#Fallos Permiso para repetir: Se permite a un menor discapacitado volver a cursar la sala de cinco años del nivel inicial para fortalecer aquellos aspectos que de lo contrario irían en desmedro de su formación educativa

Partes: A. P. M. del P. c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ amparo (fuero civil)

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

Fecha: 7-jul-2020

Cita: MJ-JU-M-126803-AR | MJJ126803 | MJJ126803

Se permite al menor discapacitado volver a cursar la sala de cinco años del nivel inicial para fortalecer distintos aspectos que de lo contrario irían en desmedro de su formación educativa para el pasaje al siguiente nivel educativo.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo y ordenó a la Dirección General de Enseñanza Privada y/o quién resulte competente a que implemente las medidas inmediatas para autorizar y garantizar la permanencia del niño discapacitado en la sala de cinco años del nivel inicial, pues impedir que el menor curse nuevamente la sala preescolar fundado únicamente en que en el nivel inicial no se permite la repitencia y en que sólo se tiene en cuenta la edad cronológica para el pasaje de sala/sección/curso a otro nivel, sin atender a las especiales circunstancias acreditadas, luce como un accionar irrazonable; así, deben primar los derechos del menor para que pueda contar con los recursos necesarios y adecuados insertarse en el nivel primario del sistema educativo.

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2.-Si bien los fines que inspiran las normas dictadas por el Consejo Federal de Educación están direccionadas en lograr que los niños y niñas con alguna dificultad en el aprendizaje en el nivel inicial de la educación puedan seguir cursando con el grupo de pertenencia, robusteciendo así los vínculos que han ido formando, los que seguramente redundarán en el beneficio particular y del grupo en general, en el caso no se trata de un niño sólo con algunas dificultades en el aprendizaje, se trata de un niño al que le diagnosticaron ‘retraso en el neurodesarrollo y trastorno del desarrollo intelectual’.

3.-La interpretación de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan, y en ese objeto la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente para evitar la frustración de los objetivos de la norma.

Fallo:

En la ciudad de Corrientes, a los siete días del mes de julio de dos mil veinte, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Guillermo Horacio Semhan, Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº EDC 3899/18, caratulado: «A. L. M. DEL P. C/ ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES S/ AMPARO (FUERO CIVIL)». Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín, Eduardo Gilberto Panseri, Fernando Augusto Niz y Guillermo Horacio Semhan.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

CUESTION ¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice:

I. A fs. 195/200 vta. la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral dictó la Sentencia Nº 01 que al desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Estado de la Provincia de Corrientes confirmó la procedencia de la acción de amparo, ordenando a la Dirección General de Enseñanza Privada y/o quién resulte competente a que implemente las medidas inmediatas para autorizar y garantizar la permanencia del niño C. F. en la sala de cinco años del nivel inicial de educación durante el ciclo lectivo del año 2018 en el Instituto Privado CREA de esta ciudad y/o establecimiento similar que escojan sus progenitores, con costas a la accionada. Disconforme, los apoderados del Fisco provincial interpusieron a fs. 213/219 el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley venido a consideración de este Alto Cuerpo.

II. Para decidir en ese sentido, la Cámara consideró -en cuanto a la queja relativa a la idoneidad de la vía de amparo- que la demandada no logró demostrar de qué manera se afectó su derecho de defensa ni expuso qué pruebas se vio privada de producir. Señaló que el niño C. F.padece de «trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje no especificado y trastorno mixto de actividades escolares», y que por lo tanto, tiene derecho a la tutela regulada por los arts. 41 y 44 de la Constitución Nacional que consagran los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los de las personas con discapacidad, respectivamente. Además de los distintos instrumentos internacionales que también los garantizan. La ley 24.901 y el decreto ley 156/01 por el que la Provincia de Corrientes adhirió a dicha ley, además de la ley 4.478 y sus modificatorias que establecen el régimen de protección integral para las personas discapacitadas. Calificó como un despropósito cuestionar a la vía elegida a esa altura del proceso, máxime cuando el derecho de la amparista encontró adecuada tutela.

