#Fallos Multa millonaria: Se sanciona al banco que trasladó saldos impagos de las tarjetas de crédito a las cuentas corrientes de sus clientes para proceder a su ejecución judicial

Partes: Banco Santander Río S.A. c/ DNCI s/ defensa del consumidor – ley 24240 – art. 45

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 22-sep-2020

Cita: MJ-JU-M-128427-AR | MJJ128427 | MJJ128427

Multa millonaria al banco que trasladó saldos impagos de las tarjetas de crédito a las cuentas corrientes de sus clientes para proceder a su ejecución judicial pues constituye infracción al art. 19 de la Ley de Protección del Consumidor, sobre prestación de servicios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la disposición que impuso a la firma actora una sanción de multa millonaria por infracción al art. 19 Ley de Defensa del Consumidor y sus modificatorias por haberse constatado el incumplimiento en la prestación del servicio de tarjeta de crédito con relación a sus clientes consumidores deudores, pues la entidad bancaria había trasladado saldos impagos a sus cuentas corrientes, a fin de proceder a su ejecución judicial, soslayando el procedimiento previsto en la Ley de Tarjetas de Crédito.

2.-De conformidad con las directrices que imponen no sólo las disposiciones de la Ley de Tarjetas de Crédito y la Ley de Defensa del Consumidor sino también las pautas del Título Preliminar del CCivCom. (arg. arts. 1 , 2 , 10 , 12 y cc.), resulta claro que se encuentra vedada la posibilidad de una habilitación directa de la vía ejecutiva por cobro de deudas que tengan origen en el sistema de tarjetas de crédito tornando nula cualquier cláusula que mediante otro artilugio legal pretenda eludir el sistema establecido en los arts. 39 a 41 de la LTC, frustrándose de ese modo la interpretación que, contra el espíritu de la norma antes indicado, argumenta la recurrente.

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3.-No puede prosperar la tesis esgrimida por la actora por cuanto la interpretación literal y aislada que se formula del art. 42 de la Ley de Tarjetas de Crédito, en cuanto refiere a ‘cuentas corrientes abiertas a ese fin exclusivo’, extremo que según el banco accionante no se configuraría en el caso, no es suficiente para justificar la licitud de su conducta ya que, el art. 14, inc. h) , establece la nulidad de las cláusulas que permitan la habilitación directa de la vía ejecutiva por el cobro de deudas que tengan origen en el sistema de tarjetas de crédito; dispositivo legal que pone de reflejo la inequívoca voluntad legislativa a que se hiciera referencia a lo largo de la presente.

4.-Cabe confirmar el quantum de la sanción impuesta pues el organismo demandado manifestó haber ponderado las características del servicio, la posición en el mercado del infractor, el grado de responsabilidad de la sumariada en la comisión de la infracción, el desmedro potencial de los derechos de los usuarios de los servicios financieros, derivado de la generalización de ese tipo de conductas, la reincidencia así como el carácter ejemplar y disuasivo de este tipo de sanciones; máxime siendo que tales factores se veían agravados si se tiene en cuenta que la sumariada resulta ser proveedora de servicio de tarjetas de crédito y productos financieros, por lo que su superioridad técnica le impone obrar con la prudencia acorde a la transcendencia del servicio que presta.

Fallo:

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2020.

Y VISTOS: estos autos, caratulados «Banco Santander Río S.A. c/ DNCI s/Defensa del Consumidor – Ley 24240 – Art. 45»; y CONSIDERANDO:

I. Que, a efectos de lograr una mejor comprensión de la cuestión venida en recurso -y, por consiguiente, a fin de arribar a la adecuada solución de la misma-, en primer término procede efectuar una reseña de los antecentes administrativos, de los que se sigue -en cuanto aquí interesa referir- que:

1º) Las actuaciones nro. S01:0262536/2017 hallan su génesis en la denuncia que efectuara el Sr. Marcelo Araujo contra el Banco Santander Río por  «reinicidir en prácticas desleales y abusivas contrarias a la Ley de Tarjeta de Crédito y de Defensa del Consumidor.», al promover ante la Justicia Nacional en lo Comercial procesos de cobro ejecutivo para las deudas que mantienen sus clientes con dicha entidad Bancaria, provenientes del sistema de tarjeta de crédito, mediante la emisión de certificados de saldo deudor de cuentas corrientes de aquellos, obviando así el procedimiento previsto en la Ley de Tarjeta de Crédito N° 25.065 a tal fin (en lo sucesivo, «LTC»).

En dicha oportunidad, a modo de respaldo de sus dichos, invocó lo resuelto por la Sala «C» de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, con fecha 10/3/16, en la causa «Banco Santander Río c/Guzman Vega, Christian Alejandro s/ejecutivo», expte. n° 28.965/15, y citó diez (10) causas judiciales más, también procesos ejecutivos (ver fs. 1/5).

2°) Seguidamente, y habida cuenta de la presentación de diversas denuncias en similares términos (difiriendo, principalmente, en la causa judicial citada y en lo los fundamentos de lo allí resuelto -aunque todas en mismo sentido-, sea por la Sala «C» o por la Sala «F» de la Cámara Comercial, según el caso) y con idéntico objeto, también formuladas por el Sr. Marcelo Araujo, se agregaron los expedientes administrativos nros. S01:02625552/2017 (fs. 6/11), S01:0262571/2017 (fs.12/17), S01:0262579/2017 (fs. 18/24), S01:0262580/2017 (fs. 25/30), S01:0262608/2017 (fs. 31/36), S01:0262617/2017 (fs. 37/42), S01:0262618/2017 (fs. 43/49) y S01:0262619/2017 (fs. 50/55).

A su vez, y dado lo sugerido por el Sr. Director General de Asuntos Jurídicos (fs. 57) -en tanto la imputación proyectada se encontraba sustentada en las causas judiciales invocadas por el denunciante, sin obrar datos de aquellas en el expediente administrativo-, a fs. 58/60, 61/62, 63/64, 65/66, 67/68, 69/70, 71/72, 73/75 y 76/77 se agregaron copias de los pronunciamientos judiciales sobre los cuales se apoyaron las denuncias y, a fs.78/94, copia del contrato firmado por el Sr. Araujo con el Banco Santander – conjuntamente con su documentación anexa-.

3°) En ese estado, el Sr. Director de Protección Jurídica del Consumidor se expidió respecto del proyecto que se le acompañara mediante el cual se propiciaba imputar al Banco Santander la presunta infracción al art.19 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor (en adelante, «LDC») y el dictado de una medida preventiva tendiente a que se abstuviera de continuar ejecutando por vía ejecutiva saldos adeudados bajo el régimen normativo de tarjetas de crédito, sin observar el procedimiento vigente en el art. 39 y conc. LTC.

