#Fallos Medio ambiente: Un municipio deberá responder por la contaminación producida alrededor del basurero comunal a cielo abierto, agravado por la demora en tramitar y obtener la Declaración de Impacto Ambiental

Partes: Etchegaray Centeno Eduardo Raul c/ Municipalidad de Santo Tome s/ amparo (fuero civil)

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Corrientes

Fecha: 7-ago-2020

Cita: MJ-JU-M-127090-AR | MJJ127090

Responsabilidad de la Municipalidad por la contaminación ambiental producida en los alrededores del basurero comunal a cielo abierto, agravado por la demora en tramitar y obtener la respectiva Declaración de Impacto Ambiental.

Sumario:

1.-Corresponde acoger parcialmente la acción de amparo ambiental deducida por un vecino del basurero municipal, al haberse probado la carencia de estudio ambiental sobre las napas freáticas por parte de la comuna demandada, que las tierras se encuentran en las cercanías de una reserva habilitada por el municipio, además de haber un barrio que prácticamente se encuentra en el basurero, y una emisora de radio, estando la zona inundada por los malos olores, quemazón en cualquier época del año, a cualquier hora, las moscas y todo tipo de alimañas; así, se halla en juego el derecho a disfrutar de un ambiente sano, sustentable, y por decantación otros derechos fundamentales, como lo son la salud personal, como así también la salubridad pública de los ciudadanos.

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2.-La Municipalidad demandada deberá finiquitar el Estudio de Impacto Ambiental, prohibiéndose a su vez el depósito, quema o entierro improvisado de los residuos domiciliarios en el basurero a cielo abierto, a fin de remediar el estado actual; además se deberá implementar un plan de manejo que reduzca al máximo de sus posibilidades el daño ambiental, a través de un sistema de rellenos sanitarios y/o sistema similar, como así también el ingreso de personas no autorizadas, animales domésticos, la quema y producción de humos.

3.-Todos los proyectos de obras o actividades, públicas o privadas, que sean susceptibles de producir algún efecto significativo al ambiente y/o a la calidad de vida de la población en aras del derecho fundamental a gozar del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, comenzando con la presentación -parte interesada en el proyecto- de un Estudio de Impacto Ambiental, que luego será sometido al procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental o Viabilidad Ambiental.

4.-Si quien contamina debe hacerse cargo económicamente de los riesgos que provoquen su actividad o servicio, con los costos sociales y ambientales que produzca, también debe asumir la carga probatoria en el proceso cuando resulte demandado y de su posición resulte estar en mejores condiciones de hacerlo.

5.-Deviene necesario percibir al principio de precaución en dos niveles profundamente diferenciados de situación: a) cuando se supone que las actividades pueden ser peligrosas para la conservación y preservación del ambiente y b) cuando se teme que las actividades puedan causar daños graves, irreversibles, catastróficos al medio ambiente.

6.-Debe rechazarse la demanda deducida contra la empresa de biomasa citada como tercero, pues ésta ha obtenido una resolución favorable de viabilidad ambiental, lo que denota, por un lado el compromiso de la misma con la temática ambiental; y por el otro alerta la carencia de compromiso de la Municipalidad demandada, en activar el trámite ambiental pertinente para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental.

Fallo:

En la Ciudad de Santo Tomé, Provincia de Corrientes, a los siete (07) días del mes de Agosto de dos mil veinte hallándose reunidos en la Sala de Acuerdos de esta Excma. Cámara de Apelaciones los Señores Jueces Dres. Arsenio Eduardo Moreyra, Marisol Ramírez de Schneider y Manuel Horacio Pereyra, asistidos de la Secretaria Autorizante Dra. Noemí Liliana Blanco, tomaron conocimiento de la causa caratulada: «ETCHEGARAY CENTENO EDUARDO RAUL C/MUNICIPALIDAD DE SANTO TOME S/AMPARO (FUERO CIVIL) «, Expte. N° TDC 369/18, procediéndose conforme el orden de emisión de voto del sorteo de ley de fs. 39- RELACION DE CAUSA El Dr. Arsenio Eduardo Moreyra, votante en primer término, dijo: El sub examen trata de una demanda de amparo incoada en esta sede actuando como primera instancia, conforme hace referencia la Sent. Int. N° 13 (del 28/02/2018, de fs. 45/53vta.), por la que se declara la admisibilidad formal de la presente acción y se hace lugar a la medida cautelar innovativa solicitada.

A la vez, dicha Sent. Int. N° 13 dispuso una serie de medidas; a las cuales remitimos en honor a la brevedad.- Se dispuso así mismo, citar en carácter de 3ro. Interesado a la empresa KUERA S.A.- De conformidad al precitado Interlocutorio N° 13 (punto 2° b), se procedió a fs. 105/106, a la remisión de los presentes obrados al Cuerpo Médico Forense de esta ciudad; observándose a fs. 107/109, se observa el correspondiente informe expedido por el Médico Forense, Dr. Gustavo R. Andrich Bianco.- A fs. 115, la asistente Social Forense, Licenciada Carolina Beresi, informa que iniciará en forma inmediata la realización del informe pericial social amplio requerido (de conformidad a lo ordenado por el punto 2° c) del Interlocutorio N° 13).

A fs. 117/118, el I.C.A.A. informa de la imposibilidad de cumplir con lo requerido, al no estar expresado claramente el objeto del mismo.

A fs. 141/145, se presenta y contesta citación KUERA S.A., adjuntando documental, que es glosada a fs. 119/140.

A fs. 150 (Prov.N° 459), se resuelve, entre otros cosas, atento a lo dictaminado por el I.C.A.A., librar Oficio ampliatorio a dicho organismo. Proveyendo la presentación de KUER S.A., se dispone correr traslado a las partes. A fs. 154, contesta traslado la parte actora.

A fs. 156/164 obra informe del Cuerpo Social Forense y por cumplimentado lo dispuesto en el punto c) de la Resolución N° 13.- A fs. 169 y vta., por Prov. N° 527, se provee la prueba ofrecida por la actora, demandada y Tercero citado.- A fs. 199 y vta., corre agregada testimonial ofrecida por la parte actora.- Por auto N° 642 de fs. 200 se resuelve ampliar y suplementar la prueba de inspección ocular ofrecida por la amparista (con una cámara drone).

A fs. 203 obra informe de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Santo Tomé (Ctes.); en tanto que a fs. 205 corre agregado informe de la Oficina de Empleo Municipal; y a fs. 207/210 se encuentra anexado informe de la Policía de la Provincia de Corrientes.- A fs. 213/245, se observa la Inspección Ocular (y tomas fotográficas) ordenada por Prov. N° 527 (fs. 169) y su ampliatoria, Prov. N° 642 de fs. 200.

A fs. 250 y vta., corre agregada testimonial ofrecida por la parte actora.- A fs. 253, KUERA S.A. solicita agregación de fotografías tomadas por el drone al realizarse la respectiva inspección ocular; las que son agregadas a fs. 255/272.

A fs. 278 se agrega informe del Director Académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNNE: en tanto que a fs. 279 y 283, corren agregados, respectivamente, informes proporcionado por las Sras. Directoras de la Escuela Normal; y la Sra. Directora de la Escuela N° 141.

A fs. 284, se observa informe expedido por la Sra. Directora de la Escuela N° 687.- A fs. 323/343, se agrega Informe Pericial del Agrimensor Nacional Carlos Américo Jacobacci (designado en autos a fs. 298, aceptación del cargo a fs. 302).- A fs. 344 (Prov.N° 1666), se dispone traslado del dictamen pericial ordenado en autos.- A fs. 349, KUERA S.A. solicita aprobación de pericia; disponiéndose a fs. 350 (Prov. N° 27), tener presente para el momento de dictar sentencia.- A fs. 352 (Prov. N° 672), se dispone correr traslado a la Sra. Asesora de Menores y al Sr. Defensor Oficial; obrando a fs. 354/355 (Dictamen N° 849); y a fs. 358/359vta., los respectivos respondes.- Por auto N° 762 de fs. 361, se dispone agregación de sendos respondes; y se llaman «Autos para Sentencia».

I.- La demanda (fs. 22/28vta.). El amparista, Dr. Eduardo Raúl ETCHEGARAY CENTENO, M.I. N° 25.096.418, CUIL 20-25096418-9, vecino, abogado, y concejal de esta ciudad, se presenta legalmente patrocinado, a promover acción contra la Municipalidad de Santo Tomé Ctes; requiriendo se cite en carácter de tercero interesado a la empresa KUERA S.A., domiciliada en Corrientes, Capital. Refiere a la situación que desde hace décadas se advierte en el basurero municipal; expresiones a las que remitimos en honor a la brevedad.- Solicita como medida cautelar innovativa, ordenar a la accionada el cierre perimetral del basurero precitado, y una serie de medidas vinculadas a la misma; y a las que remitimos «brevitatis causae». Funda su acción en la Ley General del Ambiente N° 25675 (art. 28°); Constitución Nacional (arts. 18, 28, 33, 41, 42, 43, 49 y art. 75 inc. 22 y los tratados que de él emanan); Constitución Provincial (arts. 49/57); Codigo Civil y Comercial; específicamente los arts.1710 (deber de prevención de daños); y 1973; la Ley General del Ambiente 25675, la Ley 25916, y la Ordenanza 476/2016 y su Anexo.- Fundamenta la admisibilidad del presente amparo, en la inacción estatal, todo en el marco de la ley general del ambiente y las ordenanzas sancionadas.- En relación a la verosimilitud de la cautelar solicitada, argumenta la evidencia de no estar cumpliéndose con la ordenanza N° 476/16 y su Anexo «Santo Tomé no tira la basura, la recicla». Respecto al peligro en la demora, expresa que la contaminación ambiental tiene como característica principal la de ser irreparable o de difícil concreción.- Ofrece prueba: documental: en poder de tercero/informativa; informe socio ambiental, testimonial, pericial, medida de mejor proveer e inspección ocular.- Finalmente hace reserva del Caso Federal.

II.- El informe de ley presentado a fs. 92/97 por la Municipalidad de Santo Tomé (Ctes.): Efectúa una negativa genérica de los hechos expuestos por el amparista. Da su versión de los hechos; desarrollando lo atinente a la Ordenanza N° 476/16; y sus alcances, a los cuales remitimos en honor a la brevedad. Coincide con el amparista en que el problema es de larga data, advirtiendo que la erradicación de los residuos y su tratamiento han atravesado innumerables gestiones municipales.- Enfatiza en la responsabilidad compartida, la cual implica solidaridad, cooperación, congruencia y progresividad, afirmando que entre los puntos desarrollados en la acción, se encuentra el cierre del basurero, a lo cual pregunta, ¿Dónde se depositarán los RSU si se cierra el actual basural?, respondiendo: en el actual lugar, pero transformando un basural a cielo abierto en un relleno sanitario o se trasladaría a otro lugar de la ciudad, pero en ningún caso hay posibilidad de trasladarlos fuera de la jurisdicción municipal. En consecuencia, de hacerse lugar al planteo del amparista, la sentencia es de cumplimiento imposible.De otra manera, se estaría propugnando un basural móvil que iría rotando por distintos lugares de la ciudad, según las resoluciones judiciales de cierre de los mismos.- Sostiene que conforme al art. 4° de la Ley 26675, debe tenerse presente el principio de progresividad. El «cierre del basural» es el final del proceso ambiental de tratamiento de los RSU, y no es un proceso Técnico sino Social, porque implica cambios de conducta de la comunidad.- Expresa que, la petición central del amparista, viola expresamente el principio legal de progresividad de la Ley General de Ambiente y es de cumplimiento imposible dado que la producción de RSU implica necesariamente un lugar de depósito.

A efectos de cumplimentar las medidas ambientales previstas, peticiona la citación de una serie de terceros interesados (I.C.A.A. y a la Unidad Ejecutora del Programa GIRSU , dependiente el Ministerio de Economía y Finanzas de la Provincia, como autoridad de aplicación de la Ley Provincial de RSU N° 6422).- Finalmente, ofrece pruebas (documentales, informativas y periciales).

III.- Contestación a la citación de la Firma KUERA S.R.L. (fs. 141/145).- Aclara que se trata de una sociedad creada para la generación de energía renovable; que la misma desarrolló el programa KUERA SANTO TOME resultando adjudicada en el programa RenovAR ronda 2, para la instalación de una planta de generación de energía renovable de 12,92MW a partir de biomasa forestal en la localidad de Santo Tomé, Corrientes. Dicha planta se encuentra en fase de desarrollo y construcción de una planta de generación de Energía Eléctrica.- Peticiona el rechazo de su citación por no existir comunidad de intereses entre las partes. Afirma que el terreno donde se construirá la planta fue donado – con cargo- por la Municipalidad de Santo Tomé – Ctes., por medio de la Ordenanza N° 545/2017; y que el cargo en cuestión es que en dicho predio se construya, desarrolle y opere una planta de generación de energía renovable.En consecuencia, como puede verse, la planta de generación de energía no tiene relación alguna con el Basural Municipal. Remarca que en los terrenos donados no se encuentra el basurero Municipal, ni tampoco el Area Protegida Municipal creada por Ordenanza N° 336/2011.- Finalmente ofrece Prueba (Documental y Pericial); hace reserva de accionar por eventuales daños y perjuicios causados por lo que califica de infundada citación; y deja introducida la Cuestión federal.

IV.- Incidente de Medida Cautelar (ID1 369/01).- la Sent. Int. N° 13 (del 28/02/2018, de fs. 45/53vta.) que declaró la admisibilidad formal de la presente acción e hizo lugar a la medida c autelar innovativa solicitada, fue oportunamente recurrida vía revocatoria con apelación en subsidio (cfr fs. 71/72 Principal) por la demandada Municipalidad de Santo Tomé (Ctes.).- Formado el respectivo Incidente de Medida Cautelar (en adelante I.M.C.); y sustanciada la cuestión, el mismo concluyó con el dictado de la Sent. Int. N° 26 (del 21/03/2018 – fs. 32/33 I.M.C.) haciendo lugar al recurso interpuesto por la accionada, en lo concerniente al estudio de Impacto ambiental.- A fs. 37/44 I.M.C., la Municipalidad de Santo Tomé (Ctes.), adjunta constancia de inicio de trámite ante el I.C.A.A.- A fs. 46 I.M.C. (Prov. N° 920), se dispuso librar oficio al I.C.A.A. a efectos de que informe al Tribunal, el estado procesal del trámite mencionado a fs. 37/44.- A fs. 49/50 se observa Informe del I.C.A.A. en respuesta a lo solicitado.- Por Prov. N° 1082 (fs. 51 I.M.C.) se dispuso requerir al Municipio demandado, para que informe el estado actual del trámite del Estudio de Impacto Ambiental.- A fs. 65 del I.M.C. la Municipalidad de Santo Tomé – Ctes., manifiesta que viene a adjuntar presentación de estudio de impacto ambiental expedido por el Ingeniero Forestal Aldo Fernández Alvarez, advirtiéndose su agregación a fs. 53/64 I.M.C.- A fs. 66 I.M.C. (Prov.N° 1140) se tiene por cumplimentado lo dispuesto por Providencia N° 1082, agregándose las copias del estudio de Impacto Ambiental presentado ante el I.C.A.A., se tiene presente y se hace saber a las partes. A fs. 69 I.M.C. (Prov. N° 369) se dispone librar oficio al I.C.A.A. a efectos que informe el estado de lo actuado en el Expediente 540-473/18, «Municipalidad de Santo Tomé s/Proyecto: Instalación de Planta de Clasificación y Acopio de Residuos Sólidos Urbanos Santo Tomé».- A fs. 71/72, se encuentra anexado informe del I.C.A.A., respondiendo lo solicitado.- A fs. 74 I.M.C. (Prov. N° 1958), se dispone instar a que el I.C.A.A. amplíe informe.- A fs. 76/79 responde el IC.A.A.- A fs. 80 I.M.C., el Tribunal dicta la Prov. N° 369 que dispone requerir al I.C.A.A. indique cual es la aclaratoria/ampliatoria solicitada a la Municipalidad de Santo Tomé, debiendo remitir copia de los correos electrónicos oportunamente remitidos por ese organismo al municipio. A fs. 83/87 I.M.C., corre agregado el respectivo informe del I.C.A.A., disponiéndose su agregación y hacer saber a las partes, a fs. 88.- A fs. 89, la parte actora solicita se resuelva el presente I.M.C. y los autos principales.- A fs. 90 I.M.C., por Providencia N° 154, se dispone fijar audiencia para las partes y el Ingeniero Forestal Aldo Fernández Alvarez, Responsable Técnico del estudio de impacto ambiental. Afs. 100/114 I.M.C., se encuentran glosadas copias de las presentaciones efectuadas por el Municipio de Santo Tomé (Ctes.) ante el I.C.A.A.- A fs. 115/116 I.M.C., se advierte la audiencia ordenada a fs. 90 (Prov. N° 154), a cuyas constancias remitimos en honor a la brevedad.

