdad de condiciones en la búsqueda de trabajo y la repercusión que exhibirá en la personalidad de M. en relación a la integración con el resto de la sociedad.Al respecto, enfatizo que no se pretendió un reclamo por el problema originario de M., sino por todas las consecuencias legalmente resarcibles generadas del incumplimiento legal y contractual de MED-EL.» (sic).

Pues bien, en este aspecto considero que tampoco corresponde acceder a esta queja pues es dentro del concepto intitulado «incapacidad sobreviniente» que se pondera la merma de aptitudes que sufre el individuo a los fines de la obtención de lucros futuros, sea esto en las tareas que habitualmente suele desempeñar o en otras, tratándose en definitiva de una chance futura frustrada de percepción de ganancias (Lorenzetti, Ricardo, «Daños a la persona», «Revista de Derecho Privado y Comunitario», Rubinzal Culzoni, pág. 112), y es así como lo ha decidido este Tribunal en numerosas oportunidades (autos «Jimenez, Claudio Alejandro y otro c/ Ojeda, Ramón Gilberto y otros s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 23.781/2.009, 04/12/2017; ídem, «Espetxe, Juan c/ Sposito, M. Cristina s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 84.385/2.007, del 16/5/2.017; ídem, «Spen, Bernardo c/ Rodriguez, Martha s/ Ds. y Ps.», Expte. Nº 13.271/2.010, del 23/4/2013; ídem, «Ferreyra, Néstor c/ Pinasco, Ricardo s/ Ds. y Ps.», expte. n° 6.369/2007, del 2912/2011; ídem, «Sosa, Jorge c/ López, Carlos s/ Ds. y Ps.», expte. nº 76.437/1999, del 02/03/2010; expte. nº 34.996/07, «Chiaradia de Carecchio, Rosa c/ Tte. Larrazabal s/ Ds. y Ps.» del 23/03/2010; expte. nº 69.932/2002, «Ledesma, Ramona c/ Acosta, Miguel s/ Ds. y Ps.», del 30/03/2010, entre muchos otros).

6.5.- En torno al daño estético, la parte actora impugna su rechazo argumentando que M.hubiera necesitado una sola operación para su implante coclear, pero que «ante las terribles fallas de los productos malísimos de las demandadas, lo tuvieron que operar 3 veces», aseveración esta que, tal como desarrollara en el anterior acápite, se condice con la realidad.

La apelante señala que la cicatriz retro aurecular, es una cicatriz generada por tres operaciones y que resultan levemente visibles puesto que tiene cabello que la tapa, y refiere que el perito médico constató que le tuvieron que aplicar 25 puntos, agrega que M. la pasó muy mal por cortarse el pelo y por llevar vendas de supuración, y refirió también que al momento de la entrevista el paciente le relató en torno a sus cicatrices que fue difícil relacionarse con chicos de su edad, asumir y salir de su casa por las vendas y su cabeza rapada y sus cicatrices dadas las operaciones en las edades que tenía» (fs. 3414).

Más aún, a partir de lo informado por la pericial de psicología, la actora aquí apelante también sostiene lo siguiente: «Comentan que M. salió bien de la cirugía pero como era una segunda intervención, sangró más, se le hizo una hematoma. Dice el padre: «Hubo que sacar esa hematoma, M. sufría, lloraba, salpicó sangre por todos lados», agrega la mamá: «Yo sentía que me desmayaba ante la situación de ver a mi hijo así» (fs.3065).

También aquí corresponde confirmar el rechazo decidido en la sentencia definitiva de grado, y arribo a dicha conclusión toda vez que aun cuando fueron constatadas «cicatrices» como consecuencia directa e inmediata de las operaciones realizadas, lo cierto y determinante es que no se ha determinado en autos que éstas no sean una consecuencia normal de la realización de implantes cocleares, y es así como confirma esta construcción interpretativa el hecho que el perito desinsaculado en autos no haya fijado por este concepto minusvalía alguna, resultando de aplicación entonces la regla emergente del art.

377 del rito.

Por lo demás y sin perjuicio de ello, lo que aquí se decide no empecé a que desde luego pondere la efectiva proyección que ha aparejado este detrimento en el terreno espiritual o moral.

6.6.- En la dimensión psicológica, contamos con informe pericial que ha sido elaborado a partir de la realización de los pertinentes tests, y que meritaré debidamente para finalmente proponer recibir parcialmente la queja formulada por la actora.

