#Fallos Culpa médica: Muerte de una paciente tras una césarea, pues el centro no estaba en condiciones de resolver contingencias urgentes como el cuadro hemorrágico severo que se presentó por tratarse de un embarazo de riesgo

Partes: F. N. A. c/ C. A. de S. M. y ots s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 19-ago-2020

Cita: MJ-JU-M-127942-AR | MJJ127942 | MJJ127942

Responsabilidad de los médicos y del establecimiento asistencial que, primero, practicaron la cesárea a la paciente y posteriormente atendieron las complicaciones producidas, con tal negligencia que limitaron las chances de sobrevida de aquélla. Cuadro de rubros indemnizatorios.

 

 

 

 

 

 

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia recurrida y. en consecuencia, admitir la demanda de mala praxis médica deducida, pues el cuadro -descompensación hemodinámica y atonía uterina- que se presentó tras producirse la primera intervención era previsible por tratarse de un embarazo de riesgo, y las graves circunstancias que se desencadenaron, según consta en la historia clínica, constituyeron una emergencia que debió ser afrontada de manera de dar a la paciente, al menos, una chance de sobrevivir; no fue eso lo que ocurrió y los hechos sobrevinientes solo suman razones para considerar probada la culpa médica, la infracción al deber de seguridad y la falta de servicio.

2.-Los médicos de la clínica en la que se realizó la cesárea no debieron haber indicado ni practicado la cirugía inicial si ese centro carecía de UTI y no estaba, como los hechos demuestran, en condiciones de resolver las contingencias que podían desencadenarse, con la urgencia que ellas ameritaban, siendo que entre la cesárea y la anexohisterectomía se presentaron cuadros hemorrágicos severos que no fueron debidamente afrontados y que produjeron un agravamiento del estado de salud de la paciente.

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3.-De la historia clínica no surge que al momento de la cesárea se le haya practicado a la persona intervenida escobillado con gasa, conducta que, a su criterio, hubiera permitido extraer en forma más eficiente los restos de coágulos, membranas, etc. remanentes en el útero, para evitar hemorragias y sepsis posteriores.

4.-Resulta responsable el hospital al que fue derivada de urgencia la paciente, ya que se mantuvo a la paciente por un lapso prolongado -más de veinticuatro horas- sin brindarle la atención que le había sido indicada, lo que denota una actuación negligente que, a la postre, fue perjudicial para las chances de sobrevida o recuperación de aquélla.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza, a diecinueve días del mes de agosto de dos mil veinte, reunidas en la Sala de Acuerdo las Juezas de Cámara Silvina Miquel y Alejandra Orbelli, no así la Jueza Marina Isuani por encontrarse en uso de licencia, por aislamiento, trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos Nº 55.012/250.080, caratulados: «F., N. A. C/ C. de A. S. M. y OTS. P/ D. Y P.», originarios del Cuarto Tribunal de Gestión Judicial Asociada Civil y Comercial, venidos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 949, contra la sentencia de fs. 935/41.

Queda establecido el siguiente orden de estudio: Miquel, Isuani, Orbelli.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C.C.T., se plantean las siguientes cuestiones a resolver.

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada? Segunda cuestión: costas.

Sobre la primera cuestión propuesta la Sra. Jueza de Cámara Silvina Miquel dijo:

I.- En primera instancia se desestimó la demanda deducida por N. A. F., L. G. F. y R. C.- todos por su propio derecho y el último, también, en representación de sus hijos menores A. M., P. A., V. R. F., L. N. L. y C. E. C.- contra C. A. S. M., Hospital L. y Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina. Se impuso costas y se reguló honorarios.

Para resolver como lo hizo, el juez comenzó confrontando el ap. III de los alegatos de la actora con las piezas iniciales. Dijo que, contrariamente a lo que expresó la parte al alegar, el fundamento de su reclamo no constituye una síntesis de lo que imputa a los demandados. Agregó que no es cierto que los accionados negaron «genéricamente» la mala praxis o que la atención médica por ellos dispensada fue la causa remota de la muerte de la Sra. G.Recalcó que la demanda no es más que una mera cronología de sucesos, no exenta de inexactitudes, en la que sólo se imputa a Asistir Servicios Médicos no haber contado en su clínica con una Unidad de Terapia Intensiva, sin invocar ningún proceder erróneo de los médicos tratantes ni justificar la necesidad de dicho servicio en el caso concreto; adunó que se imputa al Hospital L.- adonde la paciente fue derivada para la eventualidad de que necesitara cuidados intensivos- por la mera circunstancia de no haberla ingresado en dicho servicio.

Continuó argumentando que no está controvertido que la Sra. M. H. G., el día 21/10/2010, cuando cursaba 38 semanas y media de su séptimo embarazo, concurrió a la C. de A. S. M., con una orden de internación para cesárea y ligadura de trompas, ambas programadas, suscripta por su médica tratante, Dra. Cintia Pérez Bazán, especialista en ginecología y obstetricia. Agregó que la paciente ingresó al quirófano a las 19:07 hs. y luego de ser intervenida regresó a sala común, a las 19:50 hs.; que, según lo informado por el perito médico obstetra, durante los controles del embarazo no se constató que existieran factores que presagiaran una complicación durante la cesárea y que, a su ingreso a la clínica, no obraban antecedentes ni condiciones que requirieran el monitoreo continuo y soporte constante por medio de equipos y medicamentos que mantengan las funciones del organismo, propios de una Unidad de Cuidados Intensivos o Terapia Intensiva.

Adujo que su aclaración se corresponde con la respuesta evasiva y capciosa del Dr. Saada al punto III.1.23. del cuestionario de la obra social demandada, que luego el galeno fue forzado a responder en forma categórica (respuesta inicial de fs. 758, ap. 23; impugnación de fs. 789, ap. I.2.9.; y respuesta final de fs. 813, ap.I.2.9). Añadió que según la «Guía para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la hemorragia post parto» del Ministerio de Salud de la Nación, basar la conducta clínica en la evaluación de los riesgos puede conducir a que las mujeres consideradas «de alto riesgo» sean sometidas a un manejo innecesario, que no sería ventajoso ni para ellas ni para los sistemas de salud.

Expuso que tampoco está controvertido que pasada la medianoche del día 22 se advirtió que la Sra. G. se encontraba hemodinámicamente descompensada, presentando un cuadro hemorrágico y descenso de la presión arterial, compatible con una eventual atonía uterina. Añadió que está acreditado que dicha circunstancia determinó una nueva derivación a quirófano, donde se le practicó una anexo histerectomía de urgencia.

Tuvo en consideración que del informe de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC surge que la atonía uterina es la causa principal y más frecuente de hemorragia posparto primaria (50-60%) y que se produce cuando fracasa el mecanismo fisiológico de contracción y retracción uterina tras la expulsión del feto (fs. 615, letra e). Asimismo, estableció que, con las coagulopatías, son complicaciones posibles post parto o post cesárea, cuyo diagnóstico se realiza cuando aparecen las complicaciones y el tratamiento no siempre logra controlar dichas complicaciones (fs. 617, letras i, j, y k).

Aclaró que la complicación no tuvo lugar en el «tercer período del parto», según confusamente surge de las dos primeras preguntas del cuestionario de la parte actora en términos no clarificados debidamente por el perito médico obstetra.Explicó que, en rigor, el perito debió prevenir -del mismo modo que recién lo hizo al contestar el quinto y sexto interrogantes- de que, por tratarse de un parto por cesárea, no debe ser asimilado al parto normal, ya que, cuando la cesárea es programada, la dilatación no existe y en el mismo acto quirúrgico, tras la incisión inicial en el abdomen y en el útero, se extrae primero al bebé y luego se produce el alumbramiento o extracción de la placenta mediante maniobras manuales, seguido de un escobillonado digital con gasa para extraer coágulos, membranas o restos placentarios, como recién lo aclaró el perito obstetra al responder las observaciones formuladas por la parte actora (fs. 814). Consideró que tal observación no hubiese tenido razón de ser si, al responder las dos primeras preguntas del cuestionario inicial, se hubiese aclarado que los períodos o fases predicados eran propios de un parto normal y no de uno por cesárea, y que la hemorragia que se detectó horas después fue una complicación postparto.

Recalcó que la atonía uterina y las coagulopatías son complicaciones posibles post parto o post cesárea- según lo admitió el perito obstetra a fs. 576 vta., al responder el punto III.1.11 de obra social codemandada- y no la prolongación de ningún período o fase. Adunó que, como también estaba programada la ligadura de trompas, ella se debió realizar también previo a la sutura, todo en un lapso de 43 minutos o menos, atendiendo a la hora en que la paciente ingresó al quirófano (19:07) y a la de finalización consignada en el protocolo quirúrgico (19:50).