A fs. 118/120 I.M.C., la demandada adjunta documental e informa de la contratación de la Consultora Solmax S.R.L.a efectos de realizar el análisis ambiental solicitado por el I.C.A.A., informando que será a partir del 15/05/2019.- Por Prov. N° 716 de fs. 122 I.M.C., se dispone fijar nueva audiencia a efectos de concurrir los apoderados de las partes y el Ingeniero Forestal Aldo Fernando Alvarez, a fin de informar al Tribunal lo actuado ante el I.C.A.A. A fs. 141/142 I.M.C., corre agregada acta de la audiencia; a cuyos términos remitimos «brevitatis causae».- A fs. 144 I.M.C. (Prov. N° 1150), habiendo expirado el plazo, se dispuso intimar a la demandada cumplimente lo dispuesto a fs. 142.- A fs. 145/174 I.M.C., acompaña la accionada los resultados de los estudios efectuados por Solmax, de agua, suelo y aire.- A fs. 175 I.M.C. (Prov. N° 1183) se dispone requerir nuevo informe al I.C.A.A.

A fs. 178/179 I.M.C., el I.C.A.A. informa lo requerido a fs. 175.- A fs. 181 I.M.C. (Prov. N° 1675), se dispone correr traslado del informe del I.C.A.A.- A fs. 211 I.M.C., la demandada se presenta y adjunta las presentaciones efectuadas en el I.C.A.A., agregándose dicha documental a fs. 185/210vta.- A fs. 215 y vta. I.M.C., evacúa el traslado la parte actora.

A fs. 216 I.M.C. (Prov. N° 1796) se dispone llamar «autos para resolver».- A fs. 221 y vta. I.M.C., corre la Sent. Int. N° 121 (del 12/12/2019) de este Tribunal; que dejó sin efecto el llamado de «autos para resolver» de fs. 216; y dispuso librar nuevo Oficio al I.C.A.A. para que informe el estado administrativo del Expte. N° 540-473/18.

A fs. 231/232 se advierte respuesta del I.C.A.A., informando que la accionada no ha subsanado todas las observaciones realizadas por ese Organismo.En virtud de dicho informe, a fs, 234 I.M.C., se dicta la Providencia N° 111 que dispone intimar a la demandada a que informe al Tribunal el cumplimiento de las observaciones indicadas por el Organismo (en el Expte. 540 -10-05-473-18).- A fs. 236 presenta renuncia su mandato, la Dra. María de los Angeles Ordenavía; en tanto que por Prov. N° 174, de fs. 237, se le tiene por renunciado; y se emplaza a la municipalidad para designar nuevo mandatario, bajo apercibimiento de continuar el proceso en rebeldía. Así mismo, se suspende inter tantum y por igual plazo el término dispuesto por Prov. N° 111 (fs. 234).- A fs. 244/245, se presenta el Dr. Gonzalo Obregón Centeno, en carácter de apoderado de la Municipalidad de Santo Tomé, acreditando personería (cfr. fs. 244).- A fs. 246, por Auto N° 216, se le tiene por parte, en el carácter invocado.- A fs. 249, el Dr. Gonzalo Obregón Centeno renuncia al mandato; lo que es tenido por tal a fs. 250 (Prov. N° 340); emplazando al Municipio a designar nuevo mandatario, bajo apercibimiento de ley. A fs. 254/257, se presenta el Dr. Diego Obregón Centeno, en carácter de apoderado de la Municipalidad de Santo Tomé, acreditando personería (cfr. fs. 254/256); y requiriendo vista de las actuaciones.- A fs. 258, por Prov. N° 518, se lo tiene por presentado, y por parte, en el carácter invocado. Corriéndosele la vista solicitada.- El Dr. Manuel Horacio Pereyra, manifiesta conformidad con la precedente relación de causa.- CUESTIONES PRIMERA: Precisiones previas. SEGUNDA: La cuestión de fondo del sub examen.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SR. CAMARISTA Dr. Arsenio Eduardo Moreyra, votante en primer término, dice: 1ª.

1.- Competencia.Sin perjuicio de que en autos no se cuestiona la competencia de este Tribunal para entender en las acciones de Amparo, es menester reiterar que, en materia de amparos, existe el pleno reconocimiento del diseño jurisdiccional establecido por la implementación del fuero contencioso administrativo de la Provincia de Corrientes (Ley 5846) y que, en jurisdicción de la Quinta Circunscripción Judicial, fuera asignada esa competencia al Juzgado en lo Civil, Comercial Menores y Familia. No obstante ello, nos remitimos a lo decidido por el Máximo Órgano Judicial local (Excmo. Superior Tribunal de Justicia) in re: «LÓPEZ PRAXEDES ITATÍ C/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL S/ AMPARO», EXPTE. N° EDC 739 – 10 (Sent. Int. N° 183 del 25/03/2012) por lo que este Tribunal tiene competencia para entender en esta acción de conformidad Art. 4 Ley 2903 (Art. 14 de la ley 5846).

1ª. 2.- Admisibilidad de la acción de amparo. Análoga reflexión merece este tópico. La acción incoada se enmarca en el Art. 43 CN (Según reforma Constitucional del año 1994) y Art. 67 CPr. (Según reforma constitucional del año 2007) y guarda relación con institutos afines a ella contenidos en el Art.25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; Art.8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Art. 2.3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Art. XVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y se erige en una acción principal que, en principio, requiere para su desplazamiento, otra vía judicial más idónea. Estas nuevas pautas son las que la doctrina pondera como restaurativas del antiguo cauce y renovadoras del impulso que motivara otrora su reconocimiento jurisprudencial «Siri» y «Kot» (Cfr. Salgado, Alí Joaquín y Verdaguer, A. César, «Juicio de Amparo y acción de inconstitucionalidad», Ed. Astrea, 2ª quincena de Agosto de 2005, pág. 34).

El meollo de la cuestión lo constituyen los derechos cuya protección se pretende.En este sentido la doctrina local señala que, en el ordenamiento procesal correntino, esa acción más idónea es la medida autosatisfactiva (Cfr. Midón, Mario A. R., «La Nueva Constitución de Corrientes», Ed. Mave, Corrientes, Marzo 2008, pág. 97) y, la amparista en autos, pretende la restitución al puesto de trabajo, en las mismas condiciones, clase y funciones que venía desempeñando con antelación al traslado. Es decir, los distintos precedentes, rescatan la vigencia del amparo, para este supuesto, por lo que devino procedente la acción.- La pretensión, de la amparista reedita el debate doctrinario respecto a la convivencia del amparo y la jurisdicción contencioso administrativa que, a la fecha, cabe reconocer el avance en la maduración de este concepto en los Tribunales provinciales, CSJN y, en particular, se recuerda el caso Bachetta de la Corte de Santa Fe publicado en Juris Litoral, La Ley, Mayo de 1.997, con comentario a fallo, por dos destacados juristas: Iván Cullen y Hernán Martínez, también publicado el fallo en Zeus, Rosario, en la misma fecha. En ese fallo se propone un test de 4 pasos: 1) Actualidad de la lesión. 2) la decisión, acto u omisión manifiestamente arbitraria e ilegítima. 3) Inexistencia de otras vías y 4) debe afectar derechos de primer nivel de la escala.

1ª. 3.- Reclamo administrativo previo. El mismo no resulta menester a tenor de lo dispuesto por los Arts. 43 CN y 67 C. Pcial.; y así se hizo saber en sucesivas resoluciones de este Tribunal.- 1ª. 4.- La medida cautelar. En relación a la medida cautelar peticionada, el Tribunal se ha expedido, a través de la Sent. Int. N°13 (del 28/02/2018, de fs. 45/53vta.), por la que s e declara la admisibilidad formal de la presente acción y se hace lugar a la medida cautelar innovativa, a cuyos fundamentos remito en los autos citados «ut supra».- 1ª. 5.- Caducidad de la acción de amparo.Esta cuestión no fue inserta por los justiciables, respecto a la oportunidad (15 días a partir de la fecha en que el acto impugnado fue ejecutado), conforme el art. 2 inc. f) de la Ley 2903. Sin perjuicio de ello, rememoro que en temática ambiental, al ser un derecho humano de corte fundamental y vital, el presunto daño es de carácter continuado, y en ese andarivel el derecho fundamental en danza es nada más y nada menos que el derecho de «todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, . El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.» (sic – art.41 CN).

El reconocimiento, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, de la existencia de doctrina que interpreta que a partir del Art. 43 CN tal requisito no está vigente por la inexistencia de plazo en el texto constitucional (Cfr. Verdaguer, A., «El Amparo», en Tratado de Derecho Constitucional, T. II, Enrique M. Falcón – Director, Rubinzal Culzoni, Editores, Santa Fe, 2010, pág. 30). Por lo que corresponde tener por temporánea la acción incoada. ASI VOTO.

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DE CAMARA, Dr. Manuel Horacio Pereyra, votante en segundo término, dice: que adhiere al voto emitido por el Sr. Juez de Cámara preopinante; por compartir sus fundamentos. ASI VOTA.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SR. CAMARISTA Dr. Arsenio Eduardo Moreyra, votante en primer término, dice:

2. 1º.- La cuestión de fondo. Tal como lo adelanté, en el Considerando 1ª. 2. hay que hacer un test en 4 pasos; y que por razones metodológicas se establece tratamiento del caso, el siguiente orden: 1) Actualidad de la lesión. 2) la decisión, acto u omisión manifiestamente arbitraria e ilegítima. 3) Inexistencia de otras vías, 4) debe afectar derechos de primer nivel de la escala. 5) Control de constitucionalidad y Convencionalidad, 6) Tercero citado Kuera S.A., 7) Conclusión del caso y 8) Costas.- 2. 1) Actualidad de la lesión. 2.1 (i) A fin de dirimir, este primer ítem, es necesario revisar lo sustanciado en el Incidente de Medida Cautelar, donde se dictó la Sent. Int. N°13 (del 28/02/2018, de fs. 45/53vta.), y su aclaratoria Res. N°26 (del 21/03/2018), disponiéndose una serie de medidas: a) «Para el presunto que no se haya realizado la herramienta ambiental pertinente; INTIMAR a la Municipalidad de Santo Tomé Corrientes, para que en el plazo de treinta (30) días, presente Estudio de Impacto Ambiental respecto al basurero municipal a cielo abierto que funciona en ésta ciudad, ante la Autoridad de Aplicación el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (I.C.A.A.) a fin de que se cumplimente con el procedimiento de E.I.A. (Evaluación de Impacto Ambiental) -audiencia pública- D.I.A. (Declaración de Impacto Ambiental) de conformidad arts.1, 2, 4, 8, 14, 15 ssgtes. y cctes. de la Leyes 5067, 5517 y Decreto Nº2562/12. Todo bajo apercibimiento de ley.»; atento lo expresado en los considerandos.-» (sic). En este sentido, se verifica de lo actuado lo siguiente: Del resulta exhaustivo realizado en el presente, se desgranó lo actuado en el Incidente de Medida Cautelar que corre por cuerda al presente; de todo ello se rescata que a fs. 37/44 la Municipalidad de Santo Tomé (Ctes.), adjunta constancia de inicio de trámite ante el I.C.A.A.; luego, intimación mediante (de fs.51) el Municipio adjunta presentación EIA (del 10.07.2018) expedido por el Ingeniero Forestal Aldo Fernández Alvarez (véase fs. 53/64 I.M.C.). Asimismo, de una serie de pedidos de informes, al Municipio e ICAA, a fs.76/79 (del 13/12/2018) responde el IC.A.A., afirmando que se encuentra a la espera de Aclaratoria/ampliatoria de información que fue solicitada a la Municipalidad de Santo Tomé y al Consultor Ambiental. Expresando adjuntar copias de dichas comunicaciones, y que las mismas no han tenido respuesta.- En ese orden, luego de lo sustanciado a fs.80, 83/87, 89, 90, 91 y 100/114, finalmente a fs. 115/116 I.M.C., se advierte la audiencia (del 15/03/2019), donde se resolvió: disponer que en el plazo de treinta (30) días hábiles, la demandada informe al Tribunal cada una de las gestiones realizadas e informes presentados ante el I.C.A.A para dar cumplimiento a los requisitos faltantes para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.- Además, a fs. 118/120 siempre del I.M.C., la demandada informa de la contratación de la Consultora Solmax S.R.L. a efectos de realizar el análisis ambiental solicitado por el I.C.A.A., informando que será a partir del 15/05/2019. Ante la actitud silente de la demandada (Municipalidad) a fs. 122 se fija audiencia para el día 19/06/2019, la que luce a fs. 141/142, donde el Municipio hizo entrega de un escrito cuya suma es «Plan Municipal de Tratamiento de Residuos Sólidos», y que fue agregado a fs. 138/140; y donde se resolvió: disponer que en el plazo de veinte (20) días, la demandada presente el informe obtenido a partir de los estudios realizados por la empresa Solmax SA, y del trabajo realizado por los organismos de salud de la ciudad.- Nuevamente, ante la actitud silente de la demandada (Municipalidad) a fs. 144 (del 28/08/2019), habiendo expirado el plazo, se dispuso intimar a la demandada cumplimente lo dispuesto; la cual, a fs.145/174 (30.08.2018), acompaña los resultados de los estudios efectuados por Solmax, de agua, suelo y aire. En ese sentido, a fs.175 se requiere por el Tribunal, al I.C.A.A. informe si la Municipalidad de Santo Tomé (Ctes.) ha subsanado las observaciones (en el Expte. 540 10-05-473-18). La respuesta no se hizo esperar, y a fs.178/179 se advierte informe del I.C.A.A. afirmando que hasta el día de la fecha (20/09/2019), la Municipalidad de Santo Tomé (Ctes.) no subsanó las observaciones realizadas por ese Organismo.Por lo que se procederá a comunicar nuevamente al municipio a fin de que cumplimente las observaciones efectuadas. Bien, intimación mediante, a fs. 211 (22.11.2019) la Municipalidad de Santo Tomé se presenta y adjunta las presentaciones (documentaciones) efectuadas por el Ingeniero Forestal Aldo Alvarez en el I.C.A.A. Por último, el Tribunal ante el dislate y silencio de la demandada, dicta la Sent. Int. N°121 (del 12/12/2019 de fs. 221) y ordena librar nuevo Oficio al I.C.A.A. a efectos de proceder a informar el estado procesal administrativo del Expte. N° 540-473/18 a efectos de cotejar lo argumentado por las partes. La respuesta, según constancias de fs. 231/232, afirma que la Municipalidad de Santo Tomé (Ctes.) no ha subsanado todas las observaciones realizadas por ese Organismo. Posteriormente, ante la intimación de fs.234 (18/02/2020), a fin de que informe al Tribunal el cumplimiento de las observaciones indicadas por el Organismo (en el Expte. 540 -10-05-473- 18), se presenta a fs.236 la Dra. María de los Ángeles Ordenavía, y por las razones allí apuntadas, renuncia al mandato conferido por la demandada Municipalidad de Santo Tomé Ctes. Ello genera a fs. 137 (prov. 174 del 03.03.20) el emplazamiento a la demandada, a que en el plazo de cinco (5) días designe nuevo mandatario, bajo apercibimiento de continuar el proceso en rebeldía conf. art. 53 in c 2 C.P.C.C. (noticiándose por cédula – véase fs. 238 y vta.).

Esto de mínima, nos está señalando una conducta reñida con la buena fe de parte de la demandada (Municipalidad de Santo Tomé Ctes.), dado que la jurisdicción depende de la gestión que haga la parte, quien es la principal interesada en que el EIA se efectivice ante la Autoridad de Contralor, sin embargo se colige un dislate y/o poco claro avance en tal sentido.Ello, implica que la parte demandada, está faltando al deber de colaboración en el proceso «El proceso es el fruto de un obrar compartido, de un esfuerzo común, y a su justo desenlace todos los que actúan en el deben cooperar con el grado de intensidad que determina el perfil de cada situación comprometida (Cfr. Morello Augusto M., «El deber de colaboración en el ámbito de la prueba» LL 2004 -D214) y «.el principio revela que el proceso civil debe ser considerado como una empresa común, cuyo feliz resultado (la asignación adecuada de lo debatido) exige la colaboración de ambas partes y también eventualmente, la de otros sujetos y terceros compelidos legalmente a prestar su asistencia para la consecución del mencionado logro (Cfr. Peyrano Jorge W., «El principio de cooperación procesal», LL 2010-A-1062). A lo que debe agregarse su íntima relación con el principio de moralidad y buena fe». Sin perjuicio, claro está que conforme a las constancias de la causa, tampoco la parte actora ha hecho mucho por instar, informar, y/o coadyuvar a concluir esta fundamental probanza como lo es el estudio de impacto ambiental. No puede soslayarse que el actor también forma parte de la demandada (es concejal con mandato vigente) por lo que desde ese poder del estado también existe una responsabilidad compartida sobre la gestión -por lo menos de coordinación, colaboración y dialogo institucional. Máxime el reconocimiento de ambas partes, que el problema es de larga data, atravesando varias gestiones municipales. En este sentido rescato el valor de la conducta que trata el Maestro Dr. Peyrano Jorge W.- Daniel Fernando Acosta, en su obra (Valoración Judicial de la Conducta Procesal, pag.246/247 – Rubinzal Culzoni Editores, año 2005) «Lo que es preciso destacar y aceptar, a los efectos de hacer funcionar la hipótesis que pusimos de marquesina, es que la conducta desarrollada por las partes en el proceso tiene concreta y comprobada incidencia en el quehacer probatorio pero, en especial, a la hora de la valoración por el juez integrando una de las premisas de la sana crítica. En sentido similar parece expresarse Acosta al sostener que la afirmación más importante que podemos hacer en relación a la conducta procesal de las partes es que la misma es un concepto que siempre resulta atinente a la prueba, se trate de una prueba o de un elemento corroborante, ya que en todos los casos siempre será considerada en alguno de los momentos de la prueba. Apostillamos, no obstante, que la conducta procesal se ubica más cercana a las cuestiones del razonamiento judicial que al resultado de la prueba propiamente dicha. Ahora bien. ¿Puede ser la conducta de las partes un factor coadyuvante o determinante para atribuir dinámicamente la carga probatoriá Entendemos que sí» (sic).- En este contexto, la conducta procesal asumida por la demandada Municipalidad de la ciudad de Santo Tomé Ctes., es reprochable a las normas de la lógica, que deben ser la luz en la conducción del proceso y efectiva defensa de los intereses que componen la litis. En igual sentido se expidió el Tribunal in re «VERON DANIEL ORLANDO C/GURAL CARLOS DOMINGO, GALENO ART SA S/INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO», Expte. N° VXP 4073/15, Sent. N° 04 del 10-02-2017.