A tal fin, hizo especial ponderación en que de las copias de los pronunciamientos anejadas se verificaba que reiteradamente se había declarado la inhabilidad de títiulo respecto de los certificados de deuda mediante los cuales el Banco había promovido acciones ejecutivas, con fundamento en que aquellos contenían acreencias provenientes de operaciones efectuadas en el sistema de tarjetas de crédito; decisiones que – estimó- coincidían con numerosa doctrina judicial de larga data que otorgaba vigor a las disposiciones del art. 39 y ss. LTC.

Así, puntualizó que » .la imputación que se proyecta (ba) no se sustenta en las causas judiciales señaladas en la denuncia, sino en el hecho de que, de conformidad con el art.19 de la Ley 24.240, la encartada ha infrigido en la prestación de los servicios bancarios lo dispuesto en la Ley 25.065 respecto de la manera legal de ejecutar las deudas del sistema que esta regla; siendo que tal normativa se integra a la ley tuitiva de los consumidores por imperio de lo dispuesto por su art. 3° de la Ley 25.065 [.]» (fs. 94/96).

4°) Así las cosas, con fecha 14/12/17 se dictó el auto por medio del cual el Sr. Director Nacional de Defensa del Consumidor, meritando la documental agregada y dejando a salvo que «.el reclamo individual del señor Araujo. que oportunamente ha tramitado bajo el número de expediente S01:0410565/16. no es considerado a los fines del presente, a fin de no incurrir en doble juzgamiento.» dispuso que correspondía instruir de oficio las presentes actuaciones «.en atención a las presuntas infracciones advertidas al texto legal especial que regula el régimen de las tarjetas de crédito, compra y débito, Ley N° 25.065.» en tanto dicha ley «.por una parte en su artículo 14 incisos f) y h) establece que serán nulas las claúsulas que permitan la habilitación directa de la vía ejecutiva por cobro de deudas que tengan origen en el sistema de tarjetas de crédito» y «.por otra, (que) el artículo 42 del mismo plexo legal (.) establece que los saldos de Tarjetas de Crédito no serán susceptibles de cobro ejecutivo directo, rigiendo para su cobro la preparación de la vía ejecutiva prescrita en los artículos 39 y siguientes de la Ley mencionada, que prevé la conformación de un título especial a esos efectos».

Con base en ello, resaltó que «.el artículo 3° de la Ley N° 24.240 establece el principio de integración de la ley tutelar de los consumidores con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia y la ley N° 22.802 de Lealtad Comercial; así comotambién prevé el principio de preeminencia de la Ley de Defensa del Consumidor en lo ateniente a la relación de consumo, sin perjucio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado por otra normativa específica».

Por todo ello, imputó al Banco Santander la «.presunta infracción al artículo 19 de la Ley N° 24.240 (.), con base en el principio de integración normativa (.), por incumplimiento en la prestación del servicio de tarjeta de crédito relacionado con los clientes consumidores ejecutados (.) toda vez que (.) se habrían trasladado impropiamente los saldos adeudados, generados bajo el régimen de tarjetas de crédito, a cuentas corrientes bancarias de los clientes a efectos del cobro ejecutivo directo de ese régimen, en oposición a lo previsto al efecto en los arts. 14 y 42 de la Ley N° 25.065».

Asimismo, en dicha oportunidad, le hizo saber a la denunciada que debía presentar su descargo en el término de cinco (5) días hábiles (fs.124/125).

5°) Es así que, con fecha 28/12/17, el Banco presentó su descargo en similares términos a los expresados en su apelación -como se verá-, los que cabe tener por reproducidos en honor a la brevedad (ver fs.130/147).

6°) Luego de cuestiones varias relativas a la apelación interpuesta por la aquí actora respecto de una medida dispuesta en los términos del art. 45 LDC en el auto de imputación, a fs. 315 se dispuso la acumulación de las actuaciones con el expte. S01:0302640/2017, relativo a una nueva denuncia del Sr. Araujo (fs. 214/219), con base en lo decidido por la Sala «E» de la Cámara Comercial en la causa «Banco Santander Río S.A. c/San Esteban Diego Pablo y otro s/ejecutivo» (oportunidad en que el Tribunal revocó la decisión de primera instancia que ordenó discriminar los montos del certificado de deuda, al entender -invocando el art. 544 inc.4° del C.P.C.C.N.- que los planteos tendientes a indagar la composición del saldo deudor de una cuenta corriente bancaria, las circunstancias que rodearon la emisión del certificado y la falsedad ideológica atribuida al mismo excedían el ámbito cognoscitivo del juicio ejecutivo), a efectos de ilustrar el proceder del Banco.

Por lo demás, cabe destacar que, paralelamente, en el marco del expediente administrativo último -previo a su acumulación a las presentes- se dictó un auto de imputación en idénticos términos a los referidos (a fs.242/243).

Ello motivó la presentación de otro descargo (ver fs. 247/264), en términos muy similares al anteriormente aludido, oportunidad en la que acompañó copia de la decisión de la Sala «E» y de la disposición recaída en el expte. adm. nro. S01:0410565/2016 que fuera promovido en razón de la remisión que hiciera la Sra. Directora del COPREC del expediente originado a raíz del reclamo que efectuara el Sr. Araujo a título personal a la aquí actora (fs. 267/268 y 269/273).

Como medida para mejor resolver, también en ese expte., se solicitó al Banco que acompañara los contratos firmados con el Sr. San Esteban durante los años 2012/2014 y/o modelo de contrato de tarjeta de crédito vigente a ese momento (fs. 276), copias que lucen agregadas a fs.287/308 y 281/286, respectivamente.

A su vez, a fs. 314/315 obra un registro de las diversas actuaciones iniciadas contra el Banco Santander -y sus sanciones-.

7°) Lo propio sucedió con el expte. nro. S01:0329592/2017 en razón de la acumulación dispuesta a fs. 465. Si bien -a diferencia de las anteriores- tales actuaciones fueron iniciadas a raíz de la denuncia (fs.319/323) efectuada por la Sra. Marta Beatríz González -quien, según el Banco, sería la madre del Sr.Araujo-, la misma ha sido formulada en muy similares términos a las anteriores, con el mismo objeto y también con invocación a lo decidido por la Sala «C» de la Cámara Comercial (causa: «Banco Santander Río c/Cambón, Marín Hernán y otro s/ejecutivo» ).

Lo mismo ocurre con el auto de imputación (fs. 330/331), con el descargo (fs. 337/352), con la medida para mejor resolver dispuesta (fs. 364), con el contrato y su anexo legal acompañados por el Banco (fs. 369/374 y 39 3/419, bien que suscripta por el Sr. Cambón) y con el informe de antecedentes de la entidad bancaria (fs. 468/469).

