#Fallos Consumidor empresario: El legislador ha admitido esta nueva categoría en la que un empresario pueda adquirir un bien o servicio destinado a la gestión empresarial, para su uso, sin tener en vista renegociarlos

Partes: Familia Amaya S.R.L. c/ Alra S.A. y otro s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 19-may-2020

Cita: MJ-JU-M-125980-AR | MJJ125980 | MJJ125980

El legislador admitió la categoría de ‘consumidor empresario’ y con ella la posibilidad de que haya acto de consumo en la adquisición de un bien o servicio a ser destinado a la gestión empresarial.

Sumario:

1.-De acuerdo con el art. 1º de la Ley 24.240, las personas jurídicas serán consideradas consumidoras siempre y cuando el bien o servicio hubiere sido adquirido para su consumo final.

2.-Los empresarios han sido tradicionalmente excluidos de la noción de consumidor, porque no usan los bienes para consumo final sino para aplicarlos al proceso productivo y si bien la cuestión ha provocado no pocas discusiones pues existen supuestos dudosos, tras analizar distintos casos de ‘integración parcial’ en los que una empresa adquiere un bien que ingresa al proceso productivo y que también es usado para otras finalidades, un criterio utilizado para dirimir el tema es el del criterio objetivo, referido al uso que se le da a la cosa.

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3.-El art. 2º de la Ley 26.361 suprimió la exigencia que contenía la norma de idéntica numeración de la Ley 24.240, atinente a la exclusión de la noción de consumidor a quienes consumían bienes y servicios para integrarlos a procesos productivos; modificación ésta de trascendente importancia pues la norma amplió el concepto del sujeto merecedor de la tutela legal.

4.-La modificación introducida por la Ley 26.361 al art. 2º de la Ley 24.240 lleva a interpretar, entonces, el espíritu del legislador por contraposición, de manera que aquéllos que adquieran un bien o servicio en su carácter de comerciantes o empresarios quedarán igualmente protegidos por esta Ley siempre que el bien o servicio no sea incorporado de manera directa a la cadena de producción.

5.-El legislador ha admitido la categoría de ‘consumidor empresario’ y con ella también la posibilidad de que haya acto de consumo en la adquisición de un bien o servicio a ser destinado a la gestión empresarial y lo que importa es que el sujeto adquiera los bienes y servicios, para su uso, sin tener en vista renegociarlos sino para quedarse con ellos.

6.-La aplicación de la Ley 24.240 se vislumbra claramente cuando la actora, una compañía dedicada a la elaboración, producción, comercialización de productos alimenticios había contratado con la concesionaria la adquisición de dos vehículos para su exclusivo uso, de lo cual surge que la actora no pretendió comprar tales vehículos en miras a volver a ‘reinsertarlos’ en el mercado, ni siquiera lo ha hecho como parte de la actividad que realiza o de la formación de los bienes y servicios que ofrece a sus clientes, por lo que, si mi criterio fuera compartido por mi distinguida colega, la sociedad actora será considerada como consumidora en los términos mencionados.

7.-El art. 53 de la Ley 24.240 regula la carga probatoria dinámica dentro de las relaciones de consumo, carga que impone el deber al proveedor de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder y en ese marco, ambas codemandadas no podían limitarse a negar lo afirmado por la actora en la demanda, sino que debieron clarificar con certeza los aspectos centrales en discusión.

8.-Del art. 53 de la Ley 24.240 resulta que el legislador ha impuesto sobre el proveedor que resiste la pretensión de un consumidor dos cargas: primero, aportar al proceso todo elemento de prueba; y segundo, prestar toda la colaboración necesaria para esclarecer el asunto.

9.-La venta de un automotor por vía del sistema de plan de ahorro supone siempre la intervención, no sólo de la administradora de los fondos con los cuales habrá de ser comprado el rodado, sino también de una concesionaria y de un fabricante o productor. El de una concesionaria, en razón de que el usuario no acude directamente a la administradora del plan, sino a quienes tienen otorgada -por lo general con exclusividad dentro de su zona- la habilitación para vender, que son siempre las concesionarias y el de un productor o fabricante, puesto que el sistema de ahorro utilizado no es sino un modo creado por el propio fabricante para permitir la financiación de sus productos.

10.-La utilización del plan de ahorro genera un diverso sistema de responsabilidades de aquel que hubiera debido aplicarse si la venta hubiera sido efectuada directamente por la concesionaria y cuando se da esto último, el concesionario se obliga frente a terceros sin comprometer la responsabilidad del concedente.

