#Fallos Ferrobaires: Un niño falleció a raíz de la caída del techo de un galpón en estado de abandono del ferrocarril ubicado en el predio de la estación Constitución, lo que excluye la culpa in vigilando de los padres

Partes: D. Y. A. N. c/ Ferrobaires (UEPFP) y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 8-oct-2020

Cita: MJ-JU-M-128671-AR | MJJ128671 | MJJ128671

Responsabilidad de la concesionaria por el fallecimiento del niño por la caída del techo en el galpón de su titularidad pues el tipo de inmueble y el estado de abandono constituyen elementos determinantes de exclusión de la culpa in vigilando de los padres. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la imputación de responsabilidad de la demandada, en su carácter de titular del predio donde se produjo la tragedia donde falleció el hijo de los reclamantes por la caída del techo de un galpón ubicado en el inmueble gerenciado por la codemandada, teniendo en cuenta que el art. 1113 del CC., por entonces vigente, preveía que la obligación del que ha causado un daño se extiende a los que produjeren los que están bajo su dependencia, o las cosas de que se sirve o que tiene a su cuidado; máxime siendo que con la prueba incorporada al proceso se hallaba debidamente acreditada la omisión de la concesionaria en cumplir con las normas de seguridad, la conservación en buen estado del predio, su cerramiento, la colocación, mantenimiento y renovación de barandas y alambrados divisorios dentro del inmueble concesionado.

2.-Corresponde declarar desierto el recurso interpuesto y confirmar la responsabilidad de la codemandada pues en los agravios se retoman conceptos vertidos previamente, que no hacen más que insistir en la supuesta culpabilidad in vigilando de la demandante, pero que no intentan rebatir de modo alguno la responsabilidad atribuida; en especial, implícita pero claramente, que las características del inmueble involucrado como así su falta de reparación y/o abandono constituían elementos determinantes que excluían, por su magnitud, cualquier responsabilidad que quisiese asignarse a la actora, basada en el deber parental de cuidado de sus hijos menores.

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3.-La pérdida de la chance debe aparecer con la certeza necesaria para justificar su resarcimiento y en el caso, la recurrente expresa que, teniendo en cuenta su falta de instrucción, la futura ayuda del fallecido resultaba fundamental no únicamente para su vejez, sino también para la provisión de sustento en la vida diaria; por lo que corresponde admitir el rubro.

Fallo:

En Buenos Aires, a 8 de octubre de 2020, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de esta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer de los recursos deducidos en los autos «D. Y., A. N. c/ Ferrobaires (UEPFP) y Otros s/ Daños y Perjuicios» contra la sentencia de fs. 574/585vta.

(y aclaratoria a fs. 594), el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? El señor juez de Cámara Marcelo Daniel Duffy dijo:

1º) Que la señora juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia, condenó a Ferrobaires SA – Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, en más «U.E.P.F.P.»- a abonar a la actora la suma total de $ 880.440 ($450.000 en concepto de daño moral -v. aclaratoria de fs. 594-; $200.000 en carácter de pérdida de chance; $40.000 por daño psicológico, y $230.400 para afrontar su tratamiento). Ello, a fines de obtener la reparación de los daños y perjuicios sufridos a raíz del fallecimiento de su hijo menor de edad, F. L. D. Y., ocurrido el 19/06/2008, como consecuencia de una caída del techo de un galpón ubicado en un inmueble gerenciado por la referida codemandada, producida el 17/06/2008.

Señaló que el crédito devengaría intereses desde la fecha de la sentencia, calculados a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (de conformidad con el criterio seguido por la Cámara Civil en pleno, in re «Samudio de Martínez, L c/ Transportes Doscientos Setenta SA» , sent. del 20/04/2009; y esta Cámara, Sala III, «Pereyra C. H. c/ EN – Min. del Interior», sent.del 20/04/2009; entre otras).

Por otro lado, admitió las defensas de falta de legitimación pasiva opuestas por la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia Sociedad Anónima (en adelante, «UGOFE SA») y por el Estado Nacional; y desestimó la responsabilidad en el caso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, «GCBA»).

Asimismo, rechazó la pretensión resarcitoria deducida por la actora en nombre y representación de sus hijos, por entonces menores de edad, R. O. D. Y. y M. D. Y., hermanos del fallecido.

Impuso las costas por su orden.

Para así decidir, sostuvo que:

o Tanto R. O. D. Y. como M. D. Y. habían adquirido la mayoría de edad, por lo que -teniendo en cuenta que no habían comparecido en autos, por sí o por apoderado, para ratificar todo lo actuado en su nombre- correspondía tenerlos por no presentados, de modo que no integraban la presente litis.

o De acuerdo con las constancias de la causa, se encontraba acreditada la existencia del accidente y deceso del menor F. L. D. Y., por lo que era menester determinar a quién le incumbía la guarda y mantenimiento del lugar del hecho, al ser la omisión de ese cuidado el fundamento de esta acción resarcitoria.

o De la prueba colectada en autos surgía que el hecho dañoso había tenido lugar dentro de un espacio físico cuya guarda jurídica se encontraba a cargo de Ferrobaires SA (U.E.P.F.P), ubicado en el predio de la estación de trenes de Plaza Constitución.En ese contexto, precisó que correspondía rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por esa co-demandada, y hacer lugar a las defensas del mismo tenor opuestas por UGOFE SA y el Estado Nacional.

o En cuanto a la responsabilidad de Ferrobaires SA (U.E.P.F.P) consideró de trascendencia que la totalidad del inmueble donde se produjo el hecho dañoso se encontraba concesionado a favor de dicha firma, por lo que tenía el deber de conservarlo y mantenerlo en buen estado. En ese marco, señaló que, de conformidad con los testimonios y las fotografías agregadas al proceso, el incumplimiento de la concesionaria de tales obligaciones se encontraba debidamente acreditado. Al efecto, precisó que no existía una baranda o protección entre el edificio y el techo del galpón; que desde la producción del agujero en el techo hasta el día del accidente habían transcurrido entre 9 y 10 años; y que el mentado orificio tenía dimensiones considerables que resultaban perfectamente visibles desde el interior del inmueble.

