#Fallos Rendición de cuentas: El STJ de CABA dejó sin efecto una resolución de la Cámara Nacional Civil que había denegado un recurso de inconstitucionalidad, y sostuvo que tal remedio procedía contra sus sentencias

Partes: Levinas Gabriel Isaías s/ SAG – otros (queja por recurso de inconstitucionalidad denegado) en/ Ferrari María Alicia y otro c/ Levinas Gabriel Isaías s/ rendición de cuentas

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fecha: 30-sep-2020

Cita: MJ-JU-M-128196-AR | MJJ128196 | MJJ128196

En el marco de un juicio ordinario sobre rendición de cuentas, el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dejó sin efecto una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que había denegado el recurso de inconstitucionalidad, y sostuvo que tal remedio extraordinario previsto en el art. 113 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y en la Ley 402 procedía contra las sentencias emitidas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Sumario:

1.-No sólo el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires debe conocer de causas que traten de la aplicación del derecho local y del derecho común, sino que el Tribunal Superior, como órgano máximo de aquél, debe necesariamente conocer de todos ellos, sea por la vía ordinaria o extraordinaria, cuando exista una cuestión federal, puesto que tanto la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires lo estableció en el art. 113 incs. 3º, 4º y 5º , como así también las Leyes 7 y 402 de la Ciudad de Buenos Aires al reglamentarlos (del voto del Dr. Otamendi).

2.-La potestad de los jueces nacionales de ejercer jurisdicción de índole local está condicionada al mantenimiento del interés federal, por lo que ese ejercicio de la jurisdicción por órganos del estado federal es excepcional (del voto del Dr. Lozano).

3.-Sin perjuicio de la clara y categórica letra constitucional -art. 75 inc. 2 – que le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires facultades jurisdiccionales en los mismos términos que a las provincias, pasó mucho tiempo desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y la adecuación de medios no ha sido razonable ni satisfactoria, pese a que la CSJN ha exhortado en numerosas oportunidades al cumplimiento de dichos medios, e incluso ha modificado sus propios precedentes en aras de coadyuvar al cumplimiento de los mencionados fines y ha calificado de irrazonables las demoras excesivas e injustificadas de los poderes constituidos en cumplir con los mandatos de hacer establecidos en normas constitucionales estructurantes del federalismo (del voto de la Dra. Weinberg).

4.-La definición de las autoridades jurisdiccionales de quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra diluida bajo la intervención de las autoridades nacionales cuya base electoral está distribuida entre todos los habitantes del país, pues son las autoridades nacionales -Consejo de la Magistratura Nacional, Poder Ejecutivo Nacional y Senado de la Nación- quienes todavía eligen a los jueces que ejercen jurisdicción sobre conflictos locales (del voto de la Dra. Weinberg).

5.-Aunque actualmente convivan jueces Nacionales con jueces de la Ciudad aplicando el derecho de fondo, nada obsta a que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ejerza sus competencias constitucionales de la misma manera que ocurre en el resto de las provincias, es decir, ocupando el lugar de último intérprete de la Constitución (del voto de la Dra. Weinberg).

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6.-El Tribunal Superior de Justicia de la CABA conocerá en todas las causas en las que las partes interpongan los recursos que habilitan su jurisdicción conforme los arts. 26 y 32 de la Ley 402 de la Ciudad de Buenos Aires, siempre que las contiendas litigiosas se susciten dentro de los límites territoriales de la Ciudad y en materia ordinaria -ya sea que intervengan jueces nacionales o locales- (del voto de la Dra. Weinberg).

7.-El hecho de que el recurso de inconstitucionalidad no se encuentre contemplado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no es suficiente, por sí, para descartar su aplicación al caso, ya que ningún principio jurídico impone como necesidad que los distintos institutos procesales aplicables a un caso se encuentren contenidos en la misma ley (del voto de la Dra. De Langhe).

8.-No es imposible sostener que, durante el período de transición que demande la consecución de la autonomía jurisdiccional íntegra de la Ciudad, las competencias jurisdiccionales que constitucionalmente le corresponden como Estado local puedan ser ejercidas en forma coordinada y armónica por los tribunales nacionales y por los órganos judiciales locales (del voto de la Dra. De Langhe).

9.-Ningún interés federal puede verse afectado porque los habitantes de la Ciudad puedan someter sus controversias a sus propios tribunales, al igual que lo hacen el resto de los habitantes de la Nación (del voto de la Dra. De Langhe).

10.-El tribunal local -en el caso, el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires-llamado a ejercer la competencia jurisdiccional debatida -una rendición de cuentas- ya existe y funciona normalmente en la órbita local, por lo cual sólo una ensañada reticencia a reconocer a la Ciudad las facultades jurisdiccionales que la Constitución Nacional le ha otorgado en el art. 75 inc. 2 puede sustentar la posición contraria a la procedencia del recurso de inconstitucionalidad interpuesto (del voto de la Dra. De Langhe).

11.-Por vía jurisprudencial no se pueden realizar modificaciones procesales con entidad suficiente como para alterar la estructura institucional de todo un sistema de justicia altamente complejo, cuando, como en el caso, no se ha planteado una cuestión constitucional suficiente (del voto en disidencia de la Dra. Ruiz).

Fallo:

Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. Llega a consideración del Tribunal la queja interpuesta por el Dr. Carlos Alberto Kreimer, en representación del Sr. Gabriel Isaías Levinas (fs. 18/21 vuelta) contra la resolución de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que no dio curso a su recurso de inconstitucionalidad.

2. En el marco de un juicio ordinario sobre rendición de cuentas, en trámite ante el fuero nacional en lo civil, contra la sentencia de Cámara, el demandado interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs.128/138) «para ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (.) con los recaudos exigidos por Ia pertinente ley adjetiva (arts. 27 y 28 de Ia ley 402 de Ia CABA y 113 inc. 2° de Ia Constitución)».

La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil proveyó que «lo peticionado en la presentación no encuentra correlato en las previsiones contempladas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -ley nº 17.454 sancionada el 20/09/1967, t.o. decreto 1042/1981, con las modificaciones introducidas por el Congreso de la Nación mediante las leyes nacionales 23.216, 23.774, 24.454, 24.573, 27.760, 25.453, 25.488, 25.561, 25.587, 25.624, 26.790 y 26.853-, que rige los asuntos ventilados en este fuero, lo que así se hace saber » (fs.

16).

3. En su presentación ante el Tribunal, el Dr. Kreimer sostuvo que la resolución de la Sala A de la Cámara de Apelaciones Civil no constituye una derivación razonada del derecho vigente, particularmente por no respetar la competencia del Tribunal Superior de Justicia para entender en el recurso de inconstitucionalidad intentado, en virtud del fallo de la Corte Suprema de la Nación «Bazán», dictado el día 4 de abril de 2019.

4. La certificación obrante a fs.24 da cuenta de que en los autos principales caratulados «Ferrari, María Alicia y otro c/Levinas Gabriel Isaías s/rendición de cuentas’ expte. n° 7850012015, la parte demandada había presentado un recurso extraordinario federal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Del sistema de consultas web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación surge que se encuentra en trámite el «Recurso de Queja Nº 1 – Ferrari, María Alicia y otro c/ Levinas, Gabriel Isaias s/rendición de cuentas», expte. n° CIV 078500/2015/1.

5. El Fiscal General Adjunto Contencioso Administrativo y Tributario en su dictamen (fs. 34/35 vuelta) concluyó que corresponde rechazar la queja interpuesta.

Consideró que el recurso de inconstitucionalidad que viene a defender la queja resulta improponible, en tanto que el demandado no podía deducirlo en un proceso que tramita por ante la Justicia Nacional en lo Civil, motivo por el cual fue correctamente rechazado por la Cámara de Apelaciones Nacional en lo Civil.

Destacó, asimismo, que en el precedente «Bazán» el máximo tribunal únicamente sentó el criterio según el cual el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es el tribunal superior común para resolver conflictos de competencia entre magistrados del fuero local y de la justicia nacional; y que dicha circunstancia no se verifica en el presente caso en donde no se suscitó un conflicto de competencia, por lo que no cabe acudir al precedente citado para resolver la cuestión.

6. Con posterioridad y ante la manifestación de la demandada de que en el expediente original se estaría ejecutando la condena, el Tribunal decidió, por mayoría, solicitar la remisión de los autos principales, así como la documentación que se encontrara agregada. Con fecha 10 de febrero de 2020 se recibieron del Juzgado Nacional en lo Civil n° 75 las actuaciones solicitadas.

7.El Tribunal resolvió, por mayoría, dar traslado del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el demandado.

Frente a ello, la parte actora contestó solicitando se declare la nulidad de todo lo actuado ante este Tribunal, se declare improcedente el traslado conferido y se devuelva el expediente a su juzgado de origen a fin de continuar con el proceso según su estado.

Fundamentos:

El juez Santiago Otamendi dijo:

1. La queja del señor Gabriel Isaías Levinas debe ser estimada.

2. La cuestión planteada por el señor Levinas -la proponibilidad del recurso de inconstitucionalidad establecido en el artículo 113 inciso 3º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires contra una sentencia de la sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil o, en términos generales, de los recursos para ante este Tribunal establecidos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires contra las sentencias dictadas por los tribunales de la justicia nacional ordinaria cuando los casos involucran la aplicación del derecho común o, incidentalmente, local- debe analizarse a partir de tres consideraciones: la primera, referida al status constitucional de la Ciudad de Buenos Aires y a la amplitud de sus facultades jurisdiccionales; la segunda, relativa a las consecuencias que la amplitud de dichas facultades trae y la tercera, referida a la forma en que la Constitución Nacional y la ley 48 organizan el control de la supremacía de la Constitución Nacional y de las leyes federales lato sensu.

Las primeras dos de esas consideraciones parten de hitos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativos a su comprensión del alcance de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 y de la incorporación de su artículo 129.

3. En este sentido, in re «GCBA c/ Provincia de Córdoba» (Fallos:342:533), el Alto Tribunal, además de caracterizar a la Ciudad de Buenos Aires como una «ciudad constitucional federada» (voto de la mayoría) o de atribuirle el carácter de estado (al igual que las provincias argentinas son estados frente a la jurisdicción federal) (voto del juez Rosenkrantz), estableció expresamente (el voto de la mayoría, y como conclusión de una familia jurisprudencial que referiré más abajo) que las facultades jurisdiccionales de la Ciudad de Buenos Aires conforme lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución Nacional son tan amplias como las de las provincias.