11.-Cuando la venta de automotores se realiza por medio de un plan de ahorro, no hay posibilidad de distinguir: la responsabilidad de la concesionaria conlleva siempre la de la sociedad administradora del sistema y, por ende, a la del fabricante o productor que es quien avala tal sistema de financiación y así surge de la res. de la I.G.J. 26/2004 y también surge, además, de la aplicación de los principios generales que rigen la representación y el mandato.

12.-La concesionaria en la venta de automotores por el sistema de plan de ahorro, no actúa en calidad de intermediaria autónoma entre el comprador y la sociedad administradora, sino que se encuentra autorizada por ésta a suscribir los contratos que justifican los desembolsos del interesado, y actúa en nombre de aquélla. Hay más que un mandato implícito: hay lisa y llana representación en cuya virtud la concesionaria actúa en tales casos como mero agente colocador.

13.-La actuación de la concesionaria en la venta de automotores por el sistema de plan de ahorro revela la inequívoca configuración de un contrato de agencia entre aquella y la entidad administradora del sistema, como se infiere de la circunstancia de que, habilitada la intermediaria para concluir en representación de la administradora los aludidos contratos, su parte asume de manera estable el encargo de promover por cuenta de ésta la celebración de tales convenios percibiendo una compensación por ello y de ahí que, en tales casos, hay actuación conjunta generadora, frente a terceros, de obligaciones que no pueden ser discriminadas.

14.-Dado que el art. 40 de la Ley 24.240 extiende la responsabilidad derivada de la gestión a todos los sujetos que han intervenido en la cadena que condujo a tal prestación, forzoso es concluir que, sin perjuicio del derecho de repetición que pudiere asistir en el plano interno, los tres sujetos que intervienen en la operatoria -productor, administradora del plan y concesionario- son solidariamente responsables frente a terceros.

15.-La administradora del plan de ahorro no es sino una sociedad comercial creada y organizada para cumplir con la función de captar ahorros de los consumidores a efectos de aplicarlos a la adquisición del ‘bien-tipo’ que en cada caso corresponda y desde esa perspectiva, no es sino un instrumento que sirve para facilitar, precisamente, que la fabricante de los productos ofrecidos por tal vía pueda llegar al mercado mediante el ofrecimiento de una solución que permita a los aludidos consumidores adquirir esos bienes mediante la financiación pertinente. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil veinte, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos «Familia Amaya S.R.L. c/ Alra S.A. y otro s/ ordinario» (expediente n° 6555/2016; juzg. Nº 27, sec. Nº 54), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Eduardo R. Machin (7) y Julia Villanueva (9).

Firman los doctores Julia Villanueva y Eduardo R. Machin por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 240/245?

El Señor Juez de Cámara Doctor Eduardo Roberto Machin dice:

I. La sentencia apelada.

Mediante el pronunciamiento de fs. 240/245, la señora juez de grado rechazó la demanda instaurada por Familia Amaya S.R.L. contra Alra S.A. y Volkswagen Argentina S.A. a fin de que estas últimas liberen de la prenda que pesaba sobre los vehículos adquiridos por la actora mediante plan de ahorro.

Para decidir del modo que lo hizo, la a quo consideró que, de las 84 cuotas de cada plan, las 17 bonificaciones que ella invocó no pudieron hacerse efectivas debido a que no había pagado en tiempo y forma las cuotas número 62 y 64.

Manifestó, que la demora por parte de las accionadas en el envío del cupón de pago invocada no había sido acreditada por la actora.

Sin perjuicio de lo antedicho, impuso las costas a las codemandadas en virtud del art. 53 último párrafo LDC.

II. Los recursos.

La sentencia fue apelada por todas las partes.

Volkswagen apeló y expresó agravios a fs. 246/250; Alra S.A. hizo lo suyo, a fs. 254, y fs. 258/259. Y finalmente, el actor apeló a fs.256, y expresó agravio a fs. 267/274.

Ambas codemandadas se agravian por la imposición de costas, la concesionaria sostiene que la actora no es consumidora por lo que no le sería aplicable el principio de justicia gratuita establecido en la ley 24.240 y la fabricante explica que la actora no dio fundamentos que avalen la eximición en las costas teniendo en cuenta que fue vencida en el pleito.