2. 1 (ii) Veamos que refieren las pruebas colectadas en autos: Aquí me detengo, dado que en el proceso clásico el «onus probandi» previsto en el art. 377 del C.P.C.C., por reenvío del art.18 Ley 2903, nos informa que quien invoca un hecho, y si éste es controvertido, lo debe probar en la etapa pertinente, a través de medios de pruebas idóneas, y conducentes (art.364 C.P.C.C.). Ahora, en el proceso ambiental, la cuestión es más difusa dado que generalmente su objeto es complejo (incidencia colectiva) y por ende la carga probatoria. En ese sentido, rescato un comentario de la doctrina que nos pone en autos: «.es aquí cuando ingresan al juego de la determinación de la carga probatoria dos principios carísimos del Derecho Ambiental. Uno de los principios contaminador-pagador, que se encuentra regulado en el art. 4° de la Ley General del Ambiente junto al principio de responsabilidad de la siguiente manera: «El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición.» Significa que quien contamina debe hacerse cargo económicamente de los riesgos que provoquen su actividad o servicio, con los costos sociales y ambientales que produzca. Se infiere entonces -haciendo una extensión interpretativa por ambiente- que, si debe hacer frente a los costos de reparación de los daños que su actividad o producto provoque, también debe asumir la carga probatoria en el proceso cuando resulte demandado y de su posición resulte estar en mejores condiciones de hacerlo. Ello implica también hacerse cargo del costo probatorio. El otro es el principio precautorio, receptado también en el artículo 4° de la Ley General del Ambiente (que tiene como fuente el Principio 15 de la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y desarrollo de 1992): «Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente» Cfte.Valeria Inés Enderle «EL AMBIENTE Y LA PRUEBA EN EL PROCESO», pag. 557 (La prueba en los procesos y procedimientos especiales), Rubinzal Culzoni Editores, año 2019.El subrayado me pertenece. En este sentido la jurisprudencia, tiene dicho: «deber del municipio. Es el municipio -intendente y Consejo deliberante- en ejercicio del poder de policía, quien debe ejercer una acción preventiva y permanente en materia de ecología, y más ampliamente de aubiología. De lo contrario, omite el cumplimiento de una función que se fundamenta en principios implícitos en el preámbulo de la Constitución Nacional y Provinciales y en normas contenidas en su articulado» SCBA, 14-6-94 «Rovere, Alejandra y otra c/ Municipalidad de Vicente López s/ Amparo», Ac. 49.992 S, D.J.B.A. 147-105, J.A. 1994-IV-32 y S. 1994-II-575. Fuente: Jurisprudencia – Revista de Derecho de Daños 2008-3 – Daño Ambiental, pag.432, Rubinzal Culzoni Editores, año 2009.- Recapitulando, independientemente, de la intimación al Municipio a fin de que cumplimente con el EIA, también en la misma cautelar se ordenó una serie de pruebas complementarias del estado de situación, las que analizaré infra. Así del informe de fs.107/109, expedido por el Médico Forense, Dr. Gustavo R. Andrich Bianco. «En este sentido, las enfermedades que mayor peso tiene sobre la mortalidad no provienen de causas aisladas, sino de un fenómeno desencadenado por un conjunto de causas biológicas, ambientales y sociales. Los efectos en la salud derivados de la inadecuada gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se producen por dos modalidades: directa o indirecta. Los efectos directos se producen por el contacto inmediato, temporario o permanente, con los residuos, mientras que los indirectos se generan por modificaciones del entorno natural, causadas por disposición sin control que actúa como fuente de dispersión y transmisión de enfermedades. La transmisión de enfermedades: que pueden producirse por contacto directo con los residuos y por la vía indirecta a través de los vectores o transmisores más comunes como moscas, mosquitos, cucarachas, ratas, perros y gatos callejeros que comen de la basura.Los basurales a cielo abierto son medios propicios para la proliferación del vector del dengue en objetos que atrapan agua, como es el caso de neumáticos y vasijas o contenedores desechados. (.) En este sentido, los más vulnerables a sufrir cualquier tipo de enfermedad infecciosas, parasitaria o respiratorias son los niños de 5 años, los bebes recién nacidos y las personas de mayor edad, siendo mayor el riesgo para la población de muy bajos recursos. Algunas de las enfermedades que se registran en las unidades sanitarias y que están directamente relacionadas con la basura son: hepatitis virósica, toxoplasmosis, fiebre tifoidea y poliomielitis, al igual que otras patologías como las broncopulmonares, los broncoespasmos, el asma (adquiridas por la vía respiratoria) y las enfermedades de la piel y los problemas intestinales como la diarrea aguda, que constituyen los trastornos más frecuentes provocados por el contacto directo con los desechos que tiene las personas que viven en el basural municipal y en áreas muy próximas. Enfermedades características: .Existen, por otro lado, factores y agentes que desencadenan determinados efectos y agentes que desencadenan determinados efectos (.) Olor proveniente de la descomposición de materias orgánicas.Ruido generado por las maquinarias y vehículos transportadores de residuos.Polvo (material particulado).que es responsable de molestias y pérdida momentánea de la visión y problema respiratorios y pulmonares.» (sic).- Una prueba, que tiene relación directa con el dictamen del Médico Forense antes citado, es el informe producido a fs.156/164 por el Cuerpo Social Forense; en virtud de la exhaustiva labor de las profesionales Lic. Carolina Beresi y Lic. Griselda Gomez, cuyo relevamiento, lo transcribo in extenso: «(sic).Informe de Perímetro del Basurero Municipal. Fechas: Del 03 – 04 – 18 al 06 – 04 – 18 Domicilio: Perímetro Basurero Municipal Localidad: Santo Tomé. Lugar de la entrevista: Basurero Municipal Entrevistadas/os:Vecinos residentes en el predio Grupos Familiares Residentes dentro del Perímetro del Basurero Municipal En el predio donde se ubica el Basurero Municipal se registra un total de nueve grupos familiares residentes, tres de los cuales poseen también casas en la zona urbana, por lo que alternan su residencia entre ambas viviendas. Se logran realizar entrevistas con ocho de las familias residentes, quienes también brindaron información sobre la familia que no se pudo entrevistar durante el recorrido. Constituyen un total de cuarenta y un personas que residen en el predio. De las cuales se contabilizan catorce mujeres y veintisiete varones, siendo dieciséis de ellos mayores de edad y veinticinco menores de edad. Las familias señalan que se tratan de terrenos entregados por el municipio y que no cuentan con documentación de las propiedades. Las familias cuya residencia se encuentra cercana al Frigorífico consideran que esos terrenos no forman parte del predio. Se identifican cuatro familias con residencia cercana a la zona de arrojo de basura sobre la calle que desemboca en el Frigorífico, y una familia con residencia dentro de la zona de arrojo de basura, con ingreso sobre Av. Artigas. Estas familias conviven de manera inmediata con el basural, encontrándose residuos a pocos metros de sus viviendas. Por lo que se puede observar desde sus patios la acumulación es de todo tipo de residuos. En una de las viviendas se observa a los niños jugando en un arroyo que se ubica en el predio del basural. Los mismos ingresan al mencionado arroyo a jugar y se pueden ver lavarropas viejos, carcazas de heladeras y otros desechos similares.

Las familias restantes residen a una distancia intermedia (entre 800 mts. y 1.500 mts. aproximadamente), por lo que la acumulación de residuos en algunos casos se observa de lejos, y en las viviendas ubicadas cerca del Frigorífico no se la alcanza a visualizar.La totalidad de las familias que residen en el perímetro del Basurero Municipal son hogares que presentan Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), ya que presentan al menos uno de los siguientes indicadores de privación: NBI 1 Calidad de la Vivienda (Materiales de construcción utilizados en pisos, paredes y techos). NBI 2 Condiciones sanitarias (Disponibilidad de agua potable, Tipo de sistema de eliminación de excretas) NBI 3 Hacinamiento (hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto) NBI 4 Acceso a Educación (Asistencia de niños en edad escolar a establecimiento educativo. Presencia de personas Analfabetas). NBI 5 Capacidad de subsistencia (Hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado. Hogares cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria. Númer o de personas en el hogar. Actividad laboral). Listado de los Grupos Familiares NBI 1 – NBI 2 – NBI 3 – NBI 4 – NBI 5 R.E. Nacionalidad: argentina. DNI: 10.935.435. Edad: 64. Estado Civil: viuda. Instrucción: primaria incompleta, cursó 3° grado. Ocupación: Ama de casa. Jubilada, Ingresos: $5000 mensual. Obra Social: PAMI. Tiempo de residencia: 40 años. G.A. Nacionalidad: argentino. Edad: 41 años, Estado Civil: soltero. Instrucción: analfabeto. Ocupación: Changarín. Trabaja dentro del predio del basural. Concubino de la entrevistada. L.J.J. Nacionalidad: argentino. Edad: 15 años. DNI: 44.218.302. Instrucción: Cursa estudios secundarios (3° año) en Escuela «Sgto. Cabral». Nieto a cargo de la entrevistada. L.I.A. Nacionalidad: Argentina. DNI: 50.620.711. Edad: 7 años. Instrucción: Cursa estudios primarios (1° grado) en Escuela N° 811 «Pablo Argilaga». Nieta a cargo de la entrevistada, niña en autos. NBI 1 – NBI 2 – NBI 5 R.S.E. Nacionalidad: argentino. DNI: 24.762.029. Edad: 42 años. Estado Civil: casado, separada de hecho. Instrucción: Estudios primarios completos. Ocupación: Jornalero. Ingresos: $4000 mensual aproximadamente, no es estable. Percibe Salario Universal por hijo $4.400. No posee Obra Social. Tiempo de residencia: R.A.B. Nacionalidad: argentina. DNI: 44.196.674 Edad: 14 años. Instrucción:Cursa estudios secundarios (2° año) en Escuela «V. F. López». Obra Social: No posee. R.L.M. Nacionalidad: argentina. DNI: 46.145.365. Edad: 13 años. Instrucción: Cursa estudios primarios (6° grado) en Escuela N° 811 «P. Argilaga». Obra Social: No posee. Hija del entrevistado. R.S.E. Nacionalidad: argentino. DNI: 47.989.693. Edad: 9 años. Instrucción: Cursa estudios primarios (4° grado) en Escuela N° 811 «P. Argilaga». Hijo del entrevistado. R.M.D. Nacionalidad: argentino. DNI: 50.062.956. Edad: 8 años. Instrucción: Cursa estudios primarios (2° grado) En Escuela N° 811 «P. Argilaga». Hijo del entrevistado. NBI 1 – NBI 2 – NBI 3 – NBI 5 R.M.F. Nacionalidad: Argentina. DNI: 26.476.129. Edad: 39 años. Instrucción: Estudios primarios. Ocupación: Cría animales para consumo y venta. Ingresos: Percibe Pensión No Contributiva (PNC) por 7 Hijos. Obra Social: No posee. Tiempo de residencia: Mayor a 10 años. S.J.O. Nacionalidad: argentino. Edad: 35 años. Instrucción: Estudios primarios incompletos. Ocupación: Pescador – Albañil. Ingresos: Variables. Obra Social: No posee. Pareja de la entrevistada. R.D. Nacionalidad: Argentina. Edad: 16 años. Instrucción: Cursa estudios secundarios (5° año) en Escuela «V. F. López». Obra Social: No posee. Hija de la entrevistada. S.J. Nacionalidad: Argentina. Edad: 14 años. Instrucción: Cursa estudios secundarios (2° año) en Escuela «V. F. López». Obra Social: No posee. Hija de la entrevistada. S.N.C. Nacionalidad: Argentina. Edad. 12 años. Instrucción: Cursa estudios secundarios (1° año) en Escuela «V. F. López». Obra Social: No posee. Hija de la entrevistada. S.A. Nacionalidad: Argentina. Edad: 11 años. Instrucción: Cursa estudios primarios (6° grado) en Escuela N° 811 «P. Argilaga». Obra Social: No posee. Hija de la entrevistada. S.J.O. Nacionalidad: Argentina. Edad: 8 años. Instrucción: Cursa estudios primarios (5° grado) en Escuela N° 811 «P. Argilaga. Obra Social: No posee. Hijo de la entrevistada. S.C.A. Nacionalidad: Argentino. Edad: 7 años. Instrucción:Cursa estudios primarios (2° grado) en Escuela N° 811 «P. Argilaga. Obra Social: No posee. Hijo de la entrevistada. S.J. Nacionalidad: Argentina. Edad: 2 años. Instrucción: No asiste a ningún centro educativo. Obra Social: No posee. Hija de la entrevistada. NBI 1 – NBI 2 S.S. Nacionalidad: Argentino. DNI: 40.588.645. Edad: 31 años. Estado Civil: Casado. Instrucción: Estudios primarios completos. Ocupación: Albañil. Ingresos: $ 300 (pesos trescientos) por día de trabajo. Obra Social: Unión Personal. Tiempo de residencia: 8 años. I.V. Nacionalidad: Argentina. DNI. 33.126.634. Edad: 30 años. Instrucción: Estudios secundarios completos. Ocupación: Trabaja en Migraciones. Ingresos: No sabe el entrevistado. Obra Social: Unión Personal. Esposa del entrevistado. S.D. Nacionalidad: argentino. Edad: 6 años. Instrucción: Cursa estudios primarios (1° grado) en Colegio «Siglo XXI». Obra Social: Unión Personal. Hijo del entrevistado. S.J. Nacionalidad: Argentino. Edad: 5 años. Instrucción: Asiste a Sala de 5 en Colegio «Siglo XXI». Obra Social: Unión Personal. Hijo del entrevistado. S.L. Nacionalidad: Argentino. Edad: 3 años. Instrucción: No asiste a ningún centro educativo. Obra Social: Unión Personal. Hijo del entrevistado. NBI 2 – NBI 3 – NBI 5 R.C.I. Nacionalidad: Argentina. DNI: 33.644.231. Edad: 30 años. Estado Civil: en pareja de hecho. Instrucción: Estudios primarios. Ocupación: Ama de casa. Ingresos: Percibe Asignación Universal por Hijo (AUH) por 5 hijos. Obra Social: Plan Nacer. Tiempo de residencia: 3 años. A.R.A. Nacionalidad: Argentino. Edad: 27 años. Estado Civil: en pareja de hecho. Instrucción: Estudios primarios. Ocupación: Albañil – Cría animales para la venta y consumo. Ingresos: Variables. Obra Social: No posee. Pareja de la entrevistada. A.J.A. Nacionalidad: Argentino. Edad: 12 años. Instrucción: Cursa estudios primarios (5° grado) en Escuela N°811 «P. Argilaga». Obra Social: Plan Nacer. Hijo de la entrevistada. A.L. Nacionalidad: Argentino. Edad: 10 años. Instrucción: Cursa estudios primarios (4° grado) en Escuela N° 811 «P. Argilaga». Obra Social: Plan Nacer.Hijo de la entrevistada. A.L. Nacionalidad: Argentino. Edad: 7 años. Instrucción: Cursa estudios primarios (2° grado) en Escuela N° 811 «P. Argilaga». Obra Social: Plan Nacer. Hijo de la entrevistada. A.E.D. Nacionalidad: Argentino. Edad: 4 años. Instrucción: No asiste a ningún centro educativo. Obra Social: Plan Nacer. Hijo de la entrevistada. A.T. Nacionalidad: Argentino. Edad: 3 años. Instrucción: No asiste a ningún centro educativo. Obra Social: Plan Nacer. Hijo de la entrevistada. NBI 1 – NBI 2 D.R. Nacionalidad: argentino. DNI: 17.797.812. Edad: 51. Estado Civil: Soltero. Instrucción: Estudios primarios. Ocupación: Trabaja en Frigorífico. Ingresos: $ 12.000 (pesos doce mil), aproximadamente. Obra Social: Euro Salud. Vive solo. NBI 1 – NBI 2 F.D. Nacionalidad: Argentina. DNI: 11.666.267. Edad: 67. Estado Civil: En pareja de hecho. Ocupación: Jubilada. Ingresos: $ 5.000 (pesos cinco mil). Obra Social: PAMI. D.S.J. Nacionalidad: Argentino. DNI: No recuerda la entrevistada. Edad: 56 años. Estado Civil: En pareja con la entrevistada. Instrucción: Estudios primarios. Ocupación: Cría animales – Elaboración y venta de grasa animal. Ingresos: Variables. Obra Social: No posee. Pareja de la entrevistada. Nacionalidad: Argentino. DNI: S/D. Edad: 32. Estado Civil: En pareja de hecho. Instrucción: Estudios secundarios incompletos, cursó hasta 3º año. Ocupación: Cría animales – Changarín. Ingresos: Variables, $300 (pesos trescientos) por día de trabajo, aproximadamente. Obra Social: No posee. A.M. Nacionalidad: Argentina. DNI: No recuerda el entrevistado. Edad: 27. Estado Civil: En pareja de hecho. Instrucción: Estudios primarios completos. Ocupación: Trabajadora del servicio doméstico. Ingresos: $ 300 (pesos trescientos) por día de trabajo. Obra Social: No posee. Pareja del entrevistado. L.C. Nacionalidad: Argentina. DNI: S/D. Edad: 10 años. Instrucción: Cursa estudios primarios (5º grado) en Escuela Nº 811 «P. Argilaga». Obra Social: Plan Nacer. Hija del entrevistado. L.M. Nacionalidad: Argentino. DNI: S/D. Edad: 6 años. Instrucción: Cursa estudios primarios (2º grado) en Escuela Nº 811 «P. Argilaga». Obra Social: Plan Nacer. Hijo del entrevistado. L.N. Nacionalidad: Argentina. DNI:S/D. Edad. 3 años. Instrucción: No asiste a ningún centro educativo. Obra Social: Plan Nacer. Hija del entrevistado. L.L. Nacionalidad: Argentina. DNI: S/D. Edad: 1 año y 8 meses. Instrucción: No asiste a ningún centro educativo o recreativo. Obra Social: Plan Nacer. Hija del entrevistado. NBI 2 R. («Muñeco). Nacionalidad: S/D. DNI: S/D. Edad: S/D. Estado Civil: En pareja. Instrucción: S/D. Ocupación: S/D. Ingresos: S/D. Obra Social: S/D. B. Nacionalidad: S/D. DNI: S/D. EDAD: S/D. Estado Civil: S/D. Instrucción: S/D. Ingresos: S/D. Obra Social: S/D. Condiciones Ambientales Familiares El conjunto de familias residentes presentan serias deficiencias en cuanto a las condiciones ambientales en que desarrollan su vida. Se registran viviendas que presentan características de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas). De manera generalizada se registran falencias con respecto a las condiciones sanitarias, donde el acceso al agua potable sería deficiente. Todos los vecinos residentes en la zona cercana al Frigorífico acceden al agua mediante perforación (pozo). Tres de las familias manifiestan agregar lavandina a cada litro de agua. Dos familias mencionan que acceden al agua para consumo mediante la canilla de Radio Nacional, mientras que el agua del pozo es utilizada para limpieza. Una familia utiliza el agua del pozo mediante un tanque con pastilla potabilizadora. Las familias restantes manifiestan que obtienen el agua de pozo y no refieren ningún tratamiento previo a su consumo. Una familia cuenta con agua potable, mediante canilla externa a su vivienda, la que se encuentra ubicada en la zona del ingreso por Av. Artigas al Basurero Municipal Con relación a las aguas servidas, las familias entrevistadas cuentan con pozos en los que se descarga toda el agua utilizada. Una de las familias señala que se tira el agua residual arrojándola al patio. Situación de Salud Familiar Los datos recogidos dan cuenta de la inexistencia de problemáticas graves de orden físico.Las dificultades relevadas estarían dadas por diarreas frecuentes en los niños y problemas de tipo respiratorio (tos, broncoespasmo) asociadas según la percepción de los entrevistados a la quema permanente de los residuos sólidos urbanos. Los vecinos hacen referencia al hecho de que ante la existencia de profusa cantidad de vidrios y otros elemento s cortantes, eventualmente se ocasionan cortaduras por el contacto con estos. Señalando, luego, que la mayor parte de estos accidentes se producen en los animales de cría o domésticos. Cabe señalar la inexistencia de centros de salud próximos a la zona de estudio, es por ello que los vecinos deben recurrir a la Sala de Atención Sanitaria del Barrio Tablada. El Sr. D.R. señala haber sufrido una afección severa debido a un «.virus en el agua.», por lo que habría sido internado durante cinco días en el Hospital «San Juan Bautista». Desde ese momento, trae agua potable mediante tachos.