Este axioma ya determinaba las afirmaciones de la Corte (primero de los jueces Lorenzetti y Maqueda y luego de la mayoría) in re «Corrales» (Fallos: 338:1517), «Nisman» (Fallos: 339:1342) y «José Mármol 824» (Fallos: 341:611) en cuanto a que la competencia ejercida, principalmente, por la justicia nacional de la Capital Federal, es no federal (porque trata de la aplicación del derecho común o, incidentalmente, local; que entonces y como en el caso de las provincias argentinas, corresponde a la Ciudad de Buenos Aires conforme lo establecido en el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional; sobre la utilización de la palabra «provincia» como abarcativa de la Ciudad de Buenos Aires en ciertas normas de la Constitución Nacional, entre ellas, los artículos 5º, 75 y 126, cfr. el considerando 4º del voto del juez Rosenkrantz in re «GCBA c/ Provincia de Córdoba» y, asimismo, los votos de los jueces Lozano y Casás en el precedente de este Tribunal in re «GCBA c/ Provincia de Tierra del Fuego», expte.nº 11.162/14, sentencia del 19 de agosto de 2016) y a que su pertenencia al Poder Judicial de la Nación es transitoria, porque debe ser transferida al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires como consecuencia de lo dispuesto en la Constitución Nacional y, concordemente, en la de la Ciudad de Buenos Aires, y las distintas leyes nacionales y locales que consideraron la cuestión.

Así, el diseño institucional que la Constitución Nacional reformada, a través de su artículo 129, establece para la Ciudad de Buenos Aires implica un Poder Judicial con competencia igual a los de las provincias, que conoce de causas que involucran la aplicación del derecho local (como ya ocurre en la actualidad) y del derecho común (como debe ocurrir) (cfr. artículos 5º, 75 inciso 12, 116, 121 a 123 y 129). El objetivo es claro aunque su cumplimiento completo, tras 26 años de la reforma constitucional, casi 24 años de la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y 21 años de la habilitación de la competencia judicial de este Tribunal (cfr. Acordada 1/1998, artículo 2º), definitivamente lento.

4. Ahora bien, en otro orden complementario de ideas, la configuración concreta de ese diseño institucional tiene, para la Ciudad de Buenos Aires (o más bien, no puede resultar ajena a), las mismas limitaciones que para las provincias argentinas, originadas en la forma en que la Constitución Nacional (cfr. artículos 5º y 31) y la ley 48, en la interpretación que el Alto Tribunal realizó de ellas en «Strada» (Fallos: 308:490) y «Di Mascio» (Fallos:311:2478), organiza el control de la supremacía de la Constitución Nacional y de las leyes federales lato sensu; limitaciones que, incluso, tienden a garantizar plenamente las facultades jurisdiccionales reservadas para sí por las provincias.

En dichos ya clásicos precedentes, la Corte estableció que la intervención de los tribunales superiores de provincia es necesaria, sea por la vía de los recursos ordinarios o extraordinarios instituidos en las leyes locales, a fin de cumplir con el requisito de que el recurso extraordinario federal se interponga contra la sentencia del tribunal superior de la causa en los casos provenientes de la justicia provincial, y que «las legislaturas locales y la jurisprudencia de sus tribunales no pueden vedar el acceso a aquellos órganos, en tales supuestos» (cfr. considerando 14 de «Di Mascio»), esto es, cuando exista una cuestión federal (que comprende, conforme lo establecido en Fallos: 310:324, la arbitrariedad de sentencias).

Por lo tanto, no sólo el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires debe conocer de causas que traten de la aplicación del derecho local y del derecho común, sino que este Tribunal, como órgano máximo de aquél, debe necesariamente conocer de tod os ellos, sea por la vía ordinaria o extraordinaria, cuando exista una cuestión federal, como ya ocurre en la actualidad en los casos referidos en primer término, puesto que tanto la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires al establecerlos (cfr. artículo 113 incisos 3º, 4º y 5º) como las leyes nº 7 y 402 al reglamentarlos y este Tribunal al interpretarlos, particularmente en cuanto al recurso de inconstitucionalidad, lo han hecho de conformidad con la doctrina reseñada.

5. Finalmente, in re «Bazán» (Fallos:342:509), el Alto Tribunal (por mayoría) no sólo reiteró buena parte de los conceptos ya descriptos sino que, a partir de la falta de avance comprobada en la transferencia de la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y a sus consecuencias respecto del perfeccionamiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, de las relaciones intrafederales y, muy relevantemente, del derecho de las porteñas y los porteños a someter sus controversias a una justicia propia; se fijó un criterio de actuación («este Tribunal debe continuar adecuando su actuación a aquella que le impone el texto de la Constitución Nacional, más allá de que el Estado Federal y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perpetúen la situación descripta») y atribuyó a este Tribunal la competencia para conocer en los conflictos de competencia que se generan entre dos órganos jurisdiccionales con competencia no federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

6.Ese criterio de actuación, a mi juicio, es el que debe regir la conducta de este Tribunal en el presente caso.

En su recurso de inconstitucionalidad (más allá de lo que se decida oportunamente), el señor Levinas alega que la sentencia de la sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que recurre, dictada en una causa que involucra la aplicación del derecho común o, en otros términos, ejerciendo una competencia que constitucionalmente corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y a su Poder Judicial, es arbitraria e implica una violación a su derecho de defensa en juicio tutelado por las Constituciones Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.

En su queja, solicita a este Tribunal que cumpla respecto de esa decisión (y, por carácter transitivo, de todo el universo de sentencias dictadas en las mismas circunstancias) con la misión que tanto la Constitución Nacional y la ley 48 como la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes nº 7 y 402 ya hoy le encomiendan, entre otras, como órgano máximo del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.Una misión tan esencial (por necesaria) de la que, conforme lo sostenido por la Corte in re «Di Mascio», ni las leyes locales podrían privarlo.

Ciertamente, y a esta altura del desarrollo de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, tampoco puede seguir haciéndolo un estado de cosas transitorio que se mantiene indefinidamente en el tiempo.

Por ello, corresponde declarar que este Tribunal Superior de Justicia conocerá de los recursos de inconstitucionalidad y ordinario de apelación para ante él y de las quejas por su denegación establecidos en el artículo 113, incisos 3º, 4º y 5º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y reglamentados por las leyes nº 7 y 402 que ya se hubieran interpuesto y estuvieran en trámite o que se interpongan a partir de la presente contra las sentencias dictadas por tribunales de la justicia nacional de la Capital Federal ejerciendo facultades jurisdiccionales que constitucionalmente correspondan a la Ciudad de Buenos Aires y a su Poder Judicial, cuando se alegue la existencia de una cuestión federal.

7. Una última consideración.De la lectura de esta decisión surge claramente su arraigo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de cuya interpretación sistemática se sigue necesariamente.

Una jurisprudencia que, respecto del alcance de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires (y, paradigmáticamente, de sus facultades jurisdiccionales), ha evolucionado firmemente (junto con la doctrina constitucional argentina toda) desde sus primeros precedentes y una visión, si se quiere, restrictiva, a la visión que surge de las sentencias reseñadas en los considerandos 3º y 5º, entre otras, decididamente amplia y que, además, es la visión que el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a través de sus convencionales constituyentes estableció en nuestra Constitución y cuya realización es un mandato permanente hacia sus poderes constituidos.

Se trata de una decisión que tiene en cuenta la realidad actual de la transferencia de la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y que permite el avance del cumplimiento de los objetivos de las Constituciones Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires y de las leyes federales y locales, ambas pautas interpretativas subyacentes al criterio de actuación que el propio Alto Tribunal se fijó in re «Bazán» (2019) y que este Tribunal, en cuanto le compete, no hace sino acompañar.Un criterio de actuación que es corolario de los precedentes «Corrales» (2015); «Nisman» (2016); «José Mármol 824» (2018) y «GCBA c/ Provincia de Córdoba» (2019) y de la intensidad progresiva pero constante con que la Corte ha venido insistiendo, durante el último lustro (primero con una exhortación a los Gobiernos federal y de la Ciudad de Buenos Aires y luego con acciones concretas) en la necesidad del perfeccionamiento completo y cercano en el tiempo de la transferencia y de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en ese aspecto.

Por supuesto y, en definitiva, será el propio Alto Tribunal el que juzgará, por las vías procesales correspondientes, si la comprensión que este Tribunal ha hecho de su jurisprudencia es o no la correcta.

8. En consecuencia, se hace lugar a la queja del señor Levinas y se deja sin efecto el auto de la sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que, implícitamente, denegó su recurso de inconstitucionalidad (obrante en copia a fs. 16 del recurso de hecho). Reintégrese el depósito de fs. 17.

Atento la continuidad de la tramitación del caso ante la primera instancia por vía de incidente de ejecución y a la existencia de una queja por recurso extraordinario federal denegado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por Secretaría de Asuntos Generales, líbrese oficio electrónico al juzgado nacional en lo civil nº 75 y al Alto Tribunal comunicando la presente.

Habiéndose recibido el principal y sustanciado ante el Tribunal el recurso de inconstitucionalidad del señor Levinas, córrase nueva vista a la Fiscalía General para que se pronuncie sobre aquél.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Con base en el precedente «Bazán» (Fallos 342:509), el recurrente articuló un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de la Sala A de la Cámara Nacional en lo Civil. El recurso fue denegado en estos términos:»[l]o peticionado en la presentación a despacho no encuentra correlato en las previsiones contempladas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -ley N- 17.454 sancionada el 20/09/1967, t.o. decreto 1042/1981, con las modificaciones introducidas por el Congreso de la Nación mediante las leyes nacionales 23.216, 23.774, 24.454, 24.573, 27.760, 25.453, 25448, 25.561, 25.587, 25.624, 26.790 y 26.853, que rige los asuntos ventilados en este fuero, lo que así se hace saber» (cf. fs. 16).

El recurrente vino en queja exponiendo su visión según la cual, el hecho de que los ciudadanos porteños se vean impedidos de acceder a la última instancia revisora local, como paso previo a acudir ante la CSJN, no se compadece con la doctrina que emana del precedente «Strada» (Fallos 308:480), según la cual la sentencia definitiva que habilita la intervención del máximo tribunal de la república, es el Tribunal Superior de cada jurisdicción; y, con arreglo a Bazán, éste es el Superior Tribunal a que se refiere el art. 14 de la ley 48.

2. Ciertamente, «Bazán» no tenía necesidad de pasar por la resolución estricta del punto y, como es propio del ejercicio de la función judicial, no lo hizo, ni en un sentido ni en el otro.

La CSJN apoyó la decisión, en el art. 24 inc.7 del decreto-ley 1285/58. A ese respecto, dijo: «cons. 17 [.] El alcance del imperativo legal definido en el citado decreto-ley para «conocer» en estas cuestiones puede, razonablemente, entenderse abarcativo de una doble atribución:a) dirimir directamente el conflicto de competencia entre dos órganos jurisdiccionales que carecen de un superior jerárquico común, o b) definir1 quién deberá conocer en el conflicto de competencia».

Asimismo, indicó que su elección no estaba inspirada en la economía de energías que todo tribunal cimero debe tener presente para poder atender su misión de modo adecuado; sino que lo hizo interpretando el decreto-ley 1285/58: «a la luz del claro mandato constituyente de conformar una Ciudad de Buenos Aires con autonomía jurisdiccional plena».

Al poner en acto la facultad de resolver por sí la contienda o definir qué órgano debería hacerlo, entre órganos que, hasta ese momento, consabidamente, no tenían un superior común, la Corte no parece apartarse de la idea de identificar ese superior común sino, por el contrario, definirlo a la luz de dar pleno efecto a la autonomía jurisdiccional prevista por el constituyente nacional, es decir dando cuenta del plexo normativo completo insertando su expresión reglamentaria en el contexto que la informa.