Además agrega que la anterior sentenciante confundió el principio de gratuidad con la condena en costas, y manifiesta que la accionante debió haber solicitado el correspondiente beneficio de litigar sin gastos para obtener los beneficios concedidos en la anterior instancia.

Por su parte la actora se queja, en lo sustancial, de que no fue debidamente ponderada la prueba vertida en el proceso. En tal sentido manifiesta que de los anexos presentados con su escrito de inicio surge el detalle de cada una de las cuotas con su correspondiente vencimiento y el día en el que las mismas habían sido abonadas.

Resalta que el retraso en el pago, de lo que a su entender era la última cuota, se debió a la conducta de las codemandadas en razón de no haber emitido y entregado el cupón correspondiente en tiempo oportuno.

II. La solución.

1. La pretensión sustancial de la actora gira en torno a sostener que los planes por los que había adquirido los vehículos se encontraban cancelados en virtud de que correspondía la aplicación de las bonificaciones de cuotas conforme los términos en que se le ofreciera la suscripción de los referidos planes de ahorro.

Es, en virtud de ello, que solicita que las accionadas cumplan con el levantamiento de las prendas que pesaban sobre sus vehículos a raíz de que, según alegó, había finalizado el pago de la totalidad de los planes de ahorro teniendo en cuenta las 17 cuotas que le habían sido bonificadas.

Por su lado la concesionaria codemandada invocó en su defensa dos argumentos:a) desconoció algunas de las bonificaciones alegadas por la actora esgrimiendo que la documentación correspondiente a las mismas no contaba con el membrete de la empresa; y b) en relación al pago de las cuotas, sostuvo que su gestión era realizada por «Volkswagen de ahorro para fines determinados S.A.» por lo que ella nada tenía que ver al respecto, a lo que agregó que, el sólo reconocimiento por parte de la actora de que una de las cuotas había sido abonada fuera de término, era suficiente para que las bonificaciones no se hicieran efectivas.

De su lado, Volkswagen S.A. planteó su falta de legitimación pasiva, fundamentó la separación que existe entre las partes en un contrato de concesión que impiden la aplicación del artículo 40 LDC y finalmente manifestó que el hecho de no haber recibido el cupón de pago no habilitaba a la actora a no abonar la cuota en término.

2. En tal contexto, en primer lugar he de atender el recurso vertido por la actora, y en su caso, el de las codemandadas.

Preliminarmente he de señalar que la relación bajo análisis se enmarca dentro de la ley 24.240, ello por cuanto el artículo 1º de la Ley de Defensa del Consumidor establece: «.Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final.».

Es decir que las personas jurídicas serán consideradas consumidoras siempre y cuando el bien o servicio hubiere sido adquirido para su consumo final.

Al respecto, indica Lorenzetti (en «Consumidores», pág. 90 y sig., ed.Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003), que los empresarios han sido tradicionalmente excluidos de la noción de consumidor, porque no usan los bienes para consumo final sino para aplicarlos al proceso productivo.

Indica ese autor que si bien la cuestión ha provocado no pocas discusiones pues existen supuestos dudosos, tras analizar distintos casos de «integración parcial» en los que una empresa adquiere un bien que ingresa al proceso productivo y que también es usado para otras finalidades, concluye que un criterio utilizado para dirimir el tema es el del criterio objetivo, referido al uso que se le da a la cosa (esta Sala, «Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ Tango Enternainment S.A. del 31.10.2017» ; «Lucky Marchand S.A. c/ Motorcam S.A. y otro s/ Ordinario» del 17.03.2016).

Corresponde también señalar que el art. 2º de la ley 26.361 suprimió la exigencia que contenía la norma de idéntica numeración de la ley 24.240, atinente a la exclusión de la noción de consumidor a quienes consumían bienes y servicios para integrarlos a procesos productivos; modificación ésta de trascendente importancia pues la norma amplió el concepto del sujeto merecedor de la tutela legal.

Esa modificación introducida por la ley 26.361 al art. 2º de la ley 24.240 me lleva a interpretar, entonces, el espíritu del legislador por contraposición, de manera que aquéllos que adquieran un bien o servicio en su carácter de comerciantes o empresarios quedarán igualmente protegidos por esta ley siempre que el bien o servicio no sea incorporado de manera directa a la cadena de producción (esta Sala, «Telsur S.R.L. c. Volkswagen S.A.» del 27.03.2019; «Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ Tango Enternainment S.A.» del 31.10.2017; «Lucky Marchand S.A. c/ Motorcam S.A.y otro s/ Ordinario» del 17.03.2016).