o Si bien el art. 1113 del Código Civil no relevaba al damnificado de la carga de acreditar las circunstancias en que se produjo el hecho, el nexo causal y su imputación al demandado, el a quo volvió a remarcar que con la prueba producida en autos se encontraba debidamente acreditada la omisión de la concesionaria en cumplir con las normas de seguridad, la conservación en buen estado del predio, su cerramiento, y la colocación, mantenimiento y renovación de barandas y alambrados divisorios dentro del inmueble concesionado; todo lo cual determinaba su responsabilidad puesto que, de haber dado cumplimiento con las medidas mencionadas, el final trágico no se habría producido.

o La existencia de caso fortuito o fuerza mayor, como eximentes de responsabilidad, quedaba descartada en cuanto se trataba de un hecho previsible y evitable por la demandada.

o Correspondía descartar la responsabilidad del GCBA en el caso, por tres órdenes de motivos:a) no era posible al médico de guardia del Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna) abandonar la guardia que tenía a su cargo para salir en forma individual a cubrir la emergencia en un sitio diferente al asignado; b) no existían constancias que permitiesen asegurar que la demora imputada al SAME, en su arribo al lugar del accidente, hubiese sido superior a los diez minutos estipulados en el Manual Operativo de la Dirección Médica de la entidad; y c) la actora había omitido proponer prueba pericial a fin de que un médico legista determinase la relación de la demora imputada al hospital mencionado en la realización de la cirugía y sus efectos sobre el estado crítico de la víctima al momento de su ingreso al nosocomio, lo que interrumpía el nexo de causalidad adecuada entre la muerte del menor y la conducta de los dependientes del GCBA.

o El fallecimiento del menor F. L. D. Y. había configurado un episodio traumático teñido de dramatismo, que había acarreado inevitables padecimientos y angustias a su madre, que derivaron en una lesión de sus sentimientos, por lo que correspondía indemnizarla en carácter de daño moral con la suma de $ 450.000.

o Tras delimitar las pautas de valoración para admitir el rubro «pérdida de chance», consideró que el deceso había significado para la actora la frustración de la probabilidad de recibir en el futuro su ayuda y sostén, legítimamente esperable de conformidad con lo previsto en el art. 367 del Código Civil, por lo que resultaba conveniente resarcirla con el monto de $ 200.000 en tal concepto.

o Respecto del daño psicológico y de acuerdo a la pericia obrante en autos (fs. 509/517), precisó que la demandante estaba atravesando un cuadro de índole reactiva, es decir, un duelo patológico (Cod.2.6.6) que se estimaba en estado leve a moderado, reportando una incapacidad parcial y permanente del 20%, de acuerdo al Baremo de los Dres. Castex y Silva.En consecuencia, fijó la compensación por dicho rubro en $ 40.000.

o La experta había aconsejado la realización de un tratamiento psicoterapéutico no inferior a treinta y seis meses, con una frecuencia de dos sesiones semanales. En ese sentido, tomando como valor unitario de la sesión la suma de $ 800, el a quo decidió conceder a la actora la suma de $ 230.400 para afrontar esos gastos.

2º) Que, contra ese pronunciamiento, el GCBA, los coactores M., A. N. y R. D. Y., y la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires (en adelante, «PBA»), interpusieron sendos recursos de apelación a fs. 588, 590, 592, 599 y 597, que fueron concedidos en forma libre a fs. 589, 591, 593, 600 y 598, respectivamente.

Puestos los autos en la Oficina, los co-actores M. y R. D. Y. expresaron sus agravios conjuntamente a fs. 610/616vta., que fueron contestados por el Estado Nacional a fs. 634/637 (pto. B).

Por su parte, la Fiscalía de Estado de la PBA presentó su memorial a fs. 617/619, que fue replicado por el Estado Nacional a fs. 634/637 (pto. A) y por la demandante, A. N. D. Y., a fs. 638/639.

Asimismo, esta última esgrimió los fundamentos de su apelación a fs. 620/627vta., que no fueron contestados por sus contrarias.

Por lo demás, el GCBA hizo lo propio a fs. 628/630, siendo replicado por A. N. D. Y. a fs. 640/641vta.

3º) Que, los co-actores M. y R. D. Y. se agravian de que el a quo haya rechazado la demanda a su favor por no haber comparecido ni ratificado lo actuado en su nombre al adquirir la mayoría de edad.

En ese sentido, explican que su madre, por derecho propio y en su representación, otorgó un poder especial al Dr. José Settón con el objeto de la prosecución del presente juicio, y que lo actuado por el mandatario no fue cuestionado ni impugnado por las partes.En su defecto, sostienen que posteriormente se presentaron y ratificaron todo lo actuado por su madre y el mentado apoderado.

En ese contexto, alegan que el CCyCN no incluye en las causas de extinción del mandato a la mayoría de edad y que, en última instancia, puede acudirse a otros principios generales en auxilio de los actos ya cumplidos y su conservación.

Así las cosas, tras efectuar un pedido de apertura a prueba, ratifican y explican sus pretensiones indemnizatorias por daño moral y psicológico, con su respectivo tratamiento, oportunamente efectuadas en la ampliación de la demanda formulada por su madre en su nombre (fs. 39/40).

Por otro lado, se quejan de la fecha de cómputo de los intereses dispuesta por el a quo, en el entendimiento de que los accesorios deben correr desde el hecho (17/06/08) hasta su efectivo pago, y no a partir de la fecha de la sentencia.

Por último, se agravian de la distribución por su orden de los gastos causídicos. Al respecto, sostienen que los fundamentos invocados por la juez de grado no resultan suficientes para decidir de esa manera y apartarse del principio general de la derrota, teniendo en cuenta que la demanda prosperó sustancialmente y que la totalidad de los rubros incluidos en el escrito de inicio fueron admitidos.

4º) Que, la PBA expresa su desacuerdo con la condena a Ferrobaires S.A. (U.E.P.F.P.) por ser, en ese momento, la titular del predio. Alega que ciertos testigos manifestaron que el techo del galpón no resultaba apto para transitar y que la actora tenía pleno conocimiento de ello y de la existencia de la abertura.En ese sentido, indica que del expediente surge que la actora debe asumir su grado de responsabilidad en el hecho por no haber tomado las medidas necesarias para proteger la seguridad de su hijo, configurándose su culpa in vigilando.