La cuestión aún no resuelta viene propuesta en esta ocasión, y consiste en decidir si, a partir de los conceptos fijados en el detenido análisis hecho en «Bazán», el tribunal superior del que indefectiblemente se debe requerir pronunciamiento para cumplir la exigencia contenida en el precedente «Di Mascio» y «Strada», a fin de asegurar la ulterior posibilidad de acudir al recurso del art. 14 de la ley 48, es el TSJ de la CABA. Dicho en otras palabras, si el Tribunal Superior de Justicia es el superior tribunal de la causa o solamente u n órgano en el que la Corte Suprema decidió delegar la potestad de dirimir contiendas de competencias suscitadas a propósito de causas locales.

3. Este Tribunal se ve ante un dilema cuya resolución no es sencilla.

Como es frecuente, debe estar atento a la Suprema Ley de la Nación, asumiendo a su respecto la doctrina del máximo órgano Judicial que la Constitución Nacional creó, la CSJN.Más allá de nuestras propias convicciones, nuestro deber es buscar guía en la autoridad de la CSJN, pues ese es el modo en que la Constitución Nacional ha estructurado la institucionalidad de nuestra Nación. Ese es, pues, el modo de brindar el mejor servicio a quienes acuden a la Justicia para obtener resoluciones antes que opiniones ilustradas, si las nuestras lo fueren.

Es por ello que, en el mejor servicio de los litigantes, no podemos ni eludir la competencia que nos postula ni asumirla, impulsados por un mero entusiasmo.

En cualquier caso, será previsiblemente la CSJN quien decidirá de modo final la cuestión.

4. El precedente «Bazán» contiene un análisis meditado de la cuestión que resolvió, sopesando el impacto del transcurso del tiempo y mostrando el carácter progresivo que resulta de poner en secuencia distintos pronunciamientos que abordan la función jurisdiccional reconocida, en el art. 129 de la Constitución Nacional, como propia de la CABA. Habría bastado remitir al art. 24 inc. 7 del decreto-ley 1285/58 para fundar la solución. Pero, no podemos suponer que el resto del contenido de la sentencia no contribuye a estructurar esa solución.

9 5. La definición que funda «Bazán» tiene un solo y natural posible recipiendario. Por una parte, y más allá de los conceptos contenidos en «Bazán», no parece ocioso reparar en que todo un universo de potenciales recipiendarios, de los que en verdad no se ocupó expresamente la Corte, no habría podido ser investido con esa competencia.

Es que, en verdad, la definición del órgano que debe atender la competencia contemplada en el art. 24 inc. 7 aplicado debe ser distinguida de una delegación.Ciertamente, la CSJN fue precisa en elegir la idea de «definir» el órgano que «deberá conocer», no un órgano en quien «delegar». No es sencillo concebir la competencia atribuida a la CSJN por dicho artículo como susceptible de delegación, mientras que, en ocasiones especiales bien distinta de estas, la CSJN ha acudido a delegar el ejercicio de competencias, por ejemplo, la ejecución de la sentencia emitida in re «Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros» , Fallos 331:1622. Por ejemplo, no parece concebible una delegación en una autoridad no judicial, menos aún que el decreto-ley 1285/58 pudiera ser interpretado en el sentido de guiar hacia semejante selección.

Tampoco toda autoridad judicial podría recibirla o ser definida como la que la norma escoge. Así, no parece concebible investirla en una de otro estado local, porque supondría poner un Poder Judicial local por encima del otro, si se escogiera a uno de los dos contendientes.

Si, por ejemplo, en una contienda entre un juez de Santa Fe y uno de Córdoba, se confiara la decisión al primero. Esta solución supondría expandir los alcances de una jurisdicción local por fuera de lo que reservan por la Constitución Nacional. Elegir a una jurisdicción no contendiente sería quizás más paradójico, pero, con idéntico defecto.

Tampoco en una del Poder Judicial de la Nación. En líneas generales, las contiendas de competencia no pueden ser categorizadas como litigios entre partes de distinta vecindad ni aun cuando se desarrollaren entre jueces de distinta provincia. Su solución está expresa- mente encomendada a la CSJN por el decreto-ley 1285/58.

Entre esta clase de contiendas, la CSJN distinguió, como supuesto muy específico, el que ocurre en la CABA entre jueces de distintos estados, Nación y CABA, y aun nacionales entre sí2, pero, ambos ejerciendo competencias que el art.129 de la CN atribuye a un mismo estado, el local (doctrina de los precedentes «Corrales», Fallos 338:1517, y «Nisman», Fallos 339:1342).

Aunque no sea del caso preguntarse por la constitucionalidad de semejante solución, señalo, a manera de digresión, que el Congreso no habría podido articular un mecanismo de resolución para esta clase de conflictos que atribuyese la competencia para resolver contiendas entre dos Poderes Judiciales de distintos estados locales, ejerciendo cada uno de ellos las funciones judiciales de los estados que los instituyen, a uno de ambos jueces. Ello así, porque poner uno de esos Poderes Judiciales por sobre el otro supondría poner un estado local por sobre el otro. Esta clase de intervención no está contemplada dentro de los poderes enumerados de la Nación, no constituye un poder que le haya sido delegado (arg. art. 121 de la CN) y, en última instancia, de haberlo sido, no constituiría una modalidad dentro del régimen federal sino, lisa y llanamente, su destrucción. Lo cierto, es que el sistema normativo que tuvo en consideración la CSJN y que nos toca aplicar no contiene norma con ese contenido.

La doctrina que, in re «Bazán», dio competencia al TSJ para resolver la contienda entre juez del PJ de la Nación que ejerce competencias que no son las del art. 116 de la CN sino las locales y juez local fue aplicada también, y por igual, como dije más arriba, a contiendas entre jueces nacionales, investidos de competencias locales.3 En línea directa con la doctrina expuesta in re «Corrales», la CSJN asumió que, a los fines de dirimir la contienda de competencia en causas de un mismo estado local, lo definitorio es la índole de la competencia. Si esa competencia es de un mismo estado local -a diferencia de las que siendo de naturaleza local, pero, pertenecientes a dos estados locales distintos, a las que me referí más arriba- pueden ser atribuidas al que las ejerce en grado mayor.Lo significativo de que la solución de «Bazán» sea la misma mientras la causa sea local, con independencia de que la contienda quedare trabada entre dos jueces nacionales o uno nacional y otro local, en mi opinión, es que está indisolublemente ligada a la inteligencia de que, en materia local, existe un tribunal superior a todos los otros, cualquiera fuere el estado instituyente. Ello alinea la idea de superior tribunal del art. 24 inc. 7 aplicado a la de la autonomía del art. 129 de la Constitución Nacional y la progresiva transferencia en la que reposó la idea de garantizar el interés federal asegurando el servicio, antes que federalizándolo, que adoptó la ley 24588.

En este orden de ideas, el interés federal que el PL nacional puede garantizar mientras la CABA sea capital de la República Argentina constituye la excepción a la regla del art. 129 de la CN. Como tal debe ser interpretado en su alcance estricto. Cabe entender que consistió en asegurar el mantenimiento del servicio de justicia, puesto que se sujetó la gestión por el GCBA a convenios, pero, no a la voluntad de federalizar el derecho común, lo que habría supuesto eliminar la reserva del art. 75 inc. 12 en el ámbito de la CABA, cosa que el Congreso no hizo, ni aun obrando al mismo tiempo como legislatura local.

3 Un ejemplo de ello lo constituye el precedente «Sotto, Damián Gabriel c/ La Segunda ART SA s/ accidente – acción civil s/ conflicto de competencia I», Expte.no 17475/19, sentencia del 2 de septiembre de 2020, entre muchos otros.

Teniendo en mira el contenido de la Constitución Nacional, la ley 24.588 y el decreto-ley 1.285/58 es que la CSJN decidió que la resolución de las contiendas de competencias, entre jueces nacionales y locales -a propósito de la aplicación de potestades jurisdiccionales cuya naturaleza local no está en tela de juicio, y, por cierto, no podría ser alterada invocando el interés federal, pues no hay tal interés en modificar la Constitución Nacional por una vía distinta a la prevista en su art. 30- podía reposar en un tribunal investido naturalmente de esa función jurisdiccional local, en el máximo nivel de jerarquía, por el pueblo al que la Ley Suprema de la Nación reconoce la potestad de investirla en un órgano judicial.

Está investido naturalmente, porque su jurisdicción está contemplada por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como único órgano creado en ese mismo cuerpo. Su existencia y la jurisdicción del art. 113 no dependen de decisión legislativa, menos aún de la nacional, cuyo surgimiento está condicionado a la existencia de un interés federal legítimo. A su turno, desplazar a un órgano de la CABA sustituyendo sus atribuciones por las de uno federal supone ejercicio no ya del poder de garantizar el interés federal sino del de intervenir nuestro estado, poder cuyo ejercicio está sometido a las reglas del art. 75 inc. 31 de la CN. La potestad de los jueces nacionales de ejercer jurisdicción de índole local está condicionada al mantenimiento del interés federal, a que el medio de garantizarlo sea necesario – necesidad que el transcurso del tiempo pone en crisis, según lo expuso el precedente «Bazán»-, por lo que ese ejercicio de la jurisdicción por órganos del estado federal es excepcional. La única razón por la que no ha sido categorizada como intervención del art.6 de la CN es que esos tribunales venían ejerciéndola como jurisdicción determinada por el Congreso como legislatura local. Aunque por ley 13.998 fueron integrados orgánicamente al Poder Judicial de la Nación, el Congreso no pudo convertirlos en jueces federales. Hasta pudo sujetarlos a un modo de designación distinto al de los jueces del art. 108 de la CN, como de hecho ocurría en el régimen de la ley 1893.

El carácter máximo de la jerarquía del Tribunal no requiere exposición detenida.

Tampoco, quizás, la legitimidad del mandato, pero, a riesgo de exponer lo obvio, lo haré partiendo de la clásica distinción de legitimidad de origen y de ejercicio. La segunda asiste, en mi opinión, a todos los jueces que ejercen competencias locales en la CABA. Más allá de las su spicacias, que a veces se busca apoyar en encuestas de opinión pública acerca de la imagen de la Justicia, y aun del público conocimiento de supuestos de desempeños individuales defectuosos o comportamientos, de algunos jueces, reñidos con el decoro, acontecimientos, por lo demás, tan conjeturables en la vida de las instituciones que las normas constitucionales prevén cómo manejar, lo cierto es que tanto uno como otro Poder Judicial gozan de una reputación suficiente, ganada en el ejercicio de sus atribuciones, y que vienen resolviendo pacíficamente las controversias entre los llamados «justiciables» de la CABA y sirviendo de natural referencia a quienes acuden exitosamente a medios alternativos de solución para sus conflictos. Pero, cuando examinamos los actos de investidura, uno de ellos emana de órganos del pueblo argentino y otro del de CABA. Cierto es que el pueblo de la CABA interviene en ambos; pero, su influencia pasa de determinante -en el caso de los jueces locales- a absolutamente minoritaria, cuando se nombra a uno nacional.

