#Doctrina La prueba judicial y el Código Civil y Comercial de la Nación

Autor: Elías, Jorge A.

Fecha: 26-ago-2020

Cita: MJ-DOC-15495-AR | MJD15495

Sumario:

I. Introducción. II. Normativas del Código Civil y Comercial de la Nación referidas a la prueba judicial. III. Carga dinámica de la prueba. IV. Prueba de los contratos. V. Medios probatorios referidos en el Código Civil y Comercial de la Nación -CCyCN-. VI. Bibliografía consultada.

Doctrina:

Por Jorge A. Elías (*)

I. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a autorizada doctrina, la prueba constituye un capitulo de fundamental importancia en la vida jurídica, ya que no se puede afirmar que sin su existencia, el orden jurídico sucumbiría a la ley del más fuerte, dado que no sería posible la solución de ningún conflicto en forma racional.

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En apoyo de fundamentos, resulta necesario puntualizar que la norma jurídica regla conductas humanas y para la solución de dichos comportamientos se hace imprescindible la prueba del derecho, ya que la administración de justicia resultaría imposible sin la existencia de este requisito y la seguridad del tráfico jurídico en general zozobraría en la más completa indecisión.

En su oportunidad, Devis Echandía, glosando a Carnelutti, expresaba que «el juez esta en medio de un minúsculo círculo de luces, fuera del cual todo es tinieblas: detrás de él el enigma del pasado, y delante, el enigma del futuro. Ese minúsculo círculo es la prueba» (cfr. Devis Echandía, Hernando «Teoría General de la Prueba Judicial» – 1974 – Tº I – pág.13 – Zavalía Editor – Buenos Aires).

II. NORMATIVAS DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN REFERIDAS A LA PRUEBA JUDICIAL

En principio, y de acuerdo a legislación de forma, el objeto de la prueba lo constituyen los hechos conducentes, acerca de los cuales no hubiere conformidad entre las partes (art. 345 Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos – Ley 9.776); y «cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción» (art. 363 Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos, 2do.párr.) «siempre que sean pertinentes y articulados por las partes en sus escritos respectivos y «no podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados en la demanda, reconvención y, en su caso, sus contestaciones, que sean conducentes y resulten controvertidos.» (art. 350 Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos).

Asimismo, en el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) -Ley 26.994-, se observan varios artículos que se refieren a la prueba sin que posean una enumeración de los medios probatorios.

A) Prueba Documental

1. Prueba de los instrumentos privados. El Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN), entre los arts. 284 y 288 , efectiviza concreta referencia respecto a la forma y prueba, para luego analizar los casos particulares.

Al respecto, el art. 287 incorpora de modo expreso dos clases de instrumentos, los privados que deben llevar la firma de las partes, y los llamados «particulares» que no exigen dicho requisito -pueden estar firmados o no-, excepto que sea determinada su instrumentación, agregando que puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos.

El Código Civil efectuaba referencia a los primeros en el art. 1012 y a los segundos en el art. 1190 cuando se ocupaba de la prueba de los contratos, especificando que el distingo de la norma del CCyCN resulta de evidente claridad y de destacada utilidad práctica, determinando que los «instrumentos privados», son los que llevan la firma de las partes. Procede relevante que se tipifiquen los instrumentos particulares no firmados, de buen uso en el tráfico comercial, y los demás registros fuera del papel, de donde surjan hechos u objetos sometidos a prueba.

2. Firma de los instrumentos particulares -art.313 CCyCN-. En el Código Civil y Comercial, la firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde, y al respecto, debe consistir o residir en el nombre del firmante o en un signo.

En este aspecto, se establece específicamente a la firma como un especial medio de prueba: consecuentemente, el trazo habitual de una persona probará la declaración de voluntad descripta en el texto al que corresponda.

En relación a los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza un método que asegure razonablemente la autoría e inalterabilidad del instrumento.

El art. 313 del Código Civil y Comercial, sostiene que si alguno de los firmantes de un instrumento privado no sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia de la impresión digital, o en su caso mediante la presencia de dos testigos que deben suscribir también el instrumento.

3. Reconocimiento de la firma -art. 314 CCyCN-. En relación al reconocimiento de la firma, todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece, consignándose que este caso es uno de los supuestos en el cual el silencio se interpreta como manifestación de la voluntad.