En efecto, cuando se produce un daño psíquico, se modifica o altera la personalidad del sujeto y se expresa a través de síntomas, inhibiciones, depresiones, bloqueos, etcétera, cuya forma más acabada de acreditación es el informe psicopatológico (ver esta Sala in re «Longo, José c/ Hospital Militar Central s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 75.306/2.007, del 09/5/2017; ídem, «Dasa, Juan c/ Cascardo, Edgardo s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 63.793/2.010, del 11/10/2012; ídem, «Mendoza Geraldino c/ GCBA s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 110.751/04, del 11/11/10; ídem «Gómez, Zulma c/ Ttes. La Perlita S.A. s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 63.344/2002, del 02/5/2007, entre otros; Milmamiene, José, «El daño psíquico», en Los nuevos daños, Coord. Carlos Ghersi, págs.72/78), y es ello lo que diferencia a este nocimiento del daño estrictamente «moral» o «espiritual», pues si bien ambos afectan el equilibrio espiritual del damnificado, aquél reviste connotaciones de índole patológica (CNCiv., Sala K, «Mello, María M. c/ Transporte del Oeste S.A. s/ Ds. y Ps.», del 19/10/2007; ídem, Sala B, «Tonus, Gastón c/ Creao, Pablo s/ Ds. y Ps.», del 10/9/2004), por lo que lo que aquí se indemniza es la falta de salud mental (CNCiv., Sala B, «R. G., O. L. c/ T.B.A. s/ Ds. y Ps.», del 29/8/2009) (ambos precedentes publicados en «Revista de Derecho de Daños», 2009 – 3, «Daños a la persona», págs. 363/364).

Arribo a la solución adelantada toda vez que la perito psicóloga aseveró que «de los relatos y del examen psicodiagnóstico del entrevistado se concluye que el actor ha experimentado situaciones traumáticas que lo han afectado», constatando lesiones en su psiquis que diagnóstica como «trastorno por estrés postrumático».

Por tanto, en función de la referida patología, la idónea desinsaculada arribó a la conclusión que M. K. sufre una incapacidad de carácter parcial y de naturaleza permanente que alcanza al 10%, y que reconoce debida relación causal con los hechos descriptos en la demanda (ver fs. 3062/3072), de allí por tanto que su procedencia se imponga y considero que su indemnización debe alcanzar la suma de $350.000 (art. 165).

Por lo demás entonces, a partir de lo desarrollado esta partida no puede prosperar a favor de los padres toda vez que su alegada afección psíquica no ha sido objeto de comprobación, encontrándose ello a su cargo a tenor de la directriz emergente del art. 377 del rito.

7.1.- Respecto al daño moral («afección espiritual legítima» según el nuevo régimen codificado), se fijó la suma de $200.000 para M. y de $50.000 para cada uno de los padres J. M. K. y G. B.De B., sumas que propondré elevar prudentemente.

7.2.- En efecto, por lo pronto recuerdo que se trata de un perjuicio que encuadra dentro de la categoría «consecuencias no patrimoniales» del art. 1741 del CCyCom., y se produce cuando existe una consecuencia lesiva de naturaleza «espiritual». Desde una concepción sistémica en donde la Constitución constituye el vértice o núcleo, el Derecho de Daños tutela intereses trascendentes de la persona además de los estrictamente patrimoniales, aquí se trata de la lesión a los sentimientos o afecciones legítimas» de una persona, la perturbación de la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado. Mientras el daño patrimonial afecta lo que el sujeto «tiene», este perjuicio lesiona lo que el sujeto «es» (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de Daños, t. 4, págs. 103, 1143).

Por lo demás, el referido art 1741 del CCyCN in fine establece que «el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas» delimitando la actividad jurisdiccional y acentuando sus funciones reparatorias; en otras palabras, el monto del resarcimiento debe permitir procurarse un placer que compense o sustituya el displacer sufrido, criterio que en rigor se viene aplicando de manera inveterada por nuestros tribunales (Ubiría, Fernando A., en Código Civil y Comercial de la Nación, Ed. Hammurabi, t. 10-B, 2019, págs. 62/64).

