#Fallos Un tropezón es caída: Indemnizan a un peatón que se lesionó al caer tras tropezar con una baldosa cuyo vértice se encontraba sobresaliendo, convirtiéndose en una cosa riesgosa para los transeúntes

Partes: Medina Beatríz Susana c/ Corrientes 1502 S.R.L. y otro s/ daños y perjuicios (expte n° 93.197/2013)

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 11-may-2020

Cita: MJ-JU-M-125784-AR | MJJ125784 | MJJ125784

La existencia de una baldosa suelta en la vereda, con uno de sus vértices sobresaliendo, transforma a dicha cosa inerte en una cosa riesgosa por su estado defectuoso. Cuadro de rubros indemniztorios.

Sin título

Sumario:

1.-Cabe condenar al propietario frentista y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a indemnizar en forma concurrente el daño sufrido por un peatón que cayó en la vereda porque se acreditó que ella presentaba una baldosa suelta con uno de sus vértices sobresaliendo, circunstancia que la transformó en una cosa riesgosa por su estado defectuoso y, asimismo, esos defectos que presentaba tuvieron incidencia en la caída, lo cual debe tenerse por acreditado con el testimonio de quien relató haber visto a la actora tirada sobre la vereda con gente alrededor socorriéndola, versión que fue corroborada con un informe que da cuenta de que el SAME la asistió en el lugar del hecho.

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2.-Las cosas inertes gozan, como principio, de una presunción de inofensivas, inocentes o dóciles y esa es la presunción que la víctima debe descartar con la producción de prueba en contrario.

3.-La causalidad adecuada no requiere la fatalidad en la imputación de las consecuencias al hecho y queda satisfecha con una probabilidad que supere el nivel de lo conjetural.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de Mayo de 2020 reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala «B», para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: «Medina, Beatriz Susana c/ Corrientes 1502 SRL y otro s/ daños y perjuicios» (EXPTE. N° 93.197/2013), respecto de la sentencia de fs. 372/383, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces Doctores: ROBERTO PARRILLI -OMAR DIAZ SOLIMINE- CLAUDIO RAMOS FEIJOO -.

A la cuestión planteada, el Dr. Parrilli dijo:

I. El presente proceso se inició para resarcir los daños que se produjeran a Beatriz Susana Medina cerca de las once de la noche del día 13 de abril de 2012, luego de que cayera en la vereda del comercio «Pizzeria & Café Premier» propiedad de «Corrientes 1502 SRL» al tropezar con una baldosa sobresalida.

En la sentencia obrante a fs. 372/383, el Sr. Juez consideró que se había probado que el accidente antes referido había sucedido en el tiempo, lugar y modo narrado en la demanda y por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto en los art. 1113, p. 2 «in fine» y 2339, 2340, inc. 7o, 2341 y 2344 del Cód. Civil, texto según decreto-ley 17.711, y la entonces vigente ordenanza n. 33.721 (Adla, XXXVII-B, 1711), condenó, en forma concurrente e indistinta, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y «Corrientes 1502 S.R.L» , que resultó ser la frentista, a pagar a la actora la suma de $ 275.000 (pesos doscientos setenta y cinco mil) más los intereses y costas del proceso. Además, en la medida del seguro, hizo extensiva la condena a «Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA».

II. Contra dicho pronunciamiento expresaron agravios la apoderada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fs.402/404, cuyo traslado se contestó a fs. 413/414 y el apoderado de la citada en garantía en la presentación agregada a fs. 406/410, contestada a fs. 417/418.

Ambos apoderados se agraviaron por la responsabilidad atribuida a sus representados y por las sumas reconocidas para resarcir la incapacidad sobreviniente y el daño moral. Además, en el caso, del Gobierno local, su representante cuestionó la indemnización fijada para el «reintegro de los gastos médicos, de farmacia y de traslado» (ver fs. 379 vta.).

III. La apoderada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuestionó la condena porque ninguno de los testigos ofrecidos describió el modo en que sucedió el accidente. Señaló el caso del testigo Rovira, quien simplemente dijo haber visto a la actora «tirada en el piso», sin tener conocimiento sobre la causa de la caída y afirmó que las declaraciones de los restantes testigos se basaron en los dichos de la actora.