La prueba de la autenticidad o falsedad, puede realizase por cualquier medio de prueba, específicamente la efectivización del cotejo con firmas indubitadas, aunque pueden emplearse otros medios de prueba; consagrando la legislación civil y comercial unificada una desarrollada libertad en relación al ofrecimiento y producción de la prueba.

4. Los herederos y la manifestación sobre la firma. Los herederos pueden limitarse a manifestar que ignoran si la firma es o no del causante. La autenticidad de la firma puede probarse por cualquier medio. (cfr. art.314 1er.párr.CCyCN)

En estos supuestos, por ser en principio una obligación inherente al sujeto suscribiente, la norma prevé expresamente la amplitud de prueba -demostrarse por cualquier medio- tendiente a corroborar la autenticidad de la firma.

En su relación con el ordenamiento procesal, el art 342 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial lo consagra, al sostener que no estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente, el defensor oficial y el demandado que interviniere en el proceso como sucesor a título universal de quien participó en los hechos o suscribió los documentos o recibió las cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba.

El documento signado o rubricado con la impresión digital ostenta valor como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido.

5. Documento firmado en blanco -art. 315 CCyCN-. «El firmante de un documento en blanco puede impugnar su contenido mediante la prueba que acredite que no responde a sus instrucciones, pero no puede valerse para ello de testigos sino existe principio de prueba por escrito». En el supuesto que el documento firmado en blanco, resultare sustraído contra la voluntad de la persona que lo guarda, esa circunstancia puede probarse por cualquier medio.

6. Fecha cierta -art. 317 CCyCN-. «La eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después».

»La prueba puede producirse por cualquier medio, y debe ser apreciada rigurosamente por el juez».

El Código Civil de Vélez Sarsfield, en su art. 1035 establecía causas rígidas o rigurosas, siendo el Código Civil y Comercial, menos inflexible, demostrando una mayor maleabilidad, ya que no brinda las fuentes de la fecha cierta, dejándolas libradas a la apreciación o valoración judicial.

7. Correspondencia -art.318 CCyCN-. En este caso, se admite que la correspondencia de cualquier naturaleza, cartas misivas, cartas documentos, correo electrónico, -salvo la confidencial sin el consentimiento del remitente- puede ser presentada como prueba por quien ha sido destinatario de la misma. La norma citada especifica concretamente que los terceros se hallan impedidos de valerse de la correspondencia, sin el asentimiento del destinatario, y del remitente en el supuesto que revista el carácter de confidencial.

8. Valor probatorio de los instrumentos particulares – art. 319 CCyCN-. El ordenamiento civil y comercial unificado, en el artículo supra citado, sustenta que el valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas: -Congruencia entre lo sucedido y lo narrado. – Precisión y claridad técnica del texto. – Usos y prácticas del tráfico, o sea, conforme el tipo de acto de que se trate, cuál es la característica habitual y el estilo que se aplica. – Las relaciones precedentes, las cuales asimismo constituyen elementos probatorios en cuanto al acto a instrumento. – Confiabilidad de los soportes técnicos utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen.

La norma concreta la apreciación o evaluación al criterio judicial, ya que el valor probatorio no se deriva de una directiva, sino que surge de un conjunto de circunstancias o factores plasmados en el contradictorio.

9. Los Instrumentos Públicos. El art. 293 del Código Civil y Comercial, se refiere a que los instrumentos públicos extendidos de acuerdo a las normas del Código, gozan de entera fe (concordancia con el régimen anterior: Cód. Civil, arts. 993º a 995º(ref:;LEG1308.995)).

El artículo 296 relacionado a la eficacia probatoria, se considera en dos incisos, refiriéndose a que las partes públicas se deben «atacar» ya sea por nulidad del instrumento público o por redargución de falsedad, y en cuanto al contenido de las declaraciones, se admite que se «ataque» por cualquier medio de prueba (concordado Cód. Civil, art.1012 ).

10.Escrituras Públicas -art. 299 CCyCN-. El Código Civil y Comercial, aparte de las regulaciones en cada jurisdicción, establece ciertas pautas que se deben tener e n cuenta.

