#Fallos Exceso reglamentario: Inconstitucionalidad del art. 2º del Dec. n° 644/89, que establece la edad límite de 60 para ser propuesto como Encargado de Registro de la Dirección Nacional de los Registros de Automotor

Partes: Vázquez José Luis c/ Estado Nacional- Ministerio de Justicia y DDHH y otro s/ proceso de conocimiento

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Fecha: 20-ago-2020

Cita: MJ-JU-M-127796-AR | MJJ127796 | MJJ127796

Inconstitucionalidad del art. 2º, del Dec. n° 644/89, en cuanto establece la edad límite de sesenta años como requisito para ser propuesto como encargado de registro, pues es una motivación genérica que omite evaluar otros elementos del aspirante.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 2º , del Dec. n° 644/89, en cuanto establece la edad límite de sesenta años como requisito para ser propuesto Encargado de Registro por parte de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor puesto que se juzga necesario establecer si el requisito en cuestión guarda una relación sustancial con el objetivo perseguido por el legislador, que no puede ser otro que el de asegurar la idoneidad en el acceso a los empleos (plasmado en el art. 16 in fine de la CN.).

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2.-De los considerandos del Dec. nº 644/89 sólo se desprende, como justificación para su dictado, que es necesario completar la reglamentación del Dec.-ley 6582/58 estableciendo las normas referentes al régimen de designación, estabilidad, sanciones y remoción de los Encargados de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, motivación que ya fuera tachada de inválida, por resultar genérica y, además, por omitir proporcionar elementos que permitan evaluar las razones que llevaron a establecer este requisito.

3.-En tanto no se prevé una edad máxima para la permanencia de los Encargados de Registro en sus funciones, pues del art. 36 del Dec.-Ley nº 6582/58 se desprende que dichos funcionarios permanecerían en sus cargos ‘mientras mantengan su idoneidad y buena conducta’, se juzga que la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 2º, del Dec. n° 644/89, en cuanto establece la edad límite de sesenta años como requisito para ser propuesto Encargado de Registro por parte de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, debe ser confirmada.

4.-La Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó que la incapacidad dispuesta, basada únicamente en la edad del postulante, resultaba arbitraria debido a su generalidad y su falta de sustento racional, además de vulnerar el derecho de trabajar y la garantía de igualdad ante la ley, consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de jerarquía constitucional (cfr. CSJN, autos F.509 XXXVI ‘Franco, Blanca Teodora c/Prov. de Buenos Aires -Mº de Gobierno s/inconstitucionalidad’ , Fallos: 325:2968).

Fallo:

En Buenos Aires, a los 20 días del mes de agosto de 2020, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer los recursos interpuestos en los autos caratulados: «Vázquez, José Luis c/ E.N. – M° Justicia y DDHH y otro s/ proceso de conocimiento» (expte. nº 49.845/2018), contra la sentencia de fecha 22 de noviembre de 2019. Al respecto, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

La doctora M. Claudia Caputi dijo:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

I.-) Que, con fecha 2/07/2018, el señor José Luis Vázquez inició demanda contra el Estado Nacional – Ministerio de Justicia de la Nación – Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (de ahora en más «DNRPACP»), a fin de obtener la declaración de nulidad del acto administrativo que había dejado sin efecto la propuesta de designación para ocupar el cargo de Titular del Registro Seccional de la Propiedad Automotor de San Fernando n° 2, Provincia de Buenos Aires. Dicha medida, estuvo fundada fundado en el límite máximo de sesenta (60) años de edad establecido en el inciso d), del artículo 2º, del Decreto n° 644/89, modificado por su similar n° 2265/94 que, respecto del aquí actor, se hallaría sobrepasado.

En definitiva, peticionó la declaración de inconstitucionalidad de la mentada norma reglamentaria.En dicho contexto, requirió que se disponga la reinstalación de la propuesta y que, consecuentemente, se ordene al Poder Ejecutivo Nacional su expreso tratamiento.

Así las cosas, el expediente arriba a estos estrados a fin de dar tratamiento a las apelaciones, propiciando la de la demandada en la revocación del fallo por el cual se hizo lugar a la demanda, mientras que la de los letrados de la parte actora traduce una objeción a la regulación de los honorarios profesionales.

II.-) Que, adelantado lo precedente, cabe efectuar referencia a los antecedentes de la causa y sus vicisitudes.