De su lado, el apoderado de la aseguradora citada en garantía, también se agravió de la extensión de la condena a su mandante. Sostuvo que una cosa es que en el lugar existiese una baldosa en las condiciones que se describieron en la demanda y otra muy distinta que la accionante se haya tropezado con aquélla. Afirmó que no se habría probado ni el vicio de la cosa, ni el contacto entre esta y la actora, cuestionando que hubiese existido relación de causalidad. En esa misma dirección, al igual que la apoderada del Gobierno local, señaló que ninguno de los testigos presenció la caída de Medina. Destacó que la circunstancia de que esta última haya sido auxiliada por el SAME, tampoco demuestra que la caída se hubiese producido en la forma narrada en la demanda. Para mostrar el error que atribuye a la sentencia refirió que a cualquiera que se cayera en una vereda, le bastaría con encontrar alguna imperfección en alguna de las baldosas, para sustentar un reclamo como el de autos.De igual manera, se agravió porque no se admitió la eximente que invocara y aseguró que las lesiones que habría sufrido Medina se debieron a que ésta caminaba por la calle en forma descuidada y negligente.

Los agravios no pueden prosperar.

Con especial referencia a los accidentes como el presente, donde intervenían cosas inertes, la Corte Federal ha señalado que «el carácter inerte de la cosa no obsta la aplicación del artículo 1113, segundo párrafo, segunda parte, del Código Civil [actual 1757 del Código Civil y Comercial] .pero recaerá en la víctima la carga de la prueba de la incidencia de la cosa inerte». Además, recordó que en Fallos: 315:2834, sentó como doctrina que «si la cosa inerte tiene participación activa en la producción del daño sufrido por quien la utiliza (p. ej. piso anormalmente resbaladizo, acera deteriorada o con pozos) nada excluye la responsabilidad legalmente atribuida al dueño o al guardián» (cfr. in re, «Bergerot, Ana María c/ Salta, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios» del 19-12-2019 SJ 793/2004 (40-13)/CS1 ORIGINARIO, el resaltado me pertenece. En igual sentido, ver Mayo, Jorge A., «Responsabilidad Civil por los daños causados por cosas inertes», ED, 170-997, citado por el Dr. Ramos Feijóo, en su voto como vocal de esta Sala, in re, «González, Claudia L. c. AySA Agua y Saneamientos y otro s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/les. o muerte)», de 03/10/2017, publ., en La Ley Online AR/JUR/78015/2017).

Con base en dicha doctrina que resulta aplicable al actual sistema, la víctima que invoca el riesgo de la cosa deberá entonces, salvo excepciones, demostrarlo.No deberá probar que un automotor puesto en la circulación es «cosa riesgosa», porque así lo considera, sin hesitación y pacíficamente, la doctrina; pero sí deberá probar, por vía de ejemplos, que «un arco de fútbol es cosa riesgosa», o que lo es «un piso muy lustrado y resbaladizo», o la escalerilla de un avión, o un andamio colocado de tal o cual manera, etcétera. Puede afirmarse que las cosas inertes gozan, como principio, de una presunción de inofensivas, inocentes o dóciles. Y esa es la presunción que la víctima debe descartar con la prueba en contrario (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge – Piedecasas, Miguel A., Código Civil Comentado, Responsabilidad Civil, arts. 1066 a 1136″, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003, ps. 333/334).

En el caso, contrariamente a lo que sostienen los recurrentes, hay prueba que demuestra que la vereda de la Avda. Corrientes n. 1502 de esta Ciudad, presentaba una baldosa «suelta con uno de sus vértices sobresaliendo de la acera» (ver fotografía de f.6 y acta de f.7 de la causa penal), transformándose así, por su estado defectuoso, en una cosa riesgosa.

Sin embargo, como ya dije y lo señala el apoderado de la aseguradora, el solo hecho de que la vereda se haya transformado por sus defectos en una cosa riesgosa no alcanzaría para responsabilizar a los demandados. Además, debe demostrarse, que aquellos defectos que presentaba la vereda tuvieron incidencia en la caída de la actora, probando así la relación de causalidad y considero, contrariamente a lo que señala el antes nombrado, que la actora lo ha logrado.

Digo esto porque si bien el testigo Javier Gustavo Rovira no presenció el exacto momento de la caída, relató haber visto a la actora tirada sobre la vereda de la Avenida Corrientes casi Paraná con gente alrededor socorriéndola, versión que es corroborada con el informe de f. 184 que da cuenta de que el SAME asistió a la actora en el lugar del hecho (ver fs.184).

Entonces, no puede pretenderse una prueba del instante preciso en que cayera la actora porque sería tanto como exigir a «un viandante que ante la posibilidad siempre cierta de circular por una vereda en malas condiciones, lo haga -agorando un accidente- munido de un notario de la jurisdicción, dos testigos y un fotógrafo atento» (ver esta Sala, voto del Dr. Ramos Feijóo en autos «Sanz, Nora Cristina c/ AySA S.A (Línea 67) s/ daños y perjuicios» (Expte. 87.023/08), sentencia de marzo de 2015).

Con base en lo expuesto y como la causalidad adecuada no requiere la fatalidad en la imputación de las consecuencias al hecho y queda satisfecha con una probabilidad que supere el nivel de lo conjetural (cfr. Zavala de González, Matilde, «Resarcimiento de daños. El proceso de daños», t. 3, p. 204), considero acreditado el nexo causal entre el estado defectuoso de la vereda y la caída de la actora, lo cual hace responsables en forma concurrente al frentista, quien por imperio de la entonces vigente Ordenanza n° 33.721 de la Municipalidad de Buenos Aires, tenía la responsabilidad primaria y principal de la construcción, mantenimiento y conservación de la vereda y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por su calidad de propietaria de las calles destinadas al uso del dominio público, tiene la obligación de asegurar que tengan un mínimo y razonable estado de conservación (conf. arts. 2339, 2340 inc. 7 y 2344 del Código Civil; C.S.J.N., 28.07.1994, «Olmedo, Ricardo L. vs.Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires», JA 1997-II, síntesis y esta Sala, causa n° 10252/08 «Kellemberg» del 30.12.13).

En cuanto a la pretendida eximente de culpa de la víctima por caminar «en forma descuidada y negligente» (ver fs.408) debo decir que «no puede pretenderse que los peatones, que tienen el derecho y obligación de transitar por el lugar que les está destinado a la circulación puedan considerarse, a su vez, obligados a prestar una atención tan precisa sobre el suelo que transitan» (conf. CNCiv. Sala J, del voto del Dr. Benjamín E. F. Zaccheo, in re «Quiñones, Patricia Elena c. M.C.B.A. s/ ds. y ps.», en el que cita el voto del Dr. Ferme en autos «De Fortuna c. Kohal S.R.L.», de fecha 17/10/96y recientemente, esta Sala, in re, «Demeco Alejandra Mariela c/ EDESUR S.A. y otro s/ daños y perjuicios» del 12-5-2017, voto del Dr. Ramos Feijóo).

Por lo expuesto, habré de proponer al Acuerdo se rechacen los agravios de ambos recurrentes y se confirme este aspecto de la sentencia.

IV. Luego de señalar que Beatriz Medina, quien a la fecha del accidente tenía 65 años y se desempeñaba como personal de limpieza en la Universidad de San Martín, presentó como secuelas de la caída que diera origen a esta actuaciones, pseudoartrosis de la estiloides cubital y osteosíntesis rígida en el radio, con disminución de la movilidad de la muñeca y en la fuerza de presión y oposición de la mano y que tales secuelas le provocaban una incapacidad parcial y permanente de 15 %, el Sr. Juez fijo como indemnización, por la incapacidad sobreviniente, $ 200.000 pero descontó los $ 9000 percibidos por aquélla de SMG ART (v. fs. 127), puesto que de otro modo se incurriría en una duplicidad resarcitoria, por lo que el resarcimiento final reconocido fue de $ 191.000.Esa decisión fue objeto de agravios por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y «Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA».

La apoderada del Gobierno local, sostiene sus agravios apoyándose en la impugnación que dice haber efectuado «a través de su consultor técnico» a la pericial médica, y que, básicamente, apuntaría a un análisis parcial por parte del experto.

Si bien para hacer caer este agravio bastaría decir que la impugnación en la cual se apoya no obra en el proceso, agrego que la relación causal entre las lesiones físicas verificadas por el perito y el hecho que se debate – a lo cual apunta la tardía impugnación de la recurrente- se demuestran con la atención prestada a la actora por el SAME y «Medicus» el día del hecho y, posteriormente, por el Sanatorio Itioz y la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ver fs. 184; 140/142 y 161/174).

En lo que concierne a «Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA», su apoderado cuestiona la suma reconocida porque la actora «no acreditó verse impedida de desarrollar una actividad vital y productiva» y en que las sumas resultan «exorbitantes».

El primer cuestionamiento se rebate con solo recordar que la «incapacidad sobreviniente» es aquélla que se verifica luego que la víctima de un accidente concluye el período de recuperación de las lesiones sufridas (ver esta Sala, mi voto, in re «Barcelo Juana Alba c/ Pinillos Juan Alexis y otros s/ daños y perjuicios del 6-8-2015) y comprende cualquier disminución física o psíquica, que afecte tanto la capacidad productiva del individuo, como aquélla que se traduzca en un menoscabo de cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad (cfr. Llambías «Tratado de Derecho Civil- Obligaciones-, t.IV-A, pág.120 y jurisprudencia citada en la nota n° 217). Es decir, no es necesario que el damnificado por un accidente presente una secuela que le impida trabajar o ejercer cualquier actividad en forma total.

En cuanto a que la suma resulta «exorbitante» el recurrente debería explicarnos porque y la verdad que no lo hace por lo que su pretendido «agravio» es totalmente insustancial.

De todos modos – para despejar las dudas que siembra sobre un eventual exceso- debo decir que sin perjuicio de que el caso quede aprehendido por el anterior Código (ley 17.711) – atento a la fecha en que se produjo el accidente- no advierto inconvenientes en utilizar como criterio para cuantificar el daño causado el de reconocer un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud de la damnificada para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades, aclarando que el resultado obtenido solo es un marco de razonabilidad que no obliga al juzgador ( arg. art. 1746 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación; esta Sala mi voto in re, «Leguizamón, Elsa Isabel c/ Cima, Daniel s / daños y perjuicios» del 14-4-2016; in re «Nieto, Francisca Ramona c/ Transportes La Perlita S.A. Línea 501 y otro s/ ds. y ps.» (Expte. Nro. 89.418/2013) del 21-4-2017; in re, «Poulakis Cristian Anastasio c/ Barrionuevo, María Silvia y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)» (EXPTE. N° 34.112/15) 13-12-2017; in re, «López Vega Diego Hernán c/Fernández Cristina Aida y otro s/ daños y perjuicios (acc.tran.c/les.o muerte)» del 15-12-2016, entre muchos otros).

En esa dirección, y si se pondera la edad de la actora a la fecha del accidente, el valor de un salario mínimo vital y móvil, trasladando las variables hasta aquí expuestas a cualquiera de las fórmulas matemáticas a las que se recurre como mero parámetro orientativo (Acciarri; Vuotto; y otras) y apreciando, al mismo tiempo, que la incapacidad física sobreviniente, además de la actividad laboral, tiene incidencia negativa en otras actividades que tienen un indudable contenido económico (p. ejemplo, actividades del hogar), considero que la suma reconocida en la anterior instancia resulta equitativa para resarcir el daño causado y he de proponer al Acuerdo se la confirme.

V. Como adelante, el Gobierno local y la aseguradora citada en garantía se agraviaron de la suma fijada para resarcir el daño moral ($80.000). La apoderada del primero dijo que «para que proceda el resarcimiento del daño moral se requiere que éste tenga una verdadera repercusión espiritual», que en el caso de autos no se percibe, pues «lo único que he verificado en la actora son padecimientos físicos».

De su lado, el apoderado de la aseguradora solicitó que se rechace la presente partida o se la reduzca, debido a que para la procedencia del daño moral «es necesario demostrar que el ilícito ha afectado el fuero intimo del damnificado, en grado tal que se ha alterado su paz, su tranquilidad de espíritu, su honor o sus más sagrados afectos.» Y en autos no existe ninguna constancia que «justifique la procedencia de este rubro». (Ver fs. 409 vta./410).

Para descartar los agravios, basta con decir que cuando concurren ilicitud y lesiones físicas, como sucede en este caso, el daño moral no requiere prueba directa y su existencia se presume in re ipsa (ver en este sentido Llambías, «Código Civil Anotado», T. II-B, pág.329).

Con base en lo expuesto, considerando las pautas que se suelen utilizar para dimensionar el resarcimiento del daño moral, esto es, las características de la lesión física sufrida (luxación proximal del cubito derecho), los dolores físicos que es lógico presumir tuvo luego del hecho, la zozobra y alteración del ritmo de vida normal que provoca un accidente y el ser sometido – como sucedió en este caso- a una cirugía, el tiempo de recuperación, considero equitativa la suma fijada en la anterior instancia y he de proponer al Acuerdo se la confirme.

VI. El Sr. Juez reconoció $4.000 para responder a «gastos médicos, de farmacia y de traslados» afrontados por Medina (ver fs.379 vta.) lo cual originó agravios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según este último, dicha suma debe reducirse pues no existe prueba alguna que respalde dichas erogaciones. (ver fs. 403).

Considerando la entidad de las lesiones padecida por la damnificada y el tratamiento al que razonablemente debió someterse y sin perder de vista la atención que recibió a través de su ART (conf. 216/234), ponderando los costos de medicamentos – que no suelen ser cubiertos en su totalidad por las obras sociales – y traslados, aun cuando no se haya exhibido prueba documental de los gastos realizados- (ver esta Sala mi voto, exp. 39.488/2012) pues no siempre se conservan, considero que la suma reconocida en la anterior instancia resulta razonable (art. 165 del CPCCN) y he de proponer al Acuerdo se la confirme.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo: 1) confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de recurso y 2) imponer las costas de Alzada al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la citada en garantía que resultan vencidas (arts. 68 y 69 del CPCCN). Así lo voto.

Los Dres. Díaz Solimine y Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Parrilli, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto:ROBERTO PARRILLI – OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE – CLAUDIO RAMOS FEIJOO-.

Es fiel del Acuerdo.

Buenos Aires, de Mayo de 2020.

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1) confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fue motivo de agravios; 2) imponer las costas de Alzada al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la aseguradora citada en garantía.

Debe señalarse que nuestro más alto Tribunal en la causa «Establecimiento Las Marías SACIFA c/ Misiones Provincia de s/ acción declarativa» N° 32/2009 del 4/09/2018, se expidió en relación a la aplicación temporal de la nueva ley 27.423, estableciendo que el nuevo régimen legal no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución (arg. art. 7 del decreto 1077/2017, considerandos referidos al art. 64 de la ley 27.423 y doctrina de Fallos: 268:352; 318:445 – en especial considerando 7°; 318:1887; 319:1479; 331:1123, entre otros). En tal tesitura, en la especie debe aplicarse la ley 21.839 para justipreciar las labores desarrolladas en las dos primeras etapas del proceso, mientras que por las desplegadas en la tercera etapa y en la Alzada, la ley 27.423. En atención al monto del proceso; labores desarrolladas, apreciadas por su naturaleza, importancia, extensión, eficacia y calidad; etapas cumplidas; resultado obtenido; que a efectos de meritar los trabajos desarrollados por los expertos se aplicará el criterio de la debida proporción que los emolumentos de los peritos deben guardar con los de los demás profesionales que llevaron la causa (conf.C.S.J.N., Fallos 236:127; 239:123; 242:519; 253:96; 261:223; 282:361; CNCiv., esta Sala H.N.° 11.051/93, del 17/12/97; id., H.N.° 44.972/99, del 20/3/02; id., H.N.° 363.134, del 23/6/04; id., H.N.° 5810/05, del 28/12/07; id., H.N.° 42.689/05, del 6/3/08; id., H.N.° 87.303/04, in re: del 24/9/08; id. H.N.° 40.649/02, del 9/6/ 10; id. H.N.° 108.802/04, del 21/2/11, entre otros), así como la incidencia que las mismas han tenido en el resultado del pleito; recursos de apelación por altos y bajos y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 33, 37, 38 y conc. de la ley 21.839 con las modificaciones introducidas en lo pertinente por la ley 24.432, los arts. 1, 6, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 51, 52 de la ley 27.423, el art. 478 del Código Procesal y el Dec. 2536/15, se confirman los honorarios regulados a los Dres. Abel María Salustiano González y Dra. Pamela Núñez Izu, por sus actuaciones como patrocinantes de la actora, Dres. Félix Daniel Levy y Dr. Roberto Isaac Levy, como letrados apoderados de la sociedad demandada y Dres. Gonzalo Carlos Antunez y Oscar Iglesias, como letrados apoderados de la aseguradora. De igual modo, se confirman los honorarios del perito traumatólogo Mario Carlos Bustamante (por su tarea de fs. 259/262 y 297) y el del perito psiquiatra Eduardo Morgante (por su trabajo de fs. 265/267) y de la mediadora María Sandra Bravo. Por sus labores en la Alzada, se fija la cantidad de: .UMA (equiv. a PESOS.$. a la fecha a favor del letrado patrocinante de la parte actora Dr. Abel María Salustiano González y .UMA (equiv. a PESOS $.a la fecha) en favor del letrado apoderado de la aseguradora citada en garantía Dr. Gonzalo Carlos Antunez (conf. arts. 16, 19, 20, 26, 30, 51 y cc. de la ley 27.423 y Acordada de la CSJN 2/2020 del 3-3-2020. Estas regulaciones deberán pagarse en el plazo y modo determinado en la anterior instancia para el resto de las regulaciones que no fuera objeto de recurso y 3) dejar constancia que la presente sentencia se dicta sin perjuicio de la actual feria judicial extraordinaria y de acuerdo con la resolución 454/2020 del Tribunal de Superintendencia del Fuero, en concordancia con la Acordada 13/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 27-4- 2020, por lo que no importa la reanudación de los plazos suspendidos. Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.

CLAUDIO RAMOS FEIJOO

JUEZ DE CAMARA

PARRILLI ROBERTO

JUEZ DE CAMARA

OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE

JUEZ DE CAMARA

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