Asimismo, señala que su parte no «otorgó a la actora el uso de la vivienda, ya que como fuera reconocido por ésta, la misma fue otorgada por la ex línea Roca» (fs. 618).

Por otro lado, se agravia de la procedencia y cuantía de los montos indemnizatorios reconocidos en la sentencia, por considerar que el a quo falló «extra petita» y en violación al principio de congruencia, especialmente en lo que refiere al importe concedido por daño moral.

5º) Que, la co-actora A. N. D. Y. cuestiona las sumas reconocidas por la juez de grado por considerarlas reducidas. Sobre tal base, aclara que la fijación de montos que excedan los importes solicitados en la demanda no implica necesariamente una violación al principio de congruencia, toda vez que lo reclamado se sujeta a lo que en más o en menos resulte de la prueba producida.

Así, con relación al daño moral, tras formular una extensa reseña doctrinaria y jurisprudencial atinente al rubro en sustento de su pretensión, solicita el aumento de la suma indemnizatoria a $ 1.500.000.

Respecto del concepto «pérdida de chance», considera que los hijos no sólo responden a la expectativa de apoyo económico y material para la vejez de los padres sino que, ante situaciones familiares como la de autos, se de-bía tener en cuenta que tal asistencia era necesaria durante toda la vida.

Asimismo, señala que los menores están en condiciones de trabajar desde que cumplen 15 años, de acuerdo a las leyes que regulan el contrato de trabajo.En ese contexto, teniendo en cuenta su bajo nivel de instrucción y dependencia económica de sus hijos, requiere la elevación del monto fijado a $ 1.000.000.

En cuanto al daño psicológico, señala que el tribunal de primera instancia ponderó parcialmente el informe elaborado por la experta interviniente. Sostiene que, a pesar de sus años de terapia para sobrellevar el trauma padecido, del informe surge un grave daño psíquico que indica la falta de superación de la pérdida sufrida y los estados de angustia y depresión experimentados. En consecuencia, teniendo en cuenta la incapacidad permanente del 20% fijada por la perito, solicita que se eleve el mentado rubro a la suma de $ 1.500.000.

En ese orden, se agravia del valor asignado por el a quo a la sesión de terapia psicológica individual, que estima en $ 1.500. Ello, sin perjuicio de que la perito valuó la consulta en $ 1.000, toda vez que desde la presentación del informe transcurrió más de un año, con altos índices de inflación monetaria.

Así, considerando que la profesional recomendó dos (2) sesiones semanales durante 36 meses, peticiona el incremento del importe otorgado, en concepto de gastos por tratamiento psicológico, al total de $ 468.000.

Asimismo, se queja de la falta de cómputo de intereses entre la producción del hecho y la fecha de la sentencia. Al respecto, alega que durante dicho periodo resulta de aplicación la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina, tras lo cual practica una liquidación aplicando tales pautas.

Finalmente, expresa su desacuerdo con la imposición de las costas en el orden causado, dispuesta en primera instancia. En ese sentido, explica que todos los rubros indemnizatorios peticionados en la demanda fueron reconocidos por el a quo, por lo que no se observan razones para apartarse del principio general previsto en el art. 68, primera parte, del CPCCN.En consecuencia, solicita que se impongan las costas de ambas instancias a los demandados condenados al pago.

6º) Que, por su parte, el GCBA solicita que se revoque la distribución por su orden de los gastos causídicos, teniendo en cuenta que la demanda en su contra fue íntegramente rechazada y su responsabilidad en el caso desestimada. En ese contexto, precisa que las razones invocadas por el a quo resultan insuficientes para fundar una excepción al principio general de la derrota, por lo que considera que las costas deben ser impuestas a la parte actora, íntegramente vencida en lo que a su actuación respecta.

7º) Que, a fs. 632, se desestimó el replanteo de prueba efectuado por los co-actores M. y R. D. Y. (v. considerando 3°), quedando los autos en condiciones de dictar sentencia.

8º) Que, así las cosas, cabe señalar a modo de introito que de las constancias de la causa se desprende que el 17/06/2008 se produjo la caída del menor F. L. D. Y. desde el techo de un galpón ubicado en un inmueble gerenciado por Ferrobaires SA (U.E.P.F.P.), lo que culminó con su fallecimiento el 19/06/2008; extremos que no resultaron objeto de apelación, por lo que se encuentran firmes y fuera de debate ante esta Alzada.

En ese marco, los agravios impetrados requieren examinar:

(i) la atribución de responsabilidad recaída sobre Ferrobaires S.A.; (ii) la procedencia de la demanda en favor de los co-actores M. y R. D.Y.; (iii) la admisión y cuantía de los rubros indemnizatorios; (iv) la fecha de inicio del cómputo de los intereses y la tasa aplicable; y (v) la imposición de las costas.

9º) Que, sobre tales bases y en primer lugar, corresponde dar tratamiento al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado de la PBA pues, de ser admitido su planteo sobre la improcedencia de la responsabilidad de Ferrobaires S.A (U.E.P.F.P.) en el caso, tornaría abstracto pronunciarse sobre las apelaciones formuladas por la parte actora.

Al respecto, corresponde recordar que en forma reiterada se ha dicho que el art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación exige que el apelante motive y funde su queja, señalando y demostrando los errores en que se ha incurrido o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho (esta Sala, «Valentini, Ada Ethel c/ Ministerio de Salud y Acción Social», sentencia del 31 de octubre de 1991; «Meller S.A. c/ Ferrocarriles Argentinos», sentencia del 4 de abril de 1995; «Capsi S R L (TF 8592-A) c/ D.G.A.», sentencia del 4 de marzo de 1999; «Nuevos Montes SRL (TF 21.251-I) c/ D.G.I.», sentencia del 28 de agosto de 2007; «Coulin, Néstor Polidoro c/ CPACF», sentencia del 21 de octubre de 2008; «Aerolíneas Argentinas SA (ARSA) c/ EN – Mº Planificación – Resol 1478/05-ST-Resl 3/05 s/ Proceso de conocimiento», sentencia del 31 de marzo de 2010; «Expofrut S.A. (TF 22815-A) c/ DGA», sentencia del 6 de octubre de 2011; «Comoglio, Laura Inés y otro c/ CONICET – Resol 1548/11 (Exp 1616/09 y otros s/ Empleo Público», sentencia del 27 de mayo de 2014; y «Coutiño, O.c/ EN – EMGE- y otros s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg», sentencia del 23 de junio de 2015, entre muchos otros).

