#Fallos CSJN: Incompetencia de la Corte para conocer en la acción tendiente a obtener la ilegitimidad de la conducta de la Cámara de Diputados de La Rioja, de impedirle al actor el acceso al cargo de diputado para el que fue electo

Partes: Álvarez Diego Felipe c/ La Rioja, Provincia de s/ amparo

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 22-oct-2020

Cita: MJ-JU-M-128754-AR | MJJ128754 | MJJ128754

Incompetencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en instancia originaria, para conocer en la acción tendiente a obtener la ilegitimidad de la conducta asumida por la Cámara de Diputados de la provincia de La Rioja de impedirle al actor el acceso al cargo de diputado para el que fue elegido.

Sumario:

1.-Es ajena a la competencia originaria de la Corte Suprema la acción de tendiente a obtener la ilegitimidad de la conducta asumida por la Cámara de Diputados provincial de impedirle al actor el acceso al cargo de diputado para el que fue elegido, por considerarlo incurso en la causal de inhabilidad moral, en tanto involucra un asunto de orden local pues para determinar si las garantías que invoca el actor han sido lesionadas debe hacerse mérito de las instituciones de derecho público provincial y de las normas locales, por lo que la cuestión federal que se debate no es directa, ni exclusiva (del dictamen del Procurador al que la Corte remite).

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2.-Las resoluciones de los tribunales provinciales dentro de su competencia no pueden ser revisadas por los de la Nación, con excepción de que se haga por vía del recurso extraordinario, pues tales resoluciones son actos de soberanía y la justicia nacional no puede examinarlas, ya sea admitiendo recursos que contra ellas se interpongan, ya conociendo de demandas que tiendan a idéntico fin (del dictamen del Procurador al que la Corte remite).

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

A fs. 276/313, Diego Felipe Álvarez, en su condición de diputado provincial electo de la Provincia de La Rioja, promueve acción de amparo, en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional, a fin de obtener que se declare la arbitrariedad e ilegalidad de Superior Tribunal de Justicia las conductas asumidas por el y por la Cámara de Diputados locales\ en cuanto: a) el primero se niega a tramitar y resolver el juicio de amparo que inició en esa sede (expte. 2792/2018/A, «Álvarez, Diego Felipe s/ amparo», del registro de juicios originarios de aquel tribunal); y b) la segunda viola sus derechos politicos y el principio de soberanía popular al negarle acceder al cargo de diputado provincial para el que fue electo, por considerarlo incurso en inhabilidad moral.

Funda la competencia originaria del Tribunal en su calidad de custodio del sistema republicano y garante del pleno y autónomo funcionamiento de las instituciones republicanas diseñadas en las provincias (arts. 1°, 5°, 116 Y 117 de la Constitución Nacional). Cita diversos precedentes que considera adecuados para justificar la intervención del Tribunal en instancia originaria, entre ellos, las sentencias dictadas el 4 de octubre de 2017 en la causa CSJ 1750/2017/RH1, «Alianza Avanzar y Cambiemos por San Luis s/ recurso de apelación comprensivo de nulidad.Cuestión constitucional» y el 22 de marzo de este año en la causa CSJ 125/19, «Unión Cívica Radical de la Provincia de La Rioja y otro c/ La Rioja, Provincia de si amparo».

En cuanto al fondo de la cuestión, señala que el 4 de junio de 2017 fue elegido como diputado provincial por el departamento Capital de la Provincia de La Rioja, elección que fue validada por el Tribunal Electoral provincial mediante la expedición del diploma del 10 de octubre del mismo año, el cual fue presentado ante la Cámara de Diputados local el 21 de noviembre de 2017; que las autoridades de ese cuerpo lo convocaron para el 24 de ese mismo mes a los efectos de prestar juramento, sesión en la cual la cámara aprobó los títulos y derechos de todos los diputados electos, incluidos los suyos, previo dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales; que no tomó el juramento en esa oportunidad porque pidió la postergación del acto debido a las funciones que venía desempeñando como viceintendente del Municipio de La Rioja, por lo que fue citado para la sesión del 14 de diciembre de 2017; y que, sin embargo, nunca pudo jurar como diputado por la decisión de la Cámara de Diputados provincial -previa nueva intervención y dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales- de rechazar su incorporación.