En dicho cometido, cabe tener en cuenta que, en el escrito de inicio, el actor como punto de partida de las razones que lo conducen a accionar, menciona que ejerció el cargo, interinamente, como Encargado del mentado Registro de la Propiedad Automotor. Según manifiesta, en el año 2003 se presentó al concurso convocado para cubrir una vacante definitiva en la titularidad de dicho organismo. Agrega que el resultado de tal convocatoria fue satisfactorio, pues su parte obtuvo el primer lugar en el orden de mérito.

Continuando con el relato de los antecedentes del litigio, manifiesta que, a partir de dicho momento, fue propuesto en numerosas oportunidades para el cargo al que aspiraba pero, por diversos motivos, dicha propuesta nunca fue efectivizada.Como consecuencia de ello, con fecha 13/12/2016, efectuó una presentación solicitando la pronta resolución de la propuesta de designación, ello bajo el entendimiento de que estaba próximo a cumplir los 60 años de edad.

Afirma que, con fecha el 11/05/2017, mediante la Providencia n° PV2017-08541741-APN-DNRPACP#MJ, el señor Director del «DNRPACP», dejó sin efecto la propuesta de designación y, consecuentemente, ordenó girar las actuaciones a la Dirección de Registros Seccionales, para que se cubriese la respectiva vacante.

Sostiene que, contra dicha providencia, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, actuaciones que dieron origen a la Disposición n° DI-2017-295-APNDNRPACP-MJ, mediante la cual fue rechazado el primero de dichos remedios, así como la suspensión de los efectos del acto administrativo peticionada en los términos del artículo 12 de la LNPA.

Asimismo, sostiene que, con fecha 21/12/2017, se hizo lugar a la medida cautelar solicitada, mediante la cual se suspendieron los efectos de la Providencia nº PV 2017- 08541741 APN DNRNPACP MJ, ello así, hasta tanto se resolviera el Recurso Jerárquico contra ella interpuesto.

Con posterioridad, mediante Resolución nº 84, de fecha 9/02/18, el Sr.Ministro de Justicia rechazó el Recurso Jerárquico deducido, en virtud de lo cual el aquí actor promovió el dictado de una nueva medida cautelar, en el marco del expediente judicial n° 18.007/18, concedida por el juzgado de origen con fecha 5/12/2018.

III.-) Que, con fecha 22/11/2019, la señora Magistrada de la instancia de grado hizo lugar a la demanda interpuesta por el señor José Luis Vázquez y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del artículo 2º, del Decreto n° 644/89, en cuanto establece la edad límite de sesenta años como requisito para ser propuesto Encargado de Registro por parte de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.

Paralelamente con dicha declaración, y como consecuencia de la misma, se declaró la nulidad de la Providencia nº Pv 2017- 08541741 APN DNRPACP MJ, y de la Resolución n° 2018-84-APN-MJ. En función del resultado descripto, impuso las costas del proceso a la demandada vencida en autos. Asimismo, se reguló, en conjunto, los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte actora en la suma de pesos veintinueve mil veinte ($29.020), equivalentes (para la fecha del fallo de primera instancia: es decir, fines de noviembre de 2019) a 10 UMA.

Para así decidir, luego de reseñar los antecedentes de la litis, la judicante describió el Régimen Jurídico del Automotor, plasmado en el Decreto-Ley nº 6582/58 (ratificado por Ley nº 14.467 y sus modificatorias, t.o.por Decreto nº 1114/97).

Así, recordó que la designación y remoción de los encargados de Registros Seccionales es efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta de la Dirección Nacional de los Registros Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, y que dichos funcionarios permanecerían en el cargo mientras mantengan su idoneidad y buena conducta.

También hizo alusión al Decreto nº 644/89, reglamentario de la normativa aplicable a la materia, que establecía en su artículo 2º los requisitos para ser propuesto como Encargado de Registro. Puso de relieve que uno de los requisitos allí previstos era ser mayor de edad y no tener más de sesenta años (inciso d-).

Al respecto, consideró que el recaudo de la edad máxima colisionaba con la norma reglamentada, toda vez que el solo hecho de alcanzar los sesenta años de edad no revelaba la ausencia de condiciones para cumplir la función; observó además que ello no surgía del Decreto-Ley nº 6582/58. Advirtió que, en líneas generales, los requisitos exigidos en el artículo 2º se vinculaban con la idoneidad y la buena conducta que exigía la norma reglamentada.

Ante esta comprobación, la sentenciante sostuvo que cuando una norma reglamentaria desconoce o restringe irrazonablemente derechos que la ley otorga, o de cualquier modo trastorna su espíritu y finalidad, se afecta el principio de jerarquía normativa y constituye un exceso en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución confiere al Poder Ejecutivo.