8°) Con posterioridad a que dictaminaran tanto la Coordinación de Actuaciones por Infracción (fs. 472 y 483) como la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción y Trabajo (fs. 484/487), con fecha 15/7/19 se dictó la Disposición DI-2019-515-APN-DNDC#MPYT, ahora cuestionada.

II. Que mediante la referida Disposición, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor -en cuanto aquí interesa referir- impuso a la firma ‘Banco Santander Río S.A.’ (en adelante, «Banco Santander») una sanción de multa equivalente a pesos un millón doscientos mil ($1.200.000), por infracción al art. 19 LDC y sus modificatorias -ver fs. 488/497, en esp. art. 1º-.

Para así decidir, como primera aproximación el Sr. Director Nacional de Defensa del Consumidor efectuó una reseña de los antecedentes acaecidos en las actuaciones administrativas y recordó que en el caso se había imputado al Banco Santander la presunta infracción al art.19 LDC por incumplimiento en la prestación del servicio de tarjeta de crédito con relación a sus clientes consumidores deudores (en tanto la entidad bancaria había trasladado tales saldos impagos a sus cuentas corrientes, a fin de proceder a su ejecución judicial, soslayando el procedimiento previsto en la LTC).

Así pues, y luego de desestimar el planteo previo relativo a que la misma conducta había sido ya valorada -y sancionada- en el expte. n° S01:0410565/2016, procedió a adentrarse en el estudio del fondo de la cuestión.

Para ello, comenzó por aclarar que la imputación había tenido su fundamento lo dispuesto en el art. 14 incs. f) y h) LTC, remisión permitida por el art. 3° LDC en cuanto establece que sus disposiciones se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Lealtad Comercial; estableciéndose un sistema normativo que, por el régimen de especialidad de la relación de consumo (respaldada por el art. 42 C.N.), prevalece la autonomía del microsistema de protección al consumidor, debiendo entenderse que las restantes leyes generales o especiales que contemplen una relación de consumo se encuentran subordinadas, como regla, a ese principio.

En ese estado, recordó lo normado por el art. 19 LDC (en cuanto dispone que: «[q]uienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos»); y lo propio respecto de los arts. 14 («Nulidad de cláusulas. Serán nulas las siguientes cláusulas: [.] f) Las que autoricen al emisor la rescisión unilateral incausada; [.] h) Las que permitan la habilitación directa de la vía ejecutiva por cobro de deudas que tengan origen en el sistema de tarjetas de crédito») y 42 («[l]os saldos de Tarjetas de Créditos existentes en cuentas corrientes abiertas a ese fin exclusivo, no serán susceptibles de cobro ejecutivo directo.Regirá para su cobro la preparación de la vía ejecutiva prescrita en los artículos 38 y 39.»), ambos de la LTC [las acotaciones son propias, para una mejor ilustración].

Desde esa perspectiva, procedió a referenciar los términos del descargo efectuado por el Banco Santander, quien -según señaló- adujo que:

– cuando se producen saldos impagos de la cuenta, lo que procede a ejecutar es el saldo deudor de una cuenta operativa o cuenta única, y no el saldo deudor de las cuentas particulares de cada producto, tratándose de una práctica habitual, simple y sencilla del sistema financiero, que tiene gran aceptación por parte de los clientes de distintas entidades bancarias; – la deuda de los consumidores ejecutados se originó en una cuenta corriente operativa abierta para operar con distintos productos y beneficios, dentro de los cuales se encontraba el débito automático de la tarjeta de crédito; – es el propio cuentacorrentista el que autoriza el débito del resumen de su tarjeta de crédito en la cuenta corriente bancaria, para luego confirmar en los hechos esa autorización mes a mes, a medida que se van sucediendo los débitos automáticos de los saldos deudores de la tarjeta de crédito (doctrina de los actos propios); – cuando se produce la mora en la cancelación de los débitos, ello habilita la acción ejecutiva por el saldo deudor de la cuenta corriente, conforme dispone el ordenamiento legal; y que – en tales condiciones, no cabía imputarle los mecanismos previstos en la LTC en tanto el marco legal establecido para la cuenta corriente es el Código Civil y Comercial de la Nación.

En tal contexto, meritó que sus postulaciones carecían de aptitud para desvirtuar la conducta reprochada en tanto, aun cuando el mecanismo financiero utilizado por el banco fuera el establecido por las normas que invocara, aquellas que impidan el ejercicio de los derechos que al consumidor reconoce la LDC debían entenderse modificadas por ésta; y que, por imperio de lo normado por la LTC, la ejecución de saldos derivados de tarjetas decrédito imponía acudir al previo trámite de la preparación de la vía, lo cual obedecía a una interpretación sistemática de los arts. 14 inc. h) y 42 de dicha ley, sin que correspondiera hacer distingos según cuál haya sido la finalidad de la cuenta corriente bancaria en que se apoyara el saldo que se pretendía ejecutar.

Precisó, en esa línea, que la prohibición de ejecutividad directa impuesta en el art. 14 inc. h) LTC no efectúa distinción alguna, abarcando en consecuencia a todos los supuestos posibles de inclusión en el saldo de débitos por tarjeta de crédito.

A ello, agregó que de la lectura del Anexo Legal de la Cuenta Única (Contrato de Adhesión al sistema de tarjeta de créditos para paquetes de productos, cfr. fs. 181 y ss. y 41 del folio 218) no surgía el funcionamiento del sistema tal como lo conceptuó la denunciada, en tanto ninguna cláusula aludía a la interacción de los saldos de diversos productos y menos aún de cómo es conformado el saldo de esa cuenta única, lo que traía aparejada una dificultad interpretativa para el cliente.

Y que, aun cuando rijan las reglas del Código de fondo, el Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, «CCCN») incorporó las normas referidas a los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas; siendo que en su art. 984 y ss. se establecieron directrices respecto de la definición y requisitos que deben cumplir el tipo de contrato en estudio y la interpretación de sus cláusulas, reafirmando el principio de progresividad previsto en el art.42 C.N.

Por último, sostuvo que tampoco resultaba prudente el ímpetu de la defensa en lo referente a la cuestión financiera y a las normas aplicables a su actividad como excusa de su accionar, cuando de la cláusula 24 «Aceptación y Vigencia» del aludido contrato de Cuenta Única el Banco invoca la LTC para, en uso de las facultades que dicha ley le confiere, convenir la prórroga contractual en forma automática y por tiempo indeterminado.

No obstante ello, puso de relieve que lo que sí se desprendía de la documentación analizada y de los argumentos de la defensa era que el banco manipulaba el ordenamiento jurídico según su conveniencia, siendo que el límite de ese accionar lo encontraba esa instancia, donde la aplicación de la LDC envuelve toda la operatoria por prevalecer la relación de consumo dada entre los usuarios y la entidad bancaria.