Expresa que el 25 de enero de 2018 inició una demanda de amparo -en cuyo marco pidió que se dictara una medida cautelar- ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Rioja, en la que, a pesar de haberse cumplido diversos trámites que enumeró, se encuentra pendiente la resolución acerca de la admisibilidad del amparo y la procedencia de la medida precautoria solicitada, razón por la cual el 19 de febrero de este año pidió -por cuarta vez- pronto despacho, sin que existiera respuesta alguna por parte de aquel órgano judicial.

Tilda de manifiestamente ilegítima y arbitraria la conducta de la Cámara deDiputados provincial de negarle la incorporación al cuerpo legislativo y de haber desarrollado un procedimiento violatorio de las normas de la Constitución local (art. 86, segundo párrafo) y del Reglamento Interno de aquella cámara (arts. 3′, 8′ Y 11, entre otros), y califica del mismo modo la actuación del Superior Tribunal de Justicia local, la cual lo coloca en un estado de grave denegación de justicia que viola su derecho a la defensa en juicio y un perjuicio moral o político y material evidente (art. 28 de la Constitución provincial) .

Aduce que esta situación lesiona grave e irreparablemente sus derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos los cuales integran el bloque de constitucionalidad federal (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional), a la vez que viola los principios fundamentales de la forma republicana de gobierno consagrada por la Constitución Nacional (art. 5′) y por la Constitución de la Provincia de La Rioja.

Solicita, en definitiva, que se declaren arbitrarias e ilegales la privación de justicia en que incurre el Superior Tribunal de Justicia local y la conducta de la Cámara de Diputados provincial que le impide acceder al cargo para el que fue electo. Acerca de esto último, pretende que se declare la invalidez e inconstitucionalidad del decreto del cuerpo legislativo del mes de abril de 2018 por el que se desaprobaron los derechos, el diploma y el título de diputado electo por encontrarse incurso en la causal de inhabilidad moral, así como del procedimiento cumplido para alcanzar esa decisión; consecuentemente, pide que se declare y haga efectivo su derecho a incorporarse a la Cámara de Diputados local.

Finalmente pide, como medida cautelar hasta tanto se dicte sentencia definitiva:a) que se ordene a la Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja que se abstenga de adoptar cualquier decisión que implique hacer efectivo su reemplazo en el cargo para el que fue electo por el pueblo de la provincia, o de tomar juramento al diputado electo como suplente, o de proceder de cualquier modo a la integración del cuerpo; y b) que se disponga su acceso al cargo en forma preventiva, para lo cual pide que se ordene a la mencionada cámara que le tome el juramento de ley y asegure su desempeño regular en la función de legislador provincial.

A fs. 314, se corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público.

– II –

Cabe recordar, en primer lugar, que el Tribunal ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia, siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria prevista en los arts. 116 Y 11 7 de la Constitución Nacional (reglamentados por el art. 24, inc. 1″, del decreto-ley 1285/58) porque, de otro modo, en tales controversias quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el art. 43 de la Ley Fundamental y por la ley 16.986 (v. Fallos: 312:640; 313:127 y 1062 Y 322:1514 ).

Sentado lo expuesto, entiendo que el asunto radica en determinar si en el sub examine se configuran dichos requisitos.

Al respecto, cabe señalar que para que proceda la competencia originaria de la Corte establecida en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional y 24, inc. l°, del decreto-ley 1285/58, en los juicios en que una provincia es parte, resulta es decir, que federal o de la distinta necesario examinar la materia sobre la que versan, se trate de una causa de manifiesto contenido naturaleza civil, en cuyo caso resulta esencial vecindad o nacionalidad de la contraria (Fallos:3572; 323:1854 ; 324:533 ; 329:759) ).