En función de ello, consideró que el requisito de edad máxima que prevé el artículo 2º inciso d) del Decreto nº 644/89, restringe indebidamente un derecho concedido en una norma de superior jerarquía, al establecer una limitación de carácter objetivo que, según señaló, no puede ser justificada en pautas de razonabilidad (conclusión cuya base normativa fue señalada en el art. 16 C.N., art.II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 7º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Como corolario de lo expuesto, se concluyó que la norma contemplada en el inciso d), del artículo 2º, del Derecho n° 644/89, en cuanto establece la edad límite de sesenta años como requisito para ser propuesto Encargado de Registro por parte de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, resulta inconstitucional por importar un exceso reglamentario y, a la vez, ser discriminatoria.

En función de ello, se entendió que dicha circunstancia habilitaba para así declararlo, lo cual conducía a admitir la demanda en cuanto perseguía la declaración de nulidad de la Providencia nº PV 2017- 08541741 APN DNRPACP MJ y de la Resolución n° 2018-84-APN-MJ, dictadas por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, disposiciones que se fundan únicamente en dicha previsión reglamentaria.

IV.-) Que, bajo tales condiciones, la sentencia fue apelada por la parte demandada con fecha 28/11/2019, quien fundó sus agravios con fecha 03/02/2020. Dicha presentación recibió réplica de su contraria con fecha 18/02/2020.

Asimismo, con fecha 29/11/2019, la representación letrada de la parte actora apela la regulación de honorarios alcanzada en la sentencia de grado. A su vez, dicho recurso fue contestado por el Estado Nacional con fecha 10/12/2019.

Agravios de la parte demandada.

Sintéticamente, alega que: a) la decisión judicial que el actor persigue constituye una inadmisible injerencia en el ámbito de la zona de reserva del Poder Administrador, obstruyendo el ejercicio de facultades discrecionales.Agrega, sobre el punto, que en la especie, no se advierte razón alguna que habilite a la señora sentenciante de grado a proceder contra la presunción de legitimidad de la cual gozan las resoluciones y demás actos emanados de la autoridad pública competente; b) la conclusión a la que se arriba en al sentencia apelada, resulta excesiva y arbitraria. Sobre el punto, manifiesta que no tiene asidero la nulidad que intenta el actor contra el acto administrativo cuestionado, en razón de que el mismo fue dictado dentro de las facultades legales que ostenta el organismo, como autoridad de aplicación del Régimen Jurídico del Automotor.

Concluye al respecto, que el límite de edad establecido en la norma cuestionada exhibe una clara razonabilidad, en orden a poder seleccionar lo s recursos humanos más aptos para poder ejercer la compleja tarea del Encargado de Registro; con ese objetivo, insiste en que la determinación de ese requisito proviene del ejercicio de facultades discrecionales de la Administración; c) la providencia mediante la cual se deja sin efecto la propuesta de designación formulada, se ha agotado en sí misma.Ello, pues la decisión tomada respecto del actor no es consecuencia directa ni indirecta, y mucho menos exclusiva, de la desidia o morosidad administrativas, ello se afirma en el entendimiento de que la designación para ocupar el cargo de Encargado Titular de registro constituye una facultad privativa del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; d) el hecho de haber propuesto al actor, para la designación en el cargo de Encargado Titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de San Fernando N° 2, provincia de Buenos Aires, no generó ningún derecho ante la modificación o anulación de tal propuesta, pues se trató tan solo de la mera elevación de dicha propuesta para ocupar el cargo.

Es decir que, según alega la parte demandada, las diversas observaciones formuladas por la parte actora adolecen de adecuado sustento al considerárselas en el marco de un procedimiento reglado por normas emitidas por la autoridad pública teniendo en miras la excelencia en la prestación de un servicio público, además de la concurrencia e igualdad de los participantes de un procedimiento de selección.

Agrega que no es correcto afirmar que la parte accionante se encuentra en ejercicio efectivo del cargo de Encargado Titular en tanto solo desempeña la función de interventor de la aludida sede registral, y que, incluso, ejercer el cargo de Interventor del Registro por quince años, no necesariamente lo legitima para ser designado Encargado Titular del Registro Seccional en cuestión.

Destaca que la apertura del procedimiento de selección es la que da inicio al mecanismo tendiente a regularizar el escenario de vacancia en los Registros Seccionales respectivos.

Reitera que, como corolario, en definitiva se trata de la elección de un funcionario público, y la facultad de elegirlo, según la interpretación que postula, está en cabeza del Estado Nacional (por conducto del Ministerio de Justicia y DD.HH.).