Agregó que, según la historia clínica, examinada la paciente a las 21 horas de ese mismo día, estaba hemodinámicamente compensada y presentaba loquios hemáticos escasos. Tuvo por cierto que pasada la medianoche (siendo ya 22) se advirtió que la Sra. G.se encontraba hemodinámicamente descompensada, presentando un cuadro hemorrágico y descenso de la presión arterial, compatible con una eventual atonía uterina. Destacó que ante tal situación, a más de las indicaciones que telefónicamente impartiera, con la urgencia que el caso requería la médica tratante se hizo presente en la clínica a la 1:00 hs. y, tras examinar clínicamente a la paciente y solicitar una analítica de urgencia, decidió practicarle una laparotomía exploradora y una anexo histerectomía de urgencia, tratamiento contemplado para afrontar una atonía uterina (informe de la Facultad de Ciencias Médicas, fs. 616, letra g, y pericial Dr. Saada, fs. 757, punto III.1.8.).- Señaló que dicha intervención, según los datos consignados en el protocolo quirúrgico (fs. 41), se inició a las 1:30 hs. y finalizó a las 4:45 hs. del 22/10/2010; que, después de esta segunda cirugía, se decidió la derivación de la Sra. G. a un centro de mayor complejidad, en razón de no contar la C. A. S. M. con Unidad de Terapia Intensiva, siendo trasladada en ambulancia al Hospital Luis C. L., previa comunicación con el Jefe de Guardia de Tocoginecología, Dr. Rubén Vera.

Consideró el magistrado que la derivación al nombrado nosocomio fue una decisión acertada, dada la atonía uterina que, como complicación postparto, presentó la paciente y la histerectomía que, en consecuencia, le fue practicada en la C. de A. S. M., al no contar ésta con el servicio de Terapia o Cuidados Intensivos. Expuso que esto ha sido reconocido tanto en el informe de la Facultad de Ciencias Médicas como por el perito médico obstetra (fs. 617, letra n, y fs. 757, ap. 2.7, respectivamente). Aclaró que ello fue así, a diferencia de lo que ocurre en una cesárea y ligadura de trompas programadas, en la que no siempre se deriva a U.T.I. (fs. 618, letra o, y fs. 758, ap.24, respectivamente).

En adelante relató que, siendo las 5:00 de ese día, aún en la C. de A. S. M., la paciente fue evaluada por la médica tratante, Dra. Pérez Bazán, que consignó que estaba lúcida, afebril, orientada en tiempo y espacio, que respondía a las órdenes y respiraba espontáneamente (fs. 37). Valoró que en similares condiciones ingresó, trasladada en ambulancia, al Hospital L., según surge del examen que allí le fue practicado a las 8:30 hs. (fs. 63), lo que desdice que haya ingresado en dicho centro asistencial a las 10:30 hs. aproximadamente, como se aduce en la demanda. Dijo que, aceptando como extremos las horas precedentemente indicadas, entre una y otra no pasaron más de seis horas, como confusamente sostuvo el perito médico obstetra (fs. 811). Como máximo, 3 horas y media.

Estableció que la cesárea y ligadura de trompas duraron, según el protocolo quirúrgico, 43 minutos, finalizando a las 19:50 hs. del día 21/10/10; que, a las 21 horas de ese mismo día, la paciente estaba hemodinámicamente compensada y presentaba loquios hemáticos escasos; que, pasada la medianoche, siendo ya el día 22/10/10, se advirtió que la Sra. G. se encontraba hemodinámicamente descompensada, presentando como complicación post cesárea un cuadro hemorrágico y descenso de la presión arterial, compatible con una eventual atonía uterina. Añadió que no consta que haya presentado una pluralidad de «cuadros hemorrágicos severos», como predicó el perito obstetra a fs. 812, ap. I.2.4, pretendiendo justificar la extralimitación que le fue agudamente observada por la obra social codemandada. Dijo que la anexo histerectomía, según datos del protocolo quirúrgico, se inició a las 1:30 hs. y finalizó a las 4:45 hs., del 22/10/10; que, siendo las 5:00 hs. de ese día, aun en la C. de A. S. M., la paciente fue evaluada por la médica tratante, Dra.Pérez Bazán; que a las 8:30 hs., ya en el Hospital L., fue evaluada en Sala de Partos, adonde fue ingresada en las mismas condiciones que presentaba al ser derivada desde la C. de A. S. M. (fs. 63).

Entendió que la derivación de la Sra. G. al nosocomio público mencionado, por no contar la clínica Asistir con servicio de Terapia o Cuidados Intensivos, no autoriza a concluir en que el último debía necesariamente ingresarla en tal servicio ya que, una vez derivada preventivamente, ante probables complicaciones que así lo requirieran, incumbía a los médicos del Hospital L. decidir adónde debía ser internada.

Reparó en que, al responder la observación que la obra social le formuló en el ap. I.2.8. (esto es, para que aclarase el perito por qué expresó que era «posible que haya influido negativamente la falta de UTI en Asistir», siendo que el ser derivada al Hospital L. la paciente no fue internada en UTI sino en Sala de Partos, y que, según también lo manifestado por el perito, la derivación a dicho hospital fue correcta), el galeno ambiguamente expresó que «respecto a que haya sido dejada en Sala de Partos del Hospital L. no puedo justificar la metodología de trabajo de dicho nosocomio y desconozco los motivos» (fs. 813, ap. I.2.9.).

Insistió en que el giro utilizado es ambiguo. Observó que, según consta en la historia clínica, la paciente fue evaluada por los médicos del hospital a las 8:30, 9:30, 10:30, 12:15, 15:00, 17:00, 18:30, 20:00, 22:15 y 0:00 hs. del día 22/10/10; y también a las 2:10 hs. del día siguiente. Que en todos los partes se consignó su estado: lúcida, orientada en tiempo y espacio, buen estado general, afebril, hemodinámicamente estable, con abdomen -aunque doloroso por la cirugía- blando y depresible, es decir, normal.Adujo que hubiese sido bueno que señalara el experto si el giro empleado trasuntara una discrepancia de criterio, cuáles de los signos y parámetros consignados a su entender hubiesen justificado una internación en la unidad de cuidados intensivos del Hospital L. Dicha respuesta -agregó- no sólo es ambigua sino también contradictoria con la que brindó el auxiliar a otro interrogante de la obra social. Esa parte, a más de consultar si la derivación fue acertada, puntualmente le preguntó «si en dicho efector tuvo los controles adecuados en el servicio donde fue internada» (fs. 570, ap. III.1.19), respondiendo el perito que «sí los tuvo» (fs. 758, ap. 19).

En este contexto, el juez de grado consideró que, si los controles en Sala de Partos fueron los adecuados, pues con más razón el perito debió justificar cuáles de los signos y parámetros consignados en los partes hubiesen justificado, a su entender, una internación en la unidad de cuidados intensivos.

Advirtió que recién a las 10:00 hs.del día 23/10/10 la paciente evidenció un desmejoramiento de las condiciones y que, tras solicitarse una nueva analítica urgente y tipificación, con alerta al servicio de hemoterapia, a las 11:30 hs., ante la presunción diagnostica de un hemoperitoneo, se la ingresó a quirófano para la práctica de una laparotomía exploradora, durante la cual, lamentablemente, presentó un paro cardiorespiratorio que, si bien fue superado durante el acto quirúrgico, derivó en una encefalopatía hipóxico isquémica que a la postre la llevó a la muerte.

Tuvo en cuenta que en los juicios por mala praxis médica la prueba debe versar sobre los actos u omisiones del médico que demuestren su negligencia, imprudencia o falta de pericia, mas no sólo en cuanto al resultado negativo del tratamiento, pues aun cuando dicho resultado no haya sido el esperado, no compromete por sí sólo responsabilidad alguna si la conducta considerada reprochable no está acreditada suficientemente.

Como conclusión expresó que no basta, como ocurre en el caso, con plantear, como mera posibilidad, que, por no contar Asistir Servicios Médicos en su clínica con una unidad de cuidados intensivos, o que, por no haber sido ingresada inmediatamente a dicho servicio una vez derivada al Hospital L., ello pudo haber influido negativamente en las expectativas de vida de la Sra. G. Dejó en claro que se justificaría una condena si la Sra. G. hubiera falleció a consecuencia de una falta de servicio.

II.- A fs. 991/995 la actora funda agravios.

En primer lugar, alega que el juez de grado incurrió en parcialidad, al concluir que una simple lectura de la causa le basta para contradecir categóricamente la situación fáctica invocada por la parte actora.Dice que, además, prejuzgó, dado que descalificó la demanda como una «. mera cronología de los sucesos, no exenta de inexactitudes, en donde sólo se imputa a Asistir Servicios Médicos el no haber contado en su clínica con una Unidad de Terapia Intensiva, pero sin invocar ningún proceder erróneo de los médicos tratantes ni justificar la necesidad de dicho servicio en el caso concreto.», mientras que, por otro lado, elogió los escritos de los demandados, al decir que, «. los respondes, en cambio, mal puede decirse consistan en una negativa genérica de mala praxis, sino que en ellos esmeradamente se explicitan y justifican, reseñando los antecedentes del caso y brindando además una noción de las patologías implicadas.». Entiende que dicho perjuicio condujo al sentenciador a efectuar una apreciación caprichosa de la prueba, lo cual surge de la liviandad con que prescinde de valorar los hechos y probanzas decisivos y conducentes a los intereses de su parte, y a apartarse de las conclusiones del perito obstetra, sin fundamento lógico ni científico. Cita doctrina y jurisprudencia.

