#Fallos Pandemia y decomiso: Se restituye el auto secuestrado a su titular registral, ya que fue su pareja a quien procesaron por el delito de violación de medidas y propagación de epidemia

Partes: Incidente de devolución de G. I. A. – G. C. en autos: G. I. A. – G. C. s/ violación de medidas – propagación epidemia (art.205) s/

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

Fecha: 8-oct-2020

Cita: MJ-JU-M-128338-AR | MJJ128338 | MJJ128338

Procede la restitución del auto secuestrado a la titular registral, ya que fue su pareja quien fue procesado por el delito previsto en el art. 205 CPen.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia que dispuso no hacer lugar a la restitución del automóvil oportunamente decomisado en el marco del delito de violación de medidas y propagación epidemia previsto en el art. 205 CPen., pues si la recurrente -titular registral- no se encuentra imputada en las actuaciones principales y el investigado es su pareja, respecto de quien se dictó recientemente su procesamiento, no hay motivo para mantener el secuestro del bien en los términos dispuestos en el auto recurrido.

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Fallo:

General Roca, 8 de octubre de 2020.

VISTOS:

Estos autos caratulados «Incidente de devolución de G. I., A. – G., C. en autos: ‘G. I., A.- G., C. por violación de medidas – propagación epidemia (art.205)'», Expte. Nº FGR 2251/2020/1/CA1, venidos del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche; y, CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en el art.26 del decreto ley 1.285/58, es facultad de las cámaras de apelaciones dictar sus resoluciones interlocutorias por voto de los magistrados que las integran, por lo que en esta ocasión cada uno de los miembros del tribunal emitirá su opinión en la forma que sigue.

El doctor Richar Fernando Gallego dijo:

1. Contra el auto de fs.16/17vta. que dispuso no hacer lugar a la restitución del automóvil marca Renault, modelo Clio, dominio NGZ-969, dedujo la defensa oficial que asiste a los arriba nombrados el recurso de apelación de fs.19/23.

2. Para así decidir el a quo subrogante compartió los argumentos esgrimidos por la titular de la acción penal en su dictamen de fs.15 -con remisión al de fs.4/5- y mencionó que en el marco de los autos principales se dispuso la convocatoria a indagatoria de A. G. I.para el primero de septiembre, ocasión en la que podría hacer uso de su derecho de defensa para realizar las evacuaciones (o no) que considerase necesarias y aportar las medidas probatorias correspondientes.

En segundo lugar, explicó que el secuestro de automóviles empleados para la comisión del delito previsto en el art.205 del CP era una medida dispuesta en todas las causas judiciales tramitadas bajo la respectiva infracción, en razón de la facultad conferida por el art.23 del CP.

Seguidamente consideró que era prematuro descartar la posibilidad real y concreta del decomiso del vehículo secuestrado dado que restaba escuchar al encartado y obtener los resultados de la pericia realizada sobre su teléfono celular y, finalmente, indicó que el instituto de la suspensión del juicio a prueba excedía la materia propia de la incidencia.

3. La defensa al recurrir expuso que la decisión cuestionada le causaba un gravamen irreparable a esa parte, en tanto era arbitraria. Reseñó los antecedentes de la causa y, en el apartado B), expresó los motivos que fundaron su presentación recursiva.

Entre ellos destacó que la titular registral del vehículo reclamado era C. G. -pareja de A. G. I.-, que tenía certificado de discapacidad por padecer esclerosis múltiple -lo que la hacía vulnerable al coronavirus- y que debido a su situación de salud era urgente que recuperase su movilidad.

A ello añadió que el secuestro del automóvil no se justificaba ya que se flexibilizó la obligación del aislamiento y no había prohibición de circular, por lo que el fin preventivo del secuestro que estableció el decreto 297/20 no existía más. Con relación a ello sostuvo que seguía siendo desaconsejable el uso del transporte público de pasajeros, ya que a mayor circulación de personas, aumentaba la cantidad de casos y la posibilidad de contagios.En ese sentido, explicó que la nombrada necesitaba realizarse controles médicos y acudir a diversas terapias para el tratamiento de su patología y que, hacerlo en transporte público, la exponía a una situación que podía tener consecuencias irreversibles.

En otra dirección manifestó que la familia podía volver a utilizar el vehículo para realizar la entrega a domicilio de su pizzería, ahorrándose el dinero que se gastaba en reparto en un momento de crisis económica, sumado al resto de las actividades cotidianas.