Para la CSJN el dolor humano es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana, no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurar satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido. Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado.El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para reestablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales, y aunque no cumpla una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, por lo que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, que no es igual a equivalencia. La dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que resulta posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir -dentro de lo humanamente posible- las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida (CSJN, 12/4/2011, «Baeza, Silvia c/ Prov. Bs. As. «, RCyS, 11/2011, pág. 261, con nota de Jorge M. Galdós).

7.3.- En función de tales consideraciones, al ponderar debidamente tanto la naturaleza como el alcance de las afecciones señaladas en el anterior acápite que sin duda se proyectan en el ámbito espiritual de cada uno de los accionantes, considero necesario elevar las indemnizaciones establecidas en la anterior instancia.

En efecto, resulta indudable el acaecimiento de numerosos padecimientos y angustias, quebrantamiento espiritual que reconoce directa relación causal de las demandadas, las preocupaciones y trastornos generados a partir de las diferentes intervenciones quirúrgicas que debieron llevarse a cabo, diversos estudios y tratamientos a los que M. debió someterse, apoyado por sus padres, en procura de la más pronta y mejor recuperación dentro de las circunstancias del cuadro.

Por tanto, propongo al Acuerdo fijar por esta partida la suma de $480.000 a favor de M. K. y de $150.000 para cada uno de sus padres, Sres. J. M. K. y G. B. De B. (art.165 CPCCN).

8.1.- En lo tocante con los gastos de asistencia médica, farmacia y traslados, se fijó la suma de $4000 en favor de ambos padres por ser ellos quienes realizaron las erogaciones.

8.2.- Reiteradamente se ha decidido en casos análogos que resulta procedente el reintegro de los gastos médicos, de farmacia y de traslado en que debió incurrir la víctima de daños, y ello así aunque no exista prueba documentada que demuestre precisa y directamente su erogación, siempre que resulte razonable su correlación con la lesión sufrida y el tiempo de su tratamiento (cfr. esta Sala in re «Arechaga, Pedro Agustín y otro c/ González, Federico Gabriel y otros s/ Ds. y Ps.», EXPTE. N° 40.329/2.015, del 09/6/2020; ídem, «Medina de Reyes, Iluminada c/ Quintana, Adriana Miriam y otros s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 48.596/1.999, del 29/12/2.011; ídem, «Abeigon, Carlos A. c/ Amarilla, Jorge O. s/ Ds. y Ps., Expte. N° 95.419/2005, del 17/11/2009; ídem, «Gutmann, Alicia J. c/ Toscano, Enrique A. s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 36.291/98, del 04/3/2010, entre muchos otros).

Lo propio acontece aún en el caso que el damnificado haya sido atendido en hospitales públicos (lo que no aconteció en el sub examine) o que cuente con cobertura social, toda vez que siempre existen erogaciones que no son completamente cubiertas.

8.3.- Sentado lo expuesto y como bien razona el sentenciante de grado, de acuerdo a la naturaleza de las lesiones sufridas sobre las que me explayara en los acápites N° 5 y 6, estimo que debe confirmarse la suma establecida por este concepto (art.165 CPCCN).

9.1.- En cuanto a los intereses aplicables sobre el capital de condena, en el fallo en crisis se dispuso que se computen desde la fecha de notificación de la mediación y hasta su efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina La actora critica en primer lugar el momento a partir del cual se devengan y luego impugna la tasa fijada por estimar que corresponde el doble de la activa, y por lo que paso a explicar propiciaré confirmar lo ya decidido en ambos supuestos.

9.2.- En efecto, sobre el primer tópico se impone recordar que los réditos importan o constituyen un «efecto» de la obligación incumplida, y de allí que inevitablemente se devenguen a partir de la «mora» del deudor (Pizarro, Ramón Daniel, Vallespinos, Carlos Gustavo, Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones, Hammurabi, t. 2, pág. 506), y en autos, a partir de la particular dinámica obligacional verificada, parece razonable que se fije a estos fines la fecha de notificación de la mediación previa a este proceso, hito que revela -a partir de lo que aquí se decide- la violación de los principios fundantes que iluminan la disciplina como el alterum non laedere y la buena fe.

9.3.- Respecto a la tasa, cabe aquí recordar que la indemnización resulta un equivalente de los daños sufridos, y que más allá de la fijación de «valores actuales» los réditos son los que compensan la demora en el pago de la debida reparación por no haber cumplido inmediatamente el responsable con su obligación de resarcir (art.767 CCyCom.), debiendo ponderarse todo el tiempo transcurrido sin que el acreedor haya visto satisfecho su crédito indemnizatorio, así como la coyuntura económica actual.