El art. 300 se refiere al protocolo, el art. 301 enumera los requisitos exigidos al escribano actuante, el art. 302º que la escritura pública se debe hacer o instrumentar en idioma nacional, explicando el procedimiento a seguir en el supuesto que algunas de las partes ignore el idioma nacional, el art. 303 menciona que no se debe dejar espacios en blanco, ni utilizar abreviaturas, o iniciales; el art. 304 regula las previsiones que deben adoptarse cuando el otorgante presenta discapacidad auditiva; el art. 305 especifica el contenido de la escritura pública; el art. 306 alude a los medios justificativos de la identidad de los comparecientes y el art. 307 refiere a los documentos habilitantes del representante. El art. 308 menciona el tema relacionado a copias o testimonios de la escritura, que el escribano debe otorgar a las partes; el art. 309 relacionado con la nulidad de las escrituras, consignando los requisitos cuya carencia trae aparejada la precitada nulidad; los arts. 310 y 311 sobre actas notariales y sus requisitos, concluyendo el art. 312 sobre el valor probatorio de las actas notariales.

B) Prueba de Informes

El art. 1235 -modalidades de los bienes- del Código Civil y Comercial establece cuando se debe brindar informe, sosteniendo la norma que: «El registro debe expedir certificados e informes. El certificado que indique que sobre determinados bienes no aparece inscrito ningún contrato de leasing tiene eficacia legal hasta veinticuatro horas de expedido».

C) Declaración de las partes. Confesión

El ordenamiento civil y comercial unificado, en varias oportunidades se refiere a la confesión como reconocimiento, por ejemplo el art.466 , 2do.párr., relacionado a la prueba del carácter propio o ganancial de los bienes, el art. 296 inciso b) concerniente al contenido de las declaraciones en los instrumentos públicos.

El art. 314 del Código Civil y Comercial, reseña que el reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado.

El art. 570 Código Civil y Comercial indica al reconocimiento en el supuesto de filiación extramatrimonial, utilizando idéntico término -reconocimiento- en los arts. 574 -reconocimiento del hijo por nacer-, 580 -prueba genética post mortem-, 583 -reconocimiento del hijo por el presunto padre- entre otros.

El art. 733 del Código Civil y Comercial, referido a las obligaciones, sostiene que el reconocimiento consiste en una manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una prestación.

D) Prueba de Testigos

El testigo puede ser definido como la persona física y hábil, distinta de los sujetos procesales, a quien la ley cita a deponer con relación a hechos pasados que han caído bajo el dominio de sus sentidos.

De esta definición, surgen las siguientes características de la prueba testimonial:

-El testigo debe responder sobre hechos pasados que han sido percibido por alguno de sus sentidos. -Debe tratarse de una persona humana, puesto que las personas jurídicas carecen de aptitud para percibir o deducir un hecho. -Debe ser hábil, en consideración a los recaudos legales que condicionan su declaración. -Debe revestir el carácter de una persona ajena al proceso.

En el Código Civil y Comercial, los testigos son mencionados en distintos artículos, adquiriendo trascendencia en virtud del medio probatorio.

1. El testigo y la edad. El art.426 del Código Procesal Civil y Comercial, dice que «Toda persona mayor de CATORCE (14) años podrá ser propuesta como testigo y tendrá el deber de comparecer y declarar, salvo las excepciones establecidas por ley».

La edad, se debe tener en cuenta al momento de producirse la declaración, consecuentemente el testigo se encuentra habilitado para declarar en relación a hechos ocurridos cuando no contaba con la mencionada edad.

En este orden de ideas, con el Código Civil y Comercial la edad ha variado, pues el art. 25 del mencionado ordenamiento legal, «denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13 años».

De acuerdo a lo explicitado, el discernimiento para los actos voluntarios lícitos ahora se adquiere, en general, a partir de los trece (13) años (cfr. arts. 260 y 261 inc. c) ; en tanto el discernimiento para los actos voluntarios ilícitos se continua adquiriendo a los diez (10) años (art. 261º inc. b), del Código Civil y Comercial.

La edad que establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -cfr. art. 426 y cfr. art. 412 Cód. Pr. Civ. Com. Entre Ríos-, se estableció en razón de que se consideraba que los 14 años era la entrada en la pubertad, por lo que se puede entender que se ha producido una modificación en este aspecto.

2. Testigos necesarios en el proceso de familia. El art. 413 del Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos -cfr. art.427 CPCCN- dice que «no podrán ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en línea directa de las partes, ni el cónyuge, aunque estuviere separado legalmente, salvo si se tratare de reconocimiento de firmas», pero en algunos casos en particular y en virtud de la apreciación judicial, teniendo en consideración que suelen ser las únicas personas que tienen conocimiento del hecho, se permite su declaración.