A esa altura, recordó que la LDC constituye un sistema jurídico que tiende a la protección y defensa de los consumidores o usuarios, teniendo en cuenta la situación de debilidad en que estos se encuentran por las notables desigualdades que generalmente se verifican en sus relaciones con los empresarios, pero esencialmente por la desinformación en torno al objeto de la comercialización; y que las infracciones como la que se encontraba bajo examen revisten el carácter de «formales», en las que la constatación del hecho hace nacer, por si, la responsabilidad del infractor; de modo que la misma se configura por la sola omisión o el solo incumplimiento de los deberes u obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios y no requiere de la intención ni de la producción del daño concreto, sino que basta la conducta objetiva contraria a la ley.

Con base en todo ello, y con especial ponderación en el régimen represivo de la LDC en cautela de los derechos de los consumidores y usuarios, el contenido del auto de imputación y la falta de prueba en contrario que enervara lo allí asentado, concluyóque ello alcanzaba para tener por acreditada la infracción cometida; todo lo cual la hacía pasible de la sanción prevista en el art. 47 inc. b) de dicho cuerpo normativo.

A tal fin, recordó que no podía considerarse arbitraria la sanción si resulta comprendida dentro de los montos fijados por la LDC, ni tampoco irrazonable si se tienen en cuenta las carácterísticas del servicio, la posición en el mercado, el grado de responsabilidad de la sumariada en la comisión de la infracción, el desmedro potencial de los derechos de usuarios de los servicios financieros, derivado de la generalización de este tipo de conductas, la reinicidencia y el carácter ejemplar y disuasivo del castigo.

Y, en especial, que tales fundamentos se veían agravados si se tenía en cuenta que la denunciada resulta ser proveedora del servicio de tarjetas de crédito y productos financieros, suponiendo una superioridad técnica que le impone obrar con prudencia acorde a la trascendencia de tal servicio; arribando de ese modo al monto antes aludido.

Por último, advirtió la obligación de la sancionada de publicar tal resolución condenatoria -sanción accesoria-, a su costa, en la forma prevista en el art. 47 LDC, lo que se sustentaba en la necesidad de informar a los consumidores de las contravenciones a sus derechos y la importancia de divulgar l os medios con que cuentan para defenderse, considerando el carácter ejemplar y disuasivo de la sanción.

III. Que, contra esa disposición, a fs. 511/546 la firma sancionada apeló y fundó su recurso en los términos del art.45 de la Ley nº 24.240.

En un primer orden de ideas, la recurrente sostiene que la Disposición cuestionada debe ser revocada en tanto la misma desestima los argumentos de hecho y de derecho introducidos en oportunidad de efectuar su descargo, deviniendo, por consiguiente, en arbitraria e infundada.

Al respecto, asevera (en particular, en cuanto se afirma que el banco manipula el ordeniamiento jurídico según su conveniencia) que se referencian circunstancias dogmáticas y doctrinarias, pero sin trazar una relación con el caso concreto, bastándose en principios de derecho del consumidor pero sin hacer alusión a la supuesta conducta infractora del Banco.

Explica que la denominada «supercuenta» es una cuenta operativa o cuenta única en la cual confluyen los créditos y débitos de distintos productos (préstamos, adelantos de cuenta, tarjetas de crédito, entre otros); de modo que, por haber sido autorizado previamente de manera voluntaria su débito automático, dicho salgo impago por tarjeta de crédito pasa a formar parte del saldo deudor de la cuenta corriente y es justamente eso lo que se ejecuta.

Sostiene que el propio B.C.R.A., en su «Reglamentación de la cuenta corriente bancaria», contempla la posibilidad de debitar de la cuenta corriente, entre otros conceptos, los resúmenes de tarjeta de crédito.

Alega que, por ello, cuando se produce la mora en el pago del saldo de la cuenta corriente, el Banco se encuentra habilitado para iniciar la acción ejecutiva contra el deudor, conforme lo habilita el CCyCN.

Agrega que, por tales razones, a diferencia de lo sostenido por la DNDC, la ley aplicable a la especie son aquellas disposiciones del CCyCN, de la LTC y aquella normativa del B.C.R.A.; ello, sin perder de vista las disposiciones de la LDC pero sin que sea ésta la única ley aplicable.

Añade que, conforme lo normado por el art. 1406 CCyCN, el saldo deudor de la cuenta corriente es considerado título ejecutivo y que el art.42 LTC expresamente dice que los saldos de tarjetas de crédito existentes en cuentas corrientes abiertas a ese fin exclusivo no serán susceptibles de cobro ejecutivo directo, rigiendo para su cobro la preparación de la vía prevista en los arts. 38 y 39 de la misma ley; supuesto último que no acontece en autos.

Reitera que la jurisprudencia invocada en las denuncias efectuadas por el Sr. Araujo no han sido escogidas al azar, puesto que se trata de fallos de las Salas C y F de la Cámara Comercial, criterio que -nuevamente con transcripción- sostiene que es diametralmente opuesto al mayoritario (esto es, al de las Salas A, B, D y E) y a su postura, en tanto en sendos procesos de ejecución se ha optado por rechazar excepciones de inhabilidad de título -fundadas en que el certificado de deuda no habría sido emitido con sujeción al art. 42 LTC- cuando la cuenta bancaria no es utilizada únicamente para operaciones concernientes a tarjetas de crédito.

De este modo, asevera que ha quedado demostrado que el procedimiento por el cual persigue el cobro de los saldos adeudados por cuenta corriente encuentra sustento legal en la normativa imperante en la materia, y que ello no puede ser soslayado por la aplicación de la LDC; sosteniendo que si bien no se pide que esta última no se aplique, sino que se lo haga en consonancia con las demás leyes aplicables puesto que, de lo contrario, se estaría pretendiendo sancionarlo por actuar conforme a derecho.

Por otro lado, y a todo evento, solicita la reducción del castigo.

Ello, en el entendimiento de que el monto fijado resulta a todas luces confiscatorio, infundado y desproporcionado, persiguiendo una finalidad netamente recaudatoria.

Sobre el punto, y tras efectuar un desarrollo valorativo respecto del principio de razonabilidad con base en los arts. 28 y 33 de la C.N. así como de recordar los aspectos a tener en cuenta para la graduación de la multa conforme lo dispone el art.49 LDC, asevera que tales aspectos no han sido desarrollados en la Disposición en ciernes, de modo que no puede conocer qué motivó a la Autoridad a fijarla en $1.200.000.

