#Fallos La CSJN dispuso la permanencia de los magistrados Bertuzzi y Bruglia en sus funciones, hasta tanto se dirima la cobertura de los cargos vacantes de acuerdo al procedimiento constitucional

Partes: Bertuzzi Pablo Daniel y otro c/ EN – PJN y otro s/ amparo ley 16.986

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 3-nov-2020

Cita: MJ-JU-M-128836-AR | MJJ128836 | MJJ128836

La Corte, si bien consideró que la resolución 183/2020 del Consejo de la Magistratura que intentaba transformar en nombramientos definitivos a los traslados de dos jueces -sin pasar por el mecanismo previsto por los arts. 99 inc. 4 y 114 incs. 1 y 2 de la Constitución Nacional- era inconstitucional, dispuso la permanencia de los magistrados en sus funciones, hasta tanto se dirima la cobertura de los cargos vacantes de acuerdo al procedimiento constitucional, a fin de respetar su garantía de estabilidad y evitar una situación de incertidumbre judicial.

Sumario:

1.-La única interpretación posible del sistema de fuentes del derecho argentino es que los traslados de los jueces no pueden convertirse en un procedimiento para el nombramiento permanente de magistrados, pues ello está al margen de la clara letra de los arts. 99, inc. 4° CN., segundo párrafo -el Presidente de la Nación los nombra en base una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos- y 114 incs. 1 y 2 -son funciones del Consejo de la Magistratura seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores y emitir propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores-.

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2.-La res. 183/2020 del Consejo de la Magistratura, en tanto pretende enmendar parcialmente el procedimiento de traslado de magistrados para convertirlo en un nombramiento con carácter definitivo, generando la intervención del Senado pero sin la previa selección específica prevista para la cobertura de esos cargos y la remisión de ternas al Poder Ejecutivo Nacional debe ser descalificada por su inconstitucionalidad, ya que el procedimiento de los arts. 99, inc 4, segundo párr., y 114 de la CN., es el único mecanismo para acceder a una judicatura específica y es también un procedimiento complejo que no puede completarse por partes sino de forma íntegra.

3.-El carácter del traslado de los jueces excede el interés de las partes, porque las respuestas que se ofrezcan tendrían directa incidencia sobre la integración de uno de los Poderes del Estado e influencia sobre la garantía del juez natural.

4.-Si bien los recurrentes son jueces que ocupan sus actuales cargos de modo no definitivo, por no haber cumplido con el procedimiento previsto por la Constitución Nacional, hasta tanto se dirima la cobertura de los cargos vacantes de acuerdo al procedimiento constitucional, permanecerán en sus funciones y gozarán de la garantía constitucional de inamovilidad, ya que se procura evitar una situación de incertidumbre jurisdiccional con consecuencias que podrían traducirse no sólo en impunidad -o riesgo de tal- en el juzgamiento de delitos de suma gravedad que hayan merecido sus intervenciones o que las merezcan en el futuro, sino también en violación de garantías respecto de las personas que hubiesen sido absueltas o sobreseídas.

5.-Las costumbres inconstitucionales no generan derecho, ya que los accionantes presumen que un traslado es definitivo solo porque así ofició, de facto, en varias oportunidades, sin que exista norma jurídica alguna que convalide esa aspiración.

6.-No es inconstitucional el traslado como tal, sino su pretensión de convertirse en una designación definitiva vulnerando el mecanismo constitucional del art. 99 inc. 4 previsto para los nombramientos.

7.-Los traslados de los actores nunca pudieron ser considerados regulares ni definitivos, ya que no cumplieron con el requisito establecido en el inciso b del art. 1° del reglamento de traslado de jueces aprobado por la res. 155/00 del Consejo de la Magistratura, en tanto los cargos que desempeñaban no tenían la misma competencia funcional que los cargos a los cuales fueron trasladados (del voto de la Dra. Highton de Nolasco).

8.-En oportunidad de declarar la invalidez constitucional de distintos regímenes de designación de jueces subrogantes, la Corte ha procurado evitar las consecuencias negativas que se derivarían de la inmediata caducidad de esas designaciones a través de soluciones ad hoc que establecieron períodos de transición para permitir que los restantes poderes del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, procedan a adoptar las medidas necesarias para superar las objeciones constitucionales que habían motivado la decisión (del voto de la Dra. Highton de Nolasco).

9.-Corresponde mantener la vigencia del traslado de los magistrados hasta la cobertura de cada uno de los cargos de manera definitiva, a través del procedimiento que prevé la Constitución Nacional mediante la intervención del Consejo de la Magistratura, del Senado de la Nación y del Presidente de la República, de modo que permita a los actores participar de ese proceso y tener la posibilidad de transformar sus traslados en nombramientos definitivos (del voto de la Dra. Highton de Nolasco).

10.-Un juez trasladado con sujeción a las pautas constitucionales y reglamentarias vigentes al momento de su traslado tiene la garantía de inamovilidad establecida por el art. 110 de la CN. (del voto en disidencia del Dr. Rosenkrantz).

11.-El proceder del Consejo de la Magistratura es arbitrario, en tanto pretendió revisar la regularidad de un traslado ya realizado, facultad que la Constitución no le atribuye expresa ni implícitamente y que ninguna norma inferior podría atribuirle sin violentar la inamovilidad que garantiza el art. 110 y, con ello, socavar la propia finalidad que tuvo el constituyente al crear el Consejo, que fue elevar el umbral de garantía de la independencia judicial; en uso de una atribución de la que manifiestamente carecía, el Consejo decidió que una nueva regulación de traslados tendría efectos retroactivos sobre traslados ya cumplidos y consolidados y que, por lo tanto, habían generado derechos para los magistrados trasladados (del voto en disidencia del Dr. Rosenkrantz).

12.-La consecuencia de la aplicación retroactiva de un nuevo criterio para el traslado de magistrados es que la permanencia de los jueces en los cargos que desempeñan en la cámara de apelaciones quedó enteramente sujeta a la decisión discrecional del Poder Ejecutivo y, en su caso, del Senado, lo cual importó una vulneración manifiesta de su respectivo derecho a permanecer en tales cargos mientras dure su buena conducta, situación particularmente grave, pues el derecho a la inamovibilidad de los jueces es, desde el punto de vista institucional, una inmunidad indispensable para asegurar que el Poder Judicial de la Nación pueda funcionar con independencia de las otras dos ramas del gobierno nacional, el Ejecutivo y el Legislativo (del voto en disidencia del Dr. Rosenkrantz).

13.-La interpretación de los traslados de los magistrados reviste marcada gravedad institucional, puesto que involucra determinar si resulta constitucionalmente admisible la revisión por parte del Consejo de la Magistratura del mecanismo de traslados por el cual un importante número de magistrados, quienes cuentan con acuerdo previo del Senado, han sido designados en diversos tribunales del Poder Judicial de la Nación y en los cuales han venido desempeñando sus funciones durante diversos períodos de tiempo, en algunos casos muy prolongados (del voto en disidencia del Dr. Rosenkrantz).

14.-Conceder efecto retroactivo a una nueva regla en materia de traslados o a una nueva interpretación de una regla ya existente es absolutamente inadmisible, ya que no solo deja a los dos jueces que han iniciado una demanda a merced de la discreción de otros poderes del estado, sino que además produce idéntico efecto debilitador sobre la inamovilidad de todos aquellos magistrados que aceptaron su traslado bajo una regla anterior menos exigente o simplemente distinta en su alcance (del voto en disidencia del Dr. Rosenkrantz).

15.-El carácter definitivo de las designaciones de los jueces trasladados ha sido ratificado por la acordada 7/18 , al afirmar que los únicos traslados que pueden ser transitorios son los irregulares, o sea, aquellos realizados en violación a las pautas fijadas en la misma acordada; no cabe entender que las acordadas 4/18 y 7/18 hayan otorgado a los nombramientos por traslado un carácter diferente, ni que la garantía de inamovilidad que los protege pueda ser respetada de ningún otro modo que mediante la continuidad de los magistrados actores en sus cargos actuales mientras dure su buena conducta (del voto en disidencia del Dr. Rosenkrantz).

16.-Una vez que la Corte ha decidido que un traslado es válido, no es posible alterar retroactivamente el criterio de validez utilizado, en tanto lo contrario supondría atribuir al Tribunal la potestad de convertir jueces inamovibles en jueces movibles, lo que es claramente incompatible con la alta función que le encomienda la Constitución Nacional, que no es otra que mantener su plena vigencia, y dentro de la cual ocupa un lugar central la preservación de las garantías de independencia del Poder Judicial (del voto en disidencia del Dr. Rosenkrantz).

Fallo

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2020

Vistos los autos: Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c/ EN – PJN y otro s/ amparo ley 16.986.

Considerando:

1°) Que los doctores Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Oscar Bruglia, por derecho propio, promovieron esta accion de amparo contra el Estado Nacional -Consejo de la Magistratura de la Nacion- a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la resolucion 183/2020 del Plenario de dicho organo y se declare «el caracter definitivo de los cargos» que ocupan en la Sala I de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta Ciudad.

En virtud del mencionado acto la demandada declaro que en los traslados de los actores «el Poder Ejecutivo de la Nacion no ha completado el procedimiento constitucional previsto en el art. 99 inc. 4 de la Constitucion Nacional», lo cual resolvio tambien comunicar al Poder Ejecutivo (articulo 1° de la resolucion 183/2020).

En lo central, los actores sostuvieron que tal declaracion contenida en la resolucion 183/2020 del Consejo -y el procedimiento que de ella resulta- afecta las garantias que asegura el articulo 110 de la Constitucion Nacional, esto es, la inamovilidad y la estabilidad en sus cargos como magistrados de los tribunales inferiores de la Nacion.

Para contextualizar su acción de amparo, los actores reseñaron su proceso de designación. Así, recordaron que en 1993 el doctor Bruglia, previo acuerdo del Senado de la Nación, fue designado como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 de la Capital Federal, y que en 2018 el Poder Ejecutivo Nacional lo trasladó a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, previa conformidad del Consejo de la Magistratura y a instancias de su propia solicitud (cf.decretos 1889/1993 y 278/2018). A su vez, también recordaron que en 2008 el doctor Bertuzzi, previo concurso ante el Consejo de la Magistratura y acuerdo del Senado de la Nación, fue designado como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de La Plata; que luego en 2010 el Poder Ejecutivo Nacional lo trasladó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 de la Capital Federal, previa conformidad del Consejo de la Magistratura y a instancias de su propio pedido; y que, finalmente, en 2018 el Poder Ejecutivo Nacional nuevamente lo trasladó, esta vez, a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, también previa conformidad del Consejo de la Magistratura y a instancias de su propia solicitud (cf. decretos 2040/08, 438/10 y 835/18).

Para fundar su amparo, los actores afirmaron que lo decidido por el Consejo de la Magistratura en la resolución 183/20 implicó la revisión de lo dispuesto en los decretos 835/18 y 278/18 mediante los cuales se los había trasladado a los cargos que actualmente ocupan en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la misma ciudad.

Sustentaron que el acto impugnado importaba un pedido de la demandada al Poder Ejecutivo y al Senado de la Nacion para que revisen sus designaciones en la camara en la que se desempenan -segun entienden- con caracter definitivo, contrariando de ese modo las garantias constitucionales de legalidad, division de poderes e inamovilidad en el cargo en su calidad de jueces.

En conclusion, insisten en que el «traslado equivale a una designacion definitiva en el cargo del nuevo tribunal que ocupa[n]» y solicitan que asi sean declarados sus nombramientos en la Sala I de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

2°) Que la jueza de primera instancia rechazo la accion de amparo.

El fundamento de la decision sostuvo que la evolucion de la jurisprudencia de la Corte Suprema permite afirmar que en la actualidad «no caben dudas que, en principio,el nombramiento como juez refiere a un cargo determinado y se obtiene a traves de un procedimiento complejo en el que intervienen el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nacion. Ello responde tanto al adecuado balance que establece la Constitucion como a la necesidad de asegurar la independencia de los magistrados y los derechos de los justiciables».

Por esta razon, entendio que la admision de traslados es excepcional y de interpretacion restrictiva y que no se encontraba adecuadamente cumplido el requisito atinente a que el traslado implique desempenar funciones de la misma jerarquia. Si bien los jueces federales de tribunales orales ostentan categoria de «juez de camara», la tarea desempenada en ellos es esencialmente distinta, y su funcion dentro del proceso penal difiere claramente, tanto en su naturaleza como en relacion con el momento de su intervencion.

Por ello, entendio que el accionar de la demandada no exhibe la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requerida para la procedencia de la accion de amparo pretendida.

3°) Que, contra esa decision, los actores interpusieron un recurso extraordinario por salto de instancia (art. 257 bis y ter del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion).

Solicitan que «se revoque por contrario imperio la sentencia recurrida, declarando expresamente que [sus] traslados a la Sala I de la Camara Federal Criminal y Correccional de la Capital Federal resultan definitivos».

Invocan como fundamento las acordadas 4 y 7 de 2018, de esta Corte Suprema y senalan que este caso trasciende la situacion de los suscriptos, «y afecta a todos los magistrados y los justiciables». Solicitan un pronunciamiento a fin de «evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparacion ulterior».

Como conclusion de lo expuesto solicitaron a esta Corte que se declarara expresamente que sus traslados a la Sala I de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta capital «resultan definitivos».

4°) Que este Tribunal declaro admisible el mencionado recurso, con efecto suspensivo unicamente respecto a la sentencia recurrida (arts.257 bis y 257 ter 3° parrafo del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion).

El argumento relativo a los actores consistio en que habia un riesgo cierto de tornar ilusorio el derecho de un acceso efectivo a justicia.

El fundamento en relacion a la gravedad institucional, consistio en que el planteo constitucional excedia el mero interes de las partes y atania al de la comunidad, desde que involucraba de modo directo a los procedimientos constitucionales que regulaban el traslado de jueces federales y la integracion de tribunales de dicha naturaleza, aspectos estos regidos por disposiciones inspiradas en moviles superiores de elevada politica institucional que se sustentaban en la aspiracion de contar con una magistratura independiente e imparcial, en miras a la satisfaccion de la garantia del «juez natural» (considerando 6° del pronunciamiento referido).

5°) Que el Consejo de la Magistratura de la Nacion, al contestar el traslado conferido, sostiene la improcedencia de la via intentada con fundamento en que, a su entender, el acto impugnado carece de la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta alegada. Invocan la constitucionalidad de su resolucion porque se encuentra dentro de su marco de competencias.

En cuanto al fondo del planteo articulado, senala que los traslados de los recurrentes a la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal no cumplieron con los requisitos establecidos por la Constitucion Nacional, esto es, la participacion de todos los organos politicos de control que hacen al mecanismo de designacion compleja de jueces y erradicaron, ademas, la participacion de la ciudadania en el aludido proceso de seleccion.

Agrega que tampoco cumplieron con las pautas consagradas en las acordadas 4 y 7 del ano 2018 de la Corte Suprema, ni con las exigencias del reglamento entonces vigente (resolucion 155/00, art.1°, apartado b) vinculadas al procedimiento y validez de los traslados de los jueces que, segun entiende, establecian la necesidad de que la vacante a la que se solicita el traslado, ademas de corresponder a la misma jurisdiccion y tener la misma competencia en razon de la materia y grado que ocupa el juez solicitante, debe atender a la identidad de la funcion a la que se pide el pase.

Argumenta que la resolucion impugnada se ha limitado a «declarar» que el procedimiento constitucional complejo de designacion no se encontraba completo en los traslados de diez magistrados individualizados en el punto dispositivo 1°, por lo que no ha adoptado temperamento alguno respecto de la continuidad de los magistrados citados, ni produjo efectos inmediatos ni definitivos sobre la situacion de los actores, de lo que desprende la falta de agravio concreto asi como la ausencia de afectacion a la cosa juzgada administrativa.

6°) Que, con posterioridad, el senor Procurador General de la Nacion interino emitio su dictamen en el sentido de admitir el recurso interpuesto y revocar la decision apelada.

Afirmo que el acto cuestionado no habia sido una mera recomendacion sino el inicio de una serie concatenada de actuaciones que llevo de manera obligada al Poder Ejecutivo y al Senado a revisar los actos de traslado de los jueces demandantes y que concluyo en su revocacion.

El dictamen senalo que el Consejo de la Magistratura, desde que fue instaurado, contemplo a nivel reglamentario el traslado de jueces con caracter permanente, institucion que -por lo demas- se utilizo desde mucho antes; efectuo un pormenorizado desarrollo argumental sobre los distintos criterios que adopto en materia reglamentaria atinente al traslado de jueces a lo largo del tiempo, para concluir que correspondia revocar la decision impugnada desde que dicho Consejo reviso lo actuado con anterioridad por el mismo cuerpo -con otra integracion- y, a partir de una nueva interpretacion del alcance de los requisitos que permiten el traslado de jueces, declaro irregular lo que antes habia considerado conforme a derecho.

Recordo que las condiciones exigidas para la proceden cia de los traslados de los jueces fueron variando.Desde un criterio sumamente restrictivo mediante la resolucion 78/99, a uno menos exigente previsto en la resolucion 155/00 -que regia al tiempo de tramitarse las solicitudes de traslados aqui cuestionados-, hasta la actual resolucion 270/19 que, al hacer merito de la conducta adoptada hasta entonces por el Consejo en esta materia, entendio necesario sentar nuevos criterios para atender las solicitudes respectivas en la inteligencia de insistir en el caracter restrictivo que cabia asignar al instituto, habida cuenta de que el traslado representaba en ultima instancia «una designacion definitiva» (conf. considerando 10 de la citada resolucion 270/19).

Aclaro que lo expresado no implicaba desconocer la facultad del citado Consejo de cambiar a su discrecion los reglamentos en materia de traslado o incluso la interpretacion que haga de ellos con efecto inmediato; pero que tal atribucion no autorizaba a revisar con caracter retroactivo decisiones ya adoptadas. En su caso, la nueva interpretacion de lo dispuesto en sus propios reglamentos que subyacia en la resolucion 183/20 .que lucia, a su criterio, igualmente posible, especialmente en atencion al texto del nuevo reglamento de traslado. solo podia ser aplicada hacia el futuro.

7°) Que, en concreto, el Tribunal tiene que expedirse sobre la resolucion CM 183/2020.

Los actores promovieron la accion contra el Consejo de la Magistratura de la Nacion, autor del decisorio de mencion, y por ello no han sido citados al proceso el Honorable Senado de la Nacion ni el Poder Ejecutivo Nacional, que realizaron actos posteriores a la resolucion cuestionada por los amparistas.

Dentro de los limites que establecen el objeto procesal y la parte demandada por los actores, debe resolverse este caso.

A tal efecto, esta Corte debe examinar la juridicidad de las normas que afecten «la constitucion legal misma de los tribunales federales, indispensable para fallar las causas» (confr. «Aparicio» Fallos: 338:284 , y sus citas) conforme a la pauta jerarquica que establece la Constitucion Nacional en la primera parte de su art. 31:’Esta Constitucion, las leyes de la Nacion que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nacion’.

Este sistema -basado en la piramide juridica que parte de la Constitucion Nacional, los tratados internacionales, y las leyes federales- se completa con los precedentes de esta Corte Suprema, y, finalmente, con las decisiones de superintendencia y los reglamentos del Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, este sistema coherente de interpretación, históricamente repetido como criterio por esta Corte por aplicación del señalado art. 31 y 75, incs. 22 y 24 de la Constitución Nacional, es el que han ignorado las partes de este proceso.

8º) Que debido a la relevancia de las cuestiones involucradas en la presente causa, esta Corte habrá de abordarlas en el siguiente orden: a) status constitucional de los magistrados recurrentes (considerandos 9º a 26 inclusive); y b) contexto de gravedad institucional dentro del cual se inserta la situación de los recurrentes y deber constitucional de resolverla con seguimiento de los principios constitucionales de juridicidad e igualdad, asegurando la continuidad y el recto funcionamiento del servicio de justicia (considerandos 27 a 36 inclusive).

El considerando 37 expone un resumen de las conclusiones obtenidas y desemboca en la parte resolutiva.

Status constitucional de los recurrentes

9°) Que la primera cuestión constitucional a decidir es la calificación jurídica de los traslados de jueces federales, ya que los recurrentes solicitan que se declare su carácter definitivo, criterio que no solo confronta con el del Consejo de la Magistratura sino que ha sido rechazado por la judicatura de primera instancia.

Interpretar que el derecho reconoce a los traslados como definitivos implicaria asumir que hay fuente normativa suficiente para optar entre dos reglas de acceso a la magistratura:a) o puede hacerselo por el proceso de concurso, nominacion y acuerdo; b) o puede hacerselo por traslado, sin cumplir con alguna, algunas o todas las etapas descriptas (el concurso, la nominacion y/o el acuerdo). Aqui, el punto dirimente consistiria en hallar la norma que asimile «traslado» con «nombramiento» sin confrontar con otra de jerarquia superior. El tema se desarrollara en los considerandos 10 a 24 inclusive.

Asimismo, en caso de no hallarse norma habilitante .y segun sea el rango de esta norma- podria sostenerse que el acceso a la magistratura de modo definitivo por medio de traslados que se prolongan sine die deriva de una costumbre, o sea de una practica que se ha reiterado en distintos momentos de nuestra historia judicial, conformando una costumbre contra-legem. El tema se tratara en el considerando 25.

Se advierte una vez mas que la cuestion excede el interes de las partes, porque las respuestas que se ofrezcan tendrian directa incidencia sobre la integracion de uno de los Poderes del Estado e influencia sobre la garantia del juez natural.

10) Que, paradojicamente, tanto los recurrentes, como la demandada y el senor Procurador General invocan las acordadas 4/2018 y 7/2018 de esta Corte para respaldar sus respectivas posiciones.

En efecto, los actores en su escrito de demanda argumentan que tales acordadas «expresan exactamente lo contrario a lo que se decide en la Resolucion atacada» (especificamente, punto 3.1., fs. 16 a 22), y enfatizan en las paginas de su recurso extraordinario per saltum que mediante el acto impugnado «el Consejo de la Magistratura se alzo expresamente contra lo que la Corte habia dispuesto mediante acordada 7/2018» (fs. 4, 5, 9, 13, 16, y en particular punto 3.2 de su escrito, fs. 22 a 32.).

Por su parte, la demandada argumenta en sentido contrario cuando sostiene que «(l)a interpretacion que los accionantes otorgaron al reglamento de traslados a su tiempo vigente -Resolucion CM 155/00- y a las Acordadas 4/18 y 7/18 .solo parte de su posicion e interes personal reiterada al solo efecto de tergiversar lo senalado oportunamente por V.E.» (fs.19 y 20 a 26).