En cuanto a parientes, allegados y menores, el art. 711 del Código Civil y Comercial, dice que «los parientes y allegados a las partes pueden ser ofrecidos como testigos. Sin embargo, según las circunstancias, el juez está facultado para no admitir la declaración de personas menores de edad, o de los parientes que se niegan a prestar declaración por motivos fundados».

En relación a estos artículos, es preciso resaltar que si bien el art. 711 no clarifica a qué tipo de parientes se refiere, se debe entender que son los mencionados en el art. 413 del Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos -art. 427 CPCCN-. La norma mencionada -art. 711 CCyCN- continúa diciendo que, según las circunstancias del caso, el juez está facultado para no admitir la declaración de personas menores de edad, en consecuencia, la norma propone una pauta, ya que no pueden adoptarse criterios generales que desatiendan las particularidades del caso debatido.

3. Testigos en el matrimonio. El Código Civil y Comercial establece en este aspecto que si se celebra en la oficina que corresponde al oficial público, se requiere la presencia de dos testigos y las demás formalidades previstas en la ley. El número de testigos se eleva a cuatro (4) si el matrimonio se celebra fuera de la oficina (art. 418 ). El art. 420, inc. h) , específica que el acta debe contener: nombre y apellido, edad, número de documento de identidad si lo tienen, estado de familia, profesión y domicilio de los testigos del acto.

4. Testigos en los contratos.El art. 1019 del Código Civil y Comercial explicita que los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica, y el art. 1020 dice que cuando la formalidad es requerida a los fines probatorios pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos, a) si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad o si existe principio de prueba instrumental, o b) comienzo de ejecución. Se considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento que emane de la otra parte, de su causante o c) de parte interesada en el asunto, que haga verosímil la existencia del contrato.

En este supuesto, la libertad de forma y de la prueba se acomoda a las modernas «formas» en que la voluntad contractual puede manifestarse.

5. Testigos en los instrumentos públicos. El Código Civil y Comercial, se refiere, en este caso en particular, a los testigos preconstituidos en especial referencia a las escrituras, donde dice quienes no pueden ser testigos de instrumentos públicos. El art. 304 del Código Civil y Comercial, se refiere a la presencia de testigos cuando el otorgante padece limitaciones en su aptitud para oír y para comunicarse o es analfabeto, estableciendo que tienen que intervenir dos testigos.

El art. 305 inciso f) , referencia la firma de los otorgantes, del escribano y de los testigos si los hubiera, relacionado con la escritura.

El art. 309 del Código Civil y Comercial, indica que son nulas las escrituras que no tengan la designación del tiempo y lugar en que sean hechas, el nombre de los otorgantes, la firma del escribano y de las partes, la firma a ruego de ellas cuando no saben o no pueden escribir y la firma de los dos testigos del acto cuando su presencia sea requerida.

6. Testigos en los testamentos. Incapaz y firma a ruego.Los testigos en los testamentos, deben ser personas capaces al tiempo de otorgarse el acto, y no pueden ser los mencionados en el art. 295 del Código Civil y Comercial.

Expresa la norma que el testamento en que interviene un testigo incapaz o inhábil al efecto no es válido si al excluirse este testigo, no quedan otros en número suficiente (art. 2481 in fine).

Una novedad a destacar, es que el Código Civil y Comercial ha suprimido la norma que disponía que el testigo debe ser de conocimiento del notario interviniente, y tener el domicilio dentro de su jurisdicción.

El art. 2480 del Código Civil y Come rcial, otorga la posibilidad que cuando uno de los testigos del testamento firme a ruego del testador, el otro también debe saber firmar, dando a entender de manera implícita que no sería necesario que los dos testigos sepan firmar si es que no existe la intervención de uno de ellos como firmante a ruego.

E) Prueba de Peritos

En relación a este medio de prueba, el Código Civil y Comercial se refiere a ellos para probar el nacimiento, muerte y edad. El art. 99 del Código Civil y Comercial, indica que si no es posible establecer la edad de las personas por los medios indicados en el presente Capítulo, se la debe determinar judicialmente previo dictamen de peritos.

Es decir, si la edad no puede ser establecida ni a través de la prueba legal, ni por vía supletoria, deberá ser determinada en el proceso judicial correspondiente en dónde se dispondrá la realización del informe técnico pericial.