Citó el DNU 297/20 y siguientes para luego afirmar que no existía posibilidad real y concreta de decomisar el rodado, ya que su propietaria no participó del delito que se investigaba en los autos principales.

Ya en el acápite C) indicó que la audiencia indagatoria a la que aludió el magistrado se había realizado pero que el vehículo permanecía secuestrado, calificó de arbitraria la sentencia y concluyó que, habiendo transcurrido más de cinco meses desde el secuestro, sostener dicha medida devenía innecesario y desproporcionado.

Finalmente arguyó que la medida en crisis tenía como posible consecuencia la creación de un riesgo mayor al que pretendía evitarse con la criminalización del tipo penal en cuestión, así como que tampoco existían fundamentos de derecho para mantenerla, por lo cual la resolución contenía motivación aparente y no satisfacía el deber de fundamentación que establecía la normativa vigente, bajo pena de nulidad. Hizo reserva del caso federal.

4. Ya en la instancia e impreso al incidente el trámite reglado en la Acordada N°15-S/09, se presentó la Defensoría Oficial que asiste a la nombrada y se remitió a los argumentos esbozados por su par de la instancia anterior.A ello agregó que debían dejarse a salvo los derechos de restitución de terceros, tal como acontecía en autos, para luego sostener que además existía la posibilidad de dictar una serie de medidas de reaseguro, la designación de depositaria judicial y la anotación de la prohibición de innovar y endoso en favor del Poder Judicial de la Nación, lo que lograba un ajustado equilibrio de los intereses en juego.

Finalmente se refirió al derecho del propietario a la conservación del bien -secuestrado hacía más de cinco meses- y la legítima finalidad objetiva de asegurar los fines del proceso, doctrina que fue receptada recientemente por esta alzada en diversos precedentes.

5. De las constancias de la incidencia se desprende que las actuaciones se iniciaron el pasado 25 de marzo en el marco de un operativo de control realizado por la Gendarmería Nacional por el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el DNU 297/2020 del PEN, ocasión en la que se interceptó a A. G. I. mientras se trasladaba en el rodado secuestrado en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

6. Así reseñados los hechos, adelanto que el remedio deducido por la defensa debería obtener favorable respuesta bajo los siguientes alcances.

En efecto, si C. G. no se encuentra imputada en las actuaciones principales y el investigado es su pareja G.I., respecto de quien se dictó recientemente su procesamiento por infracción al art.205 del CP, no hay motivo para mantener el secuestro del bien en los términos dispuestos en el auto recurrido.

Ello así porque la disposición del código de fondo habilita al juez a adoptar «desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso de . todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer», mas refiere también que «en todos los casos se deberá dejar a salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros».

Así las cosas, las circunstancias valoradas y las normas en juego aconsejan modificar la medida dispuesta sobre el rodado ordenando la restitución a quien resulta ajena al hecho investigado, es la titular registral y -además- ha brindado explicaciones atendibles para justificar su pedido basadas en su estado de salud -esclerosis múltiple y discapacidad- y las dificultades que el secuestro del referido bien le acarrea.

En función de lo expuesto, propongo al acuerdo admitir, sin costas (art.531, CPP), el recurso interpuesto y revocar el auto impugnado, ordenando su entrega a C. G. en carácter de depositaria judicial y demás medidas que la instancia de origen entienda apropiadas para garantizar su conservación e indisponibilidad por parte de la nombrada, sin costas (art.531, CPP).

El doctor Mariano Roberto Lozano dijo:

Coincido con las conclusiones del voto que antecede, razón por la cual me pronuncio en idéntico sentido.

Por lo expuesto, EL TRIBUNAL RESUELVE:

I. Admitir, sin costas, el recurso deducido por la defensa a fs.19/23, revocar el auto de fs.16/17vta. y disponer la entrega del rodado marca Renault, modelo Clio, dominio NGZ- 969, en los términos fijados en el último párrafo del considerando del voto inicial, sin costas; II. Registrar, notificar, publicar y devolver.

MARIA FEDRA GIOVENALI

SECRETARIA DE CAMARA

MARIANO ROBERTO LOZANO

JUEZ DE CAMARA

RICHAR FERNANDO GALLEGO

JUEZ DE CAMARA

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