La interpretacion de las acordadas de mencion es asimismo destacada por el senor Procurador General en su dictamen cuando expone que «(a) la luz de las pautas establecidas por la Corte a traves de las acordadas es que se debe examinar la decision que habia tomado el Consejo de la Magistratura recomendando el traslado de los demandantes c, tanto en lo que se refiere a la interpretacion posible de las reglas que establecian las condiciones para ello, como a la conviccion de estar obrando conforme al derecho objetivo y a reparo de toda futura objecion constitucional» (fs. 20/21 y, en especial fs. 22).

Corresponde por lo tanto analizar las acordadas 4/2018 y 7/2018 para deducir si es posible extraer de su texto, o de su interpretacion, la conclusion que sostienen los recurrentes.

11) Que la acordada 4/2018, voto de la mayoria, dispuso en su art. 3o, que no correspondia habilitar un Tribunal Oral en lo Criminal Federal, que habia sido creado por la ley 27.307 mediante el mecanismo de transformacion de un Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal. En ningun momento este decisorio asigno caracter definitivo a los traslados; en realidad sostuvo .con contundencia y como se vera- lo contrario.

Al decidir de este modo, el voto mayoritario de la acordada de marras:

a) evito la conversion -temporaria o definitiva, para el caso es lo mismo- de jueces nacionales ordinarios en jueces federales, es decir el nombramiento de jueces .por salto de fueroe. Lo dijo con terminos elocuentes en varios considerandos: «Mas alla de la terminologia empleada por la ley 27.307 -en el sentido de «transformar» tribunales-, la modalidad adoptada por el legislador importa la creacion de un nuevo tribunal criminal federal integrado en su totalidad por los jueces trasladados del anterior tribunal criminal ordinario» (considerando 13); «la ausencia del nombramiento conforme al procedimiento mencionado» -refiriendose al previsto en el art. 99, inc.4o, segundo parrafo, para el acceso a la magistratura federal- «no puede ser obviada por la circunstancia de contar con designacion en el fuero ordinario» (considerando 19);

b) evito que mediante el mecanismo del traslado se designaran jueces de modo permanente, pues ello se encontraba al margen del procedimiento constitucional. Entre otros tantos parrafos, el siguiente, extraido del considerando 15, es contundente: «la Constitucion Nacional establece en el articulo 99 inc. 4°, segundo parrafo, un unico mecanismo para el nombramiento de los jueces federales: el presidente de la Nacion los nombra -en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesion publica» (el destacado no es del original).

12) Que tampoco se afirmo el caracter definitivo de un traslado en la acordada 7/2018.

En primer lugar, cabe aclarar que esa acordada no resolvio el caso del doctor Bruglia, porque su designacion ya habia sido producida con anterioridad al dictado de esta norma de superintendencia que, por otra parte, no es el ambito juridico para la resolucion de casos jurisdiccionales.

En dicha oportunidad el Ministerio de Justicia de la Nacion se dirigio a esta Corte en relacion con los distintos traslados de jueces en tramite ante el Consejo de la Magistratura, a fin de que se pronuncie sobre las condiciones de «validez de los traslados» con el unico proposito de «asegurar la adecuada prestacion del servicio de justicia».

En la acordada 7/2018 este Tribunal, tambien en el ejercicio de atribuciones no jurisdiccionales, debio resolver, puntualmente, cuales eran los recaudos para que un traslado pudiera ser considerado valido como tal. De esta manera pauto una serie de categorias y sus respectivos recaudos de validez. Es asi que la acordada comienza por del imitar el asunto a resolver como la concreta situacion «de la continuidad de los tramites en curso destinados al traslado de magistrados»; esto es, como proceder en los supuestos consultados a la luz de la reciente jurisprudencia de «Nisman» y «Corrales» (Fallos:339:1342 y 338:1517 ) en la que se habia decidido que los tribunales nacionales no tienen competencia en aquellas materias reservadas a la justicia federal y que, por ello, unos y otros no podian ser equiparados (considerandos 3 y 6). Toda vez que los traslados exigian, entre otras condiciones, una paridad competencial, la nueva jurisprudencia de «Nisman» y «Corrales» suscitaba un planteo relevante en cuanto a las condiciones de validez de un traslado.

La acordada de marras evito que magistrados capacitados para actuar frente a hipotesis concretas regidas por normas especificas (legislacion comun u ordinaria) fueran habilitados -por la via de los traslados- para intervenir y resolver situaciones diferentes regidas por normas sustantivas tambien distintas (legislacion federal).

La lectura de la acordada 7/2018 no puede desentenderse de la puntual cuestion que esta estaba llamada a responder. Descartado ya en la acordada 4/2018 que los traslados pudieran resultar en nombramientos permanentes de magistrados, el planteo de la acordada 7/2018 debe entenderse como una pregunta acerca de las condiciones de validez de los traslados en tanto designaciones transitorias. Asi, cuando la acordada 7/2018 concluye en que «no es necesaria la instrumentacion de un nuevo procedimiento de designacion conforme las exigencias del articulo 99, inc.4°, de la Constitucion Nacional» para los traslados de magistrados federales con el fin de desempenarse -despues de cumplir otros recaudos- dentro de la misma jurisdiccion federal, se refiere a la validez de ese traslado, como no podria ser de otra forma, en tanto designacion transitoria.

La acordada 7/2018 define las condiciones de validez de un traslado de magistrados integrantes de organos jurisdiccionales nacionales ordinarios de la Capital Federal a tribunales federales con asiento en esa ciudad, pero no se pronuncia sobre la temporalidad de las designaciones que resultan de un traslado.

Al disponer que «los traslados que se hubieran dispuesto fuera de las condiciones senaladas precedentemente deberan cesar cuando concluya el procedimiento constitucional previsto para la cobertura de los cargos respectivos» (considerando VIII), lo que se pretende es «evitar situaciones potencialmente frustratorias del servicio de justicia o que puedan implicar un retardo en su prestacion» (considerando V), de ningun modo se esta librando un salvoconducto para habilitar nombramientos bajo el rotulo de traslados en el caso en que se trate de jueces del mismo fuero.

Dicho de otro modo: la temporalidad que se le asigno a esos traslados entre cargos con competencias diferentes, no significa que los traslados entre cargos de similar competencia no fueran tambien transitorios.

13) Que las acordadas 4/2018 y 7/2018 son decisiones de superintendencia:

a) que no pueden ser consideradas aisladamente una de la otra, como ocurre cuando se omite sostener que el primer articulo de la acordada 7/2018 expresa claramente que se reitera «la plena vigencia de la acordada no 4/2018», donde se afirma repetidamente que la unica forma de acceder de modo definitivo a la magistratura es conforme al mecanismo de los arts. 114 incs. 1 y 2 y 99 inc.4 de la Norma Fundamental;

b) cuyo texto no puede ser interpretado selectiva o arbitrariamente, recortando la parte que podria resultar .aun bajo una optica erronea- favorable a un interes, como acontece cuando se asume una respuesta referida a un «traslado» (no se necesita un nuevo acuerdo) como si se refiriera a un «nombramiento» definitivo (ver los terminos de la pregunta a responder en los considerandos III, VII y VIII de la acordada 7/2018, donde siempre se habla de «traslados. y la diferencia entre «traslados» y «nombramientos» que surge clara, a partir de la disimilitud de procedimientos para acceder a ellos, que obra en el considerando IX);

c) que no pueden ser interpretadas con prescindencia del ordenamiento juridico que complementan, lo que se verifica cuando se pretende, por los subterfugios anteriores, olvidar la vigencia de la Constitucion Nacional en la materia.

Es pertinente recordar que esta Corte ha senalado que la tarea de interpretacion de las leyes lato sensu comprende la armonizacion de sus preceptos y su conexion con las otras normas que integran el ordenamiento juridico (Fallos: 258:75), evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como criterio verdadero el que las concilie y deje todas con valor y efecto (Fallos: 1:297; 310:195; 312:1614 y 323:2117 ). Se ha sostenido asimismo antes de ahora que es un principio de recta interpretacion que los textos legales no deben ser considerados, a los efectos de establecer su sentido y alcance, aisladamente, sino correlacionandolos con los que disciplinan la misma materia (Fallos: 242:247), como un todo coherente y armonico, como partes de una estructura sistematica considerada en su conjunto y teniendo en cuenta la finalidad perseguida por aquellos (Fallos: 320:783 ; 324:4367 ; 338:962 ).

En ese mismo sentido, se ha afirmado que la interpretacion de la ley debe practicarse computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonice con todas las normas del ordenamiento juridico vigente y del modo que mejor concuerden con los principios y garantias de la Constitucion Nacional (Fallos:302:1209; ver asimismo la doctrina de Fallos: 300:417; 302:1209, 1284; 303:248 y sus citas).

En definitiva, conforme a lo dicho, no hay en el texto de las normas de superintendencia clausula alguna que sostenga que los traslados son definitivos ni puede efectuarse .para llegar a semejante conclusion- una interpretacion extensiva de aquellas que pueda sortear un test basico de razonabilidad.

14) Que asimilar los institutos del «nombramiento» y el del «traslado», importa confundir un acto institutivo que requiere del cumplimiento de un procedimiento complejo e inter-poderes destinado a integrar uno de los poderes constitucionales del Estado -con funcionarios que incluso pueden provenir desde fuera del Poder Judicial-, con otro acto que no es institutivo sino destinado a optimizar los recursos disponibles para garantizar la eficiencia y continuidad de una funcion estatal e involucra exclusivamente a magistrados que ya revisten la calidad de tal, o sea que ya estan dentro del Poder Judicial.

Debido a la diferente naturaleza y relevancia de estos actos es que la Constitucion regula uno de ellos (el nombramiento) y nada dice del otro (el traslado), que deriva a la regulacion infra-constitucional. Las palabras «nombra», «nombramiento» -y su plural «nombramientos»- son las unicas utilizadas en el inc. 4 del art. 99 y en el inc. 2 del art. 114 de la Norma Fundamental. Con relacion a los «traslados», la Constitucion nada dice por cuanto se trata de actos de organizacion y no instituyentes de investidura.

Pretender que al ser preguntada sobre la validez de ciertos traslados -porque esa fue la pregunta que desemboca en la acordada 7/2018- esta Corte respondio sobre la validez de nombramientos, asimilandolos o convirtiendo a los primeros en los segundos, equivale a tergiversar los terminos de lo preguntado y lo respondido.

En efecto: se pregunto a este Tribunal si determinados traslados (como los de los recurrentes) requerian el cumplimiento del procedimiento constitucional estipulado para las designaciones definitivas (seleccion – nominacion – acuerdo) y la respuesta fue NO. De ello se concluyo que esos traslados, puesto que no requerian el procedimiento constitucional eran (o equivalian) a designaciones definitivas.Es decir que se utilizo la primera respuesta (el NO) para cambiar la pregunta, que ahora .reformulada- ya no seria .los traslados requieren el cumplimiento del procedimiento constitucional? sino .hay diferencias entre los traslados y los nombramientos?

Pero si se hubiera hecho esta pregunta (¿hay diferencias entre los traslados y los nombramientos?) desde el inicio, la respuesta hubiera sido SÍ, porque el traslado es transitorio y el nombramiento es definitivo. Más aún, sin que le sea formulada la pregunta correcta, la respuesta de esta Corte sobre los traslados vino acompañada con una serie de advertencias en las que se recordaba que la única forma de designación definitiva era el nombramiento, con seguimiento estricto del proceso previsto por el art. 99, inc. 4, segundo párrafo, de la Constitución Nacional.

En definitiva, asumir que la respuesta sobre los traslados los convierte en designaciones equivale a:

a) desde el punto de vista lógico, trasmutar lo preguntado y lo respondido por esta Corte en sus acordadas 4/2018 y 7/2018;

b) desde el punto de vista jurídico, igualar un acto institutivo inter-poderes regulado por la Constitución con un acto de administración, derivado a la reglamentación infra-constitucional;

c) desde el punto de vista jurídico, asumir que por una acordada u otra norma infra-constitucional se puede reformar la Norma Fundamental (razonamiento que no resiste el más mínimo escrutinio); y, d) desde el punto de vista jurisdiccional, aparatarse -sin explicar los motivos- de precedentes de este Tribunal citados expresamente en los decisorios de mencion en referencia a la exigencia de seguir el procedimiento constitucional de seleccion por el Consejo de la Magistratura, nominacion por el Poder Ejecutivo y acuerdo por el Senado para el nombramiento o designacion definitiva de jueces (casos «Uriarte» (Fallos:338:1216 ) y «Rosza» (Fallos:330:2361 ), citados en la acordada 4/2018, considerandos XVI y XXII, y acordada 7/2018, punto 1 de la parte resolutiva en cuanto re itera la plena vigencia de la acordada 4/2018).

15) Que tampoco existe constancia alguna que establezca el caracter definitivo del trasladoen la fuente juridica directa de la que emana la designacion de los actores, que es el procedimiento iniciado por el Consejo de la Magistratura que culmina con el decreto del Poder Ejecutivo.

En el tramite iniciado en el mencionado Consejo, hubo opinion contraria a los traslados por parte de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, requiriendose su cobertura por el procedimiento constitucional con expresa invocacion de las acordadas 4/18 y 7/18 de esta Corte.

Sus jueces advirtieron que la completa integracion de esa camara no habia «sido alcanzada de forma efectiva» por «mas de una decada», concretamente desde el 31 de diciembre de 2007. De manera significativa, esa advertencia fue realizada en ocasion de dar respuesta a la solicitud de la Comision de Seleccion de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion para que esa camara emita opinion respecto del traslado solicitado por el doctor Pablo Daniel Bertuzzi (resolucion 98/2018 RR.HH, del 6 de junio de 2018, mayoria compuesta por los jueces Irurzun y Llorens).

Al fundar su voto -al que adhirio el juez Llorens-, el juez Irurzun preciso entonces que desde el 1o de junio de 2018 ese tribunal se encontraba con tres vacantes; que solo se habia llamado a concurso para cubrir una sola de ellas por el mismo Consejo de la Magistratura que solicitaba opinion respecto del traslado senalado.Remarco «la necesidad de que las vacantes se cubran mediante la designacion regular de magistrados, tal como lo impone la Constitucion Nacional», precisando que esos postulados habian sido ampliamente desarrollados por la Corte Suprema de Justicia de la Nacion en las acordadas 4 y 7 del 2018, asi como tambien en los precedentes «Rosza» y «Uriarte». Observo que en el caso no se verificaba ninguna circunstancia que justificase la procedencia de un traslado, para concluir que las circunstancias existentes «solo debieran llevar a extremar los esfuerzos para cumplimentar, en plazos razonables, los procedimientos legalmente establecidos procurando que las vacantes se cubran mediante la designacion regular de magistrados en resguardo de la garantia de juez natural para los justiciables y con el objeto de evitar eventuales afectaciones al servicio de justicia que se brinda».

Los jueces Irurzun y Llorens se opusieron a los traslados y opinaron que era necesario terminar el concurso en tramite.

Tambien cabe considerar los decretos que designaron a ambos jueces (decreto 278/18 que designa al doctor Bruglia y en el decreto 835/18 que designa al doctor Bertuzzi), los cuales no hacen ninguna referencia al caracter definitivo del cargo.

De manera que solo una presuncion podria dar lugar a sostener que los traslados son definitivos, lo que es inadmisible como procedimiento legal de interpretacion frente a la vigencia de una clausula constitucional explicita.

16) Que los precedentes de esta Corte Suprema nunca admitieron que los traslados fuesen definitivos, ni que constituyan en una alternativa al concurso.

En los precedentes «Rosza» (Fallos: 330:2361) de 2007, «Aparicio» (Fallos: 338:284) y «Uriarte» (Fallos:338:1216) -ambos de 2015-, esta Corte ha sostenido la necesidad de cumplir con el procedimiento constitucional de nombramientos de jueces como unico modo de garantizar el derecho de todos los habitantes de ocurrir ante aquellos con la seguridad de que sus planteos seran decididos por tribunales que estan plenamente legitimados por la Constitucion Nacional para administrar justicia en forma independiente e imparcial.

17) Que en el precedente «Rosza», citado por la acordada 4/2018, este Tribunal sostuvo que la designacion de los magistrados segun la pauta constitucional exige la participacion del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nacion. Solo a traves de este mecanismo se adquiere la «calidad de juez». Agrego, citando a Jose Manuel Estrada, que tal sistema de designacion encierra la busqueda de un imprescindible equilibrio politico porque el acuerdo del Senado constituye «un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial», pero tambien entrana el proposito de obtener las designaciones mejor logradas: «el Senado presta o no su acuerdo, segun reconozca en la persona propuesta las cualidades y meritos requeridos para el fiel desempeno de las dificiles cuestiones que esta llamado a resolver» (conf. Estrada, Jose Manuel, Curso de Derecho Constitucional, Buenos Aires, 1927, pag. 302, quien cita la opinion de Hamilton, Alexander, en El Federalista, n° 76).

Las prevenciones sobre los perniciosos efectos de la discrecionalidad se advierten en el propio Informe de la Comision Examinadora de la Constitucion Federal presentado a la Convencion del Estado de Buenos Aires que, al fundar -en 1860- la propuesta de reforma al texto sancionado en 1853, expreso que «todas las Constituciones, y muy especialmente las federales, han buscado un correctivo a la facultad peligrosa y corruptora depositada en manos de un solo hombre, de distribuir empleos honorificos y lucrativos de un orden elevado. De aqui la necesidad de sujetar a un acuerdo previo el nombramiento de los ministros, diplomaticos, los obispos, los altos empleos de la milicia, y jueces superiores, sometiendo al Senado la facultad de prestar ese acuerdo. (Ravignani, Emilio, Asambleas Constituyentes Argentinas, Buenos Aires 1937, tomo IV, pag. 780. Confr.sentencia en la causa «Rosza», considerando 11).

18) Que en el precedente «Aparicio» se reitero la importancia de la intervencion del Consejo de la Magistratura en el proceso de designacion de magistrados a la luz del art. 99, inc. 4°, segundo parrafo, de la Constitucion Nacional. A su respecto afirmo que, con la reforma de 1994, el constituyente decidio incorporar al procedimiento de seleccion y nombramiento de magistrados de tribunales inferiores la participacion de dicho organismo -en su condicion de organo con competencias especiales dentro de la estructura organica del Poder Judicial de la Nacion- con el fin de atenuar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la propuesta de magistrados federales (con cita de «Rosza») y amortiguar la gravitacion politico-partidaria en ese proceso (con cita de Fallos: 336:760 «Rizzo»).

19) Que en el precedente «Uriarte., citado por la acordada 4/2018, esta Corte recordo que «los procedimientos constitucionales que regulan la integracion de los tribunales han sido inspirados en moviles superiores de elevada politica institucional, con el objeto de impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interes supremo de la justicia y de la ley. Mas aun, sostuvo que la razon de ser de ese procedimiento no era unicamente un imperativo republicano sino un derecho de los justiciables dado que «las disposiciones que rigen esos procedimientos se sustentan, pues, en la aspiracion de contar con una magistratura independiente e imparcial, lo que esta directamente relacionado con la consagracion constitucional de la garantia del «juez natural», expresada en la contundente prohibicion de que los habitantes de la Nacion puedan ser juzgados por comisiones especiales o sacados de los jueces legitimamente nombrados (art. 18 de la Constitucion Nacional)». En efecto, el complejo sistema de consenso y participacion de los diferentes Poderes del Estado en la designacion de los magistrados tiende a proteger el derecho de los justiciables a ser oidos por su juez o tribunal natural, competente, independiente e imparcial, derechos reconocidos en la Ley Fundamental y en diversos tratados internacionales (arts. 18 y 75, inc.22 de la Constitucion Nacional; 26 de la Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos; 8.1 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos y 10 de la Declaracion Universal de Derechos Humanos; «Uriarte», considerandos 7° y 11).

20) Que lo dicho no implica que no puedan existir subrogaciones temporarias y traslados no definitivos.

Ante el supuesto de producirse una vacante, y con el puntual objetivo de preservar el derecho de las personas de contar con un tribunal que atienda en tiempo oportuno a sus reclamos hasta tanto esa vacante sea cubierta con el nombramiento previsto por la Constitucion Nacional, esta Corte admitio la existencia de un regimen de subrogaciones como un «sistema de contingencia., segun los terminos de «Uriarte» (Fallos: 338:1216, considerando 19) o un sistema «alternativo y excepcional», segun las palabras de «Rosza» (Fallos: 330:2361, considerando 14). Pero fue justamente teniendo en cuenta que esos jueces subrogantes estan llamados a cumplir el mismo servicio y ejercer el mismo poder que los jueces titulares, esto es, administrar justicia y decidir sobre los derechos de los justiciables, que esta Corte mantuvo un criterio estricto a la hora de examinar la validez de los recaudos y del procedimiento para su designacion.

En esta linea, en su pronunciamiento en la causa «Rosza», la Corte invalido el regimen de subrogaciones aprobado por la resolucion 76/2004 del Consejo de la Magistratura, en tanto autorizaba un metodo de designacion circunscripto a la intervencion exclusiva de organismos que operan en el ambito del Poder Judicial de la Nacion, es decir, sin la intervencion del Presidente y del Senado de la Nacion. Luego, en la causa «Aparicio», declaro la nulidad del decreto 856/14 por el cual se habian designado los conjueces para esta Corte sin la mayoria establecida en la Constitucion Nacional (art. 99, inc.4). Finalmente, en «Uriarte», el Tribunal invalido el regimen de subrogaciones de la ley 27.145 porque autorizaba «la cobertura de vacancias de magistrados en un proceso en el que no interviene ni el Poder Ejecutivo ni el Senado de la Nacion» (considerando 5°). Resolvi o entonces que, producida una vacante, debia ser cubierta en primer termino por «por quienes accedieron a un cargo en la magistratura de acuerdo con el especial mecanismo establecido en la Constitucion Nacional», que las decisiones del Consejo de la Magistratura no deben soslayar «el rol que cumplen las mayorias calificadas en la busqueda de equilibrios y consensos en los organos colegiados», y que el regimen de subrogaciones debia ordenarse segun un «baremo objetivo que pueda justificar para cada designacion la preferencia de un candidato respecto de los restantes. («Uriarte», considerandos 18, 19, 20, y 24). A su vez esta Corte, al definir la subrogacion como un «remedio excepcional de politica judicial tendiente a evitar la paralizacion o retardo de justicia. mediante el reemplazo de un juez por otro, establecio que la sustitucion supone «de manera indefectible la preexistencia» de un juez en efectivo cumplimiento de sus funciones que, por alguna razon, de modo transitorio o permanente, ceso en el ejercicio de dichas funciones («Uriarte», considerandos 27 y 28).