1. Sustracción, pérdida o destrucción de los libros de registro. El art. 1877 del Código Civil y Comercial explica el trámite a efectuar una vez recibida la denuncia, sustentando en el art.1878 del mencionado código, que el presentante deberá realizar una exhibición de los documentos originales en los que base su pretensión ante perito, presentando copias de los mismos para éste. El experto, deberá dejar debida constancia en los originales exhibidos de su presentación, y conservará las copias con las que elevará su informe pericial al juez.

2. Sucesión testamentaria. El art. 2339 del Código Civil y Comercial, sostiene que si el causante ha dejado testamento por acto público, debe presentárselo o indicarse el lugar donde se encuentre.

Si el testamento es ológrafo, debe ser presentado judicialmente para que se proceda, previa apertura si estuviese cerrado, a dejar constancia del estado del documento, y a la comprobación de la autenticidad de la escritura y la firma del testador, mediante pericia caligráfica. Cumplidos estos trámites, el juez debe rubricar el principio y fin de cada una de sus páginas y mandar a protocolizarlo. Asimismo, si algún interesado lo pide, se le debe dar copia certificada del testamento. La protocolización no impide que sean impugnadas la autenticidad ni la validez del testamento mediante proceso contencioso.

La mayor novedad es en relación al testamento ológrafo, donde la disposición del Código Civil y Comercial -art. 2477 -, establece como requisitos que el precitado testamento debe ser íntegramente escrito con los caracteres propios del idioma en que es otorgado, fechado y firmado por la mano misma del testador, difiere con el art. 704 del Código Procesal Civil y Comercial. (Cfr. art. 733 Cód. Pr. Civ. Com. E. R.). Este artículo dice: «quien presentare testamento ológrafo deberá ofrecer dos testigos para que reconozcan la firma y letra del testador».

Como se observa, la norma del código de fondo es más rigurosa, pues exime de su reconocimiento por los dos testigos y establece, en su caso, la necesidad de producir la prueba pericial caligráfica.

III.CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA

Además de la recepción del sistema de la «carga dinámica de la prueba» a que aluden los artículos 710 -prueba en procesos de familia- y 1735 -facultades judiciales en la distribución de la prueba relacionada a la responsabilidad civil- del ordenamiento civil y comercial unificado, también situamos otras disposiciones referidas a la prueba. En el citado art. 710 del CCyCN, relacionado a los principios referentes a la prueba en los procesos de familia, se recepta la libertad y flexibilidad probatoria, con las cargas probatorias dinámicas; al respecto cabe tener presente que la doctrina de la prueba dinámica establece que quien está en mejor condición de probar debe contribuir a establecer la verdad objetiva, más allá de lo dispuesto por el art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -cfr. art. 363 Cód. Proc. Civ. Com. E.R.- (C.S.J.N., Fallos 321, P. 277).

Con respecto a lo dispuesto por el art. 1735,el juzgador se encuentra facultado a aplicar la denominada doctrina de las cargas probatorias dinámicas, (cfr. CSJN-Fallos, 320:2716/17) que le permite al juzgador, en los casos excepcionales de prueba difícil y sobre la base de una adecuada ponderación de las circunstancias de cada caso, meritar quién se encontraba en mejores condiciones de probar un hecho controvertido y no lo hizo, así como las razones por las que quien tenía la carga de probar no probó, y consecuentemente, el magistrado interviniente deba evaluar la conducta procesal de las partes o la quiebra del deber de colaboración, haciéndolo jugar contra el infractor. La normativa legal analizada se circunscribe a la demostración de la culpa o las diligencias debidas, aunque por la analogía deberá extenderse también a los factores objetivos, consignando que la cuestión de las responsabilidades profesionales es un área en donde se aplican las cargas probatorias dinámicas (art.1768 ), especialmente en la medicina, y al respecto el profesional no puede permanecer «estático», limitándose a aguardar que el damnificado pruebe su culpa, sino que debe demostrar su diligencia y prudencia en atención de aquél, con mayor razón si su responsabilidad es objetiva por vicio de la cosa o por la promesa de un resultado, pues allí deberá evidenciar una causalidad ajena (véanse arts. 1722 , 1723 , 1757 ,1758 , etcétera). Si bien esta comunicación que prevé la norma del juez a las partes respecto del criterio a adoptar debería hacerla a efectos de no vulnerar el derecho de defensa en juicio, por lo que resulta al menos cuestionable lo facultativo en cuanto a que el juez «pueda» o «si lo considera pertinente», esto no es sólo impreciso («durante el proceso»), sino que es la ley la que impone y distribuye las cargas probatorias siendo el magistrado quien decide dictando sentencia; por tanto, estimamos que el juez tiene el deber de comunicar a las partes que procederá a distribuir la carga de la prueba, a fin de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos probatorios que hagan a su derecho legitimo de defensa.