En el primero de los supuestos enunciados, para que la causa revista manifiesto contenido federal la demanda deducida debe fundarse directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso o en tratados con las naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante (Fallos: 322:1470 ; 323:2380 y 3279 ).

Pero ello no sucederá cuando en el proceso se debatan cuestiones de índole local que traigan aparejada la necesidad de hacer mérito de ellas o que requieran, para su solución, la aplicación de normas de esa naturaleza o el examen o la revisión en sentido estricto de actos administrativos, legislativos o jurisdiccionales de ·las autoridades provinciales (Fallos: 319:2527 ; 321:2751 ; 322:617 , 2023 y 2444 ; 329:783 y 5675 ).

En este orden de ideas, es mi parecer que en la causa se presenta esta última hipótesis y, por ende, la cuestión constitucional que se invoca no reviste un manifiesto contenido federal, por lo que no es apta para surtir la competencia originaria de la Corte.

En efecto, según se desprende de los términos de la demanda -a cuya exposición de los hechos se debe atender de modo principal para determinar la competencia, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 4′ y S’ del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la doctrina de Fallos: 306:1056; 308:1239 y 2230-, el actor pretende que V.E.declare arbitraria e ilegal la alegada privación de justicia en que estaría incurriendo el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Rioja al no resolver la demanda de amparo que promovió en dicha sede; e idéntica pretensión esgrime respecto del procedimiento cumplido en el seno de la Cámara de Diputados de la misma provincia, por los cuales no y de la decisión adoptada en consecuencia, se le permitió jurar e incorporarse como integrante de ese cuerpo legislativo por considerarlo incurso en la causal de inhabilidad moral; conductas que considera contrarias no sólo a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con jerarquía constitucional, sino también a Constitución provincial y al Reglamento Interno de la Cámara de Diputados. entender- Frente a tales circunstancias, resulta que para solucionar el pleito claro -a mi se deberá, ineludiblemente, examinar y revisar los actos emanados de las autoridades provinciales desplegados en ejercicio de sus propias facultades, e interpretar y aplicar las normas infraconstitucionales de derecho público local que las regulan, confrontándolas, primero, con las disposiciones de la Constitución provincial y otras normas locales -tal como el propio actor lo dice- y, recién luego, c on la Constitución Nacional y los tratados internacionales invocados en la demanda.

Por tales razones, pienso que la causa no constituye una cuestión de manifiesto carácter federal, como V. E. exige para que proceda su competencia originaria, puesto que involucra un asunto de orden local, toda vez que para determinar si las garantías que invoca el actor han sido lesionadas debe hacerse mérito de las instituciones de derecho público provincial y de las normas de ese carácter que constituyen la base de la demanda, por lo que cabe concluir que la cuestión federal que aquí se debate no es directa y tampoco exclusiva (conf.Fallos:

330:4055 y sus citas).

En efecto, considero que el asunto a resolver se relaciona con el procedimiento jurídico político de organización de dicho Estado provincial, es decir, con un conjunto de actos que deben nacer, desarrollarse y tener cumplimiento dentro del ámbito estrictamente local (Fallos: 326:193 y 3448 ; 327:1797 ; 329:5809 ; dictamen in re C. 1637, XLIV, «Colegio de Abogados de Tucumán cl Tucumán, Provincia de si acción declarativa de inconstitucionalidad», del 2 de febrero de 2009, a cuyos fundamentos se remitió V. E. en su sentencia del 7 de abril de 2009, entre otros) .

Al respecto, es dable poner de relieve que el art. 122 de la Constitución Nacional dispone que las provincias «se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas.

Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno federal», con la obvia sal vedad de que en este precepto la palabra «Gobierno» incluye a la Corte Suprema, a la que no le incumbe «discutir la forma en que las provincias organizan su vida autónoma conforme al art. 105 de la Constitución Nacional» (tal como lo sostuvo V.E. en oportunidad de expedirse en Fallos: 177:390 al debatirse la validez de la Constitución de Santa Fe). Ello es así, en razón de que aquéllas conservan su autonomía absoluta en lo que concierne a los poderes no delegados a la Nación, según lo reconoce el art. 121 de la Ley Fundamental.

Por otra parte, es mi parecer que se intenta la intromisión de la Corte Suprema en un proceso sujeto a la jurisdicción y competencia de los magistrados de la Provincia de La Rioja por una vía inadecuada, como es la promoción de una acción de amparo en instancia originaria del Tribunal, lo cual resulta a todas luces improcedente; ello, sin perjuicio de que, oportunamente, el juicio sustanciado en sede provincial pueda ser traído a conocimiento de V.E.por medio del recurso extraordinario, de darse los recaudos previstos por el art. 14 de la ley 48 (doctrina de Fallos: 325:2141).

Sobre el punto, la Corte tiene establecido desde antiguo que -con arreglo al art. 7 0 de la Constitución Nacionallas resoluciones de los tribunales provinciales dentro de su competencia no pueden ser revisadas por los de la Nación, con excepción de que se haga por vía del recurso extraordinario, pues tales resoluciones son actos de soberanía y la justicia nacional no puede examinarlas, ya sea admitiendo recursos que contra ellas se interpongan, ya conociendo de demandas que tiendan a idéntico fin (Fallos: 130: 404; 135:236; 329:49 ).

No obsta a lo expuesto la circunstancia de que el actor funde su pretensión en disposiciones de la Constitución Nacional y de constitucional, instrumentos toda vez que (JUICIOS ORIGINARIOS)

internacionales con la cuestión federal jerarquía no es la predominante en la causa. En efecto, ello no resulta suficiente para suscitar la competencia originaria de la Corte, pues la solución del pleito exige el tratamiento de instituciones de derecho público local -tal como antes se indicó- y el examen en sentido estricto de actos jurisdiccionales de igual naturaleza.

Por lo tanto, es mi parecer que corresponde a la justicia de la Provincia de La Rioja expedirse al respecto, ya que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que sean los magistrados locales los que intervengan en las causas en que se ventilen asuntos de esa naturaleza, sin perjuicio de que las cuestiones de índole federal que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario regulado por el art. 14 de la ley 48 (Fallos: 314:620 y 810; 318:2534 y 2551 ; 324:2069 ; 325:3070 ).

En razón de lo expuesto y dada la índole taxativa de la competencia prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional y su imposibilidad de ser extendida, por persona o poder alguno (Fallos:32:120; 270:78; 285:209; 302:63; 322:1514; 323:1854; 326:3642 , entre muchos otros), opino que el proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal.

– III –

Sin perjuicio de lo expuesto, para el caso de que se considere que lo manifestado por la actora acerca de la actuación del Superior Tribunal de Justicia de La Rioja en el marco de la causa 2792/2018/A, «Álvarez, Diego Felipe s/ amparo», del registro de juicios originarios de aquel tribunal, constituye una denuncia por retardo de justicia, V.E. podria -a fin de garantizar un pronunciamiento en tiempo útil- intervenir adoptando las medidas que considere procedentes (cfr. sentencia de esa Corte en la causa CSJ 1750/2017/RH1 «Alianza Avanzar y Cambiemos por San Luis s/ recurso de apelación comprensivo de nulidad. Cuestión Constitucional», del 4 de octubre de 2017, publicada en Fallos: 340:1383).

– IV –

En estos términos, doy por evacuada la vista conferida a este Ministerio Público.

Buenos Aires, de mayo de 2019.