Es decir que el contenido del memorial debe consistir en una crítica precisa de las supuestas falencias que contiene la sentencia, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho, y no puede constituir únicamente una simple discrepancia con lo resuelto por el juzgador.

Por otra parte, si bien la valoración de la expresión de agravios, a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación, no debe llevarse a cabo con injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio, es preciso que en ella se detallen concretamente los aspectos de la sentencia respecto de los cuales se disiente y que, además, se brinden fundamentos serios y precisos que demuestren al tribunal de alzada cuáles fueron los errores de la sentencia apelada (esta Sala, causa «Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN-M° Economía y P – Resols. 296/06 298/06 s/ proceso de conocimiento», sent. del 14/8/2012, entre muchas otras).

En este orden de ideas, la mera reedición por las partes de los argumentos vertidos en las instancias anteriores no constituye una crítica concreta y razonada del fallo, en los términos del mencionado artículo 265 (cfr. Fallos 307:2216 y esta Sala in re «Firestone de Argentina», sentencia del 3/10/91, entre otras).

Es que el concepto de crítica «concreta» y «razonada» que establece el precepto normativo citado exige del apelante una exposición sistemática tanto en la interpretación de la resolución recurrida como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas, en las que precise los vicios, omisiones y demás deficiencias que le atribuye a la decisión que impugna; y una especificación, con toda exactitud, de los fundamentos de las objeciones. Esta concepción valga destacarlo, ha sido receptada incluso por la Corte federal (Fallos:323:1261 y su cita, entre muchos otros).

Bajo tales parámetros, cabe concluir que el recurso en examen no cumple con esos requisitos mínimos, por cuanto los argumentos esgrimidos no constituyen una crítica concreta y razonada de los fundamentos invocados por el a quo y, en consecuencia, no alcanzan a conmover el criterio fijado en el fallo apelado.

Así, y a poco que se observen los agravios examinados, puede colegirse que se retoman conceptos vertidos previamente, que no hacen más que insistir en la supuesta culpabilidad in vigilando de la demandante, pero que no intentan rebatir de modo alguno la responsabilidad que el tribunal de grado atribuyó a Ferrobaires SA (U.E.P.F.P.); en especial -implícita pero claramente- que las características del inmueble involucrado como así su falta de reparación y/ o abandono constituían elementos determinantes que excluían, por su magnitud, cualquier respons abilidad que quisiese asignarse a la actora, basada en el deber parental de cuidado de sus hijos menores. En efecto, la magistrada fundó dicha imputación en su carácter de titular del predio donde se produjo la tragedia, teniendo en cuenta que el art. 1113 del Código Civil, por entonces vigente, preveía que la obligación del que ha causado un daño se extiende a los que produjeren los que están bajo su dependencia, o las cosas de que se sirve o que tiene a su cuidado. En ese sentido, el a quo precisó que con la prueba incorporada al proceso se hallaba debidamente acreditada la omisión de la concesionaria en cumplir con las normas de seguridad, la conservación en buen estado del predio, su cerramiento, la colocación, mantenimiento y renovación de barandas y alambrados divisorios dentro del inmueble concesionado.Todo lo cual, vale reiterar, no ha sido rebatido por la Fiscalía de la PBA en su expresión de agravios, donde sólo se menciona genéricamente el supuesto conocimiento de la actora sobre la existencia de un agujero en el cerramiento del bien, mas no se detallan elementos probatorios que contradigan lo dispuesto en primera instancia sino que únicamente se hace mención a una declaración testimonial de la que surge «que el techo el galpón no resultaba apto para transitar», lo cual -contrariamente a lo pretendido por la recurrente- sólo refuerza lo señalado por el tribunal de grado.

El resto de las quejas formuladas en el memorial presentan una confusa redacción o bien carecen de un desarrollo mínimo que amerite un examen pormenorizado por parte de esta Alzada. Puntualmente, en lo que respecta a los agravios relativos los montos y rubros indemnizatorios por los que prosperó la demanda, lo cierto es que ni siquiera se efectuó un análisis de cada uno indicando las razones de su supuesta improcedencia o excesiva cuantía, sino que tan sólo se limitó a criticar la cuestión de forma genérica.

Por lo demás, si bien el apelante plantea que la juez de grado falló «extra petita» (cuando, en rigor de verdad y según sus dichos, debió referirse a una sentencia «ultra petita»), la critica también debe ser desestimada, si se tiene en cuenta que una condena judicial no quebranta los términos de la litis, aun cuando exceda el importe indicado en la demanda, si la expresión de este último fue seguida de la reserva relativa a lo que resultare de la prueba o se fijare por el juez, tal como ocurrió en el presente caso (v. esp. fs. 8vta., pto. VI).

En definitiva, los escuetos términos en que el remedio fue planteado enervan cualquier posibilidad de este Tribunal de pronunciarse sobre las cuestiones sometidas a examen. En consecuencia, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado de la PBA (art.266 CPCCN).

10) Que, en cuanto a la procedencia de la pretensión indemnizatoria de los co-actores M. y R. D. Y., hermanos de la víctima, se debe tener en cuenta que, al momento de la interposición de la demanda, resultaban menores de edad, por lo que su madre A. N. D. Y. la amplió en su representación (fs. 39/40). En ese marco, la juez de grado se inclinó por su rechazo, argumentando que los hermanos no habían comparecido a ratificar todo lo actuado en su nombre, al adquirir la mayoría de edad.