Es decir que el legislador ha admitido la categoría de «consumidor empresario» y con ella también la posibilidad de que haya acto de consumo en la adquisición de un bien o servicio a ser destinado a la gestión empresarial.

Lo que importa es que el sujeto adquiera los bienes y servicios, para su uso, sin tener en vista renegociarlos sino para quedarse con ellos.

Tal extremo, el cual constituye uno de los requisitos necesarios para enmarcar a la relación entre las partes bajo la órbita del derecho del consumo, se vislumbra claramente en el caso de autos, ya que la actora, una compañía dedicada a la elaboración, producción, comercialización de productos alimenticios había contratado con la concesionaria la adquisición de dos vehículos para su exclusivo uso.

De lo expuesto surge que la actora no pretendió comprar tales vehículos en miras a volver a «reinsertarlos» en el mercado, ni siquiera lo ha hecho como parte de la actividad que realiza o de la formación de los bienes y servicios que ofrece a sus clientes, por lo que, si mi criterio fuera compartido por mi distinguida colega, la sociedad actora será considerada como consumidora en los términos mencionados.

3. A la luz de tal plataforma normativa es que hay que analizar las pruebas vertidas en este proceso.

3.a. Tal como lo señala la Sra. Fiscal ante esta Cámara en su dictamen (ver fs.296/307), el artículo 53 de la ley 24.240 regula la carga probatoria dinámica dentro de las relaciones de consumo, carga que impone el deber al proveedor de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder.

En ese marco, ambas codemandadas no podían limitarse a negar lo afirmado por la actora en la demanda, sino que debieron clarificar con certeza los dos aspectos centrales en discusión.

Uno, si había o no existido una modificación en el medio de distribución de la factura-cupón de pago que pudiera haber colocado al consumidor, habituado a lo largo de una relación a una modalidad de pago, a incurrir en un pago fuera de la fecha de vencimiento. En otras palabras, debieron probar haber puesto en tiempo oportuno a disposición de la actora el cupón de pago en respaldo de su versión.

Dos, cuáles eran con exactitud y claridad las bonificaciones ofrecidas a los efectos de formalizar la adquisición de los dos planes suscriptos.

Del mencionado artículo 53 de la ley 24.240 resulta que el legislador ha impuesto sobre el proveedor que resiste la pretensión de un consumidor dos cargas: primero, aportar al proceso todo elemento de prueba; y segundo, prestar toda la colaboración necesaria para esclarecer el asunto (esta Sala «La Greca, Daniel Ramón c/Auto Zero S.A. y otro S/ Ordinario» del 30.05.2019).

Ninguna de las codemandadas cumplió, a mi criterio, esas dos cargas que sobre ellas pesaban.

3.b.En esa línea he d e descartar el argumento traído por «Volkswagen» en torno a que el hecho de que la actora no haya recibido la cuota (N°62), no la exime de la obligación de tener que abonar en tiempo y forma.

Es que cabe recordar que explícitamente dice la cláusula que:

«.la falta de cupón y/o falencia de cualquier otro sistema que la misma establezca para efectuar el pago no atribuible a la Sociedad Administradora no exime al adherente o adjudicatario de su obligación de efectuar el pago en tiempo y forma.».

Pues bien, en el caso, la actora, atribuye concretamente responsabilidad a la Sociedad Administradora en haber introducido al momento de pagar las cuotas en cuestión, un cambio en el medio de distribución o emisión del mentado cupón, circunstancia que ocasionó el retraso del pago en tiempo y forma. Lo que debió acreditarse fue la distribución en tiempo oportuno del cupón en cuestión. Más, por cuanto a lo largo de la relación contractual, el accionante pagó en tiempo y forma cada una de las cuotas.

Por su parte la actora, no sólo acompañó sus registros internos, sino que también aportó un email (ver fs. 35) en donde la propia administradora del plan le había informado que la única cuota en la que había tenido un retraso en el pago era en la número 62.

Ella instó la producción de prueba tendiente a acreditar que el mentado retraso no había sido su responsabilidad.Ello sucedió a través de la prueba informativa librada al correo, donde no se pudo identificar, con los datos con los que la actora contaba, qué día había sido entregado el sobre por tratarse de «correspondencia simple» sin seguimiento, extremo que podría haber dilucidado con mayor certeza la codemandada Volkswagen, lo que no hizo.