Finalmente, y como ya se ha senalado, este regimen estricto de subrogaciones debe «contemplar la necesaria participacion de los tres poderes del Estado a los que la Constitucion Nacional encomienda el nombramiento de los jueces., esto es, la necesaria participacion del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nacion («Rosza» y «Uriarte», considerando 5°, ya citados).

21) Que, conforme al desarrollo precedente, la unica interpretacion posible del sistema de fuentes del derecho argentino es que los traslados no pueden convertirse en un procedimiento para el nombramiento permanente de magistrados, pues ello esta al margen de la clara letra de los arts. 99, inc.4°, segundo parrafo (el Presidente de la Nacion los nombra «en base una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesion publica, en la que se tendra en cuenta la idoneidad de los candidatos.) y 114 incs. 1 y 2 (son funciones del Consejo de la Magistratura «seleccionar mediante concursos publicos los postulantes a las magistraturas inferiores» y «emitir propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores»).

Esa unica via de acceso a la magistratura federal lo es para un cargo especifico, por lo que queda descartado que pueda considerarse satisfecho el proceso de designacion de un magistrado como permanente tomando en cuenta que ya ostenta tal calidad para ejercerla en otro tribunal con una competencia especifica, ya sea bajo la forma de una «transformacion» o de «un traslado».

En la acordada 4/2018, el voto mayoritario de la Corte se cuido de no asimilar al traslado con el nombramiento para evitar que el traslado se convirtiera en un nombramiento encubierto (ver considerandos XIII y XIV y sus citas), pues esta modalidad (la del nombramiento o designacion encubierta en un traslado) no tiene prevision constitucional alguna (ver Considerando XV in fine).

22) Que esta Corte ha sostenido reiteradamente el principio de que la designacion de magistrados por un procedimiento complejo es parte de la garantia de la independencia del Poder Judicial.

En el caso de los traslados, comenzo censurando aquellos que eran fruto de una imposicion, requiriendo el consentimiento del magistrado, pero en ningun caso se dijo que eran definitivos.

En esa linea, en 1945, esta Corte Suprema invalido un decreto del Poder Ejecutivo que disponia, de manera forzada, una permuta entre el Juez Federal de Santa Fe y el de San Rafael (Fallos: 201:245 «Acordada sobre Traslado de Jueces Federales.). A su vez, en el precedente «Stegmann» (Fallos:227:688) el juez Casares, en su disidencia, concibio como una cuestion que ameritaba el pronunciamiento de esta Corte el planteo de un magistrado protestando su traslado pues «se trata de un traslado discrecionalmente dispuesto por el Poder Ejecutivo y no con sujecion a un regimen organico que lo estableciera competentemente con caracter impersonal y general en razon de que todos los magistrados nacionales del mismo grado tienen, en principio, el mismo derecho al mas favorable de los destinos y el mismo deber con respecto al mas adverso de ellos».

Tambien en el caso «Masi» en 1963, a modo de obiter dictum, esta Corte recordo que la salvaguarda de la investidura judicial ante amenazas de otros poderes comprende la de «desconocerse la facultad de su traslado, no consentido, del asiento de su jurisdiccion. (Fallos: 256:114 «Masi»).

Finalmente, la doctrina del respeto a la aquiescencia del trasladado se consolido en precedentes posteriores (Fallos: 288:386, «Grau.; Fallos: 288:387, «Ventura Estevez. y Fallos: 313:330, «del Castillo»).

Una segunda etapa en la interpretacion de los traslados, muy restrictiva, esta representada por la opinion de los jueces Bacque, Petracchi y Belluscio, en el sentido de que »el nombramiento es para un cargo especifico y no consiste, en cambio, en la atribucion generica del caracter de ‘juez’ sin adscripcion concreta a un cargo» (confr. disidencia en la causa «Puppo», Fallos:319:339). Esta opinion disidente, se transformo en mayoria en la acordada 4/2018 (considerandos XIII y XIV).

El juez Bacque (en la citada causa «del Castillo»), afirmo que el acuerdo dado por el Senado a un magistrado para un cargo judicial, «no puede sino entenderse como circunscripto a los estrictos terminos en que fue prestado.Una solucion distinta seria contraria al principio de division de poderes, que rige nuestras instituciones, segun el cual el silencio por parte de un organo -en este caso el Senado- en una cuestion que compete a sus exclusivas facultades constitucionales no puede ser interpretado como una aprobacion implicita de su parte de lo actuado en dicha cuestion por otro organo» (considerando 8°). En esa disidencia tambien se afirmo que las referidas facultades «deben ser interpretadas en forma amplia toda vez que la Constitucion Nacional no ha condicionado al Senado en el ejercicio de aquellas. Por tal razon, no existe obice constitucional alguno para que dicho cuerpo legislativo otorgue su acuerdo al Poder Ejecutivo para designar a una persona en un cargo judicial determinado y no en otro. (considerando 6°).

Los jueces Belluscio y Petracchi, al expedirse -tambien en posicion minoritaria y en ejercicio de facultades de superintendencia- en la causa «Puppo. (Fallos: 319:339), dijeron que «el nombramiento es para un cargo especifico y no consiste, en cambio, en la atribucion generica del caracter ‘de juez’ sin adscripcion concreta a un cargo». Agregaron que si bien era cierto que en el decreto presidencial se disponia el ‘traslado’, resultaba claro «que dicha medida es, en realidad, el nombramiento (c) en un nuevo cargo judicial».

23) Que tambien la mas antigua doctrina constitucional sostuvo esta tesis hermeneutica.

Bidart Campos senalo la importancia del acuerdo senatorial como un acuerdo especifico: «el pedido de acuerdo que eleva el poder ejecutivo al senado se conoce en el vocabulario usual como =envío del pliego‘. Ese pedido debe indicar concretamente el cargo individual para el cual se formula (no es correcto -por ej.- solicitar el acuerdo para ‘juez federal de primera instancia‘ o para ‘juez de cámara‘, sino para tal o cual juzgado de primera instancia en particular, o para tal o cual sala de tal o cual cámara de apelaciones). El senado no puede prestar acuerdos sin determinación precisa, por dos razones fundamentales:a) porque debe comprobar si el cargo está o no vacante; b) porque no puede dejar al arbitrio del poder ejecutivo determinar después el cargo concreto, ya que el acto complejo de nombramiento requiere la voluntad del ejecutivo y del senado -conjuntamente- para un cargo =determinado’ (si el senado presta el acuerdo para ‘juez federal de primer instancia’ sin determinar la sede del juzgado, deja a criterio del ejecutivo nombrar al candidato para cualquier juzgado federal de cualquier lugar del país, y entonces la voluntad senatorial es imprecisa, en tanto la del ejecutivo se moverá, al efectuar el nombramiento, en un marco de disponibilidad indeterminado, con lo que ambas voluntades no coinciden en concreto sobre una idéntica situación particularizada.) (Bidart Campos, «Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino», Nueva edición ampliada y actualizada a 2002-2004, Tomo II-B, Buenos Aires, Ediar, 2005, pp.328 y 329).

González Calderón decía que, en la designación de magistrados se refleja la forma de gobierno que adopta una Nación, por ello reputaba que nuestro sistema constitucional ofrecia el «mayor numero de ventajas» al garantizar la participacion y consenso de diferentes poderes del Estado y en tanto «no puede tolerarse que la administracion de la justicia dependa de la voluntad» de uno solo (Gonzalez Calderon, «La Funcion Judicial en la Constitucion Argentina», Libreria Nacional J. Lajouane Editores, Buenos Aires, 1911, pp.33-48).

24) Que, conforme a los considerandos anteriores, no cabe duda alguna de que el unico sistema de designacion de jueces inferiores en el derecho argentino es el que viene precedido de un concurso realizado en el Consejo de la Magistratura y cuenta con la participacion del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Honorable Senado de la Nacion.

Todo el sistema de fuentes del derecho aplicable a la causa, partiendo de la Constitucion, los precedentes de la Corte Suprema, las acordadas 4/2018 y 7/2018 -que son correlato natural de aquellos- y los actos de designacion de los recurrentes, que han sido analizados en detalle precedentemente, es coincidente en este punto.

25) Que, frente a la clara regla constitucional referida a la designacion de jueces por acto complejo, se desarrollo una practica en sentido contrario, utilizando los traslados y su vigencia sine die como un mecanismo alternativo de acceso definitivo a un nuevo cargo.

Las costumbres inconstitucionales no generan derecho (Fallos: 321: 700 ) como parecieran entender los actores, ya que presumen que un traslado es definitivo solo porque asi oficio, de facto, en varias oportunidades, sin que exista norma juridica alguna que convalide esa aspiracion. Tolerar, por una situacion especifica, lo que no es tolerable como regla general, consolidando juridicamente situaciones de hecho, conduce indefectiblemente a la anomia (Nino, Carlos «Un pais al margen de la ley», Bs. As., Emece, 1993).

Bien entendido que no es inconstitucional el traslado como tal sino su pretension de convertirse en una designacion definitiva vulnerando el mecanismo constitucional previsto para los nombramientos.

Por lo dicho, tampoco existe en el caso una aplicacion retroactiva de nuevas interpretaciones sobre el tema, porque, como se ha demostrado, nunca hubo una aceptacion de esos traslados como definitivos.Lo que hubo entonces es una practica y una modificacion reglamentaria (dictada con posterioridad a los traslados de los recurrentes y a las acordadas referida por esta Corte, por lo que no los alcanza) contrarias a la Constitucion Nacional, que este tribunal habra de descalificar.

26) Que, por lo tanto, la resolucion 183/2020 del Consejo de la Magistratura, en tanto pretende -en sentido contrario a lo establecido por las acordadas de esta Corte- enmendar parcialmente el procedimiento de traslado de magistrados para convertirlo en un nombramiento con caracter definitivo, generando la intervencion del Senado pero sin la previa seleccion especifica prevista para la cobertura de esos cargos y la remision de ternas al Poder Ejecutivo Nacional (art. 114, incs. 1 y 2 de la Norma Fundamental), debe ser descalificada por su inconstitucionalidad.

Como se ha sostenido reiteradamente, el procedimiento de los arts. 99, inc 4, segundo parrafo, y 114 de la Constitucion Nacional, es el unico mecanismo para acceder a una judicatura especifica y es tambien un procedimiento complejo que no puede completarse por partes sino de forma integra.

Lo dicho define la pretension de los actores pero, tal como lo ha senalado esta Corte en los precedentes «Rosza» y «Uriarte» en respuesta a casos de similar naturaleza, la repercusion de los efectos de la decision debe ser prudentemente considerada, para evitar la afectacion en la continuidad y regularidad en la administracion de justicia.

Ello conduce al segundo de los temas que habra de ser abordado por este Tribunal.

Gravedad institucional dentro del cual se inserta la situacion de los recurrentes y deber constitucional de resolverla con seguimiento de los principios constitucionales de juridicidad e igualdad, asegurando la continuidad y el recto funcionamiento del servicio de justicia

27) Que, ademas de la situacion de los actores, la cuestion constitucional planteada tiene efectos generales que califican la gravedad institucional que oficio como presupuesto de esta accion.

La cobertura de vacantes por mecanismos no previstos por la Constitucion Nacional, asumidos como transitorios pero con vigencia sine die, ha sido lamentablemente una constante en los ultimos tiempos.La transitoriedad con vocacion de perdurabilidad ha requerido en varias ocasiones -tal como se ha resenado con las citas jurisprudenciales correspondientes- la intervencion de este Tribunal para resolver situaciones enojosas o necesitadas de interpretacion.

Por tratarse de un tema recurrente que no solo involucra a los actores sino a buena parte de la magistratura, comprometiendo al normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado, no le es posible a esta Corte -como cabeza del Poder del Estado que sufre las consecuencias de esta situacion- desentenderse de contribuir a la solucion de este problema.

Ello justifico la aceptacion de la via del per saltum para el estudio de esta causa por este Tribunal, quien al hacerlo entendio que «el planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interes de las partes en el presente proceso y atane al de la comunidad, desde que esta en juego la interpretacion constitucional de los traslados de los jueces federales» (considerando 6o).

A tal punto la cuestion debatida excede el interes de los recurrentes, aunque los comprende, que si se suman los cargos vacantes que registran coberturas no definitivas -como es el caso de los actores- con aquellos que se encuentran sin cubrir, se arriba a un porcentaje que ha oscilado en los ultimos anos entre el 20% y el 30 % del total de la magistratura (federal y nacional ordinaria).

28) Que esta circunstancia ha sido puesta de manifiesto antes de ahora por esta Corte, en nota dirigida al Consejo de la Magistratura el dia 27 de septiembre de 2016, destacando la «delicada situacion en la que se encuentra el Poder Judicial de la Nacion derivada de la existencia de una cantidad significativa de cargos judiciales vacantes», ya que «casi un cuarto del total de los cargos de la Justicia Nacional y Federal -considerando los tribunales cuya habilitacion se encuentra aun pendiente- se encuentran vacantes». En consecuencia, se exhorto a ese organo constitucional a que arbitre»las medidas necesarias para dar la mayor celeridad a los procesos de seleccion de magistrados que permitan proceder a su designacion de la forma establecida en la Constitucion y asimismo, se proceda a la formacion de laslistas de conjueces» para el funcionamiento del sistema de subrogaciones.

Cuatro anos despues, la documentacion que surge del Consejo da cuenta de que el porcentaje de vacancias no se ha modificado, pese al enorme numero de ternas elevadas en los anos 2017 y 2018 por ese organo. En efecto, las «Memorias Anuales» del Consejo de la Magistratura dan cuenta de un mantenimiento relativamente constante de las vacantes subrogadas durante los anos 2017 a 2019 (288 vacantes, segun surge especificamente de la memoria del ano 2019, pag. 96, que reproduce los parrafos de las memorias de los anos 2017 y 2018, todas publicadas en http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/documentos/memoria-anual). El dato coincide en sustancia con los 294 cargos vacantes sobre un total de 988 puestos totales (el 29,9% de los magistrados) conforme denuncia la Comision de Seleccion de Magistrados y Escuela Judicial de ese Consejo en su informe de «Estado de los Concursos en Tramite» y «Estado de los Concursos Finalizados», ambos al 2 de octubre de 2020 (publicados en el sitio web de la Comision que surge de https://old.pjn.gov.ar/).

29) Que en el caso especifico de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal -cuya composicion da origen al presente litigio-, sus jueces advirtieron que la completa integracion de esa camara no habia «sido alcanzada de forma efectiva» por «mas de una decada», concretamente desde el 31 de diciembre de 2007. De manera significativa, esa advertencia fue realizada -tal como se ha detallado ut-supra- en ocasion de dar respuesta a la solicitud de la Comision de Seleccion de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion para que esa Camara emita opinion respecto del traslado solicitado por el doctor Pablo Daniel Bertuzzi (resolucion 98/2018 RR.HH, del 6 de junio de 2018, mayoria compuesta por los jueces Irurzun y Llorens).

30) Que lo dicho no implica que la responsabilidad en la demora en cubrir de manera definitiva los cargos judiciales sea enteramente atribuible al Consejo de la Magistratura.Estudios preliminares han puesto de manifiesto una demora promedio de 1327 dias corridos -esto es, tres anos y medio- para cubrir una vacante; 667 dias desde la publicacion del concurso y la conformacion de la terna; 364 dias desde la recepcion de la terna en el Poder Ejecutivo y la propuesta de acuerdo; y 296 dias corridos desde la recepcion del pliego en el Senado hasta el decreto de nombramiento (Programa de Estudios sobre el Poder Judicial, Laboratorio de Estudios sobre Administracion del Poder Judicial, 1era edicion, Edunpaz, Jose C. Paz, 2019, pag. 74).

31) Que al panorama descripto, de por si preocupante, debe anadirse que el mecanismo excepcional de los traslados, cuya validez fuera de la transitoriedad merecio el rechazo de esta Corte en el voto mayoritario de la acordada 4/2018 y en el voto unico de la acordada 7/2018, continuo utilizandose.

En efecto, el Poder Ejecutivo llevo a cabo nuevos traslados. Por su lado, el Consejo de la Magistratura no solamente siguio proponiendolos sino que, ademas, aprobo una modificacion al Reglamento de Traslado de Jueces en 2019 (cf. resolucion 270/19 modificatoria de la resolucion 155/00 del Consejo de la Magistratura) que pretendio darle cobertura juridica a las designaciones encubiertas bajo el ropaje de traslados.

32) Que la modificacion al Reglamento de Traslado de Jueces constituye un hecho sobreviniente al dictado de la acordada 7/2018 que no resulta compatible con las pautas alli fijadas.

En primer termino, en vez de receptar la pauta de «marcada excepcionalidad» senalada en la acordada 7/2018 para considerar la solicitud de un traslado, establece un «criterio restrictivo» que inmediatamente relativiza al sostener que «puede darse cierta laxitud a alguna de las pautas propuestas teniendo en consideracion el contexto en el cual es formulada cada solicitud en particular» (considerando 6).

En segundo termino -y a pesar de lo advertido en la acordada 7/2018- la modificacion reglamentaria sostiene, paradojicamente, que «si bien esta claro que son mecanismos diferentes. (se entiende que se refiere al nombramiento y al traslado), y que los nombramientos por via de traslados «no se encuentran expresamente previstos en el art.114 de la Constitucion Nacional» (lo cual es cierto), «ambos representan en ultima instancia una designacion definitiva». Esta asimilacion, que contradice la linea de doctrina judicial de este tribunal y las acordadas tantas veces citadas, se lee expresamente en el considerando 10 de la resolucion 270/2019, modificatoria del reglament o vigente desde el ano 2000.

En base a esta disposicion, ante la ocurrencia de una vacante en un cargo de magistrado, el Consejo de la Magistratura se ha arrogado la facultad de elegir entre llamar a concurso en los terminos que impone la Constitucion Nacional, o directamente nombrar a un magistrado que hubiese solicitado ser trasladado a ese cargo. De tal manera, la concurrencia del consentimiento del juez, en forma de peticion, aunado a la omision del Consejo de la Magistratura en llamar a un concurso alcanza para saltear el procedimiento constitucional.

En esta linea debe recordarse que, incluso al examinar un regimen de excepcion como el de la subrogacion, esta Corte declaro inconstitucional una ley del Congreso porque no establecia «un sistema de parametros objetivos. para designar a uno entre otros candidatos para cubrir una vacante y, por ende, no impedia que los subrogantes fueran nombrados «por motivos indebidos» («Uriarte», considerando 21).

Luego de la modificacion introducida en 2019 por el Consejo de la Magistratura, el regimen de traslados vigente, con la pretension de regular «en ultima instancia una designacion definitiva», se aleja de la intencion de la norma que reemplaza y no establece ningun recaudo objetivo para individualizar a uno entre los potenciales candidatos a ocupar una vacante, sino que alcanza con la peticion del interesado y la omision del Consejo de la Magistratura en llamar a un concurso para saltear el procedimiento constitucional. Lo cierto es que el sistema no preve ningun valladar para evitar la designacion por motivos indebidos y busca designar jueces de manera permanente al margen del art.99, inciso 4°, segundo parrafo, de la Constitucion Nacional.

En conclusion, el reglamento abre asi un atajo al camino establecido en la Constitucion Nacional, dejando en manos del Consejo de la Magistratura la posibilidad de designar jueces en forma «definitiva» (considerando 10 de la resolucion 270/2019). Ello resulta absolutamente incompatible con la jurisprudencia resenada de los precedentes «Rosza», «Uriarte» y «Aparicio» para adquirir la calidad de juez, en tanto soslaya la necesaria excepcionalidad institucional y el caracter transitorio de tal remedio.

33) Que el Reglamento de Traslados de Jueces, mas alla de sus frustrados esfuerzos por encuadrarse en los parametros de «Uriarte», violenta la Constitucion Nacional porque omite la participacion necesaria de los tres poderes del Estado para designaciones definitivas: Consejo de la Magistratura, mediante una propuesta vinculante en terna como culminacion del procedimiento de seleccion de postulantes, Poder Ejecutivo, a traves de la nominacion de un candidato, y Senado, otorgandole el acuerdo.

Tal como estan concebidos, los traslados de magistrados de forma definitiva no cumplen con los recaudos constitucionales para la designacion de magistrados y por ello socavan el pilar fundamental de la independencia judicial y los derechos de los justiciables.

34) Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde que esta Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial de la Nación y en ejercicio de la potestad y el deber constitucional de adoptar, en el ámbito de sus atribuciones, las medidas necesarias y apropiadas para evitar la afectación en la continuidad de la correcta administración de justicia, disponga lo necesario para que el endémico problema de la cobertura no definitiva de cargos en la magistratura encuentre solución y no se recurra a este Tribunal en busca de indulgencias ni moratorias constitucionales.

Esta situación irregular debe ser resuelta en base a parámetros objetivos que incluyan todos los casos concernidos y no a un puñado de ellos y que otorgue igualdad de oportunidades a los aspirantes y certeza a los justiciables.Es deber de esta Corte remarcar que así como no hay traslados =buenos‘ y traslados =malos‘, tampoco hay violaciones constitucionales =disculpables‘ y =no disculpables‘, porque está diferenciación arbitraria y antojadiza es el tobogán que conduce a la anomia.

Tratándose de un tema que viene de lejos en el tiempo y con creciente tendencia a expandirse, lo justo es que se evite que al resolver esta causa se consolide un problema mayor, que no es solamente interno y cuantitativo -relativo al número de magistrados trasladados- sino también externo y cualitativo, en tanto se vincula con la garantía del juez natural y la justicia independiente.

No se trata entonces de una preocupacion corporativa, sino de un problema sistemico que compromete a clausulas de las llamadas parte dogmatica y parte organica de la Constitucion Nacional, en tanto afecta a la garantia del derecho a la jurisdiccion (art. 18) y a la conformacion de uno de los poderes del Estado (arts. 94, inc. 4 y 114 incs. 1 y 2).

35) Que mas alla de resolver el planteo de los recurrentes, y advirtiendose que aun hay cuestiones relativas a los traslados que no han recibido una adecuada definicion normativa se exhortara al Poder Legislativo para que regule esta institucion, asumiendo que se trata de un mecanismo de contingencia, transitorio, que no debe ser utilizado como alternativa ni en reemplazo del nombramiento constitucional.