Finalmente, deja planteado el caso federal, a fin de ocurrir por la vía del artículo 14 de la Ley nº 48.

Agravios de larepresentación letrada de la parte actora.

Los agravios traídos a esta Alzada se circunscriben a las regulaciones de los emolumentos profesionales. Sintéticamente, se apelan por bajos los honorarios regulados. Para dar fundamento a su agravio se alega que las normas utilizadas para fijar sus emolumentos no fueron las correctas. La actora propicia, por ello, la aplicación del artículo 48 de la Ley de Honorarios Profesionales, que estima un mínimo de 20 UMAS para tal regulación.

Asimismo, agrega que sobre el valor resultante debió aplicarse el artículo 20 de la mentada norma, la cual fija el porcentaje que le corresponde a los procuradores.

V.-) Que, a su turno, el señor Fiscal General en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal, dictaminó, con fecha 21 de febrero de 2020, en relación a los planteos esbozados por la accionada.

En dicha pieza, consideró que la presentación no cumplía con los recaudos exigidos en el artículo 265 del C.P.C.C.N. Sostuvo que el apelante se había limitado a efectuar afirmaciones genéricas, sin refutar el aspecto central de la sentencia recurrida, en cuanto había concluido que el límite de edad dispuesto en el inciso d), del artículo 2°, del Decreto n° 644/89 constituía un exceso reglamentario que consagraba una distinción carente de razonabilidad y, por ello, resultaba violatorio de la Constitución Nacional. Por ello, tuvo en cuenta que las meras discrepancias o disconformidades con el criterio de la señora Jueza a quo no constituían técnicamente una expresión de agravios, por lo tanto concluyó que debía declararse desierto el recurso intentado.

VI.-) Que cabe adelantar que diversos motivos obstan a la procedencia de la apelación. En efecto, en primer término, y en cuanto a la verificación de las pautas normativas del memorial bajo examen, se impone tener presente lo dispuesto por el art.265 del C.P.C.C.N., el cual establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia con el criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas (en igual sentido, C.S.J.N., Fallos: 315:689; 316:157; 322:2683 ; y esta Sala, in re «Curcija S.A. c/ E.N. – ONCCA – Resol. nº 1.487/08 s/ proceso de conocimiento», causa nº 22.848/2009, sentencia del 12/07/2018, entre muchos otros).

En este sentido, se ha dicho que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal y su forma le impone claridad expositiva, para facilitar su estudio (conf. esta Sala, in re: «Fernández Cárdenas, M. Inés c/ Tribunal Fiscal de la Nación s/ daños y perjuicios», considerando X, sent. del 5/12/2013). Es que, «criticar» es muy distinto a «disentir». La crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación del pronunciamiento, tratando de demostrar los errores jurídicos y fácticos que éste pudiere contener. En cambio, disentir es meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia (conf., en igual sentido, Cámara Nac. Apels. en lo Civil, Sala «A», sentencia del 16/12/2005, in re, «Z., M. R. c/ D.P., J.L.y otros», publicado en La Ley del 1º/06/2006).

En efecto, trasladadas estas consideraciones al caso sub examine, se vislumbra que frente a lo decidido por la señora Magistrada de primera instancia, la parte demandada no logró demostrar, sobre la base de una crítica razonada y suficiente, que la sentenciante hubiera errado el razonamiento.

Máxime, cuando las reflexiones que expuso en su memorial además de ser genéricas y abstractas, resultan idénticas a las esbozadas al momento de responder la demanda, por lo tanto, al no hacerse cargo de los razonamientos y fundamentos del fallo apelado, resultan insuficientes para sustentar válidamente el recurso en orden a los aspectos específicamente controvertidos y resueltos en autos (cfr. C.S.J.N., in re: «Said, Salomón c/ P.J.N.» , sentencia del 30/09/2003, publicada en Fallos: 326:3715).

Ciertamente, la postura de la accionada, no puede tener favorable acogida, atento a que de un cotejo de los, aparentes, fundamentos traído a esta instancia revisora, con aquellos propuestos al contestar demanda, se advierte que, ambas presentaciones, fueron prácticamente calcadas, sin siquiera hacerse cargo del fundamento central utilizado por la Magistrada actuante para rechazar la demanda. A saber, lo manifestado en punto a que el requisito de edad máxima previsto en el artículo 2º, inciso d), del Decreto nº 644/89, restringía indebidamente un derecho concedido en una norma de superior jerarquía, al establecer una pauta de carácter objetivo que no podía ser justificada en pautas de razonabilidad. Por ende, no debe soslayarse que, tal como ha quedado señalado ut supra, la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la resolución cuestionada y que sea idónea para demostrar la errónea aplicación del derecho o la inadecuada valoración de las pruebas producidas (conf. esta Sala en autos: «Musso, Carlos Alberto c/ E.N. – Mº Defensa s/ personal militar y civil de las FF.AA. y Seg.», sent.del 11/07/2013 y sus citas, entre otros), ya que el mero hecho de disentir con la interpretación dada por la jueza de grado, sin suministrar bases fácticas y conforme a derecho del distinto punto de vista, no resulta suficiente para sostener un recurso de apelación.