Es la tasa activa (y no su «doble» como reclama la actora) la que cumplimenta la finalidad emergente del principio cardinal del art.

1740 CCyCom, pues su aplicación no importa alteración del citado «significado económico» del capital de condena ni configura un «enriquecimiento indebido» (esta Sala in re «Garitonandia, Alberto c/ Flores, Miguel A. s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 34.978/2.011, del 12/02/2019; ídem, «Cansino, Diego c/ Ostrovsky Villar, Tomás s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 36.880/2014, del 06/12/2018; ídem, «Carabajal, Claudio c/ Transporte Larrazabal s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 56.117/2.015m, del 03/10/2018; ídem, «Zorrilla, Alejandro c/ Moschettu, Néstor s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 39.558/2.013, del 24/9/2018; ídem, «Vallejos Maldonado, José c/ Fontanet, Marcelo s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 105.804/2.009, del 20/3/2.018; ídem, «Ruiz, Fernando c/ Bellotto, Luciano s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 22.052/2.014, del 24/112.016; ídem, «Vallejo, Dalio Simón y otro c/ Tecnipisos S.A. s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 36.555/2.012, del 05/11/2.015; ídem, «Vallejo, Dalio Simón c/ Tecnipisos S.A. s/ Ds. y Ps.», Expte. N° 36.555/2.012, del 05/11/2.015; idem, «Gutiérrez, Luis c/ Luciani, Daniela C. s/ Ds. y Ps.», Expte. Nº 69.941/2005, del 10/8/2010, entre muchos otros).

10.1.- Por último, en torno a las apelaciones diferidas de ambas codemandadas, también corresponde su rechazo.

10.2.- En efecto, resulta infundado el cuestionamiento que practican en derredor a la imposición de costas por la incidencia resuelta el 19/11/2010.

Arribo a dicha solución toda vez que en oportunidad de requerir la suspensión del plazo para contestar demanda, se hizo con fundamento en el art.157 CPCCN al denunciar vicisitudes que se encuentran lejos de encuadrar en la normativa citada, lo requerido sólo hubiera resultado viable excepcionalmente «. cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente», lo que no se da en el sub examine.

Por el contrario, las accionadas se encontraban en condiciones para proceder al cumplimiento de la carga impuesta por el art. 356, inc. 1°, y por tanto no haberlo hecho les resulta imputable, así recibieron la pertinente cédula de notificación con la demanda y su documentación anexa, aspecto este inexplicablemente soslayado por completo por las quejosas.

10.3.- Propicio entonces confirmar lo oportunamente decidido.

11.- En suma, por las consideraciones efectuadas, doy mi voto para:

a) Modificar la sentencia apelada y elevar la indemnizaciones:

1) en concepto de daño espiritual (moral) a la suma de $480.000 a favor de M. K., y a la de $150.000 para cada uno de sus padres, Sres.

J. M. K. y G. B. De B. y 2) en concepto de daño psicológico a favor de M. K. a la suma de $ 350.000 (art. 165 CPCCN); b) Rechazar los restantes agravios formulados; c) Imponer las costas de Alzada a las codemandadas apelantes en virtud del principio objetivo de la derrota en juicio (art. 68 del rito). d) Con respecto a las apelaciones conferidas con efecto diferido, estese a lo dispuesto en el acápite 10.

La Dra. Gabriela M. Scolarici adhiere al voto precedente.

Se deja constancia que la vocalía Nº 30 se encuentra vacante.

Con lo que terminó el acto, firmando las Sras. vocales conforme a la Acordadas 12/20, 31/20 CSJN, que doy fe.

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2020.

Y VISTOS:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

a) Modificar la sentencia apelada y elevar la indemnizaciones: 1) en concepto de daño espiritual (moral) a la suma de $480.000 a favor de M. K., y a la de $150.000 para cada uno de sus padres, Sres. J. M. K. y G. B. De B.y 2) en concepto de daño psicológico a favor de M. K. a la suma de $ 350.000 (art. 165 CPCCN);

b) Rechazar los restantes agravios formulados; c) Imponer las costas de Alzada a las codemandadas apelantes en virtud del principio objetivo de la derrota en juicio (art.