En virtud de lo antedicho, encuentro verosímil la versión de la actora, en punto a que el retraso en el pago de la cuota fue resultado de la demora en la distribución de los cupones por parte de la codemandada Volkswagen, por lo que no cabe la pérdida del beneficio de la bonificación de cuotas por pago en tiempo.

4. Antes de seguir avanzando, corresponde trate la falta de legitimación pasiva opuesta por «Volkswagen», ya que, según alegó, el contrato no había sido celebrado con ella sino con la administradora del plan de ahorro.

Adelanto que he de rechazar dicha defensa.

Para ello cabe comenzar por recordar que, la venta de un automotor por vía del sistema de plan de ahorro supone siempre la intervención, no sólo de la administradora de los fondos con los cuales habrá de ser comprado el rodado, sino también de una concesionaria y de un fabricante o productor.

El de una concesionaria, en razón de que el usuario no acude directamente a la administradora del plan, sino a quienes tienen otorgada -por lo general con exclusividad dentro de su zona- la habilitación para vender, que son siempre las concesionarias.

Y el de un productor o fabricante, puesto que el sistema de ahorro utilizado no es sino un modo creado por el propio fabricante para permitir la financiación de sus productos.

La utilización de ese plan genera, por ende, un diverso sistema de responsabilidades de aquel que hubiera debido aplicarse si la venta hubiera sido efectuada directamente por la concesionaria.

Cuando se da esto último, el concesionario se obliga frente a terceros sin comprometer la responsabilidad del concedente.

Las cosas son distintas, en cambio, cuando la venta se realiza por medio deun plan de ahorro.

En tal caso, no hay posibilidad de distinguir: la responsabilidad de la concesionaria conlleva siempre la de la sociedad administradora del sistema y, por ende, a la del fabricante o productor que es quien avala tal sistema de financiación.

Así surge de la resolución de la I.G.J. 26/2004 (anterior R.G. 8/82).

Y surge, además, de la aplicación de los principios generales que rigen la representación y el mandato.

Nótese, en tal sentido, que la concesionaria en estos supuestos no actúa en calidad de intermediaria autónoma entre el comprador y la aludida sociedad administradora.

Ella se encuentra autorizada por ésta a suscribir los contratos que justifican los desembolsos del interesado, y actúa en nombre de aquélla.

Hay más que un mandato implícito: hay lisa y llana representación en cuya virtud la concesionaria actúa en tales casos como mero agente colocador.

Actuación de esa índole revela -como lo ha destacado doctrina que comparto- la inequívoca configuración de un contrato de agencia entre la concesionaria y la entidad administradora del sistema, como se infiere de la circunstancia de que, habilitada la intermediaria para concluir en representación de la administradora los aludidos contratos, su parte asume de manera estable el encargo de promover por cuenta de ésta la celebración de tales convenios percibiendo una compensación por ello (C.N.Com. Sala A, «Maggio, Antonio c/ Automotores Louvre S.A. s/ cumplimiento de contrato», del 22.12.89; íd. Sala C, «Nill, Carlos c/ Compañía Interamericana de Automotores S.A. s/ ordinario» del 10.06.97).

De ahí que, en tales casos, hay actuación conjunta generadora, frente a terceros, de obligaciones que no pueden ser discriminadas.

Y ello en razón de que, al así actuar, estos sujetos se avienen a efectuar en conjunto una prestación de servicios que, en cuanto tal, y con prescindencia de cualquier otra consideración, se halla subsumida en lo dispuesto en el art.40 de la ley 24.240.

En tal contexto, y dado que tal norma extiende la responsabilidad derivada de la gestión a todos los sujetos que han intervenido en la cadena que condujo a tal prestación, forzoso es concluir que, sin perjuicio del derecho de repetición que pudiere asistir en el plano interno, los tres sujetos que intervienen en la operatoria -productor, administradora del plan y concesionario- son solidariamente responsables frente a terceros. (Esta Sala, «Díaz Paula Carolina y otro c/ Ford Argentina S.A.» s/ ordinario del 04.09.2014)

Se deriva de ello que no asiste razón a «Volkswagen» en su afirmación de que ella debe considerarse ajena al contrato que ella misma reconoce celebrado por Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados y por la concesionaria con la actora.

Si la actuación de la concesionaria obliga a la administradora en los términos ya vistos, no menos claro es que ésta última obliga también a la productora.