Situación Laboral

Entre las familias entrevistadas se registran dos personas que cuentan con trabajo registrado e ingreso fijo. Estas personas tienen una situación laboral totalmente independiente del basural. Se identifican diez personas que desarrollan actividades laborales de tipo inestable, informal, que requieren escasa capacitación y de remuneración precaria. Se trata de actividades enmarcadas dentro de las «changas», identificándose como jornaleros. Todas estas personas desarrollan su actividad principal y, de manera paralela, obtienen elementos del basural para la venta (aluminio, metales varios), para la subsistencia familiar (ropa, muebles, elementos del hogar) o para la alimentación de sus animales de cría. Dos de las personas residentes en el perímetro del Basurero Municipal perciben Jubilación, mientras que tres perciben AUH y una percibe PNC por Madre de 7 Hijos. La percepción de estos derechos sociales se realiza de manera complementaria a la recolección de elementos del Basurero. Residuos Encontrados por los Entrevistados Los vecinos residentes en el perímetro del Basurero Municipal coinciden en mencionar que se encuentran de manera habitual los siguientes residuos:o Residuos domiciliarios o Ropas o Residuos del Hospital (agujas, jeringas, vendas, gasas y algodones ensangrentados, desechos de intervenciones quirúrgicas, remedios vencidos) o Desechos de pinturas o Desechos de aceites o Venenos, insecticidas o Animales muertos o Elementos cortantes (vidrios, objetos punzantes) o Restos de chapas, metales, carcazas de electrodomésticos Se menciona, además, que la concurrencia al basurero es masiva, especialmente en horarios de 13 hs. a 15 hs. Los vecinos señalan que la mayor afluencia de personas proviene de zonas aledañas al perímetro en estudio. Con respecto al arroyo existente dentro del predio, los vecinos mencionan la realización de canales de desagüe que desembocarían en el Río Uruguay. Intervención del Estado Según los datos obtenidos durante las entrevistas, no se habrían realizado actividades de prevención relacionadas con el tratamiento de la basura o del agua para consumo por parte de ningún organismo estatal, sea municipal, provincial o nacional. Los vecinos resaltan la realización de tareas de limpieza y ordenamiento del predio mediante la colocación de alambrado y casilla de control de ingreso, los que se produjeron desde hace aproximadamente treinta días, por parte del municipio. En el informe físico se incluyen fotografías de la zona en estudio. Es todo cuanto tenemos para informar a VV. EE.» (sic). Seguidamente analizare los testimonios producidos en autos: Así a fs. 199 y vta. (PPal) declara el Sr. PEDRO PABLO GOMEZ a tenor del pliego de interrogatorio glosado a fs. 198 de marras., donde A la novena: «.¿Si tiene conocimiento si el basurero a cielo abierto mencionado genera alguna contaminación ambiental, ejemplo visual, humos, moscas etc.? Contesta «A veces se siente olor a humo, por ahí queman, no sé quién quema, se ve de lejos el humo, cuando salgo al patio a ver la velocidad del viento por ejemplo, a veces se ve y se siente olor a humo.» (.) A la décima segunda: ¿Si lo que contestó lo considera de púbico y notorió Contesta:»Sé que la gente reclama por el basurero hace mucho tiempo, es de público y notorio conocimiento. Lo que manifesté es por lo que yo sé.» (sic).- A fs. 250 y vta. declara el Sr. Augusto Bernardo Cabral, a tenor del pliego de interrogatorio glosado a fs. 149. Donde contesta «A la primera : Por las generales de la ley no le comprenden. A la segunda: contesta. Sí soy contratado de Radio Nacional. A la tercera: Contesta: Sí está en cercanía, pocos metros de la radio incluso se puede observar desde el predio de la radio. A la cuarta: Contesta La ubicación es al final de la Avenida Artiga A la quinta: Contesta: el otro día estuve consultando con gente antigua en el lugar, más de 40 años tiene ese basural. a la sexta Contesta: sí un estado preocupante, estuve allí observe, desde la radio se sufre el estado en que se encuentra, el olor y la quema de basura, no me consta si se sigue quemando, pero tradicionalmente sí. A la séptima contesta: Tenemos conocimiento por información periodística que antes del Recurso de Amparo, algunas de las medidas iniciadas en la actualidad no estaban vigentes, tiempo atrás. A la octava contesta: Bueno, nos consta que después del recurso de amparo algunas medida se tomaron, el municipio actuó controlando la quema de basura y se agregó un vallado perimetral. A la novena contesta: Sí me consta que genero invasión de mosca, desde el basurero la radio siempre fue afectada, en cuanto a daño a la salud, siempre recibíamos queja de los vecinos, problemas respiratorios. (.) A la décima segunda: sí es de público y notorio conocimiento, por conocimiento personal vi el basurero y los cambios que hay en el lugar, en cuanto a los daños de los vecinos lo sé porque ellos me comentaron en mi programa de radio. La opinión pública conoce el tema, es de público y notorio conocimiento. En este estado, el Tribunal realiza interrogatorio de oficio.1) Para que diga si sabe y le contesta si en el predio donde funciona el basurero municipal, existe asentamiento de alguna flia. Contesta, no me consta.

2) Para que diga si sabe y le consta. Sí puede identificar a las personas que llamaron a su programa de radio manifestando problemas de salud a raíz de la cercanía con el basurero municipal. Contesta, no la mayoría de los oyentes no se identifican, se comunican por medio de mensajes de texto o vía telefónica.- Preguntado si quiere agregar algo más DICE: como ciudadano me gustaría que mejoren las condiciones ambientales y el impacto que ocasiona un basurero municipal a cielo abierto y en un futuro me gustaría que se erradique el actual basurero y se trate los residuos como corresponde. He notado algunos cambios positivos luego de la presentación del Recurso de Amparo, donde al parecer el municipio tomo nota de algunos de los requerimientos pero el tema de fondo aún no está solucionado. .» (sic).- Asimismo, a fs.213/214 y vta., se halla acta en manuscrito de la inspección ocular realizada por el Tribunal, en conjunto con las partes allí presentes; que para mayor claridad por Secretaría se transcribió en sistema Word, a fs. 216/217 de autos: «.En la ciudad de Santo Tomé, Provincia de Corrientes, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, siendo las 09 hs. Los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones, Civil Comercial y Laboral de esta ciudad, Dr. Arsenio Eduardo Moreyra y Dr. Manuel Horacio Pereyra, asistidos por la Secretaria actuaría, se constituyen en el predio del Basurero Municipal de esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la Inspección Judicial que fuera ordenada por providencia N° 527 (fs. 169 y vta.) y su ampliatoria providencia N° 642 de fs. 200. Se deja constancia de la presencia de la Dra. María de los Ángeles Ordenavía (apoderada de la parte demandada), del Sr. Lucas Velásquez D.N.I.N°27.010.461- Director de Medio Ambiente-, de la empresa CODEX S.A. representada por el Sr. Yaczcesen, Victor Jorge D.N.I. N°28.203848-empresa encargada de la filmación vía drone, en la memoria marca Kingston G4GB SDCS/G4 GB31666-001-aooLF. Ubicados al ingreso del predio del basurero municipal s/ calle sin nombre, se puede observar que el predio se encuentra delimitado con alambrado perimetral cubriendo una superficie aproximada de 18 hectáreas conforme lo informado por el Sr. Velásquez al ingreso de la calle central hay un portón rebatible de color amarillo, con tres carteles indicativos que dicen «CUIDE ESTE ESPACIO, A UD. TAMBIÉN LE PERTENCE», «INGRESO RESTRINGUIDO DE 07 A 20HS.» y «PROHIBIDO ARROJAR BASURA». Y dos columnas de luces tipo jirafa de uno y dos focos respectivamente. En este estado el Dr. Moreyra extrae fotos del ingreso con su celular. En este estado se deja constancia, que se hace presente en el lugar el Dr. Claudio Galarza (abogado apoderado del a firma Kuera S.A.). Para ingresar al predio se observa una calle de tierra de 2km. aproximadamente. En este estado arriba al lugar el Sr. A. Lovera (Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de esta ciudad). Al ingresar se observa, estando de frente, a la derecha una garita de vigilancia, donde un sereno se encarga de indicar donde depositar los distintos tipos de residuos. Todas estas obras indica el Sr. Velásquez se iniciaron en el mes de diciembre de 2017 (alambre perimetral, reacondicionamiento del camino e iluminación). Siendo las 9,30hs. se inicia la filmación y se extrae fotos con el drone, la primer foto se toma en el lugar del predio destinado a cementerio de mascotas, la segunda toma refleja el lugar destinado al depósito de ramas, la tercera muestra el lugar indicado para el depósito de la basura diaria que proviene de los domicilios, la próxima ilustra la reserva natural, donde se observa una arboleda sobre el río.

Hacia la izquierda a una distancia de un km.aproximadamente del foco de la basura, se extrae una foto del predio de la empresa Kuera S.A. En este momento se hace presente en el lugar el Sr. Intendente de la Municipalidad de esta ciudad, Dr. Mariano Garay, continuando con las visualizaciones reflejadas por el drone, la próxima fotografía se toma de la vivienda de un vecino del predio del basural donde se observan animales, cerdos, ovejas. (en este mom ento finaliza la exploración realizado por el drone). Se deja constancia que se retira de la inspección el Sr. Victor Jorge Yaczesen (y firma el acta, en este momento).- Acto seguido siendo la 10,15 hs. se inicia un recorrido por la calle principal y se observa a lo largo del camino yendo de frente, al lado derecho el cementerio de mascotas, en el frente un poco más adelante, un cartel que señala «ZONA DE PODAS Y RAMAS». Se deja expresa constancia que en el recorrido no se advierte mal olor, y que el Dr. Arsenio Eduardo Moreyra extrae fotos desde su celular personal (marca Samsung modeloSMG5314/04).

Avanzando por la misma calle, a la derecha nos topamos con una Sra. que se identifica como Elena Rodríguez, señalando que su D.N.I. sería el número 10.935.435 y con dos señores que dicen llamarse LEMOS, Victor Hugo y GUTIERREZ, Adolfo, cuenta la Sra. que vive desde hace más de cuarenta años en el lugar y trabaja seleccionando vidrios, plástico, y cartón de la basura, se advierte que hay lugares en ese sector donde queda resto de basura quemada. Indica también, la misma, que antes de que se colocara el portón ingresaban muchas personas al lugar, avanzando más hacia la izquierda (adentrando del camino principal) se observa una vivienda que indica la señora le pertenece, hay alrededor, animales, cerdos, ovejas (todo dentro del predio del perímetro del basurero municipal), reitera la señora que toda su vida vivió de la clasificación y venta de la basura.(invitada a firmar lo hace, tal como consta en el acta). Retomando el camino principal, a la derecha, se observa como un pileton (que indica el Sr. Velásquez,) es el desagüe de las cloacas de toda la localidad y es responsabilidad de Aguas de Corrientes. Al finalizar el camino de aproximadamente 18 hectáreas hay un portón de alambre y maderas y se vislumbra dos carteles que dicen «NO ARROJAR BASURA» y otro que indica «INGRESO AL BASURERO- CON UNA FLECHA INDICATIVA».

En la ordenanza municipal se indica que el predio del basurero es de 32 hectáreas aproximadamente, el recorrido se realiza a los largo de 18 hectáreas aproximadamente. Otro si digo: Se deja constancia, que se observa que el predio es recorrido por un empleado municipal (Sr. Santaren) quien se desplaza en caballo por todo el predio, indicando el Sr. Velásquez, que esa persona es una de las que vigila el predio para evitar el ingreso de personas extrañas al lugar. También se advierte que otros de los carteles señalizadores a lo largo del camino dice «CACHARROS Y METALES». Al final del recorrido se observa que en la parte derecha, hay un predio sin alambrado ni muro perimetral que supuestamente pertenece a radio nacional, dentro de ese espacio hay una antena que pertenecería a la radio antes señalada. No siendo para más se da por finalizado el acto firmando los presentes, después de S.Sa., todo por ante mí secretaria que doy fe.-» (Sic). Se debe tener presente, que la filmación y fotografías tomadas por el drone como consta en acta de inspección ocular -(que los tengo a la vista)- se encuentran en soporte virtual reservadas en Secretaría. Asimismo, las fotografías tomadas a través del drone se hallan glosadas a fs. 255/272, cuya impresión y agregado, fue ordenado por auto N° 788 (del 29/05/2018 de fs. 273).