En segundo lugar, expresa que el juez de grado ha prescindido de valorar prueba decisiva y conducente a la acreditación de la pretensión de la actora. Remite al párrafo en que concluyó: «. según lo informado por el perito médico obstetra, durante los controles del embarazo no consta que hayan existido factores que presagiaran una complicación durante la cesárea (fs. 717, ap. 3.5) y, además, que a su ingreso no mediaban antecedentes ni condiciones en la paciente que requirieran el monitoreo continuo y soporte constante por medio de equipos y medicamentos que mantengan las funciones del organismo, propios de una Unidad de Cuidados Intensivos o Terapia Intensiva.».

Afirma que el juzgador omitió valorar que el personal médico de C. de A. S. M. no advirtió que el embarazo era de alto riesgo, a pesar de que la edad de la Sra. G. (40 años) y su multiparidad (6 embarazos), con cesárea anterior, inequívocamente así lo acusaban.Advierte que basta compulsar a fs. 22/2 el informe médico para ligadura de trompas, para advertir la existencia de estos factores de riesgo; aduce que esa es una circunstancia expresamente invocada en los alegatos de su parte.

Arguye que, de haberse advertido que el embarazo era de alto riesgo, se hubiera evitado, cuanto menos, que las autoridades de la Clínica Asistir la admitieran en dicho nosocomio, que carece de UTI, y también se hubieran evitado las complicaciones derivadas de la operación para el tratamiento de la atonía uterina, diagnóstico que es más frecuente en las pacientes con signos de embarazo de alto riesgo.

Considera que haber prescindido de la existencia e importancia de la calificación de embarazo de la víctima como de alto riesgo, torna abstractas las conclusiones a las que se arribó erróneamente en la sentencia.

Aduce, por otra parte, que el magistrado no valoró que en el excesivo lapso que transcurrió entre la cesárea y la anexohisterectomía se presentaron cuadros hemorrágicos severos, que no fueron prevenidos; es decir, que la paciente experimentó una sepsis agregada, que es un cuadro infeccioso posterior a la cirugía, cuya existencia surge de la historia clínica de Asistir y que implicó el agravamiento del su cuadro de salud. Remarca que de la historia clínica no surge que al momento de la cesárea se le haya practicado el escobillado con gasa, a fin de asegurar que los restos placentarios fueran retirados en su totalidad a los fines de evitar hemorragias y sepsis posteriores, tal como le ocurrió luego de unas horas a la damnificada.

Apunta contra el párrafo que expresa: «. la Sra. G., habida cuenta la atonía uterina que como complicación post cesárea y la histerectomía que en consecuencia le fuera practicada en la C. de A. S. M., fuese derivada al Hospital L. por no contar aquélla con el servicio de Terapia o Cuidados Intensivos, no autoriza a concluir que este último debiera necesariamente ingresarla en tal servicio.Una vez derivada preventivamente, ante probables complicaciones que así lo requirieran, incumbía a los médicos del Hospital L. decidir dónde debía ser internada.» Dice que el juzgador erró al desconocer que, luego de la histerectomía, se ordenó el traslado de la paciente al hospital Luis L. con pronóstico reservado, solicitando la médica tratante «cama en UTI (fs. 36 in fine y fs. 49. Epicrisis Clínica Asistir), lo que suponía que se la derivaría en forma directa a la UTI y, en su lugar, se la ingresó en la sala de partos (fs. 52) -segundo piso de maternidad- y en mal estado general «con defensa y reacción peritoneal generalizada», lo que -entiende- sign ificó que apenas ingresada al nosocomio, ya se le había desencadenado nuevamente el sangrado en la zona que había sido recientemente intervenida.

Asevera que el juez desconoció que a fs. 21 de la historia clínica de la Clínica Asistir se consigna «. solicito ambulancia con médico para traslado a centro médico de mayor complejidad, cama UTI, debido a la gravedad del cuadro clínico.». Que a fs. 22 surge que la Dra. Pérez Bazán decidió el traslado a UTI y advirtió que la administración de la clínica se comunicó con centros privados que contratan con UTI, y, ante las negativas de existencia de camas, se decidió hablar con el hospital público, para ver si podían recibirla. Que, a su vez, de la epicrisis de dicha historia clínica, fluye que la Dra. Pérez Bazán, a fs.34, estableció que el pronóstico de la paciente era reservado, que su estado de egreso era regular y que la conducta a seguir era la derivación a un centro de mayor complejidad.

Pone de relieve que se envió a la paciente a este efector público con indicación de internación en UTI, pero, en su lugar, se la ingresó en la sala de partos de la maternidad del hospital, y estuvo un tiempo mucho más prolongado sin atención intensiva, que el que permaneció desde la cesárea hasta que se le practicó la anexohisterectomía, lapso que, a criterio del perito, resultó excesivo. Subraya que, según constancias de fs. 59, la víctima permaneció en la sala de partos treinta y seis horas.

Hace notar que a fs. 813 se dictaminó: «. respecto a que haya sido dejada en la sala de partos en el hospital L., no puedo justificar la metodología de trabajo de dicho nosocomio y desconozco los motivos.». Agrega que es significativo lo descripto y resulta alarmante su omisión en ambos informes periciales; dice, además, que esta conducta por parte de los profesionales médicos del efector público, sin dudas tuvo como resultado que el estado de salud de la Sra. G. empeorara aún más, decidiéndose su tercera intervención quirúrgica luego de transcurrido más de un día de internación desde su arribo a ese nosocomio.

Continúa exponiendo que, conforme la historia clínica del Hospital L., la Sra. G. ingresó al servicio de obstetricia el 22/10 las 5:40 hs. y se le practicó laparotomía exploradora el 23/10 a las 14:30 hs. (fs. 67); posteriormente, a raíz de la tercera intervención quirúrgica, sufrió su primer paro cardiorespiratorio, seguido de un segundo ataque cardíaco, del cual consiguió salir adelante, pero no ocurrió lo mismo con las graves consecuencias para su salud reseñadas en el escrito pretensor.

En tercer lugar, se agravia, porque considera que el juez de la instancia previa se apartó de los peritajes de autos.Reproduce las conclusiones del perito obstetra, en cuanto dictaminó que: «. al no tener UTI, Asistir no habría cumplido con los requisitos necesarios frente a emergencias (fs. 755). la multiparidad es factor de riesgo para el desarrollo de hemorragias pos partos y de la atonía uterina. multiparidad, edad (40 años) y cesárea anterior son tres factores de riesgo (fs. 756). aclaro que entre la cesárea y la histerectomía transcurrieron más de seis horas y en ese lapso (fs. 812). si era un embarazo de alto riesgo, por los factores citados (fs 813). si a la víctima se la hubiera anexo histerectomizado antes y hubiese contado la clínica con UTI, los riesgos hubiesen sido menores, además del tiempo que transcurrió entre ambas cirugía que complicó el cuadro, que habiendo contado con UTI hubiese tenido más posibilidades de vida. lo que no estuvo correcto fue la falta de UTI y el tiempo transcurrido entre ambas cirugías, que a mi criterio y conforme a las constancias de autos complicaron la situación.» Plantea que resulta absurdo que el juez haya desconocido la calidad de embarazo de alto riesgo de la paciente, deviniendo en abstracto el distingo entre una cesárea y un parto natural que invoca, así como la discusión relativa a si, entre la finalización de la cesárea y el comienzo de la laparotomía exploradora e histerectomía, transcurrieron seis horas o tres horas y media.

Considera que el sentenciador erró a favor de la parte demandada, ya que según sus propios dichos, la primera operación terminó a las 19:50 horas, y la segunda comenzó a la 1:30 horas del día siguiente; expone que, en todo caso, habrían transcurrido cuatro horas con cuarenta minutos y no tres horas y media como máximo como -erróneamente- concluyó, dado que claramente a este rango horario se refiere el perito, y no al tiempo entre la finalización de la segunda operación e ingreso al hospital, como pretendió relacionar, equivocadamente, el juzgador.

Se queja porque el juez omitió ponderar lo informadopor el perito médico especialista en terapia intensiva, quien dictaminó a fs. 860/61: «. una interconsulta a un médico intensivista. hubiera facilitado las posibilidades de una mejor evolución de su salud frente a eventuales complicaciones devenidas de las mismas y pronta internación en una UTI. no consta en la historia clínica que se solicitó una interconsulta a un médico intensivista o terapista.». Dice que esta observación es aplicable también al personal médico del hospital L.

Recalca que todas estas circunstancias fueron invocadas expresamente en los alegatos.

Cuestiona que el juez hizo un cuestionamiento propio del derecho que les corresponde a las partes, sobre lo que él consideró que debería haber dictaminado el perito obstetra. En todo caso -continúa afirmando-, si para la oportunidad de dictar sentencia hubiera considerado necesarias aclaraciones del perito, debería haber recurrido a una medida de mejor proveer; de lo contrario, debió atenerse a lo dictaminado, pudiendo apartarse del peritaje conforme a las reglas de la sana crítica racional sólo a partir de un criterio científico o elemento de prueba objetivo categórico en contrario. Cita jurisprudencia.

En el apartado siguiente transcribe lo expuesto por su parte en los alegatos, en cuanto a la responsabilidad civil de los demandados. Por último, realiza un resumen de lo expresado al alegar, respecto de los rubros indemnizatorios reclamados. Señala que la suma estimada en los alegatos se encuentra desactualizada, en función del tiempo transcurrido, y solicita su reajuste a la realidad económica actual del país.