Tan vinculadas están que, a modo de ejemplo, nótese que la carta documento enviada por la actora a «Volkswagen» (ver fs. 47) fue respondida por Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados (ver fs. 48).

Es que la administradora no es sino una sociedad comercial creada y organizada para cumplir con la función de captar ahorros de los consumidores a efectos de aplicarlos a la adquisición del «bien-tipo» que en cada caso corresponda.

Desde tal perspectiva, no es sino un instrumento que sirve para facilitar, precisamente, que la fabricante de los productos ofrecidos por tal vía pueda llegar al mercado mediante el ofrecimiento de una solución que permita a los aludidos consumidores adquirir esos bienes mediante la financiación pertinente.

En tales condiciones, desaparece la posibilidad de establecer las diferencias que fundan la defensa opuesta por la cual ella no puede prosperar.

6.En cuanto al agravio referido a las bonificaciones que fueran negadas por la concesionaria demandada, cabe precisar que los planes a través de los cuales la actora adquirió los vehículos contaban con 84 cuotas, de las que, según ella misma señaló y acreditó, 17 estaban bonificadas con el requisito de que todas fueran abonadas en tiempo y forma.

En relación a esto, la concesionaria demandada desconoció 12 de esas bonificaciones para cada plan bajo el argumento de que no habían sido emitidas por ella.

Adelanto que tal argumento no será admitido, así como tampoco será admitida la versión por ella proporcionada, en tanto al haber sido pactadas esas bonificaciones en razón del cumplimiento de las condiciones, el solo hecho reconocido por la actora de que no abonó en tiempo propio una de las cuotas, la inhabilita de gozar de esos beneficios.

Y ello debido a que, por un lado, conforme lo mencionado precedentemente, la actora cumplió sus obligaciones en tiempo propio, y en relación al desconocimiento de los mentados beneficios, lo único que la concesionaria hizo fue negar su existencia, más no produjo prueba tendiente a acreditar sus dichos.

En tales condiciones, teniendo en cuenta la prueba aportada por la actora en respaldo de su versión, y la absoluta orfandad probatoria en relación a los extremos sostenidos por las coaccionadas, considerando que no existe saldo pendiente de pago en los planes 663222/663224, por lo que corresponde revocar la sentencia de grado, hacer lugar a la demanda condenando a «Alra» y a «Volkswagen» a que cumplan todos los actos tendientes a permitir el levantamiento registral de las respectivas prendas.

Por último, cabe modificar el fundamento esgrimido por la juez de la instancia anterior en relación a las costas, las que serán impuestas a las accionadas en el carácter de vencidos en los términos del artículo 68 CPCCN.

III. La Conclusión Por lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de la actora, revocar la sentencia apelada y condenar a Alra S.A. y a Volkswagen Argentina S.A.a otorgar la documentación necesaria a los efectos del levantamiento de las respectivas prendas dentro del plazo de 10 días de quedar firme o ejecutoriada la presente. Costas de ambas instancias a las accionadas por haber resultado vencidas. (art. 68 CPCCN).

Por análogas razones, la Señora Juez de Cámara, doctora Julia Villanueva, adhiere al voto anterior.

Con lo que termina este Acuerdo, que firman ante mí los Señores Jueces de Cámara doctores

EDUARDO R. MACHIN

JULIA VILLANUEVA

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA

Buenos Aires, 19 de mayo de 2020.

Y VISTOS:

I. Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve: 1.Habilitase la feria judicial extraordinaria al sólo efecto del dict ado de la presente sentencia en los términos de la Acordada N° 6/20 del 20.03.20, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -prorrogada por sucesivas Acordadas del mismo Alto Tribunal-, exclusivamente a los fines del presente Acuerdo, que se celebra de conformidad con el régimen establecido por el Acuerdo Extraordinario de la Sala de Feria de esta Cámara del 15.05.20 -v. su considerando VI-, dejándose aclarado que esta habilitación no importa la de los plazos, sin perjuicio de lo que se corresponda decidir a requerimiento de parte; 2. Rechazar el recurso articulado y confirmar la sentencia apelada, con costas a los vencidos (art. 68 del código procesal).

Notifíquese por Secretaría.

Cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Oportunamente, devuélvase al Juzgado de primera instancia.

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf. art. 109 RJN).

EDUARDO R. MACHIN

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA

En la misma fecha se registró la presente en el protocolo de sentencias del sistema informático Lex 100. Conste.

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA

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