En particular, desconoce qué posición en el mercado se le agisnó, cómo se ha cuantificado el beneficio obtenido, cómo se ha evaluado el supuesto grado de intencionalidad, la supuesta gravedad de los riesgos o perjuicios derivados de la infracción o su generalización, así como tampoco qué otras circunstancias relevantes del hecho se han ponderado; todo lo cual cercena su derecho de defensa e, incluso, vicia de nulidad la resolución por resultar arbitraria.

A su vez, y con cita de doctrina y de jurisprudencia tanto de esta Cámara como del Máximo Tribunal respecto del principio de razonabilidad y del de proporcionalidad -vinculado al exceso de punición-, afirma que la multa debe guardar cierta correlación con los hechos y ser proporcional a la vez de contemplar un cierto grado de razonabilidad, lo que no ocurre en el caso, ya que su graduación ha sido infundada y arbitraria, siendo pasible de que en un futuro no muy lejano pueda merecer una similar que se acerque al monto máximo fijado por ley, sin que se le exija al órgano administrador una clara y justificada explicación de dicha imposición.

A mayor abundamiento, y a título de ejemplo, aduce que el monto perseguido en el jucio ejecutivo que ha iniciado contra el Sr. Marcelo Araujo -denunciante- ascendió a la suma de $216.984,98, lo que evidencia la carencia de fundamento la imposición de un castigo cuyo monto supera seis (6) veces el monto ejecutado judicialmente.

En tales términos, y ante la eventualidad de que se confirme que es pasible de merecer una sanción, peticiona la aplicación del monto mínimo previsto en el art. 47 inc. b) LDC.

IV. Que, a fs. 575/587vta. el Estado Nacional (a más de solicitar que se declare la deserción del recurso, conf. art.266 C.P.C.C.N.) formuló sus réplicas, sosteniendo -en suma- la legitimidad del acto atacado; ello, a tenor de las consideraciones de hecho y de derecho que en honor a la brevedad cabe remitirse.

V. Que con fecha 20/8/20 dictaminó el Sr. Fiscal General, quien se expidió en sentido favorable respecto de la competencia de este Tribunal para entender en autos, al tiempo que no encontró óbice alguno que impidiera declarar la admisibilidad formal del recurso intentado.

En ese estado, pasaron los autos al Acuerdo (v. auto del 21/8/20).

VI. Que, así reseñada y delimitada la cuestión venida a estudio de esta Alzada, de manera preliminar cabe recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que se pongan a consideración del Tribunal, sino tan sólo aquellas que sean conducentes para decidir el caso y basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:308; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; y esta Sala, in re «Cerruti, Fernando y otros c/PNA – Disp. 448/09», expte. n° 15.149/11, resol. del 25/10/2011; entre otros).

VII. Que, también como previo, debe indicarse que más allá de las manifestaciones vertidas por la recurrente (al aludir a los antecedentes del caso en su pieza recursiva -v. en esp. fs. 513/515, acáp. III aps. «i. El reclamo» y «ii.

Resolución»- de manera anterior a expresar sus agravios) respecto a que la denuncia efectuada por el Sr. Araujo ha sido ya tratada y resuelta en otro expediente administrativo por lo que se configuraba un supuesto de cosa juzgada respecto del Banco y de aquél, a esta altura la desestimación del planteo previo efectuado en la Disposición atacada no se encuentra cuestionada (creo que es cuestionado no cuestionada, porque referís al planteo), en tanto tales postulaciones no comportan un recto y concreto cuestionamiento sobre el punto.

VIII.Que, ahora bien, sobre la base de las vastas circunstancias hasta aquí puestas de relieve, desde donde es dable indicar que si bien no se encuentra controvertida la práctica que derivó finalmente en la conducta reprochada (ello en tanto la autoridad de aplicación, con base principalmente en las resoluciones judiciales, las copias de los contratos -y sus anexos- y las manifestaciones de la encartada tuvo por configurada la conducta infraccional; mientras que el Banco, lejos de controvertir ello, afirmó -entre otras cuestionesque comporta una «práctica habitual» pero que se trata de supuestos en que las cuentas corrientes no han sido abiertas al único fin de debitar los saldos provenientes de tarjetas de crédito), la cuestión a dilucidar se ciñe en determinar si ello comportó efectivamente una trasgresión al art. 19 LDC por conducto tanto del principio de integración normativa previsto en el art. 3° LDC como por la aplicación dispuesta en el art. 3° LTC; en la medida en su accionar hubiere comportado un incumplimiento en la prestación del servicio de tarjeta de crédito, al ser contrario a los arts. 14 y 42 LTC.

IX. Que, para ello, ante todo cabe recordar que el artículo 19 LDC se refiere a las modalidades de prestación de servicios, y dispone que «[q]uienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos».

A su vez, corresponde poner de relieve que dicha previsión se enmarca dentro de un sistema global de normas, principios, instituciones e instrumentos de implementación que tiene su fundamento último en el art. 42 de la Constitución Nacional.Por su intermedio, el Estado busca direccionar el actuar de los agentes económicos, con el propósito de tutelar los derechos de los usuarios y consumidores; recomponiendo el equilibrio que debe existir en todos los vínculos entre comerciantes y usuarios -afectados por las situaciones abusivas que se presen tan en la vida cotidiana-, así como la relación entre los mismos comerciantes que compiten entre sí (cfr. esta Sala, in re: «Sud Inversiones y Análisis S.A. c/D.N.C.I. – Disp. 285/12», del 10/10/13).

A la par, el aludido art. 3° LTC, dispone: «[l]ey aplicable. Las relaciones por operatoria de Tarjetas de Crédito quedan sujetas a la presente ley y supletoriamente se aplicarán las normas de los Códigos Civil y Comercial de la Nación y de la ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240)».

Ahora bien, a más de ello, también es del caso destacar que el art. 14 LTC, en cuanto ahora interesa referir, establece: «Nulidad de cláusulas.

Serán nulas las siguientes cláusulas: [.] h) Las que permitan la habilitación directa de la vía ejecutiva por cobro de deudas que tengan origen en el sistema de tarjetas de crédito [.]».

Mientras que el art. 42 del mismo cuerpo legal, prescribe que:

[l]os saldos de Tarjetas de Créditos existentes en cuentas corrientes abiertas a ese fin exclusivo, no serán susceptibles de cobro ejecutivo directo. Regirá para su cobro la preparación de la vía ejecutiva prescrita en los artículos 38 y 39 de la presente ley» (énfasis propio).

X. Que, así las cosas, frente a la divergencia interpretativa que se aprecia respecto de la normativa en estudio, entre la autoridad de aplicación al decidir y la recurrente en sus planteos recursivos (como se enunciara en el Cons.VIII de la presente), cabe indicar que en el sub lite adquiere suma relevancia, ante todo, indagar y conocer -y, por ende, establecer como norte- el alcance del cuerpo normativo en estudio -esto es, la LTC-; ello, habida cuenta que la conducta constatada se reputó como contraria a la misma y, por conducto del art. 3 LTC, tal proceder se consideró como un incumplimiento a las previsiones contenidas en el art. 19 LDC.