También a fs.218/245 obra incorporado al expediente, 28 fotografías tomadas a través de celular de propiedad del suscripto marca Samsung SM-G5314/OL) e impresas en presencia de la Secretaría Actuaria del Tribunal, quien da fe. Tal como obra a fs. 246 de marras. La primera aproximación, es que el informe del Cuerpo Social Forense antes transcripto, y las fotografías que lo integran, demarcan el estado de vulnerabilidad en que viven los vecinos de dicho lugar, donde las profesionales, como punto de partida refieren que cada una de las familias que viven en esa zona, presentan necesidades básicas insatisfechas (NBI – al menos una de las allí signadas). Se puede ver a simple vista que al momento de apersonarse en la zona, se visualiza a través de imágenes en crudo el basural, elementos dispersos, cercano a las viviendas (fs.156vta./157; 162vta./163) viviendas precarias y cría de animales en cercanía al basural (véase imágenes de fs. 161vta./162/168vta.). La segunda aproximación, es que del relevamiento perimetral de la zona del basurero, se colige a los niños jugando en un arroyo que se ubica en el predio del basural. Que la totalidad de las familias que residen en el perímetro del Basurero Municipal son hogares que presentan Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que la situación de Salud Familiar dan cuenta de que las dificultades relevadas estarían dadas por diarreas frecuentes en los niños y problemas de tipo respiratorio (tos, broncoespasmo) asociadas según la percepción de los entrevistados a la quema permanente de los residuos sólidos urbanos. También, que ante la existencia de profusa cantidad de vidrios y otros elementos cortantes, eventualmente se ocasionan cortaduras y que la mayor cantidad de accidentes se producen en los animales de cría o domésticos. Asimismo, refieren que uno de los habitantes de dicho perímetro, puntualmente el Sr.Da Rosa señala haber sufrido una afección severa debido a un «.virus en el agua.», por lo que habría sido internado durante cinco días en el Hospital «San Juan Bautista». Desde ese momento, trae agua potable mediante tachos.

En cuanto a la situación laboral, surge de las familias entrevistadas que dos personas cuentan con trabajo registrado e independiente del basural, identificándose diez personas que desarrollan actividades laborales de tipo inestable, informal, «changas», jornaleros. A su vez, todas estas personas desarrollan su actividad principal y, de manera paralela, obtienen elementos del basural para la venta (aluminio, metales varios), para la subsistencia familiar (ropa, muebles, elementos del hogar) o para la alimentación de sus animales de cría. Téngase presente, que del relevamiento se observa que los residuos encontrados por los entrevistados, coinciden que se encuentran habitualmente residuos del hospital (agujas, jeringas, vendas, gasas y algodones ensangrentados, desechos de intervenciones quirúrgicas, remedios vencidos), Venenos, insecticidas, animales muertos, elementos cortantes (vidrios, objetos punzantes), entre otros, y además, que la concurrencia al basurero es masiva, especialmente en horarios de 13 hs. a 15 hs. «Los vecinos señalan que la mayor afluencia de personas proviene de zonas aledañas al perímetro en estudio» (sic). En cuanto, a la intervención del Estado, refieren que no se habrían realizado actividades de prevención relacionadas con el tratamiento de la basura o del agua para consumo por parte de ningún organismo estatal, sea municipal, provincial o nacional. Por último, los vecinos resaltan la realización de tareas de limpieza y ordenamiento del predio mediante la colocación de alambrado y casilla de control de ingreso, los que se produjeron desde hace aproximadamente hace treinta días, por parte del municipio. No puedo pasar por alto, que ello también fue consecuencia del art. 2°) inc. d.) de la Medida Cautelar dictada por Sent. Int.N° 13/18, donde se insta a la Municipalidad de Santo Tome Ctes., a tomar los recaudos indispensables respecto, al cuidado perimetral del predio basurero municipal, en relación a personas ajenas al mismo, en especial menores de edad, y en igual sentido respecto a animales, en particular, aquellos que los vecinos destinan a consumo humano.

Asimismo, controlar y evitar la quema de residuos sólidos urbanos (RSU) y sofocar aquellos que estuvieren activados, en el mencionado basurero.- La tercera aproximación, es que de las testimoniales tomadas en el curso del expediente, se colige la problemática ambiental, véase que los Sres. PEDRO PABLO GOMEZ y AUGUSTO BERNARDO CABRAL, a la 9na pregunta ¿Si tiene conocimiento si el basurero a cielo abierto mencionado genera alguna contaminación ambiental, ejemplo visual, humos, moscas etc.? Contesta el primero: «A veces se siente olor a humo, por ahí queman, no sé quién quema, se ve de lejos el humo, cuando salgo al patio a ver la velocidad del viento por ejemplo, a veces se ve y se siente olor a humo.»; contesta el 2do.: «Sí me consta que genero invasión de mosca, desde el basurero la radio siempre fue afectada, en cuanto a daño a la salud, siempre recibíamos queja de los vecinos, problemas respiratorios.» (sic). Ambos testigos, coinciden en que lo declarado es de público y notorio conocimiento. Es más, el testigo Cabral, profundiza su relato y dice «sí es de público y notorio conocimiento, por conocimiento personal vi el basurero y los cambios que hay en el lugar, en cuanto a los daños de los vecinos lo sé porque ellos me comentaron en mi programa de radio. La opinión pública conoce el tema, es de público y notorio conocimiento.En este estado, el Tribunal realiza interrogatorio de oficio.» (sic).

La cuarta aproximación, surge de todo lo relevado en inspección ocular realizada en el predio del Basurero Municipal, donde se colige, que hay alambrado perimetral, portones de ingreso y de salida, cartelería de pronta data (tal como lo reflejan los vecinos en informe del Servicio de Asistente Social Forense y de los testigos relevados en autos). También a través de las imágenes y fotografías tomadas a través del drone se visualiza: cementerio para mascotas, personal de limpieza, y a caballo (Sr. Santaren) que según Secretario de Medio Ambiente vigila el predio, ya adentrado en el predio al basurero, rumbo hacia zona de Radio Nacional, se observa camino sinuoso donde se halla fosas pequeñas con destino de cementerio para mascotas (véase fs.257), también montículo de ramas sobre un gran camión (véase fs. 230, 258/259), a la derecha del predio del basural dividido por alambre perimetral (véase fs.222 y 271) hay una casa habitada, cerco tipo corral, pequeñas lagunas aledañas, varios animales porcinos comiendo de montículos de basura (véase fs.267/271). M ás adelante se puede ver pequeñas casas en el mismo predio del basurero (véase fs. 272) que a su vez se condice con lo relevado en el acta de fs. 216vta. y transcribo en lo pertinente «Avanzando por la misma calle, a la derecha nos topamos con una Sra. que se identifica como Elena Rodríguez, señalando que su D.N.I. sería el número 10.935.435 y con dos señores que dicen llamarse LEMOS, Victor Hugo y GUTIERREZ, Adolfo, cuenta la Sra. que vive desde hace más de cuarenta años en el lugar y trabaja seleccionando vidrios, plástico, y cartón de la basura, se advierte que hay lugares en ese sector donde queda resto de basura quemada.Indica también, la misma, que antes de que se colocara el portón ingresaban muchas personas al lugar, avanzando más hacia la izquierda (adentrando del camino principal) se observa una vivienda que indica la señora le pertenece, hay alrededor, animales, cerdos, ovejas (todo dentro del predio del perímetro del basurero municipal), reitera la señora que toda su vida vivió de la clasificación y venta de la basura. (invitada a firmar lo hace, tal como consta en el acta).» (sic). Del relevado probatorio, en cuanto al ítems 1) se infiere la existencia, continuidad y actualidad de la lesión al medio ambiente, como así también la cría de animales (porcinos) en el ejido del basurero, como así también personas que habitan y laboran allí, en estado de vulnerabilidad sanitaria, sin perder de vista el potencial foco de enfermedades relatadas por el médico forense, como así también el estado de las familias, incluso menores -(con necesidades básicas insatisfechas)- que viven en el sector aledaño al perímetro del basurero (informe social forense). No puedo pasar por alto el Ministerio Público, tanto la Sra. Asesora de Menores y el Sr. Defensor Oficial, en sus dictámenes de fs. 354/355 y fs. 358/359vta. respectivamente, bregan en reafirmar el respeto y protección de los menores, en pos del interés superior del niño, conforme art. 3° Ley 26.061 Ley de Protección Integral de NN y A., el que tiene raigambre constitucional en el CADH art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Véase que la vulnerabilidad, que surgen de los informes antes descriptos, afectan a las personas/familias/menores/pobladores y por ende, comprende la salubridad de toda la comunidad.Lo que hoy día contiene el plus de la «Pandemia Covid.19», en virtud del cual el Estado en todos sus niveles, se fueron adaptando a la contención sanitaria preventiva establecida por el Poder Ejecutivo Nacional DNU N° 297/2020 «aislamiento social, preventivo y obligatorio»; y concordantes; cuyo considerando estriba en la protección y prevención de salubridad pública «. el campo de acción de la policía de salubridad es muy amplio, siendo su atinencia a todo lo que pueda llegar a afectar la vida y la salud de las personas, en especial la lucha contra las enfermedades de todo tipo, a cuyo efecto se imponen mayormente deberes preventivos, para impedir la aparición y difusión de las enfermedades .- «El poder de policía y policía de salubridad. Alcance de la responsabilidad estatal», en «Cuestiones de Intervención Estatal – Servicios Públicos. Poder de Policía y Fomento», Ed. RAP, Bs. As., 2011, pág. 100.». En cursiva y negrilla me pertenece. 2. 1 (ii) Atento a que en autos, se ordenó Estudio de Impacto Ambiental Conforme la Sent. Int. N° 13/18. A fs. 53/64 (I.M.C.) se halla la presentación administrativa ante el I.C.A.A. del Expte. N° 540-473/18. Sin perjuicio, la advertencia del I.C.A.A. en cuanto a que el mismo no se halla completo.

Ello se colige del informe brindado a fs. 86 y vta. por la Gerencia de Gestión Ambiental del I.C.C.A., seguidamente a fs. 100/114 el perito de parte Ing. Forestal Aldo Fernando Álvarez, en carácter de responsable ambiental del proyecto de referencia, adjunta informe con fecha de ingreso a mesa de entradas I.C.A.A. (del 14.03.2019). En audiencia glosada a fs. 115/116 y vta. (I.M.C. del 15.03.19) el profesional antes citado, refiere que falta el estudio de suelo, agua y aire, solicitando 30 días a fin de informar al tribunal sobre los avances.También se explica «Respecto al horno pirolítico, en el cual se debería hacer el tratamiento de los mismos, se desestima la construcción, porque está prohibido por ley. La decisión se fundamentó en que al realizar un Análisis e investigación más profunda, se pudo concluir que el uso de dichos hornos, a través de incineración para eliminar residuos domiciliarios y patológicos, provoca la liberación de desechos al ambiente, como residuos sólidos (cenizas) y gaseosos como dioxinas, metales pesados, monóxido y dióxido de carbono, principales productores del efecto invernadero y de la desaparición de la capa de ozono. Los compuestos mencionados cuentan con alta toxicidad, siendo bioacumulativos y permaneciendo en el ambiente durante períodos prolongados sin degradarse, acumulándose en los organismos vivos y pudiendo provocar en el hombre alteraciones en el sistema inmunológico, malformaciones, aumento de diabetes, retraso de desarrollo, cloracné y cáncer. En cuanto a los residuos patológicos es prohibida su incineración, por lo que actualmente se entierra y se hace tratamiento con cal. Respecto al certificado de no inundabilidad, el mismo ya fue tramitado en la Gerencia de Ingeniería del ICAA, correspondiente al expediente N° 540-26/09- 1083/2018, de igual modo, en relación al plano topográfico de la zona en donde consten las curvas de nivel y los cuerpos de agua cercanos, ya fue solicitado.» (sic). A fs. 134/135 la demandada informa que la consultora SOLMAX S.R.L., es la que realizará los estudios que requiere el I.C.A.A. Luego a fs. 191/192 ((I.M.C. del 19/06/19) se realiza nueva audiencia con las partes. Allí transcribo lo relevante «Sr. DIEGO IVAN RETAMOZZO, quien acredita identidad con D.N.I. N° 38.963.063, como personal de la firma SOLMAX S.A.y el mismo explica que en el día de la fecha se están haciendo la extracción de muestras de tierra (superficial, de un metro y tres metros de profundidad), de agua (extraen de la laguna que hay en el lugar) y aire, a fin de determinar si se encuentran contaminadas, (.) Toma la palabra el Ingeniero Aldo Fernández Álvarez e indica que en veinte días aproximadamente estaría el resultado, (.) A continuación, el Dr. Moreyra pide a la demandada que informe que trabajos se realizaron para el tratamiento de los restos patológicos, a lo que explica el Sr. Lucas Velázquez que conforme el plan GIRSU, el tratamiento de los restos patológico no es función de los municipios, que lo que corresponde es que cada establecimiento de salud, cuente con hornos piroliticos para el tratamiento del material que descartan, porque el tema está siendo tratado con el director del hospital local. A continuación el Sr. Lucas Velázquez, hace entrega al Sr. Presidente de un escrito en tres fojas, cuya suma es «Plan Municipal de tratamiento de residuos sólidos», el que es agregado a las actuaciones en este mismo acto, seguidamente explica que el plan trazado es a corto, mediano y largo plazo, estando detallado en el memorial presentado, las tareas a realizar durante cada una de esas etapas. Luego también recuerda el convenio suscripto con la provincia para la construcción de la planta de tratamiento de los residuos y rellenos sanitarios regional, que contempla un espacio de 50 hectáreas, ubicados en el campo del Ejército Argentino denominado «El Triunfo». Habiendo escuchado a las partes, el tribunal RESUELVE: DISPONER, que en el plazo de treinta días, la demandada presente el informe obtenido a partir de los estudios realizados.» (sic).- A fs. 145/173 (I.M.C.) obran copias del estudio SOLMAX S.R.L., allí a fs. 150 se refiere en Observaciones «-el valor obtenido para sólidos suspendidos totales en la muestra Freatímetro supera el límite establecido como máximo por la Resolución N° 687/13 – Curso de agua.-el valor obtenido para sólidos suspendidos totales en Muestra agua N° 1 y Muestra agua N° 2 supera el límite establecido como máximo por la resolución N° 687/13 – Laguna.» (sic). Asimismo a fs. 178 la Gerencia de Gestión Ambiental del I.C.A.A. (del 20.09.19) informa que la Municipalidad de Santo Tomé no ha subsanado las observaciones realizada por ese organismo. Así previo requerimiento del tribunal de fs.181, el municipio demandado, nuevamente acompaña fotocopias glosadas de fs. 185/210, lo que es símil de lo presentado anteriormente y citado «ut supra». También, a fs. 221 y vta se dicta la Sent. Int. N° 121 (del 12.12.19), donde se requiere al I.C.A.A. a fin de que informe el estado del trámite del Expte N° 540-473/18. Finalmente a fs. 231 la Gerencia de Gestión Ambiental informa que hasta el día 09.01.2020 la Municipalidad de Santo Tomé no ha subsanadado todas las observaciones realizadas por ese Organismo. En definitiva, hasta el presente, la demandada (municipio) no se ha ajustado a las mandas del Organismo I.C.A.A., a fin de dar cumplimiento y completar el E.I.A., a fin de seguir con los pasos posteriores que demanda la legislación ambiental. Rememoro aquí lo antes señalado en relación a la conducta seguida por la demandada, dado que se lee del expediente que actúa en tanto y en cuanto, se inste por la jurisdicción, cuando debería ser la principal interesada en la diligencia en tiempo oportuno, dado que es quien representa y debe preservar los intereses ambientales de la comunidad toda. En esos lineamientos, recientemente nuestro cimero tribunal exhorta: «.a todos los operadores jurídicos que intervienen en este proceso para que realicen sus máximos esfuerzos y pueda ser resuelto en un plazo razonable. La liquidez de los derechos fundamentales en juego por versar sobre materia ambiental conduce a priorizar la tutela jurisdiccional efectiva.» in re «BELSKY A. G.C/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES Y/O AGUAS DE CORRIENTES S.A. S/MEDIDA AUTOSATISFACTIVA», Expte. N° TXP 6161/15 (Sent. N° 06 del 12/02/2020). En este punto, es de destacar que el Estado Municipal es el contralor de la temática ambiental en el ámbito de su territorio autónomo, conforme Art.185 y cctes. Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Santo Tomé Ctes.-

2. 2) Asimismo, se colige la operatividad del segundo ítems de análisis 2) la decisión, acto u omisión manifiestamente arbitraria e ilegítima. (i) Es oportuno, revisar aquí la normativa ambiental vigente, a nivel Nacional, Provincial y Municipal. Aquí, rememoro el tratamiento dado a la temática, al fundamentarse el incidente de medida cautelar (Sent. Int. N° 13/18). El sub judice tiene como marco normativo local, el dictado de tres ordenanzas Nros. 475/16, 476/16 y 545/17, las que se hallan publicadas en la página web del Consejo Deliberante de Santo Tomé. Se entiende, se ajusta a lo normado por el art. 24 inc.11) del Reglamento Interno del Consejo y art. art. 26°, 50° de la Carta Orgánica Municipal. Destaco, que de la ordenanza N° 476/16, no surge que se haya realizado una previa evaluación de impacto ambiental, conforme art. 57 de la Constitución de la Provincia y art.2 Ley 5067 EIA. También, debo señalar que el Ministerio Público Fiscal propuso la producción de pruebas, a la que adhirió la Sra. Asesora de Menores e incapaces (véase fs.32/33 y 36 y vta.), donde ésta última, dictamina que asume la intervención en la presente acción de incidencia colectiva, en representación de los menores que pudieren verse afectados por la nociva proyección que tuviere en su salud, la inserción de basural a «cielo abierto», contra el que se acciona, asimismo se funda en los arts. 8, 14 y 21 de la ley 26061 y cctes. Así la última norma citada explicita «.las N.N. y A.tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y disfrute del paisaje». En idéntico sentido se expide el Ministerio Pública en vista evacuada tanto por la Sra. Asesora de Menores e Incapaces, como así del Sr. Defensor Oficial, de fs. 354/355 y 358/359 y vta., respectivamente, del éstas actuaciones.