Asimismo, del mismo modo que en ocasion de fallar el caso»Rosza» esta Corte decidio mantener en el ejercicio de sus cargos a los funcionarios designados sobre la base de un regimen que considero inconstitucional hasta que «el Congreso y el Poder Ejecutivo, en ejercicio de sus atribuciones, procedan a establecer un sistema definitivo sobre la materia en debate con estricta observancia de los parametros constitucionales ya examinados» (Fallos: 330:2361, considerando 22 y punto resolutivo 4), y en oportunidad de sentenciar «Uriarte» debio incluso fijar los criterios de un regimen de transicion «hasta tanto el Poder Legislativo sancione un nuevo regimen que se ajuste a las pautas establecidas en este fallo» (Fallos:338:1216, considerando 34 y punto resolutivo 8), estableciendo reglas generales que comprendian a los recurrentes pero a su vez los trascendian, todo ello a efectos de «evitar el caos institucional o la eventual paralizacion del servicio de justicia», en la presente causa este tribunal indicara al Consejo de la Magistratura, sin invadir competencias que le son ajenas, un curso de accion basico que asegure la continuidad del funcionamiento del servicio de justicia y evite cuestionamientos de las partes litigantes conforme a parametros objetivos que traten a los recurrentes -y a todos aquellos magistrados que se encuentren en situacion similar- con un criterio de igualdad.

36) Que corresponde a esta Corte Suprema, en ejercicio de su funcion institucional, recordar el deber de ajustar las conductas de los organos de gobierno a la Constitucion Nacional, evitando y/o desalentando las costumbres que se apartan de ella por razones de conveniencia circunstancial.

La seguridad juridica, que «constituye una de las bases principales de sustentacion de nuestro ordenamiento, cuya tutela innegable compete a los jueces» (Fallos: 316:3231) y que es reiteradamente reclamada por distintos sectores de la sociedad como presupuesto necesario para su desarrollo, no consiste en la mera repeticion de actos juridicos sino en la concordancia de esos actos con el derecho vigente, empezando por la Constitucion Nacional.

En esta procura, los tribunales de justicia tienen un rol decisivo para alentar las practicas constitucionales y desalentar las que contradicen la Norma Fundamental, asumiendo que nunca se afecta la seguridad juridica cuando se adapta una conducta a la Constitucion Nacional, aun cuando ello implique modificar una practica, o las expectativas generadas por esa practica, si es contraria a la Norma Fundamental.

Dado que «la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales constituye un presupuesto ineludible de la seguridad juridica. (Fallos: 341:774), «que adquiere dimension constitucional. (Fallos: 303:1354; 321:2933 ), con mas razon «en cuanto se vincula con el ejercicio de las atribuciones de los poderes. (Fallos: 254:62), toda vez que cuando un tribunal cambie de criterio, algo que excepcionalmente puede suceder (Fallos:248:115), es su deber explicar con particular elocuencia los motivos que lo impulsan a dicha mutacion.

Esta Corte, como interprete suprema de la Constitucion Nacional, debe tener especial celo en no modificar injustificadamente su propia jurisprudencia, porque en ella se aloja el ultimo reservorio de respuestas ajustadas al derecho vigente y la confianza de la comunidad de que al actuar conforme a ellas no habra de sufrir recriminaciones juridicas.

Proyectado a la presente causa, convalidar judicialmente una nueva modalidad de nombramiento o designacion definitiva para cubrir un cargo de juez, por fuera de la secuencia ‘concurso’ nominacion – acuerdo., supondria para este Tribunal .ademas de violentar la Constitucion Nacional (art. 99, inc. 4o, segundo parrafo y art. 114, incs. 1 y 2) y el texto de sus acordadas (acordada 4/2018, considerando XV entre otros y acordada 7/2018 art. 1°)- contradecir lo afirmado con especial celo en sus propios precedentes «Uriarte», «Rosza» y «Aparicio», ampliamente resenados en este fallo, debiendo en tal caso explicar los motivos de dicho apartamiento.

En todos los precedentes citados, que resultan concordantes con la presente sentencia en la salvaguarda de los preceptos relacionados con la designacion de magistrados, la Corte ha debido corregir practicas que se alejaban de la regla constitucional, aunque ello implicara modificar situaciones consolidadas de facto.

37) Que, finalmente, luego de haber abordado las cuestiones relevantes para la resolucion de la presente causa, pueden resumirse las siguientes conclusiones:

1. Los actores trajeron a esta Corte una pregunta novedosa vinculada a si los traslados pueden dar lugar a designaciones definitivas, equiparables a las que preve la Constitucion Nacional. En sus presentaciones en la causa reiteran un a y otra vez el caracter definitivo de sus traslados que aqui «se ha puesto en duda».

2. La respuesta de esta Corte es que los traslados no deben entenderse como un atajo para el nombramiento de jueces con caracter permanente y definitivo, pues la Constitucion Nacional preve a tal efecto un solo mecanismo, en sus arts. 99, inc. 4°, segundo parrafo, y 114, incs. 1 y 2; mecanismo que constituye un procedimiento complejo que no puede cumplirse parcialmente.

3.Interpretar que el Derecho reconoce a los traslados como definitivos implicaria asumir que hay fuente normativa suficiente para optar entre dos reglas de acceso a la magistratura: a) o puede hacerselo por el proceso de concurso, nominacion y acuerdo; b) o puede hacerselo por traslado, sin cumplir con alguna, algunas o todas las etapas descriptas (el concurso, la nominacion y/o el acuerdo). Esta segunda via de acceso no solo contradice el texto constitucional explicito sino que carece de asidero en el texto de las acordadas 4/2018 (voto de la mayoria) y 7/2018 y la jurisprudencia emanada de esta Corte.

4. Las acordadas 4/2018 y 7/2018 impidieron en su momento la conversion de jueces nacionales ordinarios en jueces federales y evitaron que los traslados se convirtieran en nombramientos definitivos. Tales votos deben leerse no solo en clave de la situacion que puntualmente evitaron en su momento -lectura prejuiciosa que se realizo en esa epoca y que genero comentarios que hoy se revelan manifiestamente desacertados-, sino con una mirada de presente y de futuro, pues evitan y evitaran los intentos de cobertura inconstitucional de vacantes de forma definitiva, clausurando la posibilidad de que se recurra a este Tribunal en busca de .indulgenciase o .moratoriase constitucionales.

5. Nunca hubo un fundamento juridico valido para considerar los traslados como definitivos, como no sea cierta practica contra-constitutionem alimentada por la duracion sine die de los traslados.

6. Las practicas inconstitucionales no generan derecho.

7. Se afecta la seguridad juridica cuando los tribunales cambian de criterio sin dar motivos plausibles de dicho apartamiento. En el caso, admitir que los traslados extendidos sine die puedan ser equivalentes a las designaciones definitivas, implica contradecir no solo la Norma Fundamental sino tambien precedentes especificos de esta Corte sin explicar los motivos.En la medida en que las acordadas 4/2018 y 7/2018 -por reenvio a aquella- invocan las clausulas constitucionales a cumplimentar y los precedentes de este tribunal que refieren a ello («Rosza» y»Uriarte»), no es posible sostener validamente que ha habido un cambio de criterio juridico o una re-interpretacion de normas sino una decision de superintendencia que esta en linea con los fallos de marras, como asi tambien con los precedentes «Nisman» y «Corrales».

8. Los recurrentes son jueces que ocupan sus actuales cargos de modo no definitivo, por no haber cumplido con el procedimiento previsto por la Constitucion Nacional. Hasta tanto se dirima la cobertura de los cargos vacantes de acuerdo al procedimiento constitucional, los jueces trasladados permaneceran en sus funciones y gozaran de la garantia constitucional de inamovilidad. No deben volver a sus tribunales de origen, por cuanto los traslados a los cargos que ocupan son legitimos como tales.

De este modo, siguiendo precedentes de esta Corte, se evita una situacion de incertidumbre jurisdiccional con consecuencias que podrian traducirse no solo en impunidad -o riesgo de tal- en el juzgamiento de delitos de suma gravedad que hayan merecido sus intervenciones o que las merezcan en el futuro, sino tambien en violacion de garantias respecto de las personas que hubiesen sido absueltas o sobreseidas.

9. La cuestion debatida excede la pretension de los recurrentes, involucra a un numero mayor de casos y compromete en cada uno de ellos la certeza del juez natural, lo cual explica la admision de la excepcional via del per saltum en la presente causa, pues -tal como se dijo al momento de abrir el procedimiento del art. 257 bis y ter del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion- «el planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interes de las partes en el presente proceso y atane al de la comunidad, desde que esta en juego la interpretacion constitucional de los traslados de los jueces federales. (voto de mayoria, considerando 6°).

10. Si los cargos de jueces vacantes fuesen cubiertos con celeridad, siguiendo el unico procedimiento constitucional (arts. 99, inc. 4, segundo parrafo, y 114, incs.1 y 2 de la Norma Fundamental) las coberturas transitorias -como el traslado- serian excepcionales.

11. La primera condicion para lograr celeridad en la justicia es lograr celeridad en la cobertura de sus vacantes, pues de lo contrario se recarga el trabajo del resto de los jueces.

12. La no cobertura a tiempo de las vacantes no solo genera instancias interpretativas como la presente, dificultades de acceso a la justicia y demora en la resolucion de pleitos; tiene un efecto distorsivo muy grave para el equilibrio de los poderes, pues uno de ellos queda mermado con relacion a los otros, afectando el sistema republicano de gobierno.

13. El Reglamento de Traslado de Jueces del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion (resolucion 155/00), luego de la modificacion operada por la resolucion 270/19, es inconstitucional, por cuanto omite instancias previstas por la Constitucion Nacional para la cobertura definitiva de los cargos vacantes. Igual descalificacion, y por los mismos motivos, corresponde sea decretada para la resolucion 183/20 del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion.

14. El Congreso de la Nacion es el organo encargado de regular la institucion de los traslados de magistrados. Esta Corte ha expresado pautas constitucionales concretas sobre la transitoriedad de los mismos y la compatibilidad de fueros para su viabilidad. La regulacion congresional permitira contar con parametros objetivos referidos a otras cuestiones no reguladas, tales como la incidencia de la modificacion de la circunscripcion territorial del traslado, o los limites de la «igual o similar competencia material» de los tribunales concernidos. Dicha normativa, precedida del necesario debate democratico, otorgara certeza a los magistrados -evitando revisiones esporadicas de su status juridico- y a los justiciables, en relacion a la garantia constitucional del juez natural.

15. Esta Corte, como cabeza del Poder Judicial de la Nacion (art.108 de la Constitucion Nacional) y en ejercicio de la potestad y el deber constitucional de adoptar, en el ambito de sus atribuciones, las medidas necesarias y apropiadas para evitar la afectacion en la continuidad de la correcta administracion de justicia, fija .tal como hizo en los citados precedentes «Rosza» y «Uriarte»- el curso de accion tendiente a completar la disminuida dotacion de magistrados del Poder Judicial y asegurar la regularidad de su funcionamiento, en los terminos de los puntos 6 y 7 de la parte resolutiva.

Tal curso de accion evitara que se recurra periodicamente a este tribunal, a partir de hechos consumados o invocando un estado de necesidad provocado por factores evitables, en busca de ‘indulgencias’ o ‘dispensase individuales’ al cumplimento de normas, o de ‘moratorias constitucionales’e destinadas a ignorar de modo general y «por unica vez. conductas renidas con la Norma Fundamental.

Por ello, oido el senor Procurador General de la Nacion interino, se resuelve:

1. Declarar la inconstitucionalidad de la resolucion 183/20 del Consejo de la Magistratura en tanto convalida un procedimiento diferente al previsto constitucionalmente para acceder al nombramiento del cargo de juez (arts. 99, inc. 4°, segundo parrafo y 114 incs. 1o y 2o de la Constitucion Nacional).

2. Revocar la sentencia de primera instancia de autos en tanto se funda en la resolucion 183/20 del Consejo de la Magistratura.

3. Rechazar la accion de amparo en cuanto al pretendido caracter definitivo de los cargos que ocupan los actores en la Sala I de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (art. 16 de la ley 48), todo ello de conformidad con lo dispuesto por los arts. 99, inc. 4o, segundo parrafo, y 114, incs. 1o y 2o de la Constitucion Nacional.

4. Declarar la inconstitucionalidad del Reglamento de Traslado de Jueces del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion, aprobado por la resolucion 155/00, segun la modificacion formulada por resolucion 270/19, por violacion de los arts. 99, inc. 4, segundo parrafo y 114, incs. 1o y 2o de la Constitucion Nacional.

5.Exhortar al Congreso de la Nacion para que dicte una Ley que reglamente el traslado de magistrados judiciales.

6. El Consejo de la Magistratura de la Nacion promovera y activara la realizacion de los concursos de los cargos vacantes y restringira al maximo la promocion de nuevos traslados. En el caso de los cargos ocupados por los recurrentes, convocara a un nuevo y especifico concurso para cubrir las dos vacantes de la Sala I de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

7. Los magistrados recurrentes en esta causa, y todos aquellos que ocupan transitoriamente cargos de la judicatura por traslado, continuaran ejerciendolos y gozando de la garantia de inamovilidad hasta el momento en que sean designados por nombramiento los magistrados que ocupen de modo definitivo dichos cargos, luego de cumplido el proceso constitucional de los arts. 114, incs. 1 y 2 y 99, inc. 4, en todas sus etapas.

8. Los jueces trasladados, incluidos los magistrados recurrentes en esta causa, no veran cercenada en ninguna forma su eventual participacion en los concursos de los cargos que actualmente ocupan ni de otros que se convoquen, recordandose para lo pertinente la vigencia de lo decidido por este tribunal en las causas «Rizzo» (Fallos: 336:760, considerand o 41) y «Uriarte» (Fallos: 338:1216, considerando 24).

9. Declarar que la autoridad institucional de este fallo no privará de validez a los actos procesales cumplidos por los jueces trasladados hasta el momento de la designación definitiva de los magistrados titulares de esos cargos (conf. doctrina de «Barry», Fallos: 319:2151 ; «Itzcovich» Fallos: 328:566 ; «Anadón» Fallos: 338:724 ).

10. Costas por su orden, habida cuenta de las particularidades del caso. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

VOTO CONCURRENTE DE LA SENORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DONA ELENA I.HIGHTON de NOLASCO

Considerando:

1°) Que la senora jueza a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal n° 5 rechazo el amparo interpuesto por Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Oscar Bruglia, magistrados integrantes de la Sala I de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, contra el Estado Nacional – Consejo de la Magistratura de la Nacion, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolucion 183/2020 del Plenario de dicho cuerpo que, por mayoria, resolvio declarar que sus traslados desde tribunales orales federales «no ha(n) completado el procedimiento constitucional previsto en el art. 99, inc. 4 de la Constitucion Nacional conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion asi como a las acordadas 4/2018 y 7/2018., y encomendar al Poder Ejecutivo Nacional y al Senado de la Nacion la revision de sus designaciones.

2°) Que en cuanto a los antecedentes de hecho que dieron origen a estas actuaciones, la jueza de la causa relato que Leopoldo Oscar Bruglia habia sido designado, mediante el decreto 1889/1993, Juez de Camara en el Tribunal Oral Criminal Federal no 4 de la Capital Federal, previo acuerdo del Senado de la Nacion; que el 22 de diciembre de 2017 solicito su traslado a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y que el Consejo de la Magistratura, a través de la resolución 64/2018, prestó conformidad y recomendó al Poder Ejecutivo Nacional que admitiera tal petición, lo que finalmente sucedió con el dictado del decreto 278/2018 que dispuso el traspaso del magistrado a la sala I de la mencionada cámara.Pablo Daniel Bertuzzi había sido nombrado Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, por decreto 2040/2008; posteriormente, mediante resolución 46/2010, el Consejo de la Magistratura, previa petición del doctor Bertuzzi, remitió las actuaciones al Poder Ejecutivo Nacional con la recomendación de que emitiese un decreto disponiendo su traslado al Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 4 de la Capital Federal, lo que finalmente aconteció a partir del dictado del decreto 438/2010; ante una nueva solicitud de traspaso efectuada por Bertuzzi, y tras la recomendación favorable del Consejo de la Magistratura efectuada en la resolución 358/2018, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el decreto 835/2018 por el que ordenó su traslado a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Asimismo, la jueza expuso que, a partir del dictado de la resolución 183/2020 del Plenario de Consejo de la Magistratura, con posterioridad al inicio de la presente acción, el Poder Ejecutivo Nacional y el Senado de la Nación ejecutaron diversos actos tendientes a someter los referidos traslados de los actores a un nuevo acuerdo, en los términos del art. 99, inc. 4°, de la Constitución Nacional.

Al abordar el tratamiento de la cuestión de fondo, expresó que la resolución del caso debía partir del principio conforme al cual la admisión de traslados sin acuerdo del Senado de la Nación constituye una situación excepcional y, en consecuencia, las normas que los habilitan deben ser interpretadas de manera restrictiva. Ello por cuanto el nombramiento como juez refiere a un cargo determinado y se obtiene a través de un procedimiento complejo en el que intervienen, conforme a lo previsto en la Constitución Nacional, el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo Nacional y el Senado de la Nación, que procura asegurar la independencia de los magistrados y el derecho de los justiciables.

Tras referenciar el texto del art.1° del reglamento de traslado de jueces nacionales vigente cuando ocurrieron los hechos de la causa (aprobado por la resolución plenaria del Consejo de la Magistratura 155/2000), señaló que la acordada 7/2018 de esta Corte establece que no resulta necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación, en los términos del art. 99, inc. 4°, de la Constitución Nacional, en el caso de traslados de magistrados federales para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción federal, con igual o similar competencia material, mediando consentimiento del juez respectivo.

Seguidamente, la jueza procedio a verificar si tales recaudos fueron cumplidos en el traslado de los actores. Sostuvo que si bien ambos tribunales integran la jurisdiccion federal y poseen una misma o similar competencia material, es decir, la competencia penal federal, difieren respecto de la jerarquia de las funciones que desempenan. Explico que si bien los jueces federales de los tribunales orales ostentan el cargo de «juez de camara», ello no implica que exista una igualdad jerarquica y funcional entre la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, ni que se encuentre cumplido el requisito establecido por el art. 1°, inc. b, de la referida resolucion 155/2000 del Consejo de la Magistratura, que exige igualdad de competencia en razon del grado.

En esa inteligencia, estimo que no solo la tarea desempenada por unos y otros tribunales es esencialmente distinta, sino que ademas su funcion dentro del proceso penal difiere claramente tanto respecto de su naturaleza como del momento de su intervencion.Sobre esa base concluyo que «las diferencias que se presentarian entre la funcion de los Tribunales orales y la Camara de Apelaciones mencionados arrojan duda sobre la existencia de identica competencia en razon del grado «como lo exige la Resolucion CM No155/00» o de funciones de igual jerarquia «como lo hace la Acordada No 7/18″, de modo tal que el accionar de la demandada no exhibe la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que se requiere para que resulte procedente la accion de amparo pretendida».

Por ultimo, considero inadmisible lo alegado por los actores en el sentido de que la conducta del Consejo de la Magistratura colisiona con las garantias constitucionales de inamovilidad y estabilidad en el cargo de las que gozan todos los jueces federales, en el entendimiento de que el accionar del Consejo no produjo, por si mismo, ningun efecto sobre el nombramiento de los magistrados.

3°) Que contra dicho pronunciamiento los actores interpusieron recurso extraordinario por salto de instancia en los terminos de los arts. 257 bis y siguientes del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion, que este Tribunal declaro admisible el 29 de septiembre pasado, con efecto suspensivo de la sentencia recurrida y, en ese marco, ordeno comunicar al Consejo de la Magistratura que, hasta que esta Corte se pronuncie, debe abstenerse de llevar adelante actos de ejecucion de la resolucion 183/2020 cuya validez se cuestiona en las presentes actuaciones.

4°) Que en su presentacion los recurrentes invocan la configuracion de una situacion de maxima gravedad institucional y extrema urgencia, por cuanto la resolucion 183/2020 el Consejo de la Magistratura declaro que sus traslados requerian el acuerdo del Senado de la Nacion, en ostensible contradiccion con lo resuelto por esta Corte en la acordada 7/2018, y a continuación el Poder Ejecutivo de la Nación y el Senado de la Nación iniciaron el proceso de revisión de sus designaciones en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.A su vez, manifiestan que lo debatido en autos trasciende su interés particular y afecta el de todos los magistrados y justiciables, por estar en juego la interpretación constitucional de la designación y los traslados de los jueces federales, los principios de división de poderes e independencia de los jueces, así como la garantía del juez natural. En este sentido, mencionan que en las últimas tres décadas tuvieron lugar sesenta y cuatro traslados de distinta clase en el fuero federal y nacional, y afirman que lo que aquí se decida en cuanto a la exigencia de someter sus designaciones a un nuevo proceso de acuerdo senatorial impactará en la estabilidad e independencia de aquellos jueces.

Argumentan que, al resolver como lo hizo, la jueza de grado desconoció los alcances del instituto de la cosa juzgada administrativa con relación al nombramiento de magistrados federales, vulnerando así de modo flagrante las garantías constitucionales consagradas por los arts. 110 y 115 de la Constitución Nacional.

Aseveran que es falsa la afirmación respecto de que la acordada 7/2018 fue dictada con anterioridad a sus traslados, y manifiestan, además, que en la sentencia apelada la jueza de la causa debió haber transcripto el considerando VII de la acordada 7/2018 en la parte que resultaba dirimente para la solución del caso, pero omitió ese apartado y seleccionó párrafos de manera antojadiza y arbitraria, lo que condujo a desconocer y desnaturalizar el criterio oportunamente establecido por este Tribunal sobre la cuestión a decidir. Con relación a la acordada 4/2018 expresan que la jueza perdió de vista cuál era su holding y le otorgó fuerza vinculante exclusivamente a los obiter dicta.

En esa línea se agravian por considerar que al resolver como lo hizo la jueza omitió aplicar al caso la normativa vigente y efectuó una interpretación que colisiona con el principio de legalidad.En particul ar señalan que ni el reglamento de traslado de jueces vigente al momento de los traslados (resolución 155/2000 del Consejo de la Magistratura) ni la acordada 7/2018 exigen identidad absoluta respecto de las funciones jurisdiccionales desarrolladas por los jueces trasladados. Sobre este punto, indican que las funciones de los jueces de cámara y los jueces de tribunal oral son muy similares, siendo las de estos últimos incluso más amplias. Agregan que esta similitud fue expresamente tenida en cuenta cuando, con la sanción del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), se crearon los tribunales orales, pues para su integración se designaron jueces de las cámaras de apelaciones que fueron trasladados, previo consentimiento de los magistrados, sin que se requiriera un nuevo acuerdo del Senado de la Nación, en atención a que se trataba de la misma jurisdicción, misma jerarquía y similar competencia funcional.