Esta es la misma situación que ocurre en una intervención federal a una provincia. Si está designado conforme a las reglas de la CN, el interventor exhibe legitimidad de origen.Pero, siempre y cuando no pretenda desempeñarse como representante del pueblo de la Provincia intervenida. Es que su legitimidad de origen difiere de la de los representantes legítimos del pueblo de la Provincia, que integra el de la Nación, pero, que no ha delegado en sus compatriotas la totalidad de sus derechos políticos sino sólo aquellos enumerados (Art. 121 de la CN). Esto motivó que la CSJN fulminara el intento de convocar a una reforma de la Constitución de la Provincia de Santiago del Estero llevado a cabo por el interventor federal (Fallos 327:3852). Su legitimidad de origen llegaba a atender los asuntos urgentes, no los que hacían a la elección del proyecto de vida en común de nuestros hermanos santiagueños, a los que naturalmente no tenemos que explicar cómo vivir, que ya saben ellos cómo hacerlo. Sólo cabía a la autoridad federal superar el fracaso, de las instituciones santiagueñas de aquel momento, en cumplir con el art. 5 de la CN.

6. La interpretación que llevó a la CSJN a sentar la doctrina «Bazán» puede ser vista como una interpretación dinámica del conjunto normativo sobre cuya sistematización se basa. Efectivamente, sin mediar modificación de la normativa, supera la solución anterior, a cuyo amparo el Máximo Tribunal se veía abocado a ejercer su jurisdicción, a propósito de disputas en cuanto a la radicación de causas de jurisdicción local dentro de un territorio correspondiente a un único estado local. Una jurisdicción ciertamente anómala en nuestro esquema federal, anomalía que el precedente «Bazán» supera.

A su turno, no se trata de haber recapacitado acerca de una interpretación formulada en el pasado y sustituida por otra que, en el presente, estima preferible.Se trata, por el contrario, de asumir que la interpretación que fue correctamente adoptada en el pasado debe ser readecuada al presente, teniendo en cuenta la alteración sufrida por el escenario en el transcurso del tiempo.

La interpretación dinámica se presenta, a veces, emparentada con el activismo judicial y, pesan sobre ella las suspicacias (al igual que los entusiasmo) que el activismo suscita.

En la versión extrema de Robert Bork, toda interpretación que se aparte del sentido (originario) que el autor dio a la norma es fruto del activismo. En esta versión, la interpretación dinámica está más emparentada con el activismo que en otras, casi identificada con él. Sin ánimo de ahondar en la polémica, diré que algunos reconocimientos del impacto del tiempo son comprensibles y/o tolerables para todos los juristas. Por ejemplo, la noción de «buque» empleada en los arts. 10 y 11 de la CN comprende hoy día las aeronaves que difícilmente hayan sido consideradas por los redactores originarios.4 ¿Qué nos lleva a entender que ineludiblemente las aeronaves -y, en verdad, otros medios de transporte- están contempladas dentro de la prohibición de gravar esos artículos? Las razones pueden ser variadas y convergentes, pero, parece indudable que la finalidad de constituir un territorio aduanero único, finalidad que quedaría aniquilada si admitiéramos distinciones entre los vehículos, es dirimente.

El camino reflexivo que llevó a «Bazán» y el que «Bazán» puede desencadenar a partir de la presentación sub examine son menos evidentes que el que ha suscitado general aceptación doctrinaria en cuanto a los arts. 11 y 12.Pero, aquí también las consecuencias de no profundizar «Bazán» llevan a mantener un desequilibrio ahora totalmente injustificado y, más aun, incrementado.

En efecto, los «justiciables» de la CABA no solamente no pueden determinar quiénes son sus jueces naturales, invistiéndolos de la función de disponer de su libertad y patrimonio con arreglo a cómo interpretan el derecho, cosa que no parece posible sin declarar la inconstitucionalidad de la ley nacional 24.588, sino que no verían adoptada una interpretación posible de esa ley que es la que más se conforma con la CN, especialmente a la luz de los conceptos vertidos in re «Bazán».

La ley 24.588 recuerda el principio según el cual «.la Nación conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires, y es titular de todos aquellos bienes, derechos, poderes y atribuciones necesarios para el ejercicio de sus funciones» (art. 2). El poder atribuido a la CABA por el art. 129 es el de gozar de: «. facultades propias de legislación y jurisdicción .».

El espectro de esas facultades no puede diferir del de cualquier provincia. Por una parte, huelga abundar en ello, no sería concebible que tuvieran una mayor extensión. Por la otra, el Congreso ha cesado como legislatura local, a partir de lo que prevé la cláusula transitoria séptima5, desde el comienzo de la vigencia de la reforma constitucional de 1994.Si, en esas condiciones, se supusiera que la CABA no tiene las mismas potestades legislativas y jurisdiccionales que las demás provincias, habría que suponer que esas potestades yacen no ya dormidas (al decir de Marshall) sino inertes, pues han sido eliminadas de la panoplia de cualquier estado, ya que no las conserva el Congreso y sería impensable asignarlas a otra provincia.

El Congreso se ha reservado, en miras a garantizar el interés federal, que «[l]a justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación» (art. 8 de la ley 24.588). No ha intervenido el Poder Judicial de la CABA sino dejándolo funcionar en todo lo que no es esa justicia nacional retenida.

El precedente «Bazán» asume la necesidad, derivada del art. 129 de la CN, de interpretar restrictivamente este precepto, lineamiento cuya imperatividad se ve incrementada por el paso del tiempo. Este transcurso ha visto el desarrollo de las instituciones de la CABA y la paralela desaparición de lo que al tiempo de promulgada la ley 24.588 pudo ser el interés federal en la continuidad de las instituciones que había desarrollado hasta 1994 como gobierno local (arg. Art. 67 inc. 27 de la CN 1860 y 75 inc. 30 de la presente).

A su turno, dar el pleno efecto al art. 129 de la CN, según lo manda una regla interpretativa inveteradamente aceptada -Fallos 281:146; 297:142; 303:248, 306:940, entre muchos otros-, lleva a que la institución local legítimamente investida de la atribución de pronunciarse en las causas de jurisdicción local aplicando la Ley Suprema de la Nación y la Constitución de la CABA sea puesta en el uso de los poderes que puede recibir y le han sido otorgados por las normas locales en condiciones de aplicarlos uniformemente a quienes tienen derecho a recibir Justicia de la CABA.

En esta línea se orientaba el proyecto de ley propulsado por la entonces diputada Juliana Marino.Ese proyecto preveía el traspaso paulatino de las estructuras nacionales correspondientes a competencias propias de la CABA al mismo tiempo que dejaba operativo inmediatamente al Tribunal Superior de Justicia en los términos que seguidamente transcribo.

«Art. 1.- Sustitúyese el texto del art. 2º de la Ley 24.588 por el si- ARTICULO 2° : En su territorio, asisten a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) todos los poderes no atribuidos por la Constitución Nacional a la Nación, en tanto no queden reservados a la Nación por la presente, en lo necesario para el ejercicio de sus funciones. Esta reserva caducará si la Nación traslada su capital.

Art. 2.- Sustitúyese el texto del art. 3º de la Ley 24.588 por el siguiente:

ARTICULO 3º – Continuarán bajo jurisdicción federal todos los inmuebles sitos en la Ciudad de Buenos Aires que sirvan de asiento a los poderes de la Nación. En los restantes inmuebles de su dominio público, la Nación la ejercerá, con el alcance del art. 75 inc. 30 de la CN, tan sólo en aquellos aspectos necesarios para el cumplimiento de los fines federales a los que sean efectivamente aplicados.

Art. 3.- Sustitúyese el texto del art. 5º de la Ley 24.588 por el siguiente:

ARTICULO 5º – La Ciudad de Buenos Aires, será continuadora a todos sus efectos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 4.- Sustitúyese el texto del art. 8º de la Ley 24.588 por el siguiente:

ARTICULO 8º – 8.1. Corresponden a la Ciudad de Buenos Aires todas las facultades de jurisdicción que le asigna el art. 129 de la CN, facultades que comprenden todas las categorías que la CN reserva a las provincias, cuando las cosas o las personas caigan bajo jurisdicción de la Ciudad. El Estado Nacional y el GCBA celebrarán, un convenio para transferir las estructuras de personas, bienes y servicios que componen la justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires.

8.2.Entretanto, la justicia será administrada por los jueces nacionales en nombre de la Ciudad. El Tribunal Superior d e Justicia de la Ciudad de Buenos Aires será el superior de la causa a los fines del art. 14 de la Ley Nacional n° 48 respecto de todas las que tramiten ante jueces nacionales que ejerzan competencias reconocidas a la Ciudad de Buenos Aires por el art. 129 de la CN, a cuyo respecto esta ley no contiene reserva alguna. La jurisdicción del TSJ se regirá por la Constitución y las leyes de la Ciudad de Buenos Aires.

8.3. Cada competencia de las que actualmente ostentan los tribunales nacionales en asuntos que por el art. 129 de la CN competen a la Ciudad de Buenos Aires cesará a partir del momento en que la Ciudad comience a ejercerla con sus órganos propios.

Art.- 5.- Sustitúyese el texto del art. 10º de la Ley 24.588 por el siguiente:

ARTICULO 10. – 10. 1. El Registro de la Propiedad Inmueble quedará bajo dependencia de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 1 de enero de 2008.

10.2. La Ciudad de Buenos Aires tiene con arreglo al art. 129 de la CN facultades para organizar su propio servicio de registro, autorización y policía de las personas jurídicas. A fin de lograr mayor eficiencia, el Estado Nacional y el GCBA celebrarán un convenio a fin de transferir aquellas estructuras de la Inspección General de Justicia que sean innecesarias al Estado Nacional y la Ciudad estime útiles. El convenio podrá contener acuerdos temporarios acerca de qué competencias seguirán ejercidas exclusivamente por la Nación y cuáles por el GCBA.

Art. 6.- Deróganse los arts. 4, 9, 12, 13 Y 14. de la Ley 24.588.

Art. 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.» 7. En suma, el precedente «Bazán» identifica al Tribunal Superior de Justicia como el órgano máximo del Poder Judicial al que la CN reconoce como natural depositario de la función jurisdiccional local.Sobre esa base, le ha confiado la resolución de contiendas de competencias entre todos los jueces que ejercen las mismas clases de competencias para el mismo territorio de la CABA. Es decir, ha asumido el criterio según el cual un órgano local puede sobreponer su decisión sobre el nacional, cuando se trata del ejercicio de las competencias naturalmente asignadas al local. Queda por saber si el mismo criterio corresponde a la revisión de sentencias por la vía del recurso extraordinario local. Más precisamente, si el precedente «Di Mascio» impone, a partir de la doctrina «Bazán», acudir al Tribunal Superior de Justicia, máximo órgano judicial local, para asegurar el derecho a obtener la revisión del art. 14 de la ley 48 de la Nación, frente a sentencias de la justicia retenida por el at. 8 de la ley nacional 24.588.