Esta es la situación que, precisamente, se produce en autos, dado que las alegaciones bajo examen lucen genéricas y dogmáticas, careciendo de explicación alguna que, de modo concreto, puntual y circunstanciado, revele las razones jurídicas que justificarían lo pretendido. Y, aun cuando corresponda observar un criterio amplio para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios (por cuanto tal temperamento es el que mejor se adecua a un riguroso respeto del derecho de defensa), ello no puede conducir al extremo que implique, en los hechos, derogar la norma que impone la carga específica concerniente a la suficiencia y aptitud de fundamentación que debe contener la expresión de agravios (art. 265 del C.P.C.C.N.).

Bajo esta perspectiva, se advierte que la recurrente, al formular sus quejas contra el pronunciamiento de primera instancia, no introduce ningún concepto, consideración o reflexión distinta de las esgrimidas en primera instancia, limitándose a efectuar, en forma subjetiva, un juicio de valor negativo sobre lo resuelto por la sentenciante a quo, reiterando lo que ya había argumentado al contestar demanda.

Es por ello que no puede tenerse por cumplida, con el memorial de fecha 3/02/2020, la carga de indicar las deficiencias o errores en que habría incurrido la sentencia, sobre las cuestiones sustanciales del proceso.

Asimismo, cabe señalar que la mera discrepancia o disconformidad con la solución, vertidas en los referidos pasajes, no constituye una expresión de agravios que autorice a conmover lo resuelto. Bajo una afín comprensión, esta Sala, en autos: «Falk, Gerardo Francisco Julio c/ E.N. – Mº Defensa – Armada s/ daños y perjuicios», Expte. nº 15.291/05, sent.del 13/03/2012, ha interpretado que cuando en el recurso se vuelca un discurso subjetivo, que se limita a reproducir mecánicamente la postura sostenida desde la pre sentación inicial y traduce una crítica parcial -que implica una visión fragmentada de la causa-, terminan quedando incólumes argumentos decisivos en los que hace pie la sentencia apelada, lo que impide la revocación de la misma (cfr.C.S.J.N., Fallos, 333:1657 y 334:1703 «Alfacar S.A.»; asimismo, con otra formulación: Fallos, 328:645 ).

Dichas circunstancias, sumadas a los razonamientos y análisis vertidos a lo largo de los considerandos que siguen, trazan un primer valladar que impide alterar lo resuelto en el fallo que se apela.

VII.-) Que, de todas formas, cabe señalar que, asumiendo una perspectiva benévola sobre los planteos del apelante, y como modo de maximizar el resguardo de la defensa en juicio de la demandada, habrán de analizarse los planteos vertidos en la apelación.

En dicho cometido, en primer lugar, resulta oportuno recordar la normativa que comprende al caso sub examine.

Así, como primera medida debe señalarse que, tal como ha quedado plasmado en la sentencia de grado, el Régimen Jurídico del Automotor está regido por el Decreto-Ley n° 6582/58, ratificado por la Ley n° 14.467, aprobado por el Decreto n° 1114/97, con las modificaciones introducidas por las Leyes números 25.232, 25.345 y 25.677.

En efecto, del artículo 36 del mentado decreto se deprende que: «[l]os jefes de los Registros Seccionales dependientes de los Registros Nacionales de la propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, y permanecerán en sus cargos mientras mantengan su idoneidad y buena conducta.

Podrán ser removidos, previa instrucción de sumario con audiencia del interesado por las siguientes causas:a) abandono del servicio sin causa justificada; b) falta grave de respeto al superior o al público; c) ser declarado en concurso civil o quiebra, salvo que concurran circunstancias atendibles; d) inconducta notoria; e) delito que no se refiera a la Administración Pública, cuando el hecho sea doloso y de naturaleza infamante; f) falta grave que perjudique material o moralmente a la Administración Pública; g) delito contra la Administración Pública; h) incumplimiento de órdenes legales; i) negligencia manifiesta o faltas reiteradas en el cumplimiento de sus funciones; j) indignidad moral.