Así las cosas, estimo que corresponde hacer lugar al planteo efectuado por los apelantes y revocar la sentencia de grado en este aspecto. En efecto, si su incorporación al proceso ya había sido admitida, materializándose a través de la actuación de su progenitora en virtud de la representación legal que le confería el instituto de la patria potestad (arg. arts. 264 y 274 CC.; también arts.

26 y 101 CCyCN), una vez concluida ésta por haber alcanzado la mayoría de edad, la carga procesal que pesaba sobre los recurrentes consistía, en todo caso (y sin perjuicio de ratificar lo que pudiera haber sido actuado en su nombre), en presentarse al menos con nuevo patrocinio letrado, para lo cual procedía una intimación previa antes de dar por decaído su derecho (arg. arts. 53, inc. 6°; 56 y 57 CPCCN), de modo de no afectar su derecho de defensa.

Y ello, no ocurrió en el caso.

En este sentido, cabe destacar que ambos co-actores se presentaron posteriormente a estar a derecho y ratificaron todo lo actuado en su nombre (fs. 590 y 599).

Sentado ello, vale recordar que la Corte federal ha sostenido (por aplicación de la regla general contenida en el art. 1079 del CC) que, siempre que el hecho se encuentre suficientemente probado en la causa, la muerte de la víctima hace nacer una acción resarcitoria en favor de cualquier persona que haya sufrido un perjuicio por ello (Fallos:318:2002; 332:2842; 338:652). En ese contexto, es dable colegir que M. y R. D. Y. se encuentran habilitados para reclamar los daños generados por la muerte de su hermano; y, teniendo en cuenta que la responsabilidad de Ferrobaires SA (U.E.P.F.P) no se halla controvertida en el caso, deberá examinarse puntualmente si se encuentran probados los daños que aquéllos invocaron (psicológico y daño moral), lo cual será abordado al dar tratamiento a la procedencia y cuantía de dichos rubros en relación a la totalidad de los demandantes.

11) Que, sentado ello, corresponde analizar la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios.

12) Que, en lo atinente al daño económico-pérdida de chance -pretendido únicamente por la coactora A. N. D. Y.-, se ha dicho que la vida humana no tiene valor económico per se sino en consideración a lo que produce o puede producir. No es dable evitar una honda turbación espiritual cuando se habla de tasar económicamente una vida humana, reducirla a valores crematísticos, hacer la imposible conmutación de lo inconmutable. Pero la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes.

En ese orden de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquéllos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingreso se extingue (cfr. Fallos:316:912; 317:728; 1006 y 1921; 318:2002 ; 320:536 ; 322:1393 ; 323:3614 ; 324:1253 y 2972 ; 325:1156(ref.MJJ7239); 325:1277 ; 326:1299 ; 329:4944 ; 332:2842 ; en sentido análogo, esta Cámara, Sala I, causas «Rosalez Claudia Patricia y otros c/ Servicio Penitenciario Federal y otro s/ daños y perjuicios», sent. del 23/03/11 y «Rodríguez Daniel Osvaldo c/ EN – Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios», sent. del 12/03/09; Sala II, causas «Furman Jacobo y otro c/ EN y otro s/daños y perjuicios», sent. del 1/03/16, «V.,R. y otro c/ EN y/o otros s/ daños y perjuicios», sent. del 16/02/16 y «Alche de Ginsberg Laura Edith c/ EN – Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios», sent. del 23/10/08; Sala III, causas «Faifman Ruth Myriam y otros c/ EN s/ daños y perjuicios», sent. del 24/10/13 y «Lew Benjamin Jorge y otro c/ EN – Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios», sent. del 7/10/08; esta Sala, causas «Acosta María Liliana c/EN – Mº Justicia y DDHH – SPF s/ daños y perjuicios», sent. del 8/11/12, «Farías, Gabriela Liliana c/ Edesur SA s/ daños y perjuicios» , sent. del 19/04/12 y «Medina Carlos Horacio/ Dra Gonzalez Vivero y otro c/ GCBA y otros s/daños y perjuicios», sent. del 31/08/17, entre otras; y Sala V, causa «Arena vda. de Riva, María Mercedes y otros c/ Mº Interior – PFA s/ daños y perjuicios», sent. del 26/03/15).

No obstante, para fijar la indemnización por el valor vida no han de aplicarse fórmulas matemáticas, sino que es menester computar las circunstancias particulares de la víctima y de los damnificados: edad, grado de parentesco, profesión económica, expectativa de vida, etc. (Fallos:310:2103 y sus citas).

Se debe distinguir también el resarcimiento por el sostén económico que proporcionaba el sujeto al momento del deceso -extremo que exige especial acreditación-, de la indemnización de la «chance», entendida como la ayuda que aquél habría podido brindar razonablemente a sus progenitores en un futuro (Fallos: 332:2842; 338:652, entre otros).

Con relación a esto último, la Corte Suprema se ha pronunciado por su admisibilidad aun para el supuesto de muerte de hijos menores, pues es dable admitir la frustración de aquella posibilidad de sostén para los progenitores, expectativa legítima de acuerdo con lo dispuesto por el art. 367 del Código Civil, y verosímil según el curso ordinario de las cosas (Fallos:321:487; 322:1393; 338:652).

En esta línea, cabe poner de relieve que la pérdida de chance de ayuda futura en caso de muerte del hijo se encuentra actualmente prevista como daño indemnizable en el artículo 1745 del Código Civil y Comercial, que dispone: «Indemnización por fallecimiento. En caso de muerte, la indemnización debe consistir en: (.) c) la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos.». Así y como principio, la muerte de un hijo supone para sus padres la pérdida de una razonable posibilidad de asistencia futura en situaciones naturales que pueden requerirla (vejez, enfermedad, etc.), por lo que el deceso ocasiona entonces un daño indemnizable, que debe ser valorado con singular prudencia y concreto ajuste a las circunstancias comprobadas a la época del evento. Debe tenerse presente que «la ‘chance’ es precisamente una mera posibilidad, cuya valoración debe ser hecha en función de las propias y concretas circunstancias de cada caso, que por tratarse de situaci ones que se proyectan en base a hipótesis de futuro, no puede identificarse con un concreto beneficio frustrado (cfr. Sala III, causa «García Julio Raúl y otros c/ EN – SPF s/ daños y perjuicios» , sent.del 8/05/12 y sus citas; en sentido análogo, Sala II, causa «Furman, Jacobo y otro c/ EN y otro s/daños y perjuicios», sent. del 1/03/16).