En suma, aseguran que sus traslados son definitivos en tanto cumplieron los requisitos establecidos por la normativa aplicable:1) se efectuaron dentro de la misma jurisdicción, esto es, federal; 2) la competencia era similar, criminal y correccional federal; y 3) la jerarquía funcional de los jueces era la misma, jueces federales de cámara.

5°) Que al contestar el traslado que le fue conferido, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en primer lugar, afirma que la intervención que le cabe a dicho cuerpo en el procedimiento de traslado de jueces se limitó a la mera emisión de una recomendación al Poder Ejecutivo Nacional, de carácter no vinculante y que, en consecuencia, la pretensión actual de los recurrentes no se identifica con acto alguno que pueda ser atribuible a ese Consejo.

Asimismo, señala que no se advierte en la acción de amparo y tampoco en el posterior recurso extraordinario federal por salto de instancia, una explicación tangible acerca del agravio concreto que ocasionaría a los actores la resolución plenaria 183/2020, toda vez que la decisión relativa a si sus designaciones en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal han completado o no el procedimiento constitucional, se encuentra en la esfera de competencias de otros poderes del Estado. Argumenta, además, que no se encuentran acreditadas las circunstancias de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta requeridas por la Constitución Nacional, ni los recaudos expresamente exigidos por la ley 16.986 para la procedencia de la via procesal excepcional de la accion de amparo.

En cuanto al fondo de la cuestion debatida, niega que los traslados individualizados en el punto dispositivo 1° de la resolucion plenaria 183/2020 hayan cumplido el procedimiento constitucional previsto en el art. 99, inc. 4°, de la Constitucion Nacional, ni tampoco el requisito exigido por el art. 1°, inc. b del reglamento de traslado de jueces entonces vigente (resolucion 155/2000), circunstancia que exige completar esas designaciones con ajuste al mecanismo previsto en la Ley Fundamental.En respaldo de su posicion, cita lo expresado por este Tribunal en la acordada 4/2018 en cuanto a que «el cumplimiento de la manda constitucional de contar con acuerdo especifico del Senado para ocupar un cargo judicial con competencia determinada permite que los senadores evaluen en sesion publica «con la participacion de la ciudadania» la idoneidad de un candidato para el cargo [. ] Ese juicio no se realiza de una manera generica y abstracta [. ] lo que el acuerdo del Senado otorga es el aval a una designacion para ejercer una funcion jurisdiccional concretac». En particular, refiere que en el mencionado art. 1°, inc. b del reglamento de traslados vigente al momento de dictarse las resoluciones plenarias que recomendaron los cambios de asiento jurisdiccional de los accionantes, se establece la necesidad de que la vacante a la que se solicita el traslado, ademas de corresponder a la misma jurisdiccion y tener la misma competencia en razon de la materia y grado que ocupa el juez solicitante, debe atender a la identidad de la función a la que se pide el pase.

En este sentido, remarca que de la mera lectura de los arts. 24, 25, 31 y 32 del Código Procesal Penal de la Nación se desprenden claras diferencias de la competencia, en el grado y en la materia, de los Tribunales Orales en lo Criminal Federales y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Añade que el doctor Bertuzzi obtuvo acuerdo del Senado de la Nación para desempeñarse como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de La Plata, por lo cual subraya que a la disímil competencia en razón de la materia y grado, y a la distinta función, debe agregarse que dicho magistrado no posee acuerdo senatorial para desempeñarse en la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.Manifiesta que resulta incuestionable que el traslado de un magistrado de una jurisdicción territorial a otra requiere de un nuevo acuerdo del Senado de la Nación, y que la ausencia de nombramiento conforme al referido procedimiento constitucional complejo no puede ser suplida ni por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que disponga el traslado del juez ni tampoco por la circunstancia de que este cuente con una designación previa para un cargo en otra jurisdicción territorial y/o en un tribunal con una competencia distinta, en razón del grado o de la materia, o cuando posee una función diversa.

En esta inteligencia, concluye que, mas alla de la terminologia empleada en algunos decretos del Poder Ejecutivo Nacional, el traslado de un magistrado a un cargo perteneciente a una jurisdiccion territorial distinta, con una competencia diferente en razon de grado o de la materia y/o con una funcion diversa a aquel para el cual fuera originariamente designado »cconfigura en realidad un nuevo nombramiento» que debe cumplir con el procedimiento previsto en el art. 99, inc. 4o, segundo parrafo, de la Constitucion Nacional.

Por otra parte, sostiene que no existe una afectacion de la cosa juzgada administrativa, por cuanto a traves el acto aqui impugnado, el Consejo de la Magistratura se limito a considerar que el procedimiento de traslado de los actores no se habia perfeccionado en los terminos previstos en el referido art. 99, inc. 4°, de la Constitucion Nacional y, como consecuencia de ello, comunico tal circunstancia al Poder Ejecutivo Nacional y a la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, sin afectar los actos dictados con anterioridad en su ambito de intervencion. De esta manera, afirma que el Consejo de la Magistratura no dejo sin efecto las recomendaciones de traslado realizadas mediante las resoluciones 46/2010, 64/2018 y 358/2018, ni dispuso su revision, sino que se limito a manifestar que el tramite constitucional que los traspasos requerian no se completo debidamente.Por lo demas, senala que las reglas propias del derecho administrativo no resultan aplicables al presente caso, donde se encuentra en juego el proceso constitucional de designación de magistrados y el resguardo de las garantías constitucionales de los justiciables.

Además, descarta que la resolución plenaria 183/2020 produzca una afectación a la inamovilidad de los jueces, ya que dicho acto no adoptó temperamento alguno respecto de la continuidad de los actores en sus cargos, sino que se limitó a declarar la posición institucional del Consejo de la Magistratura respecto de la completitud o no del procedimiento previsto en el art. 99, inc. 4, de la Constitución Nacional y a efectuar una mera recomendación, en ejercicio de atribuciones que son propias de dicho órgano. Más allá de lo expuesto, manifiesta que los actos sobrevinientes emanados del Senado de la Nación y del Poder Ejecutivo Nacional tampoco afectaron en modo alguno los alcances de las garantías de estabilidad, inamovilidad e intangibilidad de las remuneraciones que asisten a los recurrentes en su carácter de magistrados, ya que estas corresponden exclusivamente a los cargos en los cuales han sido originariamente designados y para los cuales cuentan con el pertinente acuerdo senatorial.

Por último, advierte que en la acordada 7/18 este Tribunal no se pronunció sobre los traslados de los recurrentes a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. En tal sentido, sostiene que la aludida acordada no solo no se refirió expresamente a los jueces Bruglia y Bertuzzi, sino que tampoco se expidió sobre un hipotético traslado de un integrante de un Tribunal Oral en lo Criminal Federal a dicha cámara.

6°) Que el Procurador General de la Nación interino emitió su dictamen en el sentido de hacer lugar al recurso extraordinario por salto de instancia y revocar la sentencia apelada.

Al fundamentar su opinión, señala en forma preliminar que el Consejo de la Magistratura, desde que fue instaurado, contempló a nivel reglamentario el traslado de jueces con carácter permanente, institución que era utilizada desde mucho antes.Indicó que en un principio, mediante la resolución 78/99, el Consejo de la Magistratura fijó un criterio sumamente restrictivo para la procedencia de los traslados de magistrados; que al poco tiempo, a través de la resolución 155/00, se aprobó el reglamento que regía al momento de tramitarse las solicitudes de traslado presentadas por los recurrentes y que fijó condiciones menos exigentes para el traspaso de jueces; y que mediante la resolución 270/19 se establecieron nuevas pautas para el traslado de magistrados.

Descarta que el criterio hermenéutico que oportunamente informó las disposiciones por las que se trasladó a los recurrentes hubiera sido arbitrario. Ello, en base a la acreditada y extendida aplicación del estándar más flexible que el Consejo de la Magistratura había adoptado en aquel momento, dentro de sus innegables facultades para dictar e interpretar sus propias normas, y en la circunstancia de que esta Corte tuvo oportunidad de pronunciarse, mediante el dictado de las acordadas 4/18 y 7/18, aclara ndo aspectos relativos a la cuestion del traspaso de jueces que habian suscitado controversia.

Sostiene que, en la practica, la resolucion 183/20 impugnada en autos incorporo por via interpretativa al regimen de traslados previsto con anterioridad, los recaudos que hoy exige el nuevo reglamento, al otorgar a los conceptos de »jurisdiccion», »competencia» y »grado» un alcance que no surgia de manera inequivoca de las normas vigentes en el momento en que los actores tramitaron sus peticiones de traspaso.Considera que cuando con posterioridad el Consejo de la Magistratura emitio la resolucion 183/20 y anadio un recaudo que segun su anterior interpretacion de la resolucion 155/00 no cabia exigir, se violo el principio de legalidad, pues de esta manera dicho organo desconocio sus propios actos dictados de conformidad con sus propias normas, con grave afectacion a la inamovilidad de los jueces en los cargos que estaban desempenando.

Remarca que lo expuesto no implica desconocer la facultad del Consejo de la Magistratura de cambiar a su discrecion los reglamentos en materia de traslado o incluso la interpretacion que haga de ellos con efecto inmediato, sino establecer que ello no autoriza a revisar con caracter retroactivo decisiones ya adoptadas. Insiste en que no se trata aqui de resolver cual es el criterio hermeneutico que debe ser preferido, sino de la imposibilidad de aplicar retroactivamente el que hoy se propugna para revisar actos regularmente cumplidos al amparo del anterior. Expresa que esta limitacion se vincula a los principios cardinales de buena fe y de irretroactividad, así como a la regla según la cual nadie puede ir en contra de sus propios actos.

Destaca que al revocarse o ignorarse, del modo en que lo hizo la demandada, actos estatales como los que condujeron a los traslados de los recurrentes, se compromete la seguridad jurídica y la garantía de la independencia de los magistrados.En este sentido, asevera que de tal forma no se afecta únicamente la inamovilidad de los jueces, necesaria para un ejercicio independiente de la magistratura, sino también la transparencia y previsibilidad en la actuación de los órganos estatales.

En esta línea señala que si los órganos encargados de la selección y nombramiento de los jueces pudieran revisar en cualquier tiempo sus propios actos sobre cuya base los magistrados ocupan sus cargos, indudablemente se colocaría a estos en esa situación de dependencia y precariedad incompatible con el principio de independencia judicial.

7°) Que del relato de los antecedentes de la causa surge que los actores impugnan la resolución 183/20 del Consejo de la Magistratura en cuanto decidió comunicar al Poder Ejecutivo Nacional que no se había completado el procedimiento previsto por el art. 99, inc. 4°, de la Constitución Nacional respecto de sus traslados -efectuados mediante los decretos 835/18 y 278/18- a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Sostienen que esa decisión del Consejo de la Magistratura implicó privarlos de sus cargos de jueces de dicha cámara federal por una vía contraria al mecanismo específicamente establecido en la Constitución Nacional para remover a los jueces de sus cargos definitivos.

Por consiguiente, la cuestión a decidir consiste en determinar si el Consejo de la Magistratura podía impulsar una actuación de esa naturaleza respecto de los traslados de los recurrentes.De la decisión a la que se arribe sobre ese punto dependerá la validez de los actos cumplidos en consecuencia por el Poder Ejecutivo Nacional y el Senado de la Nación, que concluyeron con el dictado de los decretos 750/20 y 752/20 que dispusieron el cese de los traslados de los demandantes al tribunal en el que ejercían su magistratura.

La circunstancia de que los actores no hayan cuestionado formalmente aquellos últimos actos no constituye un obstáculo insalvable para ingresar al estudio de la cuestión planteada toda vez que sí han controvertido la plataforma sobre la cual fueron dictados, esto es, la referida resolución 183/20 del Consejo de la Magistratura. El Tribunal cuenta con facultades para avocarse al examen de las actuaciones, y aun proceder de oficio, frente a la posible transgresión de principios fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia, velando por su eficacia en el cumplimiento de los altos deberes que al respecto le conciernen.

Un quebrantamiento de esa gravedad verifico la Corte frente a la »constitucion legal misma de los tribunales federales, indispensable para fallar las causas» (confr. Fallos: 156:283; 336:1172 ; 338:284).

8°) Que de manera preliminar corresponde recordar que esta Corte ha reconocido que una de las derivaciones del principio cardinal de buena fe es el derecho de todo ciudadano a la veracidad ajena y al comportamiento leal y coherente de los otros, sean estos los particulares o el propio Estado (conf. Fallos: 312:1725). Sin embargo, tambien ha precisado que la llamada doctrina de los actos propios debe aplicarse en el campo del derecho publico con las necesarias adaptaciones, es decir, »con las discriminaciones impuestas por la naturaleza de lo que constituye la sustancia de aquel» (conf. Fallos:190:142; 304:919; 310:1589). En este sentido, la doctrina del venire contra factum propium non valet no puede vincular a la Administracion cuando la conducta precedente no se ajusta a la ley imperativa aplicable al caso, ya que la tutela de las expectativas generadas en los administrados no puede primar sobre el principio de legalidad al que se encuentra sometida la actividad del Estado (conf. causa CSJ 304/1992 (24-P)/CS1 in re »Punte, Roberto Antonio c/ Neuquen, Provincia del s/ cumplimiento de contrato», sentencia del 19 de mayo de 2010).

9°) Que por otra parte, esta Corte tiene dicho que los actos administrativos firmes, que provienen de autoridad competente, llenan todos los requisitos de forma y se han expedido sin grave error de derecho, no pueden ser anulados por la autoridad que los dicto si generaron derechos subjetivos que se incorporaron al patrimonio de sus destinatarios (Fallos: 175:368; 285:195; 308:601; 310:1045; 327:5356 , entre muchos otros), puesto que no existe precepto alguno »que declare inestables, revisables, revocables o anulables los actos administrativos de cualquier naturaleza y en cualquier tiempo, dejando los derechos nacidos o consolidados a su amparo a merced del arbitrio o del diferente criterio de las autoridades, cuyo personal sufre mutaciones frecuentes por ministerio constitucional, legal o ejecutivo» (Fallos: 175:368; 338:212 ).

No obstante, el Tribunal tambien ha dejado sentado que esta regla no es absoluta, como tampoco son absolutos los principios, garantias y derechos reconocidos por la Constitucion Nacional (arts. 14 y 28). En este sentido, ha manifestado reiteradamente que la estabilidad de los actos administrativos cede cuando la decision revocada carece de las condiciones esenciales de validez por hallarse afectada de vicios graves y ostensibles en su forma, competencia o contenido; fue dictada sobre la base de presupuestos facticos manifiestamente irregulares, reconocidos o fehacientemente comprobados; o, en otras palabras, fue dictada a raiz de un error grave de derecho (Fallos:258:299; 265:349; 285:195; 316:3157; 327:5356, entre muchos otros). En estos casos, la facultad revocatoria, aunque es de interpretacion restrictiva, encuentra justificacion en la necesidad de restablecer sin dilaciones el imperio de la juridicidad comprometida por aquellos actos administrativos irregulares (Fallos: 314:322, considerando 7° y sus citas; 338:212).

10) Que así delimitado el thema decidendum, corresponde examinar la regularidad de los traslados dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional mediante los decretos 835/2018 (doctor Bertuzzi) y 278/2018 (doctor Bruglia), como consecuencia de la previa intervención del Consejo de la Magistratura a través de las resoluciones 358/2018 y 64/2018, respectivamente. Ello es así toda vez que la impugnación de los actores se asienta en el carácter regular y definitivo de sus traslados a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

11) Que en primer lugar, conviene precisar que la cuestión aquí debatida se refiere a supuestos distintos a los examinados por el Tribunal en las acordadas 20/17 y 4/18, donde los traslados de los jueces habían sido dispuestos por el Congreso de la Nación mediante la ley 27.307, como consecuencia inevitable de la transformación de los tribunales que integraban hasta ese momento.

De modo que el procedimiento de traslado que aquí corresponde analizar difiere sustancialmente del traslado de jueces dispuesto mediante una ley del Congreso de la Nación como consecuencia inexorable del ejercicio de su potestad constitucional exclusiva de transformar tribunales. Mientras en el primer caso el juez trasladado pasa a ocupar un cargo que se encuentra vacante, en el segundo, ademas de ser el Congreso de la Nacion quien dispone el traslado, el juez trasladado pasa a integrar el nuevo tribunal constituido como consecuencia de la transformacion .y, por tanto, disolucion.del tribunal en el que cumplia funciones hasta ese momento.

12) Que fue este ultimo supuesto el que abordo el Tribunal en las mencionadas acordadas 20/17 y 4/18.

En efecto, en la disidencia parcial suscripta en la acordada 4/18 se expreso que el Congreso de la Nacion contaba con la facultad constitucional de establecer nuevos tribunales, suprimir otros o reformar los existentes, atribucion que esta Corte habia sostenido que no podia ser interpretada de modo restrictivo pues ello »serviria muchas veces de obstaculo a toda mejora (c) obligando a conservar magistraturas o jurisdicciones dignas de supresion o de reformas» (Fallos: 17:22; 310:2184).

Asimismo, se senalo que esta facu ltad habia sido ejercida por el Congreso en diversas oportunidades a lo largo de la historia, sin que hubiera merecido objeciones constitucionales. Asi ocurrio, por ejemplo, con la ley 23.637 que unifico la Justicia Nacional Especial en lo Civil y Comercial con la Civil de la Capital Federal, transformandolas en un unico fuero nacional en lo civil. Lo mismo ocurrio con la ley 25.292, que transformo los juzgados nacionales en lo penal tributario en juzgados nacionales en lo penal economico. En ambos casos se traspasaron jueces de los distintos fueros y se modificaron las competencias de los juzgados en cuestión.

También se sostuvo que el Consejo de la Magistratura tenía facultades constitucionales en lo relativo al aseguramiento de la eficaz prestación de los servicios de justicia (art. 114, inc. 6°, in fine, de la Constitución Nacional) y se hallaba en condiciones de contribuir a la toma de decisiones relativas a la reorganización funcional de los tribunales. Por esa razón, se estimó que, en principio, no resultaba irrazonable la atribución que en ese sentido le confería la ley 27.307 de individualizar los tribunales orales en lo criminal y correccional de la Capital Federal que se transformarían en tribunales orales en lo criminal federal de la Capital Federal.Ello, en la medida en que, cabe reiterar, dicha transformación había sido ordenada por la citada ley 27.307.

En lo que aquí más importa, se agregó que la potestad constitucional del Congreso de la Nación de reformar o transformar tribunales llevaba aneja, inexorablemente, la de -dentro de ciertos límites- traspasar jueces, y que si esto último no se permitiese, esa atribución del Congreso quedaría injustificadamente limitada o, de lo contrario, para honrar la garantía constitucional de inamovilidad de los jueces (art. 110 de la Constitución Nacional), el Congreso se vería obligado a perpetuar en sus funciones a todos los magistrados de los tribunales que se pretendieran transformar, lo que necesariamente derrotaría la reorganización judicial que el Congreso pretende lograr con el traspaso.

Una vez admitida la facultad del Congreso de transformar tribunales y de trasladar jueces, debía precisarse cuáles eran los límites constitucionales dentro de los cuales ello podía realizarse y, en particular, si se requería un nuevo procedimiento de designación para los magistrados trasladados. Se recordó que tal cuestión había sido resuelta por esta Corte en varios momentos de su historia, requiriendo que los traspasos cuenten con el consentimiento de los magistrados involucrados y que se trate de cargos de igual jerarquía.

Como ejemplo se refirió a lo decidido por el Tribunal en la acordada 20/17, donde se había resuelto una solicitud análoga a la examinada en esa oportunidad a favor de un pedido de habilitación de un tribunal al que se trasladaba el juez del tribunal transformado, dado que la misma ley 27.307 había ordenado la transformación de un tribunal oral en lo criminal de la Capital Federal en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital Federal n° 7.Es decir, en dicha acordada 20/2017 también se trató de un traslado dispuesto por el Congreso de la Nación como consecuencia de la transformación de un tribunal.

Tras destacar -en ese mismo contexto- que la reforma constitucional de 1994 no exigió un nuevo nombramiento para el traslado de jueces, se añadió que el requisito de idoneidad que establece el art. 99, inc. 4°, de la Constitución debía entenderse satisfecho en virtud de que los magistrados trasladados habian sido designados de conformidad con el procedimiento constitucional vigente a la epoca de sus respectivos nombramientos y que, por tanto, resultaria inaceptable exigir una nueva designacion en virtud de dicha reforma para los jueces que se trasladaban. Sobre este mismo punto, se agrego que tanto el tribunal transformado como el nuevo tenian competencia en causas referidas a la misma especialidad juridica, razon por la cual tampoco podia ponerse en duda desde esa perspectiva la idoneidad de los jueces trasladados.

Se dijo tambien .siempre en el marco del supuesto bajo examen, esto es, el traslado de jueces dispuesto por el Congreso de la Nacion con motivo de la transformacion de un tribunal. que el alcance de la designacion en un cargo judicial no podia ser entendido en terminos que supusieran que los magistrados podian desempenarse unica y exclusivamente en el puesto en el que habian sido originariamente designados, dado que »[s]i ello fuera asi el Congreso jamas podria alterar la competencia de los tribunales, ampliandola o modificandola, lo que cercenaria una facultad que la Constitucion le atribuye de manera exclusiva (Fallos:327:831 ; entre otros), pues toda ampliacion o modificacion de la competencia de un tribunal implica la habilitacion para que los magistrados entiendan en materias o cuestiones para las que, de acuerdo con la tesitura que se rechaza, no habrian sido designados».

Se expreso que tampoco era necesario un nuevo nombramiento cuando un juez de una camara de apelaciones integraba, en los terminos del articulo 31 del decreto 1285/58, otra camara distinta a aquella en la que habia sido designado, ni en el caso de los magistrados jubilados, quienes conservaban el »estado judicial» y podian ser llamados a ocupar transitoriamente el cargo que desempenaban en oportunidad de cesar en el servicio u otro de igual jerarquia, estando habilitados para ejercer funciones jurisdiccionales distintas a aquellas para las que habian sido designados, puesto que todos los jueces nombrados por el procedimiento establecido en la Constitucion, independientemente del juzgado para el que habian sido designados, adquirian »estado judicial» con su primera designacion.

Tambien se diferencio el supuesto que se estaba examinando de la cuestion considerada por el Tribunal en los precedentes »Rosza» (Fallos: 330:2361) y »Uriarte» (Fallos: 338:1216). Mientras alli se analizo la facultad del Congreso de transformar un tribunal y su consecuencia natural de traspasar a sus jueces titulares designados mediante el procedimiento previsto en la Constitucion, en los precedentes citados esta Corte fijo las pautas necesarias para cubrir vacantes judiciales temporales.