Tengo presente, que la acción en danza se nutre y se elástiza en el marco del principio precautorio establecido en el art.4 de la ley 25675/02 Ley General del Ambiente. Al efecto, es preciso rememorar el carácter del AFECTADO, quien no habiendo aun sido dañado, se halla en el ámbito potencial de ser dañado a diferencia del damnificado que es aquel que ha sufrido un daño. Amplísima = Habitante. Amplia = Vecino debe acreditar un mínimo de interés razonable y suficiente. Restringida = perjudicado, dueño de un derecho subjetivo violado, que haya sufrido una lesión de sus intereses. En ese sentido amplio y/o amplísimo del afectado es que debe ser valorado el sub judice. Entonces, deviene necesario percibir al principio de precaución en dos niveles profundamente diferenciados de situación: a) cuando se supone que las actividades pueden ser peligrosas para la conservación y preservación del ambiente y b) cuando se teme que las actividades puedan causar daños graves, irreversibles, catastróficos al medio ambiente. Cfte. Z. D. de Clement, Principio de Precaución Ambiental – La Práctica Argentina, pag.57, edit. Lerner Editora S.R.L. año 2008.- En el primer caso la aplicación del principio precautorio deja librado a la autoridad, la adopción de medidas más o menos flexibles o exigentes que permitan reducir al mínimo los eventuales efectos perjudiciales sospechados. En el segundo caso, la aplicación del principio de precaución impone la proscripción de la actividad, hasta que se alcancen certidumbres que permitan adoptar previsiones capaces de neutralizar el peligro temido.El principio precautorio a diferencia del principio de prevención se caracteriza por ser aplicado frente al insuficiente aporte de la ciencia, para conocer con precisión y de forma indubitable la existencia o no del potencial peligro o riesgo de una actividad dada. En ese andarivel, la carga de la argumentación a favor de los derechos en danza, se hallan relacionados con los derechos fundamentales, reglas que permiten distribuir la carga de la argumentación; así aparece el principio favor libertatis y sus reglas derivadas «Hay grupos de «mega principios» o criterio de razonamiento que cumplen esa función, en el sentido de establecer una «dirección» valorativa del razonamiento: en dirección de la libertad, en dirección de la protección de la persona, etcétera. .5) el principio «pro homine»: También se ha reforzado con el principio «pro homine» el modo de determinar la norma aplicable. Este principio tiene dos facetas: Obliga a una interpretación extensiva cuando se trata de proteger derechos reconocidos. Obliga a una interpretación restrictiva cuando se trata de limitaciones o suspensiones extraordinarias». Cfte. Ricardo Luis Lorenzetti, Teoría de la Decisión Judicial, Fundamentos de Derecho, pag.267, Rubinzal – Culzoni Editores, año 2006. Por otra parte, la mayor o menor certidumbre sobre el riesgo hipotético o la potencialidad del mismo, suele surgir de la evaluación de impacto ambiental «como un proceso por el cual una acción que debe ser aprobada por una autoridad pública y que puede dar lugar a efectos colaterales significativos para el medio, se somete a una evaluación sistemática cuyos resultados son tenidos en cuenta por la autoridad competente para conceder o no su aprobación. Se trata pues de un procedimiento previo para la toma de decisiones. Sirve para registrar y valorar de manera sistemática y global todos los efectos potenciales de un proyecto, con objeto de evitar desventajas para el medio ambiente» BUSTAMANTE ALSINA, «Derecho Ambiental», Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1995, p.101; ANDORNO Luis O.»La protección del medio ambiente en el ámbito del MERCOSUR», en JA 1997-IV-999.

Por otra parte, de lo sustanciado en el Incidente de Medida Cautelar, se colige de la Ordenanza N° 476/2016 «Santo Tomé no tira la basura. La separa» y su Anexo I, donde no se informa que previo a la instalación y funcionamiento del programa se haya presentado estudio de impacto ambiental (EIA), la evaluación pertinente (EIA) y en su caso la declaración de impacto ambiental (DIA), por la Autoridad de Aplicación I.C.A.A. conforme la normativa vigente en la Provincia, Ley 5067 y su mod. 5517, como así también el Decreto N° 2562/2012 de audiencia pública ambiental. Como refería, en la provincia de Corrientes, ésta temática ambiental, se halla regida por la Ley 5067/96 mod. Ley 5517 y Dcto. Ley 212/01 «Ley de Impacto Ambiental». Quien debe presentarló ARTICULO 2º: «Los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad contenida en el Anexo de la presente Ley, deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental en la forma prevista en la misma y cuyas disposiciones son de orden público. Toda actividad no incluida en el Anexo, salvo las que produzcan radiaciones nucleares o signifiquen manipulación, transporte o depósitos de tales sustancias, las que quedan prohibidas en el territorio provincial, y que fundadamente permita suponer que pueda afectar el medio ambiente, deberá someterse a la Evaluación de Impacto Ambiental a solicitud de la Autoridad de Aplicación. (Artículo modificado por Ley Nº 5517)». Esta normativa determina UN ANEXO donde detalla las actividades que en forma obligatoria deben someterse a la Evaluación de Impacto Ambiental. Ahora, la cuestión traída en el sub lite, se prevé en el art.2 – ANEXO punto 9 y 14 de la Ley 5517, donde en relación a la actividad residuos refiere «9) Instalaciones de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos por incineración, tratamiento químico o almacenamiento en tierra» «14 Toda otra actividad que implique que sus residuos o desechos no se dispongan por medios convencionales o que los mismos se dispongan de acuerdo al punto 9º» (sic).

Sin perjuicio de lo normado por el art.22 de la citada normativa, el estudio de impacto ambiental, se reitera, no surge de la Ordenanza N° 476/16 que se haya requerido por el Municipio, quien es el contralor de la temática ambiental en el ámbito de su territorio autónomo, conforme Art.185 y cctes. Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Santo Tomé Ctes.; por ende la Autoridad de Aplicación Ambiental en la Provincia I.C.A.A. conforme art. 4° Ley 5067 prima facie no toma cartas en el asunto, tal como surge del Expte. Adm. N° 540-473/18 (I.C.A.A.). La envergadura del proyecto de corte público, donde el Municipio es quien lo llevaría adelante, atento se desprende del tenor de la ordenanza 475/16 ANEXO I donde se esgrime PLAN MUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. Programa «Santo Tomé No Tira La Basura. La Separa», donde en su plan de acción se sostiene que dicho programa cuenta de tres ejes fundamentales: «Separación en Origen – Recolección Diferenciada – Clasificación y Acondicionamiento Final». A continuación se resalta, que la propuesta o programa tiene tres líneas de acción con impacto a corto, mediano y largo plazo, entendiendo como un sistema sostenible ecológicamente y eficaz socialmente en la Gestión de residuos Sólidos Urbanos:1) Implementación y desarrollo del programa de educación ambiental (PEAM); 2) Preparación de Infraestructura y saneamiento básico para la instalación de una planta de clasificación y acopio de los residuos sólidos urbanos (RSU); 3) Búsqueda de canales de comercialización, donde detalla una planilla de costos estimados de inversión inicial por la suma de $2.350.990; y finalmente acota una estructura de financiación, donde se refiere que el Municipio para poner en marcha dicho plan destinará fondos propios y se iniciaran las gestiones necesarias para conseguir financiación externa, citando allí las potenciales fuentes de créditos o subsidios, públicos y/o privados. Por todo ello, se concluye que el mentado plan, es de gestión pública del Municipio demandado. Por otro lado, podemos decir que todos los proyectos de obras o actividades, públicas o privadas, que sean susceptibles de producir algún efecto significativo al ambient e y/o a la calidad de vida de la población en aras del derecho fundamental a gozar del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo (art.41 CN), se comienza con la presentación -parte interesada en el proyecto- de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que luego será sometido al procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Viabilidad Ambiental. Como colofón, en el presente ítems se verifica en la presentación -(véase fs124/125)- del 3ro. Citado en autos, me refiero a KUERA S.A., que funcionaría lindante al predio del basurero, tal como me refiero infra Cons. 2.6 al que remito. Decía, la citada empresa ha obtenido una resolución favorable de viabilidad ambiental (Res.N°005 del 04/01/2018), lo que denota, por un lado el compromiso de la misma con la temática ambiental; y por otro lado, nos alerta la carencia de compromiso de la Municipalidad demandada, en activar el trámite ambiental pertinente para la obtención de la D.I.A.

(ii) En éste sentido en virtud al principio precautorio y de prevención establecido por la Ley 25675 LGA, deviene prudente también dar participación a la comunidad potencialmente afectada a través del sistema establecido en el art.14 ssgtes. y cctes. de la Ley 5067 y mod. 5517. En éste punto me detengo, ya que en nuestra provincia se ha dictado el Decreto Nº 2562 (del 31/10/2012), que regula la Ley 5982/10, estableciéndose los parámetros y las distintas etapas por las que debe pasar un proyecto sometido a AUDIENCIA PUBLICA AMBIENTAL, y en éste sentido la normativa es muy rica dado que abastece de las herramientas a tener presente al momento de llevarlos a cabo. En relación, se deben destacar los fundamentos de la norma, lo que parten que en nuestro país, la normativa legal ambiental de nivel internacional -que tiene raigambre constitucional-, proclama el derecho a la participación pública. Cita el mentado Artículo 41º de la Constitución Nacional legisla sobre el derecho a la información ambiental. También hace mención de la Ley Nacional Nº 25675 Ley General del Ambiente, donde se establecen los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, y rige en todo el territorio de la Nación.

Que, la misma establece, entre uno de los objetivos que debe cumplir la Política Ambiental Nacional el de «fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión». Así, en su Artículo 19º, reconoce el derecho de toda persona a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos relacionados con el ambiente.Que en su Artículo 20º propone a las autoridades a institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para autorizar actividades que pudieran afectar negativa y significativamente al ambiente. Asimismo, impone asegurar la participación ciudadana principalmente en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. En ese orden, la Ley Provincial Nº 5067 mod. Ley N°5517 de Evaluación de Impacto Ambiental. en su Artículo 14º establece: «el Poder Ejecutivo a través de la Autoridad de Aplicación dictará las normas de procedimiento administrativo que deberá contemplar un período de información pública del Estudio de Impacto Ambiental no menor de treinta días». Siendo imprescindible ampliar la participación pública a través de las Audiencias Ambientales Públicas, a fin de lograr que, en el marco del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, la Declaración de Impacto Ambiental recoja las experiencias, inquietudes y aspiraciones de la comunidad, otorgando así transparencia y legitimidad a la gestión ambiental. En otro de sus fundamentos, el legislador apunta nuevamente a la participación, donde señala que la incorporación de canales de participación complementarios a los contemplados en el proceso de EIA, en distintos niveles y ámbitos de la gestión pública ambiental, evitaría que la participación se vuelque íntegra y solamente a los proyectos sometidos a dicho proceso. Es más, al permitirse acceder a la documentación involucrada, la comunidad, informada con objetividad desde etapas tempranas del proyecto, podrá salvaguardar sus intereses y derechos. Se entiende, que en base la normativa señalada supra, la Autoridad de Aplicación I.C.A.A. deberá en su oportunidad operativizarla en el Expte. N° 540-473/18 (inicio 10/05/2018 – véase fs. 37) «Municipalidad de Santo Tomé S/ Proyecto de Instalación de Planta de Clasificación y Acopio de Residuos Sólidos Urbanos Santo Tomé Corrientes».

(iii) También se reiteran aquí, los fundamentos dados al dictarse la medida cautelar (Sent. Int.N°13/18), en cuanto a su naturaleza instrumental, en la que descartó la proscripción de la actividad, y se sostuvo una concepción dialogal-aperturista de los operadores del derecho en danza, SE ENTIENDE: la Municipalidad de la Ciudad de Santo Tomé quien actúa como precursor del PLAN MUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. Programa «Santo Tomé No Tira La Basura. La Separa», y que en definitiva en el marco de su competencia aprobó, vía las ordenanzas Nros. 475/16 y 476/16, que se pone de relieve en el sub lite. En este sentido, deviene necesario también establecer el concepto: «Los residuos son todos aquellos desechos y/o elementos que no tienen una utilidad definida y que para que ello ocurra en su caso deben sufrir un reciclado específico y/o en su caso su depósito definitivo. Ahora la Ley 23922 (convenio de Basilea) lo define: «Por «desechos» se entiende las sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional». Clasificación: De acuerdo a su origen (domiciliario, hospitalario, industrial). De acuerdo a sus características (peligrosos, patogénicos, radiactivos). De acuerdo a su estado (liquido, gaseoso, sólido o semisólido).». Conf. Ambiental profundizado, Cátedra Rodríguez Carlos Aníbal – Daniel Denmon. RESIDUOS PELIGROSOS, SU TRANSPORTE LEGISLACION APLICABLE, Dirección Posgrado U.N.N.E., año 2007.- Asimismo, en la temática residuos domiciliarios a nivel nacional encontramos la Ley N°25.916 donde se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas. En cuanto el art.18 prevee los requisitos para la habilitación de los centros de disposición final, en función de las características de los residuos domiciliarios a disponer, de las tecnologías a utilizar, de las características ambientales locales y además que para la habilitación de estos centros requerirá de la aprobación de una Evaluación de Impacto Ambiental, que contemple la ejecución de un Plan de Monitoreo de las principales variables ambientales durante las fases de operación, clausura y pos clausura. En ese norte, recientemente la Provincia de Corrientes a través de la Ley 6422 (del 29/11/2017 – B.O. 19/12/2017) se adhiere a la Ley Nacional Nº 25.916 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios. En cuyo art. 10 ordena que se deberá realizar la previa evaluación de impacto ambiental, y otorgar el certificado de aptitud ambiental para la instalación de rellenos controlados o sanitarios, públicos y/o privados, para la disposición final de los residuos sólidos urbanos, allí en art. 41 se Invita expresamente a los Municipios de la Provincia a adherirse a los términos de la presente ley y/o a dictar normas de similar naturaleza, si aún no las tuvieren. Si bien el Sr. Lucas Velázquez (Área Ambiental Municipal), refiere en audiencia de fs. 115vta. «Estamos adheridos al plan GIRSU, la Municipalidad firmó un convenio.», lo cierto es que hasta el momento en éste trámite, no se presentó convenio y/u ordenanza por el que se haya adherido el municipio local a la misma. Por otra parte, se tiene presente que nos encontramos ante un servicio público de manejo continuo. Véase que en audiencia de fs. 115/116 y vta., el Sr. Lucas Velázquez refiere que actualmente se recolectan 35.000 kg de basura por día.En ese sentido, la reforma constitucional del año 94 le ha dado una impronta específica a los servicios públicos y así lo expresa Zarini, Helio Juan, en «Constitución Argentina», comentada y concordada, Ed. Astrea, Bs. As., Abril de 1998, pág. 194, «los servicios públicos (p.ej., luz eléctrica, agua corriente, teléfono, gas), ahora privatizados en gran parte del país, constituyen «servicios esenciales», relacionados con la salud, higiene y calidad de vida, por lo que – en general – no pueden prescindirse de ellos». Igual recepción tuvo el Máximo Organo Judicial de la Provincia de Corrientes in re: Encina de Ibarra, Carmen c/ Aguas de Corrientes SA, mayo 13-998, (La Ley Litoral, Diciembre de 1.998, pág. 1606). Ergo estando un servicio público en pugna deviene prudente tomar los recaudos previos, y en su caso avanzar en sentido de adecuar la actividad en crisis y/o aplicar las herramientas coercitivas establecidas en la normativa ambiental. En ese andarivel, la jurisdicción utilizando la herramienta legal, prevista en el art. 32 de la Ley 25.675, ordenó la cautelar dictada en autos «.En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte». El subrayado me pertenece. Por otra parte, la Ley 25675 (LGA) art.4°) establece el Principio de congruencia: «La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga». En ése sentido la ley otorga al juez en materia ambiental, elasticidad respecto al Principio de Congruencia; así surge la figura del juez interesado, quien tiene la obligación de defender el ambiente, en virtud de la cláusula constitucional (art.41 de la Constitución Nacional Argentina), como lo tienen todos los que habitan el territorio nacional.Véase que «sus facultades son amplias: puede decretar medidas precautorias o urgentes a pedido de parte o de oficio, debe impulsar el proceso, también puede ordenar la producción de pruebas de oficio, tiene amplias facultades ordenatorias e instructorias. En síntesis un juez proactivo, comprometido con la nueva ética ambiental, diligente, en ejercicio de facultades propias de la ley y del propio texto constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos». Cfte. Carlos Aníbal Rodríguez – Introducción al derecho Ambiental, con prólogo del Néstor Cafferatta, Pag. 408/409, Edit. Mave, año 2010. No queda duda entonces, de la envergadura de la cuestión bajo análisis, donde se deben balancear los intereses involucrados, quedando en el medio la sociedad toda, y por ello se considera prudente no cerrar y/o proscribir el servicio público de recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU) en el Basurero Municipal de nuestra ciudad. Todo lo analizado, es justamente lo que se tiene como parámetro al resolver el presente.