En función de lo expuesto, la pérdida de la chance debe aparecer también con la certeza necesaria para justificar su resarcimiento.

En el caso, la recurrente expresa que, teniendo en cuenta su falta de instrucción, la futura ayuda del fallecido resultaba fundamental no únicamente para su vejez, sino también para la provisión de sustento en la vida diaria. Asimismo, de las constancias de autos surge que, al momento de la tragedia, F. D. Y. tenía 10 años y se encontraba cursando el 5º grado de la escuela primaria (cfr. documentación original de fs. 30).

Sobre tales bases, corresponde hacer lugar a los agravios de la co-actora y elevar el monto reconocido a la suma de $ 250.000 en concepto de valor vida-pérdida de chance.

13) Que, respecto al daño psíquico, la Corte Suprema ha señalado que «cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, atendiendo a su incidencia en el campo laboral y sus proyecciones en el ámbito doméstico, social, cultural y deportivo, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida» (cfr. Fallos: 322: 2002 y 2658; 329: 2688; 334:1821, entre otros).

A diferencia del daño moral -que escapa al horizonte pericial psico-forense por no conllevar patología-, el daño psicológico implica conformación o incremento de una patología de este tipo. En el daño psíquico se debe evaluar la perturbación o lesión a las facultades mentales y alteraciones en los rasgos de personalidad. Se puede hablar de daño psíquico en una persona cuando ésta presenta un deterioro, disfunción o trastorno en el desarrollo psicoorgánico que afectando sus esferas, volitiva o intelectual, limita su capacidad de goce individual, familiar, laboral o social.A tal fin, es indispensable acreditar de modo indiscutible y científico, la existencia de tal patología (esta Sala, in re «Carreño, Cristian Gabriel c/ EN – Mº Interior – PFA – Superintendencia de Bomberos y otros s/ Daños y Perjuicios», sent. del 16/04/19, considerando 13 y sus citas).

En el caso, el perito psicólogo interviniente señaló, respecto de la Sra. A. N. D. Y., que «los acontecimientos vividos en relación a la muerte de su hijo le han demandado un gasto muy grande de energía. Por este motivo se encuentra empobrecida de tal manera que se ha refugiado en si misma y sus relaciones son exclusivamente endogámicas» (fs. 516, énfasis añadido). Agregó que, «cae y se desvanece ni bien entra en contacto con los sentimientos de pérdida que permanecen intactos y carentes de elaboración. Ante la actualización verbal del hecho de la Litis, sucumbe, se desmorona y entra en estado de profunda angustia. Aparecen sentimientos de culpa que la atormentan y la sumen en el desgano y la depresión» (sic), para concluir que «la imprevisibilidad de la muerte de su hijo, las circunstancias en las que ocurrió y la imposibilidad de anticiparla, contribuyen a entorpecer el desarrollo de la elaboración del duelo» (fs. 516 cit.; énfasis añadido).

Bajo estos parámetros, explicó que la co-actora se encontraba atravesando un duelo patológico (Cod. 2.6.6) de leve a moderado, el cual reportaba «una incapacidad parcial y permanente del 20%» de acuerdo al Baremo de los Dres. Castex y Silva (fs. 517; énfasis agregado).

Así pues, es indudable que en autos se encuentra fehacientemente acreditado el impacto negativo que imprimió el hecho de autos en el aparato psíquico de la Sra. A. N. D. Y. y, por ende, la existencia de secuelas permanentes (Fallos: 334:376).

En este escenario, y atendiendo a lo resuelto en causas en las que se determinaron porcentajes similares de incapacidad (cfr. esta Sala, «Viscomi Edgardo César y otro c/ EN – Mº Interior – PFA – Superintendencia de Bomberos y otros s/ daños y perjuicios», sent.del 19/06/18; «Romero, Chiristian Daniel c/ EN-Mº Interior -PFA y otros s/ daños y perjuicios», sent. del 21/03/19; y «Taliercio, Francisco Antonio y otros c/ EN – M Justicia – PFA y otros s/ Daños y Perjuicios», sent del 4/07/19; entre otros), se estima que una materialización en valores monetarios del resultado de la pericia asciende a $ 80.000. En consecuencia, corresponde elevar el importe concedido por el a quo al respecto.

Por otro lado, en cuanto a los co-actores M. y R. D. Y., cabe destacar que no se desprende de las constancias de autos la producción de una pericia psicológica, instrumento fundamental para acreditar de modo indiscutible y científico la existencia de una patología psíquica, ni puede arribarse a dicha conclusión por medio de otros elementos probatorios obrantes en el expediente, por lo que no queda más remedio que desestimar la indemnización solicitada en este concepto.

En este sentido, es menester recordar la inveterada doctrina de la Corte federal que establece que quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos (art. 377 del CPCCN), y si no logra cumplir con ese deber mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo de que sea rechazada (Fallos: 327:2231 ; 331:881 , entre muchos otros).

Todo ello, sin perjuicio del replanteo de prueba efectuado y rechazado por esta Alzada (fs. 632), teniendo en cuenta que la oportunidad para impulsar este tipo de medidas residía en la instancia anterior y que fue la falta de promoción por parte de los accionantes lo que impidió realizarlas, siendo tal cuestión de su exclusiva responsabilidad.

Por lo demás, resta aclarar que este rechazo implica la desestimación de los peticionado en concepto de «gastos para tratamiento psicológico», a favor de los mentados coactores, sobre la base de idénticos argumentos.

14) Que, sin perjuicio del reconocimiento de la incapacidad psíquica definitiva respecto de la co-actora A. N. D.Y., en la anterior instancia se le otorgó la suma de $ 230.400, destinada a cubrir un tratamiento psicológico futuro.

Al respecto, la experta psiquiatra recomendó la realización de un tratamiento psicoterapéutico, con una duración no inferior a treinta y seis meses y una frecuencia de dos sesiones semanales, estimando en $ 1.000 el costo aproximado por consulta (fs. 517).