En relación al fondo del asunto, consideró que la magistrada realizó una correcta hermenéutica de las normas a la controversia aplicables en función de los antecedentes fácticos acreditados. Y porque además el recurrente no se hizo cargo del principal argumento del decisorio que consiste en que de acuerdo al informe psicopedagógico realizado por la Lic. María Candela Arqué, el niño no contaba con los recursos tanto a nivel académico como social y conductual requeridos para iniciar primer grado en el ciclo lectivo 2018; que las habilidades mínimas de organización, planificación, atención y conducta no se encuentran presentes en el rendimiento del niño; la necesidad de que el niño realice una permanencia en la Sala de 5 años en el ciclo lectivo 2018 obedece a garantizarle un mejor acceso a las propuestas educativas de acuerdo a sus necesidades educativas especiales, y prepararlo para su continuidad en el espacio de la escuela común durante el ciclo primario, con recursos adecuados y consolidados.Citó distintas normas supranacionales de protección de los niños con discapacidad y refirió que el memorial de agravios carece de aptitud de modificar lo resuelto, trasuntado en afirmaciones dogmáticas que demuestran disconformidad con lo fallado, pero sin refutar el argumento central por el que prosperó la demanda.

III. Los agravios que porta el escrito recursivo pueden resumirse del siguiente modo: (i) la acción de amparo no reúne los requisitos exigidos para su procedencia, toda vez que no logra apreciar que se haya violado algún derecho de la parte accionante ni mucho menos que haya sido con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta; (ii) aplica erróneamente la ley al considerar que la normativa no debe ser aplicada de modo general sin atender las especiales circunstancias del caso, violando el principio de igualdad ante la ley; (iii) se agravia de la imposición de la costas, pues su parte actuó de conformidad con la legislación vigente y aplicable al caso, lo que implica, a su modo de ver, que actuó con una razonable convicción acerca del derecho invocado por su parte; (iv) no se discutió en el amparo la patología del menor -como erróneamente lo afirma la Cámara- sino que en el nivel inicial, de acuerdo a la normativa citada por su parte, la trayectoria debe seguirse por la edad cronológica y no por los conocimientos o capacidades adquiridas. El nivel inicial no admite la repitencia; (v) finalmente agregó que a la fecha del dictado de la sentencia el menor ya había recursado Sala de 5 años (2018), y que actualmente (2019) se encuentra cursando primer grado en el Colegio Informático San Juan de Vera.

IV. El recurso fue interpuesto en término, contra una sentencia definitiva, el recurrente se encuentra exento de la carga del depósito económico en base a lo dispuesto por el art. 272, tercer párrafo del CPCC, y reúne mínimamente los recaudos técnicos de expresión de agravios, debiendo, por lo tanto pasar a analizar su mérito o demérito.

V.En primer lugar, corresponde señalar que este Superior Tribunal tiene dicho en reiterados pronunciamientos, que por regla, sólo puede ejercer sus atribuciones jurisdiccionales cuando se somete a su decisión un caso concreto, es decir, carece de jurisdicción cuando éste haya devenido abstracto. Las sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de ser dictadas. Y que este principio se aplica, inclusive, en aquellos pleitos en los que dichas circunstancias sean sobrevi nientes al día en que haya sido interpuesto el recurso extraordinario (Cfr. Fallos: 319:1558 y sus citas). También se ha considerado que el requisito de «gravamen» no subsiste cuando el transcurso del tiempo lo ha tornado inoperante (Fallos: 276:207 – La Ley, 140-52-; 290:326- La Ley, 1975-A, 512-), cuando éste ha desaparecido de hecho (Fallos: 197:321; 231:288; 235:430; 243:303; 247:685; 277:276; 284:84) o ha sido removido el obstáculo legal en que asentaba (Fallos: 216:147; 244:296; 292:375;- La Ley 1975-D, 397-; 293:513 y 518-La Ley 1476-D, 658-; 297:30; 302:721 – La Ley, 1980-D, 574-). No obstante, en ciertos supuestos se ha reconocido la necesidad de un pronunciamiento aunque la cuestión careciera de actualidad o no contuviera un «gravamen» actual. Señala al respecto Sagües que «[.] En ciertos casos la revisión de un fallo merced al recurso extraordinario, puede conservar interés actual pese a haberse operado una transformación fáctica o transcurrido cierto tiempo [.]» (Sagües, Néstor P, «Derecho Procesal Constitucional», t. 1, p. 486, ed. Astrea, Buenos Aires, 1989).