ES COPIA

LAURA M. MONTI

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 22 de Octubre de 2020

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que a fs. 276/313 el señor Diego Felipe Álvarez, en su condición de diputado provincial electo de la Provincia de La Rioja, promueve acción de amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional, a fin de que se declare la arbitrariedad e ilegitimidad de las conductas asumidas por el Tribunal Superior de Justicia local, en cuanto -según afirma- se habría negado a tramitar y resolver el juicio de amparo promovido en esa sede (expte.2792/2018/A «Álvarez, Diego Felipe s/ amparo», del registro de juicios originarios de aquel tribunal), y por la Cámara de Diputados de dicha provincia, en tanto no le permite el acceso al cargo para el que fue electo, por considerarlo incurso en inhabilidad moral.

Señala que el 4 de junio de 2017 fue elegido diputado provincial por el pueblo del Departamento Capital de la Provincia de La Rioja, elección que fue validada por el Tribunal Electoral provincial -órgano jurisdiccional con competencia para ello-, por medio de la expedición del diploma del 10 de octubre de ese año, el cual fue presentado ante la Cámara de Diputados local.

Relata que las autoridades de ese cuerpo lo convocaron para el 24 de noviembre de 2017 a los efectos de prestar juramento, sesión en la cual se aprobaron los títulos y derechos de todos los diputados electos, incluso los suyos, previo dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Destaca que no juró en esa oportunidad porque pidió la postergación del acto debido a las funciones que venía desempeñando como viceintendente del Municipio de La Rioja, por lo que fue citado para la sesión del 14 de diciembre de 2017.

Sin embargo -continúa-, nunca pudo jurar por la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar su incorporación.

Expone que el 25 de enero de 2018 promovió la acción de amparo ya referida ante el Tribunal Superior de Justicia local y que, pese a haberse cumplido diversos trámites, a la fecha de inicio de este proceso se encontraba pendiente de resolución, razón por la cual pidió en reiteradas ocasiones «pronto despacho».

Sostiene que la conducta del cuerpo legislativo de negarle su incorporación es manifiestamente ilegítima y arbitraria, y que el procedimiento seguido es violatorio de normas de la Constitución local (art. 86, segundo párrafo) y del Reglamento interno de aquella cámara (arts.3°, 8° y 11, entre otros), y califica del mismo modo la actuación del Tribunal Superior de Justicia, ya que lo coloca -según esgrime- en un estado de grave denegación de justicia que viola su derecho a la defensa en juicio y le produce un perjuicio moral o político y material evidente (art. 28 de la Constitución provincial).

Pretende asimismo que se declare la invalidez e inconstitucionalidad del decreto del cuerpo legislativo del mes de abril de 2018 por el que se desaprobaron los derechos, el diploma y el título de diputado electo por encontrarse incurso en la causal de inhabilidad moral, así como del procedimiento cumplido para alcanzar esa decisión.

Funda la competencia originaria de esta Corte en su condición de custodia del sistema republicano de gobierno y garante del pleno y autónomo funcionamiento de las instituciones republicanas (arts. 1°, 5°, 116 y 117 de la Constitución Nacional). Cita en tal sentido diversos precedentes del Tribunal que considera aplicables al caso.

Solicita el dictado de una medida cautelar mediante la cual se ordene a la Cámara de Diputados riojana, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, que se abstenga de adoptar cualquier decisión que implique hacer efectivo su reemplazo en el cargo para el que fue elegido por el pueblo de la provincia, o de tomar juramento al diputado electo como suplente, o de proceder de cualquier otro modo a la integración del cuerpo; y que se disponga su acceso al cargo en forma preventiva, para lo cual peticiona que se le ordene a dicha cámara que le tome el juramento de ley y asegure su desempeño regular en la función de legislador provincial.

2°) Que a fs. 327/337 el actor denuncia como hecho nuevo que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja dictó sentencia el 7 de junio de 2019 en la causa «Álvarez, Diego Felipe s/ amparo» (expte.2792/2018/A), en la que se declaró inadmisible la acción de amparo incoada.

Describe los fundamentos del pronunciamiento del Máximo Tribunal local y destaca que no es susceptible de revisión en sede provincial. En este sentido aduce que los plazos que necesariamente insumiría la tramitación de la apelación extraordinaria ante esta Corte frustrarían el derecho a obtener una sentencia definitiva en tiempo útil.