Sugiere los siguientes montos, con relación al daño moral: para R. C., la suma de $ 500.000 y para los hijos de la Sra. M. G., la suma de $ 700.000 para cada uno. En referencia al valor vida, estima la suma de $ 500.000 para R. C., $ 250.000 para N. A. F., $ 250.000 para L. G. F., $ 350.000 para A. M. C., $ 350.000 para P. A. C. G., $ 350.000 para V. R. F. C., $ 350.000 para L. N. L. C. y $ 350.000 para C. E.C.

III.- A fs. 1001/002 contesta la expresión de agravios TPC Cía. de Seguros. A fs. 1005/7 lo hace OSPRERA; a fs. 1010/15 responde ASISTIR S.A., a fs. 1020 la Sindicatura de AISTIR y a fs. 1028/30, Fiscalía de Estado.

IV.- A fs. 1026 se notifica lo actuado en esta instancia a la Segunda Asesoría de Menores. Toma intervención Fiscalía de Cámara (Ley de Defensa del Consumidor- inconstitucionalidad art. 1078 CC).

V.- Lineamientos jurídico-normativos que rigen para la solución del caso V. a.- El plexo normativo que ampara al denominado «derecho a la salud» es basto y sería impropio efectuar en este pronunciamiento un análisis exhaustivo al respecto. Por ello, a título introductorio solo sentaré una fundamentación suficiente, que servirá de marco a mi decisión.

En primer lugar, remito al Preámbulo de la Constitución Nacional, que alude al bienestar general, estableciendo un objetivo en el que se inserta la necesidad de tender a la preservación de la salud. Seguido de ello, apelo a las normas que implícita o explícitamente consagran el derecho a la salud en el texto constitucional (arts. 33, 42 y art. 75 inc. 22, CN, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos VII y XI, Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 3°, 8° y 25, Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, art. 12, incs. 1° y 2°, apartado d), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 24°, Convención Americana de Derechos Humanos, art. 4, inc. 1°, art. 5°, inc. 1°, arts. 19 y 26, etc.).

Ampliando sobre lo último, considero que el debate amerita traer a colación la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por Ley 23.179, que establece, en su art. 12 inc. 2, lo siguiente:»Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1°, supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.».

En el marco del derecho común, imperan en autos las disposiciones que rigen la responsabilidad civil extracontractual, teniendo en cuenta que se controvierte sobre hechos consumados durante la vigencia del Código Civil (arts. 1107, 1112, 512, 901 y cc.; art. 7 CCCN).

El esquema se complementa con las previsiones de la Ley de Defensa del Consumidor, cuya vigencia es indiscutible si se acepta que la infracción al deber de seguridad es fuente de responsabilidad aquiliana cuando, como ocurre en el presente, está acreditado que la acreedora de ese deber falleció, como consecuencia de su incumplimiento por parte del proveedor del servicio de salud (arts. 2, 3, 5, 40, 65 y cc., Ley 24.240. En doctrina: TRIGO REPRESAS, F.- LÓPEZ MESA, M., Tratado de la Responsabilidad Civil, La Ley, Bs. As., 2004, T. II, págs. 306 y ss.; BUERES, Alberto, Responsabilidad Civil de los médicos, Hammurabi, Bs. As., 1.992, T. 1, págs. 74 y 75; VÁZQUEZ F., R., «La obligación de seguridad», Suplemento Especial La Ley- Obligación de Seguridad, setiembre 2005, pág. 6).

Existen otras normas de rango inferior que, por su carácter de orden público, deben también ser contempladas para dirimir este pleito. Entre ellas cuenta la Ley 26.485- «Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales»- que en su artículo 3° dispone: «Derechos protegidos.Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes». En el mismo dispositivo, la regla citada incluye, entre otros derechos dignos de tutela, los que conciernen a la salud, a la información y a la integridad física de la mujer, así como al goce de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad.

Por último- insisto, sin pretender agotar el tema- estimo conveniente traer a colación la Ley de Parto Humanizado- N°25.929- que en lo pertinente regula, en su artículo 2°, lo siguiente:

«Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto, tiene los siguientes derechos: a) A ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alternativas. b) A ser tratada con respeto, y de modo individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales. c) A ser considerada, en su situación respecto del proceso de nacimiento, como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto. d) Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer.e) A ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o hija y, en general, a que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales.».

El referido texto consagra que el incumplimiento de las obligaciones que emergen del mismo, por parte de las obras sociales y entidades de medicina prepaga, por los profesionales de la salud y sus colaboradores, así como por las instituciones en que éstos presten servicios, será considerado falta grave, de conformidad con lo establecido por el artículo 6° de la ley 25.929, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder.

V. b. – La segunda cuestión que consideraré tiene que ver con las eximentes y su prueba.

Sin desconocer que la carga probatoria pesa prioritariamente sobre quien acciona, tengo para mí que, dadas las condiciones preponderantemente objetivas de la imputación, la accionada debió probar la causa ajena, si lo que pretendía era liberarse de la responsabilidad presumida que beneficia a la actora, en el marco del derecho del consumo (MOSSET ITURRASPE, J.- WAJNTRAUB, J., Ley de Defensa del Consumidor, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2010, pág. 235, nota 298. Arg. Arts. 1734, 1736, 1744 y cc., CCCN).

En ese plano, acepto que la obstetricia es una especialidad médica que posee singulares particularidades, que tienen que ver con que la gestante no es una persona enferma, aunque cursa un trance que puede, eventualmente, poner en riesgo su salud o la de su bebé. En paralelo, admito que la embarazada puede acarrear algún tipo de cuadro patológico preexistente y plantear, por esa o por otras razones, un embarazo o un parto riesgosos. Incluso, se puede presentar una emergencia obstétrica que, por su gravedad, puede requerir una inmediata asistencia especializada (URRUTIA, A. y URRUTIA, D., «Responsabilidad de los médicos obstetras», Revista de Derecho de Daños – Responsabilidad de los profesionales de la Salud, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003-3, pág.247/250).

Como derivación de lo expuesto también asumo que, ante un suceso de esa gravedad, aun de ocurrencia fortuita, lo que se pone a prueba es, en concreto, la calidad de atención de los servicios. Por ello, si para enfrentar la contingencia el médico o el prestador optan por alguna de las variables objetivamente idóneas, acordes con las reglas de la medicina y las circunstancias, no será fácil afirmar que esa conducta introdujo «causalidad» en orden a la producción del daño. La prueba será, en todo caso, la que permitirá dilucidar si ese fue, en la realidad, el curso de los acontecimientos (PALOMERO, Silvia E., «Aspectos periciales de la mala praxis obstétrica», DJ 2004-2, 457, RCyS 2004, 415, Cita Online: AR/DOC/1368/2004. Véase mi voto en fallo del 09/12/2019, autos CUIJ: 13-04094472-3 ((012009-252467)) / 55.092, «Panella, Diego Damián y Otros c/ De Gaetano, Manuel p/ Daños y Perjuicios»).

V. c.- Siguiendo con los lineamientos generales que regirán mi decisión, encaro en este punto las alternativas que tienen que ver, específicamente, con el aspecto probatorio.

Por regla, la actora tenía que probar el daño y el nexo causal existente entre éste y la conducta – culposa o de cualquier modo infractora- atribuida a los prestadores del servicio de salud (art. 175 CPCCT).

El punto es determinar con qué rigor debe ser valorada esta regla, en el concreto marco dado.

Un sector de la doctrina considera que la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor acarrea que, en casos como el de autos, tanto el derecho como la prueba de los hechos deben «ser valorados a la luz del principio in dubio pro consumidor» (BURGUEÑO IBARGUREN, M.- SICILIANO, J., en LÓPEZ MESA, Marcelo J., La responsabilidad civil médica- Responsabilidad de Sanatorios y hospitales», Ed.IB de F, Montevideo- Buenos Aires, 2019, página 494).

Sea que comparta o no lo anterior, lo que no puedo negar es que la situación de inferioridad en que se encuentran los actores frente a los demandados produce, en el aspecto probatorio, efectos relevantes. Ello es así, insisto, independientemente de lo que sobre el particular establecen las disposiciones tuitivas de consumidores y usuarios.

Desde ese punto de vista se ha sostenido, por ejemplo, que en casos de este tenor debe tener cabida la denominada «teoría de las pruebas leviores», que según la Suprema Corte mendocina, constituye «una suerte de excepción, pacíficamente admitida en el plano jurisprudencial, al principio probatorio según el cual sólo puede reputarse acreditado un hecho cuando la prueba colectada genere una absoluta certeza moral en el espíritu del juez» (SCJM, 22/12/06, causa n° 86.481 caratulada: «Cacciaguerra, Leopoldo en J° 136.495 Pocovi, de Brizuela, Elvira c/ Cacciaguerra, Leopoldo e Instituto Médico Tunuyán p/ Ord. s/ inc.», entre otros).

En el mismo orden, considero que también corresponde hacer regir en autos las previsiones contenidas en los arts. 53 de la LDC y 207 del CPCCT, sin perjuicio de la teoría de las «cargas probatorias dinámicas» que hoy plasma el art.1735 del CCCN.

Dicho lo anterior, me hago cargo de que se controvierte en la alzada acerca de la valoración que hizo el juez de la pericial. Por ello, considero útil recordar que en estos juicios se asigna relevancia decisiva a los informes de los expertos, básicamente porque el debate involucra cuestiones de naturaleza técnica o científica.No obstante, se reconoce que el valor de la prueba pericial está ligado a que la contribución esté debidamente fundada y no se opongan a ella otras razones o elementos de análogo valor, que le resten confiabilidad.