Además, podrán ser removidos cuando se resuelva la supresión del cargo que desempeñan.

Sin perjuicio de ello, debe recordarse que el artículo 1° del Decreto n° 282/2017, delega en la persona titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la mencionada facultad de designación.

Ello sentado, no debe soslayarse que el artículo 2º del Decreto n° 644/89, mediante el cual se reglamentó el régimen supra mencionado, establece los requisitos para la designación, estabilidad, sanciones y remoción de los Encargados de los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios.

Allí, dispone que para ser propuesto Encargado de Registro por parte de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, es necesario (se sigue aquí la fraseología de las normas aplicables): a) ser argentino, nativo o naturalizado con más de cuatro años de ejercicio de la ciudadanía; b) tener título de abogado, escribano, contador público o idoneidad para la función, en la forma que establezca la Dirección Nacional, según se trate de Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor o de Créditos Prendarios; c) contar con aptitud psicofísica para la función; d) ser mayor de edad y no tener más de sesenta años; e) no estar comprendido en impedimento alguno que imposibilitare el ingreso a la Administración Publica Nacional.

Por su parte, la Resolución nº 238/03, del ex Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos regula elprocedimiento para la designación de los Encargados Titulares de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, previo concurso público de oposición y antecedentes.

VIII.-) Que una vez enunciada la normativa que correspondería aplicar al sub examine es preciso recordar que la cuestión aquí ventilada, ha sido resuelta -en sentido contrario al que postula la demandada en su recurso- por esta Cámara de Apelaciones.

En ese sentido, cabe tener presente, en primer término, el pronunciamiento de la Sala IV, recaído el 5 de julio de 2018 en la causa «Abarca, Luis Alberto c/E.N. – Mº de Justicia DDHH – DNRPA s/amparo ley 16.986», expte. nº 63.609/2017/CA2. En particular, en los considerandos 6º a 8º de dicho precedente, se expresó que media en casos como el presente, sustancialmente análogo al discernido por dicha Sala, un exceso reglamentario y falta de razonabilidad en el requisito etario de los 60 años de edad para el acceso al cargo en cuestión.

Dicho pronunciamiento, que luce publicado en el portal de sentencias del Centro de Información Judicial (CIJ) -https://www.cij.gov.ar/sentencias.html-, puede ser consultado en el siguiente hipervínculo:

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Valga tener en cuenta, además, que para fundamentar el fallo recaído en la causa «Abarca, Luis Alberto», ya citado, se invocó igual solución seguida por la Sala III de esta Cámara de Apelaciones, en autos «Lo Prete, Gerardo Rafael s/amparo ley 16.986», expte. nº 5.523/02, fallado el 30/09/2004.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la Sala V de la Cámara ha seguido una afín comprensión, en la causa n° 22.929/2010 caratulada: «Caamaño, Analía c/ E.N. – M° Justicia -DNRPA- RS 27-IV-09 – expte 138.768/03 y otro s/ proceso de conocimiento», sentencia del 22/12/2015.

En dicho precedente, se entendió que: «.no podría alegarse que las distinciones basadas en la edad estén afectadas de la presunción de inconstitucionalidad -como se ha considerado respecto de otros motivos específicamente prohibidos (v. doctrina de Fallos:327:5118 ; 329:2986 ; entre otros)- no hay dudas de que cuando se emplea este tipo de distinciones también es necesario que se supere el test de razonabilidad (art. 28 C.N.).

Concretamente, se juzgó necesario establecer si el requisito en cuestión (v.gr., la edad máxima) guarda una relación sustancial con el objetivo perseguido por el legislador, que no puede ser otro que el de asegurar la idoneidad en el acceso a los empleos (plasmado en el art. 16 in fine de la C.N.). En otras palabras, el criterio de ponderación entre el medio elegido y los fines específicos que se persiguen con la distinción -basada en la edad- debe ser razonable (Ver considerando V.2, segundo parrado y sus citas).

En dicho precedente, se agregó que de los considerandos del Decreto nº 644/89 sólo se desprendía, como justificación para su dictado, que era «. necesario completar [la] reglamentación [del Decreto-ley 6582/58] estableciendo las normas referentes al régimen de designación, estabilidad, sanciones y remoción de los Encargados de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios», motivación que fue tachada de inválida, por resultar genérica y, además, por omitir proporcionar elementos que permitan evaluar las razones que llevaron a establecer este requisito (considerando V.2, tercer párrafo).