Asimismo, se destaco que lo decidido por la mayoria del Tribunal en la causa »Nisman» (Fallos:339:1342) no tenia incidencia en la cuestion que alli se trababa dado que no implicaba en modo alguno considerar a los jueces federales como distinguibles de los jueces nacionales con respecto a su proceso de designación.

Por otra parte, se descartó la exigencia de una nueva designación por la circunstancia de que la competencia de ambos tribunales (el transformado y el nuevo) fuera parcialmente distinta, toda vez que el Tribunal había reconocido desde antiguo amplias facultades al Congreso de la Nación para fijar o modificar las competencias de los tribunales, incluso si ello supusiere asignar a los tribunales federales competencias propias de la justicia ordinaria y viceversa (Fallos: 99:383; entre otros).

Se enfatizó que las facultades de transformación y traslado ejercidas por la ley 27.307 no lesionaban, en abstracto, ni la garantía del juez natural (Fallos: 17:22), ni suponían un atentado contra la inamovilidad de los jueces ni contra su independencia, pues se trataba de un mero traslado dentro de la esfera del Poder Judicial de la Nación del que no surgía ánimo de constreñir a los magistrados ni de colocarlos en funciones radicalmente diversas de aquellas para las que oportunamente habían sido designados (Fallos: 313:330, voto del juez Fayt, considerando 5°).

Finalmente, se tuvo en cuenta que al sancionar la ley 27.307, el Congreso de la Nación había tenido por objeto solucionar problemas estructurales de la justicia federal penal, adaptando sus recursos a las exigencias de la problemática del momento. Como surgía tanto del mensaje de elevación del proyecto de ley como del debate en las cámaras legislativas, la norma buscaba aliviar la sobrecarga de trabajo que afectaba a los tribunales orales en lo criminal federal de la Capital, con las consiguientes demoras en la prestación del servicio de justicia.Se valoró también que el Congreso había considerado que las estadísticas elaboradas por esta Corte demostraban que la creciente y constante carga de trabajo de dichos tribunales atentaba contra la adecuada y eficiente administración de justicia, contribuyendo a que muchas cuestiones no fueran sometidas a debate oral y fueran resueltas por otra vías, entre ellas, el dictado de sobreseimientos por prescripción de la acción penal en forma masiva (Mensaje 554 de fecha 4 de abril de 2016; intervención del miembro informante Diputado Mestre, Sesión Ordinaria del 28 de septiembre de 2016). También se hizo referencia a lo destacado por el miembro informante de la Cámara de Senadores, senador Guastavino, en cuanto a que un alto porcentaje de los casos que se tramitaban ante la justicia federal se referían a violaciones de los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar, a casos de corrupción, narcotráfico y a delitos complejos, que insumían una mayor cantidad de tiempo y recursos (Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, sesión del 10 de agosto de 2016, pág.33).

13) Que de acuerdo con las consideraciones precedentes, y tal como se desprende de la citada disidencia, los traslados de jueces dispuestos a través de una ley del Congreso de la Nación como resultado de la transformación del tribunal en el que ejercían funciones, responden a una potestad constitucional exclusiva de dicho poder del Estado; de modo que mientras esa atribución sea ejercida dentro de ciertos parámetros de razonabilidad, los traslados serán regulares y definitivos.

Cuando se trata de traslados de jueces instrumentados en el contexto de transformación o modificación legislativa de un tribunal ya constituido e integrado, rechazar la posibilidad de que los ju eces trasladados vean modificada su competencia implicaría, en los hechos, cercenar la atribución constitucional del Congreso de alterar la competencia de los tribunales.

14) Que por el contrario, los traslados de magistrados dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional a instancias del Consejo de la Magistratura, es decir, sin la intervención del Congreso de la Nación y fuera de los supuestos de transformación de tribunales, solo pueden ser considerados regulares y definitivos cuando hayan sido dispuestos en cumplimiento de todos los requisitos previstos a tal fin. No debe perderse de vista que el traslado de jueces, aun cuando resulte un mecanismo válido bajo ciertos límites constitucionales, constituye un sistema excepcional que no puede desnaturalizar el procedimiento de selección de magistrados que establece la Constitución Nacional en el art. 99, inc. 4°.

Las aludidas diferencias entre ambos supuestos de traslados determinan también diferencias en cuanto a sus requisitos y condiciones.Como se expresó, los traslados realizados a través de una ley del Congreso de la Nación, al ser inmanentes a la transformación de un tribunal, requieren el ejercicio regular de esa potestad por parte de dicho poder del Estado; en cambio, los que son dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional, al carecer de ese contexto justificante, requieren el cumplimiento de requisitos más estrictos.

15) Que con anterioridad a la instauración del Consejo de la Magistratura, los requisitos de validez de los traslados dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional habían sido definidos por esta Corte en algunos pronunciamientos, al exigir el consentimiento de los magistrados involucrados (Fallos: 201:245; 256:114; 313:330) y que se trate de cargos de igual jerarquía (Fallos: 288:387, 388; 313:330).

Con la puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura, dichos requisitos fueron regulados a través de resoluciones dictadas por ese cuerpo. En un principio, estaban previstos en el artículo 50 del Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición para la Designación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación (aprobado por la resolución 78/99, modificada por las resoluciones 1/00, 38/00 y 106/00), hasta que, mediante la resolución 155/2000, el Consejo reguló el instituto de manera autónoma, derogando el referido artículo 50 del reglamento de concursos. En el art. 1° del reglamento de traslado de jueces aprobado por esa resolución 155/00 se establecieron, a través de sus tres incisos, los requisitos que debían cumplirse para que un magistrado pudiera solicitar su traslado a un cargo de otro tribunal que se encontrara vacante.Finalmente, ese régimen fue modificado por la resolución 270/19.

16) Que resulta evidente entonces que los criterios establecidos en la referida disidencia de la acordada 4/2018 -para traslados realizados por el Congreso de la Nación por transformación de un tribunal- no resultan aplicables a los traslados de los actores -dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional-, así como tampoco cabría exigir a los primeros los requisitos aplicables a estos últimos, sencillamente porque se trata de supuestos que poseen origen y naturaleza diferente y, por lo tanto, están sujetos a recaudos también diferentes.

Tal distinción fue considerada en aquella disidencia, donde se dejó aclarado que el traslado que se estaba analizando había sido ordenado por una ley del Congreso y no por un decreto del Poder Ejecutivo. Y esa fue, precisamente, la razón por la cual no resultaron exigibles los requisitos previstos en el reglamento de traslado de jueces aprobado por la resolución 155/00, requisitos que, por el contrario, sí eran plenamente exigibles para los traslados de los actores, puesto que dicho reglamento regia para los traslados realizados por el Poder Ejecutivo al momento en que estos ultimos fueron dispuestos.

En conclusion, los traslados de los actores solo pueden ser considerados regulares y definitivos si cumplieron con los requisitos exigidos en el reglamento de traslado de jueces aprobado por la referida resolucion 155/2000 del Consejo de la Magistratura.

17) Que el art. 1° del mencionado reglamento disponia:

»Los magistrados del Poder Judicial de la Nacion podran solicitar su traslado a otro tribunal que se encuentre vacante siempre que:

a) No se haya resuelto la convocatoria a un concurso publico de antecedentes y oposicion para cubrir el cargo. Esta condicion no regira cuando se trata de un mismo tribunal colegiado.

b) La vacante a la que se solicita el traslado corresponda a la misma jurisdiccion y tenga la misma competencia en materia y grado que el cargo que el juez ocupa.Este requisito no sera exigido cuando el interesado haya obtenido un anterior acuerdo del Senado de la Nacion para desempenar la funcion a la que pide su pase.

c) El magistrado peticionante tenga una antiguedad no menor a cuatro (4) anos, desde la fecha de posesion de su cargo».

La norma requeria que no se hubiera resuelto la convocatoria a concurso para cubrir el cargo y que la vacante tuviera la misma jurisdiccion y competencia en materia y grado que el cargo que desempenara el magistrado peticionante, quien ademas debia contar con una antiguedad en su cargo no menor a cuatro anos.

Especificamente, en el primer parrafo del inciso »b» se exigia una triple identidad entre el cargo que ocupaba el magistrado que solicitaba su traslado y el cargo vacante al cual pedia su pase: ambos debian tener la misma jurisdiccion y la misma competencia en razon de la materia y del grado. A su vez, en el segundo parrafo de ese inciso se establecia que este requisito no seria exigido cuando el juez hubiera obtenido un anterior acuerdo del Senado de la Nacion para desempenar la funcion a la que pedia su pase.

Del texto de ambos parrafos surge que el requisito de identidad de competencia en razon del grado comprendia el aspecto funcional del cargo, es decir, que la norma exigia que el cargo vacante al cual el juez solicitase su traslado tuviera la misma competencia funcional que el cargo que desempenaba.

Si bien los jueces federales de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal poseen el cargo de »juez de camara», lo cual implica una equiparacion de jerarquia escalafonaria entre ambos cargos, las funciones jurisdiccionales que desarrollan no son las mismas que las desempenadas por los jueces que integran la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.Mientras esa última actúa como tribunal de alzada de los juzgados en lo criminal y correccional federal de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, como segunda instancia revisora de la actuación de esos juzgados de primera instancia durante la etapa de instrucción del proceso penal; los tribunales orales federales actúan en instancia única llevando a cabo los juicios orales de delitos de competencia federal una vez concluida dicha instrucción (arts. 24, 25, 31 y 32 del Código Procesal Penal de la Nación).

18) Que en virtud de esas diferencias sustanciales en cuanto a la naturaleza y oportunidad de la actuación entre ambos tribunales, los traslados de los actores no cumplieron con el requisito establecido en el inciso b del art. 1° del reglamento de traslado de jueces aprobado por la resolución 155/00 del Consejo de la Magistratura, en tanto los cargos que desempeñaban no tenían la misma competencia funcional que los cargos a los cuales fueron trasladados.

Esta circunstancia, de acuerdo con lo expresado anteriormente, determina que los traslados de los actores nunca pudieron ser considerados regulares ni definitivos.

19) Que en tales condiciones, y teniendo especialmente en cuenta las particulares circunstancias del caso, corresponde que esta Corte brinde una respuesta institucional que armonice los valores en juego y fije las pautas necesarias para su cumplimiento sin desatender las consecuencias que derivarán de su decisión. El Tribunal ha insistido en que los jueces no deben desentenderse de las circunstancias fácticas con incidencia en la resolución del conflicto ni prescindir de las consecuencias que se derivan de los fallos, pues tales extremos constituyen uno de índices más seguros para verificar la razonabilidad de su decisión (conf. arg. Fallos:234:482; 302:1611, 1284; 304:1919; 315:992; 323:3139 ; 326:3593 ; 328:4818 y 331:1262 ; entre muchos otros).

Ello exige que esta Corte cumpla con su deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la afectación de la administración de justicia que provocaría la inmediata remoción de los actores de los cargos que actualmente desempeñan y establezca pautas claras y concretas acerca de la manera en que los efectos de su pronunciamiento operarán en el tiempo (conf. doctrina de Fallos: 330:2361; 338:1216).

A su vez, la respuesta que se brinde debe evitar legitimar cualquier acto que pueda colocar a los jueces en una situación de dependencia y precariedad incompatible con el principio de independencia judicial y afectar la transparencia y previsibilidad que debe regir en la actuación de los órganos estatales. Ello es así toda vez que el Estado tiene el deber de garantizar una apariencia de independencia de la magistratura que inspire legitimidad y confianza suficiente no solo al justiciable, sino a los ciudadanos en una sociedad democrática (conf. Fallos:338:284; 338:1216). La libre disponibilidad respecto del traslado de magistrados, aun en casos como el presente, fomentaria la duda objetiva sobre la posibilidad efectiva de los jueces de decidir controversias concretas sin temor a represalias.

20) Que frente a circunstancias excepcionales como las que se suscitan en el presente caso, el Tribunal ha actuado con especial prudencia adoptando soluciones de politica judicial tendientes a garantizar la seguridad juridica y conjurar situaciones que podrian resultar frustratorias de los derechos de los litigantes.

Asi, en oportunidad de declarar la invalid ez constitucional de distintos regimenes de designacion de jueces subrogantes, esta Corte ha procurado evitar las consecuencias negativas que se derivarian de la inmediata caducidad de esas designaciones, y lo hizo a traves de soluciones ad hoc que establecieron periodos de transicion para permitir que los restantes poderes del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, procedan a adoptar las medidas necesarias para superar las objeciones constitucionales que habian motivado la decision.

En ese sentido, en el citado precedente »Rosza» (Fallos: 330:2361), la Corte resolvio que los jueces subrogantes cuyas designaciones habian sido efectuadas sobre la base del regimen de subrogaciones declarado inconstitucional en esa misma decision, continuaran transitoriamente en el ejercicio de sus cargos y que su actuacion jurisdiccional seria considerada valida hasta que cesaran las razones que habian originado sus nombramientos o hasta que fueran reemplazados o ratificados mediante un procedimiento constitucionalmente valido, segun las pautas establecidas en la sentencia. Mientras tanto, el Congreso y el Poder Ejecutivo debian establecer un sistema definitivo de subrogancias con estricta observancia de los parametros constitucionales alli fijados. Tambien dispuso que con arreglo a identicos parametros debian ser decididas las designaciones transitorias o interinas de jueces subrogantes que se efectuaran luego de notificada la sentencia y hasta el cumplimiento de aquel plazo.

Asimismo, en el precedente »Uriarte» (Fallos:338:1216), luego de declarar la inconstitucionalidad del regimen de subrogaciones previsto en la ley 27.145 y la invalidez de todos los nombramientos de subrogantes cuyo procedimiento de designacion no se habia ajustado a las pautas fijadas en la sentencia, el Tribunal tambien mantuvo transitoriamente a esos subrogantes en el ejercicio de sus cargos y dispuso que hasta tanto el Poder Legislativo sancionara un nuevo regimen que se ajustara a las pautas establecidas en el fallo, los subrogantes debian ser designados por el Consejo de la Magistratura de acuerdo con un procedimiento que fue definido en la misma sentencia.

21) Que a la luz de las consideraciones precedentes, no cabe admitir otra solucion que determinar la vigencia temporal de los traslados de los actores de acuerdo a condiciones objetivas, impersonales y previsibles, requisito que solo puede entenderse cumplido manteniendo dicha vigencia hasta la cobertura de cada uno de los cargos de manera definitiva, a través del procedimiento que prevé la Constitución Nacional mediante la intervención del Consejo de la Magistratura -según las atribuciones que le confiere el art. 114, incs. 1 y 2-, del Senado de la Nación y del Presidente de la República (art. 99, inc.4°). A tal fin, el Consejo de la Magistratura deberá llamar a un nuevo concurso para cubrir ambos cargos, de modo que permita a los actores participar de ese proceso y tener la posibilidad de transformar sus traslados en nombramientos definitivos.

De acuerdo con ello, corresponde declarar la invalidez de la resolución 183/2020 del Consejo de la Magistratura en cuanto dio origen a la secuencia concatenada de actos que, con la intervención posterior del Poder Ejecutivo Nacional y el Senado de la Nación, culminó con la reversión inmediata de los traslados de los actores.

Esta solución, a criterio del Tribunal, aparece como el único modo razonable de compatibilizar los distintos intereses y valores institucionales y constitucionales que se encuentran en pugna en el presente caso.

La autoridad institucional de este fallo no priva de validez a los actos procesales cumplidos por los actores hasta el momento de la designación de los jueces titulares de esos argos (conf. doctrina de los precedentes »Tellez», Fallos: 308:552; »Barry», Fallos: 319:2151 y sus citas; »Itzcovich», Fallos: 328:566; »Rosza», Fallos: 330:2361; »Anadon», Fallos: 338:724; »Uriarte», Fallos: 338:1216).

22) Que por ultimo, conviene senalar que en los considerandos de la resolucion 183/2020, el Consejo de la Magistratura expreso que desde su puesta en funcionamiento habia propiciado el traslado de multiples magistrados pertenecientes al Poder Judicial de la Nacion en los terminos de la resolucion 155/2000. En ese marco, luego de analizar las implicancias constitucionales del traslado de magistrados y los recaudos exigidos a tal fin, dividio en tres categorias los traslados propiciados hasta ese momento y solo formulo observaciones respecto de los incluidos en la tercera de ellas, por considerar que no habian cumplido con todos los recaudos previstos en el articulo 1°, inciso »b», del reglamento de traslados aprobado por la resolucion 155/2000, relativos a la triple identidad de jurisdiccion y competencia en razon de la materia y el grado.De ahi se deriva que el Consejo de la Magistratura, mediante la resolucion 183/2020, convalido todos los traslados anteriores a la fecha de su dictado que, en tanto no fueron incluidos en aquella tercera categoria, no merecieron objecion alguna.

Por ello, oido el senor Procurador General, se resuelve:

I. Revocar la sentencia apelada y rechazar la accion de amparo en cuanto los actores pretenden la declaracion del carácter definitivo de los cargos que ocupan en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (art. 16, última parte, de la ley 48).

II. Declarar la invalidez de la resolución 183/20 del Consejo de la Magistratura, así como de los actos posteriores cumplidos por el Poder Ejecutivo Nacional y el Senado de la Nación, en cuanto concluyeron con la reversión inmediata de los traslados de los actores.

III. Ordenar al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación que llame a un nuevo concurso para cubrir las dos vacantes correspondientes en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, debiendo garantizar el derecho de los actores a participar de dicho concurso.

IV. Declarar que los actores conservarán los cargos de jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal hasta la conclusión del proceso de designación de magistrados para esas vacantes, de acuerdo con lo previsto en los arts. 99, inc. 4°, y 114, incs. 1° y 2°, de la Constitución Nacional.

V.Declarar que lo aquí decidido no afecta la validez de las actuaciones cumplidas por los actores hasta la fecha de designación de los jueces titulares de los cargos que ocupan.

Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

DISIDEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

Considerando:

1°) Que los magistrados Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Oscar Bruglia interpusieron acción de amparo solicitando la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 183/20 del Consejo de la Magistratura de la Nación, por la cual este órgano -por mayoría de siete (7) votos contra seis (6)- encomendó al Poder Ejecutivo Nacional y al Senado de la Nación la revisión de, entre otras, sus designaciones efectuadas por los decretos 278/18 y 835/18 para desempeñarse en el cargo de jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

En lo sustancial, argumentaron que sus designaciones como jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal se encuentran protegidas por la garantía de inamovilidad mientras dure su buena conducta prevista por el art. 110 de la Constitución, en virtud de la cual solamente podrían ser removidos de sus cargos mediante el procedimiento regulado en el art. 115 de la Constitución. Señalaron que la demandada pretende removerlos de tales cargos por una vía que resulta palmariamente contraria al mecanismo específicamente establecido por la Constitución Nacional para remover a magistrados.

En tal sentido, arguyeron que las designaciones en la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal fueron realizadas »en cumplimiento estricto con el articulo 99, inciso 4 de la Constitucion Nacional, circunstancia que ha sido expresamente ratificada por el Maximo Tribunal mediante el dictado de las acordadas 4/18 y 7/18. Afirmaron que los decretos 278/18 y 835/18 se encuentran firmes, consentidos y que han generado derechos subjetivos en su favor.Puntualizaron que a la fecha de sus traslados el Reglamento de Traslado de Jueces (resolucion 155/2000 del Consejo de la Magistratura) no exigia un nuevo acuerdo del Senado para casos como los suyos, por lo que exigirlo ahora, retroactivamente, implica una violacion al principio de legalidad. Recalcaron, finalmente, que los actos del Consejo de la Magistratura que propiciaron sus traslados son irrevocables para el propio organo, que al pretender revisarlo ahora se arroga funciones exclusivamente jurisdiccionales.

2°) Que la jueza de primera instancia, evacuado por el Consejo de la Magistratura de la Nacion el traslado conferido en los terminos del articulo 8 de la ley 16.986, rechazo la accion promovida.

Considero que la accion de amparo es un proceso excepcional, utilizable en delicadas y extremas situaciones, que exige para su admision la existencia de circunstancias muy particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiestas, y la demostracion de que el dano concreto y grave ocasionado solo puede ser reparado acudiendo a la via urgente y rapida del amparo. Afirmo, en esa misma linea, que resulta necesario reconocer la «inherente limitacion» del amparo, accion que no resulta admisible en cuestiones opinables. Sobre la base de las pautas mencionadas, entendio que la via resultaba inadmisible en el caso, al no advertirse la existencia de una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.

Senalo que, con base en sus atribuciones constitucionales y legales, el Consejo de la Magistratura dicto la resolucion atacada en la presente causa y mediante la cu al »emitio una recomendacion en su caracter de organo encargado de la seleccion y acusacion de los magistrados» sobre la regularidad de los procedimientos mediante los cuales se dispuso el traslado de los jueces Bruglia y Bertuzzi». Considero, entrando en el fondo de los planteos, que la practica de los traslados de jueces habia evolucionado desde posiciones mas permisivas hacia otras recientes, mas restrictivas y que resguardaban adecuadamente el importante rol del Senado en el procedimiento de designacion de magistrados. Con extensas citas de pasajes extraidos de distintos precedentes de esta Corte, entendio que existe un unico procedimiento por el que se adquiere la calidad de juez:el nombramiento por parte del Presidente de la Nacion en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesion publica. Ello descarta la designacion permanente de magistrados que ya ostentan tal calidad para ejercer en un tribunal con una competencia especifica, en otro tribunal con otra competencia radicalmente distinta bajo la forma de una transformacion o de un traslado. El acuerdo del Senado .continuo argumentando. se presta para un cargo especifico y no de »manera generica y abstracta» ni implica »una autorizacion abierta para ejercer la funcion judicial con caracter permanente en diversas materias, grados o competencias. Antes bien, lo que el acuerdo del Senado otorga es el aval a una designacion para ejercer una funcion jurisdiccional concreta. Por ello, la admision de traslados sin acuerdo del Senado ha de juzgarse como una situacion de caracter excepcional y, consecuentemente, las normas que la habilitan deben ser interpretadas restrictivamente.