X.1. Al respecto, y como primera aproximación, cabe señalar que el artículo 2 del CCCN dispone que «[l]a ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento».

A la par, tiene dicho el Máximo Tribunal que la primera regla de interpretación de un texto legal es la de asignar pleno efecto a la voluntad del legislador, cuya fuente inicial es la letra de la ley (Fallos: 297:142; 299:93; 301:460; 320:1600; 317:779) y que, en esta tarea, no pueden descartarse los antecedentes parlamentarios que resultan útiles para conocer su sentido y alcance (Fallos: 182:486; 296:253; 306:1047).

Sobre este último punto, cuadra destacar que, desde antaño, la C.S.J.N. ha sostenido que sus altas responsabilidades le imponen considerar las respuestas institucionales aprobadas por los otros Poderes de la Nación en el ámbito de sus atribuciones respectivas, dado que la obligación de dar respuesta jurisdiccional razonablemente fundada a las partes no puede llevar al juez a sustituir con su criterio u opinión la voluntad de los poderes representativos («Apaza León, Pedro Roberto» -Fallos: 341:500- voto del juez Rosatti).

Ello así pues «en todo Estado soberano el poder legislativo es el depositario de la mayor suma de poder y es, a la vez, el representante más inmediato de la soberanía.» (Fallos:180:384; 182:411; 318:1154, voto de los jueces Petracchi y Bossert; 328:2056, voto del juez Maqueda), puesto que «[e]s el genuino representante del pueblo y su carácter de cuerpo colegiado la garantía fundamental para la fiel interpretación de la voluntad general.» (Fallos: 201:249, 269).

Es que, en el debate legislativo se traduce de forma más genuina la participación de todas las voces sociales y se consolida la idea fundamental de participación y decisión democrática, afianzándose de este modo el valor epistemológico de la democracia deliberativa. Por ello, la Corte ha sostenido que: «las manifestaciones de los miembros informantes de las comisiones de las Honorables Cámaras del Congreso (Fallos: 33:228; 100:51; 114:298; 115:186; 328:4655) y los debates parlamentarios (Fallos: 114:298; 313:1333) constituyen una valiosa herramienta para desentrañar la interpretación auténtica de una ley» (Fallos 342:917).

De ahí que «la interpretación auténtica brindada por ambas Cámaras del Congreso, con más razón cuando ha recibido expreso tratamiento en el debate legislativo, pueda excluir de los sentidos posibles del texto aquellos que -según considera el legislador- no debieron haberse incluido, siempre que ello resulte razonable en los términos del artículo 28 de la Norma Suprema» (idem fallo último citado).

X.2.Siguiendo las pautas antes reseñadas, cabe poner de relieve que la cuestión aquí analizada ha sido materia de un profundo y exhaustivo debate -en especial, en el seno de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y, más aún, al tratar su articulado en particular- en oportunidad del tratamiento del proyecto de Ley de Tarjeta de Crédito n° 25.065, el que – incluso- ha insumido diversas jornadas legislativas.

En efecto, en esa oportunidad, el entonces diputado Maqueda sostuvo que:

-«Cuando surge como tema nuevo en el sistema jurídico argentino el cobro de las tarjetas de crédito y se intenta apelar al título ejecutivo, aparece como primer método el contrato más los cupones, algo que es rechazado directamente por la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial».

-«Luego aparece un segundo método, que es el del resumen de las tarjetas de crédito, pero existen idénticos rechazos por parte de esa Cámara».

-«Finalmente, aparece en tercer lugar el caso que acaba de plantear el señor diputado Dumón. El sostiene que los bancos utilizaron como metodología la apertura de cuentas corrientes bancarias, que desde el año 1963 tenían reconocida la vía ejecutiva. Entonces, se abría una cuenta corriente bancaria y cuando se producía el no pago de la tarjeta de crédito se trasladaba la deuda a dicha cuenta y se ejecutaba el saldo deudor».

-«De ello se ocuparon específicamente las salas A, B, C y E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Esto fue un fraude a la ley.

Es decir, se utilizaba el saldo de cuenta corriente para el cobro de los débitos de las tarjetas de crédito.Por eso se han dictado los fallos jurisprudenciales en contra de este proceder, que incluso hablan de la teoría del abuso del de derecho del artículo 1071 del Código Civil».

-«En consecuencia, creo que tenemos que apoyar el artículo propuesto por el señor diputado Dumón, para que no quede ninguna duda de que ese sistema fraudulento que se supo utilizar -y al que el Poder Judicial argentino tuvo que acotar- no puede volverse a intentar» (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 16ª reunión, continuación de la 8ª sesión ordinaria, junio 3 de 1998, pág. 2549).

Por su parte, el diputado Dumón señaló:

– «Nosotros pretendemos llamar la atención en cuanto a que tal como está redactada la norma -y como lo ha explicado magistralmente el señor diputado Maqueda- podemos dar lugar nuevamente a que se cometa ese fraude al que se ha hecho mención y que fue revocado por los fallos mencionados, que en muchos casos tuvieron como fundamento aquel famoso artículo de Femando Legón».

-«Queremos dejar en claro que el ingreso del resumen de la tarjeta de crédito en la cuenta corriente de su titular no habilita la vía ejecutiva, evitando que ese fraude se produzca en nuestro derecho» (Diario de Sesiones citado, pág. 2550).

El diputado Vicchi, a efectos de aventar cualquier duda, expuso:

-«.deseo que quede todo perfectamente aclarado, por si algún día se produce un juicio y se quiere recurrir al pensamiento que tuvo el legislador.» -«.debo manifestar que no deben existir dudas en cuanto a que se pueden hacer todas las operaciones de descuento en cuenta corriente. El único condicionamiento que establece la ley es que estos montos debitados en cuenta corriente, fruto de la operatoria del negocio jurídico tarjeta de crédito, no pueden ser ejecutados en sede judicial -perdóneseme la redundancia- por la vía ejecutiva».

-«Esto lo quería aclarar, porque podríamos estar habilitando la vía ejecutiva en forma indirecta, y hay que tener mucho cuidado» (op. cit.pag.2547).

Finalmente, y no obstante de señalar otras exposiciones en similar sentido, el diputado Fayad indicó: «estamos hablando de la nulidad de cláusulas. Por lo tanto, si se estableciera la facultad de debitar en cuentas corrientes bancarias los saldos de tarjetas y ello generara la habilitación de la vía ejecutiva, ésta sería nula.» (pág. 2546).