En análogo sentido Bianchi expresa que la regla es flexible y reconoce en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos cuatro excepciones en esta materia: «a) cuando existen daños colaterales que el demandante pueda sufrir una vez desaparecido el agravio principal; b) cuando el agravio o daño es de muy corta duración y generalmente ha cesado cuando se llega a la sentencia. Para que esta excepción pueda darse deben estar reunidos dos requisitos:primero, que el caso pueda repetirse en cualquier momento, y segundo que la duración del daño producido sea tan breve que se convierta en abstracto antes de que se obtenga el control judicial; c) cuando el demandado voluntariamente se allana a la demanda pero puede incurrir en la misma conducta en cualquier momento; y d) cuando se dan las llamadas «acciones de clase» (class actions), es decir aquellas que puedan involucrar un grupo innominado de individuos. En este caso, aun cuando el caso sea abstracto al momento en que uno de ellos obtenga sentencia, existe interés en resolver el caso» (Bianchi, Alberto, «Control de constitucionalidad», t. 1, ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Bs. As., 2002, p. 305/306). La Corte Suprema Argentina recogió algunas de estas excepciones para aquellos supuestos en que por su fugacidad no pudieron ser alcanzadas por una decisión judicial y sean susceptibles de repetirse. En el caso de autos, si bien surge de las constancias de la causa (fs. 16/17 del Incidente de Medida Cautelar; y fs. 156/157) que el menor C. F., cursó nuevamente Sala de 5 años, en el Jardín de Infantes «San Juan de Vera» en el ciclo lectivo 2018, resulta necesario dejar sentadas algunas pautas para evitar situaciones análogas en el futuro. Frente a esta situación, el Superior Tribunal se encuentra en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ejerciendo en plenitud la jurisdicción.

VI. Aclarado lo anterior, la Provincia de Corrientes adhirió por ley 5.813 a la Ley de Educación Nacional 26.206. Y, tal como lo indica el Estado Provincial al responder el informe de ley, el Consejo Federal de Educación en uso de las prerrogativas conferidas por los arts. 113 y 114 de la referida ley, dicta la resolución 174 del 13 de junio de 2012 que en el art.14 establece que, la trayectoria escolar de niños y niñas del nivel inicial no podrá ser alterada bajo la idea de permanencia o repitencia; el pasaje de un año/sala/sección dentro del nivel no podrá exigir otro requisito que el de tener la edad cronológica para ello. Luego dicta la resolu ción 311 del 15 de diciembre de 2016 que en lo pertinente, en el art. 22 prevé que el pasaje de nivel inicial a nivel primario se realizará según la resolución 174/12 donde se establece (art. 16 in fine) que los aprendizajes no serán interpretados como indicadores de acreditación ni de promoción de los niños y niñas en el nivel inicial al nivel siguiente, y serán considerados como indicios a ser tenidos en cuenta por los docentes que reciban a los niños/as para garantizar la trayectoria escolar. Ahora bien, reconocido es que la interpretación de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan, y en ese objeto la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente para evitar la frustración de los objetivos de la norma» (CSJN, Fallos: 310:1390; 312:1036; 327:1507, 4200). Asimismo, que la interpretación debe hacerse armónicamente teniendo en cuenta la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial» (CSJN, Fallos:311:255; 317:1440). Y, que la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, correspondiendo adoptar como verdadero -en cambio- el criterio que las concilie y obtenga la integral armonización de sus preceptos» (CSJN, Fallos: 306:721; 307:518 y 993; 313:1293; 315:2668; 316:1927, entre muchos otros). En aludido sentido, está claro que los fines que inspiran las normas dictadas por el Consejo Federal de Educación están direccionadas en lograr que los niños y niñas con alguna dificultad en el aprendizaje en el nivel inicial de la educación puedan seguir cursando con el grupo de pertenencia, robusteciendo así los vínculos que han ido formando, los que seguramente redundarán en el beneficio particular y del grupo en general. Sin embargo, en este caso no se trata de un niño sólo con algunas dificultades en el aprendizaje, se trata de un niño al que le diagnosticaron «retraso en el neurodesarrollo y trastorno del desarrollo intelectual».