(iv) Recapitulando, el ítem 2. 2) se colige que la conducta desplegada por la demandada, antes del inicio del presente proceso, es rayano a lo ilegítimo y arbitrario. A tal conclusión, se llega luego de verificar la desidia de la demandada en el control y manejo del basurero municipal, atento al incumplimiento de la normativa ambiental específica, y por otro lado, ello denota su actuar arbitrario, en virtud a que lo manejaba a designios de prácticas y usos, sin mayores compromisos por el medio ambiente comunal. Ello estriba, en el informe del Servicio Social Forense, donde los mismos lugareños y/o habitantes perimetrales del predio al basurero, manifiestan que los arreglos alambrados, casillas, y demás, se produjeron aproximadamente treinta días antes, por parte del municipio (véase fs.156/164 – del 03 al 06/04/2018); es decir que si contamos hacia atrás los trabajos de refacción y/o mantenimiento del municipio, comenzaron aproximadamente el día 03.03.2018; en tanto que la cautelar dictada en autos -(Sent. Int.N°13 de fs. 45/53 y vta.)- es de fecha 28/02/2018, por lo que resulta evidente que toda la actividad de la demandada, se activó con posterioridad y como consecuencia de la acción de la amparista.

2. 3) Respecto, al tercer (3) ítems de estudio de la garantía constitucional, en cuanto a la Inexistencia de otras vías, ya tuve la oportunidad de expedirme en el considerando 1ª. 2.- Admisibilidad de la acción de amparo, al que remito en honor a la brevedad.

2. 4) En relación, al cuarto ítems (4) en cuanto se afecten derechos de primer nivel de la escala. Resulta evidente, que en el presente trámite se halla en juego, en primer término, el derecho de la población al acceso a un ambiente sano, equilibrado y sustentable; en segundo término el derecho a la salud. Ambos son derechos humanos de raigambre constitucional, arts. 41 y 75 inc. 22 de la C.N. Véase que al referirse a la relación «hombre» «ambiente» el art. 41 de la Constitución Nacional expresa el derecho «de todos los habitantes» de gozarlo (con los atributos de «sano», «equilibrado» y «apto» para el desarrollo humano») y el deber de «preservarlo (de modo de no comprometer a las generaciones futuras). La fórmula del art. 41 de la CN introducida en 1994 no solo menciona a las «generaciones futuras» como titulares del derecho al ambiente, sino que en el segundo párrafo establece que es un deber «la preservación del patrimonio natural y cultural». La combinación de ambas ideas fuerza -generaciones futuras y patrimonio-, significa haber instalado la lógica de la transmisión hereditaria de un capital para la tutela del ambiente. Se trata de asegurar un capital, un patrimonio, para garantizar el futuro; este patrimonio es un complejo de bienes naturales y culturales. La idea de transferencia intergeneracional supone la existencia de un patrimonio, de un volumen de bienes -en el caso, ambientales- determinado, que debe ser transferido para asegurar el futuro de la humanidad. Cfte.Gonzalo Sozzo – El descubrimiento de los bienes comunes a través de los derechos de incidencia colectiva – «Derecho Privado Ambiental» El giro ecológico del derecho privado, pag. 163. Rubinzal Culzoni Editores – año 2019.- En ese sentido, la doctrina tiene sentado: «El verdadero objeto de la preservación ambiental. Un examen exhaustivo de los distintos principios que inspiran a las normas relacionadas con la preservación ambiental y del sentido en que ellas se orientan, permiten alcanzar un punto en el que todas confluyen. Si se analizan sus fines últimos, en todos los casos veremos que, ya fuera bajo la denominación de «calidad de vida», o bajo otros ropajes o adjetivos, ya sea combatiendo la contaminación o la disposición de residuos, o la lluvia acida, o reglando la manipulación genética o la preservación del ozono, lo que con ella se intenta salvaguardar siempre es la sobrevivencia de las distintas formas de vida, con una preferencia evidente por la preservación de la vida humana» Cfte. Héctor Jorge Bibiloni – Comercio, Trabajo, Industria y Preservación del Ambiente. Revista de Derecho de Daños 2008-3 – Daño Ambiental, pag.291, Rubinzal Culzoni Editores, año 2009.- También, hacía referencia a al derecho a la salud. En primer término, es importante precisar sobre el contenido obligacional del derecho a la salud en el ámbito interamericano.

El derecho a la salud se encuentra previsto en el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, el Protocolo, o Protocolo de San Salvador) en estos términos: 1) Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2) Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a.La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad. b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado. c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole. e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. Por otra parte, la protección que otorga la CADH respecto a los derechos económicos, sociales y culturales se encuentra prevista en el artículo 26 de la citada Convención. La cual alude al deber de «progresividad» de estos derechos. En esa línea nuestra C.S.J.N. respecto al DERECHO A LA SALUD y TRATADOS INTERNACIONALES sostiene «De los tratados internacionales que cuentan con jerarquía constitucional se desprende la existencia tanto de los derechos de toda persona a gozar de un nivel adecuado de vida y al disfrute del más alto nivel posible de salud, como de la correspondiente obligación de los Estados Partes de adoptar las medidas que resulten pertinentes de modo de hacer efectivos tales derechos (Voto del juez Maqueda)». «Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc. de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F)» – I. 344. XLVII. REX26/03/2019 Fallos: 342:459.-

2. 5) Control de constitucionalidad y Convencionalidad. En función de lo antes dicho, la pirámide kelseniana, nos indica que si bien nuestro derecho interno se ajusta a las normas de derechos humanos, a través del bloque de constitucionalidad ensamblado en el art. 75 inc. 22, también es cierto que ello, impone al Estado argentino, hacer cumplir las premisas y obligaciones del derecho internacional, tal como lo explicito infra.En fin, en el caso, no solo se halla en juego la carencia de estudio ambiental sobre las napas freáticas, que las tierras se encuentran en las cercanías de una reserva habilitada por el municipio, muy cerca de los barrios del Sur, además de haber un barrio que prácticamente se encuentra en el basurero, y una emisora de radio (Nacional LR12 Santo Tomé), estando la zona inundada por los malos olores, quemazón en cualquier época del año, a cualquier hora, las moscas y todo tipo de alimañas, tal como lo denuncia el justiciable (véase fs. 22/28 y vta.), sino que además se halla en juego el derecho a disfrutar de un ambiente sano, sustentable, y por decantación otros derechos fundamentales, como lo son la salud personal, como así también la salubridad pública de los ciudadanos, que conforman esta comunidad. Se debe tener presente, que en el campo ambiental hay amplia legitimación, en cuanto al derecho de reclamar el deber de todos los habitantes de preservar el medio ambiente, que se desprende del art. 41 de la C.N.

En este sentido, es oportuno referir que si bien no se halla entablada como una acción colectiva, pero de lo actuado no se puede soslayar que nos encontramos con un «tema decidendum» ambiental, que no solo afecta al actor, sino a todas los ciudadanos que viven, trabajan o que transitan por las inmediaciones del lugar donde funciona el basurero municipal, en definitiva afecta a la comunidad toda. En ese andarivel, al estar afectados derechos de raigambre constitucional, como lo son, el ambiente, la salud, se tratan de derechos de incidencia colectiva, los que reconocen su fuente en el art. 43 de la CN y en el art.67 de la Constitución Provincial, que legitiman al «afectado», al «defensor del pueblo» y a las «asociaciones» registradas conforme a la ley, para iniciar esta clase de acciones (amparo) «siempre que no exista otro medio judicial más idóneo» (sic). En este sentido, la doctrina local señala que, en el ordenamiento procesal correntino, esa acción más idónea es la medida autosatisfactiva (Cfr. Midón, Mario A. R., «La Nueva Constitución de Corrientes», Ed. Mave, Corrientes, Marzo 2008, pág. 97). Retomando, el análisis de los requisitos de viabilidad de esta acción, el que encuentra sustento en el art. 32 de la Ley 25.675 donde se prevé que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales, no admitirá restricciones de ningún tipo o especie, nuestro Cimero Tribunal en relación se ha expedido «Es decir, que la legitimación del Sr. Cirignoli deriva de su calidad de «afectado» como habitante de Carlos Pellegrini, pues compartiendo la concepción amplía propuesta por Bidart Campos debe entenderse por «afectado» a quién, conjuntamente con muchos otros, padece ese perjuicio compartido; por eso, su porción subjetiva en los derechos de incidencia colectiva . merece concederle legitimación individual, bien aisladamente a él, P r o v i n c i a d e C o r r i e n t e s P o d e r J u d i c i a l TDC 369/18 26 bien en litisconsorcio activo con los demás (citado por SABSAY, Daniel A. – MANILI, Pablo. L., «Constitución de la Nación Argentina», t. 2, ed. Hammurabi, 2010, BS. As., p. 572).» In re (STJ de Corrientes, 6/10/2011, Sentencia 198), Expte. ED4 2988/6 «Cirignoli, Sebastián c/ Sánchez María Valentina»; «Sánchez Carlos César y Sánchez María Antonia y / o Q. R. R. P. del inmueble y / o Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) s/ amparo», cfte.http://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/infojuris/docs/3904.pdf.).- No puedo pasar por alto, que en el sub judice se halla en juego el derecho a la salud, que halla andamiaje en el art. 26 CADH de donde se desprenden dos tipos de obligaciones. Por un lado, la adopción de medidas generales de manera progresiva, y por otro lado la adopción de medidas de carácter inmediato «Respecto de las primeras, (.) la realización progresiva significa que los Estados partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad de los DESCA (Cfr. ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 31.), (.). «Respecto de las obligaciones de carácter inmediato, éstas consisten en adoptar medidas eficaces, a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas para cada derecho. Dichas medidas deben ser adecuadas, deliberadas y concretas en aras de la plena realización de tales derechos. En virtud de lo anterior, las obligaciones convencionales de respeto y garantía, así como de adopción de medidas de derecho interno (artículos 1.1 y 2), resultan fundamentales para alcanzar su efectividad.» Cfte. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO POBLETE VILCHES Y OTROS VS. CHILE. SENTENCIA DEL 8 MARZO DE 2018.- Asimismo, en el caso citado «ut supra», la CIDH refiere que la protección judicial «constituye uno de los pilares básicos de la Convención Americana y del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática (Cfr. Caso Castillo Páez vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 82, y Caso Lagos del Campo Vs. Perú, supra, párr. 174.)». La Corte ha señalado que «los artículos 8 y 25 de la Convención también consagran el derecho al acceso a la justicia, norma imperativa del Derecho Internacional (Cfr. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay.Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 131, y Caso Lagos del Campo Vs. Perú, supra, párr. 174.)». Asimismo, el principio de tutela judicial efectiva requiere que los procedimientos judiciales sean accesibles para las partes, sin obstáculos o demoras indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida, sencilla e integral (Cfr. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2011. Serie C No.228, párr. 106, y Caso Lagos del Campo Vs. Perú, supra, párr. 174.). Aunado a lo anterior, este Tribunal ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación de los Estados Partes de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales (Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Fondo, supra, párr. 219, y Caso Lagos del Campo Vs. Perú, supra, párr. 174.), reconocidos ya sea en la Constitución, en las leyes o en la Convención (Cfr. Caso Baena Ricardo y otros s. Panam . Competencia. Sentencia de de noviembre de . Serie C No . p rr. Caso Acevedo B end a y otros («Cesantes y J bilados de la Contralor a») s. Per , s pra, p rr. , y Caso ereda La Esperanza Vs. Colombia. supra, párr. 185.). Por último, rememoro la doctrina del control de convencionalidad, que se dio en el marco del caso ALMONACID ARELLANO VS. CHILE EN EL AÑO 2006, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos adopta el principio básico de responsabilidad internacional, en el que cada estado es responsable por actos u omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos en violación al derecho internacional. Que un estado y sus jueces como parte del aparato del estado, también están sometidos a ella, lo que se obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin.Por otro lado, la CSJN en el caso: «ARANCIABIA CLAVEL»; «SIMON», «MAZZEO» Sobre la recepción del derecho internacional reprodujo prácticamente lo expresado por la corte interamericana de derechos humanos en el caso ALMONACID ARELLANO VS. CHILE. En otras palabras el poder judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas internas aplicables al caso concreto y la convención americana de derechos humanos. En igual sentido me expedí in re «BELSKY A. G. C/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES Y/O AGUAS DE CORRIENTES S.A. S/MEDIDA AUTOSATISFACTIVA», Expte. N° TXP 6161/15 (Sent. N° 06 del 12/02/2020).-

2. 6) TERCERO CITADO KUERA S.A.- En adelante, se dirime respecto al tercero citado al presente proceso Kuera S.A. La citada empresa, se presenta a fs.141/145, y contesta citación, adjuntando documental, que es glosada a fs. 119/140. A fs. 323/343, se agrega Informe Pericial del Agrimensor Nacional Carlos Américo Jacobacci (designado en autos a fs. 298, aceptación del cargo de fs. 302). Del informe del experto, se colige que la pericia se realiza el día 20.09.2018. En relación, al primer punto de pericia 1) Cual es la ubicación y dimensión actual del basurero municipal, el perito responde » .El basural se sitúa en su mayoría en las fracciones A/1 y B/1 mensura 6254-A partida inmobiliaria W1-1347-2 y w1-2001-2 respectivamente de propiedad de la Municipalidad de Santo Tomé, conformada por un total de 15 (quince montículos o islas, de 1 a la 15, sumados estas dan un total de afectación de 3 ha 46 a 48 ca (34.648m2).no afecta la fracción B/2 mensura 6254-A partida inmobiliaria W1-2002-2, como tampoco afecta la fracción A/2 mensura 6254-A partida inmobiliaria W1-1999-2, ambas donadas a Kuera SA. No afecta la fracción 2 mensura 6346-A partida inmobiliaria W1-2023-2 donada a Kuera SA.Tampoco afecta la fracción 1 mensura 6346-A partida inmobiliaria W1-1136-2 propiedad de la Municipalidad de Santo Tomé. No afecta la fracción A/3 mensura 6254-A partida inmobiliaria W1-2001-2 propiedad de la Municipalidad de Santo Tomé. Observaciones: por estudio realizado a mi entender el actual basurero Municipal no afecta la fracción que describe la Ordenanza Municipal N°336/2011.Punto 2) Cual es la ubicación y dimensión del Área protegida municipal creada por ordenanza N° 336/2011. Responde: Munido de la Ordenanza Municipal N° 336/2011 Área protegida Municipal fracción sin mensura de superficie de 50 ha que se ubica según sus límites descriptos en esta ordenanza, al Norte Rio Uruguay, al sur propiedad Municipal, al oeste tierras fiscales presunta propiedad municipal, y al este rio Uruguay cuyas coordenadas 28° 34′ 12,36′ de latitud sur, 56° 0′ 53,53 latitud oeste, con orientación este de casco urbano de la ciudad de Santo Tome. (.) Punto 3) Cual es la ubicación y dimensión del inmueble donado a la firma Kuera S.A. mediante Ordenanza 545/2017. Responde: .Son tres inmuebles: El primero y segundo inmueble objeto se encuentra ubicado, lugar: paraje la Tablada, ejido de Santo Tomé, las fracciones donadas mediante ordenanza 545/2017 surgen de la mensura 6254-A fracciones A/2 y B/2 lindantes entre sí, fracción A/2 formada por un polígono irregular vértices d-c-e-f-i-j-k-l-g-h-d a-c-db-a, de una superficie de 17 ha 90a 71 ca partida inmobiliaria W1-1992-2 y fracción B/2 polígono regular vértice a-c-d-b-a de una superficie de 11ha 44a 35ca partida inmobiliaria W1-2002-2 toda la mensura registrada en la Dirección General de Catastro y Cartografía de la provincia de Corrientes N°6254-A realizada el 7 de septiembre de 2017 Agrimensor Nacional A. Espinoza Matr. Prof.1983 DGC 731.El tercer inmueble objeto se encuentra ubicado en el Paraje la Tablada, fracción donada mediante ordenanza 545/207 surgen de la mensura 6346-A fracciones 2 polígono definido por los vértices h-a-b-d-a-,.superficie de 2 ha 45a 84ca partida inmobiliaria w1-2023-2 esta fracción lindera al oeste a las fracciones A/2 y B/2 calle pública de por medio, donados por la misma ordenanza a Kuera SA y li nda al noreste con el rio Uruguay mensura registrada el 16 de febrero del 2016 por el Agrimensor Nacional Francisco A. Espinoza .Nota: la fracción A/2, B/2 mensura 6254-A y fracción 2 mra 6346- A donados a Kuera S.A. se encuentran libres de ocupantes y sin basura visible.» (sic).- En negrilla me pertenece, la data puede apreciarse -(Expte. Ppal)- de la observación del plano de fs.337, 340, 341 respectivamente, al que remito en honor a la brevedad.- Del dictamen pericial, se dispone correr traslado por auto N° 1666 de fs. 344; a fs. 349, el apoderado de la firma KUERA S.A. solicita aprobación de pericia; y por auto N° 27 de fs. 350, se tiene presente para el momento de dictar sentencia.Es decir, no se halla observada y por ende firme y consentido por las partes.