En este orden de ideas, es dable advertir que el Máximo Tribunal ha admitido ambos rubros indemnizatorios (esto es, daño psicológico y gastos por tratamiento psicológico). Puntualmente, destacó que si bien el detrimento al que refería el actor en concepto de daño psicológico ya había sido ponderado al tratar la incapacidad sobreviniente, correspondía reconocer otra suma a efectos de solventar una terapia focalizada por el plazo de seis meses, atendiendo a las recomendaciones efectuadas por la perito psicóloga (causa M. 31.

XXXVII., «Molina, Alejandro Agustín c/ Santa Fe, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios», sent. del 20/12/11). En sentido análogo, en la causa «Salomón, R. Nelson c/ GCBA y otros s/ Daños y Perjuicios», sent. del 19/03/19 (v. considerando 14 y sus citas), esta Sala -mediante voto de quien suscribe- confirmó un importe en concepto de daño psíquico comprensivo de las incapacidades detectadas y de los costos de los tratamientos indicados por el profesional.

En las condiciones descriptas, teniendo en cuenta la competencia de la perito, la carencia de otros medios de prueba que desvirtúen las conclusiones sobre el tratamiento que resultaría adecuado para la afectada, y a fin de poder solventar el total de las 312 sesiones sugeridas, a razón de los $ 1.000 indicados por consulta (cfr. fs. 517 cit.; y el valor de sesión adoptado en forma reciente por esta Sala en la causa «Ruiz, Luis E. y otros c/ EN – Mº Interior – PFA – Superintendencia de Bomberos y Otros s/ Daños y Perjuicios», sent.del 12/03/20), se debe hacer lugar a las manifestaciones formuladas por la referida coactora, elevándose la suma otorgada por dicho concepto a $ 312.000.

15) Que, en casos como el de autos es indudable que el daño moral debe tenerse por configurado in re ipsa (arg. art. 1078 del Código Civil), pues el evento dañoso -cuyas consecuencias han sido examinadas en los considerandos precedentes- constituyó una fuente de angustias y padecimientos espirituales que corresponde reparar judicialmente (cfr. CSJN, M.31.XXXVII., «Molina, Alejandro Agustín c/ Santa Fe, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios» , sent. del 20/12/11).

Del mismo modo, en Fallos: 330:563 y 334:376 se interpretó que el reclamo por daño moral era procedente por la sola producción del evento dañoso y se precisó, en el último de los precedentes citados, que «-más allá de las escasas secuelas incapacitantes derivadas del mismo-, importó un episodio traumático teñido de dramatismo, que acarreó inevitables padecimientos y angustias a la demandante, cuyas molestias se proyectan al presente».

Asimismo, cabe recordar la jurisprudencia según la cual «el dolor humano es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido. Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata pues de compensar, en la medida posible, un daño consumado. El dinero en el caso es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales.

De este modo, la evaluación del perjuicio moral es tarea d elicada pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como -en principio- debe hacerse de acuerdo al artículo 1083 del Código Civil.El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a equivalencia. La dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que no cabe sostener que no es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir, dentro de lo humanamente posible, las angustias, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida» (Fallos: 334:376, entre otros) En lo concerniente a la fijación de su quantum sostuvo, en rei-teradas oportunidades, que debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad, la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 321:1117; 323:3614; 325:1156; 334:376, entre otros). Por otra parte, cabe ponderar que, en el sub lite, la índole del hecho generador del daño es una omisión ilícita a deberes esenciales del Estado que se ha traducido en la lesión de bienes que tienen un valor esencial en la vida del hombre, como son los afectos primarios, la seguridad del entorno familiar, la tranquilidad de espíritu (cfr. Sala II, causa «Furman Jacobo y otro c/ EN y otro s/daños y perjuicios», sent. del 1/03/16).

Respecto de la co-actora A. N. D. Y., también cabe tener en cuenta que la muerte de un hijo provoca uno de los mayores daños que el ser humano pueda sufrir (Fallos: 338:652), puesto que ello es contrario al curso natural de la existencia humana, y a la vez implica la privación por siempre de las legítimas expectativas vitales y afectivas recíprocas que se suceden en el transcurso de la relación filial (Sala II, «Rodríguez, María Irene c/EN – Mº Justicia, Seguridad y DDHH – SPF s/daños y perjuicios», sent.del 13/11/14).

Bajo tales parámetros, en atención a la doctrina jurisprudencial señalada, la índole del hecho generador del perjuicio, y las circunstancias del caso, corresponde hacer lugar al planteo efectuado por la mentada co-actora y elevar el monto reconocido en concepto de daño moral a $ 500.000.

En cuanto a los co-actores M. y R. D. Y., cabe destacar el referido artículo 1078 del Código Civil dispone que «.la acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos.» (énfasis añadido). En este sentido, si bien tanto la Corte federal (cfr. Fallos: 316:2894) como la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en pleno («Ruiz, Nicanor y otro c/ Russo, Pascual O.», sent. del 28/02/94), han dicho que los herederos forzosos, legitimados para reclamar la indemnización por daño moral según lo previsto en el citado art. 1078, no son sólo los de grado preferente de acuerdo al orden sucesorio, precisaron que ello no llevaba a extender el supuesto a los hermanos de la víctima, por cuanto, pese a que pueden ser llamados a recibir la herencia, al tratarse de parientes colaterales no resultan herederos legitimarios (CNCiv., Sala B, in re «Piatti de Bentiboglio, Nelly Josefa c/ Broitman, Carlos s/ Daños y Perjuicios», sent. del 11/06/97; y Sala I de esta Cámara, causa «Rosalez, Claudia Patricia y otros c/ Servicio Penitenciario Federal y otro s/ daños y perjuicios», sent. del 23/03/11).

Sobre tales bases, corresponde desestimar la indemnización solicitada por los mentados co-actores en concepto de daño moral. Máxime, cuando una posición contraria importaría examinar -inexorablemente- la constitucionalidad del referido art. 1078 Cód.Civil, planteo que en modo alguno ha sido formulado ante esta Alzada.