Así lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia local al sentar que, aunque normalmente es necesario contar en estos juicios con el auxilio de los expertos, ello no convierte a la prueba pericial en «prueba legal» o «vinculante» para el magistrado, debido a que éste cuenta con amplias facultades para su apreciación, dentro de los límites objetivos que imponen las reglas de la sana crítica. Se ha admitido, incluso, que el juez puede «apartarse de conclusiones del experto si son equívocas, poco fundadas, oscuras, contradictorias» (CORREA, A., «Responsabilidad médica y derecho a la salud», La Ley Gran Cuyo 2016 (marzo), 123, cita online: AR/DOC/119/2016 y jp. citada).

La regla es, en todo caso, clara: «Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos y no existe otra prueba que los desvirtúe, la sana crítica aconseja aceptar el dictamen, pues el perito actúa como auxiliar de la justicia y contribuye con su saber, ciencia y conciencia a esclarecer aquellos puntos que requieren conocimientos especiales» (SCJMza., 19/09/2002, expte. N° 72.471 – «Rosales, Cristian Omar en J.» Rosales, Cristian Luis López Barzola y Hosp. L. Ordinario – Inconstitucionalidad»).

Antes de concluir recuerdo que en los juicios de responsabilidad médica tienen también peso otras probanzas, de corte instrumental, científico o de similares características (véase, de esta Cámara: LS 184-00, doctrina y jp. citadas).

Desde esa perspectiva se acepta que la historia clínica es una prueba particularmente valiosa, porque ofrece la posibilidad de calificar los actos médicos conforme a estándares, al tiempo que contribuye para establecer la relación de causalidad, dando incluso lugar, cuando está mal confeccionada, a una presunción judicial de culpa, que podría encerrar una presunción de causalidad (SCJMza., sala I, 29/07/04, Expte. Nro. 76.497, «Orellano, G. E.en J.», entre otros).

Sobre el mismo punto la doctrina establece que: «En rigor, dado que válidamente puede conceptualizarse al deber de confeccionar una historia clínica completa como un deber secundario de conducta, lo significativo no es el cumplimiento o no esa regla del arte médico, sino si dicha omisión pudo o no tener gravitación en el desenlace fatal». Esto es, agrega la fuente, «.si bien la historia clínica es de importancia fundamental en los procesos por mala praxis, las omisione s o errores que pudiera contener no bastan por sí solos para imputar responsabilidad al médico que la confecciona, pues debe acreditarse que esas falencias han sido determinantes para causar un daño» (BORAGINA, Juan Carlos- MEZA, Jorge Alfredo, «Cuestiones relevantes de la responsabilidad civil médica en un interesante fallo», RCyS 2014-IX , 79, Cita Online: AR/DOC/2602/2014).

VI. Responsabilidad emergente del hecho dañoso a. En su primer agravio la apelante reprocha al juez parcialidad. Invoca, además, que prejuzgó, porque consideró negativamente los hechos invocados por su parte y elogió la resistencia de la accionada.

Es mi opinión que ese planteo, que involucraría una tacha de nulidad, luce desierto (art. 137, Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia de Mendoza).

En realidad, la recurrente no se hace cargo de que, más allá del modo en que comenzó a razonar, el sentenciador analizó las cuestiones relevantes que le fueron planteadas y valoró la prueba pertinente. Su conducta no revela parcialidad, ni prejuzgamiento, siendo que su decisión fue oportuna y acorde con el estadio procesal en el que se dictó, sin violar el derecho de defensa. b. Despejado lo anterior y dado que el juzgador puso en tela de juicio los términos en los que la actora imputó a las accionadas, me detendré en este aspecto.

La accionante demandó a la C. A. S. M., al Hospital L. y a OSPRERA concretando su imputación de la siguiente manera: a) La C. A. S. M.»es responsable por haber practicado en sus instalaciones sanitarias una intervención quirúrgica «programada» (cesárea programada y ligadura de trompas), sin contar con el soporte técnico médico necesario para afrontar complicaciones asaz previsibles en el trámite de la misma (en el caso de autos léase especialmente: no contar con unidad de terapia intensiva- UTI), incumpliendo con ello las Condiciones Obligatorias Obstétricas y Neonatales Esenciales recomendadas por la OMS.».

Dijo la pretensora que ese nosocomio también es responsable «por no haber respetado en plenitud el protocolo específico que la Lex Artis impone. Seguido de ello, atribuyó a los médicos haber incumplido su deber de actuación diligente, en términos que no les permitieron «predecir ni advertir la existencia de atonía uterina, sino después de transcurridas cuatro horas y media desde la finalización» de la cesárea y ligadura de trompas programadas. Reprochó, también, que el personal médico de la clínica no consideró el embarazo como de alto riesgo, desconociendo que la multiparidad (seis embarazos anteriores) es un factor de riesgo para el desarrollo de hemorragia posparto. Precisó, por último, que fue «una atonía uterina» lo que desencadenó el trágico desenlace estudiado en autos. b) A OSPRERA le imputó no haber asistido debidamente a su afiliada, consintiendo la internación en un nosocomio que no contaba con UTI, dejándola librada a la suerte de un Hospital Público, cuando comenzaron a manifestarse las complicaciones. c) Al Hospital Luis L., la atribuyó responsabilidad en virtud de que, su personal médico, recibió en sala común a la Sra. G., a pesar de que ella había sido allí trasladada con expresa prescripción de internación en UTI. c. Dentro de los límites que he sentado en el apartado anterior, considero que los hechos no controversiales son los siguientes:

– La Sra. M. H. G.era una mujer de 40 años, con seis embarazos previos y un parto por cesárea que, cursando 38 semanas y media de su séptimo embarazo, el día 21/10/2010 concurrió a la C. de A. S. M., con una orden de internación para cesárea y ligadura de trompas programadas, extendida por su médica tratante, especialista en ginecología y obstetricia.

– La embarazada ingresó al quirófano a las 19:07 hs. de ese día y fue intervenida como había sido programado, regresando a sala común a las 19:50 hs.

– A las 00:30 hs. del día 22 de octubre de 2010 se advirtió que la Sra. G. se encontraba hemodinámicamente descompensada, que presentaba un cuadro hemorrágico y descenso de la presión arterial («shock hipovolémico», «atonía uterina», «hemoperitoneo»). Estas circunstancias determinaron que a la 01:30 hs. se la derivara nuevamente a quirófano, para practicarle una anexo histerectomía de urgencia.

– Luego de la segunda intervención quirúrgica se decidió la derivación de la paciente al Hospital Luis L., adonde arribó, previa comunicación del personal de Asistir con el Jefe de Guardia de Tocoginecología, Dr. Rubén Vera.

– En el mencionado centro hospitalario la Sra. G. permaneció en observación hasta que, el día 23 de octubre, fue ingresada a quirófano y se le realizó una laparatomía exploradora. Durante esa cirugía, hizo un paro cardiorespiratorio que fue manejado en UTI por médicos de distintas especialidades (anestesiología y cardiología). Superado ese episodio, el acto quirúrgico prosiguió, detectándose la presencia de hematoma retroperitoneal, que logró ser controlado.

– El 31 de octubre siguiente la Sra. G. fue nuevamente intervenida- traqueotomía- con diagnóstico preoperatorio de «shock hipovolémico». A partir de allí continúo bajo control clínico y neurológico, siendo derivada el 9 de diciembre de 2010 al Hospital Lencinas, adonde ingresó en estado vegetativo, falleciendo el 23 de mayo del año 2012, merced a una insuficiencia respiratoria aguda. d.Llegado este punto determinaré si, como pretende la quejosa, el juez erró al dilucidar los hechos controversiales, en función de la prueba rendida.

Según el juzgador, el perito médico obstetra informó que en los controles que se hicieron a la Sra. G. no constan factores que presagiaran una complicación durante la cesárea. Agregó que, a su ingreso a la clínica, tampoco mediaban antecedentes o condiciones que impusieran el monitoreo continuo o soporte constante por medios propios de una Unidad de Cuidados Intensivos o Terapia Intensiva.

Esos datos, que son veraces, dieron lugar a una conclusión que ha sido rebatida, con solvencia, por la recurrente. Al igual que la parte, considero que, precisamente que nada se haya especificado en la historia clínica al respecto, prueba la culpa médica y no que el riesgo no existió.

El embarazo de la causante de los actores era, efectivamente, de riesgo. Lo era por la edad de la embarazada, por las gestaciones que previamente había cursado y porque a ella se le había practicado una cesárea anterior. Esto fue considerado por el experto en el dictamen al que remitió el juez.

Categóricamente afirmó el Dr. Saada que la multiparidad es factor de riesgo para el desarrollo de hemorragias posparto y de la atonía uterina. También ratificó que no consta en la Historia Clínica labrada en la Clínica Asistir que esos factores hayan sido considerados de modo previo a la intervención quirúrgica que se le practicó a la Sra. G.; añadió, de modo categórico, que: «Siempre debe realizarse partos o cesáreas en instituciones que cuenten con UTI ante probables complicaciones».