Asimismo, en dicho decisorio se agregó que no se preveía una edad máxima para la permanencia de los Encargados de Registro en sus funciones, pues del artículo 36 del Decreto-Ley nº 6582/58 se desprendía que dichos funcionarios permanecerían en sus cargos «mientras mantengan su idoneidad y buena conducta».

En efecto, se destacó que las normas que sucedían a la referente a la permanencia en el cargo, enumeraban las causales mediante las cuales, previo sumario, podían ser removidos los titulares registrales.Es por ello que se entendió que, el Decreto nº 644/89, establecía que uno de los derechos de los Encargados de Registro era «la permanencia en su función», en tanto no concurrieran las circunstancias que autorizaban la remoción en los términos del artículo 40 del Decreto-Ley nº 6582/58, ratificado por Ley nº 14.467 (T.O. por Decreto nº 4560/73, actual art. 36 del T.O. por Decreto nº 1114/97). Así, la norma a la que se reenvía especifica taxativamente las causales de remoción, y de la misma se destacó que la edad no era un factor a tomar en cuenta a tal fin (considerando V.2, cuarto párrafo, del precedente «Caamaño, Analía», que se viene referenciando).

En suma, la jurisprudencia reseñada es concordante en determinar la inconstitucionalidad del reglamento cuya aplicación particularizada se produce en los actos administrativos que se impugnan en estos autos, circunstancia que de por sí sella negativamente la suerte del recurso de la parte demandada.

IX.-) Que, por último, si bien todo lo expuesto resulta suficiente para rechazar el recurso intentado, no puede dejar de recordarse que el análisis constitucional de cuestiones como la ventilada en autos remite a cuestiones que ameritan un examen concreto y circunstanciado, que no puede ser suplido por la reivindicación vaga de potestades de la Administración, dado que éstas deben sujetarse a los mandatos de la juridicidad.

Inclusive, frente al contexto jurisprudencial ya descripto, que no puede ser desconocido por la repartición demandada, el abandono de la solución trazada requeriría argumentos novedosos o razones que desvirtuaran los razonados fundamentos de la línea jurisprudencial reseñada.Valga poner de relieve, en todo caso, que la invocación de la excelencia en los cuadros que integran la Administración, así como que los actos dictados fueron emitidos en ejercicio de atribuciones que la demandada define como discrecionales, no sólo traducen falacias ad baculum que, por ser tales, no se dirigen de modo directo y concreto a las cuestiones realmente en juego en autos, sino que además resultan nociones en teramente débiles, carentes de peso o idoneidad para arribar, postuladas de modo extremo y desentendidas de la realidad del caso, a conclusiones diversas.

La cuestión puede ser vista, además, bajo el prisma más abarcativo de las implicancias constitucionales o convencionales de los límites etarios en el ejercicio de determinadas funciones. Al respecto, es pertinente recordar que nuestro Máximo Tribunal, en una causa donde se discutía la validez constitucional de una disposición que presenta cierta analogía con la que se objeta en autos, formuló una hermenéutica en línea con las pretensiones que la parte actora reivindica en estos autos, al analizar la constitucionalidad de reglamentaciones que fijan topes etarios para el ejercicio de determinados cargos.

En efecto, en el precedente que interesa, se había puesto en tela de juicio la constitucionalidad del artículo 32, inciso 1 º, del Decreto-Ley provincial n° 9020/7, que disponía un límite de edad (de 75 años) para ejercer funciones notariales. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó que la incapacidad dispuesta por la mentada disposición resultaba arbitraria debido a su generalidad y su falta de sustento racional, además de vulnerar el derecho de trabajar y la garantía de igualdad ante la ley, consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de jerarquía constitucional (cfr. CSJN, autos F.509 XXXVI «Franco, Blanca Teodora c/Prov. de Buenos Aires -Mº de Gobierno s/inconstitucionalidad», Fallos: 325:2968, en esp.Considerando 6° del fallo citado, emitido el 31/05/2005).

Por todo lo expuesto, y frente a la falta de planteo de razones que conduzcan a admitir la postura de la parte demandada, se impone concluir que corresponde rechazar el recurso interpuesto por el Estado Nacional con fecha 28/11/2019, por lo que habrá de quedar confirmada la sentencia de la anterior instancia.

X.-) Que, discernida del modo antes expresado la inadmisibiliad del recurso dirigido contra las cuestiones de fondo suscitadas y la procedencia de la acción entablada, cabe un pronunciamiento respecto de las costas de Alzada.