A su turno, en oportunidad de debatirse el proyecto en el Senado de la Nación, el senador Genoud indicó: «También se ha señalado acá que el resumen de cuenta no es un título ejecutivo. En esto, el Parlamento ha mejorado una concepción equivocada plasmada en el proyecto del Poder Ejecutivo, que establecía precisamente que el resumen de cuenta era un título ejecutivo. Se ha subsanado este error, lo que habla de las bondades de nuestro sistema parlamentario, que a través de audiencias públicas auscultó el pensamiento de la sociedad, escuchó a cada uno de los sectores interesados y promovió la participación en debates de comisión. Finalmente, se acordó que no se le otorgara ejecutividad directa, y la autorización de la preparación de la vía ejecutiva pidiendo el reconocimiento judicial y acompañando, obviamente, el resumen de cuenta, que es lo más equitativo y justo» (Diario de Sesiones, Cámara de Senadores de la Nación, 68ª reunión, sesión especial, 7 de diciembre de 1998, pág. 8262).

En sentido análogo se expresaron los senadores Aguirre Lanari (pág. 8263) y Alasino (pág. 8266), entre otros.

X.3. En consecuencia, a la luz de lo expuesto, de conformidad con las directrices que imponen no sólo las disposiciones citadas de la LTC y la LDC sino también las pautas del Título Preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación (arg. arts.1, 2, 10, 12 y cc.), resulta cl aro que se encuentra vedada la posibilidad de una habilitación directa de la vía ejecutiva por cobro de deudas que tengan origen en el sistema de tarjetas de crédito tornando, pues, nula cualquier cláusula que mediante otro artilugio legal pretenda eludir el sistema establecido en los arts. 39 a 41 de la LTC, frustrándose de ese modo la interpretación que, contra el espíritu de la norma antes indicado, argumenta la recurrente.

Es decir, que mal puede prosperar la tesis esgrimida por cuanto, en línea con lo dicho, la interpretación literal -y aislada- que se formula del artículo 42 de la ley -en cuanto refiere a «cuentas corrientes abiertas a ese fin exclusivo», extremo que según el banco accionante no se configuraría en el caso- no es suficiente para justificar la licitud de su conducta ya que, como se indicara, el artículo 14, inc. h), establece la nulidad de las cláusulas que permitan la habilitación directa de la vía ejecutiva por el cobro de deudas que tengan origen en el sistema de tarjetas de crédito (conf. Sala I, in re, «Banco Santander Río S.A. c/DNCI s/defensa del consumidor – Ley 24240 – art. 45», expte. n° 44.537/18, sent. del 8/11/18); dispositivo legal último que pone de reflejo la inequívoca voluntad legislativa a que se hiciera referencia a lo largo de la presente.

Adunado a lo anterior, debe tenerse presente, como fue sostenido por distintos Tribunales de esta Cámara, que «las leyes 25.065 y la 24.240 se han ocupado de las cláusulas contractuales abusivas para evitar que la posición dominante de las entidades emisoras frente al contratante individual le provoque perjuicios.Es por ello que los jueces deben integrarlas en su interpretación y examinar las cláusulas del contrato de modo que su aplicación no genere un resultado disvalioso, contrario a la buena fe o irrazonable» (Sala I in re «Banco Santander Río S.A.», ya citado; y Sala IV, causa «Avant Card SA c/ DNCI s/Defensa del Consumidor- Ley 24.240- Art. 45», pronunciamiento del 11/2/16).

A todo evento, señálese que tampoco comportan un óbice para arribar a la conclusión que se propone aquellas divergencias doctrinarias y jurisprudenciales invocadas por el recurrente (que no se soslayan), en tanto se advierte que esa sola circunstancia no convalida que su actuación haya sido correcta a la luz de las normas involucradas que, además, han sido examinadas y correctamente aplicadas por la administración (idem fallo «Banco Santander Río S.A.» precedentemente citado). Máxime aúun teniendo en cuenta al limitado marco cognoscitivo que es propio y que caracteriza a la acción prevista en el art. 520 y ss. del CPCCN.

XI. Que, por lo demás, la solución que aquí se propicia es coincidente con la que arribara la Sala I de esta Cámara en la causa «Bank Boston NA c/DNCI -Disp. 209/08 (expte S01: 239708/04)», expte. n° 17.915/08, sent. del 7/9/10 y, de igual modo, en la causa «Banco Santander Río S.A.» ya aludida (que, a su vez, en igual sentido cita lo decidido por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro en autos «Banco Santander Río S.A. c/ Carnevale, Tomás Alberto y otra s/ejecutivo s/casación», sent. del 13/12/10).

XII. Que, entonces, de las constancias de autos puede afirmarse que no se cumplió con lo prescripto en el art.19 de la ley 24.240 en punto a la modalidad de prestación del servicio de tarjeta de crédito al haber contrariado las pertinentes disposiciones previstas por la LTC; razón por la cual cabe confirmar la decisión relativa a que la denunciada es pasible de merecer la sanción prevista en el art. 47 inc. b) LDC.

XIII. Que, resta ahora entonces expedirse respecto a la cuantificación del castigo.

Para comenzar, cabe indicar que el artículo 47 de Ley Nº 24.240 establece, en lo que aquí interesa, que verificada la existencia de la infracción, el transgresor será sancionado con multa de cien pesos ($100) hasta cinco millones de pesos ($ 5.000.000). Hasta allí, no se aprecia lesión al principio de legalidad, toda vez que la medida no extralimita ni exorbita el tope fijado por la ley; de lo que también es de destacar que tampoco ha sido fijada por fuera del marco de oscilación propuesto y sugerido por el Sr. Asesor Legal de la Coordinación de Actuaciones por Infracción (esto es, entre $700.000 y $1.500.000, conf. f. 483).

Ahora bien, en punto a la revisión del quantum referido, y al planteo de la violación a los principios de razonabilidad y de proporcionalidad – vinculado este último al ‘exceso de punición’-, es preciso destacar que no hay actividad de la Administración ajena al control judicial de legalidad y razonabilidad, es decir:aun tratándose de una manifestación del ejercicio de potestades ejercidas de modo discrecional, éstas en ningún caso pueden resultar contrarias a derecho.

Conteste con dicho principio, la jurisprudencia ha reafirmado que la actuación administrativa debe ser racional y justa, y la circunstancia de que la Administración obre en ejercicio de facultades discrecionales no constituye justificativo de su conducta arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado, y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto (conf.

C.S.J.N., Fallos: 304:721; 305:1489; 306:126; y esta Sala, in re: «Ballatore, Juan Alberto c/E.N. – Mº de Justicia s/empleo público», del 13 de junio de 1996).