Admito que el dictamen al que hago referencia contiene algunos errores e inconsistencias. Sin embargo, tengo para mí que en las facetas sobre las que vengo argumentado las manifestaciones del auxiliar son fundadas y compatibles con los datos que aporta la instrumental.

Recalco, además, que la fuerza de convicción de ese aporte no se ha visto menguada por las impugnaciones que a su respecto se dedujeron.Por el contrario, el informe del Dr. Saada recibió aval por vía de las conclusiones del perito Oscar Renna quien, desde la óptica de su especialidad, informó que una interconsulta con un médico intensivista, después de las intervenciones quirúrgicas de los días 21 y 22 de octubre de 2010, «hubiera facilitado las posibilidades de una mejor evolución» en la salud de la víctima, «frente a eventuales complicaciones devenidas de las mismas y pronta internación en una Unidad de Terapia Intensiva» (sic).

El cuadro – descompensación hemodinámica y atonía uterina- que se presentó tras producirse la primera intervención era, insisto, previsible. Así lo explicó el experto y también lo confirmó la informante de fojas 610/18. Además, estoy convencida de que las graves circunstancias que se desencadenaron, según consta en la historia clínica, constituyeron una emergencia que debió ser afrontada de manera de dar a la paciente, al menos, una chance de sobrevivir. No fue eso lo que ocurrió y los hechos sobrevinientes solo suman razones para considerar probada la culpa médica, la infracción al deber de seguridad y la falta de servicio.

Los médicos de la Clínica Asistir no debieron haber indicado ni practicado la cirugía inicial si ese centro carecía de UTI y no estaba, como los hechos demuestran, en condiciones de resolver las contingencias que podían desencadenarse, con la urgencia que ellas ameritaban. En tal sentido valoro que entre la cesárea y la anexohisterectomía se presentaron cuadros hemorrágicos severos que no fueron debidamente afrontados y que produjeron un agravamiento del estado de salud de la paciente. Esto lo explicó claramente el perito Saada, que remarcó que pasaron seis horas entre la primera cirugía y la Nexohiterectomía y que, en ese interín, se presentaron «cuadros hemorrágicos severos» que no fueron prevenidos (fs.812).

También expuso aquel facultativo que de la historia clínica no surge que al momento de la cesárea se le haya practicado a la persona intervenida escobillado con gasa, conducta que, a su criterio, hubiera permitido extraer en forma más eficiente los restos de coágulos, membranas, etc. remanentes en el útero, para evitar hemorragias y sepsis posteriores. El dato es importante porque, como demuestran los hechos, unas horas después todo eso le ocurrió a la paciente intervenida.

Como anticipé, el modo en que se desenvolvieron los acontecimientos fortalece la posición de los actores.

La causa informa que la atonía uterina y demás complicaciones que luego de la cesárea y de la histerectomía padeció la Sra. G. obligaron a su derivación al Hospital L., porque la Clínica Asistir no contaba con el servicio de Terapia o Cuidados Intensivos.

En la derivación se hizo constar que la nombrada se encontraba con pronóstico reservado. De las pruebas surge que una galena de la Clínica, al efectuar dicha solicitud, consignó la necesidad de que la paciente fuera tratada en un centro de mayor complejidad y fuera atendida en terapia intensiva (fs. 36 in fine y a fs. 49).

Fruto de estas consideraciones es mi convicción que las circunstancias no contempladas por los médicos de la Clínica Asistir, previo a realizar la primera intervención, indican antijuridicidad y culpabilidad, además de revelar una innegable influencia causal en el resultado dañoso. Lo mismo ocurre con su actuación posterior, hasta el momento en que se logró el traslado en ambulancia al Hospital L., pasadas largas horas desde que finalizó la segunda operación, que comenzó a las 01:30 hs. y terminó a las 04:45 hs. del día 22 de octubre (fs.41).

Las constancias de la causa revelan, además, que el ingreso de la Sra. G. al nombrado nosocomio se produjo aparentemente antes de las 8: 30 hs. del día señalado. Digo aparentemente, porque en la historia clínica (fs.59) ese dato está ausente y solo a fojas 63 consta que fue examinada a esa hora. Lo que es prístinamente claro es que el ingreso de la paciente a la terapia intensiva se produjo recién el 23 de octubre a las 14:40 hs., pese a que se había constatado que ella estaba en mal estado general (fs. 52). Una vez más los hechos hablan, con elocuencia, de una actuación negligente que, a la postre, fue perjudicial para las chances de sobrevida o recuperación de la paciente.

No encuentro ningún dato confiable que explique por qué razón se adoptó en el Hospital L. el criterio referido, que se contrapone con la indicación médica que justificó la derivación. Tampoco queda en claro por qué razón se mantuvo a la paciente, por un lapso tan prolongado, sin brindarle la atención que le había sido indicada. En este contexto cobra sentido la manifestación del perito Saada, relativa a que «. respecto a que haya sido dejada en la sala de partos en el hospital L., no puedo justificar la metodología de trabajo de dicho nosocomio y desconozco los motivos.».

La anterior es una respuesta evasiva o, en todo caso, oscura, que, no obstante, a falta de prueba en contrario puede ser interpretada como una corroboración de la conducta omisiva y reprochable en que incurrieron los médicos del nosocomio público.

Insisto en que en este estado de cosas se practicó a la Sra. G. una tercera intervención quirúrgica- transcurridas más de 24 hs. desde su arribo al Hospital L. (fs. 67)- en la que sufrió un paro cardiorespiratorio, seguido de un segundo ataque cardíaco, del cual consiguió salir adelante, aunque con graves consecuencias para su salud. Esto fue lo que dio curso a los acontecimientos subsiguientes, con las consecuencias relatadas en el escrito inicial.

En mérito a lo expuesto, juzgo que los actores han cumplido con su carga probatoria, de manera satisfactoria.La culpa médica, la infracción al deber de seguridad por parte de todas las accionadas e, incluso, la falla del servicio, son, en mi opinión, circunstancias debidamente acreditadas en autos. Ello es así, más allá del abono que a la posición de los accionantes brindan la ley y la doctrina interpretativa que pone el acento en su vulnerabilidad.

En contraposición, estoy convencida de que las sindicadas como responsables no han demostrado la causa ajena.

Por ello, propongo que se revoque el decisorio de grado y se admita la demanda, haciendo extensiva la condena a la aseguradora, en los términos del seguro.

VII.- Los daños Este Cuerpo ha sentado en su anterior integración- con criterio que subsiste en la actual- que en casos de este tipo no es posible considerar que los operadores de la medicina causaron las complicaciones y secuelas que produjeron la muerte de la paciente, aunque sí impidieron, de algún un modo, la posibilidad de evitar o disminuir el daño y, en definitiva, su chance de sobrevivir (CC1, 14/11/2011, causa n° 122.046/42.129, caratulada: «Alvarado, Darío A. y Ot. c/ Norma Gonella y Provincia de Mendoza p/ D y P»; 20/05/2019, autos Nro. 1003468/53.151, «Anzorena, Pedro R. por sí y por sus hijos menores c/ Mirtha Eva Herrera, Hospital Perrupato y Gobierno de la Provincia de Mendoza p/ cobro de pesos», entre otros).

En esos fallos, siguiendo a la Suprema Corte de Justicia local se ha precisado que: «Cuando el daño consiste en la pérdida de una chance de supervivencia, el tribunal no puede condenar al profesional a pagar una indemnización equivalente a la que se debería si él hubiese realmente provocado la muerte al enfermo por su impericia o negligencia. Es que el médico no creó la enfermedad o el riego en el paciente sino que simplemente no contribuyó a tratar de detener a ésta.El límite de su responsabilidad estará dado por la pérdida de la chance de sobrevivir y no por el desarrollo definitivo de la enfermedad» (SCJMza., 23/6/2003, «Marchena», LS 323-196).

Conforme esas fuentes, en autos procederá resarcir el daño probado, sin perder de vista que la reparación les es debida a los sujetos legitimados por virtud de la disminución de la posibilidad de sobrevivir que tuvo su causante, en mérito de la conducta de los accionados (arg. arts. 1738 y 1739, CCCN).

VII. a. Reclamo del Sr. R. C. VII. a. 1. «Valor vida».

Para dar sostén a su reclamo el accionante aportó un certificado, expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas el 22/01/2007, que indica que él y la Sra. G. convivían en «aparente matrimonio», desde hacía 12 años. Manifestó también que se desempeña como contratista de viñas y frutales y que el suceso luctuoso produjo la desarticulación de su familia, constituida por dos hijos de la nombrada y los que C. tenía en común con ella. Aclaró que, como derivación de las dificultades que la muerte de su conviviente le ocasionó para llevar adelante la vida familiar, otorgó la crianza de C. E. C. a un familiar cercano y concedió judicialmente la guarda de otro de sus hijos a una familia cercana.

Nada de esto ha sido controvertido por las accionadas.

Ahora bien, fuera de los ya mencionados, existen pocos elementos útiles para dilucidar la cuestión que trato. Ellos surgen, básicamente, del informe ambiental de fojas 829, presentado al expediente el 29 de junio de 2017. Como resultado de esa diligencia se sabe que el actor, que tenía en ese momento 58 años, continuaba desempeñándose como contratista y viviendo con tres hijos – una de ellas menor de edad- y dos hijastros, en una casa situada en la finca en la que trabajaba.También se desprende del mismo informe que el pretensor percibía en ese tiempo un haber mensual de pesos un mil ochocientos ($ 1.800).