Sobre este particular, cabe señalar, por una parte, que la distribución de los accesorios debe reflejar el resultado de los remedios intentados, siendo ésta la primer pauta rectora en la materia. En definitiva, por lo desarrollado en los considerandos que anteceden, y toda vez que, más allá de las deficiencias del memorial que, según se advirtió supra en el Considerando VI lo dejan al borde de la deserción, lo cierto es que no se aprecia que existan motivos de excepción que justifiquen apartarse del principio general de la derrota. Por lo tanto, puede concluirse que lo justo y equitativo en el caso es que los gastos causídicos de esta segunda instancia sean soportados por la demandada, quien resulta sustancialmente vencida (cfr. artículo 68, del C.P.C.C.N.).

XI.-) Que, a fin de tratar el recurso interpuesto contra la regulación de honorarios, en primer término, cabe recordar las pautas que rigen la materia.

A tal fin, se puede señalar que, mediante la regulación de honorarios, se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa.Para ello, deben ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.

Además, a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala in re «Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/ E.N. -M? de Salud y Acción Social y otro s/Juicios de Conocimiento» del 30/12/1997, y «Estado Nacional – M.O.S.P. y E. c/Baiter S.A.», del 2/04/1998, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional.

Por lo demás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S.J.N., Fallos:270:388; 296:124, entre muchos más), debiendo por lo demás asegurarse una suma que comporte una retribución mínima y digna de los trabajos profesionales realizados.

Sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, el resultado y la trascendencia económica de la cuestión, la que deberá ser evaluada de conformidad con lo previsto en los incisos b) a g), del artículo 16 de la Ley n° 27.423, ello en virtud de que la demanda tenía por objeto la nulidad de un acto administrativo, por lo cual atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada durante la primera etapa del pleito y posteriores (C.S. Fallos:

306:1265 y 308:848) toda vez que la causa fue declarada como de puro derecho (conf. fs. 125), corresponde, modificar la regulación fijada en la suma de pesos treinta y un mil novecientos veinte ($ 31.920) -equivalente a 10 UMA-, y pesos doce mil setecientos sesenta y ocho ($ 12.768) -equivalente a 4 UMA- para los honorarios de la dirección letrada y representación de la actora, respectivamente (arts. 16, 20, 29 y ccdtes. de la Ley n° 27.423 -Decreto n° 1077/17).

Asimismo, por las tareas desarrolladas en la alzada, y atento el resultado al que se arriba, corresponde regular en las sumas de pesos nueve mil quinientos setenta y seis ($ 9.576) -equivalente a 3 UMA- y pesos tres mil novecientos noventa ($ 3.990) -equivalente a 1,25 UMA-; los honorarios de los doctores Julio Pablo Comadira y Fernando Gabriel Comadira, respectivamente, por la actuación como patrocinante y apoderado, actuantes en la defensa de la actora (cfr. arts. 20, 30 y ccdtes. de la Ley n° 27.423 -Decreto n°1077/17).

El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: «Beccar Varela Emilio – Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ.de Abog.» del 16 de julio de 1996).

Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.

En función de todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: a) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado en lo que respecta al fondo de la cuestión debatida; b) hacer lugar al recurso interpuesto por los letrados patrocinante y apoderado del señor Vázquez, y en consecuencia modificar la regulación de honorarios de la sentencia de grado siguiendo los fundamentos expresados en el considerando XI.-); c) regular los honorarios de los señores Julio Pablo Comadira y Fernando Gabriel Comadira según lo manifestado en el considerado XI.-), in fine, del presente voto; d) imponer las costas de esta instancia a la demandada, vencida en autos. ASÍ VOTO.

Los doctores Luis M. Márquez y José Luis Lopez Castiñeira adhieren al voto que precede.

Por lo expuesto, y en virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, y oído el Sr. Fiscal de Cámara, el Tribunal RESUELVE: a) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y en consecuencia confirmar la sentencia de grado en lo que respecta al fondo de la cuestión debatida; b) hacer lugar al recurso interpuesto por los letrados patrocinante y apoderado del señor Vázquez, y en consecuencia modificar la regulación de honorarios de la sentencia de grado según los fundamentos expresados en el considerando XI.-); c) regular los honorarios de los Dres. Julio Pablo Comadira y Fernando Gabriel Comadira según lo expresado en el considerado XI.-), in fine; y d) imponer las costas de esta instancia a la demandada, vencida en autos.

Regístrese, notifíquese a las partes y al señor Fiscal General en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal y, oportunamente, devuélvase.

M. CLAUDIA CAPUTI

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

LUIS M. MÁRQUEZ

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