El que además fue examinado durante todo el año 2017 por la Psicopedagoga, Lic. María Candela Arqué quien concluyo en su informe que: «[.] C. no cuenta actualmente con los recursos (tanto a nivel académico como social y conductual) requeridos para iniciar un 1er grado en el Ciclo Lectivo 2018. Las habilidades mínimas de organización, planificación, atención y conducta no se encuentran presentes en el rendimiento actual del niño. El equipo de trabajo terapéutico, de común acuerdo con los padres, sostiene la necesidad de que el niño realice una permanencia en Sala de 5 años en el ciclo lectivo 2018. El fin de la misma será garantizarle el mejor acceso a las propuestas educativas, de acuerdo a sus necesidades educativas especiales, y prepararlo para garantizar su continuidad en el espacio de la Escuela Común durante el ciclo primario, con recurso adecuados y consolidados» (fs.41/42). Esta circunstancia asaz decisiva fue debidamente ponderada por los jueces a quo quienes -mediante una razonable interpretación de las normas- hicieron primar los derechos del menor C. F. para que éste pueda contar con los recursos necesarios y adecuados insertarse en el nivel primario del sistema educativo.

En tal sentido, no puedo más que coincidir con los jueces de las instancias anteriores, puesto que impedir que el niño C. F. curse nuevamente Sala de 5 años del nivel inicial fundado únicamente en que en el nivel inicial no se permite la repitencia y en que sólo se tiene en cuenta la edad cronológica para el pasaje de sala/sección/curso a otro nivel, sin atender a las especiales circunstancias acreditadas en autos, luce como un accionar irrazonable que torna procedente la acción de amparo. En efecto comprobada la discapacidad que presenta el menor C. F., y teniendo en consideración lo aconsejado por la Psicopedagoga Lic. María Candela Arqué quién lo trató durante todo el 2017 informando acerca de la necesidad de que éste realice una permanencia en Sala de 5 años en el ciclo lectivo de 2018 por no contar en ese momento con los recursos académicos, sociales y conductuales para el pasaje al nivel primario, deja desprovista de fundamentos a la posición del Consejo de Enseñanza Privada de la Provincia de oponerse a esa petición, por lo que no tengo dudas sobre la procedencia de la presente acción. A mayor abundamiento, la ley 24.901 -a la que la Provincia de Corrientes adhirió por decreto ley 156/01- instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de personas con discapacidad, que contempla acciones de prevención, asistencia, promoción y protección con el objeto de brindarles una cobertura integral de sus necesidades (art. 1º). A su vez, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -aprobada por ley 26.378 y luego por ley 27.044 alcanzó jerarquía constitucional- reconoce en el art. 7.1.que los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. El art. 24.1 prevé que los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Y, con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. En el art. 24.2 consagra que para hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan; c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva; e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.Conforme a ello, la Dirección General de Enseñanza Privada – atendiendo a las particularidades de cada caso- debe realizar los ajustes razonables en función de las necesidades individuales de cada niño o niña. Y como lo venimos sosteniendo, de acuerdo a los informes agregados a la causa, en el caso era necesario que el menor C. F. vuelva a cursar la Sala de 5 años del nivel iniciar para fortalecer distintos aspectos que de lo contrario irían en desmedro de su formación educativa para el pasaje al siguiente nivel educativo.