En el caso concreto, la D.N.D.C. -a fin de graduar el monto de la sanción- manifestó haber ponderado las características del servicio, la posición en el mercado del infractor, el grado de responsabilidad de la sumariada en la comisión de la infracción, el desmedro potencial de los derechos de los usuarios de los servicios financieros -derivado de la generalización de ese tipo de conductas-, la reincidencia así como el carácter ejemplar y disuasivo de este tipo de sanciones.

Y, en particular, que tales factores se veían agravados si se tenía en cuenta que la sumariada resulta ser proveedora de servicio de tarjetas de crédito y productos financieros, por lo que su superioridad técnica le impone obrar con la prudencia acorde a la transcendencia del servicio que presta.

Como fuese, cabe advertir que los argumentos expuestos por la autoridad de aplicación importan una enumeración minuciosa de las circunstancias que fueron evaluadas para determinar el monto de la multa.

Así las cosas, se observa que el banco recurrente no demuestra con eficacia que la sanción diste de estar suficientemente sustentada en los hechos y el derecho, en la medida en que la autoridad administrativa ha explicado de qué modo a la infracción constatada le corresponde la sanción que se aplica.

En este orden de ideas, el Banco Santander se limita a efectuar -con citas de doctrina- una serie de consideraciones abstractas respecto del principio de razonabilidad, del de proporcionalidad, del exceso de punición y de la arbitrariedad pero sin efectuar referencias concretas acerca de cómo tales cuestiones se configurarían en el caso. Antes bien, las escasas alegaciones postuladas con lo decidido comportan un mero disentimiento respecto de decidido, todo lo cual dista de ser catalogado como aquellas críticas concretas y razonadas de lo decidido (arg. art. 265 CPCCN); reivindicando una postura exculpatoria sobre la base de alegar una orfandad argumentativa de parte de la autoridad de aplicación.

En este contexto, a fin de lograr un verdadero efecto práctico, que realmente obligue a la sumariada a evaluar la inconveniencia de perpetuarse en su obrar contrario a la ley, resulta imperativa la imposición de una multa que fuerce tal imprescindible reflexión.

En este sentido, la protección que el Estado debe brindar a los consumidores excede ampliamente la mera intervención exclusiva de esta autoridad de aplicación, tratándose en última instancia de una labor conjunta que debe forzosamente involucrar a todos los poderes estatales. De este modo, se refleja la motivación disuasoria, finalidad válida de la autoridad de aplicación en el marco del Derecho del Consumo.

Finalmente, en lo que respecta a los fundamentos brindados por la Administración a fin de motivar la graduación de la sanción bajo examen, no puede dejar de advertirse que también se tuvieron en cuenta los informes de antecedentes obrantes a fs. 238/239, 311/312 y 468/469.En este sentido, de la lectura de la última constancia documental se advierte la presencia de 31 sanciones firmes y de otras 5 sanciones en estado de apelación, todas ellas por contrariar al régimen bajo examen, elemento que bajo el mandato del artículo 49, en conjunción con el ya citado 47 de la Ley de Defensa del Consumidor, no debe ser soslayado.

Frente a estas razones, lo cierto es que del escrito recursivo no surge una refutación o crítica razonada y concreta sobre los puntos tenidos en cuenta para la cuantificación de la multa. En efecto, y a más de lo antedicho, aquellas manifestaciones comparativas del monto de la multa con el propio que le reclamara por vía ejecutiva al denunciante devienen, a todas luces, improcedentes.

En las condiciones descriptas, se advierte que la sanción aplicada en el sub examine no excede el disvalor del actuar del Banco Santander; motivo por el cual tomando en consideración la naturaleza y alcances de las infracciones, así como la cuantía de la sanción aplicada a la aquí sumariada, corresponde confirmar el quantum ponderado en la instancia administrativa.

XIV. Que, atento al resultado del recurso, y teniendo en cuenta que no se aprecian razones que ameriten apartarse del principio general de la derrota, corresponde imponer las costas a la recurrente vencida (art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.).

XV. Que, por último, resta señalar que mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que actuaron durante la sustanciación de la causa.En dicha tare a, ha de ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno haya aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.

A fin de lograr una retribución equitativa y justa, no resulta conveniente la aplicación automática de los porcentajes previstos en la ley de arancel, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la labor desplegada. Tal proceder, limita la misión del juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etcétera (conf. esta Sala, in re: «Seguridad Cono Sur S.A. c/P.N.A. – Disp.36/12», del 4/6/2013 y sus citas).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (Fallos: 270:388; 296:124, entre otros).

Contempladas estas directivas, en atención a la naturaleza, resultado y monto del litigio -conf. multa impugnada-; considerando el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del recurso tramitado, corresponde regular en la suma de PESOS . ($.) -equivalente a .UMA- los honorarios de la Dra. Mariela S. Biga por su actuación como letrada apoderada, actuante en defensa de la demandada (conf. arts. 16, 20, 21, 29, 44 inciso a, y concordantes de la ley nº 27.423).

El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando los profesionales acreedores revistan la calidad de responsables inscriptos en dicho tributo (conf. esta Sala, in re: «Beccar Varela Emilio – Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ.de Abog.», del 16/7/96). Para el caso de que la profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al I.V.A., el plazo para el pago del tributo sobre los honorarios regulados, correrá a partir de la fecha en que lo haga.

Los honorarios fijados precedentemente deberán ser abonados dentro de los .(.) días de notificada la presente resolución (art. 54 de la ley de arancel).

En caso de incumplimiento, el acreedor queda facultado para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante primera instancia del fuero.

Para ello, hágase saber a la interesada que, en virtud de lo normado por la Ley nº 26.685 como así también en razón de lo dispuesto en el punto 2º) de la Acordada nº 6/14 de la C.S.J.N., los documentos electrónicos que surgen del Sistema de Consulta de Causas del Poder Judicial de la Nación (http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam) tienen la misma eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales; de modo tal que al no resultar necesaria su certificación, las mismas deberán ser presentadas en la mesa de asignaciones de la Secretaría General de la Cámara para el ingreso del respectivo incidente. Si vencidos los plazos mencionados el interesado no impulsa el proceso en el término de diez (10) días hábiles, las actuaciones se remitirán a la instancia de origen sin más trámite.

Como corolario de todo lo hasta aquí expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1°) desestimar el recurso directo interpuesto en los términos del art. 45 LDC por la firma ‘Banco Santander Río S.A.’ y, en consecuencia, confirmar la Disposición DI-2019-515-APN-DNDC#MPYT, en cuanto fue materia de agravios; 2°) imponer las costas de esta instancia a la firma actora en su carácter de vencida (art. 68, primera parte, del C.P.C.C.N.); y 3°) regular los honorarios de la letrada interviniente por la demandada de conformidad con lo dispuesto en el Considerando XV de la presente.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

MARÍA CLAUDIA CAPUTI

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

LUIS MARÍA MÁRQUEZ

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