Los datos reseñados son claramente escasos, aunque significativos para admitir el rubro y cuantificarlo, con respaldo en las enseñanzas de la experiencia.

En mi opinión, las constancias de marras dan pie para inferir las expectativas que el actor tenía de obtener, de su conviviente, un aporte destinado al sustento familiar, por vía de la contribución que ella hacía a ese núcleo. La unión convivencial que tenían los Sres. C. y G. era seria, pública y prolongada en el tiempo y el perjuicio es un hecho cierto, desde la perspectiva que acepta que: «La muerte de uno de los integrantes de la pareja acarrea, normalmente, repercusiones económicas disvaliosas para el sobreviviente, en razón de la privación de asistencia que el muerto brindaba, por vía de aportes dinerarios, o de algún otro género de esfuerzo mancomunado para el desenvolvimiento de la existencia, tanto más necesario cuando hay hijos comunes a los que sostener y educar» (ZAVALA DE G., M., Tratado de daños a las personas- Perjuicios económicos por muerte, Astrea, Buenos Aires, 2008, V. 2, página 158. En la jurisprudencia local: SCJMza., 15/11/2012, 104.389 «DA FRÉ GAÍDO Y ASOCIADOS CONSTRUCC. S.R.L. en J:.»).

Para fijar el monto de la reparación considero, además, que el concepto de chance juega en este caso en dos sentidos. Por un lado, en el que surge de los lineamientos introductorios- chance de sobrevida-; por el otro, en el que se desprende de las reglas generales (arts.1084 y 1085 CC). Dentro de estos límites y a falta de prueba que justifique un incremento, propongo que se fije la reparación, a la fecha de la sentencia de primera instancia, en la suma de pesos ciento ochenta mil ($ 180.000) (arg. Art. 1745 CCCN. Como pauta comparativa puede verse la causa «Anzorena» citada).

VII. a. 2.Daño moral En un todo de acuerdo con lo que surge del dictamen del Ministerio Fiscal considero factible declarar, en el caso concreto, la inconstitucionalidad del art. 1078 del CC. Sigo en especial, a sus efectos, la jurisprudencia que este Cuerpo ha abrazado en casos análogos (véase: 29/09/2015, autos Nº 152.546/50.545, Caratulados: «Flores, Rosa Noemí y Ots. c/ Carosio, Mario Oswaldo y Ots. p/ D. Y P.» y causa «Anzorena», doctrina y jurisprudencia citadas, entre otros).

El actor integraba una unión de hecho de cuyas características ya he hecho mérito. Desde ese punto de vista, su reclamo tiene el sustento constitucional que recibe en nuestro medio la familia en sí, más allá de la aplicación que también merecen en el caso los principios de igualdad y de reparación plena (LLOVERAS, Nora- MONJO, Sebastián, «La legitimación activa del miembro de la unión convivencial para reclamar por daño moral: art. 1078 del Código Civil»; LLC, 2009-341; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F, «B., L. A. y otro c. L., M. A.y otros s/ daños y perjuicios», 22/10/2013, LL 2014-B, 152, Cita online: AR/JUR/96066/2013. En términos coincidentes: Cámara 2a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala II. «R., S. E c. Bustos, Esteban», 23/11/2004, publicado en: LLBA 2005 (marzo), 134 con nota de Silvia Y. Tanzi- Ethel Humphreys y de Graciela B. Ritto o JA 2005-IV, 284, entre otros).

De su lado, tengo en cuenta que la cuestión, que suscitó controversias en el régimen anterior, ha quedado zanjada tras la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación que, si bien no es aplicable en lo pertinente, sirve como pauta orientadora para corroborar la inconstitucionalidad del precepto ya aludido, conforme las particularidades del caso (art.1741, CCCN). Contemplo, en ese plano, que la reforma confiere al conviviente un derecho subjetivo, consagrando lo que con anterioridad habían establecido la jurisprudencia y la doctrina dominantes (MEZA, Jorge Alfredo- BORAGINA, Juan Carlos, «El daño extrapatrimonial en el Código Civil y Comercial», Publicado en: RCyS 2015-IV, 104, Cita Online: AR/DOC/418/2015).

Conforme el temperamento que suscribo, propugno que previa declaración de inconstitucionalidad del art. 1078 del código derogado se acoja la reparación pretendida por el Sr. C. Así las cosas, el detrimento que sufrió el conviviente deberá ser resarcido en función del principio de individualización del daño y constancias de la causa, aunque la reparación deberá ajustarse al concepto de «chance» que inicialmente he desarrollado.

Para cuantificar el menoscabo traigo a colación lo que manifesté en el sentido que el actor convivió con la Sra. G., de manera estable y relativamente prolongada, criando los hijos en común y los que tenía la propia fallecida. Este cuadro, más allá de otras contemplaciones posibles, me genera un alto grado de certeza relativo a la proyección futura de la relación que los convivientes llevaban adelante, en todos sus aspectos. También me permite inferir, razonablemente, la magnitud del impacto extrapatrimonial que sufrió y probablemente sufrirá el damnificado, en el contexto de los hechos probados, sin perjuicio de que la pericia psicológica estableció que, superado el duelo, aquél ha logrado seguir con su vida, sin padecer impacto patológico como consecuencia de su pérdida.

Por virtud de las consideraciones previas, si mi opinión es compartida deberá prosperar el rubro por pesos trescientos cincuenta mil ($ 350.000). Ese monto está estimado a la fecha de la sentencia de primera instancia y persigue cumplir la función gratificatoria que la reparación está destinada a cubrir (art. 1741 CCCN; como pauta comparativa, véase lo decidido en la causa «Anzorena» cit.).

VII. b. Reclamo deducido por los hijos e hijas de la Sra. G. VII. b. 1. «Valor vida» Este Cuerpo ha sentado que cuando el art.1084 del código civil menciona «lo necesario para la subsistencia» se refiere, con criterio amplio, a los mismos conceptos que la jurisprudencia pondera cuando fija la cuota alimentaria debida por el alimentante al alimentado. Por esa razón, se ha seguido la tesis que pregona que para fijar la reparación allí establecida debe contemplarse: «todo aquello que la víctima habría constituido para el damnificado como sostén y ayuda (en el caso concreto), de tal modo que el dañado pueda seguir, después de ordenada la reparación, en la misma situación que estaba antes de producirse el hecho ilícito» (KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., en Código Civil y leyes complementarias, Astrea, Bs. As., 2002, T. 5, págs. 198/99. De este Cuerpo: 26/03/2012, autos Nº 43.546 /127.312, «Bustos, Juan Pablo y ots. c/ Martínez, Verónica Inés y ots. p/ d. y. p. (accidente de tránsito)» y 14/2/2013, autos Nº 152.952 /44.072, caratulados: «Lizúñiga Helda Valeria p/ sí y p/ sus hijos menores Quiroga, Rocío Mariam y ots. c/ Rodríguez, Sergio Walter y ots. p/ d. y. p. (accidente de tránsito)», entre otros).

En la actualidad el art. 1745 del CCCN establece expresamente esa pauta, por lo que haré regir los conceptos ya mencionados, aceptando que el menoscabo no consiste, exclusivamente, en una merma dineraria, sino también en la privación de cooperación y ayuda por parte de la persona fallecida (ZAVALA DE G., Matilde, Tratado de daños a las personas- Perjuicios económicos por muerte, Astrea, Bs. As., 2.008, T. 1, pág. 298 y ss y pág. 246).

Para aplicar estos lineamientos al caso valoro que dos de los hijos de la Sra. G. eran mayores de edad al ocurrir el deceso de su madre (Ley 26.579). En efecto, N. A. F. (21/11/89) y L. G. F.(27/01/92) tenían 22 y 20 años, respectivamente, cuando se produjo el fatal resultado que da lugar a estos obrados.

La situación de los nombrados me exige un análisis especial, por diversos motivos. Por un lado, tengo en cuenta lo dispuesto por el art. 265 in fine del CC, a la luz de la doctrina que exige contemplar la edad de los hijos para definir la reparación del rubro. (KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., comentario al art. 1085 del CC en Código Civil y leyes complementarias, cit. pág. 179). Por el otro, asumo que en la actualidad el art. 1745 del CCCN establece una presunción solo en favor de los hijos menores de 21 años con derecho alimentario y de los incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido judicialmente declarados como tales. Esa norma, como es sabido, condice con la perspectiva que defendió un importante sector de la doctrina en vigencia del régimen derogado. Por ello la consideraré, en cuanto a N., adoptando la tesitura que mejor posiciona a la accionada.

Aun asumiendo que la actora no está en este caso amparada por presunción alguna, juzgo que la reparación es procedente tanto en su caso como en el de su hermano mayor de edad, a falta de prueba en contrario.

Para pronunciarme de tal modo valoro, ante todo, el perfil de la Sra. G., sobre cuya situación personal y socioeconómica ya me he detenido en este voto. En segundo lugar, considero ciertos aspectos concernientes a los damnificados en sí y a su situación familiar. En este último caso aludo a que, hasta la fecha del informe ambiental, N.y L. convivían con su padrastro en lo que constituyó, en vida de su progenitora, el hogar familiar.