Concluye que, en consecuencia, el agravio constitucional denunciado se mantiene y justifica mantener el pedido efectuado en este proceso ante la instancia originaria del Tribunal.

Sin embargo, a fs. 361 el demandante pone en conocimiento de esta Corte que interpuso el recurso extraordinario federal contra la sentencia dictada el 7 de junio de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia local.

3°) Que en mérito al dictado de la sentencia indicada, el objeto de esta acción ha quedado circunscripto a la ilegitimidad que el actor le atribuye a la conducta asumida por la Cámara de Diputados provincial de impedirle el acceso al cargo de diputado para el que fue elegido, por considerarlo incurso en la causal de inhabilidad moral.

4°) Que cabe recordar que el Tribunal ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia, siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria, toda vez que, de otro modo, en tales ocasiones quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el art. 43 de la Constitución (Fallos: 322:190 ; 323:2107 y 3326 , entre muchos otros).

5°) Que de conformidad con los fundamentos expuestos en el apartado II del dictamen de la señora Procuradora Fiscal de fs. 316/320, a los que corresponde remitir en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias, la presente causa resulta ajena a la competencia originaria prevista en el art.117 de la Constitución Nacional; máxime cuando la pretensión deducida, en las actuales condiciones puestas de resalto en el considerando 2° precedente, exige la revisión de un acto judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de La Rioja, extremo que impide subsumir el caso en los supuestos que habilitan aquella jurisdicción constitucional (conf. Fallos: 323:1217 ; 325:2141 y sus citas).

Tal como se señaló en los precedentes citados, a este Tribunal no le está permitido irrumpir en un caso con relación al cual, por la vía pretendida, carece de jurisdicción. Una conclusión distinta introduciría una absoluta inseguridad jurídica en cuanto significaría transgredir los modos y términos de la legislación de forma. En su caso, será la vía prevista en el art. 14 de la ley 48 la que consolidará la verdadera extensión de la jurisdicción provincial y preservará el singular carácter de la intervención de esta Corte, reservada, en principio, para después de agotada la instancia local.

6°) Que es preciso destacar que en el sub examine no se configuran las excepcionales circunstancias consideradas por el Tribunal en las causas «Unión Cívica Radical de la Provincia de Santiago del Estero c/ Santiago del Estero, Provincia de» (Fallos: 336:1756), «Unión Cívica Radical de la Provincia de La Rioja y otro c/ La Rioja, Provincia de» (Fallos: 342:171 y 343), CSJ 96/2019 «Peronistas sin Fronteras c/ La Rioja, Provincia de s/ amparo», sentencias del 1° y 22 de marzo de 2019, y «Frente para la Victoria – Distrito Río Negro y otros c/ Río Negro, Provincia de» (Fallos: 342:235 y 287 ).

En efecto, en dichas causas se impugnaron actos emanados de los poderes provinciales constituidos que desconocieron de manera ostensible las disposiciones contenidas en los arts.1°, 5° y 123 de la Constitución Nacional, de manera tal que las cuestiones federales propuestas aparecían como exclusivas y excluyentes de cualquier autoridad provincial, a diferencia de lo que ocurre en las presentes actuaciones en las que se debaten cuestiones de índole local que traen aparejada la necesidad de hacer mérito de estas y que requieren para su solución la aplicación de normas de esa naturaleza, como así también el examen y revisión en sentido estricto de un acto judicial de carácter local (arg. Fallos: 245:104; 311:1597; 319:2527; 329:937 , entre muchos otros).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: Declarar que esta causa es ajena a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Notifíquese, comuníquese a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.

Firmado Digitalmente por ROSENKRANTZ Carlos Fernando -Firmado Digitalmente por HIGHTON Elena Ines -Firmado Digitalmente por LORENZETTI Ricardo Luis -Firmado Digitalmente por ROSATTI Horacio Daniel

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