VII. Costas: Tocante a las costas, lleva razón el recurrente. Ello es así, pues la Dirección General de Enseñanza Privada ha actuado sobre la base de una razonable convicción acerca del derecho defendido en el pleito, por lo tanto, en esos casos corresponde hacer una excepción al principio general e imponerlas en el orden causado; «[.] La existencia de una situación compleja o dificultosa, tanto en lo fáctico como en lo jurídico que bien puede inducir a las partes a defender la posición sustentada en juicio, creyendo en la legitimidad de su derecho, ya que consagrar otra solución podrá importar un desaliento para el apropiado ejercicio del derecho de defensa [.]» (Loutayf Ranea, Roberto G., Condena en costas en el proceso civil, Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 82).

Por los fundamentos expuestos y de ser compartido por la mayoría necesaria de mis pares, VOTO por hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley interpuesto a fs. 213/219, para así modificar la imposición de las costas, las que se impondrán por su orden en todas las instancias. Confirmando en todo lo demás la recurrida. Así voto.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice:

I. Coincido con la solución que propicia el Dr.Rey Vázquez, permitiéndome agregar las siguientes consideraciones. Comparto el razonamiento que el Estado debe ajustar sus normas y preceptos frente a situaciones que involucren a personas con capacidades reducidas, de allí que adhiero a la idea de que el niño C. F. deba seguir en la Sala de 5 años del nivel inicial, debiendo desarrollarse acciones concretas para el fortalecimiento y formación educativa, tanto por la familia, la escuela y el Estado.

Ahora bien, el poder administrador no puede interpretar o ampliar lo estipulado por la norma, pues de hacerlo se le estaría dando carta blanca para no cumplir y no hacer cumplir con la ley llegando a niveles que cualquier Director interprete una norma, posibilitando al extremo de tener una ley «como un verdadero consejo», conclusión que resulta inaceptable. Para ello está el Poder Judicial, siendo el Juez quién puede interpretar la ley de acuerdo a los hechos probados y alegados en la causa, único Funcionario habilitado constitucionalmente para esa misión. En ese sentido, la Dirección General de Enseñanza Privada no hizo otra cosa más que aplicar las normas que regían la situación planteada, estando por lo tanto suficientemente habilitada para resistir la pretensión amparista, sin que ello implique ninguna arbitrariedad.

Por lo tanto, considero, que resulta ajustado hacer una excepción al principio general e imponer las costas por su orden.

II. Que, en otro orden de consideraciones, reitero mi posición en torno a las mayorías necesarias requeridas para que las decisiones judiciales provenientes de una Cámara de Apelaciones sean válidas. En efecto, en numerosos precedentes sostuve que el art. 28, 2° párrafo del decreto ley 26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia) prevé la forma en que deben emitir sus pronunciamientos los jueces de las Cámaras de Apelaciones, «[.] Para dictar pronunciamiento, cada Cámara de Apelaciones se constituirá por lo menos con dos de sus miembros, siendo las decisiones válidas cuando ambos estuvieren de acuerdo por voto fundado, permitiéndose la adhesión al primer voto.Si hubiere disidencia, intervendrá el presidente para decidir, en cuyo caso deberá hacerlo en forma fundada por uno de los emitidos.» Asimismo, manifesté que no coincido con la solución legislativa pues entiendo que todos los jueces de las Cámaras de Apelaciones tienen el deber constitucional de pronunciarse sobre las causas sometidas a su consideración; estimando necesario que lege ferenda, se contemple que todos los jueces integrantes de las Cámaras de Apelaciones de la provincia deban pronunciarse sobre las causas que llegan a su conocimiento, ya sea adhiriendo a un voto o, en su caso formulando el suyo, dando cabal cumplimiento con el mandato constitucional impuesto por el art. 185 de la Constitución Provincial.