IV. PRUEBA DE LOS CONTRATOS

Como lo hemos expresado precedentemente -cfr. D) Prueba de Testigos- 4. Testigos de los contratos- los artículos 1019 -concordancia con Cód. Civil: art. 1190 – y 1020 -concordancia con Cód. Civil: arts.1191 y 1193 – CCyCN, se relacionan a la prueba de los contratos, con mejor técnica que los artículos 1190 y sgts. Código Civil y el artículo 208 y sgts. Código de Comercio; el Código Unificado, en forma similar que el derogado Código Civil se remite a las disposiciones de las leyes procesales, aun cuando el primer artículo supra citado del CCyCN hace referencia a las reglas de la sana crítica.Conforme lo reseñado, el CCyCN instala el fin a la discusión que en esta materia se generó respecto de la mayor rigurosidad probatoria del ámbito comercial. Asimismo, se mantuvo la metodología de reglar lo relativo a la prueba en los contratos y no en los actos jurídicos. En relación al artículo 1019 del ordenamiento civil y comercial unificado, éste propone una regla general para reemplazar la casuística de las normas anteriores, efectuando alusión a cualquier medio de prueba que satisfaga dos exigencias, resulten razonables y sean acordes a la sana crítica, lo que resulta una novedad, pues permite que puedan incorporarse todos los medios técnicos, informáticos y tecnológicos que se vayan desarrollando a lo largo del tiempo. Se mantiene la referencia a las normas procesales en cuanto a la manera de producir tales medios, y se deja a resguardo casos en que la ley pudiera establecer reglas especiales, y asimismo se proceden a prescindir de las pautas relativas a los montos de los contratos, y en su lugar se adiciona el criterio de restringir la prueba testimonial cuando, conforme a los usos, lo esperable es que el contrato se instrumentare. (Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1190 y 1193 ; Cód. Comercio, arts. 208 y 209).

El art. 1020 -prueba de los contratos formales- del CCCN pareciera en principio contradecirse con el art. 1019 -medios de prueba-, pues ahora viene a autorizar la prueba testimonial (aun exclusiva) cuando antes no lo permitía (caso de instrumentación por el uso); lo que ocurre es que el supuesto trata sobre el caso de que fuera imposible la obtención de la formalidad. Al eliminarse los casos de imposibilidad previstos por el art. 1192 del Cód. Civil, la cuestión se deberá acreditar en cada caso en particular para generar convicción al respecto.

En lo referente al otro caso, art.1019 supra referido, ya la prueba no sería sólo de testigos, sino que se acompañará del principio de prueba por escrito (se mantiene la noción anterior en su estructura, sólo adaptándose la terminología a la vigente) o por la verificación del comienzo de la ejecución del contrato, lo que redunda en un importante adelanto sobre la materia (antes sólo verificable en material civil y no comercial, aspecto que admite indicar que las restricciones del art. 209 también se eliminaron por la unificación). Finalmente se puede resaltar que el art. 1194 del Cód. Civil se elimina en cuanto al tratamiento del tema que dicho artículo realiza, y que resultaría sobreabundante de acuerdo a las pautas de forma ya tratadas. (Concordancias con la normativa anterior: Cód. Civil, arts. 1191 y 1192; Cód. de Comercio, art. 209, parte 2a.).

A mayor abundamiento, en los Fundamentos expuestos por los integrantes de la Comisión Redactora -cfr. Capítulo 7 Forma- se explicita que para la re gulación de la forma y prueba de los contratos, se siguen los lineamientos generales de la doctrina y proyectos anteriores.-

V. MEDIOS PROBATORIOS REFERIDOS EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN -CCyCN-

– Apreciación y valor probatorio de los instrumentos particulares (arts. 317 y 319).

– Eficacia (apreciación) probatoria de la contabilidad comercial (art. 330), prueba pericial contable sobre los libros comerciales (lugar, arts. 325 y 331 ).

– Prueba (presunción) sobre el carácter de los bienes propios o gananciales (art. 466 ).

– Carga de la prueba y medios probatorios en la recompensa por liquidación de la comunidad (art. 492 ).