Anadio que la acordada 7/18 de esta Corte exige, para validar traslados sin acuerdo del Senado, que estos recaigan sobre cargos que impliquen funciones de la misma jerarquia dentro de la jurisdiccion federal, con igual o similar competencia material, mediando consentimiento del magistrado respectivo. A su vez, cito el Reglamento de Traslado de Jueces (resolucion 155/2000 del Consejo de la Magistratura), norma que exigia que el traslado fuera a un cargo de la misma jurisdiccion y que este tuviera la misma competencia en materia y grado que el cargo que el juez ocupaba al momento de solicitar el traslado. A la luz de esas pautas, considero que si bien los jueces de los tribunales orales federales son considerados jueces de camara, se trata de una equiparacion escalafonaria pero no necesariamente funcional.Ello por cuanto la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal actua como una instancia de alzada, revisora, mientras que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal en el que se desempenaban los actores con anterioridad al traslado es un tribunal de instancia unica, abocado al juicio oral y de merito respecto de los delitos federales cuyo juzgamiento le atribuyen las leyes.

Estas diferencias, segun la jueza, »arrojan duda sobre la existencia de identica competencia en razon del grado como lo exige la resolucion CM 155/2000 o de funciones de igual jerarquia como lo hace la acordada 7/18″, de modo tal que el accionar de la demandada no exhibe la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que se requiere para que resulte procedente la accion de amparo pretendida. A ello anadio que la resolucion 183/20 del Consejo de la Magistratura no afectaba, por si, la inamovilidad o estabilidad de los actores, por cuanto ello, en todo caso, recien ocurriria en el supuesto de denegarse el nuevo acuerdo por parte del Senado y decidirse, por parte del Poder Ejecutivo, dejar sin efecto los traslados en cuestion. Por ultimo, senalo que no estaba en juego su calidad de jueces, ni sus cargos de jueces de camara, sino en que tribunal debian prestar funciones, por lo que juzgo, tambien por esta razon, que no se encontraba afectada la garantia de la inamovilidad invocada.

3°) Que contra este pronunciamiento los actores dedujeron recurso extraordinario por salto de instancia en los terminos del art. 257 bis del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion, el que fue admitido por el Tribunal mediante resolucion de fecha 29 de setiembre del corriente año.

Los recurrentes sostienen que la sentencia de primera instancia omitio considerar que sus designaciones revestian el caracter de»cosa juzgada administrativa» y que no podian ser revisadas en otra sede que no fueran los tribunales de justicia, al descartar la aplicacion del citado instituto mediante una simple afirmacion dogmatica.Afirman que la decision apelada otorgo un alcance manifiestamente erroneo a las acordadas de esta Corte 4/18 y 7/18, las que deben ser leidas conjuntamente y confirman la plena validez de sus designaciones. Respecto de la acordada 4, se agravian de que la jueza haya perdido de vista cual era su holding y se haya centrado en afirmaciones que serian obiter dicta. Respecto de la acordada 7, se quejan de que la magistrada haya omitido por completo considerar que en ella esta Corte se refirio especificamente al traslado del juez Bruglia y, al respecto, senalo que no es necesario un nuevo acuerdo del Senado respecto del traslado desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 a la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, afirmacion comprensiva de la situacion de ambos magistrados actores.

Continuan afirmando que surge con total claridad de ambas acordadas que no es necesario el acuerdo del Senado en dos categorias de traslados: aquellos realizados dentro de la jurisdiccion nacional ordinaria, para que los magistrados desempenen funciones de la misma jerarquia, con igual o similar competencia material y mediando consentimiento del magistrado respectivo; y aquellos realizados dentro de la jurisdiccion federal, siempre que satisfagan los mismos requisitos antes senalados respecto de la jerarquia funcional, competencia y consentimiento del magistrado.

Se quejan de que la sentencia haya exigido identidad de funciones, cuando las citadas acordadas de esta Corte exigen solo»igual o similar competencia material» y el requisito tampoco es exigido por el Reglamento de Traslado de Jueces (resolucion 155/00), omitiendo de este modo aplicar la normativa vigente e incurriendo en una interpretacion que vulnera el principio de legalidad.Destacan que las funciones del juez de un tribunal oral federal son mas amplias que las de un magistrado de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y las incluyen, de modo que ambos traslados satisfacen el requisito de »similar competencia material».

Senalan, finalmente, que el proceso iniciado por la resolucion 183/20 del Consejo de la Magistratura permitiria revisar, segun el arbitrio de los poderes de turno, la composicion de un gran numero de tribunales en los que se desempenan magistrados que han sido designados en ellos mediante traslados, lo que provoca una grave violacion de las garantias de inamovilidad e independencia judicial. En suma, invocan que sus nombramientos en la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal resultan ajustados a derecho y que, por ello, se encuentran protegidos por la garantia de la inamovilidad mientras dure su buena conducta (arts. 110 y 115, Constitucion Nacional), sin que pueda serles requerido un nuevo acuerdo del Senado para continuar desempenandose en el citado tribunal.

4°) Que, al contestar el traslado del recurso extraordinario por salto de instancia, el Consejo de la Magistratura reitera, en lo sustancial, el nucleo argumental que habia esgrimido al evacuar el informe del art. 8 de la ley 16.986. En primer lugar, plantea que carece de legitimacion pasiva respecto de la pretension esgrimida por los actores, toda vez que su actuacion se habria limitado a emitir una recomendacion de caracter no vinculante para el Poder Ejecutivo Nacional y el Honorable Senado de la Nacion, organos que .en todo caso. son quienes tienen las potestades de accionar sobre los supuestos derechos que invocan los recurrentes. Endilga a los actores pretender censurar el ejercicio de las competencias constitucionales del Consejo respecto de un tema de su directa incumbencia, como es el relativo a la completitud de las designaciones judiciales analizadas en la resolucion 183/20.En segundo lugar, cuestiona la procedencia de la via del amparo, la que solamente resulta admisible para cuestionar actos desprovistos de todo sustento normativo, lo que no ocurre en el caso.

Respecto de la cuestion de fondo, el Consejo de la Magistratura advierte que en caso de hacerse lugar a la pretension de los recurrentes se »estaria legitimando un mecanismo por el cual aquellos magistrados que cuenten con el beneplacito del Poder Ejecutivo Nacional, se verian dispensados de cumplir con el procedimiento constitucional de designacion de magistrados, pudiendo obtener ascensos en su carrera judicial sin participar de concurso publico alguno y sin comparecer ante el Honorable Senado de la Nacion». Esta situacion, argumenta, se opone directamente al derecho de toda persona a ser oida por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, que surge de diversas convenciones internacionales sobre derechos humanos que gozan de jerarquia constitucional. Continua destacando la centralidad del rol del Senado en el procedimiento de designacion de jueces, con miras a garantizar el derecho mencionado anteriormente. Agrega que es en esa instancia ante el Senado que los ciudadanos pueden tomar parte del procedimiento de designacion de jueces, mediante la audiencia publica prevista por el art. 99 inc. 4 de la Constitucion y los mecanismos complementarios previstos en el reglamento de esa camara legislativa. Desde esta perspectiva, entiende que »los traslados de los doctores Bruglia y Bertuzzi a la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal fueron el resultado de una decision politica tomada por el Gobierno Nacional con el obje to de determinar la seleccion de magistrados sin cumplir con los requisitos establecidos por la Constitucion Nacional».

Con cita de la acordada de esta Corte 4/18, insiste en que el acuerdo del Senado se cine a una funcion determinada y que los traslados de los actores no han satisfecho los requisitos del art. 99 inc. 4 de la Constitucion y los exigidos por el Reglamento de Traslados (resolucion 155/00). En particular, cuestiona la asimilacion de competencias y funciones que, segun los actores, habria entre los cargos de su tribunal de origen y los propios del tribunal al que fueron trasladados.Tambien objeta, en el caso del juez Bertuzzi, el cumplimiento del requisito de »igual jurisdiccion», que «en su postura» se refiere a la jurisdiccion territorial. Afirma, a la vez, que la acordada de esta Corte 7/2018 no se pronuncio sobre la situacion del juez Bruglia, ni valido traslados como los aqui discutidos.

Finalmente, el Consejo de la Magistratura sostiene que, contrariamente a lo invocado por los apelantes, no se esta afectando la »cosa juzgada administrativa» por cuanto la resolucion impugnada no revoca ni deja sin efecto ningun acto anterior del propio Consejo, sino que se limita a senalar que los tramites constitucionales que los traslados que habia recomendado con anterioridad no se encontraban completos. Por ello, insiste, sus actos no han afectado la estabilidad ni la inamovilidad de los magistrados Bertuzzi y Bruglia. Agrega que tampoco resulta afectacion alguna de los actos sobrevinientes del Senado .negativa de acuerdo. y del Poder Ejecutivo .anulacion de los traslados. puesto que tales garantias »corresponden exclusivamente a los cargos en los cuales han sido originalmente designados y para los cuales cuentan con acuerdo del Honorable Senado de la Nacion».

5°) Que durante el curso de la litis, y como consecuencia del dictado de la resolución 183/20 del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo de la Nación solicitó al Senado acuerdo para los traslados de los magistrados recurrentes a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, tribunal en el que habían venido desempeñándose desde el año 2018 (Mensajes 58/20 y 60/20). El Senado se pronunció en sentido negativo mediante las resoluciones A-20/20 y A-21/20, del día 16 de septiembre del corriente.Al día siguiente, invocando la falta de acuerdo del Senado, el Poder Ejecutivo dictó los decretos 750/20 y 752/20 en los que se dispuso dejar sin efecto los decretos 278/18 y 835/18 que habían designado a los recurrentes en la cámara antes mencionada.

6°) Que, como se desprende de la reseña anterior, el recurso extraordinario interpuesto se dirige contra la sentencia definitiva de primera instancia que decidió en contra del derecho de los recurrentes a continuar en el cargo judicial que venían ejerciendo, derecho que ellos habían fundado en una determinada interpretación del artículo 110 de la Constitución y el principio de inamovilidad consagrado en dicha cláusula. En tales condiciones, la competencia apelada de esta Corte se encuentra habilitada en los términos del artículo 14, inciso 3° de la ley 48.

7°) Que, con carácter preliminar, se debe decidir sobre las defensas opuestas por el Consejo de la Magistratura y que se dirigen contra la posibilidad de que esta Corte resuelva sobre el fondo de la cuestión.

Respecto de la defensa de falta de legitimación pasiva, corresponde su rechazo por los fundamentos desarrollados en el dictamen del señor Procurador General interino, que se dan por reproducidos en esta sentencia, con el fin de evitar reiteraciones innecesarias. Tan solo cabe añadir, como confirmación del acierto con que razona el señor Procurador General interino, que en los decretos 750/20 y 752/20, en los párrafos primero, segundo y tercero de su motivación, se consigna que el desplazamiento de los jueces Bruglia y Bertuzzi fue promovido por la resolución 183/2020 del Consejo de la Magistratura.Por lo tanto, es claro que la mencionada resolución produjo efectos jurídicos directos e inmediatos respecto de los actores.

En relación con la invocación que ha hecho el Consejo de la Magistratura de facultades constitucionales propias que se buscaría censurar mediante la presente acción de amparo, basta aclarar que, como lo ha recordado esta Corte en diversas oportunidades, no existen atribuciones inmunes al control judicial de constitucionalidad cuando se encuentra en juego la vulneración de derechos garantizados por la Constitución Nacional (doctrina de Fallos: 330:3160 ; entre otros).

Por último, debe rechazarse de plano la defensa vinculada con la improcedencia de la acción de amparo por no ser la via procesal adecuada. En efecto, la cuestion traida a juicio de esta Corte debe ser resuelta con la mayor celeridad, dada la naturaleza de los derechos en juego y la gravedad institucional que reviste, a lo que se debe anadir que no existe una controversia sobre los hechos del caso que pueda exigir la produccion de prueba. Cabe recordar, en este sentido y como lo ha decidido esta Corte, que »si bien la accion de amparo no esta destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solucion de controversias, su exclusion por la existencia de otros recursos no puede fundarse en una apreciacion meramente ritual, toda vez que la institucion tiene por objeto una efectiva proteccion de derechos mas que una ordenacion o resguardo de las competencias. (Fallos: 311:208; 320:1339; 325:1744 ; 327:2920 ; 327:2955 ; 330:1635 ; entre otros ).

8°) Que corresponde entonces considerar el fondo de la cuestion, que consiste en determinar si lo decidido por el Consejo de la Magistratura en la resolucion 183/20 ha vulnerado el derecho de los jueces Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Oscar Bruglia a permanecer en el cargo mientras dure su buena conducta (art.110 de la Constitucion Nacional).

La cuestion reviste marcada gravedad institucional puesto que involucra determinar si resulta constitucionalmente admisible la revision por parte del Consejo de la Magistratura del mecanismo de traslados por el cual un importante numero de magistrados, quienes cuentan con acuerdo previo del Senado, han sido designados en diversos tribunales del Poder Judicial de la ación y en los cuales han venido desempeñando sus funciones durante diversos períodos de tiempo, en algunos casos muy prolongados.

9°) Que la posibilidad de que una vacante en un tribunal de la Nación sea cubierta por el traslado de un juez ya nombrado en otro tribunal de la Nación ha sido validada por esta Corte y surge de una práctica institucional de más de siete décadas. Estos traslados reconocen dos fuentes normativas: decretos del Poder Ejecutivo que regulan casos individuales (como los referidos en Fallos: 288:386 y 387; 313:330; 319:5, considerando 5°) o leyes del Congreso que al transformar tribunales requieren el consiguiente traslado de los magistrados de los tribunales transformados o la asunción por parte de los magistrados de nuevas competencias (ley 23.637; ley 25.292 -modificada por ley 27.097-; ley 25.269; ley 27.307; entre otras).

10) Que en lo concerniente a los casos de traslados individuales, en una primera etapa -la más extensa temporalmente- esta Corte fue precisando los contornos dentro de los cuales se consideraron constitucionalmente admisibles. En este sentido, ya en 1945 se señaló que los traslados sin consentimiento del magistrado son inadmisibles por vulnerar la inamovilidad de la que se hallan investidos (Fallos: 201:245), agregándose más tarde que debía mantenerse la igual jerarquía entre el cargo de origen y el cargo de destino (Fallos:288:386 y 387; 313:330). Satisfechas tales condiciones, el Tribunal entendio que resultan validos los traslados por un decreto del Poder Ejecutivo y sin un nuevo acuerdo senatorial para el magistrado trasladado pues ello »no importa el desconocimiento de ninguna de las facultades sustanciales que cupiese reconocer al Senado de la Nacion con base en la Constitucion Nacional» (Fallos: 313:330, voto de los jueces Petracchi y Belluscio, considerandos 1° y 3°), conclusion que fuera compartida por el juez Fayt en tanto se tratase de un mero traslado dentro del ambito del Poder Judicial de la Nacion, del que no surgiera el animo de constrenir al magistrado ni colocarlo en funciones radicalmente diversas de aquellas para las que recibio acuerdo del Senado (Fallos: 313:330, voto del juez Fayt, considerando 5°).

Por su parte, los traslados derivados de transformaciones de tribunales mediante leyes del Congreso no merecieron mayores reparos por parte de esta Corte en esta etapa (vid. Fallos: 313:330, considerando 6° del voto del juez Fayt y considerando 10 de la disidencia del juez Bacque). Solo en epoca reciente volvieron a ser objeto de analisis constitucional por el Tribunal, en la acordada 4/18.

De acuerdo con esta acordada, debe adelantarse, una mayoria de esta Corte considero que no resulta constitucionalmente valido el traslado de magistrados designados en la jurisdiccion nacional ordinaria a cargos de la jurisdiccion federal, sin un nuevo procedimiento de designacion que incluya el correspondiente acuerdo del Senado, incluso en el caso de que esos traslados sean producto de la transformacion de tribunales efectuada por el Congreso de la Nacion a traves de una ley. Ello por cuanto, segun se destaco, el art. 99 inc.4 regula una »unica via de acceso a la magistratura federal» lo que descarta »la designacion permanente de magistrados que ya ostentan tal calidad para ejercer en un tribunal con una competencia especifica en otro tribunal con una competencia radicalmente distinta bajo la forma de una ‘transformacion’ o de un ‘traslado’ (considerando XV). Dado que los magistrados nacionales con competencia ordinaria cumplen funciones institucionales diversas de las de sus pares federales (considerando XIX) y poseen una competencia tambien notoriamente distin ta (considerando XX), el Tribunal considero que ese tipo de traslados era invalido.

11) Que en relacion con traslados individuales, en una segunda etapa e instalado ya el Consejo de la Magistratura de la Nacion, este dicto el Reglamento de Concursos Publicos de Antecedentes y Oposicion para la Designacion de Magistrados del Poder Judicial de la Nacion (resolucion 78/99). Alli se dispuso que »[p]roducida una vacante el cargo solo podra ser cubierto mediante el sistema de concursos previsto en este reglamento, aun cuando se tratare de un pedido de traslado» (articulo 50, Reglamento de Concursos). En ese marco, se permitian unicamente los traslados que fueran consecuencia de una permuta de cargos entre magistrados, consentida por ambos y sujeta a que »tuvieren identica competencia en el grado, en la materia y en el territorio, salvo .en este ultimo caso. que tuvieren ambos mas de cuatro (4) anos de antiguedad en el cargo, y siempre que no se afectaren los terminos del acuerdo senatorial. (articulo 50, Reglamento de Concursos).

12) Que, sin embargo, muy poco tiempo despues el propio Consejo decidio adoptar una postura diferente y mas amplia que la establecida en el Reglamento mencionado en el considerando anterior y regulo autonomamente el tema de los traslados, a cuyo fin dicto el Reglamento de Traslado de Jueces (resolucion 155/00). Este ordenamiento derogo el articulo 50 del Reglamento de Concursos y dispuso, en su art.1°, que los magistrados del Poder Judicial de la Nacion podrian solicitar su traslado a otro tribunal que se encontrara vacante siempre que »no se haya resuelto la convocatoria a un concurso publico de antecedentes y oposicion para cubrir el cargo» (condicion no exigida cuando se trataba de un mismo tribunal colegiado) y »[l]a vacante a la que se solicita el traslado corresponda a la misma jurisdiccion y tenga la misma competencia en materia y grado que el cargo que el juez ocupa. Este requisito no sera exigido cuando el interesado haya obtenido un anterior acuerdo del Senado de la Nacion para desempenar la funcion a la que pide su pase». Ademas, el mismo articulo exigia que el magistrado peticionario tuviera una antiguedad no menor a cuatro (4) anos en el cargo.

Luego, previo dictamen de la Comision de Seleccion de Magistrados y Escuela Judicial (art. 3), el Plenario del Consejo debía considerar si correspondía o no el traslado y, en caso de aprobarlo, elevar las actuaciones al Poder Ejecutivo, con la recomendación de que este emitiera el decreto de designación pertinente (art. 5), disponiendo el traslado. Este es el régimen normativo que se encontraba vigente y bajo el cual se dispusieron los traslados de los jueces Bertuzzi y Bruglia a los cargos en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

13) Que durante la vigencia del régimen de traslados reseñado en el considerando anterior, este Tribunal tuvo oportunidad de volver a pronunciarse respecto de los requisitos constitucionales de validez de traslados individuales de magistrados.

Así, en respuesta a diversas consultas institucionales respecto del alcance de la acordada 4/18, esta Corte dictó la acordada 7/18. Allí se pronunció con claridad por la constitucionalidad de los traslados de magistrados realizados bajo ciertas condiciones. En efecto, sostuvo que tanto los traslados de magistrados dentro de la jurisdicción nacional como los traslados de magistrados dentro de la jurisdicción federal son válidos sin necesidad de un nuevo procedimiento de designación en los términos del art. 99 inc.4 de la Constitución Nacional siempre que los cargos involucrados supongan funciones de la misma jerarquía, con igual o similar competencia material y medie el consentimiento del magistrado (considerando VII). Esta Corte distinguió así estos dos supuestos del considerado en la acordada 4/18, en la que la mayoría del Tribunal consideró constitucionalmente inadmisible el traslado de jueces nacionales a cargos federales sin un nuevo procedimiento de designación que incluyese el correspondiente acuerdo del Senado. Finalmente, destacó que los traslados realizados en transgresión a las pautas especificadas -es decir cuando se tratase de traslados de magistrados de tribunales nacionales a tribunales federales sin acuerdo del Senado- debían cesar al concluir el procedimiento constitucional para la cobertura de los cargos en cuestión (considerando VIII).

14) Que, recientemente, en octubre del año 2019 y con posterioridad a los traslados de los actores a la cámara federal antes referida, el Consejo de la Magistratura decidió modificar nuevamente el Reglamento de Traslado de Jueces aprobado por la resolución 155/00 y dictó la resolución 270/19, que introdujo innovaciones significativas al procedimiento de traslados. Una de dichas modificaciones fue la creación de un nuevo procedimiento, en los términos del cual el acuerdo del Senado es requerido para la aprobación de ciertos traslados que no cumplen acabadamente con todos los requisitos previstos en el mismo Reglamento (cfr. art. 2 de la resolución 155/00, texto según la resolución 270/19). Es oportuno aclarar que este procedimiento no es idéntico al previsto por el art. 99 inc.4 de la Constitución Nacional para el nombramiento de jueces de la Nación, en tanto no requiere un nuevo concurso, ni una terna vinculante, ni una nueva nominación por parte del Poder Ejecutivo, sino unicamente que dicho traslado sea aprobado por el Senado.

15) Que, sin perjuicio de estas variaciones respecto del regimen al que se hallan sujetos los distintos tipos de traslados que se acaban de resenar, es indiscutible que un juez trasladado con sujecion a las pautas constitucionales y reglamentarias vigentes al momento de su traslado tiene la garantia de inamovilidad establecida por el art. 110 de la Constitucion.

Dicha garantia consiste, como surge del propio texto constitucional, en el derecho de los magistrados a permanecer en sus empleos mientras dure su buena conducta y obviamente comprende el derecho a no ser trasladado a otro cargo sin su consentimiento (doctrina de Fallos: 201:245; 313:330). Es por ello que esta Corte se ha encargado de remarcar con claridad meridiana que »la remocion irregular de un juez no es admisible y que debe desconocerse la facultad de su traslado, no consentido, del asiento de su jurisdiccion» (Fallos: 256:114).

Los jueces estan entonces amparados por la garantia analizada tanto si se encuentran ocupando el cargo para el que fueron originariamente nombrados como si se desempenan en un nuevo cargo al que fueron trasladados. La garantia de inamovilidad ha sido concebida por esta Corte con la amplitud necesaria para proteger a todos los magistrados designados de acuerdo con las normas vigentes al tiempo del traslado, en el entendimiento de que ello es condición imprescindible para que ellos puedan ejercer sin condicionamientos las atribuciones que les confía la Constitución en su art. 116, especialmente la de poner límites al poder y controlar que su accionar se desenvuelva dentro de la legalidad.Jueces desprovistos de esta garantía -esto es, jueces movibles- serán jueces sin independencia, lo que implicaría un fatal impedimento para que el Poder Judicial contribuya a realizar el tipo de gobierno republicano creado por la Constitución Nacional y que los argentinos nos hemos comprometido a respetar.