16) Que, por lo expuesto, se condena a pagar las sumas de $ 1.142.000 ($ 250.000 en concepto de pérdida de chance; $ 80.000 por daño psicológico, y $ 312.000 para su respectivo tratamiento; y $ 500.000 en carácter de daño moral) a favor de la coactora A. N. D. Y.

17) Que, por lo demás, resultan procedentes las quejas formuladas por la parte actora en cuanto a la fecha de inicio del cómputo de los intereses. En este sentido, cabe precisar que -como regla- se devengarán desde la fecha del hecho generador del daño (17/06/08) y hasta su efectivo pago, salvo con relación al rubro reconocido en concepto de tratamiento psicológico, que se computará a partir de la fecha del pronunciamiento de primera instancia (doctr.Fallos: 323:3564; 325:1277; 334:376; 338:652).

Asimismo, cabe aclarar que, a efectos de su cálculo -como pauta general- corresponde aplicar la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, en atención al criterio propiciado por esta Alzada que, de acuerdo con la doctrina sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas oportunidades, señala que -a partir del 1º de abril de 1991- la aplicación de la mentada tasa pasiva mantiene incólume el contenido económico de la prestación (doctr. de Fallos: 315:158 y 992; 323:847; 328:2954, entre otros; en igual sentido, esta Sala, «Sandoval Maureira, A. Elizabeth c/ EN – Mº Seguridad – PFA s/ daños y perjuicios», sent. del 11/05/17; y «Gauna, Jeremías c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios» sent. del 29/08/19; entre otras).

No obstante, es menester dejar sentado que la juez de grado estableció que, desde la fecha de la sentencia y hasta su efectivo pago, los intereses sobre los importes reconocidos a favor de la Sra. A. N. D. Y.deberían ser calculados a la la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; cuestión que no ha sido apelada por las partes y se encuentra firme con los alcances fijados, por lo que resulta ajena al conocimiento de este Tribunal.

En definitiva y bajo los parámetros expuestos, los intereses sobre los importes reconocidos en autos deberán ser calculados mediante la aplicación de la referida tasa pasiva, desde el momento del hecho y hasta la fecha de la sentencia de grado (a excepción del monto otorgado en concepto de tratamiento psicológico), y mediante la aplicación de la mencionada tasa activa, desde el pronunciamiento y hasta su efectivo pago.

18) Que, en lo referente a las costas del pleito, cabe tener presente que en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se consagra el principio rector en la materia, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota: quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar su contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (cfr.Fallos: 317:1636; 312:899; entre muchos otros; y, esta Sala, causa «Spinelli de Davasa Heybell Marta y otros c/ Estado Nacional (M? de Cultura y Educación) s/ empleo público», sent. del 15/8/00, entre otros pronunciamientos).

Si bien es posible reconocer excepciones a tal regla en las condiciones que se establecen en el segundo párrafo de la norma, que faculta a los jueces a eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, por decisión fundada (Fallos: 311:809 y 317:1640, entre otros), este Tribunal ha expresado que la atribución confiada al arbitrio judicial debe ejercerse restrictivamente sobre la base de circunstancias que tornasen manifiestamente injusta la aplicación del principio general en la materia (cfr. causas «A.N.A. c/ Carrigton, Wilfredo José», sent. del 6/6/86; «Del Valle», sent. del 9/10/90; «Bacigalupi y De Stefano Ingenieros», sent.del 22/3/91; «Compañía de Servicios y Suministros S.R.L.», sent. del 19/9/91; «Spinelli», cit.; entre muchas otras).

Por lo demás, es preciso advertir que nos encontramos ante un litisconsorcio facultativo (art. 88 CPCCN) donde cada sujeto tiene legitimación sustancial propia (en tanto han reunido en un solo proceso pretensiones que po-drían reclamar en juicios separados), por lo que en sus relaciones con la contraparte deben ser considerados como litigantes distintos.

Sobre tales bases, en atención a que se hizo lugar sustancialmente a lo pretendido por la accionante A. N. D. Y. y a que no se observan razones que permitan apartarse válidamente del principio objetivo de la derrota, se debe modificar lo decidido por el a quo en este aspecto e imponer los gastos causídicos de ambas instancias a la parte condenada en autos (cfr. art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

No obstante, con relación a los co-actores M. y R. D. Y., teniendo en cuenta que sus acciones no prosperaron en la medida de su pretensión, se debe confirmar lo dispuesto por la juez de grado al respecto y las costas relativas a su participación en el pleito deben ser distribuidas en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

Finalmente y sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, bajo idénticos parámetros, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el GCBA e imponer los gastos generados por su intervención a los demandantes, toda vez que su responsabilidad en el caso fue desestimada y a que no se vislumbran argumentos para que proceda la excepción al referido principio general.

Por ello, VOTO por:

1) Declarar desierto el recurso interpuesto por la Fiscalía de la PBA (art. 266 del CPCCN).

2) Hacer lugar parcialmente a los recursos deducidos por los co-actores y el GCBA; en consecuencia, modificar la sentencia de fs. 574/585vta., en los términos establecidos en los considerandos 8º a 16, condenando a Ferrobaires SA («U.E.P.F.P») a abonar a la co-actora A. N. D. Y.la suma total de $ 1.142.000, con más los intereses establecidos en el considerando 17.

3) Imponer las costas de ambas instancias, de conformidad con lo dispuesto en el considerando 18.

Los señores jueces de Cámara Jorge Eduardo Morán y Rogelio W. Vincenti adhirieron al voto precedente.

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE:

Por ello, VOTO por:

1) Declarar desierto el recurso interpuesto por la Fiscalía de la PBA (art. 266 del CPCCN).

2) Hacer lugar parcialmente a los recursos deducidos por los co-actores y el GCBA; en consecuencia, modificar la sentencia de fs. 574/585vta., en los términos establecidos en los considerandos 8º a 16, condenando a Ferrobaires SA («U.E.P.F.P») a abonar a la co-actora A. N. D. Y. la suma total de $ 1.142.000, con más los intereses establecidos en el considerando 17.

3) Imponer las costas de ambas instancias, de conformidad con lo dispuesto en el considerando 18.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORAN

ROGELIO W. VINCENTI

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