En definitiva, se consolida la oposición y defensa efectuada por la firma Kuera S.A., al contestar la demanda, en cuanto queda probado con la pericial «ut supra» citada, que en los terrenos donados no se encuentra el basurero Municipal, ni tampoco el Área Protegida Municipal creada por Ordenanza N° 336/2011; además la accionante no logra demostrar con prueba incorporada al trámite y por ende, se vigoriza la perspectiva de Kuera S.A., de que el Acta de Colaboración suscripto con el Municipio local, no guarda ninguna relación con el proyecto Santo Tomé/Kuera, respecto del desarrollo de energía de biomasa, sino que son dos cuestiones totalmente diferentes, que no se relacionan entre sí. Es por ello, del cotejo de la pericial analizada y demás constancias de autos, analizados exhaustivamente en el presente, corresponde rechazar parcialmente la demanda de fs.22/28 y vta., por ende excluir del sub judice a la citada Kuera S.A.

(ii) Costas. En base a lo sustanciado en autos, remito a conclusiones en la especie formulada en el Considerando 2.8 de autos.

2. 7) Conclusión del caso: En virtud, al análisis, argumentos y fundamentos vertidos en el presente, en función de los arts. 41, 43, 75 inc. 22 C.N. y de la normativa vigente (Ley 25.916 – Gestión de Residuos Domiciliarios); (Ley 25675 – Ley General del Ambiente), en aras del logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Apuntando a una política ambiental nacional, que implique «art.2°. .g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;.». Asimismo, apoyándose ello en los principios de la política ambiental (art.4°), en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley, llámese:Principio de congruencia; Principio de prevención; Principio precautorio; Principio de equidad intergeneracional; Principio de progresividad; Principio de responsabilidad; Principio de subsidiariedad; Principio de sustentabilidad; Principio de solidaridad; y Principio de cooperación respectivamente. No se puede pasar por alto, que la Ley 25.675 (LGA) es de orden público y en ese contexto pertenecen a un orden público particular.

El orden público ambiental. CAFERATTA – (CAFERATTA Nestor A. Ley 25.675 General del Ambiente. Comentada, interpretada y concordada. DJ 2002-3, 1133 – Antecedentes parlamentarios 2003-A, 1-1-03, 673) nos recuerda a SALVAT: «la noción de orden público encierra el conjunto de principios eminente, de orden superior -políticos, económicos, morales y algunas veces religiosos-, a los cuales una sociedad considera estrechamente vinculada a la digna subsistencia y conservación de la organización social establecida» Cfte. Juan Martín Siano. Revista El Derecho (UCA). Diario de Doctrina y Jurisprudencia – Ambiental, pag.3, del 09/12/2019.- En ese andarivel, la legislación nacional (L.G.A.), tiene previsto como herramientas de la gestión ambiental (art.8°) que hacen al caso, por ejemplo la evaluación de impacto ambiental; el sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas; la educación ambiental, el sistema de diagnóstico e información ambiental, entre otras, y que sirve de andamiaje jurídico al sistema vernáculo, que gobierna la política ambiental de la provincia de Corrientes, a través de la Autoridad de Contralor I.C.A.A. En ese andarivel, tal como, lo explicite en el Considerando 2.2, donde se trata las ordenanzas Nros. 475/16, 476/16 y 545/17, surgen ajustadas al art. 24 inc.11) del Reglamento Interno del Consejo y art. 26°, 50° C.O.M. Se destaca, de la ordenanza N° 476/16, que no surge se haya realizado una previa evaluación de impacto ambiental (Cfte. Art.185 C.O.M.), asimismo del art. 57 de la Constitución de la Provincia y art.2 Ley 5067 EIA, germina que ésta temática ambiental, se halla regida por la Ley 5067/96 mod. Ley 5517 y Dcto. Ley 212/01 «Ley de Impacto Ambiental». En éste punto, el Decreto Nº 2562 (del 31/10/2012) regula la Ley 5982/10, en cuanto a los parámetros y las distintas etapas, por las que debe pasar un proyecto sometido a AUDIENCIA PUBLICA AMBIENTAL. Además, recientemente la Provincia de Corrientes a través de la Ley 6422 (del 29/11/2017 – B.O. 19/12/2017) se adhiere a la Ley Nacional Nº 25.916 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios.

En el marco de la Jurisprudencia Nacional, se encuentra un símil caso, en cuanto a la falta de adecuado estudio de impacto ambiental, amparo ambiental, principio precautorio. » – STJ Entre Rios, octubre 15-2019 – Maipu, Julio Jesus c Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros s/ acción de amparo ambiental», en las mencionada actuaciones de fs. 989/999 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace lugar a la queja, declarando formalmente procedente el recurso extraordinario, dejando sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de fs. 784/791, ordenando que en origen se dicte nuevo pronunciamiento. En sus lineamiento la C.S.J.N. perpetua «En sintonía con la procuradora General resaltó que en asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio que, sin trascender el límite de la propia lógica, ponga el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin, que en esos casos se presenta como una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador (Fallos: 329:3493 ) por lo que el tribunal local omitió considerar normas conducentes tendientes a demostrar que la acción de amparo era la vía adecuada para la tutela de los derechos invocados (art.43 de la Constitución Nacional (.) omitiendo además considerar el derecho a vivir en un ambiente sano (art. 41 de la Constitución Nacional (.) y que el estado garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad.» Cfte. Jurisprudencia. Revista El Derecho (UCA). Diario de Doctrina y Jurisprudencia – Ambiental, pag.13, Buenos Aires 09/12/2019.- En definitiva, se llega a la conclusión, de que corresponde hacer lugar parcialmente a la acción de amparo impetrada en autos, y en su mérito se establece el siguiente PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:

(I).- DEBERA el Estado Municipal, a través del Área pertinente, en el término de tres (3) meses finiquitar E.I.A. (art.57 Constitución Provincial) tramitado ante I.C.A.A. a través del Expediente 540-473/18, «Municipalidad de Santo Tomé s/Proyecto: Instalación de Planta de Clasificación y Acopio de Residuos Sólidos Urbanos Santo Tomé»; todo bajo apercibimiento de las sanciones que prevé (Ley 25.916 – Gestión de Residuos Domiciliarios); (Ley 25675 – Ley General del Ambiente); normativa provincial y medidas coercitivas/pecuniarias previstas en el art. 37 y cctes. del C.P.C.C. y/o incumplimiento de una manda judicial, conforme art. 239 del Código Penal Argentino.(II).- Se prohíbe el depósito, quema o entierro improvisado de los residuos domiciliarios en el basurero a cielo abierto, a fin de remediar el estado actual; se deberá implementar en el término de tres (3) meses, por el Poder Ejecutivo Municipal, un plan de manejo que reduzca al máximo de sus posibilidades el daño ambiental, a través de un sistema de rellenos sanitarios y/o sistema similar, como así también el ingreso de personas no autorizadas, animales domésticos, la quema y producción de humos, etc., bajo apercibimiento dispuesto en el acápite 2.7 (i).

(III).- Deberá el Municipio, a través del Área pertinente, realizar en el término de seis (6) meses un plan integral de saneamiento ambiental, respecto de los predios donde funciona el Basurero municipal, citado en el memorial postulario por el amparista, y que se encuentra delimitado en la pericia oficial glosada a fs.323/342 de autos. a.- Un relevamiento, de la población que vive en forma aledaña al perímetro del basurero municipal, antes citados, para lo que se deberá tener presente el informe del Servicio Social Forense glosado a fs.156/164 de marras.- b.- Deberá el Municipio, a través del Área pertinente, realizar un relevamiento de las personas que, se constataron, viven en el predio del basurero, dándoseles una cobertura preventiva de salud y disponer de lo necesario, para que dichas personas sean trasladada a zona urbana donde puedan acceder a los bienes y servicios, que se brindan a los ciudadanos.

c.- Informar el estado y grado de contaminación actual del predio (integral -tierras, napas freáticas, etc.).

d.- Deberá en función de la Ordenanza N°475 Anexo I y de conformidad al art. 55 de la C.Pcial., informar sobre los avances del PLAN MUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. PROGRAMA «Santo Tomé No Tira La Basura. La Separa», teniendo presente sus objetivos generales Ecológicos. Sociales. Económicos. Culturales. Como así también su plan de acción: Separación en origen. Recolección diferenciada. Clasificación y acondicionami ento final.Sin perjuicio de las capacitaciones presentadas en autos. Deberá realizar capacitaciones en forma integral, en todos los colegios educativos de la ciudad, medios de comunicación y redes sociales, etc., la implementación y desarrollo del programa de educación ambiental municipal (PEAM). También, sobre la preparación de infraestructura y saneamiento básico para la instalación de una planta de clasificación y acopio de los residuos sólidos urbanos (RSU); búsqueda de canales de comercialización y estructura de financiación. En ese orden, por Ordenanza N° 476/16 en su art. 1° se crea el Programa «Santo Tomé No Tira La Basura. La Separa», además, el art. 20° establece que el plan por el cual se regirá la presente norma cuenta con su especificación en el texto que se adjunta como ANEXO I (Ord. 475/16). Asimismo, deberá establecer e informar un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos, que conllevará a una disminución de la cantidad de desechos a ser depositados en rellenos sanitarios. (IV).- Deberá en el término de seis (6) años -(y/o reducir el mismo por el Tribunal en función de los avances del programa ambiental)- cumplimentar con el 75 % del cronograma progresivo y por etapas del Programa «Santo Tomé No Tira La Basura. La Separa» (de conformidad a lo dispuesto en el art. 55 de la C.Pcial.). Dichas metas a cumplir, serán de un 30% para el 2022, de un 50% para el 2024 y un 75% para el 2026. Prohibiéndose para el año 2028 la disposición final (en rellenos sanitarios) de materiales tanto reciclables como aprovechables. DEBERÁ la accionada (Municipalidad de Santo Tomé Ctes.), poner en práctica los plazos y pautas aquí establecidos, bajo apercibimiento de sanciones coercitivas/pecuniarias previstas (Ley 25.916 – Gestión de Residuos Domiciliarios); (Ley 25675 – Ley General del Ambiente); en el art. 37 y cctes. del C.P.C.C. y/o incumplimiento de una manda judicial, conforme art. 239 del Código Penal Argentino.En relación al quantum pecuniario será establecido jurisdiccionalmente previa acreditación de incumplimiento, y cuya percepción será depositada a favor del Fondo de Compensación Ambiental creado por Art. 34º de la Ley General del Ambiente. En este sentido la Doctrina y Jurisprudencia tiene sentado, que es viable la aplicación de ésta medida sancionatoria al Estado que incumple una orden judicial: «.b) Astreintes contra el estado., apoyo el criterio prevaleciente que admite la imposición» – «CNFed. Cont. Adm., Sala I, 21/9/89, «Meneguzzi c. Gobierno nacional», JA, 1990-II-455; CNCiv., Sala B, 12/7/73, «Vallote de De Mundo I. c. Municipalidad de la Capital», LL, 152-303, con nota de Canassi; Sanciones conminatorias contra el estado; ver también del mismo autor, su trabajo anterior. Las astreintes en las obligaciones conminatorias contra el estado (LATU sensu); LL, 130-191; CNCiv., Sala C, 29/10/82, «zarevich c. Municipalidad de la Capital», y otros». Conf. A. J. Bueres – Elena I. Highton, 2A, Arts.495/723, Código Civil y normas complementarias, análisis doctrinal y jurisprudencial, pag.586, Edit. Hammurabi, José Luis Desalma, Año 2008.- Atento a la naturaleza del trámite; se procederá a notificar lo aquí resuelto con HABILITACION DE DIAS Y HORAS, de conformidad a las previsiones del art. 153 C.PC.C.(por reenvío del art. 18 – Ley 2903).- 2.8.- Las costas, atento a las resulta de la litis, y fundamentos vertidos, resulta evidenciado en autos que la Empresa Kuera S.A., fue traída a juicio a solicitud de la actora, quien se desentendió del proceso, en cuanto a arrimar pruebas que enerven la posición defensiva de la misma. Es más, luego de efectuada la pericia cartográfica a pedido de la misma demandada Kuera S.A., ésta logra probar, que los perímetros del inmueble que le fueran donados por el Municipio de Santo Tomé Ctes., se halla fuera del perímetro que contiene al basural público municipal; por ende siguiendo el principio objetivo de la derrota, la justiciable-amparista deberá cargar con las costas, de conformidad art.68 del C.P.C.C., por reenvío del art. 18 de la ley 2903.- Por lo demás, en lo que hace a la traba de la litis, respecto de la cuestión de fondo ambiental, las costas serán impuestas a la demandada (Municipalidad de Santo Tomé Ctes.), de conformidad art.68 del código de rito por reenvío del art. 18 Ley 2903, en ese sentido la doctrina dice: «La ley correntina sigue el principio objetivo de la derrota, esto es, que la parte vencida sea quien deba pagar todos los gastos de la contraria. Se considera parte vencida al litigante que obtiene una decisión adversa a la posición jurídica que asumió en el proceso». Conf. Dr. José Virgilio Acosta pag.157/158 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes, Comentado, concordado y anotado – Tomo 1 – Edit. Mave – año 2001. ASI VOTO.

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DE CAMARA, Dr. Manuel Horacio Pereyra, votante en segundo término, dice: que adhiere al voto emitido por el Sr. Juez de Cámara preopinante; por compartir sus fundamentos. ASI VOTA.- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, (Art. 28, Apartado 2° del Dec. Ley 26/00), firmando los Sres. Jueces votantes por ante mí, Secretaria Autorizante.

Santo Tomé (Ctes.), 07 de Agosto de 2020.- Y VISTOS: Por los fundamentos que instruyen el acuerdo precedente. SE RESUELVE: 1º) HACER LUGAR PARCIALMENTE a la acción de amparo de fs.22/28 y vta. de marras, en los términos del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL explicitados en el Considerando 2. 7) y demás fundamentos expresados en los considerandos.

2°) RECHAZAR la demanda de fs.22/28 y vta., respecto del 3ro. citado en autos, KUERA S.A., e imponer a su respecto, las costas a la amparista, conforme art.68° del C.P.C.C., por reenvío del art. 18° Ley 2903, atento lo expresado en los Considerandos 2.6. (i) y (ii) y 2.8.

3°) IMPONER las costas, del presente proceso a la accionada (art.68º C.P.C.C. por reenvío del C.P.C.C.), conforme los fundamentos expuestos en el Considerando 2.8.

4º) TENER PRESENTE por el I.C.A.A. los parámetros dados en el Considerando 2.2. (i), (ii), (iii).

5°) HABILITENSE DIAS Y HORAS INHABILES a los efectos de la notificación de lo aquí resuelto; de conformidad art. 153 C.P.C.C., por reenvió del art. 18 – Ley 2903.

6°) LOS HONORARIOS se regularán oportunamente, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 9 de la ley arancelaria y a petición de parte interesada.

7º) AGREGAR, registrar y notificar.

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