16) Que a esta altura del argumento corresponde destacar dos puntos. En primer lugar, que el único órgano constitucional investido de la potestad de revisar la validez de traslados es el Poder Judicial de la Nación y, en última instancia, esta Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello surge del art. 116 de la Constitución Nacional, en tanto atribuye al Poder Judicial el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, lo que naturalmente incluye las que pudieran suscitarse en torno a un traslado, y al mismo tiempo del carácter de cabeza de esa rama del Gobierno Federal que la norma citada adjudica a esta Corte, lo que supone la facultad de juzgar respecto de la investidura de los jueces nacionales. En segundo lugar, que en uso de esta atribución, el Tribunal ha establecido la doctrina mencionada en el considerando precedente y ha decidido con claridad que un juez que ha sido designado por el procedimiento constitucional y es posteriormente trasladado a otro tribunal de acuerdo con las pautas constitucionales y reglamentarias vigentes a la epoca del traslado, conserva la inamovilidad en su nuevo cargo.

Asi, en Fallos: 288:386 (»Armando Emilio Grau») esta Corte dejo sin efecto la resolucion de la entonces Camara Nacional de Apelaciones de La Plata que habia dispuesto el cese del doctor Armando Emilio Grau como juez del Juzgado Federal n° 2 de La Plata. El juez Grau habia sido designado como juez nacional en lo contencioso administrativo de la Capital Federal, con el correspondiente acuerdo del Senado, en el ano 1958. Con posterioridad, en el ano 1967, fue trasladado al Juzgado Federal n° 2 de La Plata, con su consentimiento. En 1974, la camara dispuso su cese invocando la doctrina de Fallos:288:342 (»Montesano Rebon»), en la que se establecio que los magistrados designados en comision de acuerdo con el art. 86 inciso 22 de la Constitucion Nacional (actual art. 99, inc. 19) y que no obtengan acuerdo del Senado cesan en sus funciones al expirar el termino fijado en dicho articulo y sin necesidad de disposicion especial alguna. Al decidir el planteo del juez Grau este Tribunal distinguio el caso de los magistrados designados en comision .que requieren acuerdo del Senado para continuar en el cargo. de los magistrados trasladados .que mantienen la inamovilidad de la que fueron investidos al ser designados por el procedimiento constitucional y no requieren un nuevo acuerdo-. Especificamente, el Tribunal destaco que el traslado de Grau »no produjo su cesacion como Juez de la Justicia Federal, calidad en la qu e fue investido de acuerdo con el inc. 5 del art. 86 de la Constitucion Nacional, con la inamovilidad que le confiere el art. 96 de esta y de la cual la circunstancia indicada no importo privarlo. Por ello, dejo sin efecto la resolucion que habia dispuesto el cese del juez trasladado.

En la misma fecha, esta Corte se pronuncio en un supuesto similar, atinente a un juez de camara, en la resolucion registrada en Fallos: 288:387 (»Ventura Estevez»). En esa oportunidad, la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal recabo un pronunciamiento del Tribunal respecto de la situacion del juez Ventura Estevez, integrante de esa camara. El mencionado magistrado habia sido designado como juez en la Camara Nacional de Apelaciones de La Plata, previo acuerdo del Senado, en el ano 1958 y habia sido trasladado, con su consentimiento, a la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en el ano 1967. Esta Corte continuo la doctrina de »Grau» y dijo respecto de Ventura Estevez que »ese traslado no produjo su cese como Vocal de Camara en la Justicia Nacional, calidad de la que fue investido de acuerdo con el inc. 5 del art. 86 de la Constitucion Nacional con la inamovilidad que le confiere el art.96 de esta y de la cual las circunstancias senaladas no importan privarlo», lo que hizo saber a la camara, confirmando su inamovilidad como integrante de ella.

En suma, la doctrina del Tribunal sobre el punto es clara. Los jueces están investidos de la garantía de inamovilidad mientras dure su buena conducta al ser designados por el procedimiento establecido en la misma Constitución y el hecho de que con posterioridad sean trasladados a otro tribunal no los priva de esa inmunidad, de la que continúan gozando en el nuevo cargo siempre que su traslado haya sido regular, extremo cuyo juzgamiento corresponde única y exclusivamente al Poder Judicial.

17) Que, a la luz de las consideraciones anteriores, corresponde examinar la situación de los actores Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Oscar Bruglia.

Ambos magistrados eran integrantes del Tribunal Oral Federal n° 4 de la Ciudad de Buenos Aires y los dos solicitaron su traslado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires. El juez Bertuzzi había llegado al Tribunal n° 4, por efecto de un traslado anterior, desde un tribunal oral federal con asiento en la ciudad de La Plata (cfr. decreto 438/10). En ambos casos, el Consejo de la Magistratura, previo dictamen favorable de la Comisión de Selección de Magistrados, resolvió, en el marco del Reglamento de Traslado de Jueces, aprobado por la resolución 155/00, recomendar al Poder Ejecutivo disponer el traslado de los magistrados. El presidente de la Nación, mediante los decretos 278/18, del 6 de abril de 2018, y 835/18, del 13 de septiembre de 2018, dispuso el traslado de los jueces Bruglia y Bertuzzi. De esta manera, desde que ambos jueces tomaron posesion del nuevo cargo, se desempenan como jueces de la Sala I de la referida camara de apelaciones.

A pesar de ello, el 30 de julio de 2020 el Consejo de la Magistratura dicto la resolucion 183/20, en la cual se califica la situacion de los jueces Bruglia y Bertuzzi .entre otros. como traslados que »colisionan con el art.99 inc. 4 de la Constitucion Nacional y con el art. 1 inc. b del Reglamento de Traslados entonces vigente (requisito de »igual competencia y jurisdiccion»)». Con esa base, el Consejo de la Magistratura resolvio declarar que no habian »completado el procedimiento constitucional previsto en el art. 99 inc. 4 de la Constitucion Nacional conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, asi como a las acordadas 4/2018 y 7/2018″. Como consecuencia de ello, dispuso enviar los antecedentes de estos traslados al Poder Ejecutivo.

Es decir, en lo que respecta a los demandantes, el Consejo de la Magistratura afirmo en el ano 2018 que sus traslados cumplian con el Reglamento de Traslado de Jueces, aprobado por la resolucion 155/00, mientras que «a pesar de lo anterior» en el año 2020, cuando los jueces ya se desempenaban en el tribunal de destino, afirmo exactamente lo contrario.

18) Que el proceder del Consejo de la Magistratura es manifiestamente arbitrario por varias razones.

La primera de ellas es que pretendio revisar la regularidad de un traslado ya realizado, facultad que la Constitucion no le atribuye expresa ni implicitamente y que ninguna norma inferior podria atribuirle sin violentar la inamovilidad que garantiza el art. 110 y, con ello, socavar la propia finalidad que tuvo el constituyente al crear el Consejo, que fue elevar el umbral de garantia de la independencia judicial (Fallos: 336:760, »Rizzo»; 338:1216, »Uriarte»). Como se dijo antes, el unico organo constitucional habilitado a revisar un traslado consumado es el Poder Judicial de la Nacion (articulo 116, Constitucion Nacional) y, en particular, esta Corte en su rol de cabeza de esa rama del Gobierno Federal (doctrina de Fallos: 288:386; 288:387; 313:330; 319:339, entre otros).

19) Que la segunda razon que muestra que el Consejo de la Magistratura actuo arbitrariamente es que reviso esos traslados a la luz de criterios de validez radicalmente distintos a los que el propio Consejo habia aplicado anteriormente y respecto de estos mismos magistrados.Dicho cambio pudo responder tanto a una diferente interpretacion por parte del Consejo del Reglamento de Traslado de Jueces vigente en 2018 (en relacion con el requisito de »igual jurisdiccion y grado» establecido en el art. 1°, inc. b, como a la aplicacion tacita del Reglamento de Traslado de Jueces reformado, vigente recien a partir del corriente año 2020 (en relacion con la eventual intervencion del Senado en el procedimiento). En todo caso, cualquiera sea la hipótesis correcta, lo cierto es que -en uso de una atribución de la que manifiestamente carecía- el Consejo decidió que una nueva regulación de traslados tendría efectos retroactivos sobre traslados ya cumplidos y consolidados y que, por lo tanto, habían generado derechos para los magistrados trasladados.

La consecuencia de la aplicación retroactiva de un nuevo criterio para el traslado de magistrados es que la permanencia de los jueces Bertuzzi y Bruglia en los cargos que desempeñan en la cámara de apelaciones quedó enteramente sujeta a la decisión discrecional del Poder Ejecutivo y, en su caso, del Senado, lo cual importó -tal como se dejó establecido precedentemente- una vulneración manifiesta de su respectivo derecho a permanecer en tales cargos mientras dure su buena conducta (art. 110 de la Constitución). Esta situación es particularmente grave pues el derecho a la inamovibilidad de los jueces es, desde el punto de vista institucional, una inmunidad indispensable para asegurar que el Poder Judicial de la Nación pueda funcionar con independencia de las otras dos ramas del gobierno nacional, el Ejecutivo y el Legislativo. Esta inmunidad es la clave de bóveda de la independencia judicial, razón por la cual el Tribunal ha destacado que la inamovilidad no ha sido establecida únicamente a favor de los magistrados sino fundamentalmente en beneficio de la totalidad de los habitantes de la Nación (Fallos:322:1616 ; 325:3514 entre otros).

20) Que, en este punto, corresponde enfatizar que conceder efecto retroactivo a una nueva regla en materia de traslados o a una nueva interpretación de una regla ya existente es absolutamente inadmisible. No solo deja a los dos jueces que han iniciado esta demanda a merced de la discreción de otros poderes del estado sino que además produce idéntico efecto debilitador sobre la inamovilidad de todos aquellos magistrados que aceptaron su traslado bajo una regla anterior menos exigente o simplemente distinta en su alcance. Más aun, y esto pone de manifiesto la importancia institucional de lo que aquí se decide, la posibilidad de conceder efecto retroactivo a una nueva regla o a una nueva interpretación de una regla precarizará el ejercicio de la magistratura por parte de todos los jueces que en el futuro sean trasladados, incluso de aquellos que lo sean bajo el actual Reglamento de Traslado de Jueces (texto según resolución 270/19). Ello es así puesto que nada impide que una futura reforma del Reglamento -o una novel interpretación de sus normas- establezca requisitos distintos a los actualmente vigentes y, de esa manera, arrase también con los nuevos traslados cumplidos y, con la inamovilidad de los jueces que en el futuro sean trasladados.

Si se consolidase la práctica del Consejo de revisar retroactivamente traslados ya efectuados, estaríamos frente a otra forma de desequilibrio entre los poderes del estado, en perjuicio de la independencia que el Poder Judicial debe tener asegurada como condición indispensable para hacer cumplir la Constitucion y la ley .en general, pero especialmente a las ramas politicas del gobierno. en las causas sometidas a su decision.

21) Que, finalmente, la tercera razon que revela la arbitrariedad en el accionar del Consejo de la Magistratura es que esta Corte ya habia determinado en la cordada 7/18 que los traslados en cuestion son validos.

En efecto, el 18 de abril de 2018, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos solicito a esta Corte precisiones sobre el alcance de la acordada 4/18.Sostuvo que, ante diversos requerimientos formulados por el pleno del Consejo de la Magistratura para que el Poder Ejecutivo Nacional instrumentase traslados de distintos magistrados, era necesario que la Corte formulase »las aclaraciones que correspondan a los fines de que esta instancia pueda disponer lo necesario para la continuidad de los aludidos tramites» (expediente ESC/847/2018, fs. 1). A los efectos de darle claridad a su solicitud agrupo a los traslados objeto de la consulta en distintos supuestos.

El primero de ellos abarcaba »los requerimientos formulados para traslados de diversos ma gistrados pertenecientes a los Juzgados, Tribunales o Camaras nacionales de la Capital Federal a otros organos del fuero nacional».

El segundo de ellos comprendia »aquellas peticiones destinadas a instrumentar traslados de magistrados de Juzgados, Tribunales o Camaras del fuero federal a otros organos similares de naturaleza federal». En una nota al pie, el Ministro que realizo la solicitud explico que, al referirse a este segundo supuesto, estaba aludiendo a un caso especifico, mas precisamente, el del »Expediente electronico EX2018-11565671-APN-DDMIP#MJ, iniciado a raiz de la peticion realizada por el Consejo de la Magistratura, recomendando el traslado de un integrante de un Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital Federal a la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta Ciudad» (fs. 1, ultimo parrafo). El expediente electronico mencionado en la nota del Ministro solicitante es aquel en el que tramito el traslado del juez Leopoldo Oscar Bruglia.

En razon de este pedido y otros tambien vinculados con el alcance de la acordada 4/18, en la acordada 7/18 el Tribunal considero el primero de los supuestos mencionados .esto es, el traslado de un magistrado de un tribunal nacional a otro tribunal nacional. y afirmo de un modo que no deja lugar a dudas respecto del contenido de su decision que »no es necesaria la instrumentacion de un nuevo procedimiento de designacion conforme las exigencias del art. 99, inc. 4°, de la Constitucion Nacional». A continuacion, considero el segundo supuesto .esto es, el traslado de un magistrado del fuero federal a otro tribunal de naturaleza federal.y concluyo de un modo que tampoco deja lugar a dudas: »Identico criterio corresponde aplicar al supuesto de traslado de magistrados federales para desempenar funciones de la misma jerarquia dentro de la jurisdiccion federal, con igual o similar competencia material y mediando consentimiento del magistrado respectivo, a que hace referencia el mismo solicitante en el ultimo parrafo de fs. 1 de su escrito».

Como puede verse, el Tribunal dispuso que era innecesario un nuevo acuerdo del Senado cuando se trata de magistrados federales que desempenen funciones de la misma jerarquia dentro de la jurisdiccion federal, con igual o similar competencia material, y lo hizo en el entendimiento de que esta doctrina permitia el traslado de un integrante de un Tribunal Oral en lo Criminal Federal a la Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, caso especificamente mencionado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos en su solicitud. Esta Corte hizo una referencia especifica al parrafo pertinente del escrito del senor Ministro, donde se menciona ese caso concreto. El Tribunal se enfrento con una pregunta inequivoca por parte del Sr. Ministro y brindo, tal como lo exige un minimo de responsabilidad dialogica en este tipo de intercambio, una respuesta tambien inequivoca.

Por lo demas, corresponde destacar que la acordada 4/18 en modo alguno pudo haber brindado sustento a la revision de los traslados que el Consejo pretendio realizar a traves de la resolucion 183/20. Ello no solo porque, como se acaba de explicar, la situacion de los recurrentes estaba regulada por la acordada 7/18 y esta acordada decidio que sus traslados son regulares y validos, sino tambien porque la acordada 4/18 es inaplicable al caso. La acordada 4/18 solamente considero invalidos los traslados de magistrados designados en el fuero nacional para desempenarse como jueces del fuero federal, hipotesis que .como aclaro explicitamente la acordada 7/18.»resulta diametralmente diferente de la considerada» en estos autos (considerando VII).

Como puede apreciarse, las acordadas 4/18 y 7/18 muestran con toda claridad que el Consejo de la Magistratura procedio arbitrariamente en la resolucion 183/20 al pretender revisar los traslados de los jueces Bruglia y Bertuzzi.

22) Que, en virtud de las consideraciones precedentes, debe admitirse la accion de amparo. Como quedo expresado en el precedente que dio origen a esta accion »basta esta comprobacion inmediata para que la garantia constitucional invocada sea restablecida por los jueces en su integridad» (Fallos: 239:459, »Siri»; doctrina ratificada poco despues en Fallos: 245:86, »Asociacion Bancaria de Tucuman»). Esta eficacia responde a la esencia misma de la accion de amparo y no puede entenderse que ella ha sido debilitada sino reforzada por la reforma de 1994 al introducir el actual art. 43 al texto de la Constitucion Nacional.

Debe quedar claramente entendido que el caracter manifiesto de la lesion constitucional y la extrema gravedad institucional que ella reviste no provienen de un juicio negativo de esta Corte sobre la validez constitucional del Reglamento de Traslado de Jueces y menos aún de un cuestionamiento al criterio seguido por el Consejo para estimar cuándo están dadas las condiciones de similitud entre un cargo y otro para rechazar o admitir el traslado de un juez federal. Puede haber muchos criterios y aún ser todos ellos igualmente aceptables u opinables. De todos modos tales asuntos, de indudable trascendencia, no se encuentran en discusión en esta causa. Aquí no está en cuestión cuál es el mejor sistema de traslado de magistrados ni si tal mecanismo de designación debe seguir siendo utilizado en lo sucesivo o no.

La fuente inocultable de ilegitimidad en el obrar del Consejo de la Magistratura no es, por lo tanto, la inconveniencia prospectiva de un sistema que requiere más condiciones para los traslados, sino que radica en que un órgano incompetente revise traslados ya realizados en base a una nueva condición o regla que no estaba vigente al momento de su realización.Y, para peor, la revisión está en contradicción directa con una decisión anterior expresa de este Tribunal sobre la validez de dichos traslados. La arbitrariedad no podría ser más patente.

23) Que, antes de finalizar, corresponde formular dos aclaraciones adicionales.

En primer lugar, las designaciones de magistrados mediante el mecanismo de traslados analizado en esta sentencia tienen, y han tenido siempre, carácter definitivo. Los magistrados trasladados no son asimilables en modo alguno a los jueces designados en comisión, pues su designación no está sujeta a una duración temporal predeterminada, ni a una condición como la prevista en el art. 99 inc.19 de la Constitución. Tampoco son asimilables a los jueces subrogantes pues, a diferencia de éstos, su designación es por su propia naturaleza permanente y no transitoria. Por esta razón, traslados y subrogancias han estado siempre sujetas a regulaciones autónomas e independientes. La ley 27.439 regula actualmente el régimen de subrogancias y le atribuye carácter transitorio, mientras que el mecanismo de traslado está regulado por la resolución 155/00 con las modificaciones dispuestas por la resolución 270/19, normas que regulan el instituto sobre la base de que los traslados tienen carácter definitivo. Ese carácter definitivo de los traslados -por oposición al carácter transitorio de las subrogancias- es el que determina que en el caso de los traslados se llame a concurso para cubrir la vacante que deja el juez trasladado y en el caso de las subrogancias, por el contrario, se abra a concurso la vacante cubierta por el magistrado subrogante.

Por otro lado, el carácter definitivo de las designaciones de los jueces trasladados ha sido ratificado por esta Corte en la propia acordada 7/18, al afirmar que los únicos traslados que pueden ser transitorios son los irregulares (arg. considerando VIII, acordada 7/18), o sea, aquellos realizados en violación a las pautas fijadas en la misma acordada y recordadas en el considerando 22 de este pronunciamiento.Por ello, no cabe entender que las acordadas 4/18 y 7/18 hayan otorgado a los nombramientos por traslado un carácter diferente, ni que la garantía de inamovilidad que los protege pueda ser respetada de ningún otro modo que mediante la continuidad de los magistrados actores en sus cargos actuales mientras dure su buena conducta (art. 110, Constitución Nacional).

En segundo lugar, es preciso destacar que una vez que esta Corte ha decidido que un traslado es válido, como sucedió en el caso de los aquí demandantes (acordada 7/18), no es posible alterar retroactivamente el criterio de validez utilizado. Lo contrario supondría atribuir al Tribunal la potestad de convertir jueces inamovibles en jueces movibles, lo que es claramente incompatible con la alta función que le encomienda la Constitución Nacional, que no es otra que mantener su plena vigencia, y dentro de la cual ocupa un lugar central la preservación de las garantías de independencia del Poder Judicial.

24) Que la independencia del Poder Judicial es tal vez la garantía más preciada e imprescindible entre aquellas que la Constitución establece para el aseguramiento de los derechos y libertades de todos los habitantes. Sin ella es imposible afianzar la justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, objetivos que los constituyentes, y las distintas generaciones de argentinos que los han sucedido hasta el presente, han fijado como norte inamovible de nuestra vida en comun, para nosotros y para nuestra posteridad.

Es, entonces, un deber ineludible del Tribunal reaccionar de manera inmediata no solamente para atender la situacion de los jueces Bertuzzi y Bruglia, sino tambien para preservar al Poder Judicial de la destruccion de su independencia por la intolerable precariedad en la que se sumiria a todos los jueces que hayan sido trasladados o lo sean en el futuro. Cabe recordar que »en ejercicio de facultades implicitas y como cabeza del Poder Judicial de la Nacion, ha proclamado esta Corte su deber de salvaguardar la investidura de los jueces de la Nacion en el desempeno de su funcion (Fallos:256:114 y 208), y asimismo, el de preservar la independencia de los tribunales que integran ese Poder frente a posibles avances de los otros Poderes (Fallos: 241:50 y 259:11)» (Fallos: 286:17), doctrina reafirmada en numerosos pronunciamientos a traves del tiempo (Fallos: 201:245; 203:5; 237:29; 241:23; 248:177; 263:15; 323:1293; entre otros).

25) Que en virtud de las razones de urgencia y gravedad institucional que dieron lugar a lo resuelto por esta Corte en la causa con fecha 29 de septiembre pasado, corresponde hacer uso de la atribucion conferida por el art. 16 de la ley 48 y dictar la sentencia declarando la procedencia de la demanda de amparo.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General interino, se resuelve: I) Hacer lugar al recurso extraordinario por salto de instancia y revocar la sentencia apelada. II) Hacer lugar a la demanda y conceder amparo a los magistrados Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Oscar Bruglia contra la resolución 183/2020 del Consejo de la Magistratura de la Nación (art. 12, inc. a de la ley 16.986), declarando su derecho a permanecer en sus cargos en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del art. 110 de la Constitución Nacional. III) Disponer que el Consejo de la Magistratura deberá cesar de inmediato en todos los actos dirigidos a desplazar a los jueces mencionados de sus cargos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires (art. 12, inc. b de la ley 16.986). IV) Imponer las costas a la vencida (art. 14 de la ley 16.986 y art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese a las partes, hágase saber a la Procuración General de la Nación y comuníquese mediante oficio al Poder Ejecutivo de la Nación, al Honorable Senado de la Nación, a la Cámara Federal de Casación Penal y a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Oportunamente, devuélvanse las actuaciones al juzgado de origen.

Firmado digitalmente por ROSENKRANTZ Carlos Fernando

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Firmado digitalmente por LORENZETTI Ricardo Luis

 

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