– Carga de la prueba en la liquidación de la comunidad (art. 492), en la propiedad de los bienes (art. 506 ).

– Medios de prueba de la unión convivencial (art. 512 ).

– Procesos de familia: prueba -testigos- (arts. 705 , 710 y 711º .)

– Prueba de la existencia de las obligaciones (art.727 ).

– Prueba de los presupuestos de responsabilidad: «Prueba de los factores de atribución y de las eximentes» (art. 1734 ) y «Prueba de la relación de causalidad» (art. 1736 ); «Prueba del daño» (art. 1744 ). En cuanto a la prueba de los presupuestos de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la prueba constituye la actividad procesal encargada de producir convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos, es un «imperativo del propio interés del litigante» en tanto que corre el «riesgo» de obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva (en «Kopex Sudamericana» de 1995, Fallos 318:2555). Asimismo, con respecto a la prueba referente a la relación de causalidad, el Máximo Tribunal a expresado que resulta requisito indispensable para que tenga lugar la responsabilidad, la existencia de una relación de causalidad jurídicamente relevante entre el hecho generador y el daño cuya reparación se persigue (C.S.J.N., 1989, «Tejedurías Magallanes», La Ley, 1990 C, 454).

-Medidas cautelares en la Sección «Títulos valores» (art. 1822º ); y competencia y procedimiento en las normas sobre «deterioro, sustracción, pérdida y destrucción de títulos valores o de sus registros» (art. 1863, párr. final ); procedimiento para la oposición del rescate (art. 1875 ) y procedimiento y costas en la pérdida de registros en caso de títulos valores nominativos o no cartulares (art. 1878 ).

– Sentencia y tipo de proceso en la prescripción adquisitiva (art. 1905 ).

– Sentencia, cosa juzgada en las acciones posesorias (arts. 2241 y 2242 ), prueba, conversión procesal, legitimación y procedimiento (arts. 2243º y 2244 ); demanda y sentencia en las acciones reales y cosa juzgada (arts. 2249 y 2251 ).

– Legitimación pasiva (art. 2255), prueba en la acción reivindicatoria (arts.2256 , 2257 y 2258 ) y sentencia en la acción de reivindicatoria (art. 2261 ); legitimación pasiva y prueba en las acciones negatoria y confesoria (arts. 2262 a 2265 ); legitimación activa y pasiva, prueba y sentencia en la acción de deslinde (arts. 2267º y 2268 ).

– Proceso sucesorio: medidas urgentes (art. 2327 ); objeto (art. 2335 ), competencia y conexidad procesal (art. 2336 ); procedimiento en sucesión testamentaria (art. 2339 ) y sucesión intestada (art. 2340 ); administración judicial de la sucesión (art. 2345 a 2352 ).

– Disposiciones procesales relativas a la prescripción: vías procesales (2551 ), facultades judiciales (art. 2552º ) y oportunidad procesal para oponerla (art. 2553º ).

– Medidas provisionales y cautelares en la jurisdicción internacional (art. 2603); litispendencia (art. 2604 ); prórroga de jurisdicción (arts. 2605 , 2606 y 2607 ).

VI. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

ARAZI, Roland: «Síntesis de las principales disposiciones procesales en el proyecto de código civil y comercial». Publicado en la Revista de Derecho Procesal (Rubinzal-Culzoni Editores, 2013 – 1, p.47).-

BUERES, Alberto J. – Director: «Código Civil y Comercial de la Nación» – Analizado, Comparado y Concordado- 2014 -Tomo 1 – págs. 255/256. 588/589 – Tomo 2 -pág. 172 – Editorial Hammurabi- Buenos Aires.-

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(*) Abogado. Asistente regular al Curso de Posgrado «Derecho de Daños» -2000/2002- (FCJyS- UNL). Autor de artículos jurídicos y ponente en Congresos Académicos. Asistente al «Curso de Actualización en Derecho Procesal Civil» -2005- UCA- Facultad de Derecho-Subsede Paraná. Asistente a Congresos Nacionales de Derecho Procesal (AADP). Concurrente y Ponente en Congresos Provinciales de Derecho organizados por el Colegio de Abogados de Entre Ríos. Secretario del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Entre Ríos (Periodos: 2007/2009 y 2009/2011). Subdirector del Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de Abogados de Entre Ríos (2012/2014). Director del Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de Abogados de Entre Ríos (2015/2018).

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