En abono, me hago cargo de que no es necesario en estos casos justificar que la persona fallecida suministraba, en concreto, recursos dinerarios, porque basta con que el perjuicio se vincule con la pérdida de «ventajas materiales, de índole alimentaria, o bien de otras eventualmente diversas o más limitadas». La acreditación correspondiente, por último, no necesita ser concretada a través de prueba directa y puede surgir de indicios convictivos que, en autos, considero reunidos (ZAVALA DE G., cit. Tomo I, págs. 256 y 260).

Lógicamente, la ponderación del daño deberá ser en los dos casos tratados más restrictiva que la que procede llevar a cabo en cuanto a los restantes hermanos que se encontraban, al fallecer la madre, en una imposibilidad absoluta de procurarse lo necesario para su subsistencia.

Desde este punto de vista, propongo que la indemnización se fije con respecto a los nombrados en la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000), respectivamente.

Otro tratamiento merece la situación de A. M. C. (7/05/96), Priscilla A. C. (10/10/00), V. R. F. C. (17/09/04), L. N. L. C. (17/09/09) y C. E. C. (21/10/2010), quienes contaban a la fecha del deceso de la Sra. G. con 15, 9, 7, 2 y un año, respectivamente.

Si bien la primera de las nombradas estaba en el momento en que se produjo el daño relativamente cerca de cumplir la mayoría de edad, eso no quita meritar que estaba imposibilitada de procurarse lo necesario para subsistir. Obviamente, la situación se torna más grave en lo relativo a los restantes hermanos, conforme sus condiciones personales y demás reflexiones que he formulado.

Defino entonces, en mérito de todo argumentado, que la pérdida de chance debe ser establecida en el caso de A.C., en la suma de pesos ciento veinte mil ($ 120.000); en el de Priscilla C., en la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000); en el de V. C., en pesos doscientos veinte mil ($ 220.000); en el de L. C., en pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000) y en el de C. E. C., en pesos trescientos mil ($ 300.000), conforme valores estimados a la fecha de la sentencia de primera instancia.

VII. b. 2. «Daño moral» Aunque la fijación del monto resarcitorio en concepto de daño moral queda sujeto, en principio, a la discrecionalidad del juzgador, existen ciertos parámetros que son de ponderación insoslayable en casos de este tipo. Entre ellos cuentan ciertas circunstancias de naturaleza objetiva (vg. la índole del hecho lesivo y sus repercusiones) y otras, de corte subjetivo, que apuntan a la situación de la propia víctima.

Con esta perspectiva me hago cargo, ante todo, de la magnitud del menoscabo espiritual que sufrieron y sufren los hijos de la fallecida, como consecuencia de la muerte de su progenitora. La intensidad del detrimento es presumible y, además, se ve respaldada por la pericial psicológica, salvo en el caso de N. A. F. y L. G. F. que, afortunadamente, no presentaban a la fecha del examen pericial indicadores de lesión psicológica. Lo contrario ocurrió con sus hermanos, todos diagnosticados con algún tipo trastorno postraumático (estrés, trastorno de adaptación, etc.), consecuente con el hecho lesivo.

Luego, teniendo en cuenta que el pedimento involucra una obligación de valor- que en su justipreciación quedó sujeta a lo que en más o en menos resultara de la prueba y a la razonable apreciación judicial- juzgo adecuado incrementar los montos de la solicitud inicial, conforme lo actuado en autos, los cambios producidos en la realidad económica entre que se interpuso la demanda y se falló en el grado y la pauta comparativa que emerge de precedentes dictados en casos análogos (SCJMza. 30/08/2016, Expte.: 13-00506081-2/2, «Sánchez, Claudia A. y Ot.ambos por si y pshm y Ots. en J° 216529/50731 .» y 31/07/2018, causa n°13-00708149-3/1 (010304-52653), caratulada: «Triunfo Coop. de Seguros Ltda. en J° 125178 / 52563, «Uribe, Damián Alfredo c/ Véliz, Nadia Lelia s/ D. y P. (accidente de tránsito) p/ Recurso Extraordinario Provincial», entre otros. Véase también, de esta Cámara, lo decidido in re «Anzorena» cit.).

Asumo, en tal sentido, que la indemnizac ión debe procurar una gratificación para los hijos, en tren de paliar los efectos que les ha causado la pérdida prematura e inesperada de su progenitora. Por eso, a falta de datos que me convenzan de fijar una suma mayor, propongo que se establezca en favor de N. A. F. y L. G. F. las sumas respectivas de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000) y, en beneficio de los restantes hijos de la Sra. G., las sumas respectivas de pesos quinientos cincuenta mil ($ 550.000). En todos los casos, la reparación es fijada a la fecha de la sentencia de grado y en función de la chance efectivamente perdida.

VII. c.- Intereses.

Dado que todos los rubros fueron justipreciados al tiempo de la sentencia de grado, propongo que se aplique al capital de condena la tasa de la ley 4087, desde el día en que falleció la Sra. G. hasta el día 22/04/2019. A partir de allí y hasta el efectivo pago, deberá regir la tasa prevista por la Ley 9041 (CC1, 10/09/18, autos Nº 54.293/53.954, «Bellene, María R. c/ NUEVA GENERACIÓN p/ D. Y P.»).

Así voto.

La Jueza de Cámara Alejandra Orbelli adhiere, por sus fundamentos, al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta la Sra. Jueza de Cámara Silvina Miquel dijo:

Las costas de ambas instancias deben ser soportadas por las vencidas (arts. 36 y 204 inc.II CPCCT).

Así voto.

La Jueza de Cámara Alejandra Orbelli adhiere, por sus fundamentos, al voto que antecede.

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo dictándose sentencia, la que en su parte resolutiva dice así:

SENTENCIA:

Mendoza, 19 de agosto de 2020.

Y VISTOS: lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:

1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por los accionantes y, por ende, revocar la sentencia dictada a fojas 935/41 que queda redactada en los siguientes términos:

«I. Admitir la pretensión contenida en la demanda promovida por N. A. F., L. G. F. y R. C.- todos por su propio derecho y el último, también, en representación de sus hijos menores A. M., P. A., V. R. F., L. N. L. y C. E. C.- contra C. A. S. M., Hospital L. y Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina. Por tanto, previa declaración de inconstitucionalidad del art. 1078 del CC, condenar solidariamente a las accionadas y a la aseguradora TPC Cía. de Seguros- en el último caso de modo concurrente y en la medida del seguro- a pagar a los actores, según corresponda, la suma total de pesos cinco millones ciento setenta mil ($ 5.170.000), con más sus intereses calculados a la tasa de la ley 4087, desde el día 23/05/2012 hasta el día 22/04/2019; a partir de allí y hasta el efectivo pago, deberá regir la tasa prevista por la Ley 9041.

II.-Imponer las costas a las vencidas.

III.- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, sin perjuicio de los complementarios y de la alícuota que por el I.V.A. pudieren corresponder, de la siguiente forma: a) Por su actuación en lo principal: Dra. María Beatriz Alves Carneiro, $ .; Dr. Sergio Damián Barochovich, $.; Dr. Oscar Hernán Alenda, $ .; Dr. Felipe Daniel Mirábile, $ .; Dr. Osvaldo Walter Coll, $ .; Dra. María Sol Macía, $ .; Dr. Facundo E. Barrot, $ .; Dr. Ignacio Osvaldo Coll, $ .; Dra. Florencia Rigoldi, $ .; Dr. Gonzalo Madrazo, $ .; Dr. Alfredo Carlos Deshays, $ .; Dr.Hugo Quesada, $ .; Dra. Jimena Marina Cia, $ .; Dr. Pedro A. García Espetxe, $ .; Dr. Eliseo J. Vidart, $ .; Dr. Hugo H. Ferrero, $ .; Dr. Bernardo Ortiz Ugalde, $ .; y Dr. Rodrigo Darío Betancourt, $ .; b) Los diferidos en el disp. III del auto de fs. 343/3: Dra. María Beatriz Alves Carneiro, $ .; Dr. Bernardo Ortiz Ugalde, $ .; y Dr. Rodrigo Darío Betancourt, $ .

IV.- Regular los honorarios de los peritos actuantes, estimados a la fecha de la presente resolución y sin perjuicio de la alícuota que por el I.V.A. pudieren corresponder, de la siguiente forma: Lic. Daniela Victoria Moreno, $ .; Dr. Omar Saada, $ .; Dr. Oscar E. Renna, 15.510 $; y a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, $. .» 2. Imponer las costas de alzada a las vencidas.

3. Regular los honorarios profesionales de segunda instancia, al abogado Rodrigo D. Betancourt, en la suma de $ ., al abogado Bernardo Ortiz en la suma de $ ., al abogado Felipe D. Mirábile, en la suma de ., al abogado Juan A. Mammana, en la suma de ., al abogado Oscar H. Alenda, en la suma de ., al abogado Pedro García Espetxe, en la suma de .y al abogado Hugo Ferrero, en la suma de .(arts. 15 y 31, ley 9.131).

NOTIFÍQUESE. BAJEN.

Dra. Silvina Miquel

Dra. Alejandra Orbelli

Se deja constancia que la presente resolución es firmada por dos magistradas atento a encontrarse de licencia la Dra. Marina Isuani (ART. 88 Ap. III del C.P.C.C.T., Ley 9.001).

Dr. MARCELO OLIVERA

Secretario

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