Como dije, el dilema no viene aun despejado por la CSJN. Empero, ya no cabe formular reparo con apoyo en que se trata de dos diferentes Poderes Judiciales. Tampoco existe en el texto de la ley 24.588 una retención expresa que tenga ese alcance y, como vimos, las modificaciones que el escenario que nos ocupa ha tenido en el transcurso de los más de veinticinco años transcurridos desde la sanción de la reforma constitucional aconsejan la interpretación según la cual dicho art. 8 dice lo que estrictamente dice, esto es, que la Nación mantiene en funcionamiento una organización que imparte el servicio de justicia que la CN encomienda a la CABA.No dice, en cambio, que ese servicio sea incompatible con el que está organizado en la CABA, incompatibilidad que no cabe ya derivar a la pertenencia a distintos estados.

En otras palabras, el interés federal queda bien resguardado por la subsistencia del servicio sin que quepa suponer, por el sólo texto de la ley 24.588, que la concurrencia de un órgano local afecte ese interés.

Visto desde el otro ángulo, una respuesta negativa, es decir, una consistente en no aplicar «Di Mascio» a las sentencias del servicio ordinario de justicia retenido por el art. 8 de la ley 24.588, supone mantener un desequilibrio -que «Bazán» lejos de mitigar habría dejado más expuesto- habida cuenta de la diferente extensión que tiene el derecho a la defensa en juicio para los habitantes de la República Argentina, según que la reciban de la CABA o de otro estado local.

En este sentido, las potestades de la CSJN de revisar, finalmente y a la luz de la Ley Suprema de la Nación, las decisiones de todo superior tribunal local no se verían afectadas por la revisión que este Tribunal hiciera. En cambio, es previsible que la circunstancia de no estar sujetos a la reserva del art. 75 in. 12 así como la puramente práctica, pero no por ello dotada de menor virtualidad, de que nuestro volumen de servicio es minúsculo comparado con el de la CSJN, hacen previsible que los «justiciables» reciban una justicia, si no más sabia -porque no podemos garantizar nuestra mayor sabiduría-, al menos más ponderada que la que les toca actualmente, porque, al igual que en todas las provincias, un órgano más examinará sus agravios, y, además, uniforme en los criterios, ya que ese órgano final es el mismo para toda la jurisdicción.

8. Finalmente, pienso que la cuestión tendrá que ser encauzada con el cuidado propio de los cambios de jurisprudencia.A ese fin, la CSJN ha adoptado soluciones acordes con los cambios que introdujo.

Pienso que la que aquí se adopta facilita antes que obstaculiza la solución final puede provenir de la CSJN.

Ilustra acerca de la situación que nos ocupa el modo en que la CSJN ha puesto en funcionamiento giros jurisprudenciales de significativa importancia. Es criterio habitual hacer inmediata aplicación de la doctrina fijada en un fallo a controversias que caen dentro de su ámbito.

Ello así, porque no se trata de aplicar nuevas reglas a conductas pasadas sino las reglas entonces vigentes aunque interpretadas del modo en que, en el presente, se las estima mejor interpretadas. Pero, cuando se trata de la interpretación novedosa de reglas procesales y, más aún, cuando se aparta alguna de ellas por aplicación del principio lex superior, para dar mayor armonía con lo que establece la Suprema ley de la Nación o por inconstitucionalidad, eso lleva a que, quienes litigaron teniendo como referencia la doctrina sustituida, queden expuestos a los efectos de su desaparición cuando ya han desarrollado el debate y escogido los medios de impugnación conforme las reglas interpretadas según la doctrina imperante al tiempo que ejercieron su defensa. La aplicación inmediata de la nueva doctrina, sobre la base de que las normas son las mismas, pero, más exactamente interpretadas, puede convertirse así en una reformulación de las reglas frustrando sorpresivamente el ejercicio de la defensa, tanto como ocurriría en caso de ser aplicada no inmediata sino retroactivamente una ley procesal. Para evitarlo, la CSJN adoptó el criterio de fijar el comienzo de la vigencia de la nueva doctrina de modo que pudiese ser conocida en tiempo oportuno por los litigantes, haciendo su aplicación compatible con el ejercicio del derecho de defensa. Repaso algunos a manera de ejemplo.

En «Strada» (308:490) abandonó la doctrina tradicional según la cual la ley de la provincia podía prever que fuera el superior tribunal de la causa a que se refiere el art.14 de la ley 48 un tribunal inferior al máximo de la jurisdicción, y comenzó a exigir que proviniese de este último.

Ese cambio de jurisprudencia no privó al recurrente de llegar a la CSJN, pues había articulado sendos recursos extraordinarios federales, uno contra la sentencia de la Cámara y otro contra de la Corte de la Provincia. La CSJN sólo atendió este segundo. Poco tiempo después, en Tellez (308:552), la parte había articulado el REF contra la sentencia dictada por el juez de la primera instancia, temperamento que le habría sido adecuado hasta «Strada». Aunque la CSJN declaró inadmisible el recurso, a cuyo fin le habría bastado citas «Strada», lo hizo por ausencia de materia federal, al tiempo que estableció que «. las nuevas pautas jurisprudenciales contenidas in re ‘Strada’, sólo habrán de ser puestas en juego respecto de las apelaciones extraordinarias federales dirigidas contra sentencias notificadas con posterioridad a ese precedente» (consid. 2). Ocurrida esa situación de «posterioridad» indicada, ordenó a la Corte de la provincia de Buenos Aires a entender en el recurso que había articulado la parte actora en la causa «Di Mascio» (311:2478).

La CSJN en «Itzcovich» (328:266) declaró la inconstitucionalidad de recurso ordinario previsto en el art. 19 de la ley 24.463, aclarando que «Que la autoridad institucional de este fallo no afectará el tratamiento del presente y de otros recursos ordinarios que a la fecha estén en condiciones de ser interpuestos para ante este Tribunal, toda vez que no ha de privarse de validez a los actos procesales cumplidos ni dejarse sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes en vigor (conf. doctrina de Fallos: 319:2151 -‘Barry’- y sus citas). Ello es así toda vez que la aplicación en el tiempo de los nuevos criterios ha de ser presidida por una especial prudencia con el objeto de que los logros propuestos no se vean malogrados en ese trance.En mérito de ello, es necesario fijar la línea divisoria para el obrar de la nueva jurisprudencia, apoyándola en razones de conveniencia, utilidad y en los más hondos sentimientos de justicia, necesidad que entraña, a su vez, la de fijar el preciso momento en que dicho cambio comience a operar (conf. causa «Tellez» -Fallos: 308: 552-).

Las razones biológicas o económicas que le imprimen una especial naturaleza a esta clase de causas no autorizan a someter a los litigantes a una suerte de retrogradación del proceso que esta Corte ya conjuró en el precedente «Barry» citado. De tal modo, las causas en las que haya sido notificada la sentencia de cámara con anterioridad al momento en que el presente pronunciamiento quede firme, continuarán su trámite con arreglo a la norma cuya inconstitucionalidad aquí se dispone» (consid. 15).

La CSJN en «Di Nunzio» (328:1108) instaló a la Cámara de Casación Penal como el superior tribunal de la causa a que se refiere el art. 14 de la ley 48, revisando de ese modo el CPPN. Empero, dijo que correspondía, «.a los efectos de no [.] vulnerar los derechos del recurrente, remitir nuevamente las actuaciones a la instancia de origen, para que la defensa -a quien ya se le ha garantizado el derecho al recurso en la instancia de apelación- pueda ejercer sus derechos y agravios federales involucrados mediante el recurso correspondiente ante el tribunal intermedio; habilitándose a tal efecto los plazos pertinentes a partir de la notificación de la radicación de los autos en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional» (consid. 16).

Por último, en «Anadon» (338:724) declaró inconstitucional el recurso ordinario de apelación previsto en el art. 24, inc 6°, ap. a, del decreto- ley 1285/58; sin perjuicio de que las causas en las que hubiera sido notificada la sentencia de cámara con anterioridad al momento en que el ese pronunciamiento quedó firme continuaran su trámite con arreglo a la norma cuya inconstitucionalidad había declarado.En suma, dispuso la ultraactividad de una ley que declaró inválida, solución que, aunque paradójica, se mostraba como la única respetuosa de la seguridad jurídica.

Este repaso tiene relación directa con el asunto que nos ocupa.

Si la CSJN adoptara el criterio acerca de cuál es el superior tribunal de la causa que, en mi opinión, resulta más natural a la luz de la doctrina fijada in re «Bazán», aparecería una situación similar a las atendidas en los precedentes que repasamos más arriba. Resulta previsible que la CSJN atienda el efecto de la novedad convirtiendo a la nueva doctrina en solución imperativa a partir de un momento en que fuese exigible el conocimiento por todos. Ello redundaría en que los recursos articulados directamente contra fallos de las Cámaras de Apelaciones fuesen estimados como provenientes del superior tribunal de la causa, al menos hasta que cupiera decidir que lo es este Tribunal, salvo, de más está decir, que la parte hubiera requerido la intervención de este Tribunal, tal como ocurren en el sub lite.

En otro orden de ideas, el problema del superior tribunal que contemplamos sólo aparece a medida que litigantes, que interpretan el precedente «Bazán» en el sentido en que vengo haciéndolo, acuden a esta sede y, desde luego, a medida que despachada la cuestión por este Tribunal queda abierto este nuevo camino hacia la CSJN. En otras palabras, a la previsible fijación de una aplicación de la por ahora hipotética solución hacia un futuro en que fuere exigible conocerla se suma la voluntad de los litigantes de requerir esta revisión.

En este escenario, como dije, no cabe extraer conclusiones del hecho de que la CSJN haya resuelto recursos extraordinarios articulados directamente contra decisiones de las Cámaras que ejercen competencias locales de las contempladas en el art. 129 de la CN. Hacerlo implicaría soslayar tanto los precedentes analizados como la ausencia en los supuestos resueltos del pedido de parte legitimada.

Por ello, y en coincidencia con mi colega Otamendi, voto por:hacer lugar a la queja a estudio; y correr una nueva vista al MPF a fin de que se expida acerca del recurso de inconstitucionalidad, sustanciado ante el Tribunal. Líbrese oficio electrónico al juzgado nacional en lo civil nº 75 y a la CSJN, a fin de comunicar la presente decisión.

La juez Inés M. Weinberg dijo:

1. El recurso de queja de Gabriel Isaías Levinas, que cuestiona la decisión de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil por no haber dado curso a su planteo de inconstitucionalidad, fue interpuesto oportunamente y, tal como lo señalan mis colegas Santiago Otamendi y Luis F. Lozano, ha sido mal denegado por la Cámara. Ello así, toda vez que, conforme lo establece la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde conocer a este Tribunal Superior en todas las causas que versan sobre el derecho ordinario (arts. 75 inc. 12 y 129 de la CN y art. 106 de la CCABA) de conformidad con las consideraciones infra expuestas.

2.El artículo 129 de la Constitución Nacional establece que «la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción (.)».

Por su parte el artículo 75 inciso 12 de la CN le atribuye facultades al Congreso de la Nación para dictar los Códigos de fondo (Civil, Comercial, Penal, Minería y del Trabajo y Seguridad Social) «sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajos sus respectivas jurisdicciones». El artículo 122 del mismo texto constitucional reconoce que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en tanto autónomas, se dan «sus propias instituciones locales y se rigen por ellas (.) sin intervención del Gobierno federal».

Sabido es que desde la reforma de 1994 se le ha reconocido un status jurídico especial dentro de la estructura federal, y que ha sido calificada por la CSJN como ciudad constitucional federada dentro de dicho esquema institucional (Fallos 342:533).

También que en 1996 se sancionó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y que su artículo 106 prevé que al Poder Judicial de la Ciudad le corresponde «el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la Ciudad, por los Códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales».

Este es el marco normativo autonómico de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme la clara letra constitucional, y de sus postulados se deriva que por ser la Ciudad de Buenos Aires una jurisdicción local le corresponda a sus tribunales – según las normas de procedimientos que, a su vez, dicta su órgano legislativo- intervenir en la aplicación de los Códigos de fondo que dicta el Estado Federal.

3.En cuanto a los medios para proveer al cumplimiento del fin, relativo a la autonomía jurisdiccional plena de la Ciudad, en 1995 se dictó la ley nacional 24.588, donde -en lo que aquí corresponde relevar- se estableció que la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes a la CABA se formalizaría a través de convenios (v. art. 6) y que la justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires mantendría su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación (v. art. 8).

Por su parte, la cláusula transitoria decimotercera de la constitución local de 1996, en concordancia con lo expuesto, facultó al Gobierno de la Ciudad para convenir con el Gobierno Federal que los jueces nacionales de los fueros ordinarios con asiento en la Ciudad, de cualquier instancia, fueran transferidos al Poder Judicial de la Ciudad, y dispuso que el acuerdo comprendería necesariamente la correspondiente transferencia de las partidas presupuestarias o la reasignación de los recursos conforme el artículo 75 inc. 2 de la CN.

A su vez, la ley 7 -orgánica del Poder Judicial de la CABA- en el título primero de sus disposiciones complementarias y transitorias, condicionó la vigencia del funcionamiento pleno de los tribunales al cumplimiento de dichos convenios.

4. Sin perjuicio de la clara y categórica letra constitucional que le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires facultades jurisdiccionales en los mismos términos que a las provincias, pasó mucho tiempo desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y la adecuación de medios -suscripción de convenios y efectivización del traspaso- a fines – ejercicio de una plena jurisdicción local- no ha sido razonable ni satisfactoria. Solo unos pocos convenios en materia penal se han suscripto y ratificado por ley a la fecha. Ello pese a que la CSJN ha exhortado en numerosas oportunidades al cumplimiento de dichos medios, e incluso ha modificado sus propios precedentes en aras de coadyuvar al cumplimiento de los mencionados fines (v.Fallos 338:1517 y recientemente 342:509) y ha calificado de irrazonables las demoras excesivas e injustificadas de los poderes constituidos en cumplir con los mandatos de hacer establecidos en normas constitucionales estructurantes del federalismo (v. mutatis mutandis Fallos 337:1263 y 341:939).

Particularmente uno de los graves desajustes institucionales se patentiza en el mantenimiento de una profunda crisis de legitimidad que afecta a los jueces que resuelven las contiendas de los habitantes de la Ciudad, algo que claramente no ocurre en otras jurisdicciones del país.

En las provincias, sus habitantes intervienen de manera indirecta en la designación de sus jueces locales. Es decir, son ellos los que mediante el voto deciden quienes serán sus representantes (legisladores y gobernadores) para que estos a su vez, oportunamente y a través de los mecanismos locales correspondientes designen a los jueces que integrarán los tribunales que resolverán sus contiendas judiciales.

En cambio la realidad de los habitantes de la CABA es bien distinta. La injerencia o, mejor aún, el grado de participación que tienen en la definición de sus autoridades jurisdiccionales se encuentra diluido bajo la intervención de las autoridades nacionales cuya base electoral está distribuida entre todos los habitantes del país. Pues son las autoridades nacionales (Consejo de la Magistratura Nacional, Poder Ejecutivo Nacional y Senado de la Nación) quienes todavía eligen a los jueces que ejercen jurisdicción sobre conflictos locales. Es decir, en el sistema actual, se les da poder de elegir a aquellos que no van a estar sometidos a su jurisdicción.

La injerencia de la Nación en asuntos locales y la escasa o casi nula representatividad de los poderes constituidos nacionales con relación a los intereses y necesidades que tienen los porteños no deja de inquietar y pone siempre en alerta la necesidad de dar efectivo cumplimiento al sistema federal.

5.Por lo tanto, frente a est a oportunidad que se presenta para atender estos planteos en un caso concreto como el propuesto en esta causa por un habitante de la Ciudad y ante la irrazonabilidad del tiempo transcurrido frente a los claros mandatos constitucionales, corresponde que este Tribunal ejercite el rol institucional que le fue encomendado, sin por ello alterar el equilibrio con la jurisdicción nacional ni trastocar el diseño federal, frente a un traspaso jurisdiccional que se encuentra en ciernes hace más de 26 años.

Es la propia constitución local la que nos impone el «mandato expreso, permanente e irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agote[mos] en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional» (art. 6).

En ese orden, este Tribunal, en respeto a los compromisos asumidos y a las competencias establecidas en el reparto de facultades entre los distintos poderes, tiene el deber de contribuir con esta anhelada vinculación entre el Pueblo de la Ciudad y el Poder Judicial que resuelve sus contiendas.

Entonces, al igual que en todas las jurisdicciones provinciales, le corresponde a las Cortes o Tribunales Supremos y, por tanto, también a este Tribunal, intervenir en todas las contiendas judiciales que aplican el derecho de fondo como último intérprete local de manera de garantizar la vigencia de la constitución de la Ciudad y de la Nación.

6. En virtud de lo expuesto, en adelante, recursos como el interpuesto en autos resultarán admisibles en la medida que cumplan con los postulados del artículo 26 de la ley 402, los cuales deberán ser evaluados por los jueces locales y nacionales que integran los tribunales de alzada.Si se considerara inadmisible, podría el recurrente acudir en queja ante este Tribunal en los términos del artículo 32 de la citada ley para que este Tribunal analice si ha sido correctamente rechazado su recurso.

La interpretación que exhibe este pronunciamiento resulta oportuna ante la petición de la recurrente, y deviene necesaria en las circunstancias actuales. En tal sentido, la CSJN ha establecido -en un caso en el que modificó su criterio relativo al alcance de su propia jurisdicción y competencia- que el principio funcional de perdurabilidad de su jurisprudencia puede ser modificado «cuando existen causas suficientemente graves o median razones de justicia, entre las cuales se encuentra el reconocimiento del carácter erróneo de la decisión, la adecuada apreciación de las lecciones de la experiencia o si las cambiantes circunstancias históricas han demostrado la conveniencia de abandonar el criterio establecido» (v. Fallos 329:759, consid. 4 y sus citas).

Este Tribunal ya tiene dicho que «los jueces que integran el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son quienes constitucionalmente deben ejercer las competencias en cuestión [es decir, la aplicación del derecho de fondo], mientras que la justicia nacional ordinaria sólo de manera transitoria ejercerá, en tanto órgano remanente, aquellas que aún no han sido transferidas» (conf.

«Giordano, Hugo Orlando y otros s/ infr. art. 89, CP, lesiones leves s/ conflicto de competencia I», Expte. n° 16368/19, 25 de octubre del 2019).

Ahora bien, aunque este particular reparto de competencias en el territorio de la Ciudad se mantenga (en el que conviven jueces Nacionales con jueces de la Ciudad aplicando el derecho de fondo), nada obsta a que este Tribunal ejerza sus competencias constitucionales de la misma manera que ocurre en el resto de las provincias, es decir, ocupando el lugar de último intérprete de la Constitución.

Por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la CABA conocerá en todas las causas en las que las partes interpongan los recursos que habilitan su jurisdicción (ley 402, arts.26 y 32) siempre que las contiendas litigiosas se susciten dentro de los límites territoriales de la Ciudad y en materia ordinaria -ya sea que intervengan jueces nacionales o locales-.

La postura aquí propiciada no implica una interferencia indebida en intereses del Estado nacional en la Ciudad de Buenos Aires -en tanto es la Capital de la Nación- (art. 129, CN). Por el contrario resulta compatible y consecuencia natural de la aplicación del principio de lealtad federal que rige entre los distintos niveles estaduales por imperio de la Constitución, conforme se lo postula ya desde su Preámbulo.

7. Sentado lo expuesto, y de conformidad con lo resuelto por mis colegas Luis F. Lozano y Santiago Otamendi, corresponde hacer lugar al recurso de queja interpuesto por Gabriel Isaías Levinas, dejar sin efecto la decisión que no dio curso a su recurso de inconstitucionalidad y, atento al modo en que se resuelve, correr nueva vista a la Fiscalía General a fin de que se expida sobre aquél.

La jueza Marcela De Langhe dijo:

1. La queja interpuesta por el representante del Sr. Levinas ante este Tribunal impone dilucidar, en primer término, si el recurso de inconstitucionalidad previsto en el artículo 113 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y en la Ley 402 procede contra las sentencias emitidas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Esta delicada cuestión exige analizar las características y alcance de la autonomía jurisdiccional reconocida por la Constitución Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. En el año 1994 la Convención Constituyente reunida en la ciudad de Santa Fe receptó el extendido reclamo de la población de la entonces Municipalidad de Buenos Aires y le otorgó a esta unidad territorial el carácter de ciudad autónoma.Nacían así un nuevo actor en el federalismo argentino y una comunidad política con potestad para darse sus propias normas e instituciones, en paridad de condiciones con las comunidades del resto de los Estados locales de la confederación.

El nuevo estatus jurídico de la Ciudad quedó plasmado en el artículo 129 de la Constitución reformada, que en su primer párrafo reza:

«La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad».

Ahora bien, la especial y sensible circunstancia en que se encuentra la ciudad en cuanto alberga en su territorio a la sede del gobierno federal determinó que su autonomía no adquiriese operatividad plena de manera inmediata, ya que el segundo párrafo del artículo citado estableció que «Una ley garantizará los intereses del Estado nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación».

Como resultado de este mandato constitucional el Congreso de la Nación sancionó el 8 de noviembre de 1995 la Ley 24.588, denominada de «Garantía de los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires». En esta norma el Congreso estableció una serie de limitaciones al desarrollo de la autonomía de la Ciudad, y entre ellas la contenida en el artículo 8, que dispone: «La justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación».

3. Al año siguiente, una Convención Constituyente electa por los porteños aprobó la Constitución de la Ciudad (CCABA) y ratificó la vocación de la comunidad local de perfeccionar su autonomía política e institucional.Esta vocación se expresa claramente en el artículo 6 de la Carta Magna local, en cuanto establece que «Las autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional».

En materia de ejercicio de la jurisdicción, el artículo 106 de la CCABA establece que «Corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales.».

A su vez, el artículo 107 dispone que «El Poder Judicial de la Ciudad lo integra el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, los demás tribunales que la ley establezca y el Ministerio Público».

A continuación, el artículo 113 fijó el alcance de la competencia del Tribunal Superior enumerando que interviene «3. Por vía de recursos de inconstitucionalidad, en todos los casos que versen sobre la interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución Nacional o en esta Constitución».

Finalmente, la Cláusula Transitoria Segunda de la CCABA estableció que «Las disposiciones de la presente Constitución que no puedan entrar en vigor en razón de limitaciones de hecho impuestas por la Ley 24.588, no tendrán aplicación hasta que una reforma legislativa o los tribunales competentes habiliten su vigencia», y la Cláusula Transitoria Decimotercera estipuló que:»Se faculta al Gobierno de la Ciudad para que convenga con el Gobierno Federal que los jueces nacionales de los fueros ordinarios de la Ciudad, de cualquier instancia, sean transferidos al Poder Judicial de la Ciudad, conservando su inamovilidad y jerarquía cuando se disponga que la justicia ordinaria del territorio de la Ciudad sea ejercida por sus propios jueces.//Los que hayan sido designados antes del mencionado convenio pueden ser removidos sólo por los procedimientos y jurados previstos en la Constitución Nacional.// Esta facultad no impide que las autoridades constituidas puedan llegar a un acuerdo en términos diferentes, para lograr una transferencia racional de la función judicial.// En todos los casos el acuerdo comprenderá, necesariamente, la transferencia de las partidas presupuestarias o la reasignación de recursos conforme al artícu lo 75, inciso 2°, de la Constitución Nacional».

4. El Poder Legislativo de la Ciudad se abocó desde su conformación, a la sanción de las normas necesarias para la instalación y el funcionamiento del Poder Judicial local. Merecen destacarse la Ley Orgánica del Poder Judicial, -que al enumerar los órganos que componen la judicatura local contempló, entre otros, a los Tribunales de Primera Instancia y las Cámaras de Apelaciones en materia civil, comercial, del trabajo y penal, ratificando la voluntad local de asumir en plenitud las facultades jurisdiccionales reconocidas por el artículo 129 de la Constitución Nacional a la Ciudad-, la ley 31 Orgánica del Consejo de la Magistratura, la Ley 54, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados e integrantes del Ministerio Público de la Ciudad, la Ley 402, de Procedimiento ante el Tribunal Superior de la Ciudad, la Ley 1903 orgánica del Ministerio Público, la Ley 10 del Código Contravencional -luego reemplazada por la Ley 1472- la Ley 12 del Código de Procedimiento Contravencional, la Ley 189 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, Ley 2145 de Amparo, la Ley 2303 del Código Procesal Penal de la Ciudad y la Ley 2451, del Código Procesal Penal Juvenil de la Ciudad.

5. Paralelamente, se inició el procedimiento de transferencia de las competencias jurisdiccionales locales desde el Poder Judicial Nacional -donde continuaban siendo ejercidas en virtud de las disposiciones de la Ley 24.588 – hacia la Ciudad. Así, se suscribieron diversos convenios de transferencia que contemplaron exclusivamente las competencias para juzgar determinados delitos.El proceso de acuerdo, perfeccionamiento e implementación de estos Convenios resultó largo y dificultoso, circunstancia que determinó que, a veintiséis años de la reforma constitucional que reconoció el carácter autónomo de la Ciudad, sólo una ínfima porción de las competencias judiciales que le corresponden en su condición de unidad política e institucional integrante de la confederación argentina sea efectivamente ejercida por los tribunales locales.

6. Esta situación fue analizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una serie de pronunciamientos de indudable autoridad mediante los cuales el alto tribunal, en su condición de último garante y custodio supremo de la vigencia de la Constitución Nacional, brindó precisiones e intentó reencauzar este proceso de consolidación autonómica – proceso que debía ser, en principio, perfeccionado por los poderes Ejecutivo y Legislativo del gobierno federal y de la Ciudad de Buenos Aires-.

Así, en el fallo «Corrales» (Fallos 338:1517) del año 2015, luego de enmarcar el análisis de las competencias que ejercen los tribunales nacionales de la Capital en el proceso de reconocimiento y desarrollo de la autonomía local, la Corte afirmó que «las competencias que actualmente ejerce la justicia nacional ordinaria, que vale reiterar, no son federales, deben ser transferidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esta forma, al igual que lo que ocurre en las jurisdicciones provinciales, estos asuntos deben ser resueltos por la justicia local», y exhortó «a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias a los efectos de garantizarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en materia jurisdiccional».

Luego, en el caso «Nisman» (Fallos 339:1342) de 2016 reiteró que no cabía equiparar la índole de las competencias ejercidas por los tribunales federales y los nacionales, y recordó que «en atención a que la Constitución federal le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires su autonomía no puede sino concluirse que el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio.», conceptos quefueron reiterados en 2018 en «José Mármol 824» (Fallos 341:611) y, en lo sustancial, en «Panaciuk» (Fallos 343:432) en 2020.

Finalmente, en «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Provincia de Córdoba» (Fallos 342:533) del 4 de abril de 2019, la Corte retomó el desarrollo argumental de «Nisman», reiteró que «las limitaciones jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son producto de una situación de hecho -la inexistencia de un poder judicial local que pudiera juzgar todas las causas regidas por los códigos nacionales del art. 75, inciso 12 de la Constitución Nacional-, que no debe perdurar en el tiempo. Por implicación, esta Corte reconoció en «Nisman» que la Ciudad de Buenos Aires tiene una aptitud semejante a la de las provincias argentinas para ejercer plenamente la jurisdicción y, con ello, para realizar la autonomía que le fuera concedida por el artículo 129 de la Constitución». Concluyó que era necesario reexaminar el modo de conciliar la plena autonomía jurisdiccional porteña con la prerrogativa de las provincias como aforadas a la competencia originaria del Tribunal, y luego de analizar el atribulado devenir histórico de la «cuestión capital» desde sus orígenes hasta la consagración de Buenos Aires como «ciudad constitucional federada» en la reforma constitucional de 1994, decidió desligarse de «25 años de instituciones porteñas inconclusas» y reconocer a la Ciudad el derecho a no ser sometida ante tribunales ajenos a la plena jurisdicción que le garantiza la Constitución Nacional.Así, afirmó que tiene sentido «despejar desigualdades o asimetrías de la ciudad respecto de las provincias, estados con quien interactúa con el objeto de lograr «hacer un solo país para un solo pueblo» (Fallos 178:9). Se trata de un presupuesto esencial para la «armonía y respeto recíproco» entre los estados (Fallos 310:2478), hoy extensivo a un nuevo participante del federalismo argentino cuyas instituciones incompletas no perdurarán en el tiempo». En consecuencia, modificó la doctrina que había expuesto en «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Provincia de Tierra del Fuego» (Fallos 330:5279) y reconoció que la Ciudad tiene el mismo derecho que las provincias a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El mismo día en que emitió la sentencia reseñada en la causa «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Provincia de Córdoba» la Corte Suprema de Justicia resolvió el caso «Bazán» (Fallos 342:509), donde realizó otras trascendentes consideraciones referidas a los alcances de la autonomía jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí analizó el grado de avance de la consolidación de las potestades reconocidas a la Ciudad en el artículo 129 de la Constitución de la Ciudad, recordó que, ante el «escaso – casi nulo- acatamiento del texto constitucional en punto al reconocimiento jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires» en el año 2015 había exhortado a las autoridades constituidas en la ya citada causa «Corrales», pero que luego de cuatro años los gobiernos nacional y local habían avanzado mínimamente en el proceso de transferencia de la justicia nacional ordinaria al ámbito que constitucionalmente le corresponde -el de la Ciudad de Buenos Aires.Recordó que la morosidad de los poderes constituidos en cumplir los mandatos de hacer contenidos en las reglas constitucionales estructurantes del federalismo genera graves desajustes institucionales, descartó que tales demoras pudieran justificarse en la dificultad de lograr acuerdos políticos y concluyó que el «inmovilismo» que caracterizaba la transferencia de las competencias jurisdiccionales a la Ciudad «constituye un incumplimiento literal de la Constitución Nacional con el consiguiente debilitamiento de la fuerza normativa de su texto».

Afirmó que, asimismo, esta demora configura el desconocimiento de las facultades de autogobierno de un Estado local y redunda en que, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país, en el territorio porteño los habitantes no son juzgados ni someten sus pleitos a una justicia propia sujeta al control político de su Legislatura. Concluyó que «el principio de «lealtad federal» como rector del federalismo argentino es desconocido de manera palmaria en lo que respecta a la transferencia de la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin que ningún argumento referido a su condición de «capital de la república» alcance a explicarlo. En un marco básico de buena fe federal que busca evitar el abuso de las competencias de un Estado en detrimento de los otros, no se explica el cuasi nulo avance de la señalada transferencia». Luego afirmó que «este Tribunal debe continuar adecuando su actuación a aquella que le impone el texto de la Constitución Nacional, más allá de que el Estado Federal y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perpetúen la situación descripta», y definió que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sería el órgano que debía resolver de allí en más los conflictos de competencia que se susciten entre dos órganos jurisdiccionales con competencia no federal con asiento en la Ciudad.

7.La reseña de los trascendentes pronunciamientos de la Corte Suprema vinculados a la autonomía jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires permite concluir que las competencias jurisdiccionales que actualmente ejercen los tribunales nacionales ordinarios corresponden constitucionalmente a la Ciudad de Buenos Aires; que la incompleta transferencia de estas competencias a la Ciudad afecta la facultad de autogobierno de los integrantes de la comunidad local y provoca un grave desequilibrio en el sistema federal diseñado por la Constitución Nacional, y que las autoridades constituidas – entre las que se encuentra este Tribunal Superior de Justicia en cuanto máximo órgano jurisdiccional local- tienen el mandato inexcusable de realizar todos los esfuerzos a su alcance para impulsar y promover -tal cual lo ha hecho la Corte Suprema en los precedentes citados-la consolidación de la autonomía jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En efecto, los pronunciamientos citados imponen no sólo un estándar de interpretación en relación a las cláusulas constitucionales que definen el estatus jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, sino que también señalan una inexcusable línea de acción emanada de la obligación de cumplimiento de las disposiciones de nuestra Carta Magna, línea de acción que debe ser activamente emulada por todas las autoridades comprometidas con la defensa de la letra y el espíritu de la Ley Fundamental. No es razonable esperar que el avance del proceso de concreción de la autonomía porteña pueda o deba ser impulsado exclusivamente por la Corte Suprema de la Nación, ante la mirada pasiva del resto de los actores institucionales involucrados.

8.En esta causa corresponde determinar si el recurso de inconstitucionalidad previsto en el artículo 113 inciso 3 de la Constitución de la Ciudad y reglamentado en los artículos 26 y siguientes de la Ley 402 de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 6017) procede contra las decisiones emanadas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

La Cámara resolvió no dar curso a la presentación por no estar aquél remedio previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, el hecho de que el recurso no se encuentre contemplado en ese Código no es suficiente, por sí, para descartar su aplicación al caso, ya que ningún principio jurídico impone como necesidad que los distintos institutos procesales aplicables a un caso se encuentren contenidos en la misma ley. Lo que debe desentrañarse es si existen motivos que impidan la aplicación complementaria y sucesiva del CPCCN y de la Ley 402 a un mismo proceso, de modo tal que, una vez agotados los recursos contemplados en aquél ordenamiento procesal, contra la sentencia definitiva emanada del tribunal superior de la causa – conforme los términos del artículo 26 de la Ley 402- pueda interponerse el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

9. El recurso de inconstitucionalidad está previsto en el ordenamiento jurídico local «cuando se haya controvertido la interpretación o aplicación de normas contenidas en las constituciones nacional o de la ciudad, o la validez de una norma o acto bajo la pretensión de ser contrarios a tales constituciones siempre que la decisión recaiga sobre esos temas» (conf. art. 26 de la Ley 402). En suma, pone en acto una competencia jurisdiccional revisora extraordinaria encomendada al máximo órgano del Poder Judicial de la Ciudad.

El ejercicio de esta competencia revisora no obstruye ni usurpa las facultades jurisdiccionales encomendadas por la normativa vigente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.Tampoco es incompatible con la actual pertenencia de aquél tribunal al Poder Judicial de la Nación, ya que no es imposible sostener que, durante el período de transición que demande la consecución de la autonomía jurisdiccional íntegra de la Ciudad, las competencias jurisdiccionales que constitucionalmente le corresponden como Estado local puedan ser ejercidas en forma coordinada y armónica por los tribunales nacionales y por los órganos judiciales locales. Esta conclusión no se ve invalidada por el hecho de que las competencias sean ejercidas en forma sucesiva en el mismo proceso por los órganos judiciales de ambas jurisdicciones.

10. Por otro lado, el ejercicio por parte del Tribunal Superior de esta competencia jurisdiccional propia tampoco es incompatible con las disposiciones de la Ley 24.588. En efecto, la facultad de limitar determinados aspectos del despliegue de las potestades autonómicas de la Ciudad que la Constitución Nacional delegó en el Congreso estuvo encaminada a la garantía de los intereses del Estado Nacional en el territorio local, en tanto la Ciudad continúe siendo Capital de la república.

Ahora bien, la Corte Suprema ya ha establecido que el reconocimiento de plenas facultades de jurisdicción a la Ciudad no puede verse limitado ni obstaculizado so pretexto de su condición de asiento del gobierno nacional. Esto se debe a que ningún interés federal puede verse afectado porque los habitantes de la Ciudad puedan someter sus controversias a sus propios tribunales, al igual que lo hacen el resto de los habitantes de la Nación.

11. Tampoco existe impedimento a la procedencia del recurso de inconstitucionalidad originado en la índole de las competencias ejercidas por los tribunales nacionales. En efecto, en los fallos «Corrales», «Nisman» y «José Mármol 824» la Corte ha establecido suficientemente que estas competencias no son federales, que constitucionalmente corresponden al Estado local y que sólo transitoriamente – y en virtud de las vicisitudes históricas que rodearon el particular estatus institucional de la ciudad de Buenos Aires- son ejercidas por órganos del Poder Judicial Nacional.

12.Finalmente, es necesario resaltar que, en el caso bajo análisis, no se verifica la misma limitación de hecho que constituye, según la Corte Suprema, el principal motivo que determina el incompleto desarrollo de las facultades locales: la inexistencia de un poder judicial local capaz de juzgar todas las causas regidas por los códigos nacionales del art. 75 inciso 12 de la CN. En efecto, en este caso el tribunal local llamado a ejercer la competencia jurisdiccional debatida ya existe y funciona normalmente en la órbita local, por lo cual sólo una ensañada reticencia a reconocer a la Ciudad las facultades jurisdiccionales que la Constitución Nacional le ha otorgado puede sustentar la posición contraria a la procedencia del recurso en análisis.

13. No obsta a la conclusión a la que aquí se arriba el hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya considerado admisible el recurso extraordinario federal interpuesto ante una Cámara Nacional para impugnar una sentencia definitiva emitida con posterioridad al fallo «Bazán» citado. Es que la procedencia del recurso de inconstitucionalidad local contra las sentencias definitivas emitidas por las Cámaras Nacionales no se desprende automáticamente del fallo citado -donde la Corte Suprema sólo definió cuál era el órgano judicial que debía resolver determinados conflictos de competencia-, sino que es la respuesta proactiva a la vehemente exhortación formulada por el Alto Tribunal hace ya más de un año en aquél pronunciamiento. Como tal, propone un cambio en el modo de interpretar tanto la articulación entre el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la Ley 402 de la Ciudad, como la condición de «superior tribunal de la causa» en los términos del artículo 14 de la Ley 48. Entiéndase bien:esta solución no se desprende necesariamente de lo ya establecido por la Corte Suprema en sus anteriores precedentes sino que encierra una decisión institucional de este Tribunal como poder de gobierno y cabeza del Poder Judicial local de tomar medidas activas para hacer avanzar la autonomía jurisdiccional plena de la Ciudad, a partir de una leal interpretación de la Constitución Nacional, de la amplia y reiterada exégesis constitucional efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la exhortación contenida en los pronunciamientos reseñados. Corresponderá a aquél tribunal, en tanto intérprete supremo de la Carta Magna, evaluar la decisión que aquí se adopta y respaldarla o dejarla sin efecto.

14. Por último, hay que recordar que, conforme el mandato contenido en el artículo 75 inciso 2 párrafo 5 de la Constitución Nacional, «No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por Ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso», mandato reiterado en la Cláusula Transitoria Decimotercera in fine de la CCABA. En virtud de esto, se encomienda a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires que, de quedar firme este pronunciamiento, agoten todos los medios a su alcance a fin de obtener de la Nación la reasignación íntegra, perdurable y permanente de los recursos correspondientes a la competencia jurisdiccional asumida por la Ciudad.

15.En virtud de los argumentos expuestos, corresponde declarar que este Tribunal Superior de Justicia conocerá de los recursos de inconstitucionalidad y ordinario de apelación para ante él y de las quejas por su denegación establecidos en el artículo 113, incisos 3º, 4º y 5º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y reglamentados por las leyes nº 7 y 402 que ya se hubieran interpuesto y estuvieran en trámite o que se interpongan a partir de la presente contra las sentencias dictadas por tribunales de la justicia nacional de la Capital Federal ejerciendo facultades jurisdiccionales que constitucionalmente correspondan a la Ciudad de Buenos Aires y a su Poder Judicial.

16. En consecuencia, se hace lugar a la queja del señor Levinas y se deja sin efecto el auto de la sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que, implícitamente, denegó su recurso de inconstitucionalidad.

Reintégrese el depósito de fs. 17.

Atento la continuidad de la tramitación del caso ante la primera instancia por vía de incidente de ejecución y a la existencia de una queja por recurso extraordinario federal denegado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por Secretaría de Asuntos Generales, líbrese oficio electrónico al Juzgado Nacional en lo Civil nº 75 y al Alto Tribunal comunicando la presente.

Habiéndose recibido el principal y sustanciado ante el Tribunal el recurso de inconstitucionalidad del señor Levinas, córrase nueva vista a la Fiscalía General para que se pronuncie sobre aquél.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. De la presentación y constancias acompañadas surge que tanto la decisión contra la que está dirigida la queja como el pronunciamiento que se pretende atacar con el recurso de inconstitucionalidad, fueron dictados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en un proceso que tramitó ante dicho fuero, de acuerdo con las reglas establecidas por el código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

2.El recurrente fundamenta la procedencia del recurso de inconstitucionalidad que esta queja viene a sostener en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en «Bazán» (Fallos: 342:509).

Allí se decidió que «será el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el encargado de conocer en los conflictos de competencia entre dos órganos jurisdiccionales con competencia no federal con asiento en esa ciudad» y, como consecuencia, se remitieron a este Tribunal todos los conflictos de competencia que se encontraban tramitando ante la Corte.

3. Coincido con el dictamen del Sr. Fiscal General Adjunto, en que no puede colegirse del precedente Bazán, que la Corte Suprema haya decidido de manera implícita que también corresponde a este Tribunal entender en los recursos de inconstitucionalidad (y en las quejas por su denegación, como es este caso) planteados contra las sentencias emitidas por tribunales nacionales en cuestiones diferentes a los conflictos de competencia.

Si el alcance de la decisión de la Corte fuera la que pretende el quejoso, no cabría sino concluir que ello implicaría además que sólo las sentencias de este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires serían susceptibles de ser recurridas mediante la vía extraordinaria prevista en el art. 14 de la ley n° 48. Sin embargo, la CSJN siguió conociendo en los recursos extraordinarios federales planteados contra las sentencias dictadas por los tribunales de segunda instancia de los fueros denominados nacionales lo que evidencia que los sigue considerando el superior tribunal de las respectivas causas.

4. De cualquier manera, y más allá de la interpretación de las consecuencias de sus propios fallos que haga la CSJN, entiendo que la razón por la que la queja es inadmisible es la misma que expresé in re «Petruccelli», expte.n° 16551/19, resolución del 7/10/2019, a saber:

«esta actuación de la CSJN se da en el marco de una causa en la que ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el Estado Nacional han sido parte, cuando son sus poderes ejecutivos y legislativos los responsables de, en un procedimiento complejo, cumplir con la transferencia. / Llama la atención que se concluya que la mejor vía para garantizar el respeto a la autonomía de la Ciudad sea excluir a la propia Ciudad del debate, incluso en franca oposición a lo establecido en la Cláusula transitoria decimotercera de la Constitución de la Ciudad, que ubica en cabeza de su Gobierno la facultad de llegar a acuerdos con el Gobierno Federal para lograr una transferencia racional de la función judicial».

5. Considero en consecuencia que por vía jurisprudencial no se pueden realizar modificaciones procesales con entidad suficiente como para alterar la estructura institucional de todo un sistema de justicia altamente complejo, cuando, como en el caso, no se ha planteado una cuestión constitucional suficiente.

Ello así, y sin que lo que aquí se resuelva importe renunciar al mandato de defensa de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires impuesto por el art. 6 de la Constitución, corresponde abstenerse de entender en estos autos, porque lo contrario implicaría alterar la organización del sistema de justicia establecida por leyes de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por ello, emitido el dictamen del Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia, resuelve:

1. Hacer lugar a la queja interpuesta por Gabriel Isaías Levinas y en su mérito dejar sin efecto la resolución de la sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que denegó el recurso de inconstitucionalidad.

2. Correr nueva vista a la Fiscalía General a fin de que se expida acerca del recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

3. Reintegrar el depósito efectuado a fs. 17.

4. Mandar se registre, se notifique, se comunique mediante oficio electrónico a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Juzgado Nacional en lo Civil n° 75 por intermedio de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

La sentencia se dicta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Luis Francisco LOZANO

JUEZ/A

TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA

Inés Mónica WEINBERG

JUEZ/A

TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA

Marcela Vivian de Langhe

JUEZ/A

TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA

Santiago Otamendi

JUEZ/A

TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA

Alicia Enriqueta Carmen Ruiz

JUEZ/A

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

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