Ahora bien, y no obstante la recomendación efectuada a los Sres. Magistrados, en pos del cumplimiento constitucional que les ha sido confiado, advierto que en la actualidad tal precepto continúa siendo vulnerado dado que a diferencia de los Tribunales Orales Penales (TOP), en las Cámaras de Apelaciones Civiles, Laborales y Contenciosa Administrativa y Electoral para que una decisión judicial sea válida se sigue requiriendo el conocimiento para la decisión y la firma de dos de los tres miembros que integran las Cámaras de Apelaciones, quedando excluido el tercer magistrado.

A mi entender la riqueza del órgano judicial colegiado supone el diálogo racional que tolera puntos de vista no exactamente iguales sino complementarios, al modo de caminos diferentes que sin embargo conducen al mismo destino final.

En este sentido, entiendo que la fundamentación de los pronunciamientos constituye una exigencia del funcionamiento del estado de derecho y de la forma republicana de gobierno, principalmente en los casos de las sentencias, siendo una garantía para cada ciudadano; ya que de esta manera pueden ejercer el control de los actos de los magistrados e impugnarlos.

Y es que, la sociedad democrática mayormente participativa pretende que se den a conocer las razones suficientes que justifiquen la toma de las decisiones las cuales se deben hacer conocer para someterlas a una posible crítica.De allí que este dato propio de los Tribunales Colegiados aparece como francamente irreconciliable con la mera colección de dos opiniones y adhesiones automáticas citadas por los integrantes del cuerpo, vulnerándose así la garantía de certeza o seguridad jurídica si el Tribunal dicta una sentencia con votos aparentemente coincidentes, pero que no permiten establecer las razones que han conducido a pronunciarse de determinada manera. Es sabido que los Tribunales se encuentran integrados por tres jueces, los cuales tienen la responsabilidad constitucional de expedirse; así lo hacen los Magistrados de los Tribunales Penales a diferencia de los miembros de las Cámaras de Apelaciones Civiles, Laborales y Contenciosa, con lo cual, entiendo, se menoscaban los principios de igualdad y equidad constitucional. Cabe recordar que el Alto Tribunal de la Nación ha puntualizado que toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación, ya que no es sólo el imperio del Tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento, sino que estos dos conceptos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la decisión. Finalmente, considero que los problemas planteados en cuanto a la falta de mayorías o mayorías «aparentes» acarrean un grave perjuicio tanto para los justiciables como para el efectivo servicio de justicia, ya que si bien se alega como argumento central la celeridad en el trámite de los distintos procesos, en la realidad esto no se traduce de manera absoluta en los tiempos procesales, con el agravante del desconocimiento de los estándares de legitimación. Es por ello que exhorto -una vez más- a los Sres. Magistrados a abandonar tales prácticas de concurrencia aparente, bajo la idea de adherir a un voto, adoptando el sistema previsto en el art.28, 2° párrafo del decreto ley 26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia), cuya genuina interpretación determina que en las sentencias -respetando el orden de sorteo- todos los miembros de la Cámara deben pronunciarse de manera individual sobre las cuestiones esenciales sometidas a su juzgamiento, de este modo a la par de garantizar la efectiva intervención personal de cada Camarista se logra plasmar la deliberación realizada que permite alcanzar el consenso y la mayoría como resguardo fundamental de una sentencia justa. Con estas reflexiones adhiero al voto que propicia el Dr. Rey Vázquez y me pronuncio en idéntico sentido. Así voto.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, por compartir sus fundamentos. En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente: SENTENCIA Nº 74

1°) Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley interpuesto a fs. 213/219, para así modificar la imposición de las costas, las que se impondrán por su orden en todas las instancias. Confirmando en todo lo demás la recurrida.

2°) Insértese y notifíquese.

Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ

Presidente Superior Tribunal de Justicia

Corrientes

Dr. ALEJANDRO ALBERTO CHAIN

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. EDUARDO GILBERTO PANSERI

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. FERNANDO AUGUSTO NIZ

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO

Secretaria Jurisdiccional N° 2 Superior Tribunal de Justicia Corrientes

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