68 del rito). d) Con respecto a las apelaciones conferidas con efecto diferido, estese a lo dispuesto en el acápite 10.

Atento la forma en que ha sido resuelta la cuestión se procederá a su adecuación de conformidad con lo dispuesto en el art. 279 del Código Procesal.

A tales efectos, se tendrán en cuenta las pautas contenidas en el artículo 16 de la ley 27.423, las que permitirán un examen razonable a los fines de determinar la retribución de los profesionales intervinientes.

Para ello, se considerará el monto global de condena más intereses (art. 24); el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada.; la complejidad; la responsabilidad que de las particularidades del caso pudiera derivarse para el profesional; el resultado obtenido; la trascendencia de la resolución a que se llegare para futuros casos; la trascendencia económica y moral que para el interesado revista la cuestión en debate y pautas legales de los artículos 1, 3, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 51, 54, 58 y c.c. de la ley 27.423 y acordada 02/2020 de la C.S.J.N.

En su mérito corresponde regular los honorarios íntegros de la primera instancia siguiente manera: a favor del Dr. Jorge José Soros la cantidad de . UMA, equivalente al día de la fecha a.pesos ($.) por su actuación como letrado apoderado de la parte actora, los del Dr. Elbio Ariel Contreras se regulan en la cantidad de .UMA equivalente al día de la fecha a. pesos ($.) por su actuación como letrado apoderada de la actora, para el Dr.Gonzalo María Gros como letrado apoderado de la d emandada Med- El Latino América S.R.L en la cantidad de .UMA equivalente al día de la fecha a .pesos ($.), los honorarios de la Dra. Melina Raffia en la cantidad de .UMA, equivalentes al día de la fecha a.pesos ($.) por su actuación como letrada apoderada de dicha parte, y los del Dr. Gonzalo Carlos Ballester por su actuación como letrado apoderado de Med- El Elektromedizinische Gerate Geselischaft GMBH, en la cantidad de .UMA, equivalentes al día de la fecha a.pesos ($.), confirmándose los restantes honorarios regulados.

En cuanto a los auxiliares de justicia (peritos de oficio), se evaluará la labor efectuada con arreglo a las pautas subjetivas del artículo 16 de la ley 27.423, que resultan aplicables a la actividad prestada en el expediente, apreciada por su valor, motivo, calidad, complejidad y extensión, así como el mérito técnico-científico puesto al servicio de las mismas, entre otros elementos; el monto que resulta de la liquidación mencionada precedentemente, lo dispuesto por el artículo 21, y 61 de la citada ley y pautas del art. 478 del Código Procesal. A partir de tales parámetros, corresponde fijar a favor de la perito contadora María Cristina Vuotto, la perito psicóloga Ana Clara Liebman y el perito medico Adrián Gustavo Lauria, fijar como honorarios para cada uno de ellos la cantidad de .UMA equivalentes al día de la fecha a. pesos ($.), y los honorarios de los peritos Dres. Matías Alejandro Goldin y María Florencia Assaneo en la cantidad de .UMA equivalentes al día de la fecha a.pesos ($.) para cada uno de ellos.

Asimismo, los correspondientes al consultor técnico Santiago Luis Arauz los fijo en .UMA equivalentes al día de la fecha a . pesos ($.).

Con arreglo a lo establecido por el decreto 1467/2011, modificado por los decretos 2536/15, 324/2019 y 1086/2019, a favor de la mediadora Silvia Liliana Abin, se fija la suma de. pesos ($.) (.UHOM).

Por último, en cuanto a las tareas desarrolladas en la Alzada conforme la aplicación de la normativa arancelaria (art.

30 de la ley 27.423) se regulan los honorarios a favor del Dr. Jorge José Soros en .UMA equivalentes a . pesos ($.), los del Dr. Gonzalo María Gros en la cantidad de .UMA equivalentes al día de la fecha a.pesos ($.), los de la Dra. Noelia A. Di Stefano en .UMA equivalentes a . pesos ($.), y los del Dr. Gonzalo Carlos Ballester en .UMA equivalentes hoy a .pesos ($.).

Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada Nº 15/13 art.

4º) y, oportunamente, devuélvase.

Beatriz A. Verón

Gabriela M. Scolarici.

Se deja constancia que la vocalía Nº 